Auto Penal 79/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Recursos de Suplica, Rec. 71/2026 de 08 de mayo del 2026

PRIMERO.El recurso de súplica se formula por la representación procesal del indicado reclamado contra el auto de fecha 24 de marzo de 2026 dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en cuya virtud se acuerda declarar procedente en esta fase jurisdiccional la extradición del hoy recurrente solicitada por República Dominicana, teniendo como fin su procesamiento por la comisión de los delitos de "asociación de malhechores" y "asesinato con premeditación y acechanza".

Hechos que nuevamente se reproducen, siendo los siguientes:

1. - En fecha veinte (20) de enero del año 2020, los occisos Hermenegildo, Bruno y Leandro (A) Zapatones (occiso), se encontraban en la Playa Costambar, ubicada en la Provincia Puerto Plata, conjuntamente con los testigos Segundo y Marta, cuando el occiso Bruno, recibió una llamada telefónica y fue informado de que el imputado Lucas (A) Quico, en compañía de su madre estaba realizando disparos en el sector Ensanche Espaillat donde este residía.

2. - Procediendo la víctima y testigos a retirarse de la playa y dirigirse hacia la ciudad de Santiago de los Caballeros, específicamente a la DIRECCION000 del sector Ensanche Espaillat donde residen, cuando llegaron al lugar siendo aproximadamente a las cinco de la tarde (5:00 p.m.), ya el imputado Lucas (A) Quico, se había marchado del lugar.

3. - Sin embargo, varios minutos después regresaron, siendo sorprendidas las victimas Hermenegildo, Bruno y Leandro (A) Zapatones (occiso), por el imputado Lucas (A) Quico, quien se hacía acompañar de Gumersindo (A) Gotico; Juan María (A) Largo y/o Pirata y Adriano (A) Botines y los nombrados Patatero (Prófugo). Clemente (A) Gallina (Fallecido). Joaquín (A) Millonario (Prófugo), Cerilla (A) Flequi (Prófugo) y Perico (A) Zurdo (Prófugo), quienes se asociaron, ejerciendo premeditación y asechanza haciendo uso de armas de fuego, le propinaron varios disparos, provocándole la muerte a las víctimas Hermenegildo (occiso), Bruno (occiso) y dejando en estado de gravedad a la víctima Leandro (A) Zapatones, con las lesiones de origen perforo-contundente, presentando: paciente en ventilación mecánica con diagnóstico de: cuadriplejia, trauma vertebromedular, quien posteriormente, falleció a causa de "herida por proyectiles de arma de fuego, muerte violenta".

Lucas (A) Quico, le realizó varios disparos hiriendo a Bruno, Hermenegildo y otras personas más que estaban en los alrededores.

La testigo Marta establece además que observó cuando Lucas (A) Quico, también le disparó Bruno y Hermenegildo, para luego emprender la huida.

5. - Refiere la testigo Sacramento, que estaba atendiendo a su bisabuela, en la casa ubicada en el sector Ensanche Espaillat, y escuchó varios disparos, por lo que salió de las casa y vio a Bruno, tirado en el suelo y observó cuando el imputado Lucas (A) Quico, lo estaba apuntando con un arma de fuego tipo pistola y luego le realizó un disparo en la cabeza, en ese instante la testigo Sacramento comenzó a pedir auxilio, marchándose el imputado Lucas (A) Quico, en ese instante la testigo fue a darle los primeros auxilios a Bruno y vio a Hermenegildo tirado también en el suelo con un disparo en la cabeza.

6. - La Unidad de procesamiento de la Escena del Crimen, región norte se presentó al lugar de los hechos, procediendo el sargento mayor de la P.N. Baltasar, al levantamiento de la escena, levantamiento de los cuerpos sin vida de las víctimas Hermenegildo y Bruno, la colección de las evidencias materiales, anexando diversas fotografías de la escena,así como el traslado a la clínica Corominas donde falleció posteriormente la víctima Leandro (a) Zapatones. Anexando fotografías y tomando impresiones necrodactilares de adsorción al occiso.

7. - El imputado, Lucas (A) Quico, se dio a la fuga y los organismos de inteligencia investigativa nos han informado que se encuentra detenido en España.

SEGUNDO.Repite el reclamado los mismos argumentos que fueron desechados en la resolución recurrida en súplica; auto debida y acertadamente fundamentado, sin que existan motivos que permitan rectificarlo.

En efecto, sus dos primeros alegatos se alejan de lo que es la finalidad y el objeto del procedimiento extradicional.

1./Como tantas veces se reitera en el Pleno, solo podemos examinar si se observan los principios extradicionales básicos de reciprocidad, doble incriminación y mínimo punitivo, así como si concurre alguna vulneración legal o constitucional.

Con la misma periodicidad venimos recordando que se entrega por hechos y no por calificaciones jurídicas, sin que doble incriminación signifique equivalencia de tratamiento jurídico.

El alcance del principio extradicional de la doble incriminación debe limitarse a la exigencia de que los hechos en virtud de los que se demanda la extradición estén tipificados como ilícitos penales en el Estado reclamante y en el reclamado (es decir, que estén doblemente incriminados), sin que sea exigible una identidad de tipos penales habida cuenta que cada sistema jurídico tiene sus peculiaridades punitivas y no siendo posible una apreciación fragmentaria de los sistemas penales.

En consecuencia, integrando los hechos ilícitos penales en las legislaciones del Estado reclamante y reclamado, concurre la doble incriminación.

En ese sentido y entre tantos, léase el auto 280/2018, de 9 de julio, de la Sala de lo Penal en Pleno: "No es preciso que exista una identidad formal de tipificación o de "nomen iuris", sino que bastará una identidad material, bastando con que la conducta delictiva lo sea en ambas legislaciones. Así, ningún obstáculo existirá a la doble incriminación si en el Estado requirente la conducta fuera subsumible en una modalidad agravada de un tipo básico y en el requerido constituyera un tipo penal autónomo. La doble incriminación no exige que los hechos motivadores de la demanda estén tipificados como delitos autónomos en ambos ordenamientos, sino que existe también doble incriminación, aunque el hecho sólo esté recogido en un tipo delictivo autónomo en uno de los ordenamientos y en el otro, esté integrado en otro tipo, formando un delito complejo o constituya una circunstancia cualificadora de un tipo básico."

Auto 281/2018 (también de Pleno): "El principio de doble incriminación o de "identidad normativa", incluido en el derecho fundamental a la legalidad penal (...) consiste en que el hecho por el que se pide la extradición sea delictivo y esté sancionado con una determinada penalidad en las legislaciones punitivas del Estado requirente del Estado requerido, pero no exige identidad de las normas penales de los Estados concernidos, ni la identidad de penas en ambas legislaciones, sino que basta con que se cumplan los mínimos penales previstos en las normas aplicables (...) La doble incriminación en los Estados requirente y requerido no exige que los tipos delictivos que sancionan la conducta perseguida tengan la misma estructura y naturaleza, sino tan sólo que la misma conducta sea objeto de sanción penal en ambos Estados (...)"

En definitiva, no podemos entrar a valorar la legislación del país reclamante, pues basta con determinar que los hechos son constitutivos de delito en ambos países, asumiendo en ese sentido la atinada fundamentación de la resolución recurrida.

2./Su segundo motivo, como hemos anticipado, plantea igualmente cuestiones que no son competencia de este tribunal.

Se articula dicho alegato como valoración subjetiva de los indicios concurrentes que podrán o no devenir en medios de prueba en el correspondiente plenario, tema ajeno al actual tribunal.

Así, como ya indicó la STC 82/2006, el Estado reclamante ni tiene que acreditar que el reclamado sea autor del hecho o hechos ni está obligado a presentar las evidencias en que se base ni a demostrar que concurre causa probable para someter al reclamado a juicio.

En ese aspecto, y también entre tantos, véase auto 53/2022 de Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, o auto 449/2024 dictado por su Secc. 3ª, según los cuales, el procedimiento de extradición es un proceso judicial dirigido exclusivamente a resolver sobre la petición de auxilio jurisdiccional internacional en que la extradición consiste y no se ventila la existencia de responsabilidad penal, sino el cumplimiento de las garantías previstas en las normas sobre extradición, por ello no se valora la implicación del reclamado en los hechos que motivan la petición de extradición, ni se exige la acreditación de indicios racionales de criminalidad.

3./En cuanto a la denunciada falta de seguridad en las cárceles de República dominicana, no se aporta una sola prueba mínimamente verificable.

En lo que atañe a su temor derivado del riesgo que podría correr su integridad física en dichos centros penitenciarios, decae el motivo si no se aporta un solo dato objetivo de donde inferir que ello sucedería en ese entorno carcelario, y, en todo caso, se viene a exigir una actitud mínimamente diligente por parte de quien invoca dicho riesgo para acreditar que su temor sea "racional y fundado", sin ser suficiente la formulación de alusiones o alegaciones genéricas sobre el país o sobre sus prisiones nacionales.

En la línea expuesta, vid., v.gr., SSTC 13/94, 91/2000, 5/2002, 32/2003, 148/2004, 181/2004, 49/2006, 82/2006, 140/2007, o recientes resoluciones del Pleno de la Sala Penal, Audiencia Nacional, como el auto 199/2025, de 19 de diciembre o auto 20/2026 de 9 de febrero, según el cual: "El Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, siguiendo el criterio establecido por el TEDH, TJUE y nuestro TC, viene considerando de forma constante que las alegaciones absolutamente genéricas de riesgo de sufrir tratos inhumanos o degradantes, sin acreditación de concreto peligro ligado a las individuales circunstancias del caso, no constituyen causa de denegación al amparo del art. 4.6º de la Ley de Extradición (...) La STC 199/2009, de 28 de septiembre entiende que, para que el órgano judicial español competente pueda denegar la entrega del reclamado en virtud del procedimiento extradicional o de una orden europea de detención y entrega con fundamento en la existencia de un riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado a la vida o la integridad física y moral ( art. 15 CE), es preciso que el reclamado haya aportado determinados y concretos elementos que sirvan de apoyo razonable a su argumentación, lo que implica que el temor o riesgos aducidos han de ser fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado, debiendo efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos, y sin que sea suficiente la formulación de alusiones o alegaciones genéricas sobre la situación del país ... La Sentencia del TEDH de 9 de abril de 2018 considera que "es el demandante el que debe justificar la existencia del riesgo, no bastando las meras manifestaciones. La STEDH de 9 de septiembre de 2013 señala también que la referencia a un problema general relativo a la observancia de los derechos humanos en un país determinado no puede solo servir como base para la denegación de la extradición. La descripción de una situación general, las alegaciones específicas del demandante en un caso particular requieren corroboración por otras pruebas, con referencia a las circunstancias individuales que fundamenten sus temores de malos tratos ... Para activar el deber reforzado de tutela que incumbe a esta jurisdicción frente a una alegación de vulneración de derechos fundamentales en el Estado requirente, resulta necesaria la acreditación, aún de forma indiciaria, de la concurrencia de un temor razonable, fundado y debidamente contextualizado de que la concreta persona será objeto de dicha vulneración".

4./Igual suerte desfavorable correrá el último motivo, pues de conformidad con doctrina consolidada de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional, tales peticiones de libertad deberán formularse en la pieza de situación personal correspondiente, nunca en la pieza principal, en evitación de enojosas perturbaciones procesales.

TERCERO.Existiendo una obligación clara y precisa de conceder la extradición si no existe causa legal que justifique la denegación, procede, sin más, desestimar el recurso de súplica.

CUARTO.No apreciándose temeridad o mala fe, se declaran de oficio las costas de la impugnación.

PRIMERO.El recurso de súplica se formula por la representación procesal del indicado reclamado contra el auto de fecha 24 de marzo de 2026 dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en cuya virtud se acuerda declarar procedente en esta fase jurisdiccional la extradición del hoy recurrente solicitada por República Dominicana, teniendo como fin su procesamiento por la comisión de los delitos de "asociación de malhechores" y "asesinato con premeditación y acechanza".

Hechos que nuevamente se reproducen, siendo los siguientes:

1. - En fecha veinte (20) de enero del año 2020, los occisos Hermenegildo, Bruno y Leandro (A) Zapatones (occiso), se encontraban en la Playa Costambar, ubicada en la Provincia Puerto Plata, conjuntamente con los testigos Segundo y Marta, cuando el occiso Bruno, recibió una llamada telefónica y fue informado de que el imputado Lucas (A) Quico, en compañía de su madre estaba realizando disparos en el sector Ensanche Espaillat donde este residía.

2. - Procediendo la víctima y testigos a retirarse de la playa y dirigirse hacia la ciudad de Santiago de los Caballeros, específicamente a la DIRECCION000 del sector Ensanche Espaillat donde residen, cuando llegaron al lugar siendo aproximadamente a las cinco de la tarde (5:00 p.m.), ya el imputado Lucas (A) Quico, se había marchado del lugar.

