Auto Penal 38/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Primera, Rec. 86/2025 de 23 de enero del 2026

PRIMERO.-La base jurídica de extradición entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela la constituye el Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de Venezuela, hecho en Caracas el 4 de enero de 1989, así como, con carácter supletorio, por la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva.

SEGUNDO.-No existen dudas sobre la identidad del reclamado, Francisco, de nacionalidad venezolana, con el resto de datos de filiación que constan en el expediente.

TERCERO.-La documentación extradicional remitida por las autoridades del Estado requirente cumple las exigencias formales previstas en el Tratado bilateral y en la Ley de Extradición Pasiva. Se han aportado:

a) Orden de aprehensión de fecha 14 de diciembre de 2023, dictada por el

Tribunal competente de Caracas, con fines de enjuiciamiento.

b) Sentencia de 20 de octubre de 2023 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia avocando el procedimiento y anulando la sentencia en primera instancia y posteriores resoluciones.

c) Relato de hechos.

d) Textos legales aplicables.

e) Datos identificativos del reclamado.

Por ello, deben considerarse cumplidos los requisitos documentales exigidos.

CUARTO.-Los hechos que fundamentan la solicitud de extradición se refieren a una actuación policial llevada a cabo el 7 de febrero de 2020, en la parroquia San Bernardino de Caracas, en el curso de la cual funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a dos personas, una de ellas Francisco, que se desplazaban en un vehículo marca Ford, junto con su padre, procediéndose a la incautación de tres teléfonos celulares, un vehículo y 10.012,2 gramos de clorhidrato de cocaína en el registro de un trastero cuya llave se encontraba visible en el interior del automóvil.

QUINTO.-Tales hechos han sido calificados en la República Bolivariana de Venezuela como constitutivos de un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la modalidad de ocultación, previsto en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas venezolana, correspondiéndose con un delito de tráfico de drogas conforme a los artículos 368 y siguientes el Código Penal español, concurriendo el requisito de la doble incriminación.

SEXTO.-No prescripción de la persecución penal. Las autoridades de Venezuela señalan -y así resulta de la documentación remitida- que la prescripción no se habría producido según su legislación.

Según nuestra legislación, en la hipótesis más favorable para el reclamado, el tráfico de drogas en cuestión (de sustancias de las que causan grave daño a la salud) estaría castigado en el artículo 368 de nuestro Código Penal con pena de hasta 6 años a 9 años de prisión (tráfico de drogas), con un plazo de prescripción, según el art. 131 1º del Código Penal, para los delitos graves de 10 años.

SEPTIMO.-CAUSAS DE OPOSICION A LA EXTRADICION. A) La defensa sostiene que la entrega del reclamado no resulta jurídicamente procedente por vulnerar el principio non bis in idem,al haber sido éste previamente juzgado y absuelto en el Estado requirente por los mismos hechos, con confirmación de dicha absolución en segunda instancia, y pretenderse ahora un nuevo enjuiciamiento.

Tal objeción no puede ser acogida en los términos en que se formula.

En efecto, de la documentación remitida por las autoridades venezolanas y de las explicaciones ofrecidas en el acto de la vista se desprende que, si bien el procedimiento penal seguido contra el reclamado concluyó inicialmente con sentencias favorables dictadas en primera instancia y confirmadas en apelación, dichas resoluciones fueron posteriormente objeto de avocación por la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de una facultad expresamente prevista en los artículos 31 y 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

En el marco de dicha avocación, el órgano jurisdiccional competente apreció la existencia de graves irregularidades procesales que afectaban al desarrollo del procedimiento, acordando en consecuencia la nulidad de las sentencias dictadas en ambas instancias y ordenando la celebración de un nuevo juicio.

Desde una perspectiva jurídica, dicha actuación se incardina dentro de los mecanismos extraordinarios de control previstos por el ordenamiento del Estado requirente y no constituye una actuación ajena o incompatible con el debido proceso, en la medida en que tiene por finalidad depurar vicios sustanciales del procedimiento y restablecer las garantías procesales que se estimaron comprometidas.

Debe recordarse que el principio non bis in idemopera únicamente cuando existe una resolución firme dotada de efectos de cosa juzgada material. Ahora bien, cuando una sentencia es válidamente anulada por el órgano jurisdiccional superior competente, conforme a las previsiones legales del propio sistema judicial, dicha resolución queda privada de eficacia jurídica y no puede servir de fundamento para afirmar la existencia de cosa juzgada material impeditiva de un nuevo enjuiciamiento.

En consecuencia, la repetición del juicio acordada tras la avocación no puede calificarse, en términos técnicos, como un "segundo enjuiciamiento" prohibido, sino como la continuación del ejercicio de la acción penal tras la anulación de un proceso viciado, lo que excluye, desde una perspectiva estrictamente formal, la vulneración del principio non bis in idem.

Por lo demás, la existencia de una sentencia dictada en apelación no impide, por sí sola, la intervención del órgano de casación mediante avocación, cuando el propio ordenamiento jurídico del Estado requirente contempla dicha posibilidad como mecanismo excepcional de depuración procesal, sin que corresponda a este Tribunal revisar la corrección interna del derecho extranjero ni sustituir el juicio de legalidad efectuado por sus órganos jurisdiccionales.

Por todo lo expuesto, no puede apreciarse, en el presente estado de las actuaciones, que la solicitud de extradición vulnere el principio non bis in idempor el hecho de haberse acordado la avocación y nulidad de las sentencias dictadas en el Estado requirente.

Debe precisarse, que el anterior examen efectuado en relación con el principio non bis in idem,no excluye el control que corresponde a este Tribunal respecto del derecho a un proceso equitativo reconocido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ahora bien, conforme desarrollaremos después, la doctrina consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que la entrega extradicional únicamente resulta incompatible con dicho precepto cuando la persona reclamada se enfrenta en el Estado requirente a un riesgo real de sufrir una flagrante denegación de justicia, entendida como una vulneración manifiesta, grave y sustancial de las garantías esenciales del proceso (Soering c. Reino Unido,7-VII-1989; Drozd y Janousek c. Francia y España,26-VI-1992; Othman (Abu Qatada) c. Reino Unido,17-I-2012).

En el presente caso, la mera circunstancia de que las resoluciones dictadas en primera y segunda instancia hayan sido anuladas por el órgano de casación competente, en ejercicio de una potestad legalmente prevista y con fundamento en la apreciación de irregularidades procesales, no permite por sí sola apreciar la existencia de una flagrante denegación de justicia, sin que se hayan aportado elementos objetivos y suficientemente acreditados que evidencien que la repetición del juicio responda a una actuación arbitraria, fraudulenta o carente de toda garantía.

En consecuencia, desde la perspectiva ya del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y sin perjuicio de la valoración conjunta del resto de alegaciones formuladas, no concurre en este estadio procesal un obstáculo autónomo que impida la extradición por vulneración del derecho a un proceso equitativo.

B). La defensa igualmente sostiene que la reclamación extradicional obedece a motivaciones políticas, vinculándolas a la condición militar del padre del reclamado y a un supuesto contexto de persecución, así como a la existencia de exposición mediática y "juicio mediático" en el Estado requirente.

La Ley 4/1985, de Extradición Pasiva, contempla la denegación obligatoria cuando se trate de delitos de carácter político (art. 4.1), y la posibilidad de denegación cuando, aun tratándose de un delito común, existan razones fundadas para creer que la solicitud se presenta "con el fin de perseguir o castigar a una persona por consideraciones... u opiniones políticas" o que su situación pueda agravarse por tales consideraciones (art. 5.1).

