Auto Penal 124/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 85/2024 de 19 de febrero del 2025

PRIMERO. - Normativa aplicable: entre el Reino de España y-Albania : Convenio Europeo de Extradición de 13/12/1957 (en adelante Convenio) y protocolos adicionales y el Acuerdo entre la República de Albania y el Reino de España», como Suplemento al Convenio Europeo de Extradición de 1957, ratificado por ley número 17 / 22 de 17 de febrero de 2022 que entró en vigor el 16 de marzo de 2022 y - Ley de Extradición Pasiva de 21 de marzo de 1985.

SEGUNDO.-Identidad del reclamado. No existe debate sobre la identidad de la persona objeto de la reclamación extradición, su identidad está plenamente acreditada correspondiendo al ahora compareciente.

TERCERO.-Cumplimiento de las formalidades. Concurren las previsiones del Tratado de Extradicion entre la República de Albania y España, en la orden emitida por las autoridades albanesas con respecto a la oportuna documentación extradicional. Concurren los requisitos formales del Tratado, remisión de la sentencia condenatoria en la que se expresa la descripción de las circunstancias en las que se comete el delito y el grado de participación del recurrente, y la condena privativa de libertad impuesta de cinco años de prisión, asi como los textos legales aplicables. .

CUARTO.-Principio de doble incriminación y mínimo punitivo.

El reclamado Candido ha sido condenado en sentencia de fecha 17 de febrero de 2020, dictada en ausencia por el Tribunal de Primera Instancia de Tirana (Albania) a la pena de 5 años de prisión por los siguientes hechos: El reclamado desempeñaba su trabajo como Director General de la empresa Ireti Spa" sucursal en Albania, para lo que le otorgaron derechos de representación definidos a fin de que realizase actuaciones en interés y beneficio del sujeto obligado Iren Acqua e Gas S.p.A, sucursal de Sociedad Extranjera, disponiendo de amplios poderes para la gestión de la actividad del sujeto obligado, pudiendo realizar pagos y obligaciones de la Sociedad frente a terceros, teniendo derecho al movimiento de determinadas cantidad en euros y leks de la cuenta corriente de la mercantil, para lo que se le facilitó una tarjeta de crédito personalizada.

Entre los meses de junio a agosto de 2012, el reclamado, abusando de su cargo, usó la referida tarjeta de crédito de la mercantil para realizar un gran número de pagos- transferencias en euros a favor de empresas de apuestas online, retiró en múltiples ocasiones la cantidad de 1000€ en efectivo de la cuenta corriente y efectuó pagos que no guardaban relación alguna con las actividades de la sociedad. En definitiva, sustrajo valores monetarios de la mercantil por importe de 269.345€ que utilizó para sus intereses personales.

Concurren los requisitos previstos en el art 2 de la Ley de extradición Pasiva, de doble incriminación y mínimo punitivo ( art. 2 del Tratado, pena privativa superior a un año), al tratarse de una infracción penal común, como lo es el delito de robo con abuso de autoridad / según nuestro código penal apropiación indebida por el que ha sido condenado el reclamado a la pena de 5 años de prisión.

Concurre el principio de doble incriminación dado que los hechos constituyen los un delito de robo con abuso de autoridad, previsto y penado en el artículo 135 del Código Penal de Albania; y en la legislación española son constitutivos de un delito de apropiación indebida agravada prevista en el artículo 252, en relación con el artículo 250, 1, 5o del Código Penal y castigado con pena de prisión de 1 a 6 años.

QUINTO.-Prescripción. No concurre causa de prescripción o cosa juzgada, que determinaran la denegación de la entrega.

SEXTO.- No concurren causas extintivas de la responsabilidad penal, ni tampoco se alegan.

SEPTIMO.- Se observa el principio de especialidad, por lo que se determinará la prohibición de persecución por hechos distintos de los que motivaron la solicitud de extradición art 21 de la LEP.

El Estado requerido no tiene jurisdicción para el enjuiciamiento de los delitos por el que se pide la extradición, puesto que se ha cometido en Albania con lo que en virtud del principio de territorialidad corresponde su enjuiciamiento al estado requirente. No consta que en España se haya seguido investigación alguna o juicio por los mismos hechos.

OCTAVO.- 1-El reclamado se opone a su entrega, según ha expresado ante este Tribunal en el día de hoy en base a los siguientes argumentos: 1- Vulneración de los derechos fundamentales.Alega de que se remita por parte de la República de Albania todo el procedimiento judicial (desde la fase de investigación) seguido contra mi mandante, así como la normativa procesal de aplicación respecto a la citación del investigado y acusado en un procedimiento penal no solo es que se hubiese celebrado un juicio en ausencia (sino que nos encontramos ante un procedimiento que se realizado en su totalidad en ausencia de y que jamás ha conocido por el mismo;

En este sentido, esa Ilma. Sala podrá comprobar que solamente se han enviado determinadas resoluciones con las que no se puede conocer que mi representado jamás ha sido notificado sobre la existencia de un procedimiento penal contra él, y en el que por supuesto nunca ha participado. En ningún momento.

El intento de notificación al reclamado se llevó a cabo considerando al Sr. Candido residente en Albania cuando se incoó el procedimiento penal, motivo por el cual jamás fue notificado de su condición de investigado, de acusado o de condenado. Así en la págs. 11 y 12 del f 65 del rollo de sala se expresa en la sentencia del Tribunal del Distrito Judicial de Tirana de 17 de febrero de 2020 cuanto sigue: "En el marco de este procedimiento, el tribunal de primera instancia de Tirana ha determinado en rebeldía la medida de seguridad de "arresto en prisión", medida que no ha sido ejecutada, por lo que el mismo tribunal ha decidido también declarar su fuga y nombrarle un abogado de oficio, a través del cual también se ha llevado a cabo el procedimiento para anunciar el fin de las investigaciones.

El juzgado, tras comprobar que en los actos del procedimiento penal, las diligencias de investigación para el imputado Candido se practicaron en rebeldía, con la medida de seguridad de "arresto en prisión", ordenó que su notificación se llevara a cabo a través de la Dirección Local de Tirana, así como su notificación mediante anuncio público según la dirección que el órgano fiscal ha puesto a su disposición.

Al no ser posible su localización y notificación por los órganos policiales mencionados, el Tribunal, con base en el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal el 10.10.2018, decidió suspender el juicio de la causa por el plazo de un año, ordenando su búsqueda a través de la Dirección General de la Policía Estatal de Tirana, a efectos de la notificación al acusado Candido, durante dicho plazo de un año, ya que este ciudadano, aun siendo extranjero, había declarado su domicilio como lugar de residencia, en Albania."

Por ello y siguiendo la redacción del artículo 143 c) del Código Procesal Albanés, la notificación será nula cuando no se haya realizado el aviso al imputado en libertad, en este caso un extranjero, debiendo realizarse según dispone el art. 142 y no el art. 140 o 141 de dicha normativa. Es decir, el reclamado fue investigado sin haber sido nunca notificado para ir a declarar; por el que fue acusado sin presentar el correspondiente escrito de defensa; por el fue condenado sin poder asistir al acto de juicio y finalmente por el que nunca pudo recurrir dicha sentencia al no haberle sido notificada, es nulo en origen, no pudiéndose avalar en este procedimiento extradiciones so pena de vulnerar gravemente el art. 6 CEDH si procede a su entrega en consonancia con lo allí realizado. Es evidente que no sería posible una condena en tales condiciones en ningún país que respetase mínimamente el derecho a la presunción de inocencia.

Alega se requiera a las autoridades albanesas para que remitan los artículos de su normativa procesal en materia penal por lo que respecta a la notificación de la persona investigada, por un lado, así como a la persona acusada de cara a su asistencia en el juicio oral. Toda esta normativa ha sido obviada en el envío de la documentación, que solo se ha ceñido a la calificación jurídica de la conducta y a la prescripción del delito y de la pena.

-Como segundo argumento para su oposición a la entrega, estima que el reclamado tiene una complicada salud, con un cuadro diagnosticado de tromboembolismo pulmonar y de hipertensión arterial, por la que está sometido a un intenso control.

-Por último opone como motivo de su no entrega el estado actual del de los presos en las cárceles albanesas y la falta de las garantías procesales del sistema judicial albanés; así aporta informes emitidos por distintas instituciones internacionales, en los que se reconoce el trato inhumano y degradante a los que se encuentran sometidos los presos en las prisiones albanesas; así como a los malos tratos que reciben por parte de las autoridades policiales. En particular, el Resumen Ejecutivo emitido por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (en adelante, "CPT") en el año 2024 tras su visita en el mes de mayo de 2023 a las cárceles albanesas, describe las condiciones extremadamente malas en las que conviven los presos (grave hacinamiento, acceso muy limitado a luz natural, escasa ventilación en las celdas, paredes húmedas, etc.), lo cual, citamos textualmente el contenido del propio informe, "podrían considerarse constitutivas de trato inhumano y degradante".A estos efectos se acompaña como DOCUMENTO núm. 2, Resumen Ejecutivo emitido en el año 2024 por el CPT en su versión original, y como DOCUMENTO núm. 2 bis, su traducción en español..

