Auto Penal 607/2023 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 24/2023 de 30 de noviembre del 2023

PRIMERO. - El procedimiento de extradición entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela se encuentra regulado, conforme al art. 13.3 de la Constitución Española, por el Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de Venezuela, hecho en Caracas, el 4 de enero de 1989, siendo de aplicación supletoria a dicho Tratado la Ley de Extradición Pasiva

(L.E.P.)

SEGUNDO. - No se cuestiona la identidad de la reclamada, tratándose de la ciudadana de nacionalidad venezolana, Dña. Lina, nacida en Independencia, estado Anzoátegui, Venezuela, el día NUM000 de 1.955, hija de Alexander y de Maribel, con documento nacional de identidad de Venezuela nº NUM001, tal y como ha venido reconociendo y así lo afirmó en la vista extradicional

TERCERO. - Se cumplen los presupuestos documentales exigidos en el Tratado bilateral entre España y Venezuela (art. 15.2) atendidos los documentos remitidos vía diplomática por el Estado requirente, especificados en los antecedentes de esta resolución

CUARTO. - Concurren los principios de doble incriminación y mínimo punitivo conforme a los art. 1 y 2 del ya referido Tratado de Extradición de 1989. En la legislación venezolana, los hechos objeto de la reclamación constituyen los delitos de sicariato y de asociación para delinquir, previstos y penados en los arts. 44 y 37, respectivamente, de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que impone al delito de sicariato una pena de veinticinco (25) a treinta 830) años de prisión y al delitos de asociación para delinquir la pena de seis (6) a diez (10) años de prisión.

Tales hechos en España son susceptibles de ser calificados como de asesinato, previsto y penado en los arts. 139.1.2ª, en relación con los arts. 27 y 28 del Código Penal, castigado con la pena de quince (15) a veinticinco (25) años de prisión, y de pertenencia a organización criminal, tipificado en el art. 570 bis del Código Penal, y castigado con pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión.

QUINTO. - Los delitos objeto de la solicitud son ordinarios, no se advierte motivación espuria en la reclamación y no están prescritos atendida la fecha de la comisión y el iter procesal reflejado en la documentación. Es incuestionable la jurisdicción de Venezuela al ocurrir allí los hechos y conforme la documentación extradicional, el o los órganos competentes son ordinarios.

SEXTO. - Los motivos expuestos por la defensa de la reclamada para oponerse a su extradición son los siguientes:

a) Ser solicitante de protección internacional.

b) El hecho de encontrarse en España a la fecha de comisión de los hechos, lo que le impediría ser autora de los mismos.

c) No tener la garantía, dada la situación política en Venezuela, de ser sometida a un juicio justo.

d) Que la presente reclamación se efectúa de forma espuria, al ser opositora política al actual gobierno venezolano.

SÉPTIMO. - Respecto del primer motivo alegado, es doctrina reitera y consolidada de esta Sala (Autos del Pleno nº 7/2021, de 16 de febrero, 91/2021, de 20 de diciembre, 78/2023, de 8 de febrero, entre otros muchos), que la solicitud de protección internacional no paraliza el procedimiento de extradición; y todo ello, sin perjuicio de lo que pudiere resultar procedente respecto de la materialización de la entrega del reclamado, que deberá diferirse hasta la resolución de la solicitud de asilo en nuestro país presentada en nombre del mismo, de forma que la misma determina simplemente la suspensión de la materialización de la entrega en el caso de que se acceda a la demanda de extradición y hasta que se resuelva el correspondiente expediente administrativo de asilo, siendo una causa de no extradición el reconocimiento del asilo ( artículo 4.8 de la Ley de Extradición Pasiva).

Así lo dispone el art. 19.2 de la Ley 12/2009, Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria, cuyo primer inciso dispone: " Asimismo, la solicitud de protección suspenderá, hasta la decisión definitiva, la ejecución del fallo de cualquier proceso de extradición de la persona interesada que se halle pendiente", siendo la decisión definitiva la que se adopte en vía administrativa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29.1 de la Ley 12/2009, salvo que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 21.2 y 29.2 de la misma ley se interponga por la representación legal del reclamado un recurso contencioso-administrativo en el que solicite como medida cautelar la suspensión del acto administrativo recurrido y así se acuerde por la jurisdicción contenciosa-administrativa.

Por tanto, no cabe su denegación por este motivo, sin perjuicio de poder suspender la entrega cuando llegue el momento de su materialización hasta la resolución administrativa que se dicte.

OCTAVO. - Como segundo motivo de denegación a la entrega se alega que la reclamada llegó a España en fecha 18 de julio de 2018, y que desde entonces no ha abandonado nuestro país, por lo que no pudo haber participado en los hechos por los que es objeto de acusación en Venezuela, siendo así que la denuncia interpuesta frente a la misma es falta y se basa motivos espurios.

Es doctrina consolidada que no corresponde al tribunal extradicional en el sistema denominado continental, pronunciarse sobre la culpabilidad o la inocencia, ni siquiera valorar los indicios o pruebas que sustenten la imputación o acusación y, en su caso, la sentencia, correspondiendo en exclusividad a los tribunales del Estado requirente, aquí Venezuela, dado que el Tratado bilateral ya citado se encuadra en dicho sistema.

Ello no obstante, las autoridades requirentes han fijado en la documentación extradicional, y aportado, los elementos indiciarios en que se fundamenta su acusación, y entre los que se encuentra la declaración testifical de Marí Luz, quien manifestó saber que Lina , es la mama de Justino (hoy detenido) y ella fue quien financió eso desde España; así como la del ciudadano (testigo protegido) Bernardo., que declara que Lina hizo comentarios en su presencia de que quería matar a Ernesto, y le llegó a solicitar contratar unas personas para matar a su hermano Ernesto.

Estos datos, ofrecidos por la autoridad requirente, nos indican que no existía una imposibilidad material de que la reclamada hubiere participado en los hechos que se le imputan por el hecho de residir a la fecha de la comisión de los mismos en España, realizando el encargo y el pago para la comisión del asesinato desde nuestro país, si bien todo ello deberá dilucidarse ante la autoridad requirente, pues debemos recordar como la STC de 13 de marzo de 2006, afirma que " en relación con el propio carácter, alcance y finalidad del proceso de extradición este Tribunal ha declarado que en el vigente Derecho español la extradición pasiva o entrega de un ciudadano extranjero a otro Estado constituye un procedimiento mixto, administrativo-judicial, en el que se decide acerca de la procedencia o no de la entrega solicitada por dicho Estado en su demanda de extradición. En el proceso en vía judicial de la extradición no se decide acerca de la hipotética culpabilidad o inocencia del sujeto reclamado, ni se realiza un pronunciamiento condenatorio, sino simplemente se verifica el cumplimiento de los requisitos y garantías previstos en las normas para acordar la entrega del sujeto afectado. Se trata, pues, de un proceso sobre otro proceso penal previamente incoado o incluso concluido, sólo que a falta de la ejecución en otro Estado. Si los órganos españoles competentes estiman procedente la demanda de extradición, ello acarrea generalmente, como consecuencia directa e inmediata, la salida del sujeto del territorio español y su correlativa entrega a las autoridades del Estado requirente, y, como consecuencia indirecta, el posible enjuiciamiento y, en su caso, cumplimiento de una sanción jurídica de naturaleza penal en el ámbito del Estado requirente ( SSTC 102/1997, de 20 de mayo, FJ 6 ; 222/1997, de 4 de diciembre, FJ 8 ; 5/1998, de 12 de enero, FJ 4 ; 141/1998, de 29 de junio, FJ 3 ; 156/2002,de23 de julio , FJ 3)".

En el presente caso, por lo tanto, el hecho de que la reclamada se encontrase residiendo en España a la fecha de comisión de los hechos no es óbice para su posible participación en los mismos, en la forma en que se describe en la demanda extradicional, por lo que dicho motivo deberá ser desestimado.

NOVENO. - Mediante los dos últimos motivos de oposición a la entrega se interesa la denegación a la misma al considerar que en Venezuela la reclamada no va a ser objeto de un juicio sujeto a las reglas del debido proceso, dada la situación política de dicho Estado, así como porque la presente reclamación no es sino una forma de llevarse a cabo una persecución política, dada la militancia de la reclamada en un partido opositor al actual régimen venezolano.

Para acreditar dicha circunstancia se acompaña un escrito suscrito por el Secretario General de Acción Democrática, en el que se expone la militancia de la reclamada en dicho partido político, un informe médico forense, de fecha 9 de junio de 2018 y un acta de investigación criminal en la que se hace constar que respecto de dichas lesiones, que se habrían causado en el curso de un intento de secuestro, las personas entrevistadas (moradoras del lugar) señalaron no tener conocimiento del hecho que se investiga.

En relación con las anteriores alegaciones, procede recordar que, como señalamos en autos de Pleno de fechas 23 de octubre de 2020 y 16 de octubre de 2020, "lo que se debe hacer tanto en vía gubernamental, como en vía jurisdiccional es, comprobar si el sistema de aquél respeta los mínimos esenciales en cuanto a derechos y garantías, y el resultado de dichas comprobaciones debe ser ponderado con el objetivo y finalidad de la extradición, que es la defensa y el respeto al principio de seguridad internacional, que también afecta a nuestro Estado, y que implica el respeto a la ejecución de las decisiones jurisdiccionales de carácter penal. Esa seguridad implica legalidad, certeza e interdicción de la arbitrariedad, de tal suerte que se pueden prever las consecuencias de los actos ( STC 91/2000, de 30 de marzo)".

Añadimos en dichas resoluciones que no existiendo dato objetivo alguno de que en caso se accederse a la extradición no se iban a respetar los derechos y garantías del reclamado, máxime cuando este Tribunal ha venido reiteradamente (Autos de 15 y 30 de septiembre de 2016, de 5 de diciembre de 2016, de 21 de julio de 2017, de 22 de diciembre de 2017, y de 11 de enero de 2019, entre otros muchos) que "no bastan las alegaciones genéricas sobre la situación de los Derechos Humanos y del sistema jurídico penal y carcelario del Estado reclamante, si la parte no hace alegación alguna concreta en relación con la persona o derechos del reclamado".

La STC 351/2006, de 11 de diciembre, con cita de la doctrina expuesta en la STC 49/2006, de 13 de febrero, decía: "El procedimiento de extradición exige una cuidadosa labor de verificación por el órgano judicial en relación con las circunstancias alegadas por el reclamado, con el fin de evitar que, en caso de accederse a la extradición, se pudiera convertir en autor de una lesión contra los derechos del extraditado, bien porque hubiera contribuido a que la lesión de un derecho ya acaecida en el extranjero no fuera restablecida o a que no se impidiera que de la misma se derivaran consecuencias perjudiciales para el reclamado, bien porque, existiendo un temor racional y fundado de que tales lesiones se produzcan en el futuro, éstas resulten favorecidas por la actuación de los órganos jurisdiccionales españoles al no haberlas evitado con los medios de que, mientras el reclamado se encuentra sometido a su jurisdicción, disponen, de modo que la actuación del Juez español produzca un riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado (...) para activar este específico deber de tutela que corresponde a los órganos judiciales competentes en materia de extradición, no basta con alegar la existencia de un riesgo, sino que es preciso que el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado, y además, no bastan alusiones o alegaciones genéricas sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones con relación a su persona y derechos ( SSTC 148/2004, de 13 de septiembre; 181/2004, de 2 de noviembre)".

Exigencia de concreción que se desprende asimismo de la jurisprudencia del TEDH ( STEDH de 5 de julio de 2016. Caso Bastovoy contra Moldavia) que reitera la necesidad de detallar y concretar el riesgo de vulneración respecto de la situación una determinada prisión, cómo le afectaría personalmente al reclamado y el modo en que puede hacerlo.

La doctrina del Tribunal Constitucional exige, por tanto, no una alegación genérica acerca de las violaciones de derechos humanos en el país reclamante, sino una concreta acreditación de cómo la entrega pueda afectar a los derechos fundamentales del reclamado ( STC 140/2007, de 4 de junio).

Es por ello que no procede acoger el motivo aludido pues la situación descrita por la defensa del reclamado se refiere a deficiencias sistémicas en la administración de justicia en Venezuela o en el estado de los centros de detención y prisiones de modo genérico pero sin que conste afectación al caso concreto.

Todo ello resulta predicable en el caso ahora examinado, siendo así que la defensa de la reclamada viene a poner de manifiesto una situación de conflicto entre su defendida y otros ciudadanos particulares, habiendo sido objeto de denuncias cruzadas entre ellas, pero no se acredita que la presente reclamación obedezca a motivaciones políticas o de represión por las ideas políticas de la Sra. Lina, ni que en caso de producirse su entrega no se vayan a respetar las reglas del debido proceso, por loque este motivo también habrá de decaer.

En atención a lo expuesto, y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.