Sin embargo, en el caso examinado, la reclamación se sustenta en un hecho tipificado como tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, figura que, en su naturaleza, constituye un delito común ajeno a la categoría de los delitos políticos en el sentido del art. 4.1 de la Ley 4/1985.

Por ello, la objeción solo podría prosperar, en su caso, desde el prisma del art. 5.1 LEP, esto es, si concurrieran razones fundadas -objetivas, consistentes y suficientemente individualizadas- para concluir que la reclamación, formalmente apoyada en un delito común, persigue en realidad un fin de persecución o castigo por opiniones políticas, o de agravamiento de la situación personal por esa causa.

Examinado lo alegado en la vista, la defensa describe un determinado contexto político y familiar, vinculado a la relación del reclamado con su padre, así como a la notoriedad pública y exposición mediática del caso. Sin embargo, tales afirmaciones, no se acompañan de elementos objetivos, concretos y determinantes que permitan afirmar, con el estándar de "razones fundadas" exigido por el artículo 5.1 de la Ley de Extradición Pasiva, que la solicitud extradicional se haya formulado con la finalidad predominante de perseguir o castigar al reclamado por sus opiniones políticas, ni que el procedimiento penal incoado constituya un instrumento meramente aparente de represión.

En particular, la documentación aportada por la defensa, incluida la grabación de la noticia difundida por la cadena de televisión "laiguana.tv", no resulta, a juicio de la Sala, suficiente para acreditar la existencia de una persecución por razones políticas, toda vez que el contenido de dicha noticia, tratada como suceso de carácter penal, se limita a informar sobre el hallazgo de la sustancia estupefaciente y la implicación de un padre y su hijo en los hechos investigados, sin que de la misma se desprenda una imputación de naturaleza política ni un señalamiento por razones ideológicas.

En consecuencia, no procede estimar la objeción de denegación de la extradición por reclamación de carácter político, sin perjuicio de que las alegaciones formuladas puedan ser valoradas, en su caso, en conexión con otros motivos de oposición relativos a la eventual vulneración de derechos fundamentales, examinados de forma autónoma.

C) La defensa invoca asimismo una supuesta ausencia de garantías procesales, politización del poder judicial e infracción del derecho a un juicio justo en el Estado requirente, sosteniendo que el reclamado no tendría un proceso imparcial y que la repetición del enjuiciamiento -tras la intervención del órgano de casación- evidenciaría arbitrariedad.

Sin embargo, debemos tener en consideración que, conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya antes aludida, la decisión de extradición solo excepcionalmente plantea un problema desde el punto de vista del artículo 6 CEDH, y únicamente cuando existan elementos suficientes para afirmar un riesgo real de "flagrante denegación de justicia", entendida como una quiebra manifiesta y sustancial de las garantías esenciales del proceso (Soering c. Reino Unido,7-VII-1989; Drozd y Janousek c. Francia y España,26-VI-1992; Othman (Abu Qatada) c. Reino Unido,17-I-2012).

En todo caso, ha de subrayarse que el estándar aplicable es especialmente exigente y no queda satisfecho por la mera invocación de deficiencias generales del sistema judicial del Estado requirente, ni por afirmaciones abstractas o genéricas relativas a su politización o falta de independencia, cuando no se acredita de manera suficiente que tales deficiencias tengan carácter sistémico o estructural. Por el contrario, resulta necesario acreditar, sobre una base objetiva y concreta, que el reclamado se enfrentaría, en su situación particular, a una quiebra manifiesta, grave y sustancial de las garantías esenciales del proceso, susceptible de integrar un supuesto de flagrante denegación de justicia.

Aplicado al presente supuesto, lo expuesto en la vista por la defensa -en particular, la crítica a la reiteración del enjuiciamiento tras la anulación de las sentencias previas y la alegación de ausencia de independencia judicial- se configura como una impugnación de carácter general y contextual, pero no aporta por sí sola elementos objetivos y concluyentes que permitan afirmar, con el nivel de certeza exigido por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el reclamado vaya a ser sometido en el Estado requirente a una flagrante denegación de justicia.

En este mismo sentido, la mención a la magistrada ponente de la resolución anulatoria, a la que se atribuye un supuesto parentesco político con el Presidente Domingo, aun tomada en consideración, no resulta suficiente para colmar el elevado estándar probatorio requerido, en la medida en que no se acredita de forma objetiva y verificable, que tal circunstancia haya determinado una actuación jurisdiccional arbitraria, ni que se traduzca, en el caso concreto del reclamado, en una privación real y sustancial de las garantías esenciales del proceso.

Por lo demás, ya ha sido zanjada anteriormente la discusión relativa a la actuación del órgano superior venezolano en la avocación, declaración de nulidad y orden de nuevo juicio, afirmando que ello no constituía obstáculo para la entrega.

En esta sede, y a los efectos del art. 6 CEDH, dicha circunstancia no basta tampoco por sí misma para integrar el umbral de "flagrante denegación", que exige un plus cualificado de arbitrariedad o privación radical de garantías, no acreditado de modo suficiente en este estadio.

En consecuencia, no procede estimar la objeción fundada en la alegada falta de debido proceso e independencia judicial desde la perspectiva del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sin perjuicio de que el examen de otros motivos autónomos de oposición, singularmente los vinculados al artículo 3 del citado Convenio, deba realizarse de manera diferenciada, atendido su distinto fundamento, estándar de apreciación y naturaleza, y pueda conducir, en su caso, a la adopción de determinadas medidas o garantías complementarias en el ámbito penitenciario.

D) La defensa igualmente se opone a la extradición invocando la prohibición absoluta del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, aduciendo que la entrega del reclamado lo expondría a un riesgo real de sufrir tratos inhumanos o degradantes en el Estado requirente, a la vista de la situación penitenciaria existente en Venezuela. A tal efecto, aporta informes de organizaciones no gubernamentales, así como material audiovisual (vídeos, fotografías) orientado a acreditar condiciones de reclusión depauperadas, con insuficiencia de garantías mínimas de trato y problemas de hacinamiento extremo.

La objeción debe ser examinada con el máximo rigor, por cuanto el artículo 3 CEDH consagra una prohibición absoluta: el Estado requerido no puede acordar la entrega si concurre un riesgo real de que el reclamado sea sometido a tortura o a penas o tratos inhumanos o degradantes, sin que la gravedad del delito o el interés en la cooperación judicial puedan operar como contrapeso.

Ahora bien, el control exigido por el art. 3 CEDH no se satisface con una apreciación meramente abstracta o genérica. Este Tribunal debe valorar, de forma prospectiva y concreta, (i) la situación general del sistema de detención y reclusión en el Estado requirente, y (ii) la concurrencia de elementos individualizados que permitan afirmar que el reclamado, en caso de entrega, se vería expuesto a un riesgo real e inmediato de sufrir el trato prohibido.

En cuanto al contexto general, además del material aportado por la defensa, concurren elementos provenientes de fuentes institucionales internacionales que documentan, en Venezuela, prácticas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el marco de privaciones de libertad y detenciones, así como restricciones severas asociadas a condiciones de detención. Así, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas ha venido informando sobre patrones de violaciones graves, incluidas prácticas de tortura y malos tratos bajo custodia. Del mismo modo, existen informes del sistema ONU que incluyen referencias a malos tratos e incomunicación vinculados a "condiciones de detención" en centros concretos durante periodos recientes.

Sentado lo anterior, este Tribunal aprecia que el material aportado -incluidos informes no gubernamentales y soporte audiovisual-, corroborado por referencias institucionales internacionales sobre malos tratos y graves deficiencias en contextos de privación de libertad, impone un deber reforzado de cautela en la decisión extradicional. Con todo, la procedencia de la denegación por el art. 3 CEDH requiere determinar si, en el caso concreto, puede afirmarse un riesgo real no mitigable por medidas efectivas.

