Auto Penal 682/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Primera, Rec. 42/2023 de 19 de octubre del 2023

PRIMERO. - La extradición entre el Reino de España y Marruecos se encuentra amparada, a tenor del art. 13.3 de la Constitución Española, por:

a) El Convenio de extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009.

b) Con carácter supletorio, por la ley de extradición pasiva de 21 de marzo de 1985.

SEGUNDO. - La identidad del reclamado no se discute, tratándose del nacional marroquí Luis, nacido en Marruecos el NUM000 de 1989, hijo de Maximino, hijo de Roberto y de Mercedes hija de Santos.

TERCERO. - Se cumplen los presupuestos documentales a que se refiere el artículo 12.2 del Convenio de Extradición, vistos los documentos remitidos por las autoridades que se han especificado en los antecedentes de hecho del presente auto.

La solicitud de extradición realizada por el Fiscal del Rey ante el Juzgado de Primera Instancia de Nador cumple las exigencias documentales establecidas en el citado Convenio de Extradición.

En primer lugar, la mención al Primer Sustituto del Fiscal del Rey o al Primer Vice-Fiscal que se contiene en la documentación extradicional no implica, como erróneamente señala la defensa del recamado, que la solicitud de extradición no la realice un Fiscal, sino un mero sustituto. Esa denominación se corresponde, como es notorio en el mundo jurídico, a una de las categorías profesionales de los integrantes profesionales de la Fiscalía del Reino de Marruecos, por lo que no cabe cuestionar la aptitud profesional de los firmantes de los documentos unidos a la documentación extradicional.

Por otro lado, en relación con el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud de extradición, son muchas ya las resoluciones del Pleno de esta Sala de lo Penal en relación con la autoridad competente para emitir la orden de detención o de cualquier otro documento que tenga la misma fuerza y que haya sido expedido en la forma prescrita por la Ley del Estado requirente, conforme a las exigencias del art. 12 a ) del Convenio de extradición con Marruecos. Múltiples resoluciones vienen reconociendo, por mayoría constante, aunque se formularan votos particulares en contra por algunos magistrados, la admisibilidad de las solicitudes de extradición formuladas por Fiscales del Rey de Marruecos ante distintos Tribunales marroquís. Entre las más recientes, el auto de Pleno de 21 de julio de 2023 ( ROJ: AAN 8393/2023 - ECLI:ES:AN:2023:8393A ), dice: Tal y como se recoge perfectamente en el auto núm. 46/2022, de 23 de mayo, dictado en la Súplica núm. 37/2022,: " Se ha cuestionado en este Tribunal si la orden emanada del Fiscal del Rey en Marruecos puede ser considerado título extradicional válido a la luz de la doctrina emanada de la STC nº 147/20 en relación a Colombia y la STC nº 147/21 en relación a Angola, expresando los Autos de Pleno nº 37/21 de 4 de junio de 2021 , 61/21 de 20 de septiembre de 2021 y 71/21 de 14 de octubre de 2021 el criterio mayoritario del Tribunal de que dichos pronunciamientos no resultan aplicables al caso de Marruecos como ampliamente se expone en ellos, frente al criterio minoritario en el Tribunal que expresan los votos particulares integrados en dichas resoluciones que consideran ineludible la intervención de un Juez con carácter previo a la emisión dela orden de extradición para garantizar los derechos de los investigados a efectos extradicionales.

Sin contradecir la doctrina emanada del Tribunal Constitucional para los casos indicados que no mantienen identidad suficiente para ser trasladados automáticamente al supuesto de Marruecos, consideramos que Orden de Detención Internacional emitida por un Fiscal marroquí cumple con la doctrina emanada de la jurisprudencia europea que citan las sentencias mencionadas, por los argumentos ya expresados en los Autos de Pleno dictados por la mayoría del Tribunal y especialmente por los siguientes:

1.- El fiscal marroquí se encuentra integrado en el poder judicial del Reino de Marruecos, de acuerdo con el artículo 2 del RD 1.16, 40 de Yumanda II 1437, correspondiente al 24/03/2016 promulgado por la Ley Orgánica nº 100.13 relativa al Consejo Superior del Poder Judicial, poder judicial que está integrado por magistrados incluidos en el mismo cuerpo de magistrados de judicatura - magistrate du siège - y del ministerio fiscal - magistrate du parquet - , conforme al Real Decreto nº 1.16, de 14 Yumada II 1437, relativa a los Estatutos de los Magistrados, conforme informa la documentación extradicional y por tanto con las mismas garantías de independencia respecto de otros poderes del estado, singularmente el ejecutivo.