3. - Sin embargo, varios minutos después regresaron, siendo sorprendidas las victimas Hermenegildo, Bruno y Leandro (A) Zapatones (occiso), por el imputado Lucas (A) Quico, quien se hacía acompañar de Gumersindo (A) Gotico; Juan María (A) Largo y/o Pirata y Adriano (A) Botines y los nombrados Patatero (Prófugo). Clemente (A) Gallina (Fallecido). Joaquín (A) Millonario (Prófugo), Cerilla (A) Flequi (Prófugo) y Perico (A) Zurdo (Prófugo), quienes se asociaron, ejerciendo premeditación y asechanza haciendo uso de armas de fuego, le propinaron varios disparos, provocándole la muerte a las víctimas Hermenegildo (occiso), Bruno (occiso) y dejando en estado de gravedad a la víctima Leandro (A) Zapatones, con las lesiones de origen perforo-contundente, presentando: paciente en ventilación mecánica con diagnóstico de: cuadriplejia, trauma vertebromedular, quien posteriormente, falleció a causa de "herida por proyectiles de arma de fuego, muerte violenta".

Lucas (A) Quico, le realizó varios disparos hiriendo a Bruno, Hermenegildo y otras personas más que estaban en los alrededores.

La testigo Marta establece además que observó cuando Lucas (A) Quico, también le disparó Bruno y Hermenegildo, para luego emprender la huida.

5. - Refiere la testigo Sacramento, que estaba atendiendo a su bisabuela, en la casa ubicada en el sector Ensanche Espaillat, y escuchó varios disparos, por lo que salió de las casa y vio a Bruno, tirado en el suelo y observó cuando el imputado Lucas (A) Quico, lo estaba apuntando con un arma de fuego tipo pistola y luego le realizó un disparo en la cabeza, en ese instante la testigo Sacramento comenzó a pedir auxilio, marchándose el imputado Lucas (A) Quico, en ese instante la testigo fue a darle los primeros auxilios a Bruno y vio a Hermenegildo tirado también en el suelo con un disparo en la cabeza.

6. - La Unidad de procesamiento de la Escena del Crimen, región norte se presentó al lugar de los hechos, procediendo el sargento mayor de la P.N. Baltasar, al levantamiento de la escena, levantamiento de los cuerpos sin vida de las víctimas Hermenegildo y Bruno, la colección de las evidencias materiales, anexando diversas fotografías de la escena,así como el traslado a la clínica Corominas donde falleció posteriormente la víctima Leandro (a) Zapatones. Anexando fotografías y tomando impresiones necrodactilares de adsorción al occiso.

7. - El imputado, Lucas (A) Quico, se dio a la fuga y los organismos de inteligencia investigativa nos han informado que se encuentra detenido en España.

SEGUNDO.Repite el reclamado los mismos argumentos que fueron desechados en la resolución recurrida en súplica; auto debida y acertadamente fundamentado, sin que existan motivos que permitan rectificarlo.

En efecto, sus dos primeros alegatos se alejan de lo que es la finalidad y el objeto del procedimiento extradicional.

1./Como tantas veces se reitera en el Pleno, solo podemos examinar si se observan los principios extradicionales básicos de reciprocidad, doble incriminación y mínimo punitivo, así como si concurre alguna vulneración legal o constitucional.

Con la misma periodicidad venimos recordando que se entrega por hechos y no por calificaciones jurídicas, sin que doble incriminación signifique equivalencia de tratamiento jurídico.

El alcance del principio extradicional de la doble incriminación debe limitarse a la exigencia de que los hechos en virtud de los que se demanda la extradición estén tipificados como ilícitos penales en el Estado reclamante y en el reclamado (es decir, que estén doblemente incriminados), sin que sea exigible una identidad de tipos penales habida cuenta que cada sistema jurídico tiene sus peculiaridades punitivas y no siendo posible una apreciación fragmentaria de los sistemas penales.

En consecuencia, integrando los hechos ilícitos penales en las legislaciones del Estado reclamante y reclamado, concurre la doble incriminación.

En ese sentido y entre tantos, léase el auto 280/2018, de 9 de julio, de la Sala de lo Penal en Pleno: "No es preciso que exista una identidad formal de tipificación o de "nomen iuris", sino que bastará una identidad material, bastando con que la conducta delictiva lo sea en ambas legislaciones. Así, ningún obstáculo existirá a la doble incriminación si en el Estado requirente la conducta fuera subsumible en una modalidad agravada de un tipo básico y en el requerido constituyera un tipo penal autónomo. La doble incriminación no exige que los hechos motivadores de la demanda estén tipificados como delitos autónomos en ambos ordenamientos, sino que existe también doble incriminación, aunque el hecho sólo esté recogido en un tipo delictivo autónomo en uno de los ordenamientos y en el otro, esté integrado en otro tipo, formando un delito complejo o constituya una circunstancia cualificadora de un tipo básico."

Auto 281/2018 (también de Pleno): "El principio de doble incriminación o de "identidad normativa", incluido en el derecho fundamental a la legalidad penal (...) consiste en que el hecho por el que se pide la extradición sea delictivo y esté sancionado con una determinada penalidad en las legislaciones punitivas del Estado requirente del Estado requerido, pero no exige identidad de las normas penales de los Estados concernidos, ni la identidad de penas en ambas legislaciones, sino que basta con que se cumplan los mínimos penales previstos en las normas aplicables (...) La doble incriminación en los Estados requirente y requerido no exige que los tipos delictivos que sancionan la conducta perseguida tengan la misma estructura y naturaleza, sino tan sólo que la misma conducta sea objeto de sanción penal en ambos Estados (...)"

En definitiva, no podemos entrar a valorar la legislación del país reclamante, pues basta con determinar que los hechos son constitutivos de delito en ambos países, asumiendo en ese sentido la atinada fundamentación de la resolución recurrida.

2./Su segundo motivo, como hemos anticipado, plantea igualmente cuestiones que no son competencia de este tribunal.

Se articula dicho alegato como valoración subjetiva de los indicios concurrentes que podrán o no devenir en medios de prueba en el correspondiente plenario, tema ajeno al actual tribunal.

Así, como ya indicó la STC 82/2006, el Estado reclamante ni tiene que acreditar que el reclamado sea autor del hecho o hechos ni está obligado a presentar las evidencias en que se base ni a demostrar que concurre causa probable para someter al reclamado a juicio.

En ese aspecto, y también entre tantos, véase auto 53/2022 de Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, o auto 449/2024 dictado por su Secc. 3ª, según los cuales, el procedimiento de extradición es un proceso judicial dirigido exclusivamente a resolver sobre la petición de auxilio jurisdiccional internacional en que la extradición consiste y no se ventila la existencia de responsabilidad penal, sino el cumplimiento de las garantías previstas en las normas sobre extradición, por ello no se valora la implicación del reclamado en los hechos que motivan la petición de extradición, ni se exige la acreditación de indicios racionales de criminalidad.

3./En cuanto a la denunciada falta de seguridad en las cárceles de República dominicana, no se aporta una sola prueba mínimamente verificable.

En lo que atañe a su temor derivado del riesgo que podría correr su integridad física en dichos centros penitenciarios, decae el motivo si no se aporta un solo dato objetivo de donde inferir que ello sucedería en ese entorno carcelario, y, en todo caso, se viene a exigir una actitud mínimamente diligente por parte de quien invoca dicho riesgo para acreditar que su temor sea "racional y fundado", sin ser suficiente la formulación de alusiones o alegaciones genéricas sobre el país o sobre sus prisiones nacionales.

En la línea expuesta, vid., v.gr., SSTC 13/94, 91/2000, 5/2002, 32/2003, 148/2004, 181/2004, 49/2006, 82/2006, 140/2007, o recientes resoluciones del Pleno de la Sala Penal, Audiencia Nacional, como el auto 199/2025, de 19 de diciembre o auto 20/2026 de 9 de febrero, según el cual: "El Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, siguiendo el criterio establecido por el TEDH, TJUE y nuestro TC, viene considerando de forma constante que las alegaciones absolutamente genéricas de riesgo de sufrir tratos inhumanos o degradantes, sin acreditación de concreto peligro ligado a las individuales circunstancias del caso, no constituyen causa de denegación al amparo del art. 4.6º de la Ley de Extradición (...) La STC 199/2009, de 28 de septiembre entiende que, para que el órgano judicial español competente pueda denegar la entrega del reclamado en virtud del procedimiento extradicional o de una orden europea de detención y entrega con fundamento en la existencia de un riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado a la vida o la integridad física y moral ( art. 15 CE), es preciso que el reclamado haya aportado determinados y concretos elementos que sirvan de apoyo razonable a su argumentación, lo que implica que el temor o riesgos aducidos han de ser fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado, debiendo efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos, y sin que sea suficiente la formulación de alusiones o alegaciones genéricas sobre la situación del país ... La Sentencia del TEDH de 9 de abril de 2018 considera que "es el demandante el que debe justificar la existencia del riesgo, no bastando las meras manifestaciones. La STEDH de 9 de septiembre de 2013 señala también que la referencia a un problema general relativo a la observancia de los derechos humanos en un país determinado no puede solo servir como base para la denegación de la extradición. La descripción de una situación general, las alegaciones específicas del demandante en un caso particular requieren corroboración por otras pruebas, con referencia a las circunstancias individuales que fundamenten sus temores de malos tratos ... Para activar el deber reforzado de tutela que incumbe a esta jurisdicción frente a una alegación de vulneración de derechos fundamentales en el Estado requirente, resulta necesaria la acreditación, aún de forma indiciaria, de la concurrencia de un temor razonable, fundado y debidamente contextualizado de que la concreta persona será objeto de dicha vulneración".

4./Igual suerte desfavorable correrá el último motivo, pues de conformidad con doctrina consolidada de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional, tales peticiones de libertad deberán formularse en la pieza de situación personal correspondiente, nunca en la pieza principal, en evitación de enojosas perturbaciones procesales.

TERCERO.Existiendo una obligación clara y precisa de conceder la extradición si no existe causa legal que justifique la denegación, procede, sin más, desestimar el recurso de súplica.

CUARTO.No apreciándose temeridad o mala fe, se declaran de oficio las costas de la impugnación.

PRIMERO.El recurso de súplica se formula por la representación procesal del indicado reclamado contra el auto de fecha 24 de marzo de 2026 dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en cuya virtud se acuerda declarar procedente en esta fase jurisdiccional la extradición del hoy recurrente solicitada por República Dominicana, teniendo como fin su procesamiento por la comisión de los delitos de "asociación de malhechores" y "asesinato con premeditación y acechanza".

Hechos que nuevamente se reproducen, siendo los siguientes:

1. - En fecha veinte (20) de enero del año 2020, los occisos Hermenegildo, Bruno y Leandro (A) Zapatones (occiso), se encontraban en la Playa Costambar, ubicada en la Provincia Puerto Plata, conjuntamente con los testigos Segundo y Marta, cuando el occiso Bruno, recibió una llamada telefónica y fue informado de que el imputado Lucas (A) Quico, en compañía de su madre estaba realizando disparos en el sector Ensanche Espaillat donde este residía.

2. - Procediendo la víctima y testigos a retirarse de la playa y dirigirse hacia la ciudad de Santiago de los Caballeros, específicamente a la DIRECCION000 del sector Ensanche Espaillat donde residen, cuando llegaron al lugar siendo aproximadamente a las cinco de la tarde (5:00 p.m.), ya el imputado Lucas (A) Quico, se había marchado del lugar.

3. - Sin embargo, varios minutos después regresaron, siendo sorprendidas las victimas Hermenegildo, Bruno y Leandro (A) Zapatones (occiso), por el imputado Lucas (A) Quico, quien se hacía acompañar de Gumersindo (A) Gotico; Juan María (A) Largo y/o Pirata y Adriano (A) Botines y los nombrados Patatero (Prófugo). Clemente (A) Gallina (Fallecido). Joaquín (A) Millonario (Prófugo), Cerilla (A) Flequi (Prófugo) y Perico (A) Zurdo (Prófugo), quienes se asociaron, ejerciendo premeditación y asechanza haciendo uso de armas de fuego, le propinaron varios disparos, provocándole la muerte a las víctimas Hermenegildo (occiso), Bruno (occiso) y dejando en estado de gravedad a la víctima Leandro (A) Zapatones, con las lesiones de origen perforo-contundente, presentando: paciente en ventilación mecánica con diagnóstico de: cuadriplejia, trauma vertebromedular, quien posteriormente, falleció a causa de "herida por proyectiles de arma de fuego, muerte violenta".

Lucas (A) Quico, le realizó varios disparos hiriendo a Bruno, Hermenegildo y otras personas más que estaban en los alrededores.

La testigo Marta establece además que observó cuando Lucas (A) Quico, también le disparó Bruno y Hermenegildo, para luego emprender la huida.

