Auto Penal 690/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Primera, Rec. 70/2024 de 10 de diciembre del 2024

PRIMERO.-La extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos se encuentra amparada, conforme al artículo 13.3 de la Constitución Española, por:

- El Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos firmado en México D.F. el 21 de noviembre de 1978 (Instrumento de ratificación de 14 de marzo de 1980, B.O.E. de 17-6-1980); el Protocolo por el que se modifica este Tratado, firmado en la ciudad de México el 23 de junio de 1995 (Instrumento de Ratificación publicado en B.O.E. de 7 de agosto de 1996), y el Segundo Protocolo por el que se modifica el citado Tratado, hecho ad referendumen Ciudad de México el 6 de diciembre de 1999 (Instrumento de Ratificación publicado en B.O.E. de 3 de abril de 2001);

- Y supletoriamente, por la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva.

SEGUNDO.-No se cuestiona la identidad ni la doble nacionalidad, española y mejicana, de la persona reclamada, respecto de la que no consta que actualmente se siga procedimiento penal alguno en España.

TERCERO.-Se han cumplido las formalidades documentales que establece el artículo 15 del Tratado, atendidos los documentos remitidos por vía diplomática por las Autoridades del Estado requirente y que se han especificado en el Hecho Quinto de la presente resolución.

CUARTO.-El objeto de la reclamación extradicional viene referido a un delito común; no se advierte en este caso motivación espuria en la demanda, y a priori detentan jurisdicción los Estados Unidos Mexicanos para el enjuiciamiento, atendido el principio de territorialidad.

QUINTO.-El artículo 2.1 del Tratado determina que: "Darán lugar a la extradición los hechos sancionados, según las leyes de ambas Partes, con una pena privativa de libertad cuyo máximo sea superior a un año".

En el presente caso, a criterio del Tribunal se dan estos requisitos exigidos en el Tratado, de doble incriminación y mínimo punitivo; no estando prescrita la responsabilidad penal por el delito imputado a la reclamada (lo que de darse constituye la causa obligatoria de denegación de la extradición establecida en el artículo 10 del Tratado) ni conforme a la legislación del país requirente según informa éste, ni según la legislación española a la vista de la fecha de realización de los hechos, en el año 2022.

Así, según se desprende de la documentación extradicional, los hechos para cuyo enjuiciamiento se solicita la entrega serían constitutivos, según la legislación del país requirente, de un delito de fraude del artículo 230, fracción V, del Código Penal para el Distrito Federal, castigado con penas de prisión de seis a once años y de 800 a 1.200 días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de diez mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente; y conforme a nuestra legislación, de un delito de estafa de los artículos 248.1 y 250.1.5º y 2 in fine,del Código Penal español, castigado con penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.

La defensa de la reclamada alegó, como causa de denegación de la entrega, que, sin entrar en el fondo, a su juicio no concurre en este caso el requisito de doble incriminación, pues no consta ni se explica el engaño alegado, tratándose los hechos de una cuestión civil, penalmente atípica en nuestro país.

Estas alegaciones como motivo de oposición a la extradición no pueden ser estimadas.

El examen de la documentación extradicional evidencia que en la misma se atribuye a la reclamada el haberse enriquecido mediante engaño, como veíamos al transcribir el relato fáctico indicado por las Autoridades requirentes en el Hecho Sexto de la presente resolución, lo que en nuestro Derecho penal sustantivo convierte a los hechos imputados a aquélla en constitutivos del delito de estafa antes reseñado; sin que pueda este Tribunal de extradición entrar a valorar la efectiva existencia o no de engaño en la conducta que se dice desarrollada por la reclamada junto con otros.

En este sentido, el reciente Auto número 91/2024, de fecha 8 de noviembre del corriente año 2024, del Pleno de esta Sala de la Penal de la Audiencia Nacional ,explica que: "Como ya hemos dicho la defensa argumenta la falta de tipicidad penal de los hechos objeto de la solicitud extradicional. Aquí el Pleno debe ratificar el razonamiento del Auto de la Sección, en el que con precisión distingue el principio de doble incriminación, del juicio de culpabilidad. Del relato fáctico de la demanda,reproducida casi en su totalidad por el Auto suplicado, surge claramente el engañodeterminante del desplazamiento patrimonial: "... en el mes de marzo de 2020 el proyecto 'Las Hijas de la Tostada Bosques' comenzó a operar, sin que existiera un documento que legalmente amparase a las víctimas como socios o accionistas de la empresa descrita; es decir no existía el sustento jurídico de la formalización de las actos jurídicos, pese a que en diversas ocasiones los señores Conrado., Raimundo. y Rosendo. solicitaron al ahora reclamado que se formalizaran dichos actos protocolizando las actas de asamblea, emitiendo las acciones correspondientes, pero el señor Anton. sólo les dio largas, justificaciones y negativas para reconocerlos como socios y accionistas del giro mercantil. Es como a consecuencia de las maquinaciones del señor Anton., en el actuar como representante legal y administrador de H.S. DECV, las víctimas sufrieron un engaño respecto que iban a ser socios y accionistas del restaurante, no obstante haber cubierto para tal fin, diversas cantidades de dinero al reclamado. Por estos hechos el reclamado obtuvo un beneficio económico indebido en proporción del patrimonio de las víctimas de estos hechos". Ab initioy a los efectos del principio de doble incriminación nos encontramos ante hechos subsumibles en el delito de fraude del artículo 23 del Código Penal de Ciudad de México y en el delito de estafa de los artículos 248 y siguientes de nuestro Código Penal ".

Y el Auto número 72/2022, de fecha 27 de septiembre de 2022, también del Pleno de esta Sala de la Penal de la Audiencia Nacional :"El recurrente intenta sin fortuna, no es el lugar ni Tribunal adecuado para ello, articular toda una batería defensiva en orden a la determinación de la no culpabilidad del recurrente.Pero es obvio que no es esa argumentación la que debe invocarse en el proceso extradicional y sí únicamente que la descripción de los hechos baste para la reclamación tengan los caracteres mínimos imprescindibles para poder articular las conductas en descripciones fácticas normativas señalando a persona cierta como responsable del mismo.No es el lugar para la impugnación de pruebas periciales o que las mismas no están ratificadas por su autora o el no ser prueba idónea para acreditar el detrimento patrimonial. Como se añade en la resolución combatida, "La oposición a la extradición por las razones precedentes no puede prosperar, como reiteradamente viene haciendo respecto de alegaciones análogas el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, dado que, para el análisis de los hechos, su prueba y la relativa a la participación del reclamado es preponderante la actuación de los Tribunales de enjuiciamiento del Estado requirente. Así, el Auto de Pleno n.º 72/2021, de 2 de noviembre de 2021, con cita de del Auto del mismo Órgano de 2 de marzo de 2020, señalaba que: "El procedimiento de extradición es, por su naturaleza, un acto de auxilio judicial internacional, en cuya fase judicial no se decide acerca de la hipotética culpabilidad o inocencia del sujeto reclamado ni se realiza un pronunciamiento condenatorio"( Sentencia del Tribunal Constitucional 102/1997, de 20 de mayo y 32/2003, de 13 de febrero, entre otras) y que: "La extradición es un procedimiento que se acuerda entre Estados para que uno, tras los correspondientes trámites para comprobación de los requisitos exigidos, entregue al otro un posible criminal que se encuentra en el primero y que tiene que ser enjuiciado en el segundo" ( Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2002), estando caracterizada la extradición por ser un acto de auxilio ( Sentencia del Tribunal Constitucional 398/2004, de 27 de octubre). También se precisa en dicho Auto que, dada la distinta naturaleza de nuestro proceso penal y del procedimiento extradicional, no cabe trasladar los términos del juicio oral regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la vista extradicional; añadiendo que los principios que rigen el proceso penal y el rigor de este último,que se orienta a la investigación y enjuiciamiento de hechos de índole penal con un pronunciamiento absolutorio o condenatorio, sin caber la absolución en la instancia, no son equiparables a los parámetros de una cooperación entre países a través de un procedimiento instrumental y meramente auxiliar del proceso penal seguido en el Estado requirente.Debe recordarse, además, que la Ley de Extradición Pasiva, al determinar, en su artículo 7, el contenido necesario de la solicitud de extradición, no incluye ninguna exigencia relativa a la prueba de los hechos que la motivan, sino solamente la expresión de éstos en una Sentencia condenatoria o un Auto de procesamiento, prisión o resolución análoga. Lo mismo sucede con el Tratado bilateral suscrito entre España y México, pues, si bien en su versión inicial, el artículo 15.b) requería que, del original o copia auténtica deSentencia condenatoria, orden de aprehensión,Auto de prisión o cualquier otra resolución judicial con la misma fuerza según la legislación de la parte requirente, que había de acompañar a la solicitud, se tenía que desprender la existencia del delito y los indicios racionales de su comisión por el reclamado, tal exigencia fue suprimida por el Protocolo de 23 de junio de 1995, que reformó el Tratado.Teniendo en cuenta lo anterior, sólo podemos concluir que la descripción de los hechos contenida en la demanda extradicional y documentación que la acompaña basta para asegurar la concurrencia de la doble tipicidad penal requerida por el Convenio,conforme a lo ya razonado en el Fundamento Jurídico Cuarto de esta resolución".

SEXTO.-También alega la defensa de la reclamada, como motivo de denegación de la entrega, la nacionalidad española de ésta.

A este respecto, el artículo 7 del Tratado aquí aplicable establece que: "1. Ambas Partes tendrán la facultad de denegar la extradición de sus nacionales.La condición de nacional será apreciada en el momento de la decisión sobre la extradición. 2. En el caso de que la Parte requerida no entregue a un individuo que tenga su nacionalidad deberá poner el hecho en conocimiento de las Autoridades judiciales competentes, por si ha lugar, según la ley del Estado requerido, a iniciar la acción penal correspondiente. A estos efectos, los documentos, informes y objetos relativos a la infracción serán enviados gratuitamente por la vía prevista en el artículo 14 y la Parte requirente será informada de la decisión adoptada".

El ya citado Auto número 72/2022, de fecha 27 de septiembre de 2022, también del Pleno de esta Sala de la Penal de la Audiencia Nacional ,se pronuncia sobre esta cuestión, recordando que: "El reclamado tiene nacionalidad española además de la mexicana.Es un tema abordado con enorme rigor por la resolución de instancia donde desgrana y desmonta tal pretensión y poco le cabe añadir a este Pleno que no haya ya reiterado en no pocas ocasiones. Entre otros, los Autos de 6 de noviembre de 2020, 5 de diciembre de 2017 y 7 de marzo de 2014 que concedieron la extradición a EE.UU de nacionales españoles, entendiendo que la Constitución Española no contiene prohibición de entrega de los nacionales y que la jurisprudencia constitucional que se ha pronunciado sobre la no entrega de los nacionales españoles refiere toda ella a casos en los que la ausencia de convenio obligaba a acudir a la Ley de Extradición Pasiva, que prohíbe la entrega de nacionales, o a casos en los que el principio de reciprocidad, consagrado en nuestra Constitución, impedía la entrega de nacionales a países cuya legislación no permite la entrega de sus nacionales. Siendo así facultativa la aplicación de la causa de denegación derivada de la nacionalidad española del reclamado, los criterios objetivos para su aplicación han sido marcados en numerosas resoluciones de este Pleno. Como se recoge en el Auto de Pleno de 3 de marzo de 2020,"esta Sala , a la hora de decidir sobre si procede o no hacer uso de dicha facultad, ha venido teniendo en consideración diversos factores, de un lado, los relativos a las circunstancias personales del reclamado, a saber, estado de salud o circunstancias personales o familiares susceptibles de especial consideración...; de otro lado, venimos atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos objeto de reclamación, a la existencia de organización criminal, número de acusados que ya han sido enjuiciados o están pendientes de enjuiciamiento ante el Tribunal reclamante, el estadio de la causa y la disponibilidad de los medios probatorios, factores que incidirán en la dificultad, imposibilidad y eficacia del enjuiciamiento en España, en la posibilidad de que la celebración del juicio por separado para los diversos integrantes de la trama pueda comportar la división de la continencia de la causa y en la necesidad de evitar márgenes de impunidad... Tratándose de hechos complejos de difícil enjuiciamiento en España, se ha pronunciado reiteradamente el Pleno de esta Sala en el sentido de no hacer uso de la facultad de denegación, pese a la nacionalidad española de los reclamados, incluso en supuestos en que parte de los hechos se habían cometido en territorio español para cuyo enjuiciamiento España también ostentaría jurisdicción. A título de ejemplo, en Auto de Pleno 15 de enero de 2016, no hicimos uso de la potestad de no entrega del nacional, teniendo en cuenta como pautas de decisión que las pruebas se encontraban en el Estado de emisión, por lo que consideramos que su posición para enjuiciar era mejor; indicamos que debe atenderse a los fines de prevención general de la potestad punitiva que sólo pueden desenvolverse en el lugar de ejecución del delito; razonamos que el enjuiciamiento en España resultaría únicamente factible en delitos de escasa complejidad;debiendo atender a la gravedad del delito, a los vínculos del reclamado con el Estado requirente, al conocimiento de la lengua -lo que influirá en su capacidad para ejercitar sus derechos procesales, en concreto el de defensa-. Pusimos de relieve en aquel caso que el Estado requirente gozaba de un Poder Judicial independiente y que no había razón alguna, salvo la genérica protección al ciudadano que debe dispensarle su propio Estado, que aconsejara no entregar al recurrente. En el Auto de Pleno de 29 de febrero de 2016, también se confirmó la entrega de un nacional español, teniendo en consideración que las pruebas se encontraban a disposición de las Autoridades requirentes, el hecho de que el enjuiciamiento no afectaba sólo al reclamado, sino que el mismo formaba parte de una organización criminal, lo cual implicaba que, desde el punto de vista estrictamente procesal, se dividiría la continencia de la causa, al ostentar las Autoridades judiciales españolas única y exclusivamente, en todo caso, competencia sobre el reclamado, no sobre el resto de integrantes, lo que imposibilitaría, desde el punto de vista procesal, conocer el alcance de la participación del reclamado; considerando la previsible imposibilidad de contar con los medios de prueba suficientes para llevar a cabo el enjuiciamiento de acuerdo a las normas procesales españolas. En el más reciente Auto de Pleno de 4 de junio de 2019 se razona también la improcedencia de hacer uso de la facultad de denegación de la extradición con base en la nacionalidad española, atendiendo a que el reclamado (en dicho expediente por Perú) lo era como integrante de una organización criminal (en aquel supuesto dedicada al narcotráfico), en cuyo país fue planificada la conducta y desplegada la actividad criminal; habiéndose llevado a cabo en el mismo la investigación, de no poca complejidad; radicando en el Estado reclamante los medios probatorios y demás elementos de enjuiciamiento, cuya dificultad sería patente en España". En nuestro caso, y tal como analiza pormenorizadamente el Auto recurrido, lugar de acaecimiento de los hechos a enjuiciar, lugar de las pruebas y su complejidad,así como la naturaleza de los hechos hacen claro y preciso el uso de tal facultad".

Y el Auto número 251/2018, de fecha 6 de abril de 2018, del Pleno de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ,que: "La resolución recurrida acordó la entrega en extradición a México de la reclamada de nacionalidad española, para ser enjuiciada por un delito de secuestro agravado. ... Los motivos del recurso, expuestos sucintamente, son: ... La nacionalidad española de la reclamada y la posibilidad de ser juzgada en España.... en el Fundamento Quinto (folio 11 de la resolución) se valora la posibilidad de denegar la entrega de la reclamada por ser nacional española y se expone como se reputa imposible la celebración del juicio en España, porque en el hecho imputado participaron varias personas, fue investigado por un número importante de efectivos policiales y tanto la víctima como su esposo son extranjeros del país reclamante.... En relación con el principio de reciprocidadpretende el recurrente que México no extradita a sus nacionales y basa esta alegación en que su ley interna de extradición establece la no extradición de nacionales. La resolución recurrida ya indica como el artículo 7 del Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en materia penal entre el Reino de España y lo Estados Unidos Mexicanos, establece la nacionalidad como causa facultativade denegación. La aplicación preferente de las disposiciones del Tratado de extradición hace que no quepa acudir a la ley interna que regula las extradiciones en México, como tampoco a las disposiciones de la ley interna española, que también contiene la prohibición de entrega de nacionales. De modo que la reciprocidad, en el aspecto jurídico, esto es si la legislación del Estado requirente en un caso análogo permitiría la entrega de un nacional, único que puede examinar este Tribunal, sí consta resuelta en la resolución recurrida. ... El Tribunal extradicional no debe de pronunciarse sobre la culpabilidad de la persona reclamada, sino que debe limitarse a examinar si la extradición reúne los requisitos convencionalmente establecidos,y dentro de ellos no está la aportación de los elementos probatorios. ... Después la representación de la reclamada opone dos motivos de oposición: la situación de los derechos humanos en México y la nacionalidad española de la reclamada, que implica la posibilidad de denegar la entrega, para ser juzgada en España.Se examinará la nacionalidad como motivo de oposición, previamente, ya que, caso de estimarse este motivo, resulta innecesario entrar a examinar la violación de derechos alegada. Benedicto. tiene nacionalidad española de origen. Viajó a México según afirma en 2012 y se instaló en ese país, donde contrajo matrimonio en 2015 con Amanda., quien resultó ser realmente Dulce., y de nacionalidad chilena, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, conocido como comandante Jaime y acusado de distintas acciones terroristas en Chile. Benedicto. regresó a España en 2017, tras ocurrir los hechos por los que es reclamada. Reside actualmente en Asturias. El artículo 7 del Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en materia penal entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, establece: "1. Ambas Partes tendrán la facultad de denegar la extradición de sus nacionales. La condición de nacional será apreciada en el momento de la decisión sobre la extradición. 2. En el caso de que la Parte requerida no entregue a un individuo que tenga su nacionalidad deberá poner el hecho en conocimiento de las Autoridades judiciales competentes, por si ha lugar, según la ley del Estado requerido, a iniciar la acción penal correspondiente. A estos efectos, los documentos, informes y objetos relativos a la infracción serán enviados gratuitamente por la vía prevista en el artículo 14 y la Parte requirente será informada de la decisión adoptada". La resolución recurrida no hace uso de esta facultad porque estima el juicio de imposible celebración en este país, porque el hecho se realizó por una organización criminal, y el resto de los miembros están en México, son muchos los policías que intervinieron en la investigación, y la víctima y su esposo son nacionales de un tercer Estado. Estos datos indudablemente suponen una dificultad para llevar a cabo el enjuiciamiento en España, pero no puede entenderse como una imposibilidad. Las declaraciones testificales pueden llevase a cabo, aunque sean muchos los testigos, mediante el mecanismo de la videoconferencia, y aunque el desfase horario las entorpezca, no las impide. Tampoco parece que existan mayores problemas para trasladar las pruebas periciales o documentales, que se pudiesen recabar.El que la víctima y su esposo tengan nacionalidad francesa no implica otras dificultades, ya que a estos efectos su nacionalidad no resulta relevante. La utilización de la videoconferencia se encuentra prevista en el Convenio Iberoamericano sobre el Uso de la Videoconferencia, hecho en Mar de Plata el 3 de diciembre de 2010.Aunque la existencia de una organización puede quedar desdibujada por un enjuiciamiento separado de sus miembros, en este caso no consta que además del marido de la reclamada se haya logrado la detención del resto de los miembros, que presuntamente participaron en el secuestro, con lo que parece inevitable un enjuiciamiento por separado. También hay que destacar que mientras que a Dulce. parece que se le imputan numerosos hechos delictivos en años anteriores y en distintos países, vinculados con una organización terrorista, no ocurre lo mismo con la reclamada, que no tenía entonces relación con éste. La reclamada, caso de ser entregada, y tras su enjuiciamiento en México, podría solicitar, si fuese condenada, el cumplimiento de la condena en España, al amparo del Tratado sobre ejecución de Sentencias penales entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en la Ciudad de México el 6 de febrero de 1987. Además, México ha ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas de Estrasburgo de 21 de marzo de 1983. Sin embargo, teniendo en cuenta que Benedicto. sólo vivió en México durante 5 años, y que, una vez disuelto su matrimonio, actualmente carece de lazos efectivos en ese país, y que su familia reside en España, donde ella se ha vuelto a instalar, y donde mantiene una vinculación real y efectiva, este Pleno estima que existen motivos para hacer uso de la facultad de denegar la entrega por tratarse de una persona de nacionalidad española, contenida en el artículo 7 del Tratado,poniendo el hecho en conocimiento de las Autoridades judiciales requirentes, a fin de que puedan iniciar la acción penal correspondiente. La denegación de la entrega no ha de implicar la impunidad de los hechos, cuando cabe trasladar el material probatorio,y los Tribunales españoles tienen también jurisdicción para el conocimiento de los hechos. No se trata de desconfianza en el sistema penitenciario de México, pero la realidad es que se vienen produciendo motines y revueltas en los centros penitenciarios de ese país, principalmente por problemas de sobrepoblación, el último el pasado 1 de abril de 2018, lo que viene a reforzar la idea de que, tratándose de una ciudadana española, en este caso procede perseguir los hechos en España. Es cierto que en casos precedentes no se ha hecho uso de esta facultad frente a solicitudes de entrega de nacionales, pero no se trataba de situaciones idénticas. Así el Auto de este Pleno de 25 de julio de 2017 accedió a la entrega a México de un nacional español, pero en ese caso se trataba de una persona arraigada en ese país, donde llevaba residiendo desde 1994. El Auto del Pleno de 28 de noviembre de 2014 también accedió a la entrega a México de un español, pero se trata de una reclamación por delito societario, en el que entraba en juego la legislación contable y mercantil del lugar de comisión. No ocurre lo mismo en este caso".

No se aprecia por el Tribunal, en el presente supuesto, una especial complejidad de los hechos o la concurrencia de otras circunstancias que imposibiliten o dificulten gravemente el enjuiciamiento en nuestro país, el cual por otra parte parece aconsejable y preferible en este caso, dada la edad de la reclamada, nacional española y mejicana de 72 años, y demás circunstancias personales de la misma alegadas por su defensa, y debe en consecuencia primarse, como mecanismo de evitación de una posible impunidad, sobre la entrega en extradición (y en situación de privación de libertad) de la reclamada a las Autoridades del país requirente.

Por todo lo que, en aplicación de las disposiciones del referido tratado bilateral que nos concierne, deberán efectuarse los pronunciamientos a expresar en la parte dispositiva de esta resolución.

Por cuanto antecede,