Auto Penal 270/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 93/2023 de 20 de mayo del 2025

PRIMERO.-Las normas legales aplicables al presente procedimiento de extradición, en virtud de lo establecido en el artículo 13.3 de la Constitución, están contenidas en:

A)El Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República del Perú, suscrito en Madrid el día 28-6-1989, que entró en vigor el día 31-1-1994, una vez efectuado el canje de los Instrumentos de Ratificación con fecha 17-12-1993 en Lima.

B)El Canje de Notas constitutivo de Acuerdo, por el que se enmienda el anterior Tratado, también hecho en Madrid el día 4-8-2008 y el 9-3-2009 (B.O.E. del viernes día 12-8-2011).

C)Con carácter supletorio, en la Ley española 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva y disposiciones concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

D)El principio de reciprocidad.

SEGUNDO.-La extradición del reclamado se solicita para posibilitar que éste cumpla en Perú la pena de 4 años de prisión que le fue impuesta por sentencia dictada el día 14-1-2021, confirmada el 1-7-2021 al ser desestimado el recurso de apelación interpuesto, por haber perpetrado un delito contra la tranquilidad pública, en su modalidad de marcaje o reglaje, en agravio del Estado, previsto en el artículo 317.A del Código Penal peruano y castigado con pena privativa de libertad que discurre entre los 3 y los 6 años.

En el Código Penal español, en ausencia de coincidencia en la designación de tipos penales, los hechos cometidos podrían ser constitutivos de un supuesto de conspiración delictiva para apoderarse de cosas muebles ajenas (ya sea robo, con intimidación o con fuerza, ya sea hurto), previsto en los artículos 17.1 y 269 de nuestro Texto punitivo, o bien una tentativa de delito (asimismo, ya sea robo, con intimidación o con fuerza, ya sea hurto), previsto en los artículos 242, 240 y 234, en relación con los artículos 16 y 62 de nuestro Texto punitivo. En cualesquiera de los supuestos, la pena básica habría que degradarla en uno o dos grados (artículos 269 y 62), de forma que la pena máxima en los casos de robo con intimidación superaría los 6 meses de prisión, en tanto que la pena máxima aplicable para los casos de robo con fuerza o hurto quedaría establecida en los 6 meses de prisión, que constituye el límite establecido en el artículo 2.3 del Tratado de Extradición de 1989 vigente para que pueda tramitarse un procedimiento de extradición a efectos de cumplimiento de pena privativa de libertad.

Se trata, por consiguiente, de hechos considerados como constitutivos de delito por las legislaciones tanto del Estado requirente como del Estado requerido, por lo que se cumple el requisito de la doble incriminación. Como también se observa el requisito del mínimo punitivo de 6 meses de prisión establecido en el referido artículo 2.3 del Tratado.

El reclamado no tiene nacionalidad española, y no se dan ninguno de los supuestos previstos en los artículos 4, 5, 6, 9 y 10 del Tratado para denegar la extradición, no estando prescrita la pena impuesta; no teniendo carácter político ni militar ni fiscal el delito cometido; no habiendo conocido de la instrucción un órgano judicial de excepción o ad hoc, y no siendo castigado con la pena de muerte o la pena capital dicho delito, como tampoco con pena que atente contra la integridad corporal o que exponga al reclamado a tratos inhumanos o degradantes.

TERCERO.-La solicitud de extradición ha cumplido todos los requisitos legalmente establecidos, habiendo sido remitida al Ministerio de Justicia español a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, acompañada de los datos de identificación de la persona reclamada, que permiten establecer sin duda alguna que se trata de la persona a la que se refiere este procedimiento (como el propio reclamado ha admitido), de las actuaciones judiciales desplegadas, conteniendo el relato de los hechos acaecidos, y de la orden de detención, junto con la copia de las actuaciones, de las sentencias condenatorias dictadas y de los textos legales aplicables, como establece el artículo 15 del Tratado bilateral.

CUARTO.-Considera la defensa del reclamado y este mismo que por cuatro motivos no procede la entrega de Inocencio al Estado reclamante. Ninguna de las causas de oposición formuladas, tres de ellas expuestas de manera somera por la parte interesada y la restante por el propio reclamado, puede acogerse, por las razones que seguidamente se expondrán.

A)En primer lugar, se alega por la dirección procesal del reclamado, que no concurre el principio extradicional de la doble incriminación. Éste consiste en que el hecho por el que se pide la extradición sea delictivo y esté sancionado con una determinada penalidad en las legislaciones punitivas del Estado requirente y del Estado requerido. Pero no exige identidad de las normas penales de los Estados concernidos, ni la identidad de penas en ambas legislaciones, sino que basta con que se cumplan los mínimos penales previstos en las normas aplicables ( S.T.S. nº 2/1997, de 20 de mayo, que cita los A.T.C. nº 23/1997, nº 499/1988 y nº 753/1985). Asimismo, se hace alusión a esta cuestión en los A.T.C. nº 121/2000, de 16 de mayo; nº 95/1999, de 14 de abril; nº 49/1999, de 4 de marzo, y nº 23/1997, de 27 de enero, indicando este último que el principio en cuestión no exige una misma denominación del delito en ambas legislaciones, ni tampoco que las normas penales respectivas sean idénticas.

Por su parte, el A.T.C. nº 412/2004, de 2 de noviembre, destaca que la doble incriminación en los Estados requirente y requerido no exige que los tipos delictivos que sancionan la conducta perseguida tengan la misma estructura y naturaleza, sino tan sólo que la misma conducta sea objeto de sanción penal en ambos Estados; añadiendo que, dado que el proceso extradicional limita su naturaleza a la de ser un simple acto de auxilio judicial internacional, el alcance de dicho principio es únicamente el expresado; procediendo exclusivamente la comprobación de las condiciones específicamente recogidas en las Leyes y Convenios que la regulan.

En el caso analizado, la infracción penal perpetrada por el reclamado se denomina en Perú, "delito contra la tranquilidad pública, en su modalidad de marcaje y reglaje, en agravio del Estado", tipificado en el artículo 317.A del Código Penal de Perú. Con ese nombre no existe tipo penal alguno en nuestro país. Por lo que tenemos que remitirnos al precepto penal aplicado y a la interpretación que del mismo realiza la doctrina jurisprudencial peruana, para averiguar si la mencionada infracción constituye una modalidad delictiva homologable en España.

Dicho artículo 317.A del Código Penal del Estado requirente establece: "Será reprimido con pena privativa de libertad no menos de tres ni mayor de seis años el que para cometer o facilitar la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos 106 , 107 , 108 , 108 -A, 121 , 152 , 153 , 170 , 171 , 172 , 173 , 173 -A, 175 , 176 , 176 -A, 177 , 185 , 186 , 188 , 189 o 200 del Código Penal , acopia o entrega información, realiza vigilancia o seguimiento, o colabora en la ejecución de tales conductas mediante el uso de armas de fuego, vehículos, teléfonos u otros instrumentos idóneos".

La aludida sentencia de 14-1-2021 dice que se trata de un delito de peligro abstracto, en donde la probabilidad de causar un riesgo al bien jurídico a través de una conducta relevante penalmente es suficiente para configurar el tipo penal, pues la conducta del agente consiste en acopiar o entregar información que servirá para la ejecución de conductas ilícitas a futuro y para ello es posible que el agente se ampare de armas, vehículos, teléfonos u otros instrumentos idóneos.

De manera más descriptiva, la sentencia dictada en apelación de 1-7-2021 expresa que el concepto de "reglaje" es el seguimiento continuo y permanente que efectúan ciertos agentes delictuales sobre personas y cosas, con la finalidad de acopiar información y/o datos relevantes que le permita ejecutar su plan criminal con toda garantía en su ejecución; el listado de delitos que el agente pretende perpetrar, merced a los actos de reglaje, son: robo, robo agravado, homicidio simple, parricidio, homicidio calificado, extorsión, entre otros.

Respecto a la tipicidad objetiva, el tipo penal describe de modo alternativo las siguientes conductas: 1.-Actos de acopio de información, es decir, acopio de datos relevantes, necesarios para poder asegurar el éxito de la operación criminal. 2.-Actos de vigilancia o seguimiento de personas, o sea, comportamientos muy próximos a la etapa ejecutiva del injusto penal, necesarios para la perpetración de figuras delictivas, como el robo, el secuestro o la extorsión; seguimiento que podrá ser prolongado o de tiempo escaso, dependiendo de la complejidad del caso. Y 3.-Posesión de armas, vehículos, teléfonos u otros instrumentos, es decir, tenencia de instrumentos, objetos o herramientas, con aptitud para poder realizar el delito fin.

Respecto a la tipicidad subjetiva, se requiere necesariamente el dolo, pues el sujeto activo ha de ser consciente de que está emprendiendo actos típicos de reglaje, con la intención de cometer otro delito, de aquellos contenidos en el tipo del artículo 317.A del Código Penal peruano.

Con estas ideas básicas, debemos precisar si el delito por el que ha sido condenado en Perú el reclamado, cuya extradición para cumplimiento de la pena impuesta solicitan las autoridades peruanas, tiene encaje en la legislación punitiva española. Ya hemos anticipado que la respuesta es doblemente positiva, según atendamos a lo sugerido en la documentación extradicional recibida y al criterio exteriorizado en la vista por el Ministerio Fiscal.

En el primer caso (documentación procedente del Estado reclamante), los hechos encajan en la doctrina de las llamadas "resoluciones manifestadas", reguladas en los artículos 17 y 269 del Código Penal español; el primer precepto establece que "La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo",en tanto que el segundo precepto dice que "La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de robo, extorsión, estafa o apropiación indebida, serán castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente".

En el segundo caso (tesis del Ministerio Fiscal español), los hechos cometidos por el reclamado se encuentran enmarcados en el grado de participación de la tentativa ( artículos 16 y 62 del Código Penal español, el primero de los cuales establece en su nº 1 que "Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor").Ya sea tentativa de un delito de robo con intimidación en las personas (no olvidemos que debajo del asiento del copiloto del vehículo Nissan AD blanco en el que iba el reclamado fue incautada un arma de aire comprimido), de un delito de robo con fuerza en las cosas o bien de un delito de hurto, teniendo en cuenta que el valor de los efectos que se pretendían sustraer ascendían a 10.000 nuevos soles peruanos (alrededor de 2.420 euros, al cambio actual). En cualquiera de los cuatro supuestos analizados, las figuras delictivas aplicables están castigadas con pena inferior en uno o dos grados al delito consumado, superando en todo caso el mínimo punitivo de los seis meses de prisión, establecido en el artículo 2.3 del Tratado de extradición hispano-peruano de 1989. Por lo cual concurre el principio extradicional cuestionado por la defensa del reclamado.

Pudiera plantearse que, del contraste entre la lectura de los hechos declarados probados en la sentencia firme dictada y la dicción del tipo punitivo peruano concernido, no se extraen las consecuencias penológicas precisas para la homologación de los delitos aplicables en uno y otro Estado. En este sentido, no necesitamos acudir al valladar impuesto por la prohibición del conocimiento del fondo del asunto en supuestos como el analizado, ya que, a pesar de la existencia de una sentencia firme sobre el caso, el artículo 15.2 b) del Tratado de Extradición bilateral establece que a la solicitud de extradición deberá acompañarse una relación de los indicios probatorios en que se fundamenta la resolución pendiente de ejecución.

Estos indicios incriminatorios vienen claramente expuestos en las resoluciones condenatorias del reclamado.

Así, en la primera sentencia, de 14-1-2021,º se indica la prevalencia de la declaración incriminatoria del denunciante Feliciano acerca de los seguimientos que efectuaban el vehículo donde iban tres inculpados y la moto manejada por el cuarto; precisamente este último declaró que la pistola de aire comprimido hallada debajo del asiento del copiloto del coche era del aquí reclamado. También se detiene dicha resolución en las actas de conversaciones telefónicas vía whatsapp habidas entre los acusados Inocencio y Alvaro, extraídas del deslacrado y visualización de los teléfonos móviles intervenidos a aquéllos, con expresiones como las siguientes: "la moto lo cierra y él pega y nosotros nos bajamos a chambear pegaditos, él nos hace sombra y rompemos"; "KFC Santa Catalina Av. Canadá 1098, La Victoria 15034, a esta dirección iremos mañana"; "habla mano, despierta, mano ya confirmaste la moto"; "entonces nos vamos los cuatro no más"; "ok, mano, la moto ya tiene que salir para que nos diga cómo va"; "esos días llevan más celulares, tiene que ser antes de fin de mes porque esa empresa cierra, fin de mes y hay que aprovechar".Tales expresiones se profirieron los días 23 y 24-6-2017, poco antes de los hechos denunciados, y reflejan la forma coordinada y concertada de los acusados, entre ellos el reclamado, para producir el acto de apoderamiento de los efectos informáticos que llevaba el denunciante.

Además, en la segunda sentencia de 1-7-2021, confirmatoria de la primera, incide en los mismos medios probatorios practicados, que reflejan "la planificación de un evento delictivo futuro", "lo que desvirtúa los argumentos de descargo expresados por las defensas".

Por lo tanto, este primer cauce de oposición a la entrega del reclamado no puede ser acogido.

B)En segundo lugar, expresa la parte reclamada que la sentencia condenatoria dictada carece de firmeza, ya que contra ella ha interpuesto, la representación procesal de su patrocinado en Perú, un recurso a modo de tercera instancia, del que carece de más datos.

Para la parte recurrente, la sentencia condenatoria de su patrocinado no ha adquirido calidad de firmeza, pues contra ella le consta que se formuló un recurso, aún no resuelto. Concluye que, ante la no declaración de firmeza de la sentencia condenatoria dictada, sostiene que el procedimiento actual debe ser archivado.

Sin embargo, no podemos acceder a la anterior pretensión de improcedencia, esencialmente porque no figura en autos la existencia de ese recurso extraordinario alegado. Por lo demás, es conveniente considerar la peculiaridad del sistema extradicional peruano, que lo distingue de otros, como ha sido expresado en resoluciones de esta Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional, como el auto del Pleno nº 11/24, de 28-2- 2024, y el auto nº 41/24, de fecha 14-6-2024, dictado en el recurso de súplica nº 36/24, que vino a confirmar el auto nº 241/24, de 17-4-2024 de la Sección 2ª, Rollo de Sala nº 112/24.

En el nombrado auto nº 41/24, acerca del carácter no firme de la sentencia, que según la parte reclamada impediría la entrega, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley de Extradición Pasiva, es doctrina consolidada que la circunstancia de que la condena no sea firme no es causa ni facultativa ni imperativa para la denegación de la extradición. El artículo 2 del Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República del Perú dispone que:

"1. Darán lugar a extradición los hechos sancionados, según las leyes de ambas Partes, con una pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a un año.

2. La extradición procede respecto a los autores, cómplices y encubridores cualquiera que sea el grado de ejecución del delito.

3. Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia, se requerirá además que la parte de la pena o medida de seguridad que aún falta por cumplir no sea inferior a seis meses.

4. Cuando la solicitud se refiera a varios hechos y no concurriesen en algunos de ellos los requisitos de los párrafos 1 y 3, la Parte requerida podrá conceder también la extradición por estos últimos."

La mera lectura literal del precepto evidencia que no se exige una sentencia firme para la entrega del reclamado. Porque, como recuerda el aludido auto nº 11/24, de 28-2-2024, las propias leyes procesales del Perú prevén que, aun en el supuesto de interposición de un recurso de nulidad, no se suspende la ejecución de la sentencia condenatoria (artículos 293 y 330 del Código de Procedimientos Penales de Perú). Recordemos que el primer precepto establece que "el recurso de nulidad no impide que se cumpla la sentencia expedida por el Tribunal",cuyo primer precepto viene reforzado por el segundo precepto del mismo Cuerpo legal, según el cual "la sentencia condenatoria se cumplirá aunque se interponga recurso de nulidad".

En el caso examinado, existen dos resoluciones judiciales expresas sobre la firmeza de la condena del reclamado:

Por un lado, la Resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de fecha 14-12- 2023, dictada en el Procedimiento de Extradición Activa nº 236/23, en su apartado VII ("Vigencia de la acción penal"), establece que "se advierte que la sentencia en contra del reclamado quedó firme por resolución expedida el 1 de julio de 2021 por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima (ex Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel); dicha fecha debe considerarse como inicio del cómputo del plazo de prescripción de la pena, conforme a las normas sustantivas sobre la materia en nuestra legislación (artículos 86 y 87 del Código Penal peruano), de forma que el plazo extraordinario de prescripción de la pena aún se encuentra vigente".

Por otro lado, la propia documentación remitida por las autoridades de Perú confirma que, por medio de la reclamación extradicional, se pretende el cumplimiento de una sentencia firme. No sólo porque contra la sentencia de 14-1-2021, dictada por el Vigésimo Primer Juzgado Penal Liquidador Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lima, se interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima en sentencia de fecha 1-7-2021, sino porque el primer órgano judicial nombrado, en resolución de fecha 11-3-2022 ordenó que se cumpliera lo ejecutoriado, con reiteración de las órdenes de busca y captura de los condenados, entre ellos el reclamado.

Por lo que tampoco por esta segunda vía de oposición a la petición de entrega puede aceptarse el rechazo de la extradición del reclamado.

C)En tercer lugar, también se indica por la parte reclamada que debe valorarse la situación personal, familiar y laboral de su patrocinado, al afectar su posible entrega no sólo al interesado sino también a otros miembros de su entorno personal y familiar; en definitiva, manifiesta que goza de arraigo en nuestro país, pero sólo acredita su estancia en España con meras alegaciones relacionadas con su permanencia en España desde hace tres años y medio (período coincidente con la firmeza de la sentencia condenatoria cuya ejecución se interesa) y a través de una serie de transferencias mediante Western Union remitidas a su familia y allegados en Perú, de diversas cantidades, que abarcan desde el día 29-1-2022 hasta el día 10- 5-2025, salvo cinco envíos a Italia por mínimas cuantías y uno interno a España.

En cambio, no se acredita ningún otro factor de arraigo a nuestro país, lo que conlleva que ningún valor podamos conceder a estos datos, a efectos de fundamentar una causa de denegación a la pedida extradición, por no constituir dicho arraigo personal, familiar y laboral motivo alguno que evite la entrega solicitada.

A este respecto, debemos recordar que el arraigo en nuestro país de un reclamado sólo puede tener incidencia en la denegación de la extradición en supuestos extraordinarios de conflicto con el ejercicio de derechos fundamentales, lo que desde luego no se ha acreditado que acontezca en el caso que nos ocupa, configurándose las efectuadas como meras alegaciones defensivas y genéricas.

Debemos, asimismo, resaltar que no es posible denegar la extradición en atención al grado de arraigo del reclamado en España, ni es posible enjuiciarlo aquí, pues no concurre una causa de denegación prevista en los artículos 4 a 12 del Tratado de Extradición bilateral de 28-6-1989. Como tampoco encuentra acogida esta circunstancia en las causas de denegación previstas en los artículos 3 a 5 de la Ley de Extradición Pasiva española.

Por consiguiente, debemos rechazar también esta tercera causa de rechazo a la entrega del reclamado.

D)Y, en cuarto lugar, el reclamado, durante la vista extradicional, manifestó de modo balbuceante sus reticencias a que declararan procedente su entrega a Perú, porque tiene miedo ante el clima de violencia que allí se vive.

Sobre las consideraciones humanitarias derivadas de los supuestos riesgos que, para la vida e integridad personal del reclamado, implicaría que se adoptase la decisión de acceder a la entrega del mismo a las autoridades judiciales de la República de Perú, sostiene, en definitiva, el reclamado que le es aplicable la causa de denegación de la entrega contenida en el artículo 5.1º de la Ley de Extradición Pasiva, que proclama que podrá denegarse la extradición "si se tuvieran razones fundadas para creer que la solicitud de extradición, motivada por un delito de naturaleza común, se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que la situación de dicha persona corre el riesgo de verse agravada por tales consideraciones".

A estos efectos, es preciso evocar la inexistencia de acreditación sobre la concreta y real exposición del reclamado a tratos inhumanos o degradantes en el supuesto de que se accediese a su entrega. Hemos de insistir en que ningún medio probatorio directo y contundente, e incluso indirecto, corrobora, en principio, la versión del reclamado sobre los efectos lesivos, o incluso letales, que tendría su entrega a las autoridades del Estado requirente.

Por tanto, hemos de descartar que, en el supuesto de que se accediese a su entrega, pudiera racionalmente provocarse la vulneración del artículo 15 de nuestra Constitución, que proscribe los "tratos inhumanos o degradantes".A este respecto, debemos citar la Sentencia del Tribunal Constitucional ( S.T.C.) nº 181/04, de 2-11-2004, que proclama que "no basta con alegar la existencia de un riesgo, sino que es preciso que el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado y, además, no bastan alusiones o alegaciones genéricas sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones con relación a su persona y derechos".

Sobre la materia analizada, debemos asimismo traer a colación lo que indica la S.T.C. nº 32/03, de 5-3-2003, acerca de que resulta exigible "una cuidadosa labor de verificación por el órgano judicial"; dicho específico deber de tutela judicial tiene como presupuesto que las alegaciones del reclamado, el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado, si bien es preciso considerar que ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni el Tribunal Constitucional exigen del reclamado que "acredite de modo pleno y absoluto la vulneración de sus derechos en el extranjero ... o que esa vulneración va a tener lugar en el futuro, toda vez que ello ... supondría normalmente una carga exorbitante para el afectado", dadas las dificultades de acceso y aportación de pruebas que tienen los reclamados en procedimientos extradicionales, derivadas de estar fuera del país; se trata, en definitiva, de que no basta la mera alegación por el reclamado y de que no le sea atribuible falta de diligencia.

En cuanto a la posibilidad de acreditar los hechos en que se basa la oposición a la demanda extradicional, la nombrada S.T.C. nº 32/03, de 5-3-2003, sigue declarando que aquella exigencia de "cuidadosa labor de verificación por el órgano judicial en relación con las circunstancias alegadas por el reclamado", tiene como fin evitar que, en caso de accederse a la extradición, se pudiera convertir dicho tribunal español en autor de una lesión contra los derechos del extraditado, bien porque hubiera contribuido a que la lesión de un derecho ya acaecida en el extranjero no fuera restablecida, o a que no se impidiera que de la misma se derivaran consecuencias perjudiciales para el reclamado, bien porque, existiendo un temor racional y fundado de que tales lesiones se produzcan en el futuro, éstas resulten favorecidas por la actuación de los órganos judiciales españoles al no haberlas evitado con los medios de que, mientras el reclamado se encuentra sometido a su jurisdicción, disponen, de modo que "la actuación del Juez español produzca un riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado". Como consecuencia de lo anterior, "siempre que el reclamado haya aportado determinados y concretos elementos que sirvan de apoyo razonable a su argumentación y que no le sea reprochable una actitud de falta de diligencia en la aportación del material probatorio, los órganos judiciales no podrán, sin más, denegar o desatender la relevancia de tal argumentación sobre la base de que la misma no resulta adecuadamente acreditada, sino que, por el contrario, deberán realizar cuantas actuaciones sean precisas, en función de los derechos fundamentales que puedan encontrarse en juego y demás factores en presencia, para conseguir esclarecer las circunstancias alegadas o, incluso, ante la existencia de elementos, temores o riesgos racionales de que las mismas efectivamente se hayan producido, existan o puedan producirse, sin que aquéllos hayan sido desvirtuados por la información y documentación de la que el órgano judicial dispone, declarar improcedente la entrega del sometido al procedimiento extradicional, evitando así las consecuencias perjudiciales que de una decisión contraria podrían derivarse".

Como establece la S.T.C. nº 140/07, de 4-6-2007, en el caso que nos ocupa se impone la entrega del reclamado, al carecerse de elementos para mantener que sea presumible, con cierto grado de seguridad, que puede sufrir vulneraciones relevantes de sus derechos fundamentales, por existir al respecto un temor racional y fundado, ante la existencia de motivos serios y acreditados para creer que si el interesado es entregado al Estado reclamante correrá el riesgo real de ser sometido a penas o tratos inhumanos o degradantes.

En resumen, debemos destacar que en autos no existe prueba alguna, ni siquiera indiciaria, sobre la concreta y real exposición del reclamado a tratos inhumanos o degradantes en el supuesto de que se accediese a su entrega para el cumplimiento de la condena que le fue impuesta.

De ahí que tampoco podamos acoger esta cuarta causa de oposición a la entrega, específicamente interesada por el reclamado.

QUINTO.-Por todo ello hemos de dictar resolución accediendo a la extradición pretendida en esta fase judicial.

En atención a lo expuesto