Auto Penal 393/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 4/2023 de 24 de julio del 2023

PRIMERO- La extradición entre el Reino de España y la República de Turquía, se rige, a tenor del artículo 13.3 de la Constitución Española por:

El Convenio Europeo de Extradición, hecho en Paris el 13 de diciembre de 1957 (BOE de 8 de junio de 1982) y los Protocolos Adicionales de 15 de octubre de 1975 y de 17 de marzo de 1978 (BOE de 11 de junio de 1985)

Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva.

SEGUNDO- No se cuestiona la identidad de la persona reclamada, estando recogida en el antecedente primero de esta resolución y siendo coincidentes con la de la persona con la que se ha entendido el presente procedimiento.

Se trata del ciudadano turco Baltasar, nacido en Bursa (Turquía), el NUM001 de 1958, con carta de identidad NUM000, que en la vista extradicional manifestó no querer ser extraditado dado que vivía en Inglaterra, donde trabajaba y vivía su hijo.

Está acogido al principio de especialidad extradicional.

TERCERO- Se cumplen los presupuestos documentales, relacionados en el antecedente fáctico segundo, así como los principios de doble incriminación y de mínimo punitivo.

En lo que respecta al principio de la doble incriminación, la defensa del reclamado sostuvo que no concurría ni fáctica ni normativamente. Expuso que el relato ofrecido por las autoridades judiciales turcas era confuso, incomprensible e ininteligible, comentándose en aquel en relación a Baltasar que había entregado un cheque sin fondos, haciéndose una especie de responsabilidad colectiva sin especificar la intervención de cada uno de los citados en los hechos.

Ciertamente los hechos tal como figuran relatados presentan un déficit de claridad que dificultan por su redacción saber lo que se atribuye, referido a que en el seno de un banco y a través de las sociedades nombradas entre los hechos, se proporcionaron unos préstamos a unos clientes, sin información y conocimiento de la sociedad a cuyo favor se otorgó, emitiéndose un talonario de cheques sin tampoco saberlo la entidad supuestamente prestataria, que se empleó por las personas señaladas en la información suministrada por las autoridades turcas además, y esto es lo nuclear, que entre varias personas, incluida Baltasar , realizaron transacciones de las cuentas de los clientes bancarios sin su conocimiento, sufriendo con ello el banco las pérdidas económicas que detallan y que se enmarca en el delito de malversación de fondos calificados de forma encadenada.

Los hechos consisten en la concesión de créditos para empresas sin su conocimiento, realizándose cambios en las cuentas de éstas, de las que sustraían el montante dinerario, emitiendo cheques bancarios igualmente sin su conocimiento, y, tramitando cheques sin fondos, transfiriendo el dinero a las cuentas de terceros, los investigados a nombre de unas sociedades,, siendo varias las empresas víctimas de lo acontecido, efectuándose operaciones bancarias en la cuenta de tales empresas sin contar con el consentimiento de las mismas.

La participación del reclamado está mencionada en el relato fáctico inserto en la reclamación extradicional, siendo Baltasar una de las personas que lleva a cabo la operativa de distracción de fondos mediante la concesión de créditos supuestamente a sociedades (que no lo sabían) de cuyos importes aquel se benefició, al margen de que se le cite como cómplice de otro de los igualmente mentados en los hechos, sin que el término "cómplice" parezca vincularse o se emplee para establecer una categoría de participación menor que la de autor según la conceptuación penal, como sostiene la defensa del reclamado cuando abordó la prescripción para que partiendo de ello se tuviera en cuenta por la degradación penológica que en ese caso pueda suponer y en derivación, a tenor de la pena resultante disminuir el plazo temporal a transcurrir para que opere la prescripción, sino asimilado a connivencia, confabulación o contubernio entre los coparticipes.

Los hechos, de otro lado, están igualmente relatados y con mayor nitidez, por la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, ubicando en aquellos al reclamado, como socio y única autoridad signataria de la empresa Nego Tekstill sociedad limitada de industria y comercio, colaborando con un tercero que trabajaba en la sucursal bancaria de Gunesli Meyda y en el banco Ypi ve Kredi-compañía anónima de Estambul, y que tras realizar transacciones financieras de las cuentas de los clientes de los citados bancos sin su consentimiento, el reclamado recibió tres transferencias de dinero desde la cuenta de una de las empresas, también cliente del banco, librando cheques contra la cuenta de ésta, sin su consentimiento.

Con ello, no se comparte que no se establezca en el relato fáctico la indeterminación de la cuantía en lo que se refiere al reclamado, dado que es la global que figura reseñada en aquel teniendo en cuenta que se trató de una conducta la desplegada concertada con otro u otros, al margen del beneficio particular logrado, siendo el relevante el causado que supera con creces la cantidad de 50.000€ del artículo 250.1.5º del Código Penal español, en coincidencia con lo que prevé el artículo 160/1-2 de la Ley Bancaria turca con el Número de 5411.

Por la República de Turquía, los hechos se subsumen en un delito del artículo 160 de la Ley Bancaria número 5411 con pena prevista en el tipo básico de prisión de seis a doce años.

Conforme al Código Español los hechos pueden constituir un delito de apropiación indebida de los artículos 253 y 250.1.5º, con pena prevista de uno a seis años de prisión.

En otro apartado del escrito de alegaciones previo a la vista, en el que se presentó el día anterior a la misma y en su seno, se abordó por la defensa del reclamado la prescripción, concluyendo que dicho instituto había operado.

A tal efecto, aludió a uno de los pasajes de la documentación extradicional, denominado EL ESTATUTO DE LIMITACION, de cuyo tenor, considera que se ha producido la prescripción.

Dice así dicho pasaje "Por el tipo de delito cometido en cadena, se debe aceptar como fecha del delito la fecha 03/07/2012, es necesario que es la fecha del delito relacionada con el último hecho, de conformidad con el artículo 66/1-d de la Ley Nº 5237, el 03/07/2032 es el plazo de la prescripción original y de conformidad con el artículo 67/3, el 03/07/2042 es el plazo de prescripción del plazo ampliado."

Es claro que conforme a la regulación turca los hechos no han prescrito ni conforme a la prescripción que denominan originaria ni por la de plazo ampliado.

Sin embargo, se tendrá que examinar si conforme a la regulación española se ha producido la prescripción contemplada en el artículo 10 del Convenio Europeo de Extradición al decir de éste precepto que "No se concederá la extradición si se hubiere producido la prescripción de la acción penal o de la pena, con arreglo a la legislación de la Parte requirente o a la de la Parte requerida".

A tal efecto cobra relevancia la fecha inicial del cómputo facilitada por Turquía de 03/07/2012, partiendo de que no goza de naturaleza interruptiva la orden de captura emitida por el Tribunal 8º Penal Superior de Estambul de 08/07/2021.

Los hechos a tenor del pasaje más arriba trascrito, los datan las autoridades turcas en la fecha de 03/07/2012 (en lo que denominan en cadena, que podía ser continuidad delictiva), conforme al Código Penal español la prescripción, para una pena prevista de seis años de prisión que es la que procede según el artículo 250.1.5º en relación con el 253 del Código Penal, opera a los diez según el artículo 131 de dicho Texto Legal, lo que puede llevar a concluir que han transcurrido el 03/07/2022, esto es, con anterioridad a la detención de Baltasar que se materializó el 06/01/2023 , dictándose auto de prisión provisional por el Juzgado Central de Instrucción el día 7 de enero siguiente, y, habiendo tenido entrada por vía diplomática la nota verbal de la Embajada Turca el día 03/02/2023 solicitando la extradición de dicha persona.

El Ministerio Fiscal, en su escrito de alegaciones previo a la vista, entendía que la fecha a cuyo partir procedía efectuar el cómputo de los diez años, era la de 02/05/2013 con lo que los hechos no estaban prescritos.

Dicha fecha aparece entre el relato fáctico suministrado por las Autoridades de Turquía, pero vinculada a la de cuantificación del perjuicio económico global acrecentando a otra cifra anterior, lo que no supone una actuación en el devenir delictivo.

En el mismo relato fáctico aparece la fecha de 01/11/2013 referida a un cheque que ese día "se procesó como cheque sin fondos"

En otro apartado de los hechos, figuran las fechas de 24.05.2013 y 5/2013 que se vincula a diligencias varias, y con mención expresa de la acusación, declaraciones de los denunciantes, registros bancarios e informes de investigación. Otras fechas se refieren a cheques con fecha de emisión de 06/07/2013 y 31.05.2013.

Las diligencias más arriba relacionadas son de las que tienen naturaleza interruptiva dado que van encaminadas al esclarecimiento de los hechos conforme al tenor del artículo 66 del Código Penal Turco con el Número 5237, que incluye entre las que dotan de esa característica:

-El tomando su declaración o interrogatorio acerca de uno de los acusados ante el fiscal.

-El dado de la decisión de arrestar, acerca de uno de los sospechosos o acusados.

-El arreglo de la acusación respecto al crimen.

Se añade en la información turca que "Se interpuso demanda pública contra el acusado Baltasar con la acusación antes mencionada por el delito de violación a la ley Bancaria con el Número de 5411. El caso no puede ser concluido porque el acusado es un fugitivo. Por nuestro Juzgado en la fecha de 07.08.2021 se emitió orden de aprehensión para arresto del acusado"

De los datos expuestos, se ha de tener en cuenta que tras los hechos datados de 3 de julio de 2012, se practicaron las diligencias señaladas en la documentación extradicional y se ha acusado al reclamado. Con ello no es inequívoco que haya operado la prescripción que conforme a la regulación turca no tenía necesidad de reparar en aquellas a efectos interruptivos dado que operaría el 3 de julio de 2032 o el 3 de julio de 2043, pero que a efectos de la prescripción conforme a la regulación española han de ser tenidas en cuenta, concluyéndose que las mismas encaminadas a la averiguación de los hechos, habiéndose solicitado como también informan, de los antecedentes penales de los sospechosos y el reclamado ha sido acusado, son datos todos indicativos de que el procedimiento tras la fecha de 3 de julio de 2012 ha proseguido su curso instructorio encaminado a descubrir la verdad, acusando al reclamado y cursando la orden de captura en fecha de 8 de julio de 2021, que si bien no tiene esa naturaleza interruptiva, alerta de que con anterioridad se practicaron las diligencias antes referidas extensiva a la formulación de acusación (en la solicitud de extradición en el apartado INFORMACION SOBRE LA ACUSACION: Fiscalía Principal que organiza la acusación: Fiscalía Principal de Estambul, la fecha y el número:14/11/2013-2013/128246 La acusación con número de investigación), debiendo cursarse la orden de captura en la fecha indicada de 8 de julio de 2021, de modo que no es la fecha de 3 de julio de 2012 la que hay que tener en cuenta exclusivamente sino las actuaciones posteriores practicadas.

La prescripción ha de estar plenamente constatada, no siendo el caso, por lo expuesto, dado que tras el último acontecimiento delictivo se inició y desenvolvió un proceso penal que acumuló elementos probatorios que cuestionan sobremanera la paralización del proceso penal turco y con ello entrar en juego la operatividad y efectos del instituto de la prescripción.

QUINTO- En cuanto a la aplicación de la doctrina Petruhhin, por ostentar el reclamado la nacionalidad británica, según el pasaporte expedido por el Reino Unido de Gran Bretaña y Norte de Irlanda, el 13 de diciembre de 2018, con número NUM002, además de que no ser vinculante para este Tribunal la decisión del Auto de 8 de febrero de 2023, 73/2023, de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sin por ende esperar a lo que se resuelva en la cuestión prejudicial planteada en dicha resolución, la decisión actual del Pleno de la Sala de lo Penal va en dirección contraria en sintonía con el mismo criterio mostrado por las autoridades del Reino Unido, lo que descansa en que actualmente las personas con nacionalidad británica no están amparadas por la libre circulación en el ámbito de la Unión Europea de la que el Reino Unido no forma parte y con ello con la facultad de decidir jurisdiccionalmente sobre los hechos objeto de reclamación extradicional de sus ciudadanos instada por un tercer Estado acontecidos fuera de su territorio.

SEXTO- Finalmente, se aduce como causa de denegación de la extradición, el riesgo de sufrir tratos inhumanos y degradantes así como vulneración de los derechos más básicos del reclamado.

En el supuesto examinado las penas previstas por los delitos a que se contrae la reclamación extradicional no se encuentra entre las penas inhumanas sino que son privativas de libertad en un marco penológico que no se puede tachar de desproporcionado, sin que en lo que respecta al reclamado se cuente con dato alguno que alerte de que será sometido al trato denunciado, cuando, de la documentación recibida se comprueba que se ha seguido un proceso penal con absoluta regularidad en el que se han practicado las diligencias antes citadas y, tras las mismas, se ha acusado al reclamado que por no ser localizado, se ha cursado por un Tribunal de Justicia la orden de captura.

De otro lado, Turquía forma parte del Convenio Europeo de Extradición, y con ello, está sujeta a los compromisos internacionales en los que se implica, con mención expresa del Convenio Europeo de Derechos Humanos, además de que en la reclamación extradicional entre las garantías que relaciona, alude precisamente a esa misma consideración aduciendo igualmente que contará el reclamado con los derechos legales.

Por todo ello, el Tribunal ACUERDA,