Auto Penal 39/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Recursos de Suplica, Rec. 29/2026 de 27 de febrero del 2026

PRIMERO.-El recurso interpuesto por el reclamado contra la decisión jurisdiccional de entrega a los Estados Unidos Mexicanos se fundamenta en los siguientes motivos:

- Concurre la causa de denegación recogida en el art. 15 b) del Tratado de Extradición entre España y los Estados Unidos Mexicanos y el art. 7. b) de la Ley de Extradición Pasiva al carecer la solicitud de extradición de orden de aprehensión vigente y ejecutable o cualquier resolución análoga

-Concurre la causa de denegación recogida en el art. 4.3º de la Ley de Extradición Pasiva en relación a la STJUE de 25 de julio de 2018, que ha definido lo que debe entenderse por Tribunal independiente e imparcial según el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y el 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

- Concurre la causa de denegación interdicción de tratos inhumanos y degradantes recogida en el art. 4.6 de la Ley de Extradición Pasiva, por la situación de las cárceles en México.

- Concurre la causa de denegación interdicción de tratos inhumanos y degradantes recogida en el art. 4.6 de la Ley de Extradición Pasiva por falta de proporcionalidad de la pena.

SEGUNDO.- Primer motivo: Concurre la causa de denegación recogida en el art. 15 b) del Tratado de Extradición entre España y los Estados Unidos Mexicanos y el art. 7. b) de la Ley de Extradición Pasiva al carecer la solicitud de extradición de orden de aprehensión vigente y ejecutable o cualquier resolución análoga

Alega la defensa del reclamado que el 22 de enero de 2026, un día después de la fecha del auto que acordó la entrega, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México ha dictado la resolución que se adjunta, que suspende la orden de aprehensión vigente que dio origen al procedimiento de extradición que nos ocupa.

La resolución aportada se adopta por el órgano judicial ante quien se presenta una demanda de amparo y en la que se solicita como medida cautelar la suspensión provisional de la ejecución de la extradición.

No puede accederse a lo pretendido.

No pueden valorarse las constancias documentales relativas a juicios de amparo en México. ( AAN Pleno 129/2025, 12 septiembre).

Conforme a los números 2 y 3 del art. 15 del Tratado de Extradición y Asistencia mutua en materia penal entre el Reino de España y los Estados Unidos mexicanos, introducidos por el Segundo Protocolo de 6 de diciembre de 1999, por el que se modifica el Tratado de 21 de noviembre de 1978, tales cuestiones no pueden ser alegadas ante el estado requerido, siendo precisamente el objetivo del Segundo Protocolo la existencia de un procedimiento de amparo indirecto de carácter horizontal en el sistema procesal mexicano.

El artículo 15.2 del Tratado establece: "En los procedimientos que se siguen en la parte requerida no se podrán alegar motivos de oposición formulados ante la parte requirente", y en el número 3 del mismo artículo "la parte requerida no podrá valorar constancias expedidas por los tribunales de la parte requirente salvo qué estas acrediten que la solicitud de extradición no está cursada conforme a lo estipulado en este instrumento".

La Orden internacional de detención emitida y la solicitud de extradición por la Juez de Control Especializada en Cateos, Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México sigue vigente, al no constar con posterioridad a la constancia del ministerio público de su vigencia de 30 de julio de 2025, nota verbal de retirada de la solicitud ni otra comunicación de la autoridad judicial emitente relativa a que han dejado de tener interés.

TERCERO.- Segundo motivo: concurre la causa de denegación recogida en el art. 4.3º de la Ley de Extradición Pasiva en relación a la STJUE de 25 de julio de 2018 , que ha definido lo que debe entenderse por Tribunal independiente e imparcial según el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y el 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH ).

Se cuestiona a través de este motivo el riesgo a no ser sometido a un proceso justo derivado de la falta de imparcialidad e independencia del juez de instrucción y posteriormente de enjuiciamiento ante el que se someta los hechos por los que se reclama al Sr. Jose Carlos.

Alega que el Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México, que ha emitido la orden internacional de detención, no será el Juez competente de la investigación o enjuiciamiento de mi representado, precisamente porque la reforma del sistema judicial impulsada y aprobada por el partido de gobierno Morena ha provocado que todos los jueces titulares de Juzgados de Instrucción y de Tribunales competentes para el enjuiciamiento han sido o serán cesados en el período de 2025 a 2027 y serán sustituidos por otros cuyos únicos requisitos será ser licenciados en derecho y tener dos años de experiencia como profesionales del sector legal, sin que deban ser siquiera en el área del que después serán jueces titulares, lo que vulnera las Resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146, de 13 diciembre, de la Asamblea General de Naciones Unidas, y la jurisprudencia del TJUE sobre la independencia de Jueces.

En primer lugar, la reforma legislativa indicada de 15 septiembre 2024 afecta al sistema de elección de los Magistrados/as componentes del Tribunal de Disciplina Judicial, que pasa a ser de elección popular por sufragio universal ( art. 137 Ley Orgánica del Poder judicial de la federación y art. 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

El Tribunal de Disciplina judicial es un órgano constitucional, encargado de investigar y sancionar a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial federal por faltas éticas, administrativas, corrupción o actos contrarios a la ley.

No es un Tribunal con jurisdicción para investigar y enjuiciar los hechos delictivos comunes cometidos por cualquier ciudadano en México, como es el caso, en el que se reclama a un nacional mexicano para el enjuiciamiento de hechos que se califican como delito de violación.

En segundo lugar, respecto a la invocación de la doctrina jurisprudencial contenida en la STJUE de 25 de julio de 2018,en el Asunto C-216/2028 , Ministra de Justicia e Igualdad (Deficiencias en el sistema de justicia), debemos recordar que la misma se dictó en el ámbito de una OEDE, y se dijo que el riesgo de vulneración del derecho fundamental a un juicio justo en el sentido del artículo 47.2 de la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea en referencia a la independencia de los órganos judiciales del Estado emisor, debe ser valorado por la autoridad del estado de ejecución, y que dicha valoración comprende dos pasos: en un primer paso, la evaluación sistémica, la autoridad debe evaluar sobre la base de material objetivo, fiable, específico y debidamente actualizado la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema de Justicia en el Estado miembro emisor, y en segundo paso, debe realizarse una evaluación específica, de manera que la autoridad debe evaluar de manera específica y precisa en qué medida esas deficiencias sistémicas pueden tener un impacto en los órganos jurisdiccionales de ese estado con competencia sobre los procedimientos en los que la persona requerida estará sujeta, y si ese examen es positivo también deberá evaluar si existen motivos fundados para creer que el individuo correrá un riesgo real de vulneración de esos derechos habida cuenta de su situación personal, naturaleza del delito por el que la persona está siendo procesada y el contexto fáctico base de la orden de detención. Doctrina reiterada en los asuntos acumulados PPU, sentencia de 17 de diciembre de 2020 .

Aplicando los parámetros contenidos en dicha doctrina al caso sometido a revisión, no puede considerarse que la reforma legislativa operada en México afectante al Tribunal de Disciplina Judicial conlleve una falla sistémica y generalizada de todo el sistema judicial en dicho país, y además no se han puesto de manifiesto motivos concretos fundados en relación a su situación personal de los que deducir que el reclamado no va a tener un juicio justo.

CUARTO.- Concurre la causa de denegación interdicción de tratos inhumanos y degradantes recogida en el art. 4.6 de la Ley de Extradición Pasiva debido a la situación de las cárceles en México.

Se alega que la falta de información sobre el centro penitenciario donde el reclamado sería ingresado impide conocer si se cumplen las reglas de Nelson Mandela relativas a las condiciones de espacio mínimo en celda, condiciones socio sanitarias y disfrute de tiempo libre.

Se citan los parámetros establecidos en las SSTEDH Petrescu contra Portugal, de 3 de diciembre de 2019, y JMB y otros contra Francia, de 30 de enero de 2020, para evaluar si la situación de hacinamiento equivale a un trato degradante, proscrito por el art. 3 CEDH, y se acompañan los Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2015 y 2023 y del Comité contra la Tortura de 2019, que ponen de manifiesto los problemas de sobre población carcelaria, incluso de muertes producido bajo custodia en determinados centros federativos, como el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, como fundamento para denegar la extradición o al menos condicionar la entrega a la prestación de garantías en relación a la determinación y condiciones del centro penitenciario donde seria ingresado el reclamado.

Respecto a las condiciones de detención en centros penitenciarios, junto a la jurisprudencia citada del TEDH, también la dictada por el TJUE, a partir del asunto Aranyosi i Caldararu,reiterada con posterioridad por la sentencia 25 julio 2018 (asunto PPU ,condiciones de detención en Hungría), en cuando a la evaluación que debe hacer la autoridad de ejecución de las condiciones de detención de los centro s penitenciarios en los que se pretende realmente que la persona sea detenida, a la hora de determinar si será expuesta a un riesgo real de tratos inhumanos o degradantes, establece dos matizaciones importantes: una, contenida en el parágrafo 84, y es que dicha obligación de evaluación no puede hacerse extensiva a todas las prisiones en las que la persona podría estar detenida, pues ello sería claramente excesivo y, otra, que una exigencia de información de este tipo supondría un incumplimiento del deber de cooperación entre estados, y, además, señala también que para que los malos tratos entren en el ámbito de aplicación del artículo 3 del convenio deben alcanzar un nivel mínimo de gravedad, que depende de todas las circunstancias del caso, como duración del tratamiento, efectos físicos y mentales, y en algunos casos, sexo, edad y estado de salud de la víctima (caso Mursic c. Croacia).Doctrina reiterada en otras como Dorobantu, sentencia de 15 de octubre de 2019.

En el caso, informes presentados exponen una situación de sobrepoblación de centros penitenciarios, que no es ajena a muchos otros países de su entorno, también se pone de manifiesto el uso abusivo de la prisión provisional recomendando la adopción de medidas alternativas como medio de hacer frente a aquel problema, e incluso de muertes bajo custodia en determinados centros federativos.

Ahora bien, tales informes aun siendo fuentes fiables exponen unas deficiencias que no afectan a todas las cárceles del país ni se deduce que haya escapado al control del Estado, por lo que no existen motivos para poner bajo sospecha que las autoridades del país requirente adoptará las medidas de protección necesarias respecto al reclamado en caso de ser necesario.

Por otro lado, conforme a la doctrina antes expuesta y que ha sido recogida por el Pleno de la Sala Penal en innumerables resoluciones, para apreciar riesgo de tratos inhumanos se necesita que se ponga de manifiesto un riesgo concreto en relación a la situación o circunstancias personales del reclamado, que en el caso, ni siquiera se ha alegado, no bastando con informes generales de la situación de las cárceles en el país, y sin que proceda imponer la garantía de determinación por México de las condiciones que deberá cumplir el centro penitenciario donde deberá ser ingresado el reclamado.

Entre otros, en AAN Pleno 22/2023, de 14 de abril, ó el Auto de 10 junio de 2022 (RSU 43/2022)se declaró que:

"Es preciso que el temor o riesgo aducidos contra la vida, su integridad física o a sufrir tratos inhumanos y degradantes por cualquier motivo o circunstancia, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado, no bastando alusiones o alegaciones genéricas sobre la eventual violación de los Derechos Humanos, ni su hipotética vulneración del derecho de defensa con base en el sistema jurídico penal, o de su sistema penitenciario, sino que la persona reclamada ha de efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos (STC148/2004, de 13 de septiembre).

Por lo demás, se precisa la existencia de fuentes fiables que pongan de manifiesto prácticas de las autoridades - o toleradas por éstas- manifiestamente contrarias a los principios del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así, la reciprocidad jurídica, la única que compete examinar a este Tribunal, no abarca el examen de la existencia en el Estado reclamante de los mismos niveles de respeto a los derechos humanos y de garantía formal de las libertades públicas y privadas similares a las del Estado requerido, sino que esta misión corresponde al Gobierno. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, al exponer que: "el procedimiento de extradición exige una cuidadosa labor de verificación por el órgano judicial en relación con las circunstancias alegadas por el reclamado, con el fin de evitar que, en caso de accederse a la extradición, se pudiera convertir en autor de una lesión contra los derechos del extraditado, bien porque hubiera contribuido a que la lesión de un derecho ya acaecida en el extranjero no fuera restablecida o a que no se impidiera que de la misma se derivaran consecuencias perjudiciales para el reclamado, bien porque, existiendo un temor racional y fundado de que tales lesiones se produzcan en el futuro, éstas resulten favorecidas por la actuación de los órganos judiciales españoles al no haberlas evitado con los medios de que, mientras el reclamado se encuentra sometido a su jurisdicción, disponen, de modo que la actuación del Juez español produzca un riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado"(...) "para activar este específico deber de tutela que corresponde a los órganos judiciales competentes en materia de extradición, no basta con alegar la existencia de un riesgo, sino que es preciso que 'el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado' y, además, no bastan alusiones o alegaciones "genéricas" sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones con relación a su persona y derechos ( SSTC 181/2004, de 2 de noviembre; y 351/2006, de 11 de diciembre).

La mencionada exigencia de concreción se desprende asimismo de la jurisprudencia del TEDH ( STEDH de 5 de julio de 2016. Caso Bastovoy c. Moldavia) que reitera la necesidad de detallar y concretar el riesgo de vulneración respecto de la situación una determinada prisión, cómo le afectaría personalmente al reclamado y el modo en que puede hacerlo".

Asimismo, los AAN Pleno 54/2021, de 17 de septiembre y 62/2021, de 22 de septiembre, afirmaban que "la Sala no tiene la obligación de desarrollar una actividad encaminada a obtener datos precisos para adoptar adecuadamente su decisión cuando lo único que existe es una alegación genérica y no concretada sobre la situación del Estado de Derecho en el Estado reclamante y cuando el recurrente no ha cumplido el deber mínimo de diligencia probatoria que le es exigible".

Conforme a dicha doctrina, el motivo denegatorio ha de ser rechazado porque se realiza una alegación general sin concretar hechos o circunstancias relativas a la situación o condición del reclamado de las que inferir un riesgo concreto de sufrir un atentado contra su vida o su integridad física o tratos inhumanos o degradantes.

QUINTO.- Vulneración del art. 4.6 LEP, por falta de proporcionalidad de la pena a imponer.

Considera que la pena máxima de prisión prevista de veinte años de prisión es claramente desproporcionada en relación a la pena que pudiera serle impuesto en España de 12 años.

También este motivo debe ser rechazado, siendo doctrina reiterada por el Pleno en reciente Auto 32/2026, de 17 de febrero, con cita de anteriores como el de 22 de marzo 2024, Auto 104/2022, 16 de diciembre. Así, ya en el auto de 20-12-

2021, nº92/2021, y auto de 15-1-2016 se decía que "la diferente respuesta punitiva prevista en la Ley no es argumento que obstaculice la entrega y que, en materia extradicional, el principio de proporcionalidad referido al máximo punitivo opera en relación a la pena de muerte y a la de reclusión perpetua e incluso en este caso se autoriza la extradición siempre que el Estado de emisión garantice que se impondrá una pena que no signifique necesaria e indefectiblemente privación de libertad de por vida; concluyendo que la pena prevista en abstracto no permite considerar que atenta contra el principio de proporcionalidad.

En el mismo sentido, el auto de Pleno de esta Sala 81/2019 de 22 noviembre aclara que la diferencia penológica no afecta a los principios de doble incriminación y mínimo punitivo y no puede obstar a la entrega, salvo que la pena prevista fuera inhumana o degradante y contraviniera los principios establecidos en los artículos 15 y 25 de la Constitución Española .

En esta misma línea, el ATC 4/2019 del 29 enero , concluyó que no es posible compartir la queja de vulneración del principio de proporcionalidad de las sanciones penales en una reclamación extradicional para enjuiciamiento, por no tratarse de una petición de extradición para el cumplimiento de una pena determinada, lo que permitiría ponerla en relación con la antijuridicidad de la conducta que la justifica; habiendo reiterado la jurisprudencia de dicho Órgano que la decisión de cuál es la pena proporcionada que la Ley ha de designar a un hecho determinado implica un complejo juicio de valoración política y social que, en principio, es competencia del legislador, por lo que el control constitucional sólo puede corregir su criterio en caso de una desproporción evidente, esto es, en casos en los que la pena mínima prevista por la ley impusiera sacrificios injustificados o cuando, por su duración, constituya de hecho un trato inhumano o degradante desde la perspectiva del artículo 15 CE , como también ha indicado el TEDH (caso Vinter c. Reino Unido) en relación con la prohibición establecida en el artículo 3 CEDH " .

Se desestima el presente motivo, y el recurso en su integridad, confirmando la resolución recurrida.

Por lo expuesto,

PRIMERO.-El recurso interpuesto por el reclamado contra la decisión jurisdiccional de entrega a los Estados Unidos Mexicanos se fundamenta en los siguientes motivos:

- Concurre la causa de denegación recogida en el art. 15 b) del Tratado de Extradición entre España y los Estados Unidos Mexicanos y el art. 7. b) de la Ley de Extradición Pasiva al carecer la solicitud de extradición de orden de aprehensión vigente y ejecutable o cualquier resolución análoga

-Concurre la causa de denegación recogida en el art. 4.3º de la Ley de Extradición Pasiva en relación a la STJUE de 25 de julio de 2018, que ha definido lo que debe entenderse por Tribunal independiente e imparcial según el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y el 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

- Concurre la causa de denegación interdicción de tratos inhumanos y degradantes recogida en el art. 4.6 de la Ley de Extradición Pasiva, por la situación de las cárceles en México.

- Concurre la causa de denegación interdicción de tratos inhumanos y degradantes recogida en el art. 4.6 de la Ley de Extradición Pasiva por falta de proporcionalidad de la pena.

SEGUNDO.- Primer motivo: Concurre la causa de denegación recogida en el art. 15 b) del Tratado de Extradición entre España y los Estados Unidos Mexicanos y el art. 7. b) de la Ley de Extradición Pasiva al carecer la solicitud de extradición de orden de aprehensión vigente y ejecutable o cualquier resolución análoga

Alega la defensa del reclamado que el 22 de enero de 2026, un día después de la fecha del auto que acordó la entrega, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México ha dictado la resolución que se adjunta, que suspende la orden de aprehensión vigente que dio origen al procedimiento de extradición que nos ocupa.

La resolución aportada se adopta por el órgano judicial ante quien se presenta una demanda de amparo y en la que se solicita como medida cautelar la suspensión provisional de la ejecución de la extradición.

No puede accederse a lo pretendido.

No pueden valorarse las constancias documentales relativas a juicios de amparo en México. ( AAN Pleno 129/2025, 12 septiembre).

Conforme a los números 2 y 3 del art. 15 del Tratado de Extradición y Asistencia mutua en materia penal entre el Reino de España y los Estados Unidos mexicanos, introducidos por el Segundo Protocolo de 6 de diciembre de 1999, por el que se modifica el Tratado de 21 de noviembre de 1978, tales cuestiones no pueden ser alegadas ante el estado requerido, siendo precisamente el objetivo del Segundo Protocolo la existencia de un procedimiento de amparo indirecto de carácter horizontal en el sistema procesal mexicano.

El artículo 15.2 del Tratado establece: "En los procedimientos que se siguen en la parte requerida no se podrán alegar motivos de oposición formulados ante la parte requirente", y en el número 3 del mismo artículo "la parte requerida no podrá valorar constancias expedidas por los tribunales de la parte requirente salvo qué estas acrediten que la solicitud de extradición no está cursada conforme a lo estipulado en este instrumento".

La Orden internacional de detención emitida y la solicitud de extradición por la Juez de Control Especializada en Cateos, Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México sigue vigente, al no constar con posterioridad a la constancia del ministerio público de su vigencia de 30 de julio de 2025, nota verbal de retirada de la solicitud ni otra comunicación de la autoridad judicial emitente relativa a que han dejado de tener interés.

TERCERO.- Segundo motivo: concurre la causa de denegación recogida en el art. 4.3º de la Ley de Extradición Pasiva en relación a la STJUE de 25 de julio de 2018 , que ha definido lo que debe entenderse por Tribunal independiente e imparcial según el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y el 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH ).

Se cuestiona a través de este motivo el riesgo a no ser sometido a un proceso justo derivado de la falta de imparcialidad e independencia del juez de instrucción y posteriormente de enjuiciamiento ante el que se someta los hechos por los que se reclama al Sr. Jose Carlos.

Alega que el Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México, que ha emitido la orden internacional de detención, no será el Juez competente de la investigación o enjuiciamiento de mi representado, precisamente porque la reforma del sistema judicial impulsada y aprobada por el partido de gobierno Morena ha provocado que todos los jueces titulares de Juzgados de Instrucción y de Tribunales competentes para el enjuiciamiento han sido o serán cesados en el período de 2025 a 2027 y serán sustituidos por otros cuyos únicos requisitos será ser licenciados en derecho y tener dos años de experiencia como profesionales del sector legal, sin que deban ser siquiera en el área del que después serán jueces titulares, lo que vulnera las Resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146, de 13 diciembre, de la Asamblea General de Naciones Unidas, y la jurisprudencia del TJUE sobre la independencia de Jueces.

En primer lugar, la reforma legislativa indicada de 15 septiembre 2024 afecta al sistema de elección de los Magistrados/as componentes del Tribunal de Disciplina Judicial, que pasa a ser de elección popular por sufragio universal ( art. 137 Ley Orgánica del Poder judicial de la federación y art. 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

El Tribunal de Disciplina judicial es un órgano constitucional, encargado de investigar y sancionar a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial federal por faltas éticas, administrativas, corrupción o actos contrarios a la ley.

No es un Tribunal con jurisdicción para investigar y enjuiciar los hechos delictivos comunes cometidos por cualquier ciudadano en México, como es el caso, en el que se reclama a un nacional mexicano para el enjuiciamiento de hechos que se califican como delito de violación.

En segundo lugar, respecto a la invocación de la doctrina jurisprudencial contenida en la STJUE de 25 de julio de 2018,en el Asunto C-216/2028 , Ministra de Justicia e Igualdad (Deficiencias en el sistema de justicia), debemos recordar que la misma se dictó en el ámbito de una OEDE, y se dijo que el riesgo de vulneración del derecho fundamental a un juicio justo en el sentido del artículo 47.2 de la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea en referencia a la independencia de los órganos judiciales del Estado emisor, debe ser valorado por la autoridad del estado de ejecución, y que dicha valoración comprende dos pasos: en un primer paso, la evaluación sistémica, la autoridad debe evaluar sobre la base de material objetivo, fiable, específico y debidamente actualizado la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema de Justicia en el Estado miembro emisor, y en segundo paso, debe realizarse una evaluación específica, de manera que la autoridad debe evaluar de manera específica y precisa en qué medida esas deficiencias sistémicas pueden tener un impacto en los órganos jurisdiccionales de ese estado con competencia sobre los procedimientos en los que la persona requerida estará sujeta, y si ese examen es positivo también deberá evaluar si existen motivos fundados para creer que el individuo correrá un riesgo real de vulneración de esos derechos habida cuenta de su situación personal, naturaleza del delito por el que la persona está siendo procesada y el contexto fáctico base de la orden de detención. Doctrina reiterada en los asuntos acumulados PPU, sentencia de 17 de diciembre de 2020 .

Aplicando los parámetros contenidos en dicha doctrina al caso sometido a revisión, no puede considerarse que la reforma legislativa operada en México afectante al Tribunal de Disciplina Judicial conlleve una falla sistémica y generalizada de todo el sistema judicial en dicho país, y además no se han puesto de manifiesto motivos concretos fundados en relación a su situación personal de los que deducir que el reclamado no va a tener un juicio justo.

CUARTO.- Concurre la causa de denegación interdicción de tratos inhumanos y degradantes recogida en el art. 4.6 de la Ley de Extradición Pasiva debido a la situación de las cárceles en México.

Se alega que la falta de información sobre el centro penitenciario donde el reclamado sería ingresado impide conocer si se cumplen las reglas de Nelson Mandela relativas a las condiciones de espacio mínimo en celda, condiciones socio sanitarias y disfrute de tiempo libre.

Se citan los parámetros establecidos en las SSTEDH Petrescu contra Portugal, de 3 de diciembre de 2019, y JMB y otros contra Francia, de 30 de enero de 2020, para evaluar si la situación de hacinamiento equivale a un trato degradante, proscrito por el art. 3 CEDH, y se acompañan los Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2015 y 2023 y del Comité contra la Tortura de 2019, que ponen de manifiesto los problemas de sobre población carcelaria, incluso de muertes producido bajo custodia en determinados centros federativos, como el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, como fundamento para denegar la extradición o al menos condicionar la entrega a la prestación de garantías en relación a la determinación y condiciones del centro penitenciario donde seria ingresado el reclamado.

Respecto a las condiciones de detención en centros penitenciarios, junto a la jurisprudencia citada del TEDH, también la dictada por el TJUE, a partir del asunto Aranyosi i Caldararu,reiterada con posterioridad por la sentencia 25 julio 2018 (asunto PPU ,condiciones de detención en Hungría), en cuando a la evaluación que debe hacer la autoridad de ejecución de las condiciones de detención de los centro s penitenciarios en los que se pretende realmente que la persona sea detenida, a la hora de determinar si será expuesta a un riesgo real de tratos inhumanos o degradantes, establece dos matizaciones importantes: una, contenida en el parágrafo 84, y es que dicha obligación de evaluación no puede hacerse extensiva a todas las prisiones en las que la persona podría estar detenida, pues ello sería claramente excesivo y, otra, que una exigencia de información de este tipo supondría un incumplimiento del deber de cooperación entre estados, y, además, señala también que para que los malos tratos entren en el ámbito de aplicación del artículo 3 del convenio deben alcanzar un nivel mínimo de gravedad, que depende de todas las circunstancias del caso, como duración del tratamiento, efectos físicos y mentales, y en algunos casos, sexo, edad y estado de salud de la víctima (caso Mursic c. Croacia).Doctrina reiterada en otras como Dorobantu, sentencia de 15 de octubre de 2019.

En el caso, informes presentados exponen una situación de sobrepoblación de centros penitenciarios, que no es ajena a muchos otros países de su entorno, también se pone de manifiesto el uso abusivo de la prisión provisional recomendando la adopción de medidas alternativas como medio de hacer frente a aquel problema, e incluso de muertes bajo custodia en determinados centros federativos.

Ahora bien, tales informes aun siendo fuentes fiables exponen unas deficiencias que no afectan a todas las cárceles del país ni se deduce que haya escapado al control del Estado, por lo que no existen motivos para poner bajo sospecha que las autoridades del país requirente adoptará las medidas de protección necesarias respecto al reclamado en caso de ser necesario.

Por otro lado, conforme a la doctrina antes expuesta y que ha sido recogida por el Pleno de la Sala Penal en innumerables resoluciones, para apreciar riesgo de tratos inhumanos se necesita que se ponga de manifiesto un riesgo concreto en relación a la situación o circunstancias personales del reclamado, que en el caso, ni siquiera se ha alegado, no bastando con informes generales de la situación de las cárceles en el país, y sin que proceda imponer la garantía de determinación por México de las condiciones que deberá cumplir el centro penitenciario donde deberá ser ingresado el reclamado.

Entre otros, en AAN Pleno 22/2023, de 14 de abril, ó el Auto de 10 junio de 2022 (RSU 43/2022)se declaró que:

"Es preciso que el temor o riesgo aducidos contra la vida, su integridad física o a sufrir tratos inhumanos y degradantes por cualquier motivo o circunstancia, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado, no bastando alusiones o alegaciones genéricas sobre la eventual violación de los Derechos Humanos, ni su hipotética vulneración del derecho de defensa con base en el sistema jurídico penal, o de su sistema penitenciario, sino que la persona reclamada ha de efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos (STC148/2004, de 13 de septiembre).

Por lo demás, se precisa la existencia de fuentes fiables que pongan de manifiesto prácticas de las autoridades - o toleradas por éstas- manifiestamente contrarias a los principios del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así, la reciprocidad jurídica, la única que compete examinar a este Tribunal, no abarca el examen de la existencia en el Estado reclamante de los mismos niveles de respeto a los derechos humanos y de garantía formal de las libertades públicas y privadas similares a las del Estado requerido, sino que esta misión corresponde al Gobierno. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, al exponer que: "el procedimiento de extradición exige una cuidadosa labor de verificación por el órgano judicial en relación con las circunstancias alegadas por el reclamado, con el fin de evitar que, en caso de accederse a la extradición, se pudiera convertir en autor de una lesión contra los derechos del extraditado, bien porque hubiera contribuido a que la lesión de un derecho ya acaecida en el extranjero no fuera restablecida o a que no se impidiera que de la misma se derivaran consecuencias perjudiciales para el reclamado, bien porque, existiendo un temor racional y fundado de que tales lesiones se produzcan en el futuro, éstas resulten favorecidas por la actuación de los órganos judiciales españoles al no haberlas evitado con los medios de que, mientras el reclamado se encuentra sometido a su jurisdicción, disponen, de modo que la actuación del Juez español produzca un riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado"(...) "para activar este específico deber de tutela que corresponde a los órganos judiciales competentes en materia de extradición, no basta con alegar la existencia de un riesgo, sino que es preciso que 'el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado' y, además, no bastan alusiones o alegaciones "genéricas" sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones con relación a su persona y derechos ( SSTC 181/2004, de 2 de noviembre; y 351/2006, de 11 de diciembre).

La mencionada exigencia de concreción se desprende asimismo de la jurisprudencia del TEDH ( STEDH de 5 de julio de 2016. Caso Bastovoy c. Moldavia) que reitera la necesidad de detallar y concretar el riesgo de vulneración respecto de la situación una determinada prisión, cómo le afectaría personalmente al reclamado y el modo en que puede hacerlo".

Asimismo, los AAN Pleno 54/2021, de 17 de septiembre y 62/2021, de 22 de septiembre, afirmaban que "la Sala no tiene la obligación de desarrollar una actividad encaminada a obtener datos precisos para adoptar adecuadamente su decisión cuando lo único que existe es una alegación genérica y no concretada sobre la situación del Estado de Derecho en el Estado reclamante y cuando el recurrente no ha cumplido el deber mínimo de diligencia probatoria que le es exigible".

Conforme a dicha doctrina, el motivo denegatorio ha de ser rechazado porque se realiza una alegación general sin concretar hechos o circunstancias relativas a la situación o condición del reclamado de las que inferir un riesgo concreto de sufrir un atentado contra su vida o su integridad física o tratos inhumanos o degradantes.

QUINTO.- Vulneración del art. 4.6 LEP, por falta de proporcionalidad de la pena a imponer.

Considera que la pena máxima de prisión prevista de veinte años de prisión es claramente desproporcionada en relación a la pena que pudiera serle impuesto en España de 12 años.