5. - Refiere la testigo Sacramento, que estaba atendiendo a su bisabuela, en la casa ubicada en el sector Ensanche Espaillat, y escuchó varios disparos, por lo que salió de las casa y vio a Bruno, tirado en el suelo y observó cuando el imputado Lucas (A) Quico, lo estaba apuntando con un arma de fuego tipo pistola y luego le realizó un disparo en la cabeza, en ese instante la testigo Sacramento comenzó a pedir auxilio, marchándose el imputado Lucas (A) Quico, en ese instante la testigo fue a darle los primeros auxilios a Bruno y vio a Hermenegildo tirado también en el suelo con un disparo en la cabeza.

6. - La Unidad de procesamiento de la Escena del Crimen, región norte se presentó al lugar de los hechos, procediendo el sargento mayor de la P.N. Baltasar, al levantamiento de la escena, levantamiento de los cuerpos sin vida de las víctimas Hermenegildo y Bruno, la colección de las evidencias materiales, anexando diversas fotografías de la escena,así como el traslado a la clínica Corominas donde falleció posteriormente la víctima Leandro (a) Zapatones. Anexando fotografías y tomando impresiones necrodactilares de adsorción al occiso.

7. - El imputado, Lucas (A) Quico, se dio a la fuga y los organismos de inteligencia investigativa nos han informado que se encuentra detenido en España.

SEGUNDO.Repite el reclamado los mismos argumentos que fueron desechados en la resolución recurrida en súplica; auto debida y acertadamente fundamentado, sin que existan motivos que permitan rectificarlo.

En efecto, sus dos primeros alegatos se alejan de lo que es la finalidad y el objeto del procedimiento extradicional.

1./Como tantas veces se reitera en el Pleno, solo podemos examinar si se observan los principios extradicionales básicos de reciprocidad, doble incriminación y mínimo punitivo, así como si concurre alguna vulneración legal o constitucional.

Con la misma periodicidad venimos recordando que se entrega por hechos y no por calificaciones jurídicas, sin que doble incriminación signifique equivalencia de tratamiento jurídico.

El alcance del principio extradicional de la doble incriminación debe limitarse a la exigencia de que los hechos en virtud de los que se demanda la extradición estén tipificados como ilícitos penales en el Estado reclamante y en el reclamado (es decir, que estén doblemente incriminados), sin que sea exigible una identidad de tipos penales habida cuenta que cada sistema jurídico tiene sus peculiaridades punitivas y no siendo posible una apreciación fragmentaria de los sistemas penales.

En consecuencia, integrando los hechos ilícitos penales en las legislaciones del Estado reclamante y reclamado, concurre la doble incriminación.

En ese sentido y entre tantos, léase el auto 280/2018, de 9 de julio, de la Sala de lo Penal en Pleno: "No es preciso que exista una identidad formal de tipificación o de "nomen iuris", sino que bastará una identidad material, bastando con que la conducta delictiva lo sea en ambas legislaciones. Así, ningún obstáculo existirá a la doble incriminación si en el Estado requirente la conducta fuera subsumible en una modalidad agravada de un tipo básico y en el requerido constituyera un tipo penal autónomo. La doble incriminación no exige que los hechos motivadores de la demanda estén tipificados como delitos autónomos en ambos ordenamientos, sino que existe también doble incriminación, aunque el hecho sólo esté recogido en un tipo delictivo autónomo en uno de los ordenamientos y en el otro, esté integrado en otro tipo, formando un delito complejo o constituya una circunstancia cualificadora de un tipo básico."

Auto 281/2018 (también de Pleno): "El principio de doble incriminación o de "identidad normativa", incluido en el derecho fundamental a la legalidad penal (...) consiste en que el hecho por el que se pide la extradición sea delictivo y esté sancionado con una determinada penalidad en las legislaciones punitivas del Estado requirente del Estado requerido, pero no exige identidad de las normas penales de los Estados concernidos, ni la identidad de penas en ambas legislaciones, sino que basta con que se cumplan los mínimos penales previstos en las normas aplicables (...) La doble incriminación en los Estados requirente y requerido no exige que los tipos delictivos que sancionan la conducta perseguida tengan la misma estructura y naturaleza, sino tan sólo que la misma conducta sea objeto de sanción penal en ambos Estados (...)"

En definitiva, no podemos entrar a valorar la legislación del país reclamante, pues basta con determinar que los hechos son constitutivos de delito en ambos países, asumiendo en ese sentido la atinada fundamentación de la resolución recurrida.

2./Su segundo motivo, como hemos anticipado, plantea igualmente cuestiones que no son competencia de este tribunal.

Se articula dicho alegato como valoración subjetiva de los indicios concurrentes que podrán o no devenir en medios de prueba en el correspondiente plenario, tema ajeno al actual tribunal.

Así, como ya indicó la STC 82/2006, el Estado reclamante ni tiene que acreditar que el reclamado sea autor del hecho o hechos ni está obligado a presentar las evidencias en que se base ni a demostrar que concurre causa probable para someter al reclamado a juicio.

En ese aspecto, y también entre tantos, véase auto 53/2022 de Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, o auto 449/2024 dictado por su Secc. 3ª, según los cuales, el procedimiento de extradición es un proceso judicial dirigido exclusivamente a resolver sobre la petición de auxilio jurisdiccional internacional en que la extradición consiste y no se ventila la existencia de responsabilidad penal, sino el cumplimiento de las garantías previstas en las normas sobre extradición, por ello no se valora la implicación del reclamado en los hechos que motivan la petición de extradición, ni se exige la acreditación de indicios racionales de criminalidad.

3./En cuanto a la denunciada falta de seguridad en las cárceles de República dominicana, no se aporta una sola prueba mínimamente verificable.

En lo que atañe a su temor derivado del riesgo que podría correr su integridad física en dichos centros penitenciarios, decae el motivo si no se aporta un solo dato objetivo de donde inferir que ello sucedería en ese entorno carcelario, y, en todo caso, se viene a exigir una actitud mínimamente diligente por parte de quien invoca dicho riesgo para acreditar que su temor sea "racional y fundado", sin ser suficiente la formulación de alusiones o alegaciones genéricas sobre el país o sobre sus prisiones nacionales.

En la línea expuesta, vid., v.gr., SSTC 13/94, 91/2000, 5/2002, 32/2003, 148/2004, 181/2004, 49/2006, 82/2006, 140/2007, o recientes resoluciones del Pleno de la Sala Penal, Audiencia Nacional, como el auto 199/2025, de 19 de diciembre o auto 20/2026 de 9 de febrero, según el cual: "El Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, siguiendo el criterio establecido por el TEDH, TJUE y nuestro TC, viene considerando de forma constante que las alegaciones absolutamente genéricas de riesgo de sufrir tratos inhumanos o degradantes, sin acreditación de concreto peligro ligado a las individuales circunstancias del caso, no constituyen causa de denegación al amparo del art. 4.6º de la Ley de Extradición (...) La STC 199/2009, de 28 de septiembre entiende que, para que el órgano judicial español competente pueda denegar la entrega del reclamado en virtud del procedimiento extradicional o de una orden europea de detención y entrega con fundamento en la existencia de un riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado a la vida o la integridad física y moral ( art. 15 CE), es preciso que el reclamado haya aportado determinados y concretos elementos que sirvan de apoyo razonable a su argumentación, lo que implica que el temor o riesgos aducidos han de ser fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado, debiendo efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos, y sin que sea suficiente la formulación de alusiones o alegaciones genéricas sobre la situación del país ... La Sentencia del TEDH de 9 de abril de 2018 considera que "es el demandante el que debe justificar la existencia del riesgo, no bastando las meras manifestaciones. La STEDH de 9 de septiembre de 2013 señala también que la referencia a un problema general relativo a la observancia de los derechos humanos en un país determinado no puede solo servir como base para la denegación de la extradición. La descripción de una situación general, las alegaciones específicas del demandante en un caso particular requieren corroboración por otras pruebas, con referencia a las circunstancias individuales que fundamenten sus temores de malos tratos ... Para activar el deber reforzado de tutela que incumbe a esta jurisdicción frente a una alegación de vulneración de derechos fundamentales en el Estado requirente, resulta necesaria la acreditación, aún de forma indiciaria, de la concurrencia de un temor razonable, fundado y debidamente contextualizado de que la concreta persona será objeto de dicha vulneración".

4./Igual suerte desfavorable correrá el último motivo, pues de conformidad con doctrina consolidada de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional, tales peticiones de libertad deberán formularse en la pieza de situación personal correspondiente, nunca en la pieza principal, en evitación de enojosas perturbaciones procesales.

TERCERO.Existiendo una obligación clara y precisa de conceder la extradición si no existe causa legal que justifique la denegación, procede, sin más, desestimar el recurso de súplica.

CUARTO.No apreciándose temeridad o mala fe, se declaran de oficio las costas de la impugnación.