Auto Penal 544/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 97/2023 de 27 de noviembre del 2023

PRIMERO. Normas jurídicas aplicables a la extradición.

A la extradición entre el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Reino de España le es aplicable:

- El Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito en Bruselas el 24 de diciembre de 2020, con entrada en vigor el 1 de enero de 2021, en su versión actual ratificada por el Parlamento Europeo en abril de 2021 y en vigor desde el 1 de mayo de 2021.

- Subsidiariamente, la Ley 4/1985, de Extradición Pasiva, de 21 de marzo de 1985.

El Convenio suscrito entre la Unión Europea y el Reino Unido prevé la cooperación entre ambos para el enjuiciamiento y la ejecución de las sanciones penales, que permitirá reforzar la seguridad entre ambos, de forma que: "La cooperación a través de la orden de detención será necesaria y proporcionada teniendo en cuenta los derechos de la persona buscada y los intereses de las víctimas, y considerando la gravedad del acto, la pena que probablemente se impondría y la posibilidad de que un Estado adopte medidas menos coercitivas que la entrega de la persona buscada, en particular en vistas a evitar periodos de prisión preventiva innecesariamente prolongados" (artículo 597 del Acuerdo).

El artículo 599.1 del Acuerdo tiene el siguiente tenor: "Ámbito de aplicación. 1. Se podrá dictar una orden de detención por hechos castigados por la legislación del Estado emisor con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea de al menos doce meses o, cuando se haya dictado sentencia o se haya señalado una medida de seguridad privativa de libertad, para penas o medidas privativas de libertad no inferiores a cuatro meses".

SEGUNDO. Cumplimiento de las formalidades legales de la extradición.

A) Requisitos relativos a la persona cuya extradición se solicita.

1. No se cuestiona la identidad de la persona reclamada, habiendo reconocido el compareciente en la vista ser Victoriano, con los restantes datos que se han dejado escritos en el encabezamiento.

Constan dos procesos penales que se siguen en España contra el mismo, que ya han sido reseñados.

No tiene nacionalidad española.

2. No puede afirmar el Tribunal haya quedado acreditado que fuere residente en nuestro país en las fechas de los hechos sobre las que se basa la reclamación.

En efecto, aunque en la vista el señor abogado del reclamado dijo que éste, cuando los hechos, no estaba en el Reino Unido, y ni ello, ni que estuviera en España, ha quedado probado en absoluto, y los indicios que sí concurren apuntan a favor de que se encontraba en territorio británico.

Así, dejando al margen aseveraciones sólo incluidas en la reclamación, que son propias de las autoridades británicas, los hechos de los dos procedimientos penales que se siguen por Juzgados españoles referidos pertenecen a fechas muy posteriores a las de los hechos de la presente reclamación (abril y mayo de 2020).

En segundo término el reclamado no ha aportado documento alguno que permita ubicarlo en España en estas últimas fechas. Sí ha aportado un contrato de arrendamiento fechado en mayo de 2023; es claro que, de haber tenido un documento análogo, pero referido a 2020, lo hubiera, al menos, invocado, y no ha sido el caso, de donde sólo cabe inferir que no lo ha tenido nunca.

En tercer lugar, teniendo el reclamado una niña nacida en 2013 ( Tomasa), de nacionalidad británica, como su padre y como su madre, le hubiera sido muy fácil acreditar que en 2020 estaba escolarizada en España, y nada ha proporcionado al respecto.

En cuarto término el propio reclamado, en la comparecencia ante el Juzgado de 11 de septiembre, dijo que llevaba en España dos años y medio, que es periodo de tiempo poco preciso, pero que, en todo caso, hace que quede muy atrás el bimestre de autos (abril y mayo de 2020). Para abarcar éste, tendría que haber expresado que llevaba en España no dos años y medio, sino, como mínimo, tres años y medio.

De manera que cualquier pretensión del señor abogado que se basare en que el reclamado estuviera en España en esa parte de la primavera de 2020 no puede prosperar.

Y tampoco éste prueba, ni por indicios livianos, que no estuviere en el Reino Unido, su patria, pero sí en otro Estado.

3. Tampoco considera el Tribunal que el reclamado, en el momento de la expedición de la orden de detención, fuera residente en España.

En el artículo 604 b) del Convenio se dispone: "La ejecución de la orden de detención por parte de la autoridad judicial de ejecución podrá supeditarse a las siguientes garantías: (...) b) cuando la persona que es objeto de la orden de detención a efectos de entablar una acción penal sea nacional del Estado de ejecución o resida en él, la entrega de dicha persona podrá supeditarse a la condición de que la persona, tras ser oída, sea devuelta al Estado de ejecución para cumplir en este la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que pudiera pronunciarse en su contra en el Estado emisor (...)".

No ha sido acreditada debidamente la residencia, por más que se hubieren acompañado algunos documentos al efecto, y que el reclamado, en la vista, la mencionare.

Así, no prueban una residencia efectiva:

a) Un contrato de arrendamiento, en el que el reclamado aparece como arrendatario, porque ello es perfectamente compatible con una mera forma vacía de contenido. De hecho, no hay, y es sumamente fácil de conseguir, no ya un documento de empadronamiento, sino cualesquiera documentos que invitaren a creer que la vida habitual, cotidiana, se despliega, por el reclamado, en la localidad alicantina de DIRECCION013. Tampoco consta documento alguno que reflejare el pago de la renta, ni está en el contrato el número de cuenta bancaria donde debería verificarse, ni el ingreso de la fianza en el correspondiente departamento administrativo. En definitiva, el contrato de arrendamiento presentado no es apto para la finalidad de que el Tribunal crea que el reclamado reside en España.

b) Un número de asignación como extranjero, que puede obtenerse en un momento dado -en el caso tiene fecha de 19 de noviembre de 2019, y el lugar de expedición es DIRECCION014-, pero en absoluto acredita residencia efectiva en nuestro país.

c) Un presupuesto de un examen oftalmológico de una óptica sita en DIRECCION015, que, todo lo más, acredita que se pasó por allí.

d) Una matriculación en un programa de acceso al mercado laboral, en Madrid, a desarrollar en dos días, del que puede aseverarse lo mismo.

Los demás documentos son completamente irrelevantes para la demostración de la residencia en España. El de la escolaridad de la niña está sólo en idioma inglés y por lo tanto no es utilizable.

4. No debe olvidarse que en nuestro país se siguen dos procesos judiciales contra el reclamado, y que en los mismos cabe esperar la celebración de sendos juicios en los que el reclamado ocupará la posición de acusado.

Acontece, además, que en uno de esos dos procesos -el seguido, por el momento, ante el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Burgos-, el reclamado se encuentra en situación de prisión provisional.

Todo lo que determina que la materialización de la entrega efectiva del mismo a las autoridades del Reino Unido deba quedar en suspenso, supeditada a dichos procesos españoles.

En general, la preferencia para el sometimiento del reclamado es de los órganos jurisdiccionales españoles, de manera que si éstos han de tener físicamente disponible al aquí reclamado para celebrar con él actos propios del proceso en los que debiera estar presente, la efectiva entrega del mismo a las autoridades británicas aguardará.

B) Sobre si son aplicables las causas de denegación obligatorias o facultativas previstas en los artículos 600 y 601 del Acuerdo.

En estos artículos se relacionan los "Motivos para la no ejecución obligatoria de la orden de detención".

En el artículo 601.1.d), como un motivo "para la no ejecución de la orden de detención", se contempla el siguiente:

"La ejecución de la orden de detención podrá denegarse: cuando haya prescrito el delito o la pena de la persona buscada con arreglo al Derecho del Estado de ejecución y los hechos sean competencia de dicho Estado en virtud de su propio Derecho penal".

Es muy claro que ni el delito contra la salud pública de sustancia que no causa grave daño a la salud, ni el delito contra la salud pública de sustancia que sí causa grave daño a la salud, ni el delito de asesinato, así estuviere en los primeros pasos de preparación, de haber ocurrido todos ellos en territorio español, en los meses de abril y mayo de 2020, estarían prescritos al tiempo de la emisión de la orden de detención, en el verano de 2023.

Tampoco se ha invocado como motivo de oposición a la extradición que se hubiera alcanzado la prescripción con arreglo a la legislación española, por lo que no se consideran precisos más detalles, puesto que la cuestión no ha sido ni introducida en el debate.

En cuanto a la prescripción conforme a la legislación británica, expresamente se dice en los documentos recibidos desde las autoridades británicas que no se ha alcanzado.

Tampoco se ha invocado lo contrario desde el señor abogado del reclamado, ni desde éste.

No puede sorprender entonces que el Ministerio Fiscal no haya destinado apartado alguno de su escrito de petición de acogimiento de la extradición a esa cuestión, más allá de mencionar que los presuntos delitos no habrían prescrito.

C) Requisitos documentales.

Específicamente con la "Orden de Acuerdo de Colaboración y Cooperación" se ha recibido el formulario que se acomoda a la Decisión Marco declarada vigente por el artículo 632 del Acuerdo. En el mismo se contienen los datos que figuran en el artículo 606 del mismo Acuerdo relativos a identidad y nacionalidad, naturaleza y tipificación de los delitos, descripción de éstos con sus circunstancias, con momento, lugar y grado de participación en el mismo de la persona cuya extradición se pretende. Se indican también las penas previstas.

D) Requisitos formales respecto a los hechos penales motivadores de la solicitud de extradición.

1) Doble incriminación y mínimo punitivo, conforme al artículo 599 del Acuerdo.

Los hechos son constitutivos de delito tanto por la legislación penal española como por la del Reino Unido, y en los dos casos las penas privativas de libertad previstas para cada uno de los cuatro delitos son, en cuanto a su duración máxima, de extensión superior a doce meses.

Conforme a lo consignado en el formulario, la pena máxima para el delito contra la salud pública de sustancia que no causa grave daño a la salud, en el Reino Unido, podría llegar a catorce años de prisión, mientras que la pena máxima para los otros delitos, que son, uno el delito de asesinato, y el otro el delito contra la salud pública de sustancia que sí causa grave daño a la salud, considerando en todos los supuestos de este último delito, la organización criminal, y la cantidad de notoria importancia, podría llegar a ser la prisión perpetua.

Ello conforme a la legislación británica, y conforme a la española, en todos los casos la pena máxima que podría imponerse superaría, con muchísima holgura, la pena de prisión por tiempo de doce meses, que es el mínimo punitivo fijado en el mencionado Tratado internacional.

Tampoco ha mostrado disconformidad el reclamado sobre esa conclusión, después de conocer la posición del Ministerio Fiscal, coincidente con la aquí recién expuesta.

Se cumplen por lo tanto los requisitos relativos a la doble incriminación y al mínimo punitivo.

2) Se cumple también con el principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 597 del Acuerdo, sin que exista la posibilidad de adoptar medidas menos coercitivas que la entrega de la persona buscada.

3) En otro orden de cosas, respecto de los delitos supuestamente cometidos y que basan la petición de entrega, el Estado de ejecución, es decir, España, no tiene jurisdicción para el conocimiento y fallo de los mismos, pues no se sostiene ni contempla otro lugar de comisión que el propio territorio británico.

4) Los delitos en que se basa la petición de extradición no están cubiertos por indulto ni España es competente para perseguirlos (artículo 600.1 a) del Acuerdo).

5) Los delitos no revisten naturaleza política ni se observa que estemos ante delitos comunes pero perseguidos por motivos políticos o discriminatorios (artículo 602 del Acuerdo).

6) Observación del principio de especialidad lo que determinará la prohibición de persecución por hechos distintos de los que motivaron la solicitud de extradición (artículo 625.2 del Acuerdo).

E) Requisitos relativos a las cuestiones procesales.

1) Extensión de la jurisdicción del Estado de emisión para el conocimiento de los delitos por los que pide la extradición: le viene dada porque dichos delitos se cometieron presuntamente en territorio de aquél ( artículo 601.1 g) del Acuerdo, artículo 3.1 de la Ley de Extradición Pasiva, artículos 21 y 23.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 8 del Código Civil).

2) Naturaleza del órgano jurisdiccional competente para conocer del proceso penal, pues la reclamación extradicional se ha efectuado por un tribunal permanente, y no de excepción o de semejante naturaleza ( artículo 4.3º de la Ley de Extradición Pasiva, y articulo 24.2 de la C.E.).

3) Cosa juzgada y litispendencia, no existiendo en el expediente datos que pudieran propiciar la denegación de la extradición por estos dos institutos procesales ( art. 600.1 b) del Acuerdo y artículo 4.5 de la Ley de Extradición Pasiva).

4) No consta se hubiera decidido en España incoar procedimiento penal por los mismos hechos en que se basa la petición de extradición (artículo 601.1 c) del Acuerdo).

5) Los hechos constitutivos de los presuntos delitos no se cometieron en territorio español, ni en todo ni en parte, ni en lugar asimilado a territorio español (artículo 601.1 g) del Acuerdo).

6) No existen motivos fundados para creer que la protección de los derechos fundamentales de la persona buscada pudiera quedar en riesgo por la extradición.

Así, será adecuadamente defendido en todo el proceso penal británico; no se vulnerará su derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto que el trámite judicial se ha iniciado y pende su instrucción y su enjuiciamiento, además de que gozará del derecho a recurrir ante instancia superior. Además, respecto de la posibilidad de cadena perpetua, el Estado solicitante ha dado garantías de revisión, tal y como se ha expresado supra.

Entonces, al concertar el tratado internacional, el Acuerdo, quisieron las partes la entrega, para hechos y circunstancias como las del presente caso, y las autoridades judiciales españolas, ahora, sólo tienen que dar cumplimiento a lo convenido.

Así que no se aprecian por el Tribunal motivos para denegar en esta vía o sede judicial la extradición solicitada respecto de este reclamado, esto es, el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España; por todo lo que deberán efectuarse, en consecuencia, los pronunciamientos a expresar en la parte dispositiva de esta resolución.

Por cuanto antecede,