2.- El Ministerio Fiscal en Marruecos es, en consecuencia, autoridad judicial imparcial en el sentido del artículo 6, apartado 1 de la Decisión Marco 2002/584 , del mismo modo que el resto de los magistrados que integran el poder judicial en ese país y por tanto se cumplen los términos establecidos por la Sentencia del STJUE de 12 de diciembre de 2019 (Asunto C- 566-2019 ): "56. Si bien es cierto que los fiscales están obligados a cumplir las instrucciones que emanan de sus superiores jerárquicos, de la jurisprudencia del Tribunal De Justicia, en particular las sentencias de 27 de mayo de 2019, OG y PI ( Fiscalías de Lübeck y Zwickav) , así como de 27 de mayo de 2019 ( Fiscal General de Lituania) (5- 09 /18) se desprende que la exigencia de independencia, que excluye que la facultad decisoria de los primeros sean objeto de instrucciones ajenas al poder judicial, procedentes en particular del poder ejecutivo, no prohíbe las instrucciones internas que pueden impartirse a los fiscales por sus superiores jerárquicos también fiscales, sobre la base de subordinación por la que se rige el funcionamiento del Ministerio Fiscal".

No es obstáculo para ello que según el tenor literal del artículo 110.2 de la Constitución Marroquí los fiscales, "magistrates du parquet", que estén sometidos al principio de jerarquía y reciban instrucciones escritas del Fiscal General del Rey, puesto que la estructura orgánica del Fiscal no es distinta de los magistrados de la jurisdicción, ni implica dependencia de otro poder del Estado, como el ejecutivo, según la información facilitada por el Estado de emisión de la extradición.

Tampoco que el artículo 117 de la Constitución Marroquí atribuya a los jueces la protección de los derechos y libertades y la seguridad judicial de las personas y de los grupos, así como la aplicación de ley, se está refiriendo por igual a los integrantes del poder judicial y no se refiere específicamente a los "magistrates du parquet".

En consecuencia, la diferenciación entre las funciones de fiscales y jueces, ambos integrados en el sistema judicial marroquí autoproclamado independiente, no confiere especial garantía para los ciudadanos en el dictado de una orden internacional de detención que en la legislación marroquí, artículo 49 del Código de Enjuiciamiento Criminal corresponde al Fiscal y por tanto se cumple la existencia de un control judicial requerido tanto por el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Justicia"

Doctrina reiterada recientemente por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el Auto 52/2023 de 30 de junio , dictado en la Súplica núm. 55/2023 .

Debe, por tanto, desestimarse este motivo de oposición a la entrega.

CUARTO. - Examinada la Concurrencia de los requisitos de doble incriminación y mínimo punitivo del artículo 2.1 del CEEX, se aprecia que los hechos objeto de reclamación constituyen, según la legislación de Marruecos, un delito de tenencia, importación y exportación, tráfico de estupefaciente, facilitación de su uso a terceros a título oneroso, acuerdo colectivo para cometer dichos hechos, importación de dichas sustancias sin autorización ni declaración, complicidad en estos hechos y tenencia injustificada de estas sustancias, previsto y penado en los artículos 1, 2, 3, 4 5 del Dahir de 21/05/1974, al art. 279 bis, los arts. 129, 130 y 251 del Código Penal, los arts. 279 bis y 279 del Código de Aduanas los arts. 162 del Código de Circulación.

En nuestra legislación, los hechos objeto de reclamación serían constitutivos de un delito contra la salud pública, tipificado en el artículo 368 de nuestro Código Penal, que contempla en abstracto una penalidad de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos, así como un delito de falsedad en documento oficial, del art. 392 del Código Penal.

Conforme al artículo 2 del Convenio de Extradición citado serán objeto de extradición las personas que sean procesadas por hechos que, según las legislaciones de los dos Estados, estén castigados con una pena privativa de libertad de dos años de duración como mínimo.

Se cumplen así, en abstracto los requisitos de mínimo punitivo y doble incriminación.

Contrariamente a lo alegado por la defensa del reclamado, en el relato de hechos contenido en la solicitud de extradición se cumplen suficientemente los requisitos que establece el art. 2 del citado Convenio, que requiere una exposición de los hechos por los que se solicita la extradición, indicando la fecha y el lugar en que hubieran sido cometidos.

Se hace referencia en los hechos anteriormente trascritos desde la documentación extradicional a la existencia de cuatro procedimientos en los que se investiga el tráfico haci a España de estupefacientes (al parecer, resina de cannabis como se menciona en la documentación del acuerdo del Consejo de Ministros): N° 5048 de fecha 05/10/2021; N° 3521 de fecha 24/08/2022; N° 3645 de fecha 02/09/2022 y N° 3993 de fecha 26/09/2022, elaborados por la Gendarmería de la jurisdicción de Beni Chiker.

En el primero de estos procedimientos se especifica el lugar donde ocurrieron los hechos: en Charrana, donde interceptaron a tres individuos a bordo de un vehículo, sospechosos de llevar sustancias ilícita, uno de los cuales manifestó que había sido encarcelado por narcotráfico y que tras salir de prisión conoció al denominado Luis que se dedica al tráfico internacional de estupefacientes, y que éste último le propuso trabajar juntos en esta actividad; que accedió a su proposición y que se incorporó a su banda siendo el denominado Luis el jefe de la misma; que se encargaba de transportar los bultos de droga en un vehículo 4 x 4 entre Nador y Charrana donde le aguardaba con un grupo de individuos, que luego transportaban los bultos al bosque donde se disimulaban y vigilaban hasta la llegada de los zodiacs a la costa para cargar la droga, recibiendo por cada operación dos mil (2.000) dirhams.

Aunque, en efecto, no se incautara droga alguna, se deducen indicios de la participación del reclamado en operaciones de tráfico de estupefacientes realizadas alrededor del mes de octubre de 2021, con transportes de droga realizados entre Nador y Charrana, para ser luego cargados en embarcaciones.

El segundo de los procedimientos, de agosto de 2022, Nº 3521, se refiere a investigaciones abiertas a raíz de informaciones según las cuales cantidades de droga estaban siendo llevadas al mar con el propósito de traficarlas a bordo de zodiacs. Identificados los conductores de tres motocicletas que habían huido ante la presencia policial, uno de ellos confesó que era uno de los portadores encargados de llevar la droga por los montes junto con sus compañeros, que los bultos de la droga llegaron al pueblo a bordo de un vehículo 4 × 4, y que realizó varias operaciones de portar bultos de droga por la cuenta de Luis, lo que corroboró otro de los conductores, mientras que algunos otros portadores confirmaron estas mismas declaraciones, y otros manifestaron que Luis era uno de los dueños de la droga objeto de la investigación.

En el tercero de los procedimientos mencionados en la solicitud de extradición, el N° 3645, de fecha septiembre de 2022, menciona que según informaciones recibidas, los denominados Luis y Marco Antonio se encontraban a bordo de un turismo de marca Mercedes 250 en las inmediaciones de un centro escolar y cuando se acudió a ese lugar el vehículo se dio a la lugar y fue abandonado en un pueblo; que un vecino del mismo declaró que el turismo es propiedad del denominado Luis y que tras comprobar las matrículas del turismo resultó que son falsas y que el vehículo mismo fue falsificado. Aunque no se precisa el lugar donde ocurrieron los hechos, sí consta la fecha de apertura del procedimiento, la intervención del reclamado, identificado como propietario del vehículo, y la falsedad de las matrículas que llevaba.

Y finalmente se dice, respecto del último de los procedimientos, que un auxiliar de la policía sobre el que recayeron sospechas confesó que había participado en cuatro operaciones de tráfico internacional de droga y que recibió por ello un total de cien mil dirhams, así como que el denominado Luis se dedica al tráfico de droga desde los puntos de vigilancia N° 11, N° 12 y N° 13.

QUINTO.- Se cumplen, por otra parte, el resto de los requisitos del Convenio de Extradición. Se trata de delitos comunes, no se advierte motivación espuria en la reclamación, los delitos no han prescrito y así expresamente lo consignan las autoridades marroquíes en la documentación remitida, ni concurren circunstancias que determinen extinción de responsabilidad, y no cabe discutir la jurisdicción de las autoridades judiciales de Marruecos atendido el principio de territorialidad, al haberse cometido los hechos en el citado país ( artículos 8.1 CC y 23.1 LOPJ).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación