Auto Penal 466/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Primera, Rec. 35/2025 de 11 de septiembre del 2025

PRIMERO.-La extradiciónentre el Reino de España y los Estados Unidosde América se rige por:

a) Tratado de Extradiciónentre España y EE.UU de 20 de mayo de 1970 (BOE nº 220 de 14 de septiembre de 1971) modificado por el Primer Tratado Suplementario de Extradición de 25 de enero 1975 (BOE nº 152 de 27 de junio de 1978), por el Segundo Tratado Suplementario de Extradición firmado el 9 de febrero de 1988 (BOE nº 156 de 1 de julio de 1993) y por el Tercer Tratado Suplementario de Extradición firmado el 12 de marzo de 1996 (BOE nº 162 de 8 de julio de 1999) ( En adelante el Tratado de Extradición).

b) Instrumento previsto en el artículo 3 (2) del Acuerdo de Extradiciónentre la Unión Europea y los Estados Unidosde América de 25 de junio de 2003, para la aplicación del Tratado de Extradiciónentre España y EE.UU. de 20 de mayo de 1970 y Tratado Suplementario de Extradición de 25 de enero de 1975, de 9 de febrero de 1988, y de 12 de marzo de 1996, hecho "ad referéndum" en Madrid el 17 de diciembre de 2004, publicado en el BOE de 26 de enero de 2010.

c) Con carácter supletorio, la Ley de Extradición Pasiva de 21 de marzo de 1985 y el artículo 13.3 de la Constitución Española .

SEGUNDO.-No se discute la identidad de la persona reclamada, que ha sido identificada como el ciudadano de nacionalidad búlgara también conocido Antonio nacido el NUM000.1965 (alias Pirata nacido el NUM000.1967 ó Antonio nacido el NUM000.1967) con documento oficial NUM001.

TERCERO.-La Orden de detención, de fecha 15-04-2025, emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, para enjuiciamiento por los delitos de los que es acusado.

La calificación jurídica conforme a la legislación estadounidense es constitutiva de tres cargos:

Cargo Uno: Conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir 5 kilogramos o más de cocaína, sabiendo, teniendo la intención y teniendo causa razonable para creer que sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y ayudar e instigar ese delito, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 959(a), 960(a)(3), 960(b)(1)(B), y 963, y del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 2.

La pena máxima por la violación del delito imputado en el Cargo uno es cadena perpetua y un mínimo obligatorio de diez años de prisión; una multa de $10,000,000 de dólares estadounidenses; cinco años de libertad supervisada; y una cuota especial obligatoria de $100 dólares estadounidenses.

Cargo Dos: Conspiración para poseer armas de fuego, incluyendo una ametralladora y un dispositivo destructivo, en apoyo de un delito de tráfico de drogas, y ayudar e instigar ese delito, en violación del Título 18,Código de los Estados Unidos, Secciones 924(o) y 2; y del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 959(a) y 963.

La pena máxima por la violación del delito imputado en el Cargo dos es cadena perpetua y una multa de $250,000 dólares estadounidenses; cinco años de libertad supervisada; y una cuota especial obligatoria de $100 dólares estadounidenses.

Cargo Tres: Conspiración para proporcionar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera designada, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 2339B.

La pena máxima por la violación del delito imputado en el Cargo tres es 20 años de cárcel; una multa de $250,000 dólares estadounidenses; tres años de libertad supervisada; y una cuota especial obligatoria de $100 dólares estadounidenses.

De conformidad con la Regla 32.2(a) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, se solicita, además, en caso de resultar condenados por los tres cargos, el decomiso a favor de los Estados Unidos, conforme a la sección 981(a)(1)(C) del Título 18 del Código de los Estados Unidos y la sección 2461(c) del Título 28 del del Código de los Estados Unidos, cualquier bien, inmueble o mueble, que constituya o provenga de ganancias derivadas del delito.

En España tales hechos constituirían un delito de pertenencia a organización criminal del artículo 570 bis (en relación con el 369 bis); un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), de sustancia de las que causan grave daño a la salud (cocaína), en cantidad de notoria importancia y cometido por persona perteneciente a una organización criminal de los artículos 368 , 369,5 ªy 369 bis (en relación con el 570 bis) del Código Penal; undelito de tráfico de armas de guerra previsto y penado en los art. 566.1º y 567.1 C.P. que lleva aparejada una pena de prisión de 5 a 10 años y un delito de falsificación de certificados previsto y penado en los arts. 399. 2 y 3 CP que lleva aparejada una pena de 3 a 6 meses, inferior al mínimo penológico legalmente previsto en art. 2.1 LEP, cumpliéndose los principios de doble incriminación y mínimo punitivo.

La exigencia de doble incriminación señala la STC 162/2000, de 12 de junio de 2000, "implica que el hecho sea delictivo y sancionado con determinada penalidad en las legislaciones penales del Estado requirente y del Estado requerido y no con la misma denominación. (...)no implica la identidad de las penas entre Estados, sino sólo que se cumplan los mínimos penales establecidos en las normas aplicables(...)".En el mismo sentido el ATC 412/2004 de 02.11 dice que la doble incriminación exige "que la misma conducta sea objeto de sanción penal en ambos Estados ...".( AATC 23/1997, de 27.01; 95/1999, de 14.04; 499/1988; 121/2000 de 16.05 y 753/1985; SSTC 102/1997, de 20 de mayo y 11/1983 de 21.02 por muchos), lo que ocurre en el presente caso.

La defensa alega sin embargo que estos hechos y delitos "no encuentran plena equivalencia en el ordenamiento penal español, especialmente en lo que respecta a la estructura y penalización de la conspiración y la fase de ejecución del delito. El derecho penal español exige, para la punibilidad de la tentativa o la conspiración, una concreción y determinación de los actos ejecutivos que vayan más allá de meras intenciones, conversaciones o acuerdos genéricos, según se deduce de los artículos 16 y 17 del Código Penal . En este caso, la única prueba incriminatoria alegada en la solicitud de extradición consiste en la declaración jurada de Simón en la que relata toda la intervención de Antonio : 1. Habría sido provocada por un agente encubierto del FBI, lo que plantea serias dudas en cuanto a su validez como acto voluntario e inequívoco en el marco del Derecho Penal español, que prohíbe expresamente la provocación al delito por parte de las autoridades policiales(...) no hay actos ejecutivos ni actos preparatorios punibles, por lo que, conforme al artículo 17 del Código Penal español, no se supera el umbral de la tentativa no punible. Además, debe destacarse que el delito de conspiración en el Derecho Penal español solo es punible en una lista taxativa de delitos (terrorismo, rebelión, sedición, entre otros), no incluyendo el tráfico de drogas, el crimen organizado o el blanqueo de capitales. La figura de la asociación ilícita del artículo 515 CP , que podría parecer análoga, requiere una estructura estable y fines delictivos claros, no siendo suficiente un mero acuerdo entre personas sin ejecución de actos delictivos concretos (...)".

No acogemos estos motivos de oposición.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la que es ejemplo la sentencia 526/2019, de 31 de octubre ,que cita la STS 395/2014, de 13 de mayo ,viene interpretando que el delito provocado se integra por una actuación engañosa del agente policial que supone una apariencia de delito, ya que desde el inicio existe un control absoluto por parte de la policía. Supuesto distinto es la actividad del agente tendente a verificar la comprobación del delito. No puede pues confundirse el delito provocado instigado por el agente con el delito comprobado a cuya acreditación tiende la actividad policial. Y considera que el delito provocado se integra por tres elementos: a) Un elemento subjetivo constituido por una incitación engañosa a delinquir por parte del agente a quien no está decidido a delinquir; b) Un elemento objetivo teleológico consistente en la detención del sujeto provocado que comete el delito inducido; y c) Un elemento material que consiste en la inexistencia de riesgo alguno para el bien jurídico protegido, y como consecuencia la atipicidad de tal acción. En la STS 863/2011 se dijo que el delito provocado "...según una consolidada doctrina de esta Sala de casación, aparece cuando la voluntad de delinquir surge en el sujeto no por su propia y libre decisión, sino como consecuencia de la actividad de otra persona, generalmente un agente o un colaborador de los Cuerpos o Fuerzas de Seguridad, que, guiado por la intención de detener a los sospechosos o de facilitar su detención, provoca a través de su propia y personal actuación engañosa la ejecución de una conducta delictiva que no había sido planeada ni decidida por aquél, y que de otra forma no hubiera realizado, adoptando al propio tiempo las medidas de precaución necesarias para evitar la efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido (por todas, SSTS 24/2007, de 25 de enero , y 467/2007, de 1 de junio )". Al tiempo, se niega la existencia del delito provocado cuando la actuación policial haya tenido lugar incidiendo sobre una conducta ya existente que permanecía oculta.

El delito de organización criminal previsto en el art. 570 bis del Código Penal exige la concurrencia de los elementos: 1) cuantitativo: concurrencia de más de dos personas; 2) finalístico: concertación en la idea criminal y coordinación para ejecutarla; 3) instrumental: con reparto de tareas y funciones y 4) subjetivo: pues además de la potencial lesividad contra la salud ajena, obra aptitud para afectar el orden público, en función de los medios, métodos y maneras utilizados, tan difíciles de desestructurar que suponen un plus a la mera codelincuencia y 5) elemento de durabilidad/permanencia en el tiempo.

Estos elementos se dan en el presente caso en la conducta del reclamado pues se describe en la acusación el acuerdo entre el reclamado y un grupo de personas, de forma organizada y con reparto de papeles, prolongado a lo largo del año 2022, para traficar armas y con drogas. Ello no quedó en un mero acuerdo sin actos concretos de ejecución, sino que se ejecutaron realizando pagos para la compra de armas, que se depositaron en cuentas bancarias en Estados Unidos, desplazamientos a distintos países de los miembros de la organización.

De la documentación extradicional se desde que desde aproximadamente agosto 2021, las autoridades del orden publico de los Estados Unidos han estado investigando a Antonio, quien ha sido como un notorio traficante internacional de armas que opera desde la republica de Burgaria, La investigación revelo que el reclamado y las personas con las que operaba, acordaron deliberadamente, o intentaron también, deliberadamente suministrar armamento de grado militar a una organización de narco trafico y terrorista extrajera designada en Méjico , especialmente el cartel de Jalisco Nueva Generación , con el conocimiento de que dicha organización pretendía organizar dichas armas para facilitar su actividades criminales, en particular la importación ilegal de cocaína a los Estados Unidos de América.

Desde aproximadamente agosto de 2021, la DEA ha estado investigando a Antonio, un notorio traficante internacional de armas que opera desde la República de Bulgaria. La investigación reveló que Antonio intentó suministrar armamento de grado militar al Cártel de Jalisco Nueva Generación ("CJNG"), una de las organizaciones de tráfico de drogas y organizaciones terroristas extranjeras más prolíficas y violentas de México, y que actuó en conspiración con otros para intentar proporcionar cantidades aún mayores de armas a dicha organización. A través de la investigación, las autoridades del orden público en los Estados Unidos

El papel de Antonio en la empresa criminal consistía en suministrar a los clientes armas fabricadas en el extranjero, incluyendo Bulgaria. Posteriormente, Antonio colaboraba con sus coconspiradores para obtener certificados de usuario final y otros documentos de verificación de entrega que encubrían con una apariencia de legalidad las transacciones ilícitas de armas.

Posteriormente, Antonio colaboraba con sus coconspiradores para obtener certificados de usuario final y otros documentos de verificación de entrega que encubrían con una apariencia de legalidad las transacciones ilícitas de armas. Antonio y sus coconspiradores acordaron llevar a cabo este plan a cambio de grandes sumas de dinero.

El 27 de julio de 2024, o alrededor de esa fecha, los investigadores recuperaron con éxito aproximadamente cincuenta (50) fusiles de asalto automáticos AK-47 junto con cargadores y municiones que Antonio y sus coconspiradores intentaron suministrar al CJNG utilizando documentación falsa que fue facilitada por los coconspiradores de Antonio. Desde entonces Antonio acordó suministrar al CJNG una enorme cantidad de armamento de grado militar, incluyendo armas antiaéreas, lanzacohetes, drones y equipos de visión nocturna.

De la documentación extradicional no parece reseñable la actividad qué desarrolla el agente encubierto, es Antonio el que lleva adelante todo el plan para proceder a la venta de armas y del tratico de drogas, la acción está perfectamente diseñada antes de que intervenga el agente encubierto, que por lo tanto no es quien provoca el delito. Es Antonio el que salva los obstáculos que le pone el agente encubierto.

En el presente caso no concurren las circunstancias exigidas para dar lugar a un delito provocado. No se dan las circunstancias en el operativo policial que así lo determinen según ha sido explicado con detalle por el TSJ. Sobre el delito provocado podemos recordar que ya esta Sala del Tribunal Supremo señaló quees el que surge "por obra y a estímulos de provocación" ( sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 1972 ). Pues bien, el delito provocado es aquél que llega a realizarse en virtud de la inducción engañosa de un agente que, deseando conocer la propensión al delito de una persona sospechosa y con la finalidad de constituir pruebas indubitables de un hecho criminal, convence al presunto delincuente para que lleve a cabo la conducta que de su torcida inclinación se espera simulando primero allanar y desembarazar el iter criminis y obstruyéndolo finalmente, en el momento decisivo, con lo cual se consigue que por el provocador no sólo la casi segura detención del inducido sino la obtención de pruebas que se suponen directas e inequívocas.

CUARTO.-Se cumplen el resto de los requisitos del Tratado Bilateral, se trata de delitos comunes y no se advierte motivación espuria en la reclamación, ni concurren circunstancias que determinen la extinción de la responsabilidad penal.

Las Autoridades de los Estados Unidos de América tienen jurisdicción para el conocimiento de los hechos ya que algunos, como los movimientos de dinero, ocurrieron en su territorio y con arreglo al principio de ubicuidad, cuando la acción y el resultado del delito no tengan lugar dentro de una misma jurisdicción, el delito se reputa cometido tanto en una como en otra. El Acuerdo del Tribunal Supremo de 03.02.05 señala, en este sentido, que el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo.

QUINTO.-La defensa alega que al tiempo de los hechos atribuidos al Sr. Antonio (2024) el CJNG no había sido aún designado como organización terrorista (lo que se verificó en fecha 8 de abril de 2025). No podemos acoger tal tesis la detención del Sr. Antonio se produjo el día que señala la defensa, fue el 20 de febrero de 2025 cuando el Secretario de Estado de los Estados Unidos designó al CJNG como una organización terrorista extranjera en virtud de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y como terrorista global especialmente designado en virtud de la Orden Ejecutiva 13224."

La defensa también alega Vulneración indirecta del derecho fundamental a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes ( artículos 15 CE y 3 CEDH en relación con el artículo 4.6º LEP .La entrega de Antonio a las autoridades de los Estados Unidos vulnera el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea pues las penas previstas para los cargos uno y dos son la de cadena perpetua.

No acogemos este motivo de oposición, pues condicionamos la entrega de Antonio a que las autoridades de EE. UU garanticen, suficientemente y por escrito dentro del término de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en el que la correspondiente petición tenga entrada en su Embajada en España, que su ordenamiento tiene dispuesto una revisión de la pena de cadena perpetua en caso de ser impuesta o la aplicación de medidas de clemencia con vistas a la no ejecución de la misma.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.