Auto Penal 413/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 41/2023 de 20 de septiembre del 2023

PRIMERO.- El examen del expediente de extradición objeto de este rollo evidencia que el mismo se siguió desde el principio exclusivamente por la reclamación referida a la Orden de Busca y Captura del nacional serbio Juan Enrique emitida por el Instituto Penitenciario y de Rehabilitación del Ministerio de Justicia de la República de Serbia, de fecha 29 de marzo de 2021, quien desde el 19-3-2020 estaba cumpliendo la referida pena de 5 años de prisión por condena por delito intentado de homicidio; indicándose expresamente en dicha Orden que: "el nombrado al transcurrir el periodo de tiempo para el cual el cumplimiento de la pena de prisión le fue interrumpido, el día 28-3-2021, no ha regresado a continuar a cumplir la pena de prisión en esta institución ".

También la nota difundida por Interpol, en base a la cual fue detenido el reclamado, especificaba que ésa, " prófugo buscado para el cumplimiento de una condena penal ", que se concretaba, era la razón de la emisión de la Orden internacional de detención.

Y en la comparecencia primera, celebrada por videoconferencia ante el Juzgado Central instructor del expediente de extradición en fecha 21 de abril de 2023, "se informa a la persona detenida de la existencia de extradición a instancias de las Autoridades judiciales de Serbia por un delito de homicidio ".

Asimismo, en el Acuerdo de continuación en vía judicial del procedimiento de extradición pasiva del ciudadano de nacionalidad serbia Juan Enrique, se informa de que: "4.- Documentación: a) Sentencia firme núm. 2986/13, de fecha 25- 02-2014, dictada por el Tribunal de Apelación de Ni?, por la que se condena al reclamado a la pena de 5 años de prisión, de la que restan por cumplir 3 años y 14 días; b) Orden de busca y captura núm. 611/22, emitida el 17-10-2022 por el Tribunal Superior de Ni?, para cumplimiento de condena; c) relato de hechos; d) preceptos legales aplicables; e) identificación del reclamado. 5.- Hechos cometidos que fundamentan la solicitud de extradición: el 12-05-2007, en Ni? (Serbia), aproximadamente a las 03:50 horas, el reclamado detuvo el vehículo conducido por la víctima y le pidió que lo llevara, cuando ésta se negó a hacerlo y reanudó la marcha, el reclamado comenzó a dispararle con un arma de fuego realizando seis disparos, impactando cuatro de ellos en el automóvil, de los cuales dos rompieron la ventana trasera y alcanzaron a la víctima, quien se tumbó en el asiento del copiloto para evitar los disparos. 6.- Tipificación:los hechos descritos constituyen un delito de tentativa de asesinato, conforme a los artículos30 y 113 del Código Penal de la República de Serbia que se corresponden, sin perjuicio de suulterior calificación judicial, con un delito de homicidio o asesinato en grado de tentativa,conforme a los artículos 138 y 139 del Código Penal español".

Es claro, pues, que el expediente de extradición que nos ocupa se siguió exclusivamente por, como veíamos (y sólo se oyó al reclamado respecto de), la reclamación de entrega para ejecución total o finalización del cumplimiento de la condena, de 5 años de prisión, impuesta a éste en Serbia por delito de homicidio intentado.

Todo ello no obstante, el examen de la documentación extradicional remitida por el Estado reclamante revela que en la misma también se incluye un Acta Acusatoria, de fecha 20-12- 2021, emitida por la Fiscalía Pública Superior de la República de Serbia, presentada al 21-12- 2021 ante el Tribunal Superior de Ni?, relativa al "inculpado, Juan Enrique ", por "la acción de perpetración del delito fabricación ilícita, guardar y poner en mercado la droga estupefaciente "; una Orden de prisión provisional dictada respecto del mismo por el Tribunal Superior de Ni?, de fecha 17-10-2019, "por existir la sospecha justificada de perpetrar el delito de fabricación ilícita, guardar y poner en mercado de drogas estupefacientes del artículo 246 inciso 1 del Código Penal, incitación, con relación al artículo 34 del Código Penal, y el delito de fabricación ilícita, guardar, poner en mercado de drogas estupefacientes del artículo 246 inciso 1 en complicidad, con relación al artículo 33 del Código Penal, en virtud del artículo 211 inciso 1 punto 1 de la Ley del Procedimiento Penal ", y una Orden de Busca y Captura de Juan Enrique, librada por el Tribunal Superior de Ni?, de fecha 17-10- 2022, por los mismos delitos imputados de "fabricación ilícita, guardar y poner en mercado de drogas estupefacientes del artículo 246 inciso 1 del Código Penal, incitación, con relación al artículo 34 del Código Penal, y el delito de fabricación ilícita, guardar, poner en mercado de drogas estupefacientes del artículo 246 inciso 1 en complicidad, con relación al artículo 33 del Código Penal "; todo lo que asimismo se menciona en la Solicitud de Extradición del reclamado, de fecha 15-5-2023.

Sin embargo, respecto de este cargo o imputación de delitos contra la salud pública no se emitió la Orden internacional de detención que motivó el arresto del reclamado, ni se informó ni oyó a éste sobre esa otra imputación de delitos, ni se siguió a ese respecto el expediente de extradición ante el Juzgado Central instructor del mismo, ni se aprobó por el Consejo de Ministros de España el Acuerdo de continuación en vía judicial del presente procedimiento de extradición pasiva.

Por ello, ningún pronunciamiento cabe hacer en esta resolución sobre esa Solicitud de Extradición en la parte referente a las imputaciones de delitos contra la salud pública, y Órdenes de prisión provisional y busca y captura obrantes en la documentación extradicional dictadas en base a aquéllas, referidas al primeramente reclamado por las Autoridades judiciales de Serbia para cumplimiento de condena, Juan Enrique.

SEGUNDO.- La extradición entre España y Serbia está regulada por la siguiente normativa:

- El Convenio Europeo de Extradición, hecho en París el 13 de diciembre de 1957, y ratificado por España el 21 de abril de 1982 (B.O.E. de 8 de junio de 1982), vigente para España desde el 5 de agosto de 1982, y el Segundo Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Extradición, hecho en Estrasburgo el 17 de marzo de 1978, y ratificado por España el 10 de junio de 1983 (B.O.E. de 11 de junio de 1985), con vigencia en España desde el 9 de junio de 1985; al que se adhirió Serbia el 23-6-2003.

- Y subsidiariamente, por la Ley de Extradición Pasiva de 21 de marzo de 1985, y por la Constitución Española.

TERCERO.- No se cuestiona la identidad ni la nacionalidad de la persona reclamada.

Tal y como consta en la documentación extradicional y reconoció el mismo en la vista, se trata del nacional serbio Juan Enrique, nacido en Ni? (República de Serbia), el NUM001 de 1986.

CUARTO. - Se han cumplido las formalidades documentales que establece el artículo 12.2 del Convenio, atendidos los documentos remitidos vía diplomática por las Autoridades del Estado requirente y que se han especificado en el Hecho Quinto de la presente resolución.

QUINTO.- El objeto de la reclamación extradicional viene referido a una condena por delitos comunes; no se advierte en este caso motivación espuria en la demanda, y es incuestionable la jurisdicción de la República de Serbia para la ejecución o cumplimiento de la pena impuesta, atendido el principio de territorialidad.

SEXTO.- El artículo 2 del Convenio, en su numeral 1, establece que: "Darán lugar a la extradición los hechos sancionados, según las leyes de ambas Partes, con una pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a un año ". Y en su numeral 3, que: "Si la extradición se solicitare para la ejecución de una Sentencia, se requerirá además que la parte de pena o medida de seguridad que aún falta por cumplir no sea inferior a seis meses ".

En el presente caso, en la Solicitud de Extradición remitida por las Autoridades de Serbia se indica que: "El resto de la pena que Juan Enrique debe cumplir son 3 años y 14 días de prisión "; habiendo sido condenado el mismo por delito de homicidio intentado, en concurrencia con el delito de guardar ilícitamente armas de fuego.

Se cumplen así los principios de doble incriminación (respecto de los hechos ya objeto de condena firme) y mínimo punitivo exigidos por el Convenio.

SÉPTIMO.- La defensa del reclamado alegó, como primer motivo de oposición a la extradición de éste, la prescripción, conforme a la legislación española aplicable, de la pena para cuya finalización de cumplimento se solicita la entrega.

Y ciertamente, el artículo 10 del Convenio taxativamente establece que: " No se concederá la extradición si se hubiere producido la prescripción de la acción penal o de la pena, con arreglo a la legislación de la Parte requirente o a la de la Parte requerida ".

El examen de la documentación extradicional evidencia que la pena para cuyo cumplimiento total se formula la demanda no ha prescrito, siendo firme y ejecutable en la actualidad, conforme a la legislación serbia.

Así se indica expresamente en la Solicitud de Extradición, que explica que: " La prescripción absoluta de cumplimiento de la pena de 5 años de prisión a la cual fue condenado el imputado Juan Enrique por la Sentencia del Tribunal de Apelación de Ni? 5Kz.1. 2986/13 del 25-2-2014, mediante la cual fue alterada la Sentencia del Tribunal Superior de Ni? 2 K. no. 86/13 del 5-7-2013, respecto a las disposiciones del Código Penal de Serbia entrará en vigorel día 25-2-2024 ".

La defensa del imputado mantuvo, ello no obstante, que la referida pena de prisión sí estaría prescrita conforme a la legislación española (en este caso, la legislación de la parte requerida), pues, según argumentó, el artículo 133.1, en relación con el artículo 33.3, ambos del Código Penal español, que establece un plazo de prescripción de 5 años para las penas menos graves, como la objeto de esta reclamación extradicional.

Y, si bien dicho plazo de prescripción de cinco años no ha transcurrido desde el 28 de marzo de 2021, fecha de inicio del quebrantamiento de la condena en cumplimiento, la defensa del reclamado adujo que sí habría transcurrido desde la fecha de la Sentencia condenatoria, de fecha 25-2-2014, sin que consten indicadas causas de interrupción de la prescripción, que ya se habría alcanzado conforme a nuestra legislación cuando se produjo el inicio del cumplimiento de la pena, el 19-3-2020; todo ello, según se reseña en la documentación extradicional.

Pero estas alegaciones a criterio del Tribunal no pueden ser estimadas.

Conforme establece el artículo 134.1 del Código Penal español, "El tiempo de la prescripción de la pena se computará desde la fecha de la Sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese comenzado a cumplirse".

Como veíamos supra, el plazo de prescripción de la pena, de cinco años, todavía no ha transcurrido desde el quebrantamiento de la condena por el reclamado que motivó la solicitud de entrega, el cual se produjo en fecha 28-3-2021.

Lo que no puede admitirse, siempre a criterio del Tribunal, es que la Parte requerida aplique un plazo de prescripción nacional propio por el tiempo transcurrido entre el dictado de la Sentencia de apelación y el ingreso del condenado en prisión, que se efectuó conforme a la normativa aplicable vigente en el Estado sentenciador y de cumplimiento, la República de Serbia.

Ello supondría tanto como entender que este Tribunal de extradición está capacitado y es competente para declarar nulas o inválidas decisiones adoptadas en su momento por la Parte requirente conforme a la legislación que le es propia; esto es, para anular o declarar inválido el ingreso en prisión del reclamado para inicio del cumplimiento de la condena, aplicando unas reglas españolas de prescripción no vigentes en el país de ejecución de la pena.

Debe, pues, partirse, a los efectos previstos en el artículo 10 del Convenio, para valorar la aplicabilidad en el presente caso de nuestra legislación sobre prescripción de la pena, del quebrantamiento que motivó la solicitud de entrega extradicional.

No concurre, pues, en opinión del Tribunal, esta causa taxativa de denegación de la extradición, prevista en el citado artículo 10 del Convenio; y no podrá denegarse la entrega del ahora reclamado por tal causa.

OCTAVO.- También alegó la defensa del reclamado, como motivo para no acceder a la entrega, en definitiva la aplicabilidad al presente supuesto de la causa de denegación de la extradición establecida en el artículo 4.6º de la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva, prevista para "Cuando el Estado requirente no diera la garantía de que la persona reclamada de extradición no será ejecutada o que no será sometida a penas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes ".

Y así, la defensa alegó la necesidad de evitar en este caso la vulneración indirecta de los derechos fundamentales del reclamado, de quien mantuvo que podía correr riesgos de ser devuelto para finalizar el cumplimiento de su condena de prisión a Serbia; y pidió que se requiriera al Ejecutivo de la Parte requirente que garantizara que el reclamado no iba a sufrir un trato vejatorio en ese país, aportando documentación en acreditación de su situación médica y de su arraigo actual en nuestro país (quien sólo llevaría residiendo en éste, de manera irregular, un máximo de dos años).

Sin embargo, frente a ello hay que recordar que, como explica el Auto número 9/2020, de fecha 5 de junio del año 2020, de la Sección Primera de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional , "... la extradición pasiva es un proceso instrumental de cooperación judicial internacional cuyo origen se encuentra en el proceso penal de otro Estado, en este caso en trámite y en fase de preparación del juicio. Nuestro ordenamiento jurídico establece varios requisitos dentro del principio de legalidad extradicional, a los fines exclusivos de verificar el cumplimiento de las garantías relativas a la entrega que afectan a derechos fundamentales, singularmente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no sufrir penas o tratos inhumanos o degradantes, la libertad ideológica, el derecho a residir en España o los relacionados con el derecho a la tutela judicial efectiva y el proceso debido ( artículos 15, 16, 17 y 24 de la Constitución) ... sólo en supuestos de acreditada y rigurosa situación de violación sistemática y genérica de los derechos fundamentales, el Juez de la extradición puede desestimar la solicitud para evitar un hipotético y probable riesgo de vulneración indirecta de los derechos fundamentales en el Estado requirente. Existiendo un convenio bilateral de extradición hay obligación de entregar al sujeto procesal que se esconde en el territorio de otro Estado, siempre que se supere el canon de enjuiciamiento que establece el principio de legalidad extradicional, que comprende la posible vulneración de derechos con ocasión de la entrega ... Será el Gobierno, que tiene la competencia en materia de relaciones internacionales, el que en el ámbito de su competencia podrá examinar, con exacto conocimiento de la situación política del Estado requirente y del respeto a las garantías de los derechos humanos básicos, si concurren motivos para pensar que su entrega

... puede poner en peligro sus derechos fundamentales ( artículo 6 de la Ley de Extradición Pasiva) "".

En el caso que nos ocupa, no existen razones objetivas para creer que no se van a respetar los derechos fundamentales del reclamado si se materializa la entrega, ni se ha acreditado que el mismo vaya a ser sometido, en concreto por las Autoridades judiciales o penitenciarias del Estado reclamante, a tratos inhumanos o degradantes.

En definitiva, no se aprecian por el Tribunal motivos para denegar en esta vía o sede judicial la extradición solicitada respecto de este reclamado, esto es, el cumplimiento en este caso de los compromisos internacionales asumidos por España; ya habiendo explicado el Tribunal, en nuestro Auto de fecha , recaído en el presente rollo de extradición, que: "No afectando a la situación personal del reclamado el hecho de ser el mismo solicitante de asilo, lo que sólo producirá en su caso el efecto de dilatar, hasta el dictado de la resolución sobre esa solicitud, la materialización de su entrega en extradición ".

Por todo lo que deberán efectuarse, en consecuencia, los pronunciamientos a expresar en la parte dispositiva de esta resolución.

Por cuanto antecede,