Auto Penal 479/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 373/2023 de 19 de septiembre del 2023

PRIMERO.- Impugna la representación procesal de la investigada Reyes el auto de transformación procedimental, para proseguir los trámites procesales por el cauce del Procedimiento Abreviado, ante la posible comisión por la mencionada de hechos constitutivos de los delitos de pertenencia a organización criminal (previsto en el artículo

570 bis del Código Penal) y de blanqueo de capitales (previsto en los artículos 301.1, 2, 4 y 5, 302 y 303 del Código Penal).

Combate la parte apelante la resolución recurrida por los cuatro siguientes motivos:

A) En primer lugar, critica la parte recurrente que se le ha infligido a su patrocinada una lesión de la tutela judicial efectiva, al no haberse resuelto fundadamente por el Juzgado las peticiones de sobreseimiento formuladas durante la instrucción de la cusa, puesto que en los autos de 26-9-2022 y 16-1-2023 se dejaron sin resolución de fondo los recursos planteados, al afirmarse que no era el momento 1procesal oportuno para resolverlos.

B) En segundo lugar, sostiene la parte recurrente la ausencia de indicios de criminalidad sobre los hechos genéricamente considerados en el auto impugnado, al no existir indicios sobre la existencia de operaciones de tráfico ilegal de armas, pues están basados en sospechas o conjeturas policiales infundadas, cuando todo surgió a raíz de la denuncia de extorsión por el Sr. Doroteo hacia el Sr. Eduardo, sin hacer referencia a que la apelante conociera el supuesto origen ilícito del dinero o que estuviese de otra forma participando en una actividad ilícita.

C) En tercer lugar, la parte apelante hace alusión a la ausencia de indicios de criminalidad por su patrocinada, quien realizó su labor como trabajadora de una gestoría contratada por uno de los investigados, atribuyéndosele que ayudó a eludir los controles en materia de prevención de blanqueo de capitales, no existiendo ninguna relación entre el patrimonio de la aquí apelante y su marido, Emiliano, con las sociedades investigadas. Tampoco se ha acreditado que la interesada tuviera conocimiento de la posible ilicitud de las operaciones de tráfico de armamento investigadas, no siendo abogada ni contaba con conocimientos legales para ofrecer el asesoramiento especializado que se dice ejerció en favor de Doroteo. Concluye que la apelante simplemente participó en la llevanza de la contabilidad, primero a través de la gestoría Easy Tax y después a través de la gestoría Your Tax World, desde la constitución de la empresa Arcadia Playa hasta octubre de 2015 y desde 2018 hasta 2020, pues desde 2015 a 2018 únicamente actuó como traductora en varias reuniones profesionales del Sr. Doroteo.

D) Y, en cuarto lugar, sostiene la parte apelante que su patrocinada no ha obtenido ningún beneficio con los hechos investigados y que, después de haberse practicado todas las diligencias propuestas por el Ministerio Fiscal, de éstas se infiere que la aquí recurrente actuó como contable externa y traductora de la mercantil Arcadia Playa, sin que le haya sido participada ninguna operación o actividad sospechosa.

Por todo lo cual, ante la falta de concurrencia de indicios mínimos de criminalidad, se solicita la revocación del auto impugnado y que, en su lugar, se acuerde el sobreseimiento libre o en su defecto provisional de las actuaciones, con archivo de la causa total o parcial respecto de la aquí apelante.

SEGUNDO.- Inicialmente, debemos significar que para resolver el recurso que nos concierne hemos de tener en cuenta que cualquier valoración que se realice sobre las cuestiones sometidas a debate, ha de partir de la naturaleza que tiene la resolución que, en definitiva, se impugna; esto es, aquella que acuerda la prosecución de las actuaciones penales con arreglo a los trámites del Procedimiento Abreviado, lo cual ha sido tratado por la S.T.C. nº 186/1990, de 15 de noviembre, así como en las S.T.S. de 9-10-2000 y 2-7-1999, entre otras. La doctrina jurisprudencial inserta en estas resoluciones nos recuerda que el auto de incoación del Procedimiento Abreviado, previsto en el artículo 779.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cumple en el proceso una triple función: a) concluye provisionalmente la fase de instrucción de las Diligencias Previas, sin perjuicio de la petición por las acusaciones personadas de práctica de diligencias complementarias ( artículo 780.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal); b) acuerda continuar el trámite a través del Procedimiento Abreviado, por estimar que en principio el hecho constituye un delito de los comprendidos en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con lo que se rechazan implícitamente las otras tres posibilidades prevenidas en el artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (es decir, archivo o sobreseimiento de la causa, declaración de los hechos como constitutivos de falta e inhibición a órganos de la jurisdicción militar o de menores), y c) con los efectos de mera ordenación del proceso, viene a dar traslado de las actuaciones a las partes acusadoras personadas para que éstas se pronuncien respecto a si formulan escrito de acusación, solicitan el sobreseimiento de la causa o excepcionalmente interesan alguna diligencia complementaria, como previenen los artículos 780 a 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sólo a partir de tales solicitudes de las acusaciones podrá el órgano encargado de la instrucción pronunciarse sobre si procede la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de las actuaciones.

