Auto Penal 96/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 120/2024 de 26 de febrero del 2025

PRIMERO. -La extradición entre el Reino de España y el Reino Unido, se rige por:

a) Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito en Bruselas el 24 de diciembre de 2020 (Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 30 de abril de 2021).

b) Con carácter supletorio, la Ley de Extradición Pasiva de 21 de marzo de 1985, y el artículo 13.3 de la Constitución Española.

El Título VII relativo a las "Entregas" del citado Acuerdo Internacional, recoge la nueva orden de detención que vincula al Reino Unido con los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España.

SEGUNDO.-El Convenio suscrito entre la Unión Europea y el Reino Unido prevé la cooperación entre ambos para el enjuiciamiento y la ejecución de las sanciones penales, que permitirá reforzar la seguridad entre ambos, de forma que: "La cooperación a través de la orden de detención será necesaria y proporcionada teniendo en cuenta los derechos de la persona buscada y los intereses de las víctimas, y considerando la gravedad del acto, la pena que probablemente se impondría y la posibilidad de que un Estado adopte medidas menos coercitivas que la entrega de la persona buscada, en particular en vistas a evitar períodos de prisión preventiva innecesariamente prolongados" (art. 597 del Acuerdo).

De esta forma se establece el ámbito de aplicación de la orden de detención (art. 599) que permitirá su dictado por: "a) hechos castigados por la legislación del Estado emisor con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea de al menos doce meses o; b) cuando se haya dictado sentencia o se haya señalado una medida de seguridad privativa de libertad, para penas o medidas privativas de libertad no inferiores a cuatro meses".

TERCERO. -En el presente caso, nos encontramos ante una reclamación para para enjuiciamiento por dos delitos de violación, uno de lesiones y uno de agresión con lesiones corporales graves, con penas máximas previstas de cadena perpetua los tres primeros y delitos, y de 5 años de prisión el último de ellos, según la legislación del Estado emisor

La identidad de la persona reclamada, no obstante, la utilización de diversas filiaciones, sin duda, para eludir la acción de la justicia, ha quedado acreditado que se trata del ciudadano británico Salvador nacido el NUM000 de 1989 en Salisbury. Wiltshire (Reino Unido), con pasaporte del Reino Unido nº NUM001. En el acto de la vista manifestó que se trataba del ciudadano británico Carlos Jesús nacido el NUM000 de 1989 en Salisbury. Wiltshire (Reino Unido).

CUARTO. -Se cumplen las formalidades legales del artículo 88 del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (LAW SURR). Así, el delito en el que se basa la orden de detención cumple los requisitos formales relativos a la doble incriminación y mínimo punitivo, al tratarse de unas infracciones criminales castigadas en ambos Estados, y mínimo punitivo previsto al estar castigados los delitos por los que se solicita la extradición con penas privativas de libertad superiores a doce meses (artículo 599.1 y 2 Acuerdo y artículo 2 LEP).

No está castigado con una pena o medida de seguridad privativa de libertad perpetua en el Estado de emisión (art. 604 a) Acuerdo).

La solicitud de entrega es proporcionada, en los términos del artículo 597 del Acuerdo, ya expuestos, habida cuenta de la gravedad del hecho, la pena impuesta y la inexistencia de medidas menos coercitivas, evitando periodos de prisión preventiva innecesariamente prolongados.

El delito en el que se basa la orden de detención no está cubierto por el indulto, ni España es competente para su persecución (art. 600).

El delito por el que es reclamado no es un delito político, ni se observa que estemos ante un delito común pero perseguido por motivos políticos o discriminatorios por razón de sexo, origen racial o étnico, religión, nacionalidad, lengua u opiniones políticas u orientación sexual, o que la situación de dicha persona puede resultar perjudicada por cualquiera de estas razones (arts. 602 y 601.1 h) del Acuerdo).

Se observa el principio de especialidad, lo que determinará la prohibición de persecución por hechos distintos de los que motivaron la solicitud de extradición (art. 21 LEP y art. 625.2 Acuerdo).

Por lo que a los requisitos subjetivos se refiere, el sujeto reclamado es mayor de edad, y no tiene nacionalidad española.

Por lo que, a los aspectos formales se refiere, el Estado requerido no tiene jurisdicción para el conocimiento del delito por el que se pide la extradición, pues el mismo se ha cometido íntegramente en territorio del Reino Unido ( art. 3.1 LEP, arts. 21 y 23.1 LOPJ, y art. 8 CC) .

La naturaleza del órgano jurisdiccional competente para conocer del proceso penal se trata de un Tribunal permanente y no de excepción o de semejante naturaleza ( art. 4. 3º LEP y 24.2 CE) .

No existen datos en el expediente que pudieran determinar la denegación por la existencia de cosa juzgada o litispendencia alguna (art. 4.5 LEP y arts. 600 b) y 601.1 b) del Acuerdo).

En España, no consta que se haya decidido incoar acción penal alguna por los delitos en los que se basa la orden de detención, o bien la suspensión del procedimiento (art. 601.1 c) Acuerdo). No se ha celebrado enjuiciamiento alguno, y por tanto, tampoco en ausencia, en los términos del Acuerdo Comercial (art. 601.1 i).

No existen motivos fundados para creer que existe un riesgo real para la protección de los derechos fundamentales de la persona buscada (art. 604 c), ni concurre obstáculo legal alguno para llevar a cabo la entrega interesada.

QUINTO. -Es cierto que algunas de la penas aparejadas a los delitos objeto de reclamación, conllevan la cadena perpetua previstas, en concreto los delitos de Violación, contraria al artículo 1 de la Ley sobre Delitos Sexuales de 2003 (13/12/2020); causar lesiones corporales graves con intención contraria al artículo 18 de la Ley de delitos contra las personas de 1861 (13/12/2020); y violación, contraria al artículo 1 de la Ley de Delitos Sexuales de 2003 (16/03/2023),

A este respecto el artículo 604 del Acuerdo establece, en los apartados citados por el recurrente, lo siguiente: "La ejecución de la orden de detención por parte de la autoridad judicial de ejecución podrá supeditarse a las siguientes garantías:a) cuando el delito en que se basa la orden de detención esté castigado con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad a perpetuidad en el Estado emisor, el Estado de ejecución podrá ejecutar la orden de detención, siempre y cuando el Estado emisor ofrezca garantías suficientes al Estado de ejecución de que revisará la pena o medida impuesta, previa petición o cuando hayan transcurrido al menos veinte años, o promoverá la aplicación de medidas de clemencia a las que la persona tenga derecho a acogerse con arreglo al Derecho o práctica del Estado emisor, con vistas a la no ejecución de dicha pena o medida";

En el caso de autos, cabe decir que, expresamente las autoridades británicas, mediante comunicación de fecha 21 de enero de 2025, han ofrecido la siguiente garantía de que "Cuando se impone una cadena perpetua (ya sea obligatoria o discrecional), el juez que dicta la sentencia determina qué parte de la condena debe cumplirse en prisión antes de que pueda considerarse la posibilidad de conceder al delincuente la libertad condicional; ese periodo se denomina duración mínima. Toda persona condenada por acusación tiene derecho a solicitar una revisión de esa pena mínima ante el Tribunal de Apelación.

El delincuente debe cumplir la pena mínima adecuada que refleje el elemento punitivo de la condena. Una vez transcurrido este plazo de encarcelamiento punitivo, el delincuente entra en el "elemento de riesgo" de la condena. Sólo podrá seguir siendo detenido si continúa representando un riesgo para el público.

Una Junta de Libertad Condicional independiente lleva a cabo una revisión de la condena del preso una vez que se ha vencido el elemento punitivo de la pena, y un juez preside este panel. Puede celebrarse una audiencia oral para determinar si debe continuar la detención del preso para la protección del público. En esta audiencia, el preso tiene derecho a estar presente, a ser representado legalmente, y a llamar e interrogar a testigos.

La Junta de Libertad Condicional puede ordenar la puesta en libertad del recluso. Si decidiera que el preso no debería ser puesto en libertad, se celebrará una nueva audiencia en el plazo de 2 años para revisar la detención del recluso y a intervalos regulares a partir de entonces.

Todos los presos condenados a cadena perpetua son puestos en libertad con un permiso que permanece en vigor durante el resto de sus vidas. La licencia puede revocarse en cualquier momento, si es necesario, por motivos de protección del público. En todos los casos, incluidos aquellos en los que se haya impuesto una pena de cadena perpetua o una pena mínima superior a veinte años, el recluso podrá solicitar la puesta en libertad excepcional por motivos compasivos en virtud del artículo 30 de la Ley de Delitos (Condenas), del Reino Unido de 1997. O el artículo 7 de la Orden de Cadena Perpetua (Irlanda del Norte) de 2001 y/o la puesta en libertad en virtud de los poderes de la Prerrogativa Real de Clemencia".

Las garantías contenidas en el formulario de la orden de detención satisfacen las exigencias del mencionado artículo 604 del Acuerdo, y también las de los artículos 15 CE y 3 CEDH, que proscribe las penas o tratos inhumanos o degradantes, así como de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a partir del caso Vintery otros contra el Reino Unido, sentencia de la Gran Sala de fecha 9 de julio de 2013 , que exige que la prisión perpetua sea efectivamente revisable, de iure y de facto, concretándose esto último en la existencia de condiciones que puedan generar en el condenado una expectativa de libertad atendiendo a los principios de prevención y rehabilitación. La cadena perpetua debe necesariamente revisarse para determinar si se ha producido en el penado un cambio significativo y ha progresado en su rehabilitación y si la prisión ha dejado de tener justificación por razones penales legítimas. La posibilidad de revisión habrá de ser también de iure, entendiendo por tal la previsión por el ordenamiento jurídico de mecanismos para llevar aquella a cabo que, además, puedan ser conocidos por el penado.

El TEDH ha mantenido este criterio, profundizándolo, en sucesivas sentencias. Así, en el caso Trabelsic. Bélgica, STEDH de 4 de septiembre de 2014, consideró que las garantías ofrecidas por EEUU a Bélgica no eran suficientes porque ninguna de ellas suponía un mecanismo de revisión que obligara a las autoridades nacionales determinar, con base en criterios objetivos y preestablecidos, con posibilidades de ser conocidos por el condenado, si este había progresado en su rehabilitación, hasta el punto de que la prisión no pudiera justificarse por razones legítimas de orden penológico. En la misma línea, los casos Murrayc. Holanda, STEDH de 26 de abril de 2016, y Hutchinsonc. Reino Unido, STEDH de 17 de enero de 2017.

Las garantías prestadas en el presente caso a través del formulario reúnen los elementos requeridos por el Acuerdo y la jurisprudencia del TEDH, al establecer los mecanismos que permiten que la pena de cadena perpetua pueda ser revisada, con vistas a la obtención de la libertad, de manera que dicha pena no habrá de ser necesariamente de por vida, y concuerdan con las exigencias del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional recogidos entre otros en AAN Pleno 22/2024, de 22 de marzo (RSU 22/2024) y 92/2023, de 17 de noviembre (RSU 86/2023).

SEXTO. - Por último, respecto a la petición de que sea devuelto a España, para el cumplimiento de la pena, la misma debe ser rechazada.Como ya dijimos en AAN Pleno nº49/2024, de 28 de junio (RS 48/2024), y nº 54/2024, de 19 de julio (RSU 59/2024): "En el apartado b) del referido artículo 604 del Acuerdo se afirma que "(...) cuando la persona que es objeto de la orden de detención a efectos de entablar una acción penal sea nacional del estado de ejecución o resida en él, la entrega de dicha persona podrá supeditarse a la condición de que dicha persona, tras ser oída, sea devuelta al Estado de ejecución para cumplir en éste la pena o medida de seguridad privativa de libertad que pudiera pronunciarse en el estado emisor (...)".

En primer lugar, es preciso que se den los requisitos que el precepto señala, ser nacional del país de ejecución o ser residente del mismo. En el caso, que nos ocupa, el arraigo es mínimo ya que según manifestó ante el Juzgado en la comparecencia del artículo 505 LECrim, llevada cabo el pasado día 5 de diciembre de 2024, con motivo de su detención, llevaba en España desde marzo de 2023, donde conoció a su novia viviendo con ella en Barcelona hasta septiembre de 2024. No tiene residencia legal en España, y trabaja en un bar que hay debajo de su casa algunas veces. Le ha pedido matrimonio a su novia.

El arraigo, como es apreciable, además de no estar acreditado, resulta mínimo a los efectos que nos ocupan. No consta ningún tipo de arraigo familiar, se desconoce quién la novia y cuál es su nacionalidad, no tiene ningún otro familiar residiendo en nuestro país, no tiene trabajo alguno, ni residencia fija, no consta empadronado en ningún domicilio. Además en el momento de su detención tal y como consta en el atestado policial levantado al efecto, se consiguió zafar de los agentes que le custodiaban cunado iba a ser introducido en el vehículo policial, emprendiendo la huida, con los grilletes puestos, siendo finalmente detenido a la altura del número 145 de la calle París de Barcelona, al golpearse, mientras corría, con unas motocicletas que allí se encontraban estacionadas, lo que le hizo perder la estabilidad cayendo al suelo, produciéndose una contusión en la nariz.

Al respecto, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, citada por el Auto de la Sección Tercera 443/2019, de 29 de diciembre, afirma que ("...)- La STJUE de fecha 17 de julio de 2008, en el caso Kozlowski ,se establecía que, aunque la decisión marco no definía el alcance y significado de las expresiones "habitar o residir", la interpretación de los términos no podía dejarse a la libre interpretación de los Estados miembros, por eso se exigía en caso de habitar que se acreditase que el reclamado tenía lazos o vínculos familiares, personales, laborales, lingüísticos en el Estado de ejecución o en caso de residencia que se acreditase que el sujeto residía de forma permanente y continuada en el Estado de ejecución. Y en esta Sentencia también se referían a los supuestos en los que se destruye la presunción de que la persona habita o es residente en el Estado de ejecución, refiriéndose a los casos en los que el sujeto sólo vive en el país de forma intermitente; viva en él y se dedique a cometer actos delictivos; cuando resida en el país de forma continuada porque se encuentra en prisión cumpliendo responsabilidades penales impuestas por los Tribunales del país de ejecución".

En el mismo sentido, la STJUE (Gran Sala), de fecha 5 de septiembre de 2012, que establece: "... no cabe admitir que una persona reclamada que, sin ser nacional del Estado miembro de ejecución, habita o reside en él desde hace algún tiempo no pueda en ningún caso haber establecido con este Estado miembro vínculos que puedan justificar la posibilidad de invocar ese motivo de no ejecución facultativa (...) el Tribunal de Justicia ya ha admitido (...) que, al igual que un requisito de nacionalidad para sus propios nacionales, un requisito de residencia continuada durante cinco años para los nacionales de los demás Estados miembros garantiza que la persona buscada esté suficientemente integrada en el Estado miembro de ejecución (...) corresponde a la Autoridad judicial de ejecución -para determinar si, en una situación concreta, existen entre la persona reclamada y el Estado miembro de ejecución vínculos que permitan considerar que esa persona reside o habita en ese Estado (...)- efectuar una apreciación global de varios de los elementos objetivos que caracterizan la situación de esa persona, entre los que figuran, en particular, la duración, la naturaleza y las condiciones de permanencia de la persona reclamada, así como los lazos familiares y económicos que mantenga esa persona (véanse, en este sentido, las Sentencias, antes citadas, Kozlowski,apartados 48 y 49, y Wolzenburg,apartado76) (...) cuando la persona tenga un grado de integración en la sociedad de dicho Estado miembro compatible al de un nacional, la Autoridad judicial de ejecución debe poder apreciar si existe un interés legítimo que justifique que la pena impuesta en el Estado miembro emisor sea ejecutada en el territorio del Estado miembro de ejecución".

Señalar finalmente que el precepto establece una cláusula facultativa del Estado de ejecución, que no resulta aplicable en este caso por lo ya expuesto, ante la insuficiencia y falta de acreditación del supuesto arraigo en España, no siendo de aplicación las prevenciones contenidas en el artículo 604 b) del Acuerdo, que viene referida en todo caso, no a la denegación de la entrega, sino a la devolución al estado de ejecución para cumplir la pena o medida o de seguridad que en su caso pudiera imponérsele, cuestión que aquí ni tan siquiera se ha planteado.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.