Auto Penal 318/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Primera, Rec. 144/2025 de 09 de junio del 2026

PRIMERO.-La extradición entre el Reino de España y la República de Tayikistán se sustenta, al no existir Tratado de extradición, en el principio de reciprocidad y la Ley de Extradición Pasiva de 21 de marzo de 1985,conforme al art. 13.1 de nuestra Constitución.

En la solicitud extradicional de la Fiscalía General de la República de Tayikistán se hace expreso ofrecimiento del principio de reciprocidad como fuente para la demanda presentada vía diplomática.

En nuestro ordenamiento jurídico en materia de extradición pasiva, la reciprocidad es una fuente subsidiaria del Derecho extradicional, es decir, no existiendo Tratado, la reciprocidad está subordinada al Derecho positivo español, aquí la LEP, en cuya Exposición de Motivos se dice que:

"La presente Ley mantiene el mismo sistema y principio cardinal de la anterior, en cuanto que la extradición, como acto de soberanía en relación con otros Estados, es función del Poder Ejecutivo, bajo el imperio de la Constitución y de la Ley, sin perjuicio de su aspecto técnico penal y procesal que han de resolver los Tribunales en cada caso con la intervención del Ministerio Fiscal.

En todo caso y por la misma razón de no existir Tratado vinculante, se declara siempre potestativa la concesión de la extradición, artículo segundo, con la que España, a la vista de las circunstancias concurrentes, podrá decidir con libertad cada demanda de extradición.

Cuarta. Se establece la facultad del Gobierno de no proceder a la extradición, aun habiéndola considerado procedente el Tribunal en base al principio de reciprocidad, soberanía, seguridad, orden público y demás intereses de España. Con ello se siguen los sistemas francés e italiano en los que la decisión favorable a la extradición no es obligatoria, si bien se precisan los criterios de esta última decisión del Gobierno tal y como establece la legislación suiza.

Ello es lógico, y en ningún caso implicará incumplimiento de resoluciones judiciales, habida cuenta del distinto campo y finalidad en que actúan y persiguen los Tribunales y el Gobierno; técnico y sobre todo tutelar del derecho a la libertad los primeros y políticos, esencialmente el segundo. Otra cosa sería que, denegada la extradición por el Tribunal, pudiera el Gobierno decretar la entrega".

Por consiguiente, podemos decir que en el ámbito propio de la reciprocidad al suplir la inexistencia de Tratado, no puede suponer infracción de normas coactivas del Estado Español, ni de la legislación interna de nuestro Estado; pero tampoco a la luz de la nuestra Constitución ( art. 13.3 CE), su redacción hace que no nos encontremos con una fuente supletoria cuando hay Tratado, sino informadora y complementadora bien de un Tratado o en su defecto, de nuestra legislación interna aplicable, y de ello en una fiel trasposición de dicho carácter informador, se encuentra el art. 1 de la LEP de 1985 que dice lo siguiente:

"Artículo 1

Las condiciones, los procedimientos y los efectos de la extradición pasiva se regirán por la presente Ley, excepto en lo expresamente previsto en los Tratados en los que España sea parte.

En todo caso, la extradición sólo se concederá atendiendo al principio de reciprocidad. El Gobierno podrá exigir una garantía de reciprocidad al Estado requirente".

Nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que no estableciendo el art. 13.3 de la C.E. derechos susceptibles de ser objeto de protección directa a través del recurso de amparo, la decisión de en qué grado haya de atenderse a la reciprocidad en la decisión de entrega, es una cuestión que cae del lado de la legalidad ordinaria, la cual, por tanto, y salvo que la desatención de la reciprocidad comprometa la salvaguarda de derechos fundamentales del reclamado, o bien que su aplicación venga presidida por una motivación manifestando irrazonable o de todo punto arbitraria, queda extramuros de la competencia de dicho Tribunal. Es decir, que si no es desde concretas vulneraciones de derechos, la vinculación de la reciprocidad con los derechos fundamentales podría tener sentido desde una perspectiva genérica; es decir, no atendiendo a la situación del caso concreto, sino a una comparación entre los sistemas jurídicos y el respeto general a los derechos fundamentales en el Estado requirente. A esta perspectiva de la reciprocidad vendría a referirse la STC 87/2000, de 23 de julio, cuando pone de manifestó que "la existencia del Tratado constituye al menos un indicio de la mínima homogeneidad constitucional y jurídico-penal necesaria a efectos de despejar los posibles recelos de desigualdad que en enjuiciamiento bajo las leyes de otro Estado puede suscitar". (FJ 5). Esta noción permitiría asignar un ámbito de aplicación autónomo a la reciprocidad como mecanismo de tutela de derechos fundamentales frente a la doctrina de la vulneración indirecta, de modo que mientras ésta -como después se expondrá- exige la existencia de una lesión cierta o de un riesgo de lesión concreto (y dirigido concretamente al recurrente), el juego de la reciprocidad permitiría rechazar la entrega ante supuestos de manifiestas desigualdades genéricas en la protección de los derechos en el Estado requirente, lo cual obliga como así se establece en la presente resolución, a impetrar a Tailandia unas garantías previas en cuanto a la ejecución de la pena que pueda ser impuesta al reclamado, pues no es prudente, ni internacionalmente exigible una homogenización en cuanto a cuestiones de organización judicial, cuya estructura depende de la voluntad soberana del Estado requirente.

Dada la ausencia de tratado la reclamación queda remitida a la LEP ( Ley 4/1985, art. 1). Supuesto que reclama del tribunal de la extradición una verificación rigurosa de los requerimientos de carácter jurídico constitucional que impone el principio de reciprocidad. Y ello porque el convenio es un indicio de reciprocidad, de reconocimiento entre los Estados, que aquí no concurre. La reciprocidad supone una equivalencia de tratamiento entre ambos sistemas jurídico-políticos en el respeto y protección de los derechos humanos básicos reconocidos por la legalidad internacional, lo que puede inferirse de la Constitución y de la legalidad del otro Estado, es decir de su propio ordenamiento jurídico, así como de las prácticas del sistema policial, judicial y penitenciario, contenido de lo que se conoce estrictamente como reciprocidad jurídica y que debe examinar el tribunal. Al ámbito de la denominada reciprocidad política que corresponde al Gobierno se confía el análisis de la conducta internacional del Estado, de la repetición de actos que evidencien una pauta de comportamiento. La reciprocidad, cuando se reconoce, significa un pacto o compromiso de comportarse de la misma manera, una expectativa de igual o equivalente trato, en casos idénticos desde el punto de vista objetivo y subjetivo. La constitucionalización de la extradición en nuestro ordenamiento ( art. 13. 3) de la Constitución) tiene consecuencias en la interpretación de los requisitos de la entrega, pues la reciprocidad ya no puede entenderse como un mecanismo de relación entre Estados igualmente soberanos que pactan y ajustan sus comportamientos según la conducta del otro. Por otro lado, aunque el Estado reclamante no haya suscrito todos los tratados de derechos humanos, los grandes pactos de derecho internacional, como es el caso, este somete a todos los Estados porque es un medio de protección universal de los derechos y libertades fundamentales. Por ello, la reciprocidad entra en juego en el marco del principio de legalidad, pues tiene una función correctora, es un requisito adicional, que deviene una técnica de limitación de la extradición cuando formalmente parezca conforme a derecho.

Sentado lo anterior y vista la documentación remitida por las autoridades tailandesas no cabe denegar la extradición por falta de reciprocidad. Además del expreso ofrecimiento vía diplomática, la Fiscalía Penal de Tailandia señala en su solicitud que la extradición se pide para el enjuiciamiento ante el Tribunal Provincial de Pattaya por delitos tipificados en la Ley de Prevención y Represión de la Trata de Personas, la Ley de Prevención y Represión de la prostitución y el C. Penal, no guardando relación con delito tipificado en la ley militar o delito político.

En efecto, como expuso la doctrina del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el auto núm. 33/2017, de 25 de julio, "mientras que la reciprocidad política, basada en los casos precedentes, corresponde valorarla al Consejo de Ministros, este Tribunal debe examinarla en su vertiente jurídica, esto es, sí la legislación del Estado requirente en un caso análogo permitiría la entrega de una nacional". Y es que el principio de reciprocidad se desdobla en dos planos distintos, uno referido a la actuación judicial (reciprocidad jurídica) y otro reservado al Gobierno (reciprocidad política), correspondiendo al primero el examen de los aspectos técnicos y de tutela de derechos fundamentales y garantías aplicables al caso, mientras que el segundo se ocupa esencialmente del aspecto político con la discrecionalidad que ello conlleva, y así se traslada al articulado de la Ley de Extradición Pasiva (art. 1.2) que se refiere al principio de reciprocidad cuando señala: "En todo caso la extradición sólo se concederá atendiendo al principio de reciprocidad...", y en su artículo 6.2 de la misma Ley dispone: "La resolución del Tribunal declarando procedente la extradición no será vinculante para el Gobierno, que podrá denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público o demás intereses esenciales para España. Contra lo acordado por el Gobierno no cabrá recurso alguno". Asimismo, el Tribunal Constitucional ( STC 87/2000, de 27 de marzo) deja la puerta abierta para distinguir la reciprocidad política, que se sustenta en un acto de soberanía propio del poder ejecutivo (fase gubernativa) de aquella reciprocidad jurídica, que se encuentra determinada en una norma, y por ello, pasa a formar parte del derecho extradicional que puede y debe ser aplicado por el Juez de la extradición, y por ello la ausencia de reciprocidad basada en el estricto principio de legalidad es de obligado cumplimiento para esta Sala, y ello al margen de lo que se ha denominado reciprocidad política, propia del ámbito gubernativo ( SSTC 181/2004, de 2 de noviembre, y 292/2005, de 10 de noviembre)".

SEGUNDO.-No se ha cuestionado la identidad de la persona reclamada, tratándose de Joaquín, nacional de la República de Tayiskistán, tal y como ha venido reconociendo desde su detención y de manera expresa en la vista de extradición.

TERCERO.-Se han cumplido los requisitos documentales que establece el art. 7.1. a), b) y c) de la LEP, vistos los documentos que vía diplomática se han remitido junto a la solicitud extradiconal, y que se han especificado en el antecedente tercero de este auto.

La defensa alega que la Fiscalía de Tayiskistán no acompaña la documentación (contratos, facturas, etc.) que acreditarían los hechos objeto de la reclamación y más específicamente, los elementos que configurarían el delito de estafa. Tal alegación debe ser rechazada, como lo fueron en el acto de la vista las preguntas referidas al fondo de los hechos, ya que ello queda fuera del ámbito del procedimiento extradicional.

El Pleno de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional así lo ha considerado de manera retirada. Así en el auto 105/2024, de 13 de diciembre, con cita del auto nº 33/2023, de 19 de mayo, señala:

"Como puntualizan, entre otras, las S.T.C. 82/2006 y 83/2006 ambas de 13 de marzo, la extradición pasiva constituye un procedimiento en el que se decide acerca de la procedencia o no de la entrega de un ciudadano solicitada por dicho Estado en su demanda de extradición, sin que se formule pronunciamiento alguno acerca da la hipotética culpabilidad o inocencia del sujeto reclamado, sino que se verifica el cumplimiento de los requisitos y garantías previstos en las normas para acordar la entrega del sujeto afectado (glosan otras anteriores, SSTC 277/1997, de 16 de julio; 141/1998, de 29 de junio; 1567"002, de 23 de julio). En parecida línea S.T.C. 292/2005 de 10 de noviembre. Igualmente, ATC 412/2004 de 2 de noviembre, que indica que, por la especial naturaleza que ya ha quedado apuntada, quedan excluidos del contexto del proceso extradicional derechos tan elementales como pueda ser la presunción de inocencia.

También el A.T.C. 138/2001 de 1 de junio, citando la SSTC 134/2000, indica que en el proceso en vía judicial de la extradición no se decide acerca de la hipotética culpabilidad o inocencia del sujeto reclamado, ni se realiza un pronunciamiento condenatorio, sino simplemente se verifica el cumplimiento de los requisitos y garantías previstos en las normas para acordar la entrega del sujeto afectado, de manera que no cabe alegar en el mismo insuficiencia del materia probatorio aportado para acreditar la participación del reclamado en el delito por el que se pide su extradición.

De análogo tenor, STC 102/1997 de 20 de mayo, que indica que el procedimiento que nos ocupa tiene limitada su naturaleza a la de ser un simple acto de auxilio judicial internacional (en la expresión empleada por el ATC 363/1985), y que sólo tiene por misión la comprobación de las condiciones específicamente recogidas en las leyes y convenios que la regulan ( ATC 558/1985) y que, no estando dirigido a la sanción penal de conducta alguna, sino sólo a hacer posible el proceso penal propiamente dicho, ello comporta que queden fuera de su ámbito derechos tan elementales como pueda ser la presunción de inocencia ( ATC 103/1987) o la interdicción del bis in idem ( ATC 263/1989), por referirse ambas garantías justamente al fondo del juicio penal a desarrollar en el Estado requirente.

En similares términos, ATC 23/1997 de 27 de enero, y A.T.C. 274/1987 de 4 de marzo, que se especificó también que la valoración de los hechos, su subsunción en uno u otro tipo penal y la determinación de la participación delictiva, son materias que corresponden al órgano judicial que los enjuicia, no al órgano que sólo ha de velar por el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos para la concesión de la extradición y, en consecuencia, no cabe apreciar vulneración de la presunción de inocencia cuando no se ha efectuado pronunciamiento alguno relativo a inocencia o culpabilidad".

CUARTO.-Concurren los principios de doble incriminación y mínimo punitivo del art. 2 de la LEP.

Los hechos objeto de la reclamación extradicional integrarían delito de fraude en una escala especialmente grave, previsto en el art. 247. 4 b) del Código Penal de la República de Tayikistán, cuya penalidad es multa de mil cuatrocientos sesenta a dos mil ciento noventa indicadores de cálculo, o con la privación de la libertad por un periodo de ocho a doce años, con la privación del derecho a ocupar determinados cargos o a realizar determinadas actividades por un periodo de hasta cinco años, o sin esta privación, tal y como consta en la transcripción solicitada de oficio por este Tribunal al amparo del art. 13 de la LEP, ya que por error, en la documentación extradicional figuraba la transcripción del art. 244 que tipifica el robo/hurto, siendo así que la acusación se formuló por delito tipificado en el art. 247, parte 4, subapatado b) del Código penal.

Conforme a nuestro Código Penal, los hechos descritos por las autoridades del Estado requirente son claramente incardinables en el delito de estafa, previsto en los arts. 248 y 250. 1. 5º, cuya pena es la de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, dado que la defraudación asciende a 251.865 euros.

La defensa niega el carácter delictivo de los hechos para reducirlos a un simple incumplimiento contractual, al entender que no se describe el engaño causal como elementos del tipo de la estafa, alegación que debe rechazarse reproduciendo aquí lo anteriormente señalado en relación a la naturaleza y objeto del procedimiento de extradición. Este tribunal no puede pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del reclamado, sino que debe limitarse a controlar que los "hechos", tal y como se dicen en la documentación, constituyen delito en ambos Estados. Tanto de la resolución de apertura de causa penal de 15 de octubre de 2024, como en el escrito de acusación, aparece nítidamente al engaño y el desplazamiento patrimonial: "En septiembre de 2020, mediante engaño y abusando de la confianza de...", "nuevamente con la intención de apropiarse de una gran cantidad de dinero mediante fraude... engañado y confiado en las falsas promesas...", "... Joaquín se apropió de los fondos y los utilizó para sus propias necesidades y no para enviar los productos". Nos encontramos ante un negocio jurídico criminalizado no ante un incumplimiento contractual, ya que se describe un engaño ya inicial, determinante de las sucesivas entregas de dinero de las que se apropia el reclamado.

QUINTO.-Los hechos/delito son de naturaleza común, no se advierte motivación espuria en la reclamación, no han prescrito atendido la fecha de la última disposición, y es incuestionable la jurisdicción de las autoridades de Tayikistán.

SEXTO.-Aun cuando en el escrito del art. 13 y en la vista la defensa postula la solicitud de garantías diplomáticas, por escrito y que se declaran suficientes antes de la materialización de la entrega, el Fiscal General de la República de Tayikistán al formular la solicitud extradicional garantiza que el reclamado Joaquín, gozará de todos los derechos de protección, así como de asistencia letrada y no será sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que con la solicitud no se persiguen objetivos políticos y su objeto no es procesar al reclamado por motivos raciales, religiosos, nacionales o políticos, estando asimismo garantizado el principio de especialidad. Además, ofrece remitir a las autoridades españolas la sentencia que pudiera recaer y garantiza que en caso de ser extraditado el acusado será recluido en una prisión que cumpla todas las condiciones internacionales.

Tales garantías previas hacen innecesario supeditar la entrega a la prestación de garantías como pretende la defensa, que se limita a una alegación genérica de no respeto de los derechos humanos, sin aportar base alguna.

Por último, precisar que, si bien en la solicitud se contiene una garantía sobre la pena capital, al delito del que el reclamado está acusado tiene prevista una pena privativa de libertad de ocho a doce años.

SÉPTIMO.-El arraigo que aduce la defensa es inexistente ya que únicamente tiene permiso de residencia temporal y autorización de residencia inicial para teletrabajadores de carácter internacional de 27 de octubre de 2025, siendo además que el arraigo no se contempla como causa de denegación por la LEP.

OCTAVO.-Habiendo solicitado asilo en España, la materialización de la entrega quedaría suspendida hasta la resolución firme administrativa correspondiente, conforme al art. 19.2 de la Ley 12/2009.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,

PRIMERO.-La extradición entre el Reino de España y la República de Tayikistán se sustenta, al no existir Tratado de extradición, en el principio de reciprocidad y la Ley de Extradición Pasiva de 21 de marzo de 1985,conforme al art. 13.1 de nuestra Constitución.

En la solicitud extradicional de la Fiscalía General de la República de Tayikistán se hace expreso ofrecimiento del principio de reciprocidad como fuente para la demanda presentada vía diplomática.

En nuestro ordenamiento jurídico en materia de extradición pasiva, la reciprocidad es una fuente subsidiaria del Derecho extradicional, es decir, no existiendo Tratado, la reciprocidad está subordinada al Derecho positivo español, aquí la LEP, en cuya Exposición de Motivos se dice que:

"La presente Ley mantiene el mismo sistema y principio cardinal de la anterior, en cuanto que la extradición, como acto de soberanía en relación con otros Estados, es función del Poder Ejecutivo, bajo el imperio de la Constitución y de la Ley, sin perjuicio de su aspecto técnico penal y procesal que han de resolver los Tribunales en cada caso con la intervención del Ministerio Fiscal.

En todo caso y por la misma razón de no existir Tratado vinculante, se declara siempre potestativa la concesión de la extradición, artículo segundo, con la que España, a la vista de las circunstancias concurrentes, podrá decidir con libertad cada demanda de extradición.

Cuarta. Se establece la facultad del Gobierno de no proceder a la extradición, aun habiéndola considerado procedente el Tribunal en base al principio de reciprocidad, soberanía, seguridad, orden público y demás intereses de España. Con ello se siguen los sistemas francés e italiano en los que la decisión favorable a la extradición no es obligatoria, si bien se precisan los criterios de esta última decisión del Gobierno tal y como establece la legislación suiza.

Ello es lógico, y en ningún caso implicará incumplimiento de resoluciones judiciales, habida cuenta del distinto campo y finalidad en que actúan y persiguen los Tribunales y el Gobierno; técnico y sobre todo tutelar del derecho a la libertad los primeros y políticos, esencialmente el segundo. Otra cosa sería que, denegada la extradición por el Tribunal, pudiera el Gobierno decretar la entrega".

