Auto Penal 1/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 634/2023 de 02 de enero del 2024

PRIMERO.- A través del recurso formulado, impugna la dirección procesal del investigado Jose Carlos la decisión del Magistrado Instructor acerca de la instauración de la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza, que le afecta desde el pasado día 21-12-2023, mostrando con ello su desacuerdo con la viabilidad actual de la medida cautelar de orden personal aplicada, por cuanto considera que no se dan los factores de necesidad, de excepcionalidad, de subsidiariedad y de proporcionalidad que la hacen precisa en el presente momento procesal, aparte de que la presunción de inocencia que le favorece, conforme previene el artículo 24.2 de la Constitución, y la preferencia del derecho fundamental a la libertad personal, consagrado en el artículo 17 de la Constitución, además de determinadas circunstancias objetivas que le conciernen, debe conducir a la libertad provisional del interesado.

Alega la parte apelante que el mantenimiento de la medida de prisión preventiva que afecta a su patrocinado, motivada por la supuesta existencia de un riesgo serio y real de que el investigado intente sustraerse a la acción de la Justicia, así como al posible peligro de que pueda ocultar o alterar fuentes de prueba y de reiteración delictiva, no se justifica por sí sola, si se tiene en cuenta que los indicios que pesan sobre él son inexistentes y no se ajustan a lo que aparece en las actuaciones.

1.- Alega la parte recurrente que en la presente causa no existe indicio alguno de la comisión de los delitos imputados a su patrocinado, puesto que derivan de unos vídeos publicados en su red social, desconociendo quién los ha puesto en la plataforma, además de acudir a una determinada mezquita de la ciudad de Melilla a rezar. Añade que de lo recogido en el auto impugnado no se puede acreditar la participación del apelante en los delitos que se le atribuyen y que, en relación con las publicaciones supuestamente realizadas, en ningún caso acreditan alguna radicalización o adoctrinamiento, sino simplemente unos valores religiosos, tratándose los hechos imputados de meras interpretaciones policiales, tomadas a partir de llamadas inocuas y del ejercicio legítimo de manifestación política.

2.- Por lo que se refiere al posible riesgo de supresión, alteración o destrucción de las fuentes de prueba, dice que ésta está preservada en el procedimiento, sin posibilidad de manipulación, careciendo el interesado de capacidad de influir en testigos, coimputados o peritos en el presente caso.

3.- Otro tanto dice del riesgo de reiteración delictiva, pues el recurrente carece de cualquier antecedente desfavorable, no constándole antecedentes policiales ni penales.

4.- En cuanto al peligro de fuga, ha de ser eliminado, puesto que el interesado goza de arraigo personal, social y laboral en nuestro país, al acreditarse su domicilio conocido en Melilla y su relación laboral en el sector de la construcción, en el que ahora se encuentra de baja por un esguince de mano que se produjo, habiendo acreditado asimismo un diploma de aprovechamiento de un curso de ayudante de cocina otorgado en octubre de 2022.

5.- Por último, se indica que existen otras medidas menos lesivas y de la misma eficacia que la vigente prisión provisional, que implicarían la sujeción del interesado al procedimiento, como son: la fijación de una fianza proporcionada a su precaria economía; las presentaciones periódicas ante los órganos judiciales competentes cuantas veces fuere requerido, de modo quincenal, semanal o incluso diariamente; la prohibición de salida del territorio nacional, con retirada del pasaporte, o bien cualquier otra medida complementaria que se estime por los órganos judiciales.

Por todo lo cual se solicita la libertad provisional del apelante, puesto que el estado inicial del procedimiento permite sostener la inexistencia de peligro de fuga en el interesado, ni riesgo de obstrucción a los actos de comprobación desplegados, ni peligro de reiteración delictiva. Libertad que se reclama sin ambages, o bien con sustitución de otras medidas cautelares personales menos aflictivas que la vigente.

SEGUNDO.- En el presente caso, como en otros muchos de similar tenor, debemos indicar que para la resolución de la controversia suscitada conviene tener presente que la doctrina del Tribunal Constitucional, proclamada en su sentencia de 186-2001, viene a incidir en que la constitucionalidad de la prisión preventiva exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Es necesario que su configuración y aplicación tengan como presupuesto la existencia de indicios racionales de comisión de la acción delictiva y que su objeto sea la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la medida; en concreto, se ha señalado que los riesgos a prevención son la sustracción a la acción de la Administración de Justicia, la obstrucción de la justicia penal y la reiteración delictiva ( S.T.C. nº 207/2000, de 24 de julio). Y b) Las decisiones relativas a la adopción y al mantenimiento de la prisión provisional deben expresarse en una resolución judicial motivada, y para que la motivación se considere suficiente y razonable es preciso que la misma sea el resultado de la ponderación de los intereses en conflicto (la libertad de la persona cuya inocencia se presume, por un lado, y la realización de la administración de justicia penal y la evitación de hechos delictivos, por otro), no pudiendo ser arbitraria dicha ponderación, en el sentido de que resulte acorde con los fines que justifican la prisión provisional ( S.T.C. nº 47/2000, de 17 de febrero). Entre los criterios que el T.C. ha considerado relevantes para el enjuiciamiento de la suficiencia y razonabilidad de la motivación se encuentran: en primer lugar, las características y la gravedad del delito atribuido y de la pena con que se amenaza, y en segundo lugar, las circunstancias concretas y personales del imputado, siendo relevante a estos efectos el momento procesal en el que la medida se adopta.

Debemos asimismo traer a colación lo que establece la S.T.C. de 18-6-2007 sobre la materia debatida, en apoyo de la decisión combatida. Indica, entre otros extremos, la última resolución reseñada las siguientes consideraciones: A) La prisión provisional es una medida cautelar cuya legitimidad constitucional, en tanto que limitativa del derecho a la libertad personal ( artículo 17.1 de la Constitución) de quien aún goza del derecho a la presunción de inocencia, exige, como presupuesto, la existencia de indicios racionales de la comisión de un delito por parte del sujeto pasivo; como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida (riesgo de fuga, de obstrucción del normal desarrollo del proceso o de reiteración delictiva); y como objeto, que se la conciba, tanto en su adopción como en su mantenimiento, como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de dichos fines. B) Las decisiones relativas a la adopción y mantenimiento de la prisión provisional han de expresarse a través de una resolución judicial motivada; motivación que ha de ser suficiente y razonable, entendiendo por tal no la que colma meramente las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que respeta el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la libertad afectado, ponderando adecuadamente los intereses en juego (la libertad de la persona cuya inocencia se presume, por un lado, y la realización de la administración de la justicia penal, por otro), a partir de toda la información disponible en el momento de adoptar la decisión y del entendimiento de la prisión provisional como una medida excepcional, subsidiaria y provisional; para ello, obviamente, la resolución judicial ha de expresar cuál es el presupuesto de la medida y el fin constitucionalmente legítimo perseguido. C) En relación con la constatación del peligro de fuga, han de tomarse en consideración, además de las características y la gravedad del delito imputado y de la pena con que se le amenaza, las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado, puesto que si bien en un primer momento la necesidad de preservar los fines constitucionalmente legítimos de la prisión provisional pueden justificar que se adopte atendiendo sólo a circunstancias objetivas, como el tipo de delito y la gravedad de la pena, el transcurso del tiempo modifica el valor de este dato en la ponderación y obliga a tomar en consideración las circunstancias personales del sujeto privado de libertad y los datos del caso concreto; así, es cierto que el paso del tiempo, con el avance de la instrucción y la perfilación de la imputación, puede ir dotando de solidez a ésta, lo que podría a su vez incrementar la probabilidad de una efectiva condena y, con ello, el riesgo de fuga; sin embargo, no es menos cierto que en otras circunstancias el transcurso del tiempo puede producir efectos contrarios a los que se acaban de indicar, no sólo porque el devenir del procedimiento puede debilitar los indicios que apuntan a la culpabilidad del acusado, sino también porque el argumento del peligro de fuga se debilita por el propio paso del tiempo y la consiguiente disminución de las consecuencias punitivas que puede sufrir el preso. Y D) La falta de motivación de la resolución judicial afecta primordialmente, por la vía de uno de sus requisitos formales esenciales, a la propia existencia del presupuesto habilitante para la privación de la libertad y, por lo tanto, al derecho a la misma consagrado en el artículo 17 de la Constitución; los problemas de motivación en las resoluciones que acuerdan medidas limitativas de derechos fundamentales conciernen directamente a la lesión del propio derecho fundamental sustantivo y no, autónomamente, al derecho a la tutela judicial efectiva; una decisión restrictiva de un derecho fundamental sustantivo, como es en este caso el derecho a la libertad, exige una resolución judicial cuya fundamentación no sólo colme el deber general de motivación que es inherente a la tutela judicial efectiva, sino que, además, ha de extenderse a la justificación de su legitimidad constitucional, ponderando las circunstancias concretas que, de acuerdo con el presupuesto legal y la finalidad constitucionalmente legítima, permitan la adopción de dicha decisión; por ello, el análisis de la insuficiencia de motivación desde la perspectiva del deber genérico de fundamentación de las resoluciones judiciales queda desplazado por un análisis desde la perspectiva del deber más estricto de fundamentación para la adopción de medidas restrictivas del derecho a la libertad.

Todas las anteriores directrices jurisprudenciales han quedado plasmadas en la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión preventiva. Y del análisis de los artículos 502 y 503 de la referida Ley Procesal Penal se deduce que concurren en el caso que se investiga todos los requisitos exigibles para mantener la medida cautelar de prisión provisional adoptada por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, que no adolece de inmotivación sino que cumple adecuadamente el requisito previsto en el artículo 248.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

TERCERO.- En efecto, de la lectura de las actuaciones elevadas se infiere la adecuada, cabal y ponderada aplicación que de dichos preceptos legales efectúa el Magistrado Instructor, en evitación del claro riesgo de fuga que supondría la puesta en libertad provisional del recurrente en esta inicial fase procesal de comprobación delictiva, amén del peligro de obstaculización de las actuaciones desarrolladas que se intenta evitar, e incluso el riesgo de reiteración delictiva que con su intensa actividad en las redes sociales pudiera provocar. Por lo que no podemos aceptar su promesa de permanecer a disposición de los órganos judiciales en caso de que se acuerde su libertad.

Ello acaece porque se han acumulado contra el mismo graves indicios de la existencia de un grupo de personas que podrían integrar una célula afín a la causa yihadista violenta, que ha mostrado su adhesión al DAESH, en la que estaría incluido el apelante. En autos se recogen los indicios de esta actuación presuntamente criminal, consistentes en su participación en actividades, eventos y mensajes, afines a círculos islámicos radicales que continuamente abogan y añoran el martirio y la yihad, como puede observarse en las visitas virtuales y los vídeos bajados de la red, lo que infiere que el interesado esté recibiendo formación doctrinal de índole radical con pretensiones de utilización en futuras acciones terroristas. Se ha constatado que el apelante comparte enseñanzas sobre el martirio islamista, recita cánticos yihadistas y consume propaganda del radicalismo más violento.

Por lo demás, si bien ha acreditado cierto arraigo en España, ello no elimina ni dificulta que existe riesgo cierto a sustraerse a la acción de los órganos judiciales españoles competentes, ante la gravedad de los hechos presuntamente perpetrados y las elevadas penas con que se castigan.

De lo actuado se deriva la posible implicación del recurrente, bajo un rol prevalente, en la trama delictiva desbaratada. Los indicios que le incriminan, siempre de modo provisorio, están relacionados con su vinculación con otros implicados, en hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de terrorismo, como la integración en organización terrorista (castigado con pena de 6 a 12 años de prisión: artículo 572.2 del Código Penal), la colaboración con una organización terrorista (castigado con pena de 5 a 10 años de prisión: artículo 577.1 del Código Penal), el adoctrinamiento y autoadoctrinamiento terrorista (castigado con pena de 2 a 5 años de prisión: artículo 575.1 y 2 del Código Penal) y el ensalzamiento y justificación del terrorismo (castigado con pena de 1 a 3 años de prisión: artículo 578.1 y 2 del Código Penal).

Por ello, los argumentos defensivos de la parte apelante sobre quebrantamiento de la presunción de inocencia y del principio de libertad, no pueden ser compartidos por este Tribunal, habida cuenta que del examen de las actuaciones testimoniadas no se aprecia la inexistencia de los indicios de criminalidad a que hace referencia su dirección procesal, siendo dicho planteamiento defensivo más propio de la fase de enjuiciamiento.

De momento, no resulta descartable la comisión por el apelante de todos o algunos de los hechos constitutivos de delito mencionados, castigados con graves penas privativas de libertad, que superan los dos años.

CUARTO.- En consecuencia, procede desestimar el recurso de apelación planteado, con declaración de oficio de las costas procesales generadas en esta segunda instancia, sin que sea viable en este momento procesal la imposición de todas o algunas de las medidas cautelares complementarias y sustitutivas de la vigente planteadas por la parte recurrente, ante la persistencia del riesgo de fuga, de destrucción de las fuentes de prueba y de reiteración delictiva, en persona con relativo arraigo en nuestro país, quedando pendiente de analizar todo el material incautado en las actuaciones.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,