Adentrándonos más en la naturaleza del auto de transformación procedimental, la S.T.S. nº 905/14, de 29 de diciembre, expresa que el apartado 4º del número 1 del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que debe dictarse auto que transforme el procedimiento y continúe la tramitación por las normas del Capítulo IV cuando el hecho constituya delito comprendido en el artículo 757 (o sea, castigado con pena privativa de libertad no superior a 9 años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración). Añade que los extremos que, al menos, debe contener dicho auto son: determinación de los hechos punibles e identificación de las personas imputadas. Además, establece que no podrá dictarse el auto de transformación contra persona a la que no se le haya tomado declaración como imputada. De forma que el auto de transformación vincula a las partes en cuanto a los hechos imputados y a las personas responsables, pero no en las calificaciones jurídicas que el Juez formule, por cuanto el auto de transformación de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado no tiene por finalidad y naturaleza suplantar la función acusatoria del Ministerio Fiscal y del resto de las acusaciones, por lo que la circunstancia de que inicialmente se califiquen los hechos de un modo y finalmente se formule la acusación de otro, no puede considerarse que ocasione indefensión al acusado.

También se obtienen explícitas conclusiones sobre la incidencia procesal de dicho auto de transformación a través de la S.T.S. nº 530/2014, de 10 de junio, que indica que el presupuesto del auto de transformación procedimental es doble: 1.- que se considere que han sido practicadas las diligencias pertinentes, según deriva del inciso inicial del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y 2.- que el Juez estime que los hechos son susceptibles de ser calificados como constitutivos de alguno de los delitos a que se refiere el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; determinación realizada exclusivamente en función de la pena imponible. Y el contenido de la resolución es también doble: 1.- identificación de la persona imputada, y 2.- determinación de los hechos punibles. Pero tal contenido tiene un límite, pues no podrá identificar persona ni determinar hecho, si éste no fue atribuido a aquélla con anterioridad, dando lugar a la primera comparecencia del imputado a que se refiere el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En todo caso, la resolución que nos ocupa debe ser motivada y hacer una descripción de los hechos que se reputan como punibles, y también formulando su calificación jurídica. No obstante, esto último está lejos de una supuesta intromisión en las funciones de acusación, pues la norma indicada solamente menciona la referencia a que el Juez estime que el hecho investigado constituye alguno de los delitos previstos en el artículo 757, pero sin reclamar una precisa tipificación. Ello ocurre sin duda porque el objeto del proceso se configura por el elemento fáctico y la persona del imputado, sin que las variaciones en cuanto a las calificaciones supongan una mutación del objeto.

Finalmente, debemos asimismo destacar la S.T.S. nº 386/2014, de 22 de mayo, que realiza nuevas aportaciones útiles para comprender el verdadero sentido del auto del que tratamos. Dicha sentencia establece que el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado no tiene por finalidad y naturaleza la función acusatoria del Ministerio Fiscal y del resto de las acusaciones, de modo que la ausencia de determinación expresa de un delito en dicho auto no impide que pueda ser objeto de acusación, siempre que del hecho estuviese imputado cuando el acusado prestó su declaración y pudiera solicitar las oportunas diligencias sobre el mismo ( S.T.S. nº 1532/2000, de 9 de noviembre). En efecto, el artículo 118, con carácter general, y el artículo 775, con carácter específico para el Procedimiento Abreviado, imponen el deber del órgano judicial instructor de ilustrar al interesado del hecho de la causa abierta en su contra. El examen de estos preceptos ha de llevar a las siguientes conclusiones: 1.- Por un lado, la de que el Juez de Instrucción, en cualquier caso, está siempre obligado dentro de la fase instructora (haya dirigido ab initio o no las Diligencias Previas) a determinar quién sea el presunto autor del delito a fin de citarlo personalmente de comparecencia, comunicarle el hecho punible cuya comisión se le atribuye, ilustrarle de la totalidad de los derechos que integran la defensa (y, en especial, de su derecho a la designación de Abogado en los términos de los artículos 767 y 118.4º), y tomarle declaración con el objeto de indagar, no sólo dicha participación, sino también permitir que el imputado sea oído por la Autoridad Judicial y pueda exculparse de los cargos contra él existentes, con independencia de que haya prestado declaración ante otras autoridades que hayan intervenido en el sumario. Y 2.- Por otro lado, de la anterior información se desprende la lógica consecuencia de que la acusación no pueda, exclusivamente desde un punto de vista subjetivo, dirigirse contra persona que no haya adquirido previamente la condición judicial de imputado, puesto que de otro modo podrían producirse en la práctica acusaciones sorpresivas de ciudadanos, con la consiguiente apertura contra ellos del juicio oral, aun cuando no hubieren gozado de la más mínima posibilidad de ejercitar su derecho de defensa a lo largo de la fase instructora.

TERCERO.- Sobre esta base jurisprudencial, entendemos que el recurso de apelación formulado no puede prosperar, toda vez que no resulta descartable la participación de la recurrente en la cadena de actos con visos de delictivos descritos en la resolución impugnada. Por lo que sí se cumple el requisito de la determinación de los hechos punibles, pues su conducta, de modo provisorio, goza de encaje en las figuras delictivas judicialmente recogidas.

De las diligencias practicadas se deduce que la recurrente resulta provisionalmente implicada en las actividades de un grupo estructurado de personas dedicado a la colocación en España en forma de inversión de dinero procedente del tráfico de armas y elementos militares efectuado en el extranjero, por importes millonarios, utilizando un entramado empresarial a través del cual se intenta ocultar, tanto el origen de dichos fondos, como la verdadera titularidad de los mismos.

Contrariamente a la tesis de la parte apelante, en autos constan claramente los indicios que llevan al Magistrado Instructor a considerar presuntamente punibles determinados actos de la apelante.

Con el cúmulo de indicios obrantes, consistentes básicamente en la documentación recabada, las vigilancias y seguimientos policiales desplegados y las interceptaciones telefónicas obtenidas, se ha ido conformando la acreditación sobre la existencia de una presunta estructura delictiva que opera en España con fondos supuestamente procedentes de las ganancias obtenidas de la posible comisión del delito de tráfico de armamento y material de doble uso, en la modalidad de corretaje o intermediación. Con dichos fondos se ha ido creando una estructura societaria en territorio español, concretamente en Barcelona y Alicante, a través de personas interpuestas y sociedades extranjeras, creando una apariencia de legalidad en la obtención del dinero que luego se invertía en nuestro país y que procede del negocio de transporte marítimo (ejercido desde LUMAR S.A. y TOMEX TEAM INC), que supuestamente fletan buques para el traslado de armamento y material militar destinado a países en conflicto, sin las preceptivas autorizaciones y violando los embargos internacionales. En el caso de la recurrente, asesora y participa en la constitución de la sociedad Arcadia Playa S.L. en España, y posteriormente en las gestiones documentales a realizar para la compra de las fincas que la mercantil española adquiere.

A criterio de este Tribunal, el Magistrado Instructor ha dado cumplimiento a los preceptos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le atribuye en relación a su cometido en el auto de transformación procedimental impugnado, poniendo a disposición de la inculpada y del Ministerio Fiscal la esencia de la actividad investigadora que ha realizado para que se conozca y, si es de interés de alguna de las partes, con indicación de la eventual calificación jurídica. Extremos que han sido perfectamente cumplimentados por el Instructor.

Del contenido del escrito del recurso de apelación se deduce la discrepancia de la recurrente con las conclusiones acerca de las actividades atribuidas y de los indicios que han permitido llegar a tales consideraciones. Durante el largo período de investigación se ha podido llegar a las conclusiones que se han plasmado en el auto impugnado sobre la base, entre otros, de una serie de hechos incriminatorios como son: los datos obtenidos a través del equipo conjunto de investigación; las anotaciones encontradas en los registros; la abundante documentación oficial y bancaria; las conversaciones y mensajes que se transmiten varios investigados; los muchos ingresos bancarios efectuados en España; la falta de acreditación de la legalidad de esos fondos; la constatación del traslado ilícito de armas; la utilización de sociedades o personas interpuestas para impedir averiguar el origen de los fondos, y las actuaciones llevadas a cabo para evitar los controles aduaneros de los barcos.

Por lo tanto, la decisión del Juzgado Central de Instrucción nº 2 en orden a continuar el procedimiento contra el recurrente y otras personas por considerar que la actividad desplegada por aquéllos es constitutiva de infracción penal, resulta sólidamente avalada por los innumerables datos incriminatorios obrantes en la causa.

Lo cual conlleva que no podamos aplicar a la apelante los artículos 637.1º y 2º y 641.1º y 2º, en relación con el artículo 779.1.1ª, todos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto a dictar el sobreseimiento libre o provisional y archivo de la causa respecto de la referida recurrente.

CUARTO.- En consecuencia, ante la inexistencia de conculcaciones legales y constitucionales y la concurrencia de indicios de posible participación delictiva en la recurrente, hemos de desestimar el recurso de apelación planteado, con declaración de oficio de las costas procesales generadas en esta segunda instancia, confirmando el auto de transformación procedimental impugnado y denegando el solicitado sobreseimiento libre o provisional y archivo de la causa en lo concerniente a la aquí recurrente.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,