En esta fase, y sin prejuzgar la valoración definitiva, el Tribunal considera que el riesgo alegado no puede ser neutralizado mediante fórmulas genéricas. Por ello, y conforme a la práctica derivada de la jurisprudencia europea sobre expulsiones/entregas condicionadas por aseguramientos, resulta procedente interesar del Estado requirente garantías diplomáticas específicas, verificables y controlables, pues solo tales garantías -si son suficientemente fiables y susceptibles de verificación objetiva- podrían disipar el riesgo de vulneración del art. 3 CEDH.

En consecuencia, y antes de acordar una entrega que pudiera comprometer la responsabilidad internacional del Estado requerido, este Tribunal, sin perjuicio de las garantías genéricas que se listan en el pedido extradicional, estima procedente requerir al Estado requirente garantías específicas, al menos, en los siguientes términos materiales:

Determinación previa del destino penitenciario con identificación del centro de detención concreto en el que el reclamado será ingresado tras la entrega.

Aplicación durante el tiempo de su privación de libertad de los estándares mínimos de trato y condiciones materiales que se reflejan, entre otros instrumentos, en las Reglas Mandela (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos).

Establecimiento de un mecanismo de verificación independiente y periódica de las condiciones de detención, en su caso, mediante un mecanismo institucional internacional independiente aceptado por el Estado requirente.

Debe indicarse, que estas garantías no constituyen ni responden a un mero formalismo, sino que responden a la necesidad de dar cumplimiento a una exigencia derivada del propio carácter absoluto del art. 3 CEDH y de la necesidad de que cualquier aseguramiento sea concreto, fiable, verificable y operativo, de modo que el riesgo no quede en la práctica sin control.

El condicionamiento de la decisión favorable a la entrega a la obtención previa de garantías diplomáticas en plazo de sesenta días en los términos indicados; y, en caso de no ser ofrecidas o de resultar insuficientes por falta de concreción o verificabilidad, según ponderación del tribunal de ejecución la extradición implica la posibilidad de denegación de la entrega extradicional por riesgo de vulneración del art. 3 CEDH.

E).La defensa invoca la solicitud de protección internacional formulada por el reclamado en España y la pendencia de recursos administrativos, interesando que dicha circunstancia impida la extradición o determine, al menos, la paralización del procedimiento. En la vista, el Ministerio Fiscal hizo constar que la petición de asilo fue denegada, que el reclamado dispondría de residencia por razones humanitarias y que existiría un recurso de reposición pendiente, sosteniendo que ello no constituía impedimento para la entrega.

Sobre esta cuestión, debe recordarse, en primer término, que la protección internacional se articula en el ordenamiento español como garantía del principio de no devolución y de la prohibición de expulsión o retorno en los supuestos legalmente previstos. Ahora bien, en el plano estrictamente extradicional, la doctrina jurisprudencial ha perfilado con claridad la distinción entre (i) la tramitación y decisión judicial sobre la procedencia de la extradición, y (ii) la ejecución de la entrega material al Estado requirente. En particular, se ha declarado que la solicitud de asilo no determina, por sí sola, la suspensión del procedimiento extradicional, sino, en su caso, la suspensión de la entrega mientras se sustancia la protección internacional o hasta que se despeje el marco de no devolución aplicable.

Por consiguiente, no procede estimar que la mera alegación de asilo, o la referencia a recursos pendientes en dicha materia, determine automáticamente la denegación de la extradición ni la suspensión del procedimiento; cuestión distinta es que, de persistir un escenario jurídico de protección internacional que active el principio de no devolución o de no entrega, proceda valorar, en el momento procesal oportuno, el aplazamiento o suspensión de la entrega (fase ejecutiva), en coherencia con las obligaciones internacionales del Estado requerido.

Por todo ello, LA SALA ACUERDA: