Auto Penal 48/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Recursos de Suplica, Rec. 39/2026 de 09 de marzo del 2026

PRIMERO.-El recurrente alega, como motivos de la súplica, que: "la resolucio?n recurrida incurre en defectos esenciales: (i) no valora adecuadamente la prueba ya aportada que individualiza el riesgo, tanto el de persecucio?n poli?tica como el riesgo actual de vulneracio?n de derechos fundamentales en el Estado venezolano; (ii) omite cualquier consideracio?n expresa de los hechos sobrevenidos y documentacio?n reciente aportada tras la vista; (iii) minimiza o desplaza indebidamente el control de derechos fundamentales hacia el plano gubernativo, como si este Órgano jurisdiccional pudiera limitarse a una declaracio?n "en abstracto" de procedencia y dejar al Gobierno lo que, por mandato constitucional y convencional, exige examen jurisdiccional. ...Defecto de motivación: Insuficiencia argumental y ausencia de valoración concreta de la abundante documental aportada por esta parte. ... I. Omisio?n de valoracio?n de la prueba relativa al perfil poli?tico del reclamado ... II. Omisión de valoración del contexto actual de Venezuela y de los informes internacionales aportados ...";todo ello, por las razones que desarrolla en su escrito de recurso.

A criterio del Pleno, ninguna de estas alegaciones y motivos de recurso pueden ser atendidos.

Debe aquí recordarse en primer término que, como expone la Sentencia del Tribunal Supremo número 133/2017, de fecha 2 de marzo del año 2017 ,"el Tribunal no viene obligado a dar una respuesta explícita a todas y cada una de las alegaciones o argumentaciones de las partes, bastando con la respuesta a la pretensión realizada, en la medida en que implique también una desestimación de las argumentaciones efectuadas en sentido contrario a su decisión( Sentencias del Tribunal Supremo 744/2015, de 24 de noviembre y 829/2016, de 3 de noviembre)".

Pero es que en el presente caso, la Sección sí dio respuestas a estas alegaciones de la defensa del reclamado que ahora se reiteran en el recurso, con acertados argumentos (véase Razonamientos Jurídicos Quinto y Sexto del Auto recurrido) que el Pleno asume y hace propios.

Así lo destaca el Ministerio Público en su escrito de oposición a esta súplica, en el que informó que: "interesa la confirmación de la resolución recurrida por sus propios fundamentos por entenderla ajustada a Derecho, y, en su consecuencia, la desestimación del recurso de súplica, haciendo suyos en este momento procesal los razonamientos jurídicos de la resolución que se combate. Así, y respecto de los argumentos que contienen el recurso que se constriñen, básicamente, en: 1) Insuficiencia de valoración de la prueba documental aportada por la parte, relativa a la condición de opositor al régimen del reclamado y la eventual motivación política de la reclamación. Cabe decir que la resolución que se combate en sus Razonamientos Jurídicos Quinto y Sexto analiza de forma pormenorizada y suficientemente razonada la documentación existente que justifican su negativa a entender que el reclamado lo es por razones políticas, asi?, "atendida la abundante documentacio?n remitida por las Autoridades de Venezuela de la que se desprende con claridad que nos hallamos ante una reclamación ordinaria y por delito común". Por lo demás, cita base jurisprudencial del Tribunal Constitucional y que el Ministerio Fiscal hace suya en este momento procesal, donde se establece con claridad que "que el reclamado haya cometido el hecho por motivos políticos no permite inferir, sin más, que la reclamación extradicional esté basada en ese mismo tipo de motivos". 2) Riesgo sobrevenido acreditado en autos a rai?z del Estado de Conmoción Exterior publicado en la Gaceta oficial de 3 de enero de 2026, declaraciones de Amnistía internacional y otros organismos de carácter internacional. No comparte el Ministerio Fiscal el razonamiento de la defensa toda vez que, en este caso, los acontecimientos políticos ocurridos en Venezuela, si el reclamado es opositor al mismo, como dice, más bien podrían resultarles beneficiosos y no consta al Ministerio Fiscal un viraje jurisprudencial del Pleno de la Audiencia Nacional en tal sentido a partir de los hechos del 3 de enero de 2026. ... las entregas a Venezuela ... a día de hoy, las mismas se hallan normalizadas. Vide,por todos, Auto de la Audiencia Nacional, Pleno nº 179/2025, de 21 de noviembre, en una reclamacio?n de Venezuela, se deci?a: "El arti?culo 6 del Tratado señala que "1. No se concederá la extradicio?n por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La sola alegación de un fin o motivo político en la comisión de un delito no lo calificará como un delito de tal carácter (...).". Y el "2. Tampoco se concederá la extradición si la parte requerida tuviere fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o bien que la situación de aquella pueda ser agravada por estos motivos". "Pues bien, el Pleno no advierte que estemos ante estos supuestos de hecho, por más que la alegación de la parte recurrente propugne lo contrario. La demanda de extradición tiene por objeto la persecución de hechos constitutivos de delitos comunes,como son los de tráfico de drogas y de organización criminal, no tienen el carácter de políticos en ningún caso, ni se aproximan al mismo por ninguna clase de conexión".

Y, en efecto, como explica, con carácter general, entre otros muchos, el Auto número 9/2020, de fecha 5 de junio del año 2020, de la Sección Primera de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional : "...la extradicio?n pasiva es un proceso instrumental de cooperación judicial internacional cuyo origen se encuentra en el proceso penal de otro Estado, en este caso en trámite y en fase de preparación del juicio. Nuestro ordenamiento jurídico establece varios requisitos dentro del principio de legalidad extradicional, a los fines exclusivos de verificar el cumplimiento de las garantías relativas a la entrega que afectan a derechos fundamentales, singularmente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no sufrir penas o tratos inhumanos o degradantes, la libertad ideológica, el derecho a residir en España o los relacionados con el derecho a la tutela judicial efectiva y el proceso debido (arti?culos 15, 16, 17 y 24 de la Constitucio?n) ... so?lo en supuestos de acreditada y rigurosa situación de violación sistemática y genérica de los derechos fundamentales, el Juez de la extradición puede desestimar la solicitud para evitar un hipotético y probable riesgo de vulneración indirecta de los derechos fundamentales en el Estado requirente. Existiendo un convenio bilateral de extradición hay obligación de entregar al sujeto procesal que se esconde en el territorio de otro Estado, siempre que se supere el canon de enjuiciamiento que establece el principio de legalidad extradicional,que comprende la posible vulneración de derechos con ocasión de la entrega ... Será el Gobierno, que tiene la competencia en materia de relaciones internacionales, el que en el ámbito de su competencia podrá examinar, con exacto conocimiento de la situación política del Estado requirente y del respeto a las garantías de los derechos humanos básicos, si concurren motivos para pensar que su entrega ... puede poner en peligro sus derechos fundamentales( artículo 6 de la Ley de Extradición Pasiva)"".

Y, en concreto, respecto de demandas de extradición formalizadas por las Autoridades de Venezuela, el reciente Auto 1/2026, de fecha 9 de enero del corriente año 2026, del Pleno de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional :"La defensa de Reyes. sostiene en definitiva en el recurso, idénticas alegaciones a las realizadas en la vista del artículo 13 de la Ley de Extradición Pasiva, hasta el punto que son una copia exacta de aquellas y que ya han obtenido debida respuesta en el Auto recurrido. ... Considerando, que el caso de Reyes., se trata de una persecución, tanto en base a la militancia ... en el "Partido Accio?n Democrática" desde 2012, siendo una militante activa, como especialmente, por la persecución incesante, amenazas de muerte constantes e intentos de extorsio?n, por los llamados "Colectivos", que son grupos paramilitares, no ya afines al Gobierno, sino dirigidos por el mismo y por la Policía, teniendo a sus espaldas innumerables casos de tortura y desapariciones, tal y como recogen los informes de las organizaciones internacionales presentados ante la Sala. En apoyo de esta tesis presente copia de la denuncia presentada ante las Autoridades venezolanas en abril de 2024 en la que ... denuncio? el acoso y persecucio?n a la que fue sometida por los "Colectivos". ... la reclamada denuncio? ante las Autoridades venezolanas las amenazas de muerte y acoso que sufrió en diversas ocasiones por parte de los grupos paramilitares denominados "colectivos", aportándose al presente procedimiento la denuncia en cuestio?n. ... Todas estas cuestiones han sido resueltas adecuadamente en el Auto impugnado y como acertadamente se dice en él, en el presente procedimiento de extradición no se examinan los hechos de la demanda remitida por la Parte requirente a fin de dejar establecida la inocencia o la culpabilidad de la persona reclamada, en tanto que ello compete precisamente a los Órganos judiciales que han activado el mecanismo de la extradición para proseguir el proceso penal pendiente en el Estado requirente con la persona cuya entrega se demanda. Es cuestión distinta que para despejar si se trata de una reclamación infundada que encubre una motivación distinta, de naturaleza política y en los términos denunciados en nombre de la reclamada, de aquella otra que figura en el pedido extradicional, se ha de examinar la documentación remitida por las Autoridades venezolanas, en tanto en cuanto pueda ello contribuir a responder a lo expuesto y relacionado más arriba, en nombre de Reyes. Por todo ello procede la desestimación del recurso. No se aprecia en la documentación extradicional, que esta tenga una finalidad distinta de la que se dice,es decir poder contar con ella en el procedimiento judicial para examinar si concurre o no la existencia de un delito ... al haberse incoado un procedimiento penal al efecto ... El hecho de encontrarse la reclamada en España cuando se inicia el proceso penal venezolano no es óbice, para todo lo anterior, debiendo dilucidarse tal cuestión en los Tribunales venezolanos. No se aprecia ninguna relación entre la denuncia formulada por Reyes. en abril 2024 y el procedimiento judicial por el que se solicita la extradición, por lo que necesariamente debe desestimarse el recurso de súplica planteado".

Y el Auto 25/2026, de fecha 13 del pasado mes de febrero de este año 2026, del Pleno de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional:"el Pleno de la Sala de lo Penal de Audiencia Nacional viene afirmando de forma reiterada lo siguiente: "La prohibición constitucional de la tortura, así como de las penas o maltratos inhumanos o degradantes, debe ser interpretada, en atención a lo dispuesto por el artículo 10.2 de la Constitución Española, de conformidad con las determinaciones de la Declaración Universal de los derechos humanos y con otros tratados o acuerdos internacionales sobre la misma materia. En los procedimientos de extradición la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de forma reiterada viene reconociendo que cabe que se produzca la vulneración de estos derechos cuando se acuerde la entrega a un país donde vaya a producirse tal violación, al señalar como la especial naturaleza del procedimiento de extradición determina que si los órganos judiciales españoles, siendo conocedores de la eventual vulneración de los derechos fundamentales del recurrente en el país de destino, no la evitan con los medios de que disponen, a dichos Órganos habrá de serles imputables esa eventual vulneración de los derechos fundamentales del reclamado ( Autos de la Audiencia Nacional, Sección Tercera nº380/2022, de 28 de julio; Sección Primera nº 726/2022, de 23 de noviembre; Pleno nº69/2022, de 26 de septiembre; Pleno nº86/2021,de 26 de noviembre; Pleno nº53/2016, de 15 de septiembre, entre otros). Para estimar esta eventual vulneración no cabe, como tienen establecido tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, exigir que la "persona acredite de modo pleno y absoluto la vulneración de sus derechos en el extranjero, de la que van a derivarse consecuencias perjudiciales para la misma, o que esa vulneración va a tener lugar en el futuro, toda vez que ello supondría normalmente una carga exorbitante para el afectado" ( Sentencia del Tribunal Constitucional 32/2003, de 13 de febrero). Así debe estimarse suficiente que se justifique la existencia un temor racional y fundado de que estos derechos del reclamado pueden ser vulnerados por parte de los Órganos del Estado requirente, y deberá excluirse la entrega la entrega de sujetos que, presumiblemente, con cierto grado de seguridad, puedan sufrir vulneraciones relevantes, por existir al respecto un temor racional y fundado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, en relación con los derechos a la vida y a no padecer torturas ni penas o tratos inhumanos o degradantes, tomando en consideración las circunstancias concretas que pueden entrañar en estos casos una dificultad probatoria, ha aludido a la existencia de motivos serios y acreditados para creer que si el interesado es entregado al Estado requirente correrá un riesgo real de ser sometido a torturas o a penas o tratos inhumanos o degradantes (caso Soering, caso Ahmed contra Austria; Sentencia de 11 de julio de 2000, caso G.H.H. y otros contra Turquía). Ello supone que es preciso que "el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado" y, además, no bastan alusiones o alegaciones "genéricas" sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos ( Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2004, de 13 de septiembre)" ( Autos de la Audiencia Nacional, Pleno, 58/2021, de 21 de septiembre; 271/2018 bis, de 8 de junio). En el caso presente, no existen razones objetivas, ni la defensa las aporta, para creer que no se vayan a respetar los derechos fundamentales de la persona reclamada si se materializa la entrega, ni que la misma vaya a ser sometida, por las Autoridades judiciales del Estado reclamante, a tratos inhumanos o degradantes".

Y el Auto 185/2025, de fecha 28 de noviembre del pasado año 2025, del Pleno de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional :"En lo que respecta a la vinculación del reclamado a un medio periodístico que ha sido muy crítico con el régimen venezolano, expuesto como motivo de la reclamación cursada por Venezuela, aportándose en el recurso documentos varios que en gran medida obraban previamente en el procedimiento extradicional, nos encontramos nuevamente ante una conjetura, pues, el régimen venezolano lleva en el poder desde años atrás, cuando, la decisión del reclamado de abandonar el país ha sido reciente, resultando difícil establecer sobre la base de tales documentos vinculación entre su postura frente al régimen con la salida de Venezuela, sin por ende acreditarse la motivación de la persecución política que se aduce en el recurso. ... De otro lado, no se advierte riesgo para la vida del reclamado caso de accederse a la extradición. Dicho potencial peligro personal que se aduce en el supuesto presente no está corroborado sino en base a alusiones genéricas de persecución política de las que sería objeto Apolonio. y al tratamiento que recibiría en los centros penitenciarios ... teniéndose además en cuenta los compromisos internacionales a que atiende el Tratado de extradición suscrito entre sendos países descansando en la confianza mutua para su cumplimiento".

En suma, no habiendo apreciado el Tribunal de la Sección Segunda razones suficientes para denegar en esta vía o sede judicial la extradición solicitada respecto del ahora recurrente, resulta ante ello obligado el cumplimiento en el presente caso de los compromisos internacionales asumidos por España; por todo lo que estos motivos de recurso deben ser desestimados.

SEGUNDO.-Con carácter subsidiario, en el suplico de su escrito de recurso, el recurrente impetra: "que no se lleve a efecto la entrega del reclamado mientras permanezca vigente la autorizacio?n de residencia por razones humanitarias concedida al mismo, recientemente renovada con vigencia hasta el año 2027 y aportada como Documento nº 1 del presente recurso, por constituir un indicio institucional cualificado de riesgo actual vinculado al retorno, debiendo tenerse en cuenta dicha circunstancia en la ulterior fase gubernativa prevista en el artículo 18 de la Ley de Extradicio?n Pasiva"; aportando copia de un "Resguardo de solicitud o renovación de Tarjeta de Extranjero".

Esto es, que, como destaca el Ministerio Público en su ya mencionado escrito de oposición a esta súplica, "En cuanto a la solicitud de renovación de residencia en España por razones humanitarias, cabe decir que, en realidad, lo que ha acreditado el reclamado a través de su representación, videac. 47, es la renovación de tarjeta de extranjero que en su día le fue concedida".

Y, en cualquier caso, como explica el Auto 205/2025, de fecha 19 de diciembre de 2025, del Pleno de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, "En lo que respecta a que actualmente el reclamado tiene autorizada la residencia temporal por razones de protección internacional de carácter humanitario, tal situación no es idéntica a la de condición de asiladopues entre otras cuestiones atienden una y otra a motivos diferentes y su concesión es temporalmente dispar. Y ello, por cuanto mediante el asilo se establece legalmente el derecho fundamental de una persona a solicitar protección en otro país si huye de persecución, violencia, guerra u otras graves violaciones de derechos humanos, garantizando su no devolución, y sin embargo cuando se trata de la otra protección concedida, es meramente temporal por responder en gran medida su previsión y autorización a razones más bien caritativas y solidarias por una situación coyuntural, que no de persecución en los términos antes indicados para el asilo".

Y el Auto 83/2024 del Pleno de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 25 de octubre del año 2024 ,"si el recurrente hubiera solicitado la protección al amparo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, su efecto, en tanto ésta se tramita, será el contemplado en el artículo 19.2 de la misma, es decir, la suspensión de la ejecución del fallo de la entrega extradicional acordada".

Y el Auto nº 18/2025, de fecha 7 de febrero del corriente año 2025, también del Pleno de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ,"tan sólo la concesión de asilo de acuerdo con la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, da lugar a la denegación de la extradición de acuerdo con el artículo 4.8 de la Ley de Extradición Pasiva".

Por todo lo que, con desestimación del recurso de súplica que nos ocupa, debemos efectuar los pronunciamientos a expresar en la parte dispositiva de esta resolución.

Por cuanto antecede,

PRIMERO.-El recurrente alega, como motivos de la súplica, que: "la resolucio?n recurrida incurre en defectos esenciales: (i) no valora adecuadamente la prueba ya aportada que individualiza el riesgo, tanto el de persecucio?n poli?tica como el riesgo actual de vulneracio?n de derechos fundamentales en el Estado venezolano; (ii) omite cualquier consideracio?n expresa de los hechos sobrevenidos y documentacio?n reciente aportada tras la vista; (iii) minimiza o desplaza indebidamente el control de derechos fundamentales hacia el plano gubernativo, como si este Órgano jurisdiccional pudiera limitarse a una declaracio?n "en abstracto" de procedencia y dejar al Gobierno lo que, por mandato constitucional y convencional, exige examen jurisdiccional. ...Defecto de motivación: Insuficiencia argumental y ausencia de valoración concreta de la abundante documental aportada por esta parte. ... I. Omisio?n de valoracio?n de la prueba relativa al perfil poli?tico del reclamado ... II. Omisión de valoración del contexto actual de Venezuela y de los informes internacionales aportados ...";todo ello, por las razones que desarrolla en su escrito de recurso.

A criterio del Pleno, ninguna de estas alegaciones y motivos de recurso pueden ser atendidos.

Debe aquí recordarse en primer término que, como expone la Sentencia del Tribunal Supremo número 133/2017, de fecha 2 de marzo del año 2017 ,"el Tribunal no viene obligado a dar una respuesta explícita a todas y cada una de las alegaciones o argumentaciones de las partes, bastando con la respuesta a la pretensión realizada, en la medida en que implique también una desestimación de las argumentaciones efectuadas en sentido contrario a su decisión( Sentencias del Tribunal Supremo 744/2015, de 24 de noviembre y 829/2016, de 3 de noviembre)".

Pero es que en el presente caso, la Sección sí dio respuestas a estas alegaciones de la defensa del reclamado que ahora se reiteran en el recurso, con acertados argumentos (véase Razonamientos Jurídicos Quinto y Sexto del Auto recurrido) que el Pleno asume y hace propios.

Así lo destaca el Ministerio Público en su escrito de oposición a esta súplica, en el que informó que: "interesa la confirmación de la resolución recurrida por sus propios fundamentos por entenderla ajustada a Derecho, y, en su consecuencia, la desestimación del recurso de súplica, haciendo suyos en este momento procesal los razonamientos jurídicos de la resolución que se combate. Así, y respecto de los argumentos que contienen el recurso que se constriñen, básicamente, en: 1) Insuficiencia de valoración de la prueba documental aportada por la parte, relativa a la condición de opositor al régimen del reclamado y la eventual motivación política de la reclamación. Cabe decir que la resolución que se combate en sus Razonamientos Jurídicos Quinto y Sexto analiza de forma pormenorizada y suficientemente razonada la documentación existente que justifican su negativa a entender que el reclamado lo es por razones políticas, asi?, "atendida la abundante documentacio?n remitida por las Autoridades de Venezuela de la que se desprende con claridad que nos hallamos ante una reclamación ordinaria y por delito común". Por lo demás, cita base jurisprudencial del Tribunal Constitucional y que el Ministerio Fiscal hace suya en este momento procesal, donde se establece con claridad que "que el reclamado haya cometido el hecho por motivos políticos no permite inferir, sin más, que la reclamación extradicional esté basada en ese mismo tipo de motivos". 2) Riesgo sobrevenido acreditado en autos a rai?z del Estado de Conmoción Exterior publicado en la Gaceta oficial de 3 de enero de 2026, declaraciones de Amnistía internacional y otros organismos de carácter internacional. No comparte el Ministerio Fiscal el razonamiento de la defensa toda vez que, en este caso, los acontecimientos políticos ocurridos en Venezuela, si el reclamado es opositor al mismo, como dice, más bien podrían resultarles beneficiosos y no consta al Ministerio Fiscal un viraje jurisprudencial del Pleno de la Audiencia Nacional en tal sentido a partir de los hechos del 3 de enero de 2026. ... las entregas a Venezuela ... a día de hoy, las mismas se hallan normalizadas. Vide,por todos, Auto de la Audiencia Nacional, Pleno nº 179/2025, de 21 de noviembre, en una reclamacio?n de Venezuela, se deci?a: "El arti?culo 6 del Tratado señala que "1. No se concederá la extradicio?n por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La sola alegación de un fin o motivo político en la comisión de un delito no lo calificará como un delito de tal carácter (...).". Y el "2. Tampoco se concederá la extradición si la parte requerida tuviere fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o bien que la situación de aquella pueda ser agravada por estos motivos". "Pues bien, el Pleno no advierte que estemos ante estos supuestos de hecho, por más que la alegación de la parte recurrente propugne lo contrario. La demanda de extradición tiene por objeto la persecución de hechos constitutivos de delitos comunes,como son los de tráfico de drogas y de organización criminal, no tienen el carácter de políticos en ningún caso, ni se aproximan al mismo por ninguna clase de conexión".

Y, en efecto, como explica, con carácter general, entre otros muchos, el Auto número 9/2020, de fecha 5 de junio del año 2020, de la Sección Primera de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional : "...la extradicio?n pasiva es un proceso instrumental de cooperación judicial internacional cuyo origen se encuentra en el proceso penal de otro Estado, en este caso en trámite y en fase de preparación del juicio. Nuestro ordenamiento jurídico establece varios requisitos dentro del principio de legalidad extradicional, a los fines exclusivos de verificar el cumplimiento de las garantías relativas a la entrega que afectan a derechos fundamentales, singularmente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no sufrir penas o tratos inhumanos o degradantes, la libertad ideológica, el derecho a residir en España o los relacionados con el derecho a la tutela judicial efectiva y el proceso debido (arti?culos 15, 16, 17 y 24 de la Constitucio?n) ... so?lo en supuestos de acreditada y rigurosa situación de violación sistemática y genérica de los derechos fundamentales, el Juez de la extradición puede desestimar la solicitud para evitar un hipotético y probable riesgo de vulneración indirecta de los derechos fundamentales en el Estado requirente. Existiendo un convenio bilateral de extradición hay obligación de entregar al sujeto procesal que se esconde en el territorio de otro Estado, siempre que se supere el canon de enjuiciamiento que establece el principio de legalidad extradicional,que comprende la posible vulneración de derechos con ocasión de la entrega ... Será el Gobierno, que tiene la competencia en materia de relaciones internacionales, el que en el ámbito de su competencia podrá examinar, con exacto conocimiento de la situación política del Estado requirente y del respeto a las garantías de los derechos humanos básicos, si concurren motivos para pensar que su entrega ... puede poner en peligro sus derechos fundamentales( artículo 6 de la Ley de Extradición Pasiva)"".

Y, en concreto, respecto de demandas de extradición formalizadas por las Autoridades de Venezuela, el reciente Auto 1/2026, de fecha 9 de enero del corriente año 2026, del Pleno de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional :"La defensa de Reyes. sostiene en definitiva en el recurso, idénticas alegaciones a las realizadas en la vista del artículo 13 de la Ley de Extradición Pasiva, hasta el punto que son una copia exacta de aquellas y que ya han obtenido debida respuesta en el Auto recurrido. ... Considerando, que el caso de Reyes., se trata de una persecución, tanto en base a la militancia ... en el "Partido Accio?n Democrática" desde 2012, siendo una militante activa, como especialmente, por la persecución incesante, amenazas de muerte constantes e intentos de extorsio?n, por los llamados "Colectivos", que son grupos paramilitares, no ya afines al Gobierno, sino dirigidos por el mismo y por la Policía, teniendo a sus espaldas innumerables casos de tortura y desapariciones, tal y como recogen los informes de las organizaciones internacionales presentados ante la Sala. En apoyo de esta tesis presente copia de la denuncia presentada ante las Autoridades venezolanas en abril de 2024 en la que ... denuncio? el acoso y persecucio?n a la que fue sometida por los "Colectivos". ... la reclamada denuncio? ante las Autoridades venezolanas las amenazas de muerte y acoso que sufrió en diversas ocasiones por parte de los grupos paramilitares denominados "colectivos", aportándose al presente procedimiento la denuncia en cuestio?n. ... Todas estas cuestiones han sido resueltas adecuadamente en el Auto impugnado y como acertadamente se dice en él, en el presente procedimiento de extradición no se examinan los hechos de la demanda remitida por la Parte requirente a fin de dejar establecida la inocencia o la culpabilidad de la persona reclamada, en tanto que ello compete precisamente a los Órganos judiciales que han activado el mecanismo de la extradición para proseguir el proceso penal pendiente en el Estado requirente con la persona cuya entrega se demanda. Es cuestión distinta que para despejar si se trata de una reclamación infundada que encubre una motivación distinta, de naturaleza política y en los términos denunciados en nombre de la reclamada, de aquella otra que figura en el pedido extradicional, se ha de examinar la documentación remitida por las Autoridades venezolanas, en tanto en cuanto pueda ello contribuir a responder a lo expuesto y relacionado más arriba, en nombre de Reyes. Por todo ello procede la desestimación del recurso. No se aprecia en la documentación extradicional, que esta tenga una finalidad distinta de la que se dice,es decir poder contar con ella en el procedimiento judicial para examinar si concurre o no la existencia de un delito ... al haberse incoado un procedimiento penal al efecto ... El hecho de encontrarse la reclamada en España cuando se inicia el proceso penal venezolano no es óbice, para todo lo anterior, debiendo dilucidarse tal cuestión en los Tribunales venezolanos. No se aprecia ninguna relación entre la denuncia formulada por Reyes. en abril 2024 y el procedimiento judicial por el que se solicita la extradición, por lo que necesariamente debe desestimarse el recurso de súplica planteado".

Y el Auto 25/2026, de fecha 13 del pasado mes de febrero de este año 2026, del Pleno de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional:"el Pleno de la Sala de lo Penal de Audiencia Nacional viene afirmando de forma reiterada lo siguiente: "La prohibición constitucional de la tortura, así como de las penas o maltratos inhumanos o degradantes, debe ser interpretada, en atención a lo dispuesto por el artículo 10.2 de la Constitución Española, de conformidad con las determinaciones de la Declaración Universal de los derechos humanos y con otros tratados o acuerdos internacionales sobre la misma materia. En los procedimientos de extradición la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de forma reiterada viene reconociendo que cabe que se produzca la vulneración de estos derechos cuando se acuerde la entrega a un país donde vaya a producirse tal violación, al señalar como la especial naturaleza del procedimiento de extradición determina que si los órganos judiciales españoles, siendo conocedores de la eventual vulneración de los derechos fundamentales del recurrente en el país de destino, no la evitan con los medios de que disponen, a dichos Órganos habrá de serles imputables esa eventual vulneración de los derechos fundamentales del reclamado ( Autos de la Audiencia Nacional, Sección Tercera nº380/2022, de 28 de julio; Sección Primera nº 726/2022, de 23 de noviembre; Pleno nº69/2022, de 26 de septiembre; Pleno nº86/2021,de 26 de noviembre; Pleno nº53/2016, de 15 de septiembre, entre otros). Para estimar esta eventual vulneración no cabe, como tienen establecido tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, exigir que la "persona acredite de modo pleno y absoluto la vulneración de sus derechos en el extranjero, de la que van a derivarse consecuencias perjudiciales para la misma, o que esa vulneración va a tener lugar en el futuro, toda vez que ello supondría normalmente una carga exorbitante para el afectado" ( Sentencia del Tribunal Constitucional 32/2003, de 13 de febrero). Así debe estimarse suficiente que se justifique la existencia un temor racional y fundado de que estos derechos del reclamado pueden ser vulnerados por parte de los Órganos del Estado requirente, y deberá excluirse la entrega la entrega de sujetos que, presumiblemente, con cierto grado de seguridad, puedan sufrir vulneraciones relevantes, por existir al respecto un temor racional y fundado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, en relación con los derechos a la vida y a no padecer torturas ni penas o tratos inhumanos o degradantes, tomando en consideración las circunstancias concretas que pueden entrañar en estos casos una dificultad probatoria, ha aludido a la existencia de motivos serios y acreditados para creer que si el interesado es entregado al Estado requirente correrá un riesgo real de ser sometido a torturas o a penas o tratos inhumanos o degradantes (caso Soering, caso Ahmed contra Austria; Sentencia de 11 de julio de 2000, caso G.H.H. y otros contra Turquía). Ello supone que es preciso que "el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado" y, además, no bastan alusiones o alegaciones "genéricas" sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos ( Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2004, de 13 de septiembre)" ( Autos de la Audiencia Nacional, Pleno, 58/2021, de 21 de septiembre; 271/2018 bis, de 8 de junio). En el caso presente, no existen razones objetivas, ni la defensa las aporta, para creer que no se vayan a respetar los derechos fundamentales de la persona reclamada si se materializa la entrega, ni que la misma vaya a ser sometida, por las Autoridades judiciales del Estado reclamante, a tratos inhumanos o degradantes".

Y el Auto 185/2025, de fecha 28 de noviembre del pasado año 2025, del Pleno de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional :"En lo que respecta a la vinculación del reclamado a un medio periodístico que ha sido muy crítico con el régimen venezolano, expuesto como motivo de la reclamación cursada por Venezuela, aportándose en el recurso documentos varios que en gran medida obraban previamente en el procedimiento extradicional, nos encontramos nuevamente ante una conjetura, pues, el régimen venezolano lleva en el poder desde años atrás, cuando, la decisión del reclamado de abandonar el país ha sido reciente, resultando difícil establecer sobre la base de tales documentos vinculación entre su postura frente al régimen con la salida de Venezuela, sin por ende acreditarse la motivación de la persecución política que se aduce en el recurso. ... De otro lado, no se advierte riesgo para la vida del reclamado caso de accederse a la extradición. Dicho potencial peligro personal que se aduce en el supuesto presente no está corroborado sino en base a alusiones genéricas de persecución política de las que sería objeto Apolonio. y al tratamiento que recibiría en los centros penitenciarios ... teniéndose además en cuenta los compromisos internacionales a que atiende el Tratado de extradición suscrito entre sendos países descansando en la confianza mutua para su cumplimiento".

En suma, no habiendo apreciado el Tribunal de la Sección Segunda razones suficientes para denegar en esta vía o sede judicial la extradición solicitada respecto del ahora recurrente, resulta ante ello obligado el cumplimiento en el presente caso de los compromisos internacionales asumidos por España; por todo lo que estos motivos de recurso deben ser desestimados.

SEGUNDO.-Con carácter subsidiario, en el suplico de su escrito de recurso, el recurrente impetra: "que no se lleve a efecto la entrega del reclamado mientras permanezca vigente la autorizacio?n de residencia por razones humanitarias concedida al mismo, recientemente renovada con vigencia hasta el año 2027 y aportada como Documento nº 1 del presente recurso, por constituir un indicio institucional cualificado de riesgo actual vinculado al retorno, debiendo tenerse en cuenta dicha circunstancia en la ulterior fase gubernativa prevista en el artículo 18 de la Ley de Extradicio?n Pasiva"; aportando copia de un "Resguardo de solicitud o renovación de Tarjeta de Extranjero".

Esto es, que, como destaca el Ministerio Público en su ya mencionado escrito de oposición a esta súplica, "En cuanto a la solicitud de renovación de residencia en España por razones humanitarias, cabe decir que, en realidad, lo que ha acreditado el reclamado a través de su representación, videac. 47, es la renovación de tarjeta de extranjero que en su día le fue concedida".

Y, en cualquier caso, como explica el Auto 205/2025, de fecha 19 de diciembre de 2025, del Pleno de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, "En lo que respecta a que actualmente el reclamado tiene autorizada la residencia temporal por razones de protección internacional de carácter humanitario, tal situación no es idéntica a la de condición de asiladopues entre otras cuestiones atienden una y otra a motivos diferentes y su concesión es temporalmente dispar. Y ello, por cuanto mediante el asilo se establece legalmente el derecho fundamental de una persona a solicitar protección en otro país si huye de persecución, violencia, guerra u otras graves violaciones de derechos humanos, garantizando su no devolución, y sin embargo cuando se trata de la otra protección concedida, es meramente temporal por responder en gran medida su previsión y autorización a razones más bien caritativas y solidarias por una situación coyuntural, que no de persecución en los términos antes indicados para el asilo".

Y el Auto 83/2024 del Pleno de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 25 de octubre del año 2024 ,"si el recurrente hubiera solicitado la protección al amparo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, su efecto, en tanto ésta se tramita, será el contemplado en el artículo 19.2 de la misma, es decir, la suspensión de la ejecución del fallo de la entrega extradicional acordada".

Y el Auto nº 18/2025, de fecha 7 de febrero del corriente año 2025, también del Pleno de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ,"tan sólo la concesión de asilo de acuerdo con la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, da lugar a la denegación de la extradición de acuerdo con el artículo 4.8 de la Ley de Extradición Pasiva".

Por todo lo que, con desestimación del recurso de súplica que nos ocupa, debemos efectuar los pronunciamientos a expresar en la parte dispositiva de esta resolución.

Por cuanto antecede,

PRIMERO.-El recurrente alega, como motivos de la súplica, que: "la resolucio?n recurrida incurre en defectos esenciales: (i) no valora adecuadamente la prueba ya aportada que individualiza el riesgo, tanto el de persecucio?n poli?tica como el riesgo actual de vulneracio?n de derechos fundamentales en el Estado venezolano; (ii) omite cualquier consideracio?n expresa de los hechos sobrevenidos y documentacio?n reciente aportada tras la vista; (iii) minimiza o desplaza indebidamente el control de derechos fundamentales hacia el plano gubernativo, como si este Órgano jurisdiccional pudiera limitarse a una declaracio?n "en abstracto" de procedencia y dejar al Gobierno lo que, por mandato constitucional y convencional, exige examen jurisdiccional. ...Defecto de motivación: Insuficiencia argumental y ausencia de valoración concreta de la abundante documental aportada por esta parte. ... I. Omisio?n de valoracio?n de la prueba relativa al perfil poli?tico del reclamado ... II. Omisión de valoración del contexto actual de Venezuela y de los informes internacionales aportados ...";todo ello, por las razones que desarrolla en su escrito de recurso.

A criterio del Pleno, ninguna de estas alegaciones y motivos de recurso pueden ser atendidos.

Debe aquí recordarse en primer término que, como expone la Sentencia del Tribunal Supremo número 133/2017, de fecha 2 de marzo del año 2017 ,"el Tribunal no viene obligado a dar una respuesta explícita a todas y cada una de las alegaciones o argumentaciones de las partes, bastando con la respuesta a la pretensión realizada, en la medida en que implique también una desestimación de las argumentaciones efectuadas en sentido contrario a su decisión( Sentencias del Tribunal Supremo 744/2015, de 24 de noviembre y 829/2016, de 3 de noviembre)".

Pero es que en el presente caso, la Sección sí dio respuestas a estas alegaciones de la defensa del reclamado que ahora se reiteran en el recurso, con acertados argumentos (véase Razonamientos Jurídicos Quinto y Sexto del Auto recurrido) que el Pleno asume y hace propios.

Así lo destaca el Ministerio Público en su escrito de oposición a esta súplica, en el que informó que: "interesa la confirmación de la resolución recurrida por sus propios fundamentos por entenderla ajustada a Derecho, y, en su consecuencia, la desestimación del recurso de súplica, haciendo suyos en este momento procesal los razonamientos jurídicos de la resolución que se combate. Así, y respecto de los argumentos que contienen el recurso que se constriñen, básicamente, en: 1) Insuficiencia de valoración de la prueba documental aportada por la parte, relativa a la condición de opositor al régimen del reclamado y la eventual motivación política de la reclamación. Cabe decir que la resolución que se combate en sus Razonamientos Jurídicos Quinto y Sexto analiza de forma pormenorizada y suficientemente razonada la documentación existente que justifican su negativa a entender que el reclamado lo es por razones políticas, asi?, "atendida la abundante documentacio?n remitida por las Autoridades de Venezuela de la que se desprende con claridad que nos hallamos ante una reclamación ordinaria y por delito común". Por lo demás, cita base jurisprudencial del Tribunal Constitucional y que el Ministerio Fiscal hace suya en este momento procesal, donde se establece con claridad que "que el reclamado haya cometido el hecho por motivos políticos no permite inferir, sin más, que la reclamación extradicional esté basada en ese mismo tipo de motivos". 2) Riesgo sobrevenido acreditado en autos a rai?z del Estado de Conmoción Exterior publicado en la Gaceta oficial de 3 de enero de 2026, declaraciones de Amnistía internacional y otros organismos de carácter internacional. No comparte el Ministerio Fiscal el razonamiento de la defensa toda vez que, en este caso, los acontecimientos políticos ocurridos en Venezuela, si el reclamado es opositor al mismo, como dice, más bien podrían resultarles beneficiosos y no consta al Ministerio Fiscal un viraje jurisprudencial del Pleno de la Audiencia Nacional en tal sentido a partir de los hechos del 3 de enero de 2026. ... las entregas a Venezuela ... a día de hoy, las mismas se hallan normalizadas. Vide,por todos, Auto de la Audiencia Nacional, Pleno nº 179/2025, de 21 de noviembre, en una reclamacio?n de Venezuela, se deci?a: "El arti?culo 6 del Tratado señala que "1. No se concederá la extradicio?n por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La sola alegación de un fin o motivo político en la comisión de un delito no lo calificará como un delito de tal carácter (...).". Y el "2. Tampoco se concederá la extradición si la parte requerida tuviere fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o bien que la situación de aquella pueda ser agravada por estos motivos". "Pues bien, el Pleno no advierte que estemos ante estos supuestos de hecho, por más que la alegación de la parte recurrente propugne lo contrario. La demanda de extradición tiene por objeto la persecución de hechos constitutivos de delitos comunes,como son los de tráfico de drogas y de organización criminal, no tienen el carácter de políticos en ningún caso, ni se aproximan al mismo por ninguna clase de conexión".

Y, en efecto, como explica, con carácter general, entre otros muchos, el Auto número 9/2020, de fecha 5 de junio del año 2020, de la Sección Primera de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional : "...la extradicio?n pasiva es un proceso instrumental de cooperación judicial internacional cuyo origen se encuentra en el proceso penal de otro Estado, en este caso en trámite y en fase de preparación del juicio. Nuestro ordenamiento jurídico establece varios requisitos dentro del principio de legalidad extradicional, a los fines exclusivos de verificar el cumplimiento de las garantías relativas a la entrega que afectan a derechos fundamentales, singularmente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no sufrir penas o tratos inhumanos o degradantes, la libertad ideológica, el derecho a residir en España o los relacionados con el derecho a la tutela judicial efectiva y el proceso debido (arti?culos 15, 16, 17 y 24 de la Constitucio?n) ... so?lo en supuestos de acreditada y rigurosa situación de violación sistemática y genérica de los derechos fundamentales, el Juez de la extradición puede desestimar la solicitud para evitar un hipotético y probable riesgo de vulneración indirecta de los derechos fundamentales en el Estado requirente. Existiendo un convenio bilateral de extradición hay obligación de entregar al sujeto procesal que se esconde en el territorio de otro Estado, siempre que se supere el canon de enjuiciamiento que establece el principio de legalidad extradicional,que comprende la posible vulneración de derechos con ocasión de la entrega ... Será el Gobierno, que tiene la competencia en materia de relaciones internacionales, el que en el ámbito de su competencia podrá examinar, con exacto conocimiento de la situación política del Estado requirente y del respeto a las garantías de los derechos humanos básicos, si concurren motivos para pensar que su entrega ... puede poner en peligro sus derechos fundamentales( artículo 6 de la Ley de Extradición Pasiva)"".

Y, en concreto, respecto de demandas de extradición formalizadas por las Autoridades de Venezuela, el reciente Auto 1/2026, de fecha 9 de enero del corriente año 2026, del Pleno de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional :"La defensa de Reyes. sostiene en definitiva en el recurso, idénticas alegaciones a las realizadas en la vista del artículo 13 de la Ley de Extradición Pasiva, hasta el punto que son una copia exacta de aquellas y que ya han obtenido debida respuesta en el Auto recurrido. ... Considerando, que el caso de Reyes., se trata de una persecución, tanto en base a la militancia ... en el "Partido Accio?n Democrática" desde 2012, siendo una militante activa, como especialmente, por la persecución incesante, amenazas de muerte constantes e intentos de extorsio?n, por los llamados "Colectivos", que son grupos paramilitares, no ya afines al Gobierno, sino dirigidos por el mismo y por la Policía, teniendo a sus espaldas innumerables casos de tortura y desapariciones, tal y como recogen los informes de las organizaciones internacionales presentados ante la Sala. En apoyo de esta tesis presente copia de la denuncia presentada ante las Autoridades venezolanas en abril de 2024 en la que ... denuncio? el acoso y persecucio?n a la que fue sometida por los "Colectivos". ... la reclamada denuncio? ante las Autoridades venezolanas las amenazas de muerte y acoso que sufrió en diversas ocasiones por parte de los grupos paramilitares denominados "colectivos", aportándose al presente procedimiento la denuncia en cuestio?n. ... Todas estas cuestiones han sido resueltas adecuadamente en el Auto impugnado y como acertadamente se dice en él, en el presente procedimiento de extradición no se examinan los hechos de la demanda remitida por la Parte requirente a fin de dejar establecida la inocencia o la culpabilidad de la persona reclamada, en tanto que ello compete precisamente a los Órganos judiciales que han activado el mecanismo de la extradición para proseguir el proceso penal pendiente en el Estado requirente con la persona cuya entrega se demanda. Es cuestión distinta que para despejar si se trata de una reclamación infundada que encubre una motivación distinta, de naturaleza política y en los términos denunciados en nombre de la reclamada, de aquella otra que figura en el pedido extradicional, se ha de examinar la documentación remitida por las Autoridades venezolanas, en tanto en cuanto pueda ello contribuir a responder a lo expuesto y relacionado más arriba, en nombre de Reyes. Por todo ello procede la desestimación del recurso. No se aprecia en la documentación extradicional, que esta tenga una finalidad distinta de la que se dice,es decir poder contar con ella en el procedimiento judicial para examinar si concurre o no la existencia de un delito ... al haberse incoado un procedimiento penal al efecto ... El hecho de encontrarse la reclamada en España cuando se inicia el proceso penal venezolano no es óbice, para todo lo anterior, debiendo dilucidarse tal cuestión en los Tribunales venezolanos. No se aprecia ninguna relación entre la denuncia formulada por Reyes. en abril 2024 y el procedimiento judicial por el que se solicita la extradición, por lo que necesariamente debe desestimarse el recurso de súplica planteado".

Y el Auto 25/2026, de fecha 13 del pasado mes de febrero de este año 2026, del Pleno de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional:"el Pleno de la Sala de lo Penal de Audiencia Nacional viene afirmando de forma reiterada lo siguiente: "La prohibición constitucional de la tortura, así como de las penas o maltratos inhumanos o degradantes, debe ser interpretada, en atención a lo dispuesto por el artículo 10.2 de la Constitución Española, de conformidad con las determinaciones de la Declaración Universal de los derechos humanos y con otros tratados o acuerdos internacionales sobre la misma materia. En los procedimientos de extradición la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de forma reiterada viene reconociendo que cabe que se produzca la vulneración de estos derechos cuando se acuerde la entrega a un país donde vaya a producirse tal violación, al señalar como la especial naturaleza del procedimiento de extradición determina que si los órganos judiciales españoles, siendo conocedores de la eventual vulneración de los derechos fundamentales del recurrente en el país de destino, no la evitan con los medios de que disponen, a dichos Órganos habrá de serles imputables esa eventual vulneración de los derechos fundamentales del reclamado ( Autos de la Audiencia Nacional, Sección Tercera nº380/2022, de 28 de julio; Sección Primera nº 726/2022, de 23 de noviembre; Pleno nº69/2022, de 26 de septiembre; Pleno nº86/2021,de 26 de noviembre; Pleno nº53/2016, de 15 de septiembre, entre otros). Para estimar esta eventual vulneración no cabe, como tienen establecido tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, exigir que la "persona acredite de modo pleno y absoluto la vulneración de sus derechos en el extranjero, de la que van a derivarse consecuencias perjudiciales para la misma, o que esa vulneración va a tener lugar en el futuro, toda vez que ello supondría normalmente una carga exorbitante para el afectado" ( Sentencia del Tribunal Constitucional 32/2003, de 13 de febrero). Así debe estimarse suficiente que se justifique la existencia un temor racional y fundado de que estos derechos del reclamado pueden ser vulnerados por parte de los Órganos del Estado requirente, y deberá excluirse la entrega la entrega de sujetos que, presumiblemente, con cierto grado de seguridad, puedan sufrir vulneraciones relevantes, por existir al respecto un temor racional y fundado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, en relación con los derechos a la vida y a no padecer torturas ni penas o tratos inhumanos o degradantes, tomando en consideración las circunstancias concretas que pueden entrañar en estos casos una dificultad probatoria, ha aludido a la existencia de motivos serios y acreditados para creer que si el interesado es entregado al Estado requirente correrá un riesgo real de ser sometido a torturas o a penas o tratos inhumanos o degradantes (caso Soering, caso Ahmed contra Austria; Sentencia de 11 de julio de 2000, caso G.H.H. y otros contra Turquía). Ello supone que es preciso que "el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado" y, además, no bastan alusiones o alegaciones "genéricas" sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos ( Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2004, de 13 de septiembre)" ( Autos de la Audiencia Nacional, Pleno, 58/2021, de 21 de septiembre; 271/2018 bis, de 8 de junio). En el caso presente, no existen razones objetivas, ni la defensa las aporta, para creer que no se vayan a respetar los derechos fundamentales de la persona reclamada si se materializa la entrega, ni que la misma vaya a ser sometida, por las Autoridades judiciales del Estado reclamante, a tratos inhumanos o degradantes".

Y el Auto 185/2025, de fecha 28 de noviembre del pasado año 2025, del Pleno de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional :"En lo que respecta a la vinculación del reclamado a un medio periodístico que ha sido muy crítico con el régimen venezolano, expuesto como motivo de la reclamación cursada por Venezuela, aportándose en el recurso documentos varios que en gran medida obraban previamente en el procedimiento extradicional, nos encontramos nuevamente ante una conjetura, pues, el régimen venezolano lleva en el poder desde años atrás, cuando, la decisión del reclamado de abandonar el país ha sido reciente, resultando difícil establecer sobre la base de tales documentos vinculación entre su postura frente al régimen con la salida de Venezuela, sin por ende acreditarse la motivación de la persecución política que se aduce en el recurso. ... De otro lado, no se advierte riesgo para la vida del reclamado caso de accederse a la extradición. Dicho potencial peligro personal que se aduce en el supuesto presente no está corroborado sino en base a alusiones genéricas de persecución política de las que sería objeto Apolonio. y al tratamiento que recibiría en los centros penitenciarios ... teniéndose además en cuenta los compromisos internacionales a que atiende el Tratado de extradición suscrito entre sendos países descansando en la confianza mutua para su cumplimiento".

En suma, no habiendo apreciado el Tribunal de la Sección Segunda razones suficientes para denegar en esta vía o sede judicial la extradición solicitada respecto del ahora recurrente, resulta ante ello obligado el cumplimiento en el presente caso de los compromisos internacionales asumidos por España; por todo lo que estos motivos de recurso deben ser desestimados.

SEGUNDO.-Con carácter subsidiario, en el suplico de su escrito de recurso, el recurrente impetra: "que no se lleve a efecto la entrega del reclamado mientras permanezca vigente la autorizacio?n de residencia por razones humanitarias concedida al mismo, recientemente renovada con vigencia hasta el año 2027 y aportada como Documento nº 1 del presente recurso, por constituir un indicio institucional cualificado de riesgo actual vinculado al retorno, debiendo tenerse en cuenta dicha circunstancia en la ulterior fase gubernativa prevista en el artículo 18 de la Ley de Extradicio?n Pasiva"; aportando copia de un "Resguardo de solicitud o renovación de Tarjeta de Extranjero".

Esto es, que, como destaca el Ministerio Público en su ya mencionado escrito de oposición a esta súplica, "En cuanto a la solicitud de renovación de residencia en España por razones humanitarias, cabe decir que, en realidad, lo que ha acreditado el reclamado a través de su representación, videac. 47, es la renovación de tarjeta de extranjero que en su día le fue concedida".

Y, en cualquier caso, como explica el Auto 205/2025, de fecha 19 de diciembre de 2025, del Pleno de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, "En lo que respecta a que actualmente el reclamado tiene autorizada la residencia temporal por razones de protección internacional de carácter humanitario, tal situación no es idéntica a la de condición de asiladopues entre otras cuestiones atienden una y otra a motivos diferentes y su concesión es temporalmente dispar. Y ello, por cuanto mediante el asilo se establece legalmente el derecho fundamental de una persona a solicitar protección en otro país si huye de persecución, violencia, guerra u otras graves violaciones de derechos humanos, garantizando su no devolución, y sin embargo cuando se trata de la otra protección concedida, es meramente temporal por responder en gran medida su previsión y autorización a razones más bien caritativas y solidarias por una situación coyuntural, que no de persecución en los términos antes indicados para el asilo".

Y el Auto 83/2024 del Pleno de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 25 de octubre del año 2024 ,"si el recurrente hubiera solicitado la protección al amparo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, su efecto, en tanto ésta se tramita, será el contemplado en el artículo 19.2 de la misma, es decir, la suspensión de la ejecución del fallo de la entrega extradicional acordada".

Y el Auto nº 18/2025, de fecha 7 de febrero del corriente año 2025, también del Pleno de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ,"tan sólo la concesión de asilo de acuerdo con la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, da lugar a la denegación de la extradición de acuerdo con el artículo 4.8 de la Ley de Extradición Pasiva".

Por todo lo que, con desestimación del recurso de súplica que nos ocupa, debemos efectuar los pronunciamientos a expresar en la parte dispositiva de esta resolución.

Por cuanto antecede,