Auto Penal 441/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 62/2024 de 08 de septiembre del 2025

PRIMERO. -La regulación normativa viene dada por el Convenio de extradición entre el reino de España y el Reino de Marruecos de 24 de junio de 2009, y subsidiariamente por la Ley de Extradición Pasiva de 1985.

Se han cumplimentado las formalidades documentales que establece el Convenio, atendiendo la demanda extradicional remitida por vía diplomática por parte del Reino de Marruecos.

No se ha discutido por las partes, en el presente caso, ni la prescripción del delito, ni se trata de un delito de carácter político. Tampoco existen causas de denegación relativas a la cosa juzgada o litispendencia.

SEGUNDO. -En cuanto a los motivos de oposición a la entrega del reclamado, en el escrito de alegaciones desarrollado en el acto de la vista, se alegó por su defensa , en primer lugar, la discrepancia en la identidad del reclamado al no constar su correcta y completa identificación. En particular, según la orden de difusión emitida por la Oficina de Interpol de Rabat, el reclamado es Carlos Francisco, hombre, nacido el NUM003/1981 en LEMRABTA, hijo de Millán y de Africa. Por su parte, la demanda extradicional remitida con posterioridad, refiere que el reclamado es Carlos Francisco, nacido el NUM000/1981 en FQUIH BEN SALEH, hijo de Africa. Según el Letrado existe una discrepancia en los datos de filiación y concretamente en el lugar de nacimiento o bien el nombre de sus progenitores. Estas discrepancias implican una diferencia significativa que afecta a la identificación precisa del reclamado, introduciendo dudas razonables sobre si se trata de la misma persona, pues no consta, en ningún documento remitido por Marruecos, incluyendo la orden de detención internacional y la notificación roja de Interpol, ninguna fotografía ni huellas dactilares del acusado, que permitan a las autoridades reclamadas verificar objetivamente si se trata de la persona reclamada. Considera que las discrepancias en la identidad del reclamado, junto con la ausencia de pruebas biométricas verificables, constituyen una infracción del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española, compromete la integridad del proceso judicial, y la falta de documentación probatoria de su identidad en el momento de la detención considera que contraviene el principio de seguridad jurídica.

En segundo lugar alega infracción del principio de doble incriminación por inconcreción de los hechos (art. 7 LEP y 12 Convenio), considerando que las autoridades marroquíes no han ofrecido una exposición detallada de los hechos punibles y del escueto relato fáctico de la demanda extradicional, la conducta que se le atribuye es la de supuestamente haber facilitado a dos ciudadanos marroquís, el número de teléfono de un individuo que se dedica a organizar salidas clandestinas de inmigrantes. Pero no se especifica ninguna acción más, ni se da detalle adicional alguno, por ejemplo, si facilitó el número de teléfono a cambio de dinero (existiendo ánimo de lucro) o si lo hizo por razones humanitarias. Tampoco se expresa si realizó alguna conducta concreta en la operación de inmigración.

Alega también la infracción del principio de doble incriminación ( art.2.1 del Convenio y art.7 LEP) por falta de tipicidad del hecho en España, al considerar que el hecho de facilitar un número de teléfono, no es subsumible en el art. 318 bis de nuestro Código penal, pues se exige que el reclamado haya realizado alguna conducta, suficientemente detallada y expresa, que permita incluirla bajo dicho precepto. En el Reino de Marruecos, los hechos descritos podrían llegar a constituir un delito de emigración ilegal de acuerdo con el art. 294 del Código Penal. Sin embargo, en España, los hechos relatados de ningún modo pueden subsumirse en el art. 318 bis CP pues el CP español castiga la entrada en España de manera ilegal de ciudadanos extracomunitarios. Sin embargo de la lectura del relato, no se desprende que el reclamado haya tenido relación alguna con salida de inmigrantes hacia España, pues finalmente se abortó el operativo y no llegaron no embarcaron. Asimismo, indica que su defendido no tuvo ninguna relación con el resto de las 45 personas que pretendían emigrar. Las autoridades marroquíes no le atribuyen ninguna relación con el resto de las personas que se disponía a emigrar, ni tampoco le atribuyen un rol dentro de ninguna organización. No participó de modo alguno en la operación de inmigración que acabó frustrada, pues esas personas a las que facilitó el número de teléfono nunca llegaron a salir de Marruecos, ni consta que el destino de aquellos fuera España. La ausencia de cualquier indicio concreto que vincule estas acciones con una entrada ilegal en España impide subsumir los hechos en el artículo 318 bis del Código Penal español. Por tanto, en opinión del defensor, no hay delito de emigración clandestina respecto de estos dos sujetos. Y respecto del resto de personas, las autoridades marroquíes no las relacionan con el reclamado, por lo no puede ser imputado por ello.

Alega que se vulneraría el principio de legalidad penal (at. 25 CE) , que establece que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito según la legislación vigente. Y también, consecuencia de todo lo anterior, se estaría vulnerando su derecho a la libertad y a la seguridad ( art. 17 CE y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), pues la extradición basada en hechos que no constituyen un delito en España supondría una privación arbitraria de la libertad.

Otro de los motivos de oposición alegados reside en la infracción del art. 2.1 del Convenio Bilateral de extradición, por no alcanzar el mínimo punitivo. En este caso alega que la pena aplicable al delito sería inferior a dos años, pues los hechos únicamente podrían subsumirse en el art. 318 bis (párrafo I) del CP, que es ayudar a un ciudadano extracomunitario a entrar de forma irregular en territorio nacional. Por tanto resulta que la pena aplicable conforme al Código Penal español es como máximo de un año.

También se invoca la infracción del art. 4.1 h) del Convenio y del art. 15 CE y Art. 3 CEDH, al sancionarse el delito con pena capital o, subsidiariamente, con cadena perpetua. En los textos legales aportados por las autoridades marroquíes, así como en la notificación roja de Interpol, se recoge expresamente que, cuando concurren determinadas circunstancias - entre ellas, el fallecimiento de personas en el contexto de una operación de emigración clandestina-, el Código Penal marroquí prevé como pena aplicable la cadena perpetua. Se menciona que algunas personas fallecieron durante un intento de emigración, personas que formaban parte del grupo más amplio de 45 personas con las que el reclamado no guarda relación alguna, ni se le atribuye participación en los hechos que ocasionaron dicho resultado. En cualquier caso, no se ha ofrecido garantía alguna sobre el carácter revisable de dicha pena perpetua, siendo este un elemento esencial a la luz del artículo 4.1 h) del Convenio bilateral, que prohíbe la extradición cuando la pena prevista sea la de muerte o una pena inhumana o degradante, salvo que el Estado requirente ofrezca garantías suficientes de que no será impuesta o, en su caso, de que no se ejecutará. Por tanto, la entrega no puede acordarse sin someterla a la condición de que Marruecos preste garantías suficientes, claras y verificables, que acrediten que la eventual pena de cadena perpetua no será indefectiblemente de por vida, sino que estará sujeta a mecanismos de revisión conforme a derecho, tal como exige reiterada jurisprudencia de esa Sección. En caso de que se acuerde la entrega, ésta deber condicionarse expresamente a la obtención previa de garantías diplomáticas suficientes, que incluyan:

La indicación clara de que la pena de cadena perpetua es revisable,

El marco normativo que regula dicha revisión,

Y los plazos y condiciones concretas en que el reclamado podrá acogerse a dicha revisión o a otras formas de reducción de condena.

Solicita que estas garantía sean verificadas por esta Sección antes de autorizar la entrega definitiva, conforme al control jurisdiccional que le corresponde y a lo previsto en la doctrina del Auto 243/2018, de 26 de marzo, del Pleno de esta Audiencia Nacional.

TERCERO.-Con relación a la identidad del reclamado, para este Tribunal, no existe ningún déficit de identificación por cuanto la comparación de la identidad debe realizarse entre la Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades de Marruecos que contiene la solicitud de extradición , comparándola con los datos de identificación que el reclamado facilitó cuando fue detenido por Agentes de la Guardia Civil en España, pero no con los que constan en la orden de difusión emitida por la Oficina de Interpol de Rabat.

Pues bien en la Orden Internacional de Detención se reclama a Carlos Francisco hijo de Ramón, hijo de Imanol y de Africa, hija de Imanol , nacido el NUM000/1981 en Fquid ben Saleh.

Cuando el reclamado fue detenido, no presentó ningún tipo de documentación, si bien se identificó como Carlos Francisco, nacido NUM000/1981, hijo de Millán y de Africa, sin facilitar el lugar de nacimiento. Por lo tanto únicamente existe una única discrepancia en el nombre del progenitor, lo cual carece de importancia puesto que los demás datos son idénticos.

Por otro lado el detenido no puso en cuestión su identidad cuando declaró en el Juzgado Central donde fue interrogado.

Finalmente cualquier duda que pudiera surgir ha quedado totalmente despejada en la vista extradicional, en la que se solicitó el pasaporte al extraditurus -cuya copia quedó unida al presente procedimiento - pudiendo comprobar el Tribunal que se trata de la misma persona, tanto por la fotografía que consta en la Orden de detención emitida por Interpol con la fotografía del pasaporte y teniendo a la vista al reclamado. También coindicen con exactitud la fecha, el lugar de nacimiento y el nombre de los progenitores contenido en la solicitud de extradición con los datos del pasaporte.

Por todo ello se rechaza este motivo de oposición.

CUARTO.-Con respecto al incumplimiento del principio de doble incriminación consideramos que el relato de hechos de la solicitud extradicional es insuficiente y no contiene los elementos activos suficientes para que sostenga la aplicación de tal principio de doble incriminación.

Siguiendo en este punto el Auto de la Sección Tercera de fecha 13 de Diciembre de 2024 (Rollo de Extradición 74/24 ) y los que en él se citan, en aplicación de tal requisito "es doctrina de esta Sala que constituye un requisito imprescindible de la demanda extradicional que los hechos han de contener una mínima concreción, en cuanto al sujeto o sujetos respecto de los que se solicita la extradición, fecha y lugar donde ocurrieron, circunstancias, y especialmente, la actuación concreta que se le imputa en el país requirente, requisito de la concreción que es indispensable so pena de que pueda constituir una causa de denegación de la entrega"( Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 40/2022, de 5 de mayo)".

Aplicando la anterior doctrina a la presente reclamación extradicional se puede constatar cómo en el relato de hechos efectuado por la autoridad requirente se le atribuye al extraditurus haber facilitado a dos personas que querían emigrar a España el número de teléfono de un presunto organizador de viajes clandestinos, lo que a priori sería una conduta típica encuadrable en el art. 318,1 y 3 a) por cuanto es reiterada la jurisprudencia (ad exemplum SS TS 646/2015, de 20 de octubre, 536/2016, de 17 de junio y 807/2016 de 27 de octubre) que dicho tipo penal es un delito de mera actividad, que se consuma por la realización de los actos favorecimiento o promoción, sin exigir que se consiga la llegada efectiva a territorio español en el que la conducta típica se integra por cualquier acto que promueva o favorezca la inmigración clandestina, lo que significa que es suficiente la participación del infractor en alguna de las múltiples tareas que convergen para llevar a cabo la acción de la inmigración ilegal.

Sin embargo no consta la fecha y el lugar donde tuvo lugar esa conducta que se le atribuye, pues el reclamado vivía en España, debiendo entenderse que el día 18 de Noviembre de 2013 tuvo lugar el intento de salida de los migrantes. A la vista del relato fáctico el reclamado no participó ni en la organización del viaje, ni en la salida que finalmente no se llevó a cabo y se frustró con las dramáticas consecuencia de la misma (fallecimiento de veintitrés personas).

La vaguedad de las manifestaciones de terceros, y de la Orden Internacional de Búsqueda y Detención en la que no se indica el número de teléfono al que llamaron las dos personas que contactaron con el reclamado ni el teléfono que supuestamente les facilitó del organizador ni la identidad del éste (únicamente se alude a Gervasio) figurando tales manifestaciones sin corroboración objetiva alguna, lo cual impide dar por cumplido el presupuesto de partida de hallarnos ante hechos enmarcados en las figuras delictivas en las que el Estado requirente enmarca la conducta de reclamado, no estando autorizado el órgano de la extradición a efectuar una labor de integración más allá de lo que se recoge en la orden de detención internacional emitida por la Fiscalía marroquí.

Por tanto en los hechos presentados por las Autoridades del Reino de Marruecos, no se puede entender cumplidas las exigencias establecidas en el apartado b) del art. 12º del Convenio, sin que aparezca en apartado alguno de la documentación extradicional otra mención distinta que complete la acabada de indicar y que diera forma a hechos de naturaleza penal en los que estuviera implicado el reclamado.

De esta manera, la Sala concluye que no puede estimarse la existencia del aludido principio de doble incriminación por lo que procede denegar la solicitud de extradición, sin necesidad de entrar a valorar los restante motivos de oposición invocados por la defensa del reclamado.

En atención a lo expuesto, y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.