Por consiguiente, podemos decir que en el ámbito propio de la reciprocidad al suplir la inexistencia de Tratado, no puede suponer infracción de normas coactivas del Estado Español, ni de la legislación interna de nuestro Estado; pero tampoco a la luz de la nuestra Constitución ( art. 13.3 CE), su redacción hace que no nos encontremos con una fuente supletoria cuando hay Tratado, sino informadora y complementadora bien de un Tratado o en su defecto, de nuestra legislación interna aplicable, y de ello en una fiel trasposición de dicho carácter informador, se encuentra el art. 1 de la LEP de 1985 que dice lo siguiente:

"Artículo 1

Las condiciones, los procedimientos y los efectos de la extradición pasiva se regirán por la presente Ley, excepto en lo expresamente previsto en los Tratados en los que España sea parte.

En todo caso, la extradición sólo se concederá atendiendo al principio de reciprocidad. El Gobierno podrá exigir una garantía de reciprocidad al Estado requirente".

Nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que no estableciendo el art. 13.3 de la C.E. derechos susceptibles de ser objeto de protección directa a través del recurso de amparo, la decisión de en qué grado haya de atenderse a la reciprocidad en la decisión de entrega, es una cuestión que cae del lado de la legalidad ordinaria, la cual, por tanto, y salvo que la desatención de la reciprocidad comprometa la salvaguarda de derechos fundamentales del reclamado, o bien que su aplicación venga presidida por una motivación manifestando irrazonable o de todo punto arbitraria, queda extramuros de la competencia de dicho Tribunal. Es decir, que si no es desde concretas vulneraciones de derechos, la vinculación de la reciprocidad con los derechos fundamentales podría tener sentido desde una perspectiva genérica; es decir, no atendiendo a la situación del caso concreto, sino a una comparación entre los sistemas jurídicos y el respeto general a los derechos fundamentales en el Estado requirente. A esta perspectiva de la reciprocidad vendría a referirse la STC 87/2000, de 23 de julio, cuando pone de manifestó que "la existencia del Tratado constituye al menos un indicio de la mínima homogeneidad constitucional y jurídico-penal necesaria a efectos de despejar los posibles recelos de desigualdad que en enjuiciamiento bajo las leyes de otro Estado puede suscitar". (FJ 5). Esta noción permitiría asignar un ámbito de aplicación autónomo a la reciprocidad como mecanismo de tutela de derechos fundamentales frente a la doctrina de la vulneración indirecta, de modo que mientras ésta -como después se expondrá- exige la existencia de una lesión cierta o de un riesgo de lesión concreto (y dirigido concretamente al recurrente), el juego de la reciprocidad permitiría rechazar la entrega ante supuestos de manifiestas desigualdades genéricas en la protección de los derechos en el Estado requirente, lo cual obliga como así se establece en la presente resolución, a impetrar a Tailandia unas garantías previas en cuanto a la ejecución de la pena que pueda ser impuesta al reclamado, pues no es prudente, ni internacionalmente exigible una homogenización en cuanto a cuestiones de organización judicial, cuya estructura depende de la voluntad soberana del Estado requirente.

Dada la ausencia de tratado la reclamación queda remitida a la LEP ( Ley 4/1985, art. 1). Supuesto que reclama del tribunal de la extradición una verificación rigurosa de los requerimientos de carácter jurídico constitucional que impone el principio de reciprocidad. Y ello porque el convenio es un indicio de reciprocidad, de reconocimiento entre los Estados, que aquí no concurre. La reciprocidad supone una equivalencia de tratamiento entre ambos sistemas jurídico-políticos en el respeto y protección de los derechos humanos básicos reconocidos por la legalidad internacional, lo que puede inferirse de la Constitución y de la legalidad del otro Estado, es decir de su propio ordenamiento jurídico, así como de las prácticas del sistema policial, judicial y penitenciario, contenido de lo que se conoce estrictamente como reciprocidad jurídica y que debe examinar el tribunal. Al ámbito de la denominada reciprocidad política que corresponde al Gobierno se confía el análisis de la conducta internacional del Estado, de la repetición de actos que evidencien una pauta de comportamiento. La reciprocidad, cuando se reconoce, significa un pacto o compromiso de comportarse de la misma manera, una expectativa de igual o equivalente trato, en casos idénticos desde el punto de vista objetivo y subjetivo. La constitucionalización de la extradición en nuestro ordenamiento ( art. 13. 3) de la Constitución) tiene consecuencias en la interpretación de los requisitos de la entrega, pues la reciprocidad ya no puede entenderse como un mecanismo de relación entre Estados igualmente soberanos que pactan y ajustan sus comportamientos según la conducta del otro. Por otro lado, aunque el Estado reclamante no haya suscrito todos los tratados de derechos humanos, los grandes pactos de derecho internacional, como es el caso, este somete a todos los Estados porque es un medio de protección universal de los derechos y libertades fundamentales. Por ello, la reciprocidad entra en juego en el marco del principio de legalidad, pues tiene una función correctora, es un requisito adicional, que deviene una técnica de limitación de la extradición cuando formalmente parezca conforme a derecho.

Sentado lo anterior y vista la documentación remitida por las autoridades tailandesas no cabe denegar la extradición por falta de reciprocidad. Además del expreso ofrecimiento vía diplomática, la Fiscalía Penal de Tailandia señala en su solicitud que la extradición se pide para el enjuiciamiento ante el Tribunal Provincial de Pattaya por delitos tipificados en la Ley de Prevención y Represión de la Trata de Personas, la Ley de Prevención y Represión de la prostitución y el C. Penal, no guardando relación con delito tipificado en la ley militar o delito político.

En efecto, como expuso la doctrina del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el auto núm. 33/2017, de 25 de julio, "mientras que la reciprocidad política, basada en los casos precedentes, corresponde valorarla al Consejo de Ministros, este Tribunal debe examinarla en su vertiente jurídica, esto es, sí la legislación del Estado requirente en un caso análogo permitiría la entrega de una nacional". Y es que el principio de reciprocidad se desdobla en dos planos distintos, uno referido a la actuación judicial (reciprocidad jurídica) y otro reservado al Gobierno (reciprocidad política), correspondiendo al primero el examen de los aspectos técnicos y de tutela de derechos fundamentales y garantías aplicables al caso, mientras que el segundo se ocupa esencialmente del aspecto político con la discrecionalidad que ello conlleva, y así se traslada al articulado de la Ley de Extradición Pasiva (art. 1.2) que se refiere al principio de reciprocidad cuando señala: "En todo caso la extradición sólo se concederá atendiendo al principio de reciprocidad...", y en su artículo 6.2 de la misma Ley dispone: "La resolución del Tribunal declarando procedente la extradición no será vinculante para el Gobierno, que podrá denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público o demás intereses esenciales para España. Contra lo acordado por el Gobierno no cabrá recurso alguno". Asimismo, el Tribunal Constitucional ( STC 87/2000, de 27 de marzo) deja la puerta abierta para distinguir la reciprocidad política, que se sustenta en un acto de soberanía propio del poder ejecutivo (fase gubernativa) de aquella reciprocidad jurídica, que se encuentra determinada en una norma, y por ello, pasa a formar parte del derecho extradicional que puede y debe ser aplicado por el Juez de la extradición, y por ello la ausencia de reciprocidad basada en el estricto principio de legalidad es de obligado cumplimiento para esta Sala, y ello al margen de lo que se ha denominado reciprocidad política, propia del ámbito gubernativo ( SSTC 181/2004, de 2 de noviembre, y 292/2005, de 10 de noviembre)".

SEGUNDO.-No se ha cuestionado la identidad de la persona reclamada, tratándose de Joaquín, nacional de la República de Tayiskistán, tal y como ha venido reconociendo desde su detención y de manera expresa en la vista de extradición.

TERCERO.-Se han cumplido los requisitos documentales que establece el art. 7.1. a), b) y c) de la LEP, vistos los documentos que vía diplomática se han remitido junto a la solicitud extradiconal, y que se han especificado en el antecedente tercero de este auto.

La defensa alega que la Fiscalía de Tayiskistán no acompaña la documentación (contratos, facturas, etc.) que acreditarían los hechos objeto de la reclamación y más específicamente, los elementos que configurarían el delito de estafa. Tal alegación debe ser rechazada, como lo fueron en el acto de la vista las preguntas referidas al fondo de los hechos, ya que ello queda fuera del ámbito del procedimiento extradicional.

El Pleno de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional así lo ha considerado de manera retirada. Así en el auto 105/2024, de 13 de diciembre, con cita del auto nº 33/2023, de 19 de mayo, señala:

"Como puntualizan, entre otras, las S.T.C. 82/2006 y 83/2006 ambas de 13 de marzo, la extradición pasiva constituye un procedimiento en el que se decide acerca de la procedencia o no de la entrega de un ciudadano solicitada por dicho Estado en su demanda de extradición, sin que se formule pronunciamiento alguno acerca da la hipotética culpabilidad o inocencia del sujeto reclamado, sino que se verifica el cumplimiento de los requisitos y garantías previstos en las normas para acordar la entrega del sujeto afectado (glosan otras anteriores, SSTC 277/1997, de 16 de julio; 141/1998, de 29 de junio; 1567"002, de 23 de julio). En parecida línea S.T.C. 292/2005 de 10 de noviembre. Igualmente, ATC 412/2004 de 2 de noviembre, que indica que, por la especial naturaleza que ya ha quedado apuntada, quedan excluidos del contexto del proceso extradicional derechos tan elementales como pueda ser la presunción de inocencia.

También el A.T.C. 138/2001 de 1 de junio, citando la SSTC 134/2000, indica que en el proceso en vía judicial de la extradición no se decide acerca de la hipotética culpabilidad o inocencia del sujeto reclamado, ni se realiza un pronunciamiento condenatorio, sino simplemente se verifica el cumplimiento de los requisitos y garantías previstos en las normas para acordar la entrega del sujeto afectado, de manera que no cabe alegar en el mismo insuficiencia del materia probatorio aportado para acreditar la participación del reclamado en el delito por el que se pide su extradición.

De análogo tenor, STC 102/1997 de 20 de mayo, que indica que el procedimiento que nos ocupa tiene limitada su naturaleza a la de ser un simple acto de auxilio judicial internacional (en la expresión empleada por el ATC 363/1985), y que sólo tiene por misión la comprobación de las condiciones específicamente recogidas en las leyes y convenios que la regulan ( ATC 558/1985) y que, no estando dirigido a la sanción penal de conducta alguna, sino sólo a hacer posible el proceso penal propiamente dicho, ello comporta que queden fuera de su ámbito derechos tan elementales como pueda ser la presunción de inocencia ( ATC 103/1987) o la interdicción del bis in idem ( ATC 263/1989), por referirse ambas garantías justamente al fondo del juicio penal a desarrollar en el Estado requirente.

En similares términos, ATC 23/1997 de 27 de enero, y A.T.C. 274/1987 de 4 de marzo, que se especificó también que la valoración de los hechos, su subsunción en uno u otro tipo penal y la determinación de la participación delictiva, son materias que corresponden al órgano judicial que los enjuicia, no al órgano que sólo ha de velar por el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos para la concesión de la extradición y, en consecuencia, no cabe apreciar vulneración de la presunción de inocencia cuando no se ha efectuado pronunciamiento alguno relativo a inocencia o culpabilidad".

CUARTO.-Concurren los principios de doble incriminación y mínimo punitivo del art. 2 de la LEP.

Los hechos objeto de la reclamación extradicional integrarían delito de fraude en una escala especialmente grave, previsto en el art. 247. 4 b) del Código Penal de la República de Tayikistán, cuya penalidad es multa de mil cuatrocientos sesenta a dos mil ciento noventa indicadores de cálculo, o con la privación de la libertad por un periodo de ocho a doce años, con la privación del derecho a ocupar determinados cargos o a realizar determinadas actividades por un periodo de hasta cinco años, o sin esta privación, tal y como consta en la transcripción solicitada de oficio por este Tribunal al amparo del art. 13 de la LEP, ya que por error, en la documentación extradicional figuraba la transcripción del art. 244 que tipifica el robo/hurto, siendo así que la acusación se formuló por delito tipificado en el art. 247, parte 4, subapatado b) del Código penal.

Conforme a nuestro Código Penal, los hechos descritos por las autoridades del Estado requirente son claramente incardinables en el delito de estafa, previsto en los arts. 248 y 250. 1. 5º, cuya pena es la de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, dado que la defraudación asciende a 251.865 euros.

La defensa niega el carácter delictivo de los hechos para reducirlos a un simple incumplimiento contractual, al entender que no se describe el engaño causal como elementos del tipo de la estafa, alegación que debe rechazarse reproduciendo aquí lo anteriormente señalado en relación a la naturaleza y objeto del procedimiento de extradición. Este tribunal no puede pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del reclamado, sino que debe limitarse a controlar que los "hechos", tal y como se dicen en la documentación, constituyen delito en ambos Estados. Tanto de la resolución de apertura de causa penal de 15 de octubre de 2024, como en el escrito de acusación, aparece nítidamente al engaño y el desplazamiento patrimonial: "En septiembre de 2020, mediante engaño y abusando de la confianza de...", "nuevamente con la intención de apropiarse de una gran cantidad de dinero mediante fraude... engañado y confiado en las falsas promesas...", "... Joaquín se apropió de los fondos y los utilizó para sus propias necesidades y no para enviar los productos". Nos encontramos ante un negocio jurídico criminalizado no ante un incumplimiento contractual, ya que se describe un engaño ya inicial, determinante de las sucesivas entregas de dinero de las que se apropia el reclamado.