También este motivo debe ser rechazado, siendo doctrina reiterada por el Pleno en reciente Auto 32/2026, de 17 de febrero, con cita de anteriores como el de 22 de marzo 2024, Auto 104/2022, 16 de diciembre. Así, ya en el auto de 20-12-

2021, nº92/2021, y auto de 15-1-2016 se decía que "la diferente respuesta punitiva prevista en la Ley no es argumento que obstaculice la entrega y que, en materia extradicional, el principio de proporcionalidad referido al máximo punitivo opera en relación a la pena de muerte y a la de reclusión perpetua e incluso en este caso se autoriza la extradición siempre que el Estado de emisión garantice que se impondrá una pena que no signifique necesaria e indefectiblemente privación de libertad de por vida; concluyendo que la pena prevista en abstracto no permite considerar que atenta contra el principio de proporcionalidad.

En el mismo sentido, el auto de Pleno de esta Sala 81/2019 de 22 noviembre aclara que la diferencia penológica no afecta a los principios de doble incriminación y mínimo punitivo y no puede obstar a la entrega, salvo que la pena prevista fuera inhumana o degradante y contraviniera los principios establecidos en los artículos 15 y 25 de la Constitución Española .

En esta misma línea, el ATC 4/2019 del 29 enero , concluyó que no es posible compartir la queja de vulneración del principio de proporcionalidad de las sanciones penales en una reclamación extradicional para enjuiciamiento, por no tratarse de una petición de extradición para el cumplimiento de una pena determinada, lo que permitiría ponerla en relación con la antijuridicidad de la conducta que la justifica; habiendo reiterado la jurisprudencia de dicho Órgano que la decisión de cuál es la pena proporcionada que la Ley ha de designar a un hecho determinado implica un complejo juicio de valoración política y social que, en principio, es competencia del legislador, por lo que el control constitucional sólo puede corregir su criterio en caso de una desproporción evidente, esto es, en casos en los que la pena mínima prevista por la ley impusiera sacrificios injustificados o cuando, por su duración, constituya de hecho un trato inhumano o degradante desde la perspectiva del artículo 15 CE , como también ha indicado el TEDH (caso Vinter c. Reino Unido) en relación con la prohibición establecida en el artículo 3 CEDH " .

Se desestima el presente motivo, y el recurso en su integridad, confirmando la resolución recurrida.

Por lo expuesto,

PRIMERO.-El recurso interpuesto por el reclamado contra la decisión jurisdiccional de entrega a los Estados Unidos Mexicanos se fundamenta en los siguientes motivos:

- Concurre la causa de denegación recogida en el art. 15 b) del Tratado de Extradición entre España y los Estados Unidos Mexicanos y el art. 7. b) de la Ley de Extradición Pasiva al carecer la solicitud de extradición de orden de aprehensión vigente y ejecutable o cualquier resolución análoga

-Concurre la causa de denegación recogida en el art. 4.3º de la Ley de Extradición Pasiva en relación a la STJUE de 25 de julio de 2018, que ha definido lo que debe entenderse por Tribunal independiente e imparcial según el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y el 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

- Concurre la causa de denegación interdicción de tratos inhumanos y degradantes recogida en el art. 4.6 de la Ley de Extradición Pasiva, por la situación de las cárceles en México.

- Concurre la causa de denegación interdicción de tratos inhumanos y degradantes recogida en el art. 4.6 de la Ley de Extradición Pasiva por falta de proporcionalidad de la pena.

SEGUNDO.- Primer motivo: Concurre la causa de denegación recogida en el art. 15 b) del Tratado de Extradición entre España y los Estados Unidos Mexicanos y el art. 7. b) de la Ley de Extradición Pasiva al carecer la solicitud de extradición de orden de aprehensión vigente y ejecutable o cualquier resolución análoga

Alega la defensa del reclamado que el 22 de enero de 2026, un día después de la fecha del auto que acordó la entrega, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México ha dictado la resolución que se adjunta, que suspende la orden de aprehensión vigente que dio origen al procedimiento de extradición que nos ocupa.

La resolución aportada se adopta por el órgano judicial ante quien se presenta una demanda de amparo y en la que se solicita como medida cautelar la suspensión provisional de la ejecución de la extradición.

No puede accederse a lo pretendido.

No pueden valorarse las constancias documentales relativas a juicios de amparo en México. ( AAN Pleno 129/2025, 12 septiembre).

Conforme a los números 2 y 3 del art. 15 del Tratado de Extradición y Asistencia mutua en materia penal entre el Reino de España y los Estados Unidos mexicanos, introducidos por el Segundo Protocolo de 6 de diciembre de 1999, por el que se modifica el Tratado de 21 de noviembre de 1978, tales cuestiones no pueden ser alegadas ante el estado requerido, siendo precisamente el objetivo del Segundo Protocolo la existencia de un procedimiento de amparo indirecto de carácter horizontal en el sistema procesal mexicano.

El artículo 15.2 del Tratado establece: "En los procedimientos que se siguen en la parte requerida no se podrán alegar motivos de oposición formulados ante la parte requirente", y en el número 3 del mismo artículo "la parte requerida no podrá valorar constancias expedidas por los tribunales de la parte requirente salvo qué estas acrediten que la solicitud de extradición no está cursada conforme a lo estipulado en este instrumento".

La Orden internacional de detención emitida y la solicitud de extradición por la Juez de Control Especializada en Cateos, Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México sigue vigente, al no constar con posterioridad a la constancia del ministerio público de su vigencia de 30 de julio de 2025, nota verbal de retirada de la solicitud ni otra comunicación de la autoridad judicial emitente relativa a que han dejado de tener interés.

TERCERO.- Segundo motivo: concurre la causa de denegación recogida en el art. 4.3º de la Ley de Extradición Pasiva en relación a la STJUE de 25 de julio de 2018 , que ha definido lo que debe entenderse por Tribunal independiente e imparcial según el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y el 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH ).

Se cuestiona a través de este motivo el riesgo a no ser sometido a un proceso justo derivado de la falta de imparcialidad e independencia del juez de instrucción y posteriormente de enjuiciamiento ante el que se someta los hechos por los que se reclama al Sr. Jose Carlos.

Alega que el Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México, que ha emitido la orden internacional de detención, no será el Juez competente de la investigación o enjuiciamiento de mi representado, precisamente porque la reforma del sistema judicial impulsada y aprobada por el partido de gobierno Morena ha provocado que todos los jueces titulares de Juzgados de Instrucción y de Tribunales competentes para el enjuiciamiento han sido o serán cesados en el período de 2025 a 2027 y serán sustituidos por otros cuyos únicos requisitos será ser licenciados en derecho y tener dos años de experiencia como profesionales del sector legal, sin que deban ser siquiera en el área del que después serán jueces titulares, lo que vulnera las Resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146, de 13 diciembre, de la Asamblea General de Naciones Unidas, y la jurisprudencia del TJUE sobre la independencia de Jueces.

En primer lugar, la reforma legislativa indicada de 15 septiembre 2024 afecta al sistema de elección de los Magistrados/as componentes del Tribunal de Disciplina Judicial, que pasa a ser de elección popular por sufragio universal ( art. 137 Ley Orgánica del Poder judicial de la federación y art. 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

El Tribunal de Disciplina judicial es un órgano constitucional, encargado de investigar y sancionar a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial federal por faltas éticas, administrativas, corrupción o actos contrarios a la ley.

No es un Tribunal con jurisdicción para investigar y enjuiciar los hechos delictivos comunes cometidos por cualquier ciudadano en México, como es el caso, en el que se reclama a un nacional mexicano para el enjuiciamiento de hechos que se califican como delito de violación.

En segundo lugar, respecto a la invocación de la doctrina jurisprudencial contenida en la STJUE de 25 de julio de 2018,en el Asunto C-216/2028 , Ministra de Justicia e Igualdad (Deficiencias en el sistema de justicia), debemos recordar que la misma se dictó en el ámbito de una OEDE, y se dijo que el riesgo de vulneración del derecho fundamental a un juicio justo en el sentido del artículo 47.2 de la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea en referencia a la independencia de los órganos judiciales del Estado emisor, debe ser valorado por la autoridad del estado de ejecución, y que dicha valoración comprende dos pasos: en un primer paso, la evaluación sistémica, la autoridad debe evaluar sobre la base de material objetivo, fiable, específico y debidamente actualizado la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema de Justicia en el Estado miembro emisor, y en segundo paso, debe realizarse una evaluación específica, de manera que la autoridad debe evaluar de manera específica y precisa en qué medida esas deficiencias sistémicas pueden tener un impacto en los órganos jurisdiccionales de ese estado con competencia sobre los procedimientos en los que la persona requerida estará sujeta, y si ese examen es positivo también deberá evaluar si existen motivos fundados para creer que el individuo correrá un riesgo real de vulneración de esos derechos habida cuenta de su situación personal, naturaleza del delito por el que la persona está siendo procesada y el contexto fáctico base de la orden de detención. Doctrina reiterada en los asuntos acumulados PPU, sentencia de 17 de diciembre de 2020 .

Aplicando los parámetros contenidos en dicha doctrina al caso sometido a revisión, no puede considerarse que la reforma legislativa operada en México afectante al Tribunal de Disciplina Judicial conlleve una falla sistémica y generalizada de todo el sistema judicial en dicho país, y además no se han puesto de manifiesto motivos concretos fundados en relación a su situación personal de los que deducir que el reclamado no va a tener un juicio justo.

CUARTO.- Concurre la causa de denegación interdicción de tratos inhumanos y degradantes recogida en el art. 4.6 de la Ley de Extradición Pasiva debido a la situación de las cárceles en México.

Se alega que la falta de información sobre el centro penitenciario donde el reclamado sería ingresado impide conocer si se cumplen las reglas de Nelson Mandela relativas a las condiciones de espacio mínimo en celda, condiciones socio sanitarias y disfrute de tiempo libre.

Se citan los parámetros establecidos en las SSTEDH Petrescu contra Portugal, de 3 de diciembre de 2019, y JMB y otros contra Francia, de 30 de enero de 2020, para evaluar si la situación de hacinamiento equivale a un trato degradante, proscrito por el art. 3 CEDH, y se acompañan los Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2015 y 2023 y del Comité contra la Tortura de 2019, que ponen de manifiesto los problemas de sobre población carcelaria, incluso de muertes producido bajo custodia en determinados centros federativos, como el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, como fundamento para denegar la extradición o al menos condicionar la entrega a la prestación de garantías en relación a la determinación y condiciones del centro penitenciario donde seria ingresado el reclamado.

Respecto a las condiciones de detención en centros penitenciarios, junto a la jurisprudencia citada del TEDH, también la dictada por el TJUE, a partir del asunto Aranyosi i Caldararu,reiterada con posterioridad por la sentencia 25 julio 2018 (asunto PPU ,condiciones de detención en Hungría), en cuando a la evaluación que debe hacer la autoridad de ejecución de las condiciones de detención de los centro s penitenciarios en los que se pretende realmente que la persona sea detenida, a la hora de determinar si será expuesta a un riesgo real de tratos inhumanos o degradantes, establece dos matizaciones importantes: una, contenida en el parágrafo 84, y es que dicha obligación de evaluación no puede hacerse extensiva a todas las prisiones en las que la persona podría estar detenida, pues ello sería claramente excesivo y, otra, que una exigencia de información de este tipo supondría un incumplimiento del deber de cooperación entre estados, y, además, señala también que para que los malos tratos entren en el ámbito de aplicación del artículo 3 del convenio deben alcanzar un nivel mínimo de gravedad, que depende de todas las circunstancias del caso, como duración del tratamiento, efectos físicos y mentales, y en algunos casos, sexo, edad y estado de salud de la víctima (caso Mursic c. Croacia).Doctrina reiterada en otras como Dorobantu, sentencia de 15 de octubre de 2019.

En el caso, informes presentados exponen una situación de sobrepoblación de centros penitenciarios, que no es ajena a muchos otros países de su entorno, también se pone de manifiesto el uso abusivo de la prisión provisional recomendando la adopción de medidas alternativas como medio de hacer frente a aquel problema, e incluso de muertes bajo custodia en determinados centros federativos.

Ahora bien, tales informes aun siendo fuentes fiables exponen unas deficiencias que no afectan a todas las cárceles del país ni se deduce que haya escapado al control del Estado, por lo que no existen motivos para poner bajo sospecha que las autoridades del país requirente adoptará las medidas de protección necesarias respecto al reclamado en caso de ser necesario.

Por otro lado, conforme a la doctrina antes expuesta y que ha sido recogida por el Pleno de la Sala Penal en innumerables resoluciones, para apreciar riesgo de tratos inhumanos se necesita que se ponga de manifiesto un riesgo concreto en relación a la situación o circunstancias personales del reclamado, que en el caso, ni siquiera se ha alegado, no bastando con informes generales de la situación de las cárceles en el país, y sin que proceda imponer la garantía de determinación por México de las condiciones que deberá cumplir el centro penitenciario donde deberá ser ingresado el reclamado.

Entre otros, en AAN Pleno 22/2023, de 14 de abril, ó el Auto de 10 junio de 2022 (RSU 43/2022)se declaró que:

"Es preciso que el temor o riesgo aducidos contra la vida, su integridad física o a sufrir tratos inhumanos y degradantes por cualquier motivo o circunstancia, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado, no bastando alusiones o alegaciones genéricas sobre la eventual violación de los Derechos Humanos, ni su hipotética vulneración del derecho de defensa con base en el sistema jurídico penal, o de su sistema penitenciario, sino que la persona reclamada ha de efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos (STC148/2004, de 13 de septiembre).

Por lo demás, se precisa la existencia de fuentes fiables que pongan de manifiesto prácticas de las autoridades - o toleradas por éstas- manifiestamente contrarias a los principios del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así, la reciprocidad jurídica, la única que compete examinar a este Tribunal, no abarca el examen de la existencia en el Estado reclamante de los mismos niveles de respeto a los derechos humanos y de garantía formal de las libertades públicas y privadas similares a las del Estado requerido, sino que esta misión corresponde al Gobierno. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, al exponer que: "el procedimiento de extradición exige una cuidadosa labor de verificación por el órgano judicial en relación con las circunstancias alegadas por el reclamado, con el fin de evitar que, en caso de accederse a la extradición, se pudiera convertir en autor de una lesión contra los derechos del extraditado, bien porque hubiera contribuido a que la lesión de un derecho ya acaecida en el extranjero no fuera restablecida o a que no se impidiera que de la misma se derivaran consecuencias perjudiciales para el reclamado, bien porque, existiendo un temor racional y fundado de que tales lesiones se produzcan en el futuro, éstas resulten favorecidas por la actuación de los órganos judiciales españoles al no haberlas evitado con los medios de que, mientras el reclamado se encuentra sometido a su jurisdicción, disponen, de modo que la actuación del Juez español produzca un riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado"(...) "para activar este específico deber de tutela que corresponde a los órganos judiciales competentes en materia de extradición, no basta con alegar la existencia de un riesgo, sino que es preciso que 'el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado' y, además, no bastan alusiones o alegaciones "genéricas" sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones con relación a su persona y derechos ( SSTC 181/2004, de 2 de noviembre; y 351/2006, de 11 de diciembre).

La mencionada exigencia de concreción se desprende asimismo de la jurisprudencia del TEDH ( STEDH de 5 de julio de 2016. Caso Bastovoy c. Moldavia) que reitera la necesidad de detallar y concretar el riesgo de vulneración respecto de la situación una determinada prisión, cómo le afectaría personalmente al reclamado y el modo en que puede hacerlo".

Asimismo, los AAN Pleno 54/2021, de 17 de septiembre y 62/2021, de 22 de septiembre, afirmaban que "la Sala no tiene la obligación de desarrollar una actividad encaminada a obtener datos precisos para adoptar adecuadamente su decisión cuando lo único que existe es una alegación genérica y no concretada sobre la situación del Estado de Derecho en el Estado reclamante y cuando el recurrente no ha cumplido el deber mínimo de diligencia probatoria que le es exigible".

Conforme a dicha doctrina, el motivo denegatorio ha de ser rechazado porque se realiza una alegación general sin concretar hechos o circunstancias relativas a la situación o condición del reclamado de las que inferir un riesgo concreto de sufrir un atentado contra su vida o su integridad física o tratos inhumanos o degradantes.

QUINTO.- Vulneración del art. 4.6 LEP, por falta de proporcionalidad de la pena a imponer.

Considera que la pena máxima de prisión prevista de veinte años de prisión es claramente desproporcionada en relación a la pena que pudiera serle impuesto en España de 12 años.

También este motivo debe ser rechazado, siendo doctrina reiterada por el Pleno en reciente Auto 32/2026, de 17 de febrero, con cita de anteriores como el de 22 de marzo 2024, Auto 104/2022, 16 de diciembre. Así, ya en el auto de 20-12-

2021, nº92/2021, y auto de 15-1-2016 se decía que "la diferente respuesta punitiva prevista en la Ley no es argumento que obstaculice la entrega y que, en materia extradicional, el principio de proporcionalidad referido al máximo punitivo opera en relación a la pena de muerte y a la de reclusión perpetua e incluso en este caso se autoriza la extradición siempre que el Estado de emisión garantice que se impondrá una pena que no signifique necesaria e indefectiblemente privación de libertad de por vida; concluyendo que la pena prevista en abstracto no permite considerar que atenta contra el principio de proporcionalidad.

En el mismo sentido, el auto de Pleno de esta Sala 81/2019 de 22 noviembre aclara que la diferencia penológica no afecta a los principios de doble incriminación y mínimo punitivo y no puede obstar a la entrega, salvo que la pena prevista fuera inhumana o degradante y contraviniera los principios establecidos en los artículos 15 y 25 de la Constitución Española .

En esta misma línea, el ATC 4/2019 del 29 enero , concluyó que no es posible compartir la queja de vulneración del principio de proporcionalidad de las sanciones penales en una reclamación extradicional para enjuiciamiento, por no tratarse de una petición de extradición para el cumplimiento de una pena determinada, lo que permitiría ponerla en relación con la antijuridicidad de la conducta que la justifica; habiendo reiterado la jurisprudencia de dicho Órgano que la decisión de cuál es la pena proporcionada que la Ley ha de designar a un hecho determinado implica un complejo juicio de valoración política y social que, en principio, es competencia del legislador, por lo que el control constitucional sólo puede corregir su criterio en caso de una desproporción evidente, esto es, en casos en los que la pena mínima prevista por la ley impusiera sacrificios injustificados o cuando, por su duración, constituya de hecho un trato inhumano o degradante desde la perspectiva del artículo 15 CE , como también ha indicado el TEDH (caso Vinter c. Reino Unido) en relación con la prohibición establecida en el artículo 3 CEDH " .

Se desestima el presente motivo, y el recurso en su integridad, confirmando la resolución recurrida.

Por lo expuesto,