Auto Penal 543/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 45/2023 de 23 de noviembre del 2023

PRIMERO. - La presente demanda de extradición se encuentra amparada, conforme al artículo 13.3 de la Constitución Española, por el Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República Federativa del Brasil, hecho en Brasilia el 2 de febrero de 1988 (cuyo instrumento de ratificación fue publicado en el B. O. E. de fecha 21 de junio de 1990) y, supletoriamente, por la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva.

SEGUNDO. - No se cuestiona la identidad de la persona reclamada.

Tal y como ella misma ha reconocido en la vista extradicional, se trata de Felix, de nacionalidad brasileña, nacido en DIRECCION005, Estado de Goiás (Brasil), el NUM001 de 2000.

TERCERO. - Se han cumplido las formalidades que establece el art. IX del tratado bilateral citado en el fundamento jurídico primero de la presente resolución, habida cuenta de los documentos remitidos, vía diplomática, por las autoridades del Estado requirente, que se han especificado en el antecedente de hecho 5.

CUARTO. - Concurren los requisitos de doble incriminación y mínimo punitivo (art. II.1 del Tratado), por cuanto los hechos en virtud de los cuales se formula la solicitud de extradición, reflejados en el antecedente de hecho 6, constituyen, conforme a la legislación de la República Federativa de Brasil, un delito continuado de robo con amenaza grave (tres hechos delictivos, dos consumados y uno intentado), agravado por la concurrencia en su ejecución de dos o más personas y, en uno de los hechos, por ser las víctimas menores de edad, del art. 157, § 2º, inciso II, en relación con los arts. 61, inciso II, "h", 14 y 71, del Código Penal, y en nuestra legislación, un delito continuado de robo con intimidación de los arts. 237 y 242.2, en relación con el art. 74.1.

En ambas legislaciones la sanción prevista comprende una pena privativa de libertad cuya duración máxima supera el año, tal como requiere el art. II.1 del Tratado.

QUINTO. - No concurren ninguno de los supuestos de denegación de los arts. III y IV del Tratado. La persona reclamada no es nacional del Estado requirente, que tiene jurisdicción y competencia para conocer de los hechos por haberse cometido en su territorio. Dicha persona no está sujeta a un procedimiento en España por los mismos hechos, ni va a ser enjuiciada en el Estado requirente por un tribunal de excepción. La acción penal no ha prescrito según las leyes de ninguno de los dos Estados. No se solicita la extradición por delitos políticos o conexos con estos o por delitos militares, ni existen fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o que su situación se vería agravada por dichos motivos.

SEXTO. - La defensa del reclamado, funda su oposición a la extradición, en las siguientes alegaciones:

1) Desconocimiento de la calificación de los hechos que motivan la condena para cuya ejecución se solicita la extradición, con incidencia en el principio de especialidad.

Sustenta la defensa este motivo en la discrepancia que aprecia entre las calificaciones de los hechos que dice han sido efectuadas por el Consejo de

Ministros y el Ministerio Fiscal. Según la primera -que, en realidad, es la que figura en la propuesta de acuerdo de continuación en vía judicial del procedimiento extradicional, realizada al Consejo de Ministros por la Ministra de Justicia- los hechos constituyen varios delitos de robo, conforme al artículo 157 del Código Penal brasileño, que se corresponden con varios delitos de robo con intimidación conforme al artículo 242 del Código Penal español.

En el escrito presentado por el Ministerio Fiscal en el trámite del art. 13.1 de la Ley de Extradición Pasiva, se afirma que los hechos son constitutivos de un delito continuado de robo con amenazas del artículo 157 del Código Penal brasileño, que se corresponde con tres delitos de robo con intimidación y uso de armas, los dos últimos en grado de tentativa y cometidos en establecimiento comercial abierto al público, conforme a los artículos 237, 242.I. II. III, 61 y 62 del Código Penal español.

La lectura de la sentencia condenatoria de fecha 13 de septiembre de 2019, del Tribunal de Distrito de Goianápolis, y de la sentencia de fecha 17 de junio de 2022, del Tribunal de Segunda Instancia del Estado de Goiás, que confirma la condena, rebajando la pena impuesta en la primera instancia, no deja lugar a dudas de que son tres los hechos delictivos que motivan la condena, todos ellos cometidos el mismo día, calificados, con arreglo al Código Penal brasileño, como delito continuado, conforme al art. 71, de robo con amenaza grave: el primero (sustracción con amenazas del vehículo de Jose Augusto, en presencia de sus tres hijos menores), un delito de robo con amenaza grave del art. 157, § 2º, inciso II - agravación por la concurrencia dos o más personas-, y 61, inciso II, "h" -agravación por ser las víctimas menores-; el segundo (sustracción de dinero con amenazas, en el mercado abierto al público propiedad de Ignacio), un delito del art. 157, § 2º, inciso II, y el tercero (intento de sustracción del vehículo de Hortensia, con las llaves entregadas por la propietaria bajo amenazas en el mismo mercado), un delito del art. 157, § 2º, inciso II, en relación con el art. 14, inciso II - tentativa-. En nuestra legislación, como ya hemos dicho en el fundamento jurídico cuarto, se trataría de un delito continuado de robo con intimidación.

En todo caso, no es la calificación delictiva, sino los hechos, cuya concreción no cuestiona la defensa, lo que determina el alcance del principio de especialidad.

Lo que impide el principio es, conforme al art. 21.1 de la Ley de Extradición Pasiva, que la persona que haya sido entregada pueda ser juzgada, sentenciada o sometida a cualquier restricción de su libertad personal, por hechos anteriores y distintos a los que hubieran motivado su extradición. O, según el art. V.1.b) del tratado bilateral, que sea sometida a enjuiciamiento por cualquier otro hecho realizado anteriormente, a menos que consienta, expresa y libremente o si, habiendo sido puesta en libertad y advertida de las consecuencias de su permanencia por plazo superior a treinta días, en el territorio del Estado donde fue juzgado, permaneciere en él después de dicho plazo.

En definitiva, dado que los hechos no se cuestionan y que su calificación jurídica, que también está clara, no tiene incidencia en la determinación del alcance y efectos del principio de especialidad, el motivo ha de ser rechazado.

2) Aportación incompleta de la normativa brasileña sobre prescripción.

Alega la defensa que la normativa relativa a la prescripción de las infracciones penales que dan lugar a la condena del reclamado en Brasil es genérica, sin mencionar la aplicación al caso de autos, lo que resulta relevante, pues no se sabe a ciencia cierta los delitos que se imputan al reclamado, y que esa aportación incompleta supone un incumplimiento del art. IX del Tratado y de los arts. 47 y 48.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 2 a 5 y 9 de la Ley de Extradición Pasiva, impidiendo adoptar las decisiones correspondientes en el ámbito administrativo y judicial, al haberse presentado incompleta.

Ya hemos dicho en el apartado anterior que no hay dudas en cuanto a los hechos que motivan la condena del reclamado y tampoco respecto a su calificación jurídico penal. Para zanjar la cuestión, basta con acudir al texto de la sentencia condenatoria.

Respecto a la prescripción, la documentación extradicional contiene, dentro del formulario de solicitud, una declaración de que no se ha producido, según la legislación del Estado requirente. Los preceptos del Código Penal brasileño relativos a dicho instituto (arts. 109 y 110), aportados también con la documentación, permiten concluir que, en efecto, al realizarse la solicitud, no había transcurrido el tiempo necesario. Según dichos artículos, las penas privativas de libertad de ocho años, como la aquí impuesta al reclamado, prescriben a los doce años de la firmeza de la sentencia condenatoria, debiendo tenerse en cuenta que, en el caso que nos ocupa, la pena de ocho años fue impuesta, por hechos cometidos el 17 de febrero de 2019, en la sentencia de fecha 17 de junio de 2022, del Tribunal de Segunda Instancia del Estado de Goiás.

Por lo expuesto, el motivo se desestima.

3) Incumplimiento del Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por falta de traducción oficial de la documentación extradicional.

En este motivo, lo alegado por la defensa es que no se cumplen los requisitos establecidos en el mencionado Real Decreto para que la traducción al español de los documentos en portugués, aportada con la demanda extradicional, pueda ser considerada una traducción oficial, pues no consta que se realizase por un traductor o interprete jurado (art. 6), debidamente inscrito como tal (art. 10), ni la certificación con firma y sello (art. 6.2), y tampoco se ha empleado la fórmula establecida por la Orden de desarrollo.

Igualmente ha de ser desestimado.

El art. X.5 del Tratado dispone lo siguiente:

"Los documentos que acompañaren la solicitud de extradición se acompañarán de una traducción en la lengua del Estado requerido".

La traducción aportada por las autoridades del Estado requirente cumple a todas luces con el precepto convencional. No puede exigirse, porque no lo exige el Tratado, que la traducción se ajuste a requisitos impuestos por normas internas del Estado requerido. Y menos cuando, como en este caso, la norma invocada ha sido derogada por el Real Decreto 724/2020, de 4 de agosto.

4) Riesgo para el reclamado derivado de las pésimas condiciones del sistema penitenciario en Brasil

Alega la defensa en este último apartado -que, en realidad, contiene el motivo de oposición fundamental a la extradición, puesto que, en el informe evacuado en el acto de la vista, el letrado reconoce que se cumplen todos los requisitos para otorgarla- que el sistema penitenciario en Brasil está en pésimas condiciones, reconocidas por el Supremo Tribunal Federal de este país en una sentencia de 9 de septiembre de 2015, que adjunta a su escrito, en la que se señala que aquel es inhumano y dispensa un trato degradante a los presos y familiares. También alega que las citadas condiciones han motivado un informe, que aporta, del Comité contra la Tortura de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la denegación de una extradición por Italia, en una sentencia que también acompaña a su escrito. Sostiene, además, que, como se relata en los dos artículos de prensa digital cuyos enlaces acompaña, en la prisión de DIRECCION001, donde el reclamado ha estado recluido, han muerto dos presos en el año 2022. Finalmente, en la vista, se refiere a lo manifestado en dicho acto por el reclamado, sobre dicha prisión de DIRECCION001, donde cumplió parte de la pena, en condiciones de alimentación deficiente y hacinamiento, puesto que las celdas de seis plazas eran ocupadas por 25 personas. En virtud de todo ello, solicita la denegación de la extradición, conforme a lo dispuesto en el art. 4.6 de la Ley de Extradición Pasiva y, en su caso, que se solicite información previa al Estado requirente sobre el centro de cumplimiento.

La documentación aportada por la defensa respecto al centro donde afirma que el recurrente ha cumplido parte de la condena que motiva la extradición pone de manifiesto la referencia en dos diarios digitales brasileños a dos muertes, producidas en 2022, de personas allí recluidas, siendo una de ellas aparentemente producida por suicidio y la otra posiblemente debida a un traumatismo craneal, si bien el fallecido presentaba también varias lesiones en la cara y el cuerpo y una fractura de muñeca.

Por otro lado, el informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas alude a la existencia de indicios fundados de práctica sistemática de tortura en las cárceles y centros de detención en Brasil en los años 2002 a 2006. Y la sentencia del Tribunal de Apelación de Turín, recoge en su fundamentación un informe de agosto de 2015, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), donde se lee:

"Durante los interrogatorios suceden a menudo torturas y malos tratos. Los asesinatos de presos por parte de la Policía o del personal de la cárcel continúan y no son unos meros hechos aislados ... las condiciones de detención se corresponden a menudo con tratos crueles, inhumanos y degradantes. La elevada sobrepoblación genera condiciones caóticas en las estructuras y tiene un gran impacto en las condiciones de vida de los presos y en el acceso de ellos a la comida, agua, asistencia jurídica, salud, ayudas psicológicas, oportunidades recreativas, como también a la luz del sol, aire fresco y recreación ... La impunidad sigue siendo la regla en vez que la excepción en parte debido a los procedimientos y prácticas con muchas fallas en el control y en la documentación".

La misma sentencia también alude a otro informe del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, de 2017, que se expresa en los siguientes términos:

"La subcomisión observa que los presos suelen ser reacios a denunciar las torturas y los malos tratos que padecen por miedo a sufrir represalias ... La subcomisión ha relevado un ambiente intimidatorio y represivo en los centros de detención visitados ... En algunas estructuras en el Estado de Río de Janeiro la subcomisión escuchó declaraciones verídicas de violencias físicas y graves amenazas verbales por parte de los oficiales responsables de mantener la seguridad. Los presos en aquellas estructuras manifiestan un gran temor a ser atacados por reportar los malos tratos sufridos ... Como durante la primera visita, la subcomisión observó que en casi todas las estructuras de detención masculinas visitadas, la ocupación supera de mucho la capacidad estimada de la estructura. Según el INFORME del Gobierno de 2014, el nivel medio de ocupación de las cárceles brasileñas era del 161 % de su capacidad ... En algunas estructuras la subcomisión registró malos tratos inhumanos y degradantes en forma de una grave subpoblación combinada con condiciones de extrema pobreza, falta de agua limpia y de sistema de aireación, un difundido temor a sufrir violencia y una falta de acceso a las actividades diarias ... la subcomisión considera que esta sobrepoblación afecta a la salud física y mental y a la dignidad de los presos, sometiéndoles a un aumento del riesgo de infección y estrés ... La subcomisión está profundamente preocupada por los episodios de extrema violencia, incluidos los homicidios, que tienen lugar entre los presos, en las estructuras sobrepobladas. La subcomisión releva que dicha sobrepoblación empeora el nivel de estrés de los presos, obligándoles a competir por espacios y recursos limitados, cosa que se traduce en comportamientos agresivos y aumento del riesgo de violencia no solo entre los propios presos, sino también con el personal. A pesar de las garantías dadas en 2012, la sobrepoblación en las estructuras carcelarias sigue siendo un problema ... En algunas estructuras, la subcomisión ha relevado que las unidades sanitarias carecen de los adecuados recursos financieros, materiales y humanos".

Además, la sentencia del tribunal italiano se refiere a otra del Supremo Tribunal Federal de Brasil, de fecha 9 de septiembre de 2015, que contiene los siguientes argumentos.

"... en el sistema penitenciario brasileño se produce una extensa violación de los derechos fundamenta/es de los presos en tema de dignidad, higiene física e integridad psicológica. La sobrepoblación de las cárceles y de los precarios cuarteles locales y las celdas de las Comisarías constituyen, además que un fracaso para el Estado, un trato inhumano, degradante e indigno para quienes se encuentran en estado de detención. El Supremo Tribunal observa como este contexto viola los principios de dignidad humana, las prohibiciones de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes también previstos en la Constitución Brasileña; además, infringe los acuerdos internacionales y las leyes internas de ejecución penal (entre otras, el derecho de tener una celda individual salubre y con una superficie mínima de seis metros cuadrados)... No existen estructuras aptas para la existencia humana. Las precarias estructuras hidráulicas, sanitarias y eléctricas y las celdas sucias, sin iluminación y ventilación representan un constante peligro y un riesgo para la salud, porque expuestas a agentes infecciosos. Las zonas de aseo y de sol comparten espacio con alcantarillas abiertas por donde corren orinas y heces. Los presos no tienen acceso al agua para lavarse e hidratarse y la comida que reciben es de baja calidad. En algunos casos deben comer con las manos o en bolsitas de plástico. No reciben material higiénico básico, como papel higiénico, cepillos de dientes o, para las mujeres, tampones... en el sistema penitenciario brasileño se produce una extensa violación de los derechos fundamentales de los presos en tema de dignidad, higiene física e integridad psicológica. La sobrepoblación de las cárceles y la precariedad de las estructuras ... además del incumplimiento por parte del Estado del sistema legal correspondiente, constituye un hecho degradante, ultrajoso e indigno para los presos. Las penas de reclusión impuestas en nuestras cárceles se convierten en penas crueles e inhumanas".

La mencionada sentencia del Tribunal de Apelación de Turín deniega una extradición solicitada por Brasil, además de por las deficientes condiciones generales del sistema de prisiones, porque, según la información remitida por dicho Estado, el tratamiento penitenciario que recibiría en el caso concreto el reclamado sería el ingreso en un circuito protegido (sector de los vulnerables), del que no se aportan datos sobre ocupación del centro correspondiente, siendo tales garantías con toda probabilidad las mismas que ya se ofrecieron respecto de otro extraditado, finalmente entregado, que una ulterior visita de inspección de la fiscalía italiana reveló insuficientes, puesto que los presos del circuito protegido de los vulnerables estaban expuestos a cambios radicales de sus condiciones que determinaban un tratamiento equivalente al que se dispensa al resto los reclusos y es objeto de censura por los organismos internacionales.

El apartado 6.º del artículo cuarto de la Ley de Extradición Pasiva dispone que no se concederá la extradición:

"Cuando el Estado requirente no diera la garantía de que la persona reclamada de extradición no será ejecutada o que no será sometida a penas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes".

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, respecto a las alegaciones de riesgo para los derechos fundamentales del reclamado como causa obstativa a la autorización de la entrega (entre otros, auto 1/2020, de 24 de enero, con cita del auto de fecha 8 de junio de 2018), se pronuncia sobre la cuestión en los siguientes términos:

"En los procedimientos de extradición la jurisprudencia del T. C. de forma reiterada viene reconociendo que cabe que se produzca la vulneración de estos derechos -a la vida, integridad física y moral y no ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes- cuando se acuerde la entrega a un país donde vaya a producirse tal violación... Para estimar esta eventual vulneración no cabe, como tienen establecido tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, exigir que la "persona acredite de modo pleno y absoluto la vulneración de sus derechos en el extranjero, de la que van a derivarse consecuencias perjudiciales para la misma, o que esa vulneración va a tener lugar en el futuro, toda vez que ello supondría normalmente una carga exorbitante para el afectado" ( STC 32/2003, de 13 de febrero). Así debe estimarse suficiente que se justifique la existencia un temor racional y fundado de que estos derechos del reclamado pueden ser vulnerados por parte de los órganos del Estado requirente, y deberá excluirse la entrega la entrega de sujetos que, presumiblemente, con cierto grado de seguridad, puedan sufrir vulneraciones relevantes, por existir al respecto un temor racional y fundado. En el mismo sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ello supone que es preciso que "el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado" y, además, no bastan alusiones o alegaciones "genéricas" sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos ( STC 148/2004, de 13 de septiembre).

En el Auto de 05.03.2019 [...] señalábamos que "Reiteradamente este Pleno (auto 15.12.15 que recoge la doctrina de las STC 199/20119, 91/2000, 32/2003, 148/2004 y 140/2007 y asimismo las sentencias del TEDH 1989, 13, 1996, 69 y la de 11.7.200; auto 9/2015 y auto de 22 de junio de 2018 entre otros muchos) ha afirmado que para que por el órgano judicial español competente pueda denegar la entrega de una persona reclamada en virtud de un procedimiento extradicional o de OEDE con fundamento en la existencia de un riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado en caso de accederse a la entrega, es preciso que se hayan aportado determinados y concretos elementos que sirvan de apoyo razonable a su argumentación, lo que implica que el temor o riesgo además han de ser fundados, debiendo efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos, sin que sea suficiente la formulación de vulneración de los derechos por parte de los órganos de un Estado extranjero. La STC 181/2004 ha precisado en la línea del TEDH, que para activar el específico deber de tutela que corresponde a los órganos judiciales competentes en materia de extradición, no basta con alegar la existencia de un riesgo, sino que es preciso que el temor o riesgo aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el reclamado y, además, no bastan alusiones o alegaciones genéricas sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de aportar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos".

En el presente caso,los informes del Comité contra la Tortura y de ACNUR, antes citados, así como la también mencionada sentencia del Tribunal Supremo Federal de Brasil ponen de manifiesto la existencia de deficiencias generalizadas en el sistema penitenciario de dicho país incompatibles con el respeto a los derechos humanos de las personas internas en los centros pertenecientes a dicho sistema. Por otro lado, de los artículos de prensa aportados por la defensa, se desprende la existencia de las muertes violentas de dos reclusos, producidas en 2022, en el plazo de pocos meses, en el centro penitenciario concreto en el que el ahora reclamado estuvo internado. Finalmente, la sentencia del Tribunal de Apelación de Turín revela la insuficiencia de las garantías aportadas por Brasil respecto al tratamiento penitenciario a dispensar a personas reclamadas a Italia. Por tanto, no nos encontramos ante alegaciones meramente genéricas relativas a deficiencias estructurales, sino ante un auténtico riesgo concreto de que los derechos fundamentales del penado puedan ser vulnerados en caso de que se autorice la entrega de manera incondicionada.

En virtud de todo lo expuesto, la Sala estima procedente en el presente caso condicionar la entrega del reclamado a la prestación por el Estado requirente de unas garantías reforzadas, relativas a las condiciones del tratamiento penitenciario que vaya a dispensarse, a fin de asegurar que el cumplimiento de la pena sea compatible con el pleno respeto a los derechos fundamentales del penado, reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966.

Por cuanto antecede,