QUINTO.-Los hechos/delito son de naturaleza común, no se advierte motivación espuria en la reclamación, no han prescrito atendido la fecha de la última disposición, y es incuestionable la jurisdicción de las autoridades de Tayikistán.

SEXTO.-Aun cuando en el escrito del art. 13 y en la vista la defensa postula la solicitud de garantías diplomáticas, por escrito y que se declaran suficientes antes de la materialización de la entrega, el Fiscal General de la República de Tayikistán al formular la solicitud extradicional garantiza que el reclamado Joaquín, gozará de todos los derechos de protección, así como de asistencia letrada y no será sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que con la solicitud no se persiguen objetivos políticos y su objeto no es procesar al reclamado por motivos raciales, religiosos, nacionales o políticos, estando asimismo garantizado el principio de especialidad. Además, ofrece remitir a las autoridades españolas la sentencia que pudiera recaer y garantiza que en caso de ser extraditado el acusado será recluido en una prisión que cumpla todas las condiciones internacionales.

Tales garantías previas hacen innecesario supeditar la entrega a la prestación de garantías como pretende la defensa, que se limita a una alegación genérica de no respeto de los derechos humanos, sin aportar base alguna.

Por último, precisar que, si bien en la solicitud se contiene una garantía sobre la pena capital, al delito del que el reclamado está acusado tiene prevista una pena privativa de libertad de ocho a doce años.

SÉPTIMO.-El arraigo que aduce la defensa es inexistente ya que únicamente tiene permiso de residencia temporal y autorización de residencia inicial para teletrabajadores de carácter internacional de 27 de octubre de 2025, siendo además que el arraigo no se contempla como causa de denegación por la LEP.

OCTAVO.-Habiendo solicitado asilo en España, la materialización de la entrega quedaría suspendida hasta la resolución firme administrativa correspondiente, conforme al art. 19.2 de la Ley 12/2009.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,

PRIMERO.-La extradición entre el Reino de España y la República de Tayikistán se sustenta, al no existir Tratado de extradición, en el principio de reciprocidad y la Ley de Extradición Pasiva de 21 de marzo de 1985,conforme al art. 13.1 de nuestra Constitución.

En la solicitud extradicional de la Fiscalía General de la República de Tayikistán se hace expreso ofrecimiento del principio de reciprocidad como fuente para la demanda presentada vía diplomática.

En nuestro ordenamiento jurídico en materia de extradición pasiva, la reciprocidad es una fuente subsidiaria del Derecho extradicional, es decir, no existiendo Tratado, la reciprocidad está subordinada al Derecho positivo español, aquí la LEP, en cuya Exposición de Motivos se dice que:

"La presente Ley mantiene el mismo sistema y principio cardinal de la anterior, en cuanto que la extradición, como acto de soberanía en relación con otros Estados, es función del Poder Ejecutivo, bajo el imperio de la Constitución y de la Ley, sin perjuicio de su aspecto técnico penal y procesal que han de resolver los Tribunales en cada caso con la intervención del Ministerio Fiscal.

En todo caso y por la misma razón de no existir Tratado vinculante, se declara siempre potestativa la concesión de la extradición, artículo segundo, con la que España, a la vista de las circunstancias concurrentes, podrá decidir con libertad cada demanda de extradición.

Cuarta. Se establece la facultad del Gobierno de no proceder a la extradición, aun habiéndola considerado procedente el Tribunal en base al principio de reciprocidad, soberanía, seguridad, orden público y demás intereses de España. Con ello se siguen los sistemas francés e italiano en los que la decisión favorable a la extradición no es obligatoria, si bien se precisan los criterios de esta última decisión del Gobierno tal y como establece la legislación suiza.

Ello es lógico, y en ningún caso implicará incumplimiento de resoluciones judiciales, habida cuenta del distinto campo y finalidad en que actúan y persiguen los Tribunales y el Gobierno; técnico y sobre todo tutelar del derecho a la libertad los primeros y políticos, esencialmente el segundo. Otra cosa sería que, denegada la extradición por el Tribunal, pudiera el Gobierno decretar la entrega".

Por consiguiente, podemos decir que en el ámbito propio de la reciprocidad al suplir la inexistencia de Tratado, no puede suponer infracción de normas coactivas del Estado Español, ni de la legislación interna de nuestro Estado; pero tampoco a la luz de la nuestra Constitución ( art. 13.3 CE), su redacción hace que no nos encontremos con una fuente supletoria cuando hay Tratado, sino informadora y complementadora bien de un Tratado o en su defecto, de nuestra legislación interna aplicable, y de ello en una fiel trasposición de dicho carácter informador, se encuentra el art. 1 de la LEP de 1985 que dice lo siguiente:

"Artículo 1

Las condiciones, los procedimientos y los efectos de la extradición pasiva se regirán por la presente Ley, excepto en lo expresamente previsto en los Tratados en los que España sea parte.

En todo caso, la extradición sólo se concederá atendiendo al principio de reciprocidad. El Gobierno podrá exigir una garantía de reciprocidad al Estado requirente".

Nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que no estableciendo el art. 13.3 de la C.E. derechos susceptibles de ser objeto de protección directa a través del recurso de amparo, la decisión de en qué grado haya de atenderse a la reciprocidad en la decisión de entrega, es una cuestión que cae del lado de la legalidad ordinaria, la cual, por tanto, y salvo que la desatención de la reciprocidad comprometa la salvaguarda de derechos fundamentales del reclamado, o bien que su aplicación venga presidida por una motivación manifestando irrazonable o de todo punto arbitraria, queda extramuros de la competencia de dicho Tribunal. Es decir, que si no es desde concretas vulneraciones de derechos, la vinculación de la reciprocidad con los derechos fundamentales podría tener sentido desde una perspectiva genérica; es decir, no atendiendo a la situación del caso concreto, sino a una comparación entre los sistemas jurídicos y el respeto general a los derechos fundamentales en el Estado requirente. A esta perspectiva de la reciprocidad vendría a referirse la STC 87/2000, de 23 de julio, cuando pone de manifestó que "la existencia del Tratado constituye al menos un indicio de la mínima homogeneidad constitucional y jurídico-penal necesaria a efectos de despejar los posibles recelos de desigualdad que en enjuiciamiento bajo las leyes de otro Estado puede suscitar". (FJ 5). Esta noción permitiría asignar un ámbito de aplicación autónomo a la reciprocidad como mecanismo de tutela de derechos fundamentales frente a la doctrina de la vulneración indirecta, de modo que mientras ésta -como después se expondrá- exige la existencia de una lesión cierta o de un riesgo de lesión concreto (y dirigido concretamente al recurrente), el juego de la reciprocidad permitiría rechazar la entrega ante supuestos de manifiestas desigualdades genéricas en la protección de los derechos en el Estado requirente, lo cual obliga como así se establece en la presente resolución, a impetrar a Tailandia unas garantías previas en cuanto a la ejecución de la pena que pueda ser impuesta al reclamado, pues no es prudente, ni internacionalmente exigible una homogenización en cuanto a cuestiones de organización judicial, cuya estructura depende de la voluntad soberana del Estado requirente.

Dada la ausencia de tratado la reclamación queda remitida a la LEP ( Ley 4/1985, art. 1). Supuesto que reclama del tribunal de la extradición una verificación rigurosa de los requerimientos de carácter jurídico constitucional que impone el principio de reciprocidad. Y ello porque el convenio es un indicio de reciprocidad, de reconocimiento entre los Estados, que aquí no concurre. La reciprocidad supone una equivalencia de tratamiento entre ambos sistemas jurídico-políticos en el respeto y protección de los derechos humanos básicos reconocidos por la legalidad internacional, lo que puede inferirse de la Constitución y de la legalidad del otro Estado, es decir de su propio ordenamiento jurídico, así como de las prácticas del sistema policial, judicial y penitenciario, contenido de lo que se conoce estrictamente como reciprocidad jurídica y que debe examinar el tribunal. Al ámbito de la denominada reciprocidad política que corresponde al Gobierno se confía el análisis de la conducta internacional del Estado, de la repetición de actos que evidencien una pauta de comportamiento. La reciprocidad, cuando se reconoce, significa un pacto o compromiso de comportarse de la misma manera, una expectativa de igual o equivalente trato, en casos idénticos desde el punto de vista objetivo y subjetivo. La constitucionalización de la extradición en nuestro ordenamiento ( art. 13. 3) de la Constitución) tiene consecuencias en la interpretación de los requisitos de la entrega, pues la reciprocidad ya no puede entenderse como un mecanismo de relación entre Estados igualmente soberanos que pactan y ajustan sus comportamientos según la conducta del otro. Por otro lado, aunque el Estado reclamante no haya suscrito todos los tratados de derechos humanos, los grandes pactos de derecho internacional, como es el caso, este somete a todos los Estados porque es un medio de protección universal de los derechos y libertades fundamentales. Por ello, la reciprocidad entra en juego en el marco del principio de legalidad, pues tiene una función correctora, es un requisito adicional, que deviene una técnica de limitación de la extradición cuando formalmente parezca conforme a derecho.

Sentado lo anterior y vista la documentación remitida por las autoridades tailandesas no cabe denegar la extradición por falta de reciprocidad. Además del expreso ofrecimiento vía diplomática, la Fiscalía Penal de Tailandia señala en su solicitud que la extradición se pide para el enjuiciamiento ante el Tribunal Provincial de Pattaya por delitos tipificados en la Ley de Prevención y Represión de la Trata de Personas, la Ley de Prevención y Represión de la prostitución y el C. Penal, no guardando relación con delito tipificado en la ley militar o delito político.

En efecto, como expuso la doctrina del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el auto núm. 33/2017, de 25 de julio, "mientras que la reciprocidad política, basada en los casos precedentes, corresponde valorarla al Consejo de Ministros, este Tribunal debe examinarla en su vertiente jurídica, esto es, sí la legislación del Estado requirente en un caso análogo permitiría la entrega de una nacional". Y es que el principio de reciprocidad se desdobla en dos planos distintos, uno referido a la actuación judicial (reciprocidad jurídica) y otro reservado al Gobierno (reciprocidad política), correspondiendo al primero el examen de los aspectos técnicos y de tutela de derechos fundamentales y garantías aplicables al caso, mientras que el segundo se ocupa esencialmente del aspecto político con la discrecionalidad que ello conlleva, y así se traslada al articulado de la Ley de Extradición Pasiva (art. 1.2) que se refiere al principio de reciprocidad cuando señala: "En todo caso la extradición sólo se concederá atendiendo al principio de reciprocidad...", y en su artículo 6.2 de la misma Ley dispone: "La resolución del Tribunal declarando procedente la extradición no será vinculante para el Gobierno, que podrá denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público o demás intereses esenciales para España. Contra lo acordado por el Gobierno no cabrá recurso alguno". Asimismo, el Tribunal Constitucional ( STC 87/2000, de 27 de marzo) deja la puerta abierta para distinguir la reciprocidad política, que se sustenta en un acto de soberanía propio del poder ejecutivo (fase gubernativa) de aquella reciprocidad jurídica, que se encuentra determinada en una norma, y por ello, pasa a formar parte del derecho extradicional que puede y debe ser aplicado por el Juez de la extradición, y por ello la ausencia de reciprocidad basada en el estricto principio de legalidad es de obligado cumplimiento para esta Sala, y ello al margen de lo que se ha denominado reciprocidad política, propia del ámbito gubernativo ( SSTC 181/2004, de 2 de noviembre, y 292/2005, de 10 de noviembre)".

SEGUNDO.-No se ha cuestionado la identidad de la persona reclamada, tratándose de Joaquín, nacional de la República de Tayiskistán, tal y como ha venido reconociendo desde su detención y de manera expresa en la vista de extradición.

TERCERO.-Se han cumplido los requisitos documentales que establece el art. 7.1. a), b) y c) de la LEP, vistos los documentos que vía diplomática se han remitido junto a la solicitud extradiconal, y que se han especificado en el antecedente tercero de este auto.

La defensa alega que la Fiscalía de Tayiskistán no acompaña la documentación (contratos, facturas, etc.) que acreditarían los hechos objeto de la reclamación y más específicamente, los elementos que configurarían el delito de estafa. Tal alegación debe ser rechazada, como lo fueron en el acto de la vista las preguntas referidas al fondo de los hechos, ya que ello queda fuera del ámbito del procedimiento extradicional.

El Pleno de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional así lo ha considerado de manera retirada. Así en el auto 105/2024, de 13 de diciembre, con cita del auto nº 33/2023, de 19 de mayo, señala:

"Como puntualizan, entre otras, las S.T.C. 82/2006 y 83/2006 ambas de 13 de marzo, la extradición pasiva constituye un procedimiento en el que se decide acerca de la procedencia o no de la entrega de un ciudadano solicitada por dicho Estado en su demanda de extradición, sin que se formule pronunciamiento alguno acerca da la hipotética culpabilidad o inocencia del sujeto reclamado, sino que se verifica el cumplimiento de los requisitos y garantías previstos en las normas para acordar la entrega del sujeto afectado (glosan otras anteriores, SSTC 277/1997, de 16 de julio; 141/1998, de 29 de junio; 1567"002, de 23 de julio). En parecida línea S.T.C. 292/2005 de 10 de noviembre. Igualmente, ATC 412/2004 de 2 de noviembre, que indica que, por la especial naturaleza que ya ha quedado apuntada, quedan excluidos del contexto del proceso extradicional derechos tan elementales como pueda ser la presunción de inocencia.

También el A.T.C. 138/2001 de 1 de junio, citando la SSTC 134/2000, indica que en el proceso en vía judicial de la extradición no se decide acerca de la hipotética culpabilidad o inocencia del sujeto reclamado, ni se realiza un pronunciamiento condenatorio, sino simplemente se verifica el cumplimiento de los requisitos y garantías previstos en las normas para acordar la entrega del sujeto afectado, de manera que no cabe alegar en el mismo insuficiencia del materia probatorio aportado para acreditar la participación del reclamado en el delito por el que se pide su extradición.

De análogo tenor, STC 102/1997 de 20 de mayo, que indica que el procedimiento que nos ocupa tiene limitada su naturaleza a la de ser un simple acto de auxilio judicial internacional (en la expresión empleada por el ATC 363/1985), y que sólo tiene por misión la comprobación de las condiciones específicamente recogidas en las leyes y convenios que la regulan ( ATC 558/1985) y que, no estando dirigido a la sanción penal de conducta alguna, sino sólo a hacer posible el proceso penal propiamente dicho, ello comporta que queden fuera de su ámbito derechos tan elementales como pueda ser la presunción de inocencia ( ATC 103/1987) o la interdicción del bis in idem ( ATC 263/1989), por referirse ambas garantías justamente al fondo del juicio penal a desarrollar en el Estado requirente.

En similares términos, ATC 23/1997 de 27 de enero, y A.T.C. 274/1987 de 4 de marzo, que se especificó también que la valoración de los hechos, su subsunción en uno u otro tipo penal y la determinación de la participación delictiva, son materias que corresponden al órgano judicial que los enjuicia, no al órgano que sólo ha de velar por el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos para la concesión de la extradición y, en consecuencia, no cabe apreciar vulneración de la presunción de inocencia cuando no se ha efectuado pronunciamiento alguno relativo a inocencia o culpabilidad".

CUARTO.-Concurren los principios de doble incriminación y mínimo punitivo del art. 2 de la LEP.

Los hechos objeto de la reclamación extradicional integrarían delito de fraude en una escala especialmente grave, previsto en el art. 247. 4 b) del Código Penal de la República de Tayikistán, cuya penalidad es multa de mil cuatrocientos sesenta a dos mil ciento noventa indicadores de cálculo, o con la privación de la libertad por un periodo de ocho a doce años, con la privación del derecho a ocupar determinados cargos o a realizar determinadas actividades por un periodo de hasta cinco años, o sin esta privación, tal y como consta en la transcripción solicitada de oficio por este Tribunal al amparo del art. 13 de la LEP, ya que por error, en la documentación extradicional figuraba la transcripción del art. 244 que tipifica el robo/hurto, siendo así que la acusación se formuló por delito tipificado en el art. 247, parte 4, subapatado b) del Código penal.

Conforme a nuestro Código Penal, los hechos descritos por las autoridades del Estado requirente son claramente incardinables en el delito de estafa, previsto en los arts. 248 y 250. 1. 5º, cuya pena es la de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, dado que la defraudación asciende a 251.865 euros.

La defensa niega el carácter delictivo de los hechos para reducirlos a un simple incumplimiento contractual, al entender que no se describe el engaño causal como elementos del tipo de la estafa, alegación que debe rechazarse reproduciendo aquí lo anteriormente señalado en relación a la naturaleza y objeto del procedimiento de extradición. Este tribunal no puede pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del reclamado, sino que debe limitarse a controlar que los "hechos", tal y como se dicen en la documentación, constituyen delito en ambos Estados. Tanto de la resolución de apertura de causa penal de 15 de octubre de 2024, como en el escrito de acusación, aparece nítidamente al engaño y el desplazamiento patrimonial: "En septiembre de 2020, mediante engaño y abusando de la confianza de...", "nuevamente con la intención de apropiarse de una gran cantidad de dinero mediante fraude... engañado y confiado en las falsas promesas...", "... Joaquín se apropió de los fondos y los utilizó para sus propias necesidades y no para enviar los productos". Nos encontramos ante un negocio jurídico criminalizado no ante un incumplimiento contractual, ya que se describe un engaño ya inicial, determinante de las sucesivas entregas de dinero de las que se apropia el reclamado.

QUINTO.-Los hechos/delito son de naturaleza común, no se advierte motivación espuria en la reclamación, no han prescrito atendido la fecha de la última disposición, y es incuestionable la jurisdicción de las autoridades de Tayikistán.

SEXTO.-Aun cuando en el escrito del art. 13 y en la vista la defensa postula la solicitud de garantías diplomáticas, por escrito y que se declaran suficientes antes de la materialización de la entrega, el Fiscal General de la República de Tayikistán al formular la solicitud extradicional garantiza que el reclamado Joaquín, gozará de todos los derechos de protección, así como de asistencia letrada y no será sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que con la solicitud no se persiguen objetivos políticos y su objeto no es procesar al reclamado por motivos raciales, religiosos, nacionales o políticos, estando asimismo garantizado el principio de especialidad. Además, ofrece remitir a las autoridades españolas la sentencia que pudiera recaer y garantiza que en caso de ser extraditado el acusado será recluido en una prisión que cumpla todas las condiciones internacionales.

Tales garantías previas hacen innecesario supeditar la entrega a la prestación de garantías como pretende la defensa, que se limita a una alegación genérica de no respeto de los derechos humanos, sin aportar base alguna.

Por último, precisar que, si bien en la solicitud se contiene una garantía sobre la pena capital, al delito del que el reclamado está acusado tiene prevista una pena privativa de libertad de ocho a doce años.

SÉPTIMO.-El arraigo que aduce la defensa es inexistente ya que únicamente tiene permiso de residencia temporal y autorización de residencia inicial para teletrabajadores de carácter internacional de 27 de octubre de 2025, siendo además que el arraigo no se contempla como causa de denegación por la LEP.

OCTAVO.-Habiendo solicitado asilo en España, la materialización de la entrega quedaría suspendida hasta la resolución firme administrativa correspondiente, conforme al art. 19.2 de la Ley 12/2009.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,