Auto Penal 612/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Primera, Rec. 51/2024 de 12 de noviembre del 2024

PRIMERO. Normas jurídicas aplicables a la extradición.

La extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos de América se encuentra amparada, a tenor del art. 13.3 de la Constitución Española, por:

a) Tratado de extradición entre España y los EE. UU. de 29 de mayo de 1970, que entró en vigor el 16 de junio de 1971.

b) Primer Tratado suplementario de extradición entre España y los EE. UU. de 25 de enero de 1975.

c) Segundo Tratado suplementario de extradición entre España y los EE. UU. de 19 de febrero de 1988.

d) Tercer Tratado suplementario de extradición entre España y los EE. UU., de 12 de marzo de 1996.

e) Acuerdo de extradición entre los EE. UU. y la UNION EUROPEA de 25 de junio de 2003 (en vigor desde el 1 de febrero de 2010, según Decisión 2009/933, de 30 de noviembre, del Consejo y Decisión 2009/820, de 23 de octubre, del Consejo).

f) Instrumento previsto en el art 3 (2) del Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América de 25 de Junio de 2003, para la aplicación del Tratado de Extradición entre España y EE. UU. de 29 de mayo de 1970, y Tratado Suplementarios de 25 de enero de 1975, de 9 de febrero de 1988, y de 12 de marzo de 1996, hecho ad referéndum en Madrid el 17 de diciembre de 2004, de fecha 18 de enero de 2010, en vigor desde el 1 de febrero de 2010.

g) Con carácter supletorio, por la Ley de extradición pasiva de 21 de marzo de 1985.

SEGUNDO.- Cumplimiento de los requisitos de la extradición.

No se cuestiona la identidad del reclamado, habiendo quedado acreditado que se trata de Primitivo, también conocido como Nicolas y Ángel, de nacionalidad dominicana, nacido el NUM002 de 1997 en Santo Domingo.

Se acompaña a la documentación extradicional datos identificativos y una fotografía del reclamado, que coincide con la persona que comparece en la vista pública y contra la que se sigue el presente procedimiento.

No tiene nacionalidad española ni le constan responsabilidades penales pendientes en España.

No concurre ninguno de los supuestos previstos en los artículos 5, 6 y 7 del Tratado bilateral y en los artículos IV, V, VI, VII y VIII del Texto Integrado para denegar la extradición, puesto que los hechos no están prescritos y el reclamado no es menor de edad ni ha sido enjuiciado por las acciones que se le atribuyen, las cuales no tienen carácter político ni militar.

Además, el que los hechos de los que se le acusa no están prescritos cuestión no controvertida, ya que resulta aplicable el artículo II Bis del Texto Integrado vigente, sobre obligación del Estado requerido de aceptar la declaración del Estado requirente acerca de que la acción penal no ha prescrito.

Tampoco se aprecian causas extintivas de la responsabilidad criminal y es incuestionable, en virtud del principio de territorialidad, la jurisdicción de Estados Unidos para el enjuiciamiento.

TERCERO.-Se cumple los principios de doble incriminación y mínimo punitivo.

La extradición se solicita para enjuiciar al reclamado por los tres cargos contenidos en la Acusación Formal del Gran Jurado, que son los siguientes:

(i) primer cargo: conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, con la intención, sabiendo o teniendo motivos razonables para creer que dicha sustancia controlada sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, infringiendo los artículos 959(a), 960(b)(1)(B) y 963 del título 21, Código de los Estados Unidos;

(ii) segundo cargo: conspiración para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de ese país, una sustancia controlada, es decir, cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, infringiendo los artículos 952(a), 960(b)(1)(B) y 963 del título 21, Código de los Estados Unidos;

(iii) y tercer cargo: conspiración para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada, es decir, cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, infringiendo los artículos 841(a)( 1), 841(b)(1)(A)y 846 del título 21, Código de los Estados Unidos. La cocaína es una sustancia controlada de categoría II, de conformidad con el artículo 812 del título 21, Código de los Estados Unidos. La acusación formal también incluye cláusulas de extinción de dominio y decomiso de conformidad con los artículos 853 y 970 del título 21, Código de los Estados Unidos.

Tales delitos se castigan en EEUU con pena máxima de cadena perpetua, multa de 10.000.000 dólares y un período de libertad supervisada de al menos cinco años, además de dicha pena de prisión.

