Auto Penal 537/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 28/2025 de 22 de octubre del 2025

PRIMERO. -La extradición entre España y los Estados Unidos de América, se rige a tenor del artículo 13.3, por:

El Tratado de Extradición firmado el 29 de mayo de 1970, el tratado suplementario firmado el 25 de enero de 1975, el Segundo Tratado Suplementario firmado el 9 de febrero de 1988, el Tercer Tratado Suplementario firmado el 12 de mayo de 1966 (conocidos como el "Tratado Bilateral de Extradición")y el Instrumento contemplado en el artículo 3(2) del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea, firmado el 25 de junio de 2003, sobre la aplicación del "Tratado Bilateral de Extradición"entre los Estados Unidos de América y España, con el Anexo, firmado el 17 de diciembre de 2004. Dicho Anexo contiene el Texto integrado de las disposiciones del Tratado Bilateral de Extradición y del Tratado de Extradición UE- EE. UU, publicándose en el BOE de 26 de enero de 2010, siendo de aplicación desde el 1 de febrero de 2010.

SEGUNDO. -No se cuestiona la identidad de la persona reclamada, siendo coincidentes los datos que figuran en la documentación extradicional con los de la persona con la que se ha entendido el presente procedimiento.

Se trata del ciudadano español Lorenzo, nacido en Cuba el NUM000 de 1968.

En la vista celebrada, el reclamado manifestó que no accedía a la extradición dado que este caso había sido para él un tormento, no renunciando al principio de especialidad.

TERCERO. -Se cumplen los presupuestos documentales exigidos en el tratado, estando relacionados entre los antecedentes de esta resolución. Se cumplen los principios del mínimo punitivo y de la doble incriminación.

Del lado estadounidense, nos remitimos al apartado de esta resolución en que se relacionan los cargos y figuran los delitos infringidos de la legislación penal del Estado requirente.

Del lado español, pueden ser calificados como:

Los hechos de los cargos 1, 5 y 6, serían constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 311.1 del Código Penal, con pena prevista de seis meses a seis años de prisión.

Los hechos del cargo 9, serían constitutivos de un delito de organización criminal del artículo 570 bis 1 del Código Penal, con pena prevista de dos a cinco años de prisión.

Los hechos del cargo 24, serían constitutivos de un delito de falsedad en documento público del artículo 392 y 390.1. 1º del Código Penal, con pena prevista de seis meses a tres años.

Los hechos del cargo 39, serían constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública previsto y sancionado en el artículo 305.1 del Código Penal, con pena prevista de uno a cinco años de prisión.

La defensa del reclamado consideró que había operado la prescripción toda vez que los hechos objeto de la reclamación fueron cometidos con anterioridad al año 2019, encontrándose todos ellos prescritos con arreglo a lo previsto en el artículo 131 del Código Penal, añadiendo, en cuanto a la doble incriminación que:

En cuanto a varios de los cargos que motivan la petición (1-6) el delito carece de correspondencia mínima con el derecho penal español y se trata de una cuestión de orden laboral.

Sobre el delito laboral (9), consistente en no pagar salarios debidos a los trabajadores u horas extraordinarias, entiende que la situación es idéntica.

Sobre el delito de declaración falsa con fines de reducir la prima o los costes del seguro (10), el delito carece de correspondencia mínima con el derecho penal español y se trata de una cuestión/infracción de orden administrativo o tributario que no amerita extradición.

Sobre el delito (11) de incumplimiento del deber de informar sobre un evento que afecta a los beneficios de un seguro, en igual sentido que el anterior, tratándose en todo caso de una cuestión administrativa /tributaria.

Sobre el delito (24) de falsa certificación de documento, no se hace constar la naturaleza pública o privada de tal documento a los efectos penales en concordancia con el derecho penal aplicable al caso.

Sobre el delito (39) de presentación de declaración de impuestos falsa o incorrecta, no consta la cuantía de la presunta defraudación resultante de la falsedad, a los efectos de tener por acreditada la correspondencia de tal infracción presunta con el delito español de fraude fiscal, lo cual determina que salvo prueba en contrario tal presunto delito constituye una mera infracción administrativa de orden tributario que no amerita extradición con arreglo a la legislación española.

Ha de partirse, sobre la base de la información suministrada pormenorizadamente en la declaración del Fiscal adjunto para la Fiscalía de Distrito del Condado de Santa Clara, de que "Surgió una investigación sobre explotación laboral y trata de siete ciudadanos españoles y un ciudadano cubano (conjuntamente "las víctimas"). Todas las víctimas fueron atraídas a los Estados Unidos por Lorenzo y sus asociados bajo falsos pretextos de empleo lucrativo y luego defraudadas de sus derechos laborales y otros derechos de empleo".

En tal declaración se incluye un resumen de las pruebas presentadas en el juicio en el que testificaron veintiséis personas, se presentaron más de ciento cincuenta pruebas documentales referidas al reclamado y las otras dos personas con las que se concertó, relatándose las promesas laborales a personas que buscaban empleo y que se desplazaron a los Estados Unidos tras ser atraídas con ese patrón falaz, que fueron, en cuanto a las condiciones laborales, incumplidas, infringiendo las normas laborales establecidas por las Órdenes de la Comisión Laboral de California, figurando, en las páginas 11 y 12 de la declaración jurada del Fiscal tales órdenes, que de ser incumplidas, dan lugar a la comisión de delito conforme al artículo 1199 del Código Laboral de California.

Se llegó a la conclusión de que las órdenes en cuestión (página 12 de la declaración jurada del Fiscal), en vista de los testimonios ofrecidos en el Juicio, fueron conculcadas, pues junto a ser inducidas las personas que fueron empleadas en los negocios de los acusados a desplazarse a los Estados Unidos de América bajo unas condiciones laborales que se ofertaron, tales condiciones no se materializaron, desatendiéndose las propuestas, contrariando el proceder del reclamado "las normas laborales justas"garantizadas en el catálogo de normas de la Comisión Laboral de California.

En vista de los datos sucintamente expuestos y con remisión a la citada declaración jurada en su integridad, los hechos objeto de la reclamación, dejando fuera los relativos a los cargos 10 y 11 incluidos en el escrito de alegaciones de la defensa del reclamado y que quedaron al margen por el gran jurado, serian subsumibles tal como el Ministerio Fiscal concluye, en el delito definido en el artículo 311.1 del Código Penal español, al decir de éste que serán castigados con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses "Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social, que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual."

En cuanto a la falsa certificación de documentos, se decía en el escrito de alegaciones cursado en nombre del Sr. Lorenzo, como ya se ha recogido, que no se hacía constar la naturaleza pública o privada de tal documento a los efectos penales en concordancia con el derecho penal aplicable al caso.

Para dar respuesta a este alegato, se ha de retomar la declaración jurada del Sr. Fiscal estadounidense, que en el apartado b) "Fraude fiscal-Perjurio",relaciona los documentos que contienen manifestaciones falsas que los acusados presentaron en las declaraciones de impuestos estatales y federales de manera fraudulenta para evitar el pago de impuestos requeridos, apareciendo tales documentos falaces incorporados en las declaraciones de impuestos tanto del Estado de California como federales, relativos, a aspectos personales y a los diversos negocios comerciales, encaminado ello, a proporcionar un "estatus fiscal preferente para evitar la obligación tributaria incurrida"o bien hacer creer que el negocio no era rentable y operaba con pérdidas, estando esa pérdida comercial declarada diseñada para evitar el pago de impuestos sobre los ingresos obtenidos de las actividades comerciales del reclamado y los otros dos acusados. Con ello, se trata de documentos que formaron parte del expediente tributario manejado por las autoridades fiscales, contribuyendo con la información proporcionada en aquellos, como se pretendía, a dar una imagen irreal de la situación tributaria de los obligados tributarios con motivo de las declaraciones presentadas durante varios ejercicios fiscales. Ese proceder es reconducible al delito de falsedad en documento público del artículo 392 en relación con el 390.1 del Código Penal español.

En cuanto al alegato relativo a que tampoco se acredita la cuantía del delito fiscal, el ya aludido apartado b) de la declaración del Fiscal estadounidense, ilustra, entre otros extremos, de que frente a las pérdidas comerciales declaradas del negocio de restauración, la revisión del contador forense determinó beneficios de 455.000$, ocultándose en relación al negocio de peluquería, que no se declararon en dos ejercicios fiscales 100.000 $ por cada año fiscal, siendo estos datos suficientemente expresivos de la concurrencia de la doble incriminación respecto del delito contra la Hacienda Pública previsto en el Código Penal español, pues lo relevante en cuanto a tal figura penal estribó en que se cumplimentó y suscribió una declaración de impuestos falsa, una manifestación falsa o una declaración escrita de impuestos falsa en varios ejercicios fiscales, contraviniendo el artículo 19705 (a) (1) del Código de Ingresos e Impuestos de California al ocultar de ese modo al fisco los ingresos antes cifrados, pudiendo constituir tal proceder, aparentemente delictivo, el tipo penal del 305 del Código Penal español.

CUARTO.-En orden a que ha operado la prescripción según sostuvo el Sr. Letrado del reclamado dado que los hechos se cometieron con anterioridad al año 2019, sin mayor añadido, la Nota Verbal nº502 de 13 de agosto de 2024 se refiere entre otros aspectos a que "Los delitos de que se solicita la extradición de Lorenzo no han prescrito según la legislación aplicable", entrando en juego lo dispuesto en el artículo II Bis del ANEXO (Texto integrado de las disposiciones del Tratado Bilateral de Extradición y del Tratado de Extradición UE-EEUU) al decir de éste que "Siempre que concurran los demás requisitos exigidos, la extradición será también concedida incluso si, con arreglo a la legislación de la Parte Requerida, la acción penal o la pena impuesta hubiera prescrito. La Parte Requerida quedará obligada a aceptar la declaración de la parte Requirente de que, según la legislación de la Parte Requirente, la acción penal o la pena no ha prescrito".

Incluso, acudiendo a la legislación penal española, citando el Sr. Letrado el artículo 131 del Código Penal y sin otra mención que la relativa a que los hechos fueron anteriores al año 2019, sería aplicable el plazo de diez años del transcurso del tiempo a efectos de comprobar si ha operado el instituto de la prescripción. Y ello por cuanto que entre los delitos que dan por cumplida la doble incriminación del lado del Estado Requerido, se incluye el delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 311.1 del Código Penal español que, al tener prevista la pena de hasta seis años de prisión, conforme al artículo 131 de dicho Texto Legal el plazo temporal a efectos de la prescripción es de diez años.

Examinando la documentación extradicional, de la misma se extrae que los hechos discurren entre los años 2011 y 2015, iniciándose una investigación tras la que el 3 de abril de 2017 el gran jurado del condado de Santa Clara emitió una acusación formal de cuarenta y dos cargos imputados al ahora reclamado, dando comienzo el juicio el 25 de marzo de 2019 que concluyó el 28 de agosto siguiente, emitiendo el jurado veredictos de culpabilidad por los cargos 1, 5, 6, 9, 24 y 39, siendo los tres primeros los que se corresponderían con el delito del artículo 311.1 del Código Penal español.

La declaración jurada de la Fiscalía estadounidense (página 17) en el apartado V-Audiencia de sentencia y falta de comparecencia- relata que "15.Tras su condena, a Lorenzo, se le permitió permanecer en libertad bajo palabra en espera de la fecha de la audiencia de sentencia prevista para el 20 de septiembre de 2019 ", "La pena máxima posible por los delitos por los cuales Lorenzo fue condenado según los criterios de sentencia analizados anteriormente es de 7 años y 4 meses en una prisión del estado de California", y finalmente que "17. El 20 de septiembre de 2019, Lorenzo no se presentó a recibir su sentencia y el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara libró una orden de detención", siendo de fecha 20 de septiembre de 2019 dicha orden, terminando por decir que "19. No existe plazo de prescripción para cuando Lorenzo debe comenzar a cumplir la pena que aún no se ha impuesto. El procesamiento aún está pendiente hasta que se dicte sentencia".

Sirva lo acabado de exponer para introducir que ello está en sintonía con lo dispuesto en -LA LEY DE PRESCRIPCION- que si bien en los artículos 801 y en el apartado 5 de dicho precepto del Código Penal de California prevén que el procesamiento se iniciará dentro de los tres o de los cuatro años posteriores a la comisión del delito o a los cuatro años de sus descubrimiento o posteriores a la consumación en función del delito, comprobándose con la información recibida, que hasta poder decretarse tal pronunciamiento los plazos indicados se cumplían en el procedimiento estadounidense, pues, datando los hechos de 2015 discurrió la investigación hasta la formulación de la acusación por el gran jurado, del 3 de abril de 2017, el juicio concluyó el 28 de agosto de 2019 y, se dejó de entender el procedimiento con el reclamado el 20 de septiembre siguiente, cuando se iba a dictar sentencia, el artículo 803 del Código Penal de California dispone que "El tiempo durante el cual el procesamiento de la misma persona por la misma conducta esté pendiente de este estado no forma parte de una limitación de tiempo prescrita en este capítulo"

Volviendo a computar los periodos temporales a efectos de la prescripción del lado del Estado Requerido, entre la fecha no tanto de conclusión del Juicio el 28 de agosto de 2019 sino la de 20 de septiembre siguiente a cuyo partir ya no puede entenderse el procedimiento estadounidense con el Sr. Lorenzo debido a su incomparecencia en dicha fecha en el seno de dicho proceso, y, la fecha de la presentación de la solicitud de extradición y la demanda de extradición de 17 de junio de 2024, o la fecha del acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión de 4 de marzo de 2025, autorizando la continuación en vía judicial del procedimiento extradicional, siendo oído el reclamado el 11 de junio siguiente en el Juzgado Central de Instrucción nº 3, no han trascurrido diez años, como tampoco previamente entre la fecha de los hechos, datando los últimos del año 2015 y la formulación de la acusación formal del 3 de abril de 2017, ni entre esta última y la del inicio del juicio el 25 de marzo de 2019.

QUINTO. -Los hechos objeto de la demanda de extradición no constituyen delitos políticos ni de dicha naturaleza, tratándose de delitos comunes disponiendo los Estados Unidos de América de jurisdicción para su persecución al haberse perpetrado supuestamente en territorio de dicho país.

PRIMERO. -La extradición entre España y los Estados Unidos de América, se rige a tenor del artículo 13.3, por:

El Tratado de Extradición firmado el 29 de mayo de 1970, el tratado suplementario firmado el 25 de enero de 1975, el Segundo Tratado Suplementario firmado el 9 de febrero de 1988, el Tercer Tratado Suplementario firmado el 12 de mayo de 1966 (conocidos como el "Tratado Bilateral de Extradición")y el Instrumento contemplado en el artículo 3(2) del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea, firmado el 25 de junio de 2003, sobre la aplicación del "Tratado Bilateral de Extradición"entre los Estados Unidos de América y España, con el Anexo, firmado el 17 de diciembre de 2004. Dicho Anexo contiene el Texto integrado de las disposiciones del Tratado Bilateral de Extradición y del Tratado de Extradición UE- EE. UU, publicándose en el BOE de 26 de enero de 2010, siendo de aplicación desde el 1 de febrero de 2010.

SEGUNDO. -No se cuestiona la identidad de la persona reclamada, siendo coincidentes los datos que figuran en la documentación extradicional con los de la persona con la que se ha entendido el presente procedimiento.

Se trata del ciudadano español Lorenzo, nacido en Cuba el NUM000 de 1968.

En la vista celebrada, el reclamado manifestó que no accedía a la extradición dado que este caso había sido para él un tormento, no renunciando al principio de especialidad.

TERCERO. -Se cumplen los presupuestos documentales exigidos en el tratado, estando relacionados entre los antecedentes de esta resolución. Se cumplen los principios del mínimo punitivo y de la doble incriminación.

Del lado estadounidense, nos remitimos al apartado de esta resolución en que se relacionan los cargos y figuran los delitos infringidos de la legislación penal del Estado requirente.

Del lado español, pueden ser calificados como:

Los hechos de los cargos 1, 5 y 6, serían constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 311.1 del Código Penal, con pena prevista de seis meses a seis años de prisión.

Los hechos del cargo 9, serían constitutivos de un delito de organización criminal del artículo 570 bis 1 del Código Penal, con pena prevista de dos a cinco años de prisión.

Los hechos del cargo 24, serían constitutivos de un delito de falsedad en documento público del artículo 392 y 390.1. 1º del Código Penal, con pena prevista de seis meses a tres años.

Los hechos del cargo 39, serían constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública previsto y sancionado en el artículo 305.1 del Código Penal, con pena prevista de uno a cinco años de prisión.

La defensa del reclamado consideró que había operado la prescripción toda vez que los hechos objeto de la reclamación fueron cometidos con anterioridad al año 2019, encontrándose todos ellos prescritos con arreglo a lo previsto en el artículo 131 del Código Penal, añadiendo, en cuanto a la doble incriminación que:

En cuanto a varios de los cargos que motivan la petición (1-6) el delito carece de correspondencia mínima con el derecho penal español y se trata de una cuestión de orden laboral.

Sobre el delito laboral (9), consistente en no pagar salarios debidos a los trabajadores u horas extraordinarias, entiende que la situación es idéntica.

Sobre el delito de declaración falsa con fines de reducir la prima o los costes del seguro (10), el delito carece de correspondencia mínima con el derecho penal español y se trata de una cuestión/infracción de orden administrativo o tributario que no amerita extradición.

Sobre el delito (11) de incumplimiento del deber de informar sobre un evento que afecta a los beneficios de un seguro, en igual sentido que el anterior, tratándose en todo caso de una cuestión administrativa /tributaria.

Sobre el delito (24) de falsa certificación de documento, no se hace constar la naturaleza pública o privada de tal documento a los efectos penales en concordancia con el derecho penal aplicable al caso.

Sobre el delito (39) de presentación de declaración de impuestos falsa o incorrecta, no consta la cuantía de la presunta defraudación resultante de la falsedad, a los efectos de tener por acreditada la correspondencia de tal infracción presunta con el delito español de fraude fiscal, lo cual determina que salvo prueba en contrario tal presunto delito constituye una mera infracción administrativa de orden tributario que no amerita extradición con arreglo a la legislación española.

Ha de partirse, sobre la base de la información suministrada pormenorizadamente en la declaración del Fiscal adjunto para la Fiscalía de Distrito del Condado de Santa Clara, de que "Surgió una investigación sobre explotación laboral y trata de siete ciudadanos españoles y un ciudadano cubano (conjuntamente "las víctimas"). Todas las víctimas fueron atraídas a los Estados Unidos por Lorenzo y sus asociados bajo falsos pretextos de empleo lucrativo y luego defraudadas de sus derechos laborales y otros derechos de empleo".

En tal declaración se incluye un resumen de las pruebas presentadas en el juicio en el que testificaron veintiséis personas, se presentaron más de ciento cincuenta pruebas documentales referidas al reclamado y las otras dos personas con las que se concertó, relatándose las promesas laborales a personas que buscaban empleo y que se desplazaron a los Estados Unidos tras ser atraídas con ese patrón falaz, que fueron, en cuanto a las condiciones laborales, incumplidas, infringiendo las normas laborales establecidas por las Órdenes de la Comisión Laboral de California, figurando, en las páginas 11 y 12 de la declaración jurada del Fiscal tales órdenes, que de ser incumplidas, dan lugar a la comisión de delito conforme al artículo 1199 del Código Laboral de California.

Se llegó a la conclusión de que las órdenes en cuestión (página 12 de la declaración jurada del Fiscal), en vista de los testimonios ofrecidos en el Juicio, fueron conculcadas, pues junto a ser inducidas las personas que fueron empleadas en los negocios de los acusados a desplazarse a los Estados Unidos de América bajo unas condiciones laborales que se ofertaron, tales condiciones no se materializaron, desatendiéndose las propuestas, contrariando el proceder del reclamado "las normas laborales justas"garantizadas en el catálogo de normas de la Comisión Laboral de California.

En vista de los datos sucintamente expuestos y con remisión a la citada declaración jurada en su integridad, los hechos objeto de la reclamación, dejando fuera los relativos a los cargos 10 y 11 incluidos en el escrito de alegaciones de la defensa del reclamado y que quedaron al margen por el gran jurado, serian subsumibles tal como el Ministerio Fiscal concluye, en el delito definido en el artículo 311.1 del Código Penal español, al decir de éste que serán castigados con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses "Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social, que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual."

En cuanto a la falsa certificación de documentos, se decía en el escrito de alegaciones cursado en nombre del Sr. Lorenzo, como ya se ha recogido, que no se hacía constar la naturaleza pública o privada de tal documento a los efectos penales en concordancia con el derecho penal aplicable al caso.

Para dar respuesta a este alegato, se ha de retomar la declaración jurada del Sr. Fiscal estadounidense, que en el apartado b) "Fraude fiscal-Perjurio",relaciona los documentos que contienen manifestaciones falsas que los acusados presentaron en las declaraciones de impuestos estatales y federales de manera fraudulenta para evitar el pago de impuestos requeridos, apareciendo tales documentos falaces incorporados en las declaraciones de impuestos tanto del Estado de California como federales, relativos, a aspectos personales y a los diversos negocios comerciales, encaminado ello, a proporcionar un "estatus fiscal preferente para evitar la obligación tributaria incurrida"o bien hacer creer que el negocio no era rentable y operaba con pérdidas, estando esa pérdida comercial declarada diseñada para evitar el pago de impuestos sobre los ingresos obtenidos de las actividades comerciales del reclamado y los otros dos acusados. Con ello, se trata de documentos que formaron parte del expediente tributario manejado por las autoridades fiscales, contribuyendo con la información proporcionada en aquellos, como se pretendía, a dar una imagen irreal de la situación tributaria de los obligados tributarios con motivo de las declaraciones presentadas durante varios ejercicios fiscales. Ese proceder es reconducible al delito de falsedad en documento público del artículo 392 en relación con el 390.1 del Código Penal español.

En cuanto al alegato relativo a que tampoco se acredita la cuantía del delito fiscal, el ya aludido apartado b) de la declaración del Fiscal estadounidense, ilustra, entre otros extremos, de que frente a las pérdidas comerciales declaradas del negocio de restauración, la revisión del contador forense determinó beneficios de 455.000$, ocultándose en relación al negocio de peluquería, que no se declararon en dos ejercicios fiscales 100.000 $ por cada año fiscal, siendo estos datos suficientemente expresivos de la concurrencia de la doble incriminación respecto del delito contra la Hacienda Pública previsto en el Código Penal español, pues lo relevante en cuanto a tal figura penal estribó en que se cumplimentó y suscribió una declaración de impuestos falsa, una manifestación falsa o una declaración escrita de impuestos falsa en varios ejercicios fiscales, contraviniendo el artículo 19705 (a) (1) del Código de Ingresos e Impuestos de California al ocultar de ese modo al fisco los ingresos antes cifrados, pudiendo constituir tal proceder, aparentemente delictivo, el tipo penal del 305 del Código Penal español.

CUARTO.-En orden a que ha operado la prescripción según sostuvo el Sr. Letrado del reclamado dado que los hechos se cometieron con anterioridad al año 2019, sin mayor añadido, la Nota Verbal nº502 de 13 de agosto de 2024 se refiere entre otros aspectos a que "Los delitos de que se solicita la extradición de Lorenzo no han prescrito según la legislación aplicable", entrando en juego lo dispuesto en el artículo II Bis del ANEXO (Texto integrado de las disposiciones del Tratado Bilateral de Extradición y del Tratado de Extradición UE-EEUU) al decir de éste que "Siempre que concurran los demás requisitos exigidos, la extradición será también concedida incluso si, con arreglo a la legislación de la Parte Requerida, la acción penal o la pena impuesta hubiera prescrito. La Parte Requerida quedará obligada a aceptar la declaración de la parte Requirente de que, según la legislación de la Parte Requirente, la acción penal o la pena no ha prescrito".

Incluso, acudiendo a la legislación penal española, citando el Sr. Letrado el artículo 131 del Código Penal y sin otra mención que la relativa a que los hechos fueron anteriores al año 2019, sería aplicable el plazo de diez años del transcurso del tiempo a efectos de comprobar si ha operado el instituto de la prescripción. Y ello por cuanto que entre los delitos que dan por cumplida la doble incriminación del lado del Estado Requerido, se incluye el delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 311.1 del Código Penal español que, al tener prevista la pena de hasta seis años de prisión, conforme al artículo 131 de dicho Texto Legal el plazo temporal a efectos de la prescripción es de diez años.

Examinando la documentación extradicional, de la misma se extrae que los hechos discurren entre los años 2011 y 2015, iniciándose una investigación tras la que el 3 de abril de 2017 el gran jurado del condado de Santa Clara emitió una acusación formal de cuarenta y dos cargos imputados al ahora reclamado, dando comienzo el juicio el 25 de marzo de 2019 que concluyó el 28 de agosto siguiente, emitiendo el jurado veredictos de culpabilidad por los cargos 1, 5, 6, 9, 24 y 39, siendo los tres primeros los que se corresponderían con el delito del artículo 311.1 del Código Penal español.

La declaración jurada de la Fiscalía estadounidense (página 17) en el apartado V-Audiencia de sentencia y falta de comparecencia- relata que "15.Tras su condena, a Lorenzo, se le permitió permanecer en libertad bajo palabra en espera de la fecha de la audiencia de sentencia prevista para el 20 de septiembre de 2019 ", "La pena máxima posible por los delitos por los cuales Lorenzo fue condenado según los criterios de sentencia analizados anteriormente es de 7 años y 4 meses en una prisión del estado de California", y finalmente que "17. El 20 de septiembre de 2019, Lorenzo no se presentó a recibir su sentencia y el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara libró una orden de detención", siendo de fecha 20 de septiembre de 2019 dicha orden, terminando por decir que "19. No existe plazo de prescripción para cuando Lorenzo debe comenzar a cumplir la pena que aún no se ha impuesto. El procesamiento aún está pendiente hasta que se dicte sentencia".

Sirva lo acabado de exponer para introducir que ello está en sintonía con lo dispuesto en -LA LEY DE PRESCRIPCION- que si bien en los artículos 801 y en el apartado 5 de dicho precepto del Código Penal de California prevén que el procesamiento se iniciará dentro de los tres o de los cuatro años posteriores a la comisión del delito o a los cuatro años de sus descubrimiento o posteriores a la consumación en función del delito, comprobándose con la información recibida, que hasta poder decretarse tal pronunciamiento los plazos indicados se cumplían en el procedimiento estadounidense, pues, datando los hechos de 2015 discurrió la investigación hasta la formulación de la acusación por el gran jurado, del 3 de abril de 2017, el juicio concluyó el 28 de agosto de 2019 y, se dejó de entender el procedimiento con el reclamado el 20 de septiembre siguiente, cuando se iba a dictar sentencia, el artículo 803 del Código Penal de California dispone que "El tiempo durante el cual el procesamiento de la misma persona por la misma conducta esté pendiente de este estado no forma parte de una limitación de tiempo prescrita en este capítulo"

Volviendo a computar los periodos temporales a efectos de la prescripción del lado del Estado Requerido, entre la fecha no tanto de conclusión del Juicio el 28 de agosto de 2019 sino la de 20 de septiembre siguiente a cuyo partir ya no puede entenderse el procedimiento estadounidense con el Sr. Lorenzo debido a su incomparecencia en dicha fecha en el seno de dicho proceso, y, la fecha de la presentación de la solicitud de extradición y la demanda de extradición de 17 de junio de 2024, o la fecha del acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión de 4 de marzo de 2025, autorizando la continuación en vía judicial del procedimiento extradicional, siendo oído el reclamado el 11 de junio siguiente en el Juzgado Central de Instrucción nº 3, no han trascurrido diez años, como tampoco previamente entre la fecha de los hechos, datando los últimos del año 2015 y la formulación de la acusación formal del 3 de abril de 2017, ni entre esta última y la del inicio del juicio el 25 de marzo de 2019.

QUINTO. -Los hechos objeto de la demanda de extradición no constituyen delitos políticos ni de dicha naturaleza, tratándose de delitos comunes disponiendo los Estados Unidos de América de jurisdicción para su persecución al haberse perpetrado supuestamente en territorio de dicho país.

PRIMERO. -La extradición entre España y los Estados Unidos de América, se rige a tenor del artículo 13.3, por:

El Tratado de Extradición firmado el 29 de mayo de 1970, el tratado suplementario firmado el 25 de enero de 1975, el Segundo Tratado Suplementario firmado el 9 de febrero de 1988, el Tercer Tratado Suplementario firmado el 12 de mayo de 1966 (conocidos como el "Tratado Bilateral de Extradición")y el Instrumento contemplado en el artículo 3(2) del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea, firmado el 25 de junio de 2003, sobre la aplicación del "Tratado Bilateral de Extradición"entre los Estados Unidos de América y España, con el Anexo, firmado el 17 de diciembre de 2004. Dicho Anexo contiene el Texto integrado de las disposiciones del Tratado Bilateral de Extradición y del Tratado de Extradición UE- EE. UU, publicándose en el BOE de 26 de enero de 2010, siendo de aplicación desde el 1 de febrero de 2010.

SEGUNDO. -No se cuestiona la identidad de la persona reclamada, siendo coincidentes los datos que figuran en la documentación extradicional con los de la persona con la que se ha entendido el presente procedimiento.

Se trata del ciudadano español Lorenzo, nacido en Cuba el NUM000 de 1968.

En la vista celebrada, el reclamado manifestó que no accedía a la extradición dado que este caso había sido para él un tormento, no renunciando al principio de especialidad.

TERCERO. -Se cumplen los presupuestos documentales exigidos en el tratado, estando relacionados entre los antecedentes de esta resolución. Se cumplen los principios del mínimo punitivo y de la doble incriminación.

Del lado estadounidense, nos remitimos al apartado de esta resolución en que se relacionan los cargos y figuran los delitos infringidos de la legislación penal del Estado requirente.

Del lado español, pueden ser calificados como:

Los hechos de los cargos 1, 5 y 6, serían constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 311.1 del Código Penal, con pena prevista de seis meses a seis años de prisión.

Los hechos del cargo 9, serían constitutivos de un delito de organización criminal del artículo 570 bis 1 del Código Penal, con pena prevista de dos a cinco años de prisión.

Los hechos del cargo 24, serían constitutivos de un delito de falsedad en documento público del artículo 392 y 390.1. 1º del Código Penal, con pena prevista de seis meses a tres años.

Los hechos del cargo 39, serían constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública previsto y sancionado en el artículo 305.1 del Código Penal, con pena prevista de uno a cinco años de prisión.

La defensa del reclamado consideró que había operado la prescripción toda vez que los hechos objeto de la reclamación fueron cometidos con anterioridad al año 2019, encontrándose todos ellos prescritos con arreglo a lo previsto en el artículo 131 del Código Penal, añadiendo, en cuanto a la doble incriminación que:

En cuanto a varios de los cargos que motivan la petición (1-6) el delito carece de correspondencia mínima con el derecho penal español y se trata de una cuestión de orden laboral.

Sobre el delito laboral (9), consistente en no pagar salarios debidos a los trabajadores u horas extraordinarias, entiende que la situación es idéntica.

Sobre el delito de declaración falsa con fines de reducir la prima o los costes del seguro (10), el delito carece de correspondencia mínima con el derecho penal español y se trata de una cuestión/infracción de orden administrativo o tributario que no amerita extradición.

Sobre el delito (11) de incumplimiento del deber de informar sobre un evento que afecta a los beneficios de un seguro, en igual sentido que el anterior, tratándose en todo caso de una cuestión administrativa /tributaria.

Sobre el delito (24) de falsa certificación de documento, no se hace constar la naturaleza pública o privada de tal documento a los efectos penales en concordancia con el derecho penal aplicable al caso.

Sobre el delito (39) de presentación de declaración de impuestos falsa o incorrecta, no consta la cuantía de la presunta defraudación resultante de la falsedad, a los efectos de tener por acreditada la correspondencia de tal infracción presunta con el delito español de fraude fiscal, lo cual determina que salvo prueba en contrario tal presunto delito constituye una mera infracción administrativa de orden tributario que no amerita extradición con arreglo a la legislación española.

Ha de partirse, sobre la base de la información suministrada pormenorizadamente en la declaración del Fiscal adjunto para la Fiscalía de Distrito del Condado de Santa Clara, de que "Surgió una investigación sobre explotación laboral y trata de siete ciudadanos españoles y un ciudadano cubano (conjuntamente "las víctimas"). Todas las víctimas fueron atraídas a los Estados Unidos por Lorenzo y sus asociados bajo falsos pretextos de empleo lucrativo y luego defraudadas de sus derechos laborales y otros derechos de empleo".

En tal declaración se incluye un resumen de las pruebas presentadas en el juicio en el que testificaron veintiséis personas, se presentaron más de ciento cincuenta pruebas documentales referidas al reclamado y las otras dos personas con las que se concertó, relatándose las promesas laborales a personas que buscaban empleo y que se desplazaron a los Estados Unidos tras ser atraídas con ese patrón falaz, que fueron, en cuanto a las condiciones laborales, incumplidas, infringiendo las normas laborales establecidas por las Órdenes de la Comisión Laboral de California, figurando, en las páginas 11 y 12 de la declaración jurada del Fiscal tales órdenes, que de ser incumplidas, dan lugar a la comisión de delito conforme al artículo 1199 del Código Laboral de California.

Se llegó a la conclusión de que las órdenes en cuestión (página 12 de la declaración jurada del Fiscal), en vista de los testimonios ofrecidos en el Juicio, fueron conculcadas, pues junto a ser inducidas las personas que fueron empleadas en los negocios de los acusados a desplazarse a los Estados Unidos de América bajo unas condiciones laborales que se ofertaron, tales condiciones no se materializaron, desatendiéndose las propuestas, contrariando el proceder del reclamado "las normas laborales justas"garantizadas en el catálogo de normas de la Comisión Laboral de California.

En vista de los datos sucintamente expuestos y con remisión a la citada declaración jurada en su integridad, los hechos objeto de la reclamación, dejando fuera los relativos a los cargos 10 y 11 incluidos en el escrito de alegaciones de la defensa del reclamado y que quedaron al margen por el gran jurado, serian subsumibles tal como el Ministerio Fiscal concluye, en el delito definido en el artículo 311.1 del Código Penal español, al decir de éste que serán castigados con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses "Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social, que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual."

En cuanto a la falsa certificación de documentos, se decía en el escrito de alegaciones cursado en nombre del Sr. Lorenzo, como ya se ha recogido, que no se hacía constar la naturaleza pública o privada de tal documento a los efectos penales en concordancia con el derecho penal aplicable al caso.

Para dar respuesta a este alegato, se ha de retomar la declaración jurada del Sr. Fiscal estadounidense, que en el apartado b) "Fraude fiscal-Perjurio",relaciona los documentos que contienen manifestaciones falsas que los acusados presentaron en las declaraciones de impuestos estatales y federales de manera fraudulenta para evitar el pago de impuestos requeridos, apareciendo tales documentos falaces incorporados en las declaraciones de impuestos tanto del Estado de California como federales, relativos, a aspectos personales y a los diversos negocios comerciales, encaminado ello, a proporcionar un "estatus fiscal preferente para evitar la obligación tributaria incurrida"o bien hacer creer que el negocio no era rentable y operaba con pérdidas, estando esa pérdida comercial declarada diseñada para evitar el pago de impuestos sobre los ingresos obtenidos de las actividades comerciales del reclamado y los otros dos acusados. Con ello, se trata de documentos que formaron parte del expediente tributario manejado por las autoridades fiscales, contribuyendo con la información proporcionada en aquellos, como se pretendía, a dar una imagen irreal de la situación tributaria de los obligados tributarios con motivo de las declaraciones presentadas durante varios ejercicios fiscales. Ese proceder es reconducible al delito de falsedad en documento público del artículo 392 en relación con el 390.1 del Código Penal español.

En cuanto al alegato relativo a que tampoco se acredita la cuantía del delito fiscal, el ya aludido apartado b) de la declaración del Fiscal estadounidense, ilustra, entre otros extremos, de que frente a las pérdidas comerciales declaradas del negocio de restauración, la revisión del contador forense determinó beneficios de 455.000$, ocultándose en relación al negocio de peluquería, que no se declararon en dos ejercicios fiscales 100.000 $ por cada año fiscal, siendo estos datos suficientemente expresivos de la concurrencia de la doble incriminación respecto del delito contra la Hacienda Pública previsto en el Código Penal español, pues lo relevante en cuanto a tal figura penal estribó en que se cumplimentó y suscribió una declaración de impuestos falsa, una manifestación falsa o una declaración escrita de impuestos falsa en varios ejercicios fiscales, contraviniendo el artículo 19705 (a) (1) del Código de Ingresos e Impuestos de California al ocultar de ese modo al fisco los ingresos antes cifrados, pudiendo constituir tal proceder, aparentemente delictivo, el tipo penal del 305 del Código Penal español.

CUARTO.-En orden a que ha operado la prescripción según sostuvo el Sr. Letrado del reclamado dado que los hechos se cometieron con anterioridad al año 2019, sin mayor añadido, la Nota Verbal nº502 de 13 de agosto de 2024 se refiere entre otros aspectos a que "Los delitos de que se solicita la extradición de Lorenzo no han prescrito según la legislación aplicable", entrando en juego lo dispuesto en el artículo II Bis del ANEXO (Texto integrado de las disposiciones del Tratado Bilateral de Extradición y del Tratado de Extradición UE-EEUU) al decir de éste que "Siempre que concurran los demás requisitos exigidos, la extradición será también concedida incluso si, con arreglo a la legislación de la Parte Requerida, la acción penal o la pena impuesta hubiera prescrito. La Parte Requerida quedará obligada a aceptar la declaración de la parte Requirente de que, según la legislación de la Parte Requirente, la acción penal o la pena no ha prescrito".

Incluso, acudiendo a la legislación penal española, citando el Sr. Letrado el artículo 131 del Código Penal y sin otra mención que la relativa a que los hechos fueron anteriores al año 2019, sería aplicable el plazo de diez años del transcurso del tiempo a efectos de comprobar si ha operado el instituto de la prescripción. Y ello por cuanto que entre los delitos que dan por cumplida la doble incriminación del lado del Estado Requerido, se incluye el delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 311.1 del Código Penal español que, al tener prevista la pena de hasta seis años de prisión, conforme al artículo 131 de dicho Texto Legal el plazo temporal a efectos de la prescripción es de diez años.

Examinando la documentación extradicional, de la misma se extrae que los hechos discurren entre los años 2011 y 2015, iniciándose una investigación tras la que el 3 de abril de 2017 el gran jurado del condado de Santa Clara emitió una acusación formal de cuarenta y dos cargos imputados al ahora reclamado, dando comienzo el juicio el 25 de marzo de 2019 que concluyó el 28 de agosto siguiente, emitiendo el jurado veredictos de culpabilidad por los cargos 1, 5, 6, 9, 24 y 39, siendo los tres primeros los que se corresponderían con el delito del artículo 311.1 del Código Penal español.

La declaración jurada de la Fiscalía estadounidense (página 17) en el apartado V-Audiencia de sentencia y falta de comparecencia- relata que "15.Tras su condena, a Lorenzo, se le permitió permanecer en libertad bajo palabra en espera de la fecha de la audiencia de sentencia prevista para el 20 de septiembre de 2019 ", "La pena máxima posible por los delitos por los cuales Lorenzo fue condenado según los criterios de sentencia analizados anteriormente es de 7 años y 4 meses en una prisión del estado de California", y finalmente que "17. El 20 de septiembre de 2019, Lorenzo no se presentó a recibir su sentencia y el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara libró una orden de detención", siendo de fecha 20 de septiembre de 2019 dicha orden, terminando por decir que "19. No existe plazo de prescripción para cuando Lorenzo debe comenzar a cumplir la pena que aún no se ha impuesto. El procesamiento aún está pendiente hasta que se dicte sentencia".

Sirva lo acabado de exponer para introducir que ello está en sintonía con lo dispuesto en -LA LEY DE PRESCRIPCION- que si bien en los artículos 801 y en el apartado 5 de dicho precepto del Código Penal de California prevén que el procesamiento se iniciará dentro de los tres o de los cuatro años posteriores a la comisión del delito o a los cuatro años de sus descubrimiento o posteriores a la consumación en función del delito, comprobándose con la información recibida, que hasta poder decretarse tal pronunciamiento los plazos indicados se cumplían en el procedimiento estadounidense, pues, datando los hechos de 2015 discurrió la investigación hasta la formulación de la acusación por el gran jurado, del 3 de abril de 2017, el juicio concluyó el 28 de agosto de 2019 y, se dejó de entender el procedimiento con el reclamado el 20 de septiembre siguiente, cuando se iba a dictar sentencia, el artículo 803 del Código Penal de California dispone que "El tiempo durante el cual el procesamiento de la misma persona por la misma conducta esté pendiente de este estado no forma parte de una limitación de tiempo prescrita en este capítulo"

Volviendo a computar los periodos temporales a efectos de la prescripción del lado del Estado Requerido, entre la fecha no tanto de conclusión del Juicio el 28 de agosto de 2019 sino la de 20 de septiembre siguiente a cuyo partir ya no puede entenderse el procedimiento estadounidense con el Sr. Lorenzo debido a su incomparecencia en dicha fecha en el seno de dicho proceso, y, la fecha de la presentación de la solicitud de extradición y la demanda de extradición de 17 de junio de 2024, o la fecha del acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión de 4 de marzo de 2025, autorizando la continuación en vía judicial del procedimiento extradicional, siendo oído el reclamado el 11 de junio siguiente en el Juzgado Central de Instrucción nº 3, no han trascurrido diez años, como tampoco previamente entre la fecha de los hechos, datando los últimos del año 2015 y la formulación de la acusación formal del 3 de abril de 2017, ni entre esta última y la del inicio del juicio el 25 de marzo de 2019.

QUINTO. -Los hechos objeto de la demanda de extradición no constituyen delitos políticos ni de dicha naturaleza, tratándose de delitos comunes disponiendo los Estados Unidos de América de jurisdicción para su persecución al haberse perpetrado supuestamente en territorio de dicho país.