Auto Penal 630/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Primera, Rec. 529/2024 de 14 de noviembre del 2024

ÚNICO.- La defensa de la interna combate el Auto por el que se desestima el recurso interpuesto contra el Acuerdo por el que se clasifica a ésta en segundo grado de tratamiento penitenciario; sustancialmente alegando, en su escrito de apelación, que: "Esta parte viene a mostrar su disconformidad con la resolución por medio del presente se recurre, reiterando todo lo manifestado en el recurso de queja interpuesto ... En el Razonamiento Jurídico Segundo del Auto que se recurre, se hace referencia a los factores de adaptación positivos como la primalidad, buena conducta, participación actividades y excelente calificación de mi representada. Estas circunstancias ya avalan en sí mismas la capacidad de mi mandante para vivir en un régimen de semilibertad, como el que se interesa, y que es merecedora de esa mayor libertad que implica en tercer grado que se solicita. Por otro lado, como factores de inadaptación se señalan: Cuantía condena impuesta, estamos hablando de una pena y un delito, por el que en nuestro país, de haber salido condena, lo hubiere sido a una pena muy inferior, probablemente sin tener que entrar en prisión. No satisfacción de la responsabilidad civil, en este punto tenemos que hacer referencia a que ha de tratarse de un error, pues no tiene responsabilidad civil alguna que pagar, como se puede apreciar en su expediente penal que dejamos designado. En contra de lo indicado en la resolución que se recurre, hemos de recalcar las circunstancias personales de mi representada, indicadas en el recurso de queja, que damos por reproducidas, así como las graves patologías, de las que está siendo tratada en el propio centro. Todas las circunstancias alegadas constan reflejadas en su expediente penitenciario, que dejamos designado a efectos probatorios, donde puede comprobarse lo indicado, lo que sin duda permite ver y acreditar que está capacitada y preparada para que se le conceda el beneficio penitenciario de tercer grado que se interesa. Por otro lado, también damos por reproducidos todos y cada una de las alegaciones por esta parte manifestadas en el recurso presentado contra la resolución de la S.G.I.P. Entendemos que se trata de una resolución gravemente perjudicial a los intereses de mi representada, quien cumple todos y cada uno de los requisitos legalmente exigidos para su progresión en grado de tratamiento. ... En otro orden de cosas, alegar lo establecido en nuestra Carta Magna en su artículo 25.2, donde se dispone: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, ...". En este sentido, tenemos que hacernos eco de lo establecido en la propia Ley Orgánica General Penitenciaria, donde en su exposición de motivos viene a reconocer que "las prisiones son un mal necesario", por los males y defectos inherentes a la reclusión, de modo que, accediendo a concedérsele el tercer grado a los fines interesados, se respondería a la finalidad esencial de la pena privativa de libertad, es decir, la reeducación y reinserción social".

Pero frente a todo ello, hay que recordar que en la resolución recurrida, por la que se acuerda desestimar el recurso interpuesto en nombre de la interna ahora apelante contra el Acuerdo de clasificación en segundo grado de tratamiento, Auto del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de fecha 30-9-2024, se explica, en fundamentación de dicha decisión, con argumentos a criterio de la Sala no desvirtuados en el recurso, que: "La ejecución de las penas privativas de libertad se orienta a la reinserción y reeducación, con arreglo a la legislación vigente ( artículo 25 de la Constitución Española y artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria). Las penas han de ejecutarse según un sistema de individualización científica, separado en grados (artículo 72.1 de la Ley), sin que en ningún caso pueda mantenerse a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento se haga merecedor a su progresión ( artículo 72.4). Debe tenerse en cuenta al respecto el contenido de los artículos 62, 63 y 65 de la Ley General Penitenciaria, que en concordancia con el artículo 106 del Reglamento Penitenciario supone que la modificación positiva de aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva manifestada en la conducta global del interno, y entraña un incremento de la confianza depositada en él, hasta el punto de permitir la atribución de responsabilidades más importantes que impliquen un mayor margen de libertad; pero tal precepto debe ser integrado con el 102 del mismo Reglamento que regula los criterios generales de clasificación de los internos, que no son otros que su personalidad, el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento. Porque, en definitiva, la progresión a tercer grado no es sino la relación de los mecanismos normales de control de la marcha del interno en el régimen ordinario o segundo grado, concediéndole un más amplio espacio de libertad, lo que obviamente no debe hacerse si no es con una cierta garantía de éxito en el uso de ese margen de confianza y una perspectiva razonable de no utilización indebida del mismo, tanto en orden a la comisión de nuevos delitos como al quebrantamiento de la condena.... Valorando en el presente caso los anteriores criterios y concretamente las circunstancias del artículo 102 del Reglamento Penitenciario debe señalarse: Se interpone recurso contra la resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de 4-6-2024 que acuerda la clasificación del penado en segundo grado; la motivación de la resolución administrativa se basa en que de la valoración de la evolución de la interna se infiere que concurren circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia sin que pueda afirmarse su capacidad por el momento para llevar una vida en régimen de semi-libertad.La pretensión del recurrente es obtener la clasificación en tercer grado. Valorando las circunstancias penales y penitenciarias de la interna en conformidad con los artículos 101.1 y 102.3 del Reglamento Penitenciario debe tenerse en cuenta: Se trata de una interna condenada por la Ejecutoria PN 2/2024 del Juzgado Central Penal, por un delito de estafa, a la pena 4-4-0. Las fechas de cumplimiento son: 1/4: 29-3-2025; 1/2: 28-4-2026; 2/3: 16-1-2027; 3/4: 28-5-2027; 4/4: 26-6-2028. No existe periodo de seguridad impuesto en Sentencia o por delito recogido en los apartados a, b, c y d del artículo 36.2 del Código Penal. Por otra parte no debe obviarse que estamos ante el inicio de la ejecución de la condenaporque aunque los hechos delictivos datan del 1-1-2011 la cuarta parte de la misma se cumple el 29-3-2025. En cuanto a los factores de adaptación se señalan como tales: la primalidad delictiva y la buena conducta penitenciaria, efectivamente aparece en el expediente que la valoración global de las actividades programadas por el centro y realizadas por la interna obtienen una calificación de excelente. Como factores de inadaptación se valora la cuantía de la condena impuesta, el tiempo de condena pendiente de cumplimiento y la no satisfacción de la responsabilidad civil, señalándose un pronóstico actual de reincidencia alto. La interna, en atención a las fechas de cumplimiento, no ha podido disfrutar de permisos de salida al no haber cumplido la cuarta parte de la condena,no le constan causas pendientes y en cuanto a la responsabilidad civil no consta que haya sido abonada toda o parte de la misma. Por todo lo expuesto se considera que resulta prematura la clasificación pretendida,considerándose que el mantenimiento en segundo grado favorece el tratamiento penitenciario, debiendo transcurrir un mayor tiempo de consolidación en el mismo, y que a través de la cadena permisiva permitirá consolidar los factores positivos existentes".

Por su parte informando el Ministerio Público, en su escrito de impugnación de esta apelación, que: "la clasificación en 2º grado debe mantenerse dada la cuantía de la pena de la que ha cumplido aún poco (el ingreso es de 4-3-2024) y el alto riesgo de reincidencia. Por otra parte, la interna no ha disfrutado de permisos de salida, por lo que no existen garantías de que pueda cumplir el resto de la condena en régimen de semilibertad. ... No resulta contrario, sino adecuado al tratamiento del interno, el mantenimiento en segundo grado, no pudiendo obviarse que una progresión prematura, lejos de favorecer el tratamiento lo perjudica. Por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y artículo 106 del Reglamento Penitenciario, no procede en estos momentos la progresión de grado, debiendo transcurrir mayor tiempo de consolidación del tratamiento hasta alcanzar la evolución que revele la capacidad para acceder al régimen de semilibertad".

Y, en efecto, consta en el expediente elevado a la Sala copia de la propuesta motivada de la Junta de Tratamiento, de fecha 2-5-2024, de clasificación de esta penada en segundo grado (y respecto de la que se reseña: "Imposición de responsabilidad civil en Sentencia: Sí. Cuantía total en euros: Sin determinar"), por apreciar, junto con otros de adaptación positivos, como factores de inadaptación: "Cuantía de la condena impuesta. Tiempo de condena pendiente de cumplimiento. No satisfacción de la responsabilidad civil"; con un "Pronóstico actual de reincidencia: Alto".

Y, como explica, entre otros muchos, el Auto número 158/2008, de fecha 21 de abril del año 2008, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ,"a la vista de las actuaciones remitidas, debe confirmarse la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Dice el recurrente que debe aprobarse su progresión a tercer grado ... Sin embargo, frente a estas afirmaciones humanamente interesadas y comprensibles, de los datos suministrados por la Administración Penitenciaria resulta que la Junta de Tratamiento,el 21-6-2007 ha estimado que Raimundo. no ofrece garantías de buen uso del régimen de vida de tercer grado ... A la vista de todo ello, por tanto, el criterio del Magistrado de Vigilancia Penitenciaria, estimando que Raimundo., a la fecha de la resolución ... no era merecedor de su progresión a tercer grado, no puede considerarse que fuera improcedente, inadecuado, irracional o arbitrario, sino fundado y razonado, y por ello no puede estimarse objetivamente procedente la revocación pretendida de la decisión judicial apelada. ... En atención a todo ello, por tanto, contrariamente a lo que expone el recurrente, no son equivocados los criterios seguidos por el Juez de Vigilancia Penitenciaria para confirmar el mantenimiento en segundo grado de aquél, sin perjuicio de revisiones futuras".

Y el Auto número 397/2.010, de fecha 18 de junio del año 2.010, también de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ,"En orden a la progresión en el grado de tratamiento penitenciario, debe tenerse en cuenta ... Los criterios de aplicación general parten de la idea del cumplimiento de las penas siguiendo un tratamiento en el que, por lo que aquí nos interesa, destacan como notas que lo caracterizan, que será individualizado para cada penado, programado, y de carácter continuo y dinámico, dependiente de las incidencias en la evolución de la personalidad del interno durante el cumplimiento de la condena ( artículo 62 de la Ley Orgánica General Penitenciaria). Ello comporta una adaptación de dicho tratamiento en función de las circunstancias cambiantes de la evolución del penado, en relación con el delito cometido, con su situación personal y familiar, y el pronóstico más o menos favorable de reincidenciaque pueda efectuarse en función de los anteriores parámetros. En este sentido el artículo 65 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que "La evolución en el tratamiento determinará una nueva clasificación del interno" y que "La progresión en el tratamiento dependerá de la modificación de aquellos sectores o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva; se manifestará en la conducta global del interno y entrañará un acrecentamiento de la confianza depositada en el mismo y la atribución de responsabilidades, cada vez más importantes, que implicarán una mayor libertad"...".

Y el Auto número 67/2017, de fecha 26 de enero del año 2017, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia,"Procede desestimar el recurso interpuesto en tanto que no desvirtúa los fundamentos de la resolución recurrida. ... Las razones alegadas en el recurso no pueden ser atendidas en la medida en que el buen comportamiento en prisión que se alega o el arraigo familiar no desvirtúan las anteriores consideraciones... De hecho, que disponga de apoyo familiar o de una familia estructurada no constituyen un factor especialmente relevante en quien no consta que no estuviera en la misma situación familiar y social cuando cometió los delitos objeto de condena.Por lo demás, la valoración de la gravedad de los hechos cometidos por el recurrente para determinar el grado de tratamiento penitenciario no constituye, pese a lo que se alega en el recurso una doble sanción de los mismos hechos, sino la lógica e ineludible consideración de los hechos que han motivado la condena del interno y sin cuyo conocimiento mal puede evaluarse su concreto tratamiento penitenciario. La consideración del tiempo de condena que le resta por cumplir es igualmente razonable y así ha sido afirmado, pese a lo que se alega en el recurso, por el Tribunal Constitucionalcon relación a la denegación de permisos, por ejemplo en Sentencia de fecha 5-5-2000, nº 109/2000 , en la que se declara que las resoluciones allí recurridas "no han subordinado la decisión al cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena, introduciendo así un requisito no previsto legalmente; por el contrario razonan que la función de preparación de la vida en libertad está relacionada con la lejanía del tiempo de cumplimiento preciso para obtener la libertad condicional,argumentación que hemos declarado expresamente compatible con los fines de la institución ( Sentencias del Tribunal Constitucional 81/1997 y 204/1999)"".

En suma, no puede reputarse arbitraria, infundada, errónea ni ilógica la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ahora apelada, a la vista de lo al tiempoinformado por la Junta de Tratamiento, que propuso, como veíamos, la calificación en segundo grado impugnada, por las razones antes indicadas; por todo lo que procederá la desestimación de este recurso de apelación, y la consiguiente confirmación de la resolución aquí recurrida.

Por cuanto antecede,