Conforme al Código Penal español, tales hechos serian constitutivos de un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes de sustancia que causa grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia, cometido dentro de una organización criminal, previsto y castigado en los 368, 369, 369 bis y 570 bis del Código Penal español con pena máxima de doce años de prisión.

ice de organización delictiva del art. 570 bis CP, castigado con pena máximo de ocho años de prisión para los directores o coordinadores y de cinco años para los miembros, así como de un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes de sustancia que causa grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia, previsto en los 368, 369, 369 bis del Código Penal español. (Organización delictiva y tráfico de drogas).

Por tanto, se trata de hechos considerados como constitutivos de delito por las legislaciones, tanto del Estado requirente como del Estado requerido, por lo que se cumple el requisito de la doble incriminación, así como también se cumple el requisito del mínimo punitivo de un año de prisión establecido en el artículo II letra A del Texto Integrado de las disposiciones del Tratado Bilateral de Extradición y del Tratado de Extradición UE-EEUU.

CUARTO.- Como motivos de oposición,se alega, en primer lugar, una defectuosa aportación de los documentosque deben acompañar a la solicitud extradicional, lo que supone una vulneración de los arts. 7 de la LEP y arts. 12 y 25 del CEEX, al no constar el auto de apertura de la causa penal o cualquier otro que tras la imputación inicial acredite la continuidad o la acusación provisional del reclamado, ni tampoco los textos legales referidos a las garantías del imputado en un procedimiento penal en ausencia, cuando se ha acreditado con diversa documental (pasaporte con sello de salida, empadronamiento, apertura de cuenta bancaria, alquiler de vivienda, viajes y hospedaje en hoteles) que se trasladó a España desde República Dominicana en septiembre de 2021, residiendo en nuestro país de forma estable, por lo que no estaba en paradero desconocido y podían haberlo citado previamente al dictado de la orden de busca y captura.

La normativa de aplicación es el Tratado suscrito entre EEUU y UE, no el Convenio Europeo de Extradición, que rige en el ámbito del Consejo de Europa, en concreto, al art. X, letra B), conforme al cual las solicitudes de extradición deberán ir acompañadas de una descripción de la persona reclamada, una declaración sobre los hechos relativos al caso, los textos legales aplicables y una declaración acerca de que la acción penal o la pena no han prescrito según la legislación de la parte requirente, exigencia que resulta cumplida al venir acompañada la solicitud de extradición de la declaración jurada del fiscal, acta de acusación formal del Gran Jurado, declaración jurada del agente de la DEA, textos legales aplicables, incluidos los relativos a los plazos de prescripción, y datos identificativos del reclamado.

Asimismo, resulta cumplido el requisito establecido en el art. 10, apartado D) del Tratado: "Cuando la solicitud se refiere a una persona que no haya sido condenada, de una orden de detención dictada por un Juez u otra autoridad judicial de la Parte requirente y deberá ir acompañada de la información que justificaría la sumisión a juicio de dicha persona si el delito se hubiere cometido en el territorio del Estado requerido. La Parte requerida puede denegar la extradición solicitada si al examinar el caso en cuestión, la orden de detención aparece manifiestamente infundada".

La documentación aportada contiene una descripción completa de los hechos así como de las pruebas que soportan los cargos presentados, considerándose indicios suficientes incriminatorios que permitirían a un tribunal español continuar el procedimiento contra el reclamado hasta juicio oral.

Por tanto, no es necesaria la aportación del auto de apertura de la causa ni el resto del procedimiento seguido en EEUU, sino únicamente las decisiones o resoluciones que sustentan la orden internacional de detención dictada, como son las declaraciones juradas antedichas y fundamentalmente el Acta de acusación formal del Gran Jurado, con los cargos y delitos imputados.

Se acompañan igualmente los textos legales relativos a los delitos, penas y prescripción. El óbice planteado de no aportación de los textos legales de las garantías del imputado en un procedimiento seguido en ausencia entiende el Tribunal que guarda relación con el derecho de defensa del reclamado, que deberá hacer valer ante el tribunal competente en EEUU, donde deberá poner de manifiesto las impugnaciones que entienda afectan al procedimiento y a la prueba de cargo obtenida. Pero no corresponde al tribunal de la extradición revisar la legalidad del procedimiento seguido en el Estado requirente.

El motivo se desestima.

QUINTO.-En segundo lugar, se alega que la declaración oficial prestada de garantía de revisión de la cadena perpetua no cumple el principio de reciprocidad.

La Sección Primera antes de resolver sobre la solicitud de extradición se dirigió a la Embajada de los Estados Unidos para que dieran garantías de revisión de la pena de cadena perpetua si le fuera impuesta a la persona reclamada y la contestación a este requerimiento llegó en la Nota Verbal transcrita en el antecedente octavo de la presente resolución, de la cual se dio traslado a las partes, informando el Ministerio fiscal que se consideraban suficientes mientras que por su parte la defensa letrada alega que no cumplen el principio de reciprocidad.

Acerca de la respuesta dada por las autoridades estadounidenses, se ha pronunciado esta Sala de lo Penal en distintas resoluciones como en el Auto de Pleno 47/2024, de 28 de junio, en el que se decía:

Conforme a los criterios seguidos reiteradamente en el Pleno de Esta Sala, la previsión de medidas de gracia en la legislación del Estado requirente de la extradición y la posibilidad de revisión de la condena de cadena perpetua por la imposición de una pena privativa de libertad de menor duración, así como la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, implica que no pueda estimarse la presencia de un riesgo de imposición de penas que consistan en tratos inhumanos o degradantes.

Y, aunque con parquedad, la respuesta dada por las autoridades estadounidenses expresa que la condena de cadena perpetua es, con arreglo a su legislación, objetivamente revisable sin abarcar en su configuración normativa ni en su imposición toda la vida del reo; asimismo ofrece al reclamado una expectativa o esperanza realista, no meramente teórica, de alcanzar algún día la libertad, si fuera impuesta la pena de cadena perpetua; y con esa respuesta traslada al reclamado información sobre el procedimiento para recuperar la libertad, a través de un recurso de apelación o una solicitud de indulto o de cambio de condena por otra inferior.

Auto del Pleno nº 91/2022 de 4 de noviembre:... "debe rechazarse que la pena de cadena perpetua sea per se incompatible con la proscripción de toda pena inhumana y denigrante del art. 15 de la C.E ., en relación al artículo4.6 de la L.E.P. y, a su vez, desde la perspectiva del artículo 3 del C.E.D.H . y la jurisprudencia del T.E.D.H. emanada respecto de la pena de prisión perpetua y la extradición.

El TEDH en la doctrina Vinter ( STEDH en el caso Vinter y otros contra Reino Unido, de 9 de julio de 2013 ), exige la revisabilidad de la prisión perpetua de tal manera que no quede en mera hipótesis, debiendo existir una revisabilidad de iure y de facto, concretándose esta última en la existencia de condiciones que puedan generar en el condenado una expectativa de libertad atendiendo a los principios de prevención y rehabilitación, de tal manera que la cadena perpetua debe necesariamente revisarse para determinar si se ha producido en el penado un cambio significativo y ha progresado en su rehabilitación, a efectos de determinar si la prisión ha dejado de tener justificación por razones penales legítimas. De iure, la legislación nacional debe proporcionar mecanismos o posibilidad de revisión, que además puedan ser conocidos por el penado, lo que de no existir determinaría que la pena fuera contraria al artículo 3 del CEDH . Doctrina que se mantiene en el caso Trabelsi (Trabelsi c. Bélgica de 4 de septiembre de 2014) y se profundiza en los casos Murray c. Holanda de 24 de marzo de 2016 y Hutchinson C.R.U. de 17 de enero de 2017, expresivos de la evolución de la doctrina sobre la cadena perpetua y su compatibilidad con el artículo 3 del CEDH , compatibilidad asimismo proclamada en el caso López Elorza c. España, de 12 de diciembre de 2017, en la que se habla de factores posteriores a la condena, tales como la posibilidad de obtener el indulto del Presidente, la puesta en libertad por razones humanitarias o cualquier otra clase de pena reducida, destacando esta sentencia que es el reclamado al que corresponde demostrar que el tribunal estadounidense le impondrá la pena máxima, sin tener en cuenta todos los factores agravantes y mitigantes relevantes (Findikoglu c. Alemania, 7 de junio de 2016). En la sentencia López Elorza el TEDH proclama claramente que según reiterada jurisprudencia de dicho tribunal, la imposición de la pena de cadena perpetua a un delincuente adulto no está prohibida o es incompatible en sí misma con el artículo 3, o con cualquier otro artículo del Convenio, siempre que no resulte extremadamente desproporcionada, si bien la imposición de la cadena perpetua no reducible a un adulto puede plantear un problema según el artículo 3 del Convenio que, si bien no impide que las condenas a cadena perpetua, en la práctica, se cumplan en su totalidad, sí prohíbe que la cadena perpetua sea irreducible de facto y de iure, siendo suficiente que el derecho interno permita la posibilidad de una revisión a la cadena perpetua con vistas a su conmutación, condonación, extinción o puesta en libertad condicional del recluso.

Este Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, siguiendo los postulados del TEDH y del Tribunal Constitucional ( STS 91/2000, de 30 de marzo , 148/2004, de 13 de septiembre y 49/2006, de 13 de febrero ), venía exigiendo la garantía a prestar por el Estado requirente de que, en caso de imponerse la pena de cadena perpetua, su ejecución no sea indefectiblemente de por vida, en aras a una mejor concreción constitucional de aquellas resoluciones que declaraban procedente la extradición para el cumplimiento de una pena de cadena perpetua o para enjuiciar un delito al que previsiblemente se le impondrá esta pena, vino a concretar las garantías exigibles para evitar que la ejecución fuera contraria al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y al artículo 15 de la C.E . y así, a raíz de la vigencia de la Decisión Marco 2002/584/JAI, de 13 de junio, relativa a la orden de detención europea, inicialmente transpuesta por la Ley 3/2003, de 14 de marzo y en la actualidad por la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, se exigió la garantía previa de que el Estado requirente, tenga dispuesto en su ordenamiento jurídico una revisión de la pena, previa petición o al transcurso de determinado plazo, o para la aplicación de medidas de clemencia. Por último, desde el auto 78/2020 (Súplica 82/2020) de 30 de diciembre, en la petición de garantías se hace expresa referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debiendo indicar el Estado requirente los mecanismos legales concretos de los que dispone el reclamado para que su pena sea revisada.

A la vista de la antedicha doctrina, se considera necesario establecer como condición previa a la entrega el requerimiento formal a las autoridades de Estados Unidos, para que en el plazo de cuarenta días desde que la solicitud tenga entrada en la Embajada de dicho país, presten la garantía expresa de que en el supuesto de imposición de alguna o algunas penas de cadena perpetua previstas, la duración de las mismas no será indefectiblemente de por vida, con expresa indicación de los mecanismos legalmente previstos para su revisión conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debiendo indicarse por dichas autoridades los mecanismos concretos y con arreglo a qué base legal y bajo qué criterios tiene el reclamado derecho a que la pena sea revisada.

SEXTO.-En tercer y ultimo lugar se alegan motivos humanitarios, en base a las amenazas de que ha sido objeto por bandas criminales en su país, por lo que ha solicitado asilo político en nuestro país, donde reside desde septiembre de 2021.

De manera indirecta se pone de manifiesto un posible riesgo de ser sometido a tratos inhumanos o degradantes, lo que podría operar como causa facultativa de denegación, al amparo del art. 4.6 de la LEP.

Sin embargo, la jurisprudencia de esta Sala, así como del TC y del TEDH es reiterada al rechazar las manifestaciones genéricas de vulneraciones de derechos fundamentales y sin pruebas, al exigirse la aportación de motivos serios y fundados, y en el caso, el reclamado alega haber sufrido amenazas de muerte por bandas criminales en República Dominicana, que llegaron a involucrarlo en el tráfico de drogas por el que ha cumplido otra condena en Alemania, sin que acompañe ninguna denuncia ni ningún otro principio de prueba, y, en todo caso, la entrega se efectúa a las autoridades estadounidenses, que tienen la obligación de su protección frente a un cualquier riesgo en dicho país.

Por tanto, no se aprecia por la Sala la vulneración evidente y clamorosa de derechos fundamentales a la vida e integridad física en el estado de entrega, que permitiría no denegar sino condicionar o suspender la materialización de la entrega.

Asimismo, respecto a la solicitud de asilo político en nuestro país, cuya presentación ni siquiera se ha acreditado, no es causa de denegación, sino de suspensión de la ejecución de la entrega hasta que se dicte la decisión definitiva sobre la petición de asilo.

Así lo dispone el art. 19.2 de la Ley 12/2009, cuyo primer inciso dispone: "Asimismo, la solicitud de protección suspenderá, hasta la decisión definitiva, la ejecución del fallo de cualquier proceso de extradición de la persona interesada que se halle pendiente".

Por tanto, no cabe su denegación por este motivo, sin perjuicio de poder suspender la entrega cuando llegue el momento de su materialización hasta la resolución administrativa que se dicte.

Finalmente, aun cuando admite el tribunal cierto arraigo en nuestro país al haberse aportado documentación que denota su residencia con su familia a partir de septiembre de 2021, el arraigo no es causa impeditiva de la extradición, por lo que tampoco por este motivo puede denegarse la entrega.

En atención a lo expuesto: