Auto Penal 555/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 48/2023 de 18 de octubre del 2023

PRIMERO-La extradición entre España y Marruecos, se rige, a tenor del artículo 13.3 de la Constitución Española por:

El Convenio de Extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009 (BOE de 2 de octubre de 2009)

La Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva.

SEGUNDO-No se cuestiona la identidad del reclamado, siendo coincidentes los datos aportados en la documentación recibida con los de la persona con la que se ha seguido el presente procedimiento de extradición.

Se trata del nacional marroquí Rubén, hijo de Guillermo y de María Inmaculada hija de Miguel, nacido el NUM003 de 1994 en Ben Taieb, titular del DNI NUM005 y NIE NUM010.

Rubén manifestó que no consentía a la extradición dado que no había hecho nada y que no renunciaba al principio de especialidad.

Entre la documentación extradicional figura la relativa al compromiso expresado por el Tribunal de apelación de Nador de no perseguir, enjuiciar o detener a la persona extraditada por hechos anteriores a la extradición distintos de los actos por los cuales la misma ha sido solicitada.

TERCERO-Se cumplen los presupuestos documentales del artículo 12 del Convenio de extradición, estando relacionados entre los Antecedentes Fácticos de esta resolución.

Se cumplen los principios de la doble incriminación y del mínimo punitivo, el que exige conforme al artículo 2.1 tratarse de hechos que según las legislaciones de los dos Estados estén castigados con una pena privativa de libertad de dos años de duración como mínimo.

Conforme a la legislación marroquí los hechos objeto de la reclamación extradicional están calificados de delito de asesinato con premeditación y alevosía de los artículos 392 a 395, ambos inclusive, del Código Penal del Reino de Marruecos.

Conforme al Código Penal español los hechos serían constitutivos de un delito de asesinato del artículo 139 de dicho Texto Legal.

La primera de las cuestiones que suscita la defensa de Rubén, estriba en descartar en vista de los hechos expuestos en la difusión de la persona buscada de fecha 2 de mayo de 2023, que constituyan delito de asesinato conforme al artículo 139 del Código Penal español, así como tampoco los relatados en la orden internacional 04/2018.

Incide el Sr. Letrado en que además de dispares calificaciones jurídicas entre asesinato con premeditación y alevosía, homicidio y lesiones con resultado de muerte, que en distintos documentos se barajan por las autoridades de Marruecos, los hechos a que se contrae la reclamación son contradictorios entre sí tanto en el mismo documento cómo entre los relatados en un primer momento en la difusión de la persona buscada de fecha 2 de mayo de 2023 y los que figuran en la orden internacional de captura nº 4/2018 y en la exposición en resumen de los hechos imputados al reclamado, siendo estos dos coincidentes y emitidos por el Fiscal General del Rey ante el Tribunal de Apelación de Nador.

Supone, para la parte, una vulneración del artículo 12.b) del convenio bilateral de extradición que requiere "Una exposición de los hechos por los que se solicita la extradición, indicando la fecha y el lugar en que hubieran sido cometidos"

También supone, ante las distintas y contradictorias versiones de lo ocurrido, la vulneración del derecho del artículo 24.2 de la Constitución Española dificultando enormemente, según se resalta en nombre del reclamado, las posibilidades de articular la defensa de este.

No se observa las contradicciones evidentes que se afirma se da entre distintos documentos obrantes en el procedimiento, siendo lo nuclear, derivado de estos, que el reclamado se encontraba en el lugar de los hechos junto a otra persona, y que ambos actuaron, acometiéndola, sobre la persona que finalmente falleció.

Precisamente, la reclamación extradicional en vistas a proseguir el procedimiento seguido en Marruecos, permitirá dilucidar el mayor o menor grado de implicación de Rubén en los hechos y por ende la mayor o menor intensidad de la contribución con su actuar a las heridas producidas a la víctima y al resultado letal acontecido.

En los hechos ocurridos el día 29 de agosto de 2018 (según figura dicha fecha en la orden internacional de captura), aparece como uno de los protagonistas el reclamado, describiéndose también en la exposición resumen del Tribunal de Apelación la forma en que se sucedieron, cumpliéndose lo dispuesto en el artículo 12 b) del convenio de extradición.

En cuanto a la vulneración del derecho de defensa reconocido en la Constitución Española, precisamente ese elemental derecho desplegará toda su eficacia en el seno del proceso marroquí, planteando en el mismo las distintas cuestiones fácticas y jurídicas acerca de las que se extiende en este otro extradicional el letrado de Rubén y que han sido abordadas a los efectos de dar respuesta en la medida que pudieran tener relevancia para la decisión acerca de la solicitud extradicional dentro de sus contornos.

Lo relevante a tales fines es contar con una descripción fáctica de naturaleza penal que sea reconducible a uno de los delitos de la legislación interna del Estado requerido, no teniendo que existir coincidencia en la calificación jurídico penal pero sí a la hora de contemplar que responden a tal naturaleza, conformando esa circunstancia la doble incriminación exigida en los procedimientos de extradición.

Se aduce que, situado los hechos en fecha de 31 de agosto de 2018, la orden de búsqueda a nivel nacional fue de 29 de agosto anterior, faltando a esta última fecha dos días para que se produjera el óbito de la víctima. Acontece que, tal como se recogió más arriba, los hechos ocurrieron el día 29 de agosto, según así aparece en la orden internacional de captura al decir "en el delito de un homicidio voluntario contra Segismundo, con fecha del 29/08/2018", siendo factible que se cursara en ese misma fecha orden de búsqueda nacional, como fue emitida, una vez identificados a los dos presuntos responsables de los que previamente se obtuvieron sus fotografías, todo ello, en el curso de la investigación tras las manifestaciones de la hermana de la víctima.

Por lo expuesto, se concluye que concurre la doble incriminación y el mínimo punitivo, sin haber operado el instituto de la prescripción dado que los hechos se sucedieron el día 29 de agosto de 2018, sin haber transcurrido veinte años exigido en el artículo 131 del Código Penal desde su perpetración, partiendo de la calificación de delito de homicidio del artículo 139 de dicho Texto Legal, siendo detenido el reclamado el día 8 de junio del año 2023 fecha en que se incoa el procedimiento de extradición, recibiéndose la Nota Verbal por vía diplomática el día 17 de julio y la solicitud de extradición junto con la documentación el 10 de julio anterior.

Tampoco ha operado la prescripción contemplada en el artículo 5 del convenio de extradición, conforme a la regulación marroquí, pues tanto si se atiende al delito de homicidio del artículo 392 del Código Penal con pena prevista de cadena perpetua o al delito de asesinato previsto en ese mismo precepto con pena de muerte, la acción pública a tenor del artículo 5 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe por el transcurso de quince años gregorianos cumplidos a partir del día en que se cometió el crimen, sin que ese plazo temporal se haya alcanzado.

CUARTO-Se alega como motivo de oposición a la extradición que la misma ha sido presentada con la finalidad de castigar a Rubén por motivos religiosos y que en todo caso su situación se ha visto agravada por tales motivos religiosos, lo que se pone en evidencia conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 4/85 de Extradición Pasiva.

A tal efecto en el escrito de alegaciones previo a la vista extradicional y en el curso de tal diligencia judicial, la defensa del reclamado achaca la presentación de la demanda de extradición a la finalidad de castigar a Rubén por motivos religiosos, toda vez que la persona que contó inicialmente los hechos había sido la hermana del fallecido con la que aquel había paseado, lo que no está admitido por considerarse un acto ilícito en la religión musulmana y tornándose posteriormente la condición de denunciante de su amiga a la de acusada en base a que el artículo 490 del Código Penal marroquí castiga con la pena de prisión de un mes a un año a todas las personas de sexo diferente, que sin estar unidas por matrimonio mantengan relaciones sexuales.

Ello ha supuesto que al reclamado se le atribuya un delito de asesinato y no de homicidio por la circunstancia prevista en el artículo 392 del Código Penal marroquí, cuando la muerte preceda, acompañe o siga a otro crimen, concluyendo el letrado del reclamado que ese delito precedente sería el del artículo 490 del Código Penal más arriba citado.

El artículo 392 así como el artículo 393 siguiente elevan la calificación de homicidio a asesinato si concurre alguna de las circunstancias definidas en dichos preceptos, entre las que se incluyen además de la ya expuesta, la relativa a que la muerte tenga por objeto preparar, facilitar o realizar otro crimen o delito, o promover la fuga o asegurar la impunidad de los autores o cómplices de este crimen o delito, así como si el homicidio ha sido cometido con premeditación o alevosía, circunstancias ambas que están contempladas y definidas en los artículos 394 y 395 del Código Penal marroquí.

No parece que la tesis de la defensa coincida con la expuesta en la reclamación toda vez que en la orden internacional de captura nº 4/2018, se mencionan todos preceptos acabados de citar, sobre lo que se vuelve en el apartado dedicado a la "Calificación jurídica de los crímenes cometidos por Rubén y Nemesio". Con ello, parece descartada la motivación religiosa dado que se incluyen los apartados dedicados a la premeditación y a la alevosía absolutamente ajena a la concurrencia de la connotación religiosa aducida, tratada por la defensa como el delito precedente al que se perpetró acabando con la vida de la víctima.

Como señaló el Ministerio Fiscal en la vista celebrada, la reclamación extradicional no está mediatizada por la circunstancia religiosa en la que hizo hincapié la defensa del reclamado, quedando deslindada de los hechos descritos en la exposición suministrada por Marruecos en los que participó Rubén, produciéndose el óbito de Segismundo.

QUINTO-En otro orden de cosas, se alegó que la orden internacional de arresto marroquí emitida no proviene de un órgano judicial, haciendo mención a las decisiones del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional las que a su entender se distanciaban de lo que tiene dicho el Tribunal Constitucional.

Como conoce el letrado del Sr. Candido el criterio mayoritario del Pleno de la Sala de lo Penal, en sucesivos pronunciamientos ha rechazado el motivo de oposición a la extradición aducido en idénticos términos que en el presente caso, con lo que se ha de estar al sentir ampliamente compartido, remitiéndonos en cuanto a su argumentación a las distintas resoluciones que abordaron la materia.

Se alegó la falta de respeto a los derechos humanos en Marruecos, aportándose en apoyo de este alegato una serie de documentos consistentes en recortes de prensa y referidos a las limitaciones a derechos varios (libertad de expresión, derecho a la privacidad, de reunión y asociación, derechos de las mujeres y niños, juicios injustos, entre otros) y a los hechos acaecidos en la valla de Melilla de junio de 2022.

Entre España y Marruecos se han sucedido frecuentemente reclamaciones extradicionales a cuyo amparo se ha prestado la colaboración entre Estados a los fines de la persecución de delitos o para el cumplimiento de penas de prisión impuestas en sentencias firmes condenatorias, sin que las circunstancias alegadas hayan supuesto un obstáculo dado que se ha examinado en cada ocasión la concurrencia de los presupuestos del convenio bilateral de extradición, rechazándose la petición extradicional si se daba alguno de los motivos de oposición de los previstos en dicho tratado o en la ley de extradición pasiva suplementaria.

Partiendo de esa premisa, se ha de analizar en el caso concreto si se atisba la limitación o ausencia de los derechos fundamentales que de forma genérica se aduce, no siendo el caso en vista de la documentación recibida. De su contenido no se desprende sino el instarse por el Estado marroquí la prestación de cooperación judicial internacional a fin de poder proseguir el proceso penal iniciado en Marruecos con la persona reclamada, al margen por ende de otras situaciones que por lamentables que hayan sido, no tienen incidencia en el supuesto contemplado y sin que conste que en el procedimiento penal marroquí se haya conculcado derecho alguno al Sr. Candido.

Asimismo, se alegó, la falta de independencia del Poder Judicial marroquí dado que el Rey de Marruecos en un año había indultado a aproximadamente mil personas, cuando, en España fueron indultadas unas veintitrés.

Las medidas de gracia tienen relevancia en el procedimiento de extradición y a la luz del Convenio entre España y Marruecos en el supuesto del artículo 8, que impide que se acceda a la extradición de haberse concedido una amnistía o indulto en el Estado requirente o en el Estado requerido, no aconteciendo en el caso examinado, y, sin que incumba a este Tribunal de la extradición extraer otras consecuencias distintas en función del número de indultos concedidos en uno u otro de los Estados implicados en la extradición que ha sido instada por el Reino de Marruecos.

SEXTO- El artículo 7 del Tratado de extradición dispone que "Si la pena prevista en la legislación de la Parte requirente para los hechos por los que se solicita la extradición es la pena de muerte o la cadena perpetua, esta pena será sustituida, en virtud del presente Convenio, por la pena prevista por los mismos hechos en la legislación de la Parte requerida."

Partiendo de este precepto, dado que la calificación jurídico penal conforme al Código Penal español sería un delito de asesinato del artículo 139 de dicho Texto Legal, la pena a imponer en la sentencia de los Tribunales de Marruecos por los hechos objeto de la reclamación extradicional, no podrá sobrepasar la de entre quince a veinticinco años de prisión que es la prevista para dicha figura penal en la regulación española.

Por lo expuesto, el Tribunal ACUERDA,