2- El Ministerio fiscal se opuso a todos y cada uno de los argumentos estimando que concurrían todos los requisitos necesarios para proceder a la entrega del extraditurus.

NOVENO.- 1- Respecto del primer motivo de oposición fundamentado en la falta de conocimiento y notificación del procedimiento del que dimana la sentencia firme cuyo cumplimiento se solicita al Estado requerido, y la celebración del juicio en ausencia, lo que implicaría la vulneración de derechos fundamentales en el ámbito de la tutela judicial efectiva en la vertiente del derecho de defensa,no puede ser estimado.

Con carácter previo debemos reseñar, respecto de los juicios en ausencia o en rebeldía, que en el artículo 2 LEP, y el artículo 3.1 del CEEx, modificado por el Segundo Protocolo Adicional hecho en Estrasburgo el 17 de marzo de 1978, ( ratificado por Albania el 19 de mayo de 1998, con entrada en vigor el 17 de agosto de 2004; y por España, ratificado el 11 de marzo de 1985, con entrada en vigor el 9 de junio de 1985) dispone: "Cuando una Parte Contratante pida a otra Parte Contratante la extradición de una persona con el fin de ejecutar una pena o una medida de seguridad impuesta en virtud de una resolución dictada contra ella en rebeldía, la Parte requerida podrá denegar dicha extradición si, en su opinión, el proceso que dio lugar a la sentencia no respetó los derechos mínimos de defensa reconocidos a cualquier persona acusada de un delito. No obstante, se concederá la extradición si la Parte requirente diese la seguridad que se estimare suficiente para garantizar a la persona cuya extradición se solicita el derecho a un nuevo proceso que salvaguarde los derechos de la defensa. Esta decisión autorizará a la Parte requirente bien a ejecutar la sentencia de que se trate, si el condenado no se opusiere a ello, bien en caso contrario a proceder contra la persona objeto de extradición". Este precepto se encuentra vinculado al derecho de toda persona a un proceso justo y al pleno ejercicio del derecho de defensa cumpliendo así los estándares del artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Por su parte el artículo 2 párrafo tercero de la LEP "si la solicitud de extradición se basa en sentencia dictada en rebeldía del reclamado, en la que éste haya sido condenado a pena que, con arreglo a la legislación española, no puede ser impuesta a quien no haya estado presente en el juicio oral, se concederá la extradición condicionándola a que la representación diplomática en España del país requirente, en el plazo que se le exija, ofrezca garantías suficientes de que el reclamado será sometido a nuevo juicio en el que deberá estar presente y debidamente defendido".

En el caso que nos ocupa el juicio fue celebrado en ausencia y así se infiere de la documentación extradiciones que la Republica de Albania ha aportado, la defensa del reclamado sostiene que desde el inicio del procedimiento el mismo no ha tenido conocimiento de dicho procedimiento, y alega que se ha vulnerado toda la normativa referida a la citación del extranjero a juicio para lo que aporta la normativa al respecto; entiende que la redacción del artículo 143 c) del Código Procesal Albanés, conduce a la nulidad de la notificación cuando no se haya realizado el aviso al imputado en libertad, en este caso un extranjero, debiendo realizarse según dispone el art. 142 y no el art. 140 o 141 de dicha normativa. La defensa del reclamado ha aportado tales artículos en toda la extensa documentación que en la comparecencia facilitó al Tribunal, sin embargo este Tribunal entiende que la interpretación de toda la normativa procesal respecto de la citación a juicio a un investigado o acusado, así como su presencia durante la investigación penal, a los efectos de poder defenderse, propia de la legislación del Estado requirente, no puede ser interpretada conforme a los parámetros constitucionales de nuestra legislación, sino que deberá ser opuesta ante el Tribunal ante el que se dictó la sentencia.

La actuación de los órganos judiciales españoles como garantes de que los derechos fundamentales del reclamado en el estado reclamante, ha sido objeto de pronunciamiento reiterado por el Tribunal Constitucional y el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional siguiendo su doctrina en Autos ROJ: AAN 1437/2018 de 08.06.18; ROJ: AAN 713/2019 y ROJ: AAN 1735/2019 de 11.02.2019, y AAN 18/2022 de 21 de febrero de 2022 (por todos).

Así, la STC de 13 de septiembre de 2004 señala, siguiendo lo sentado en la STC 32/2003 de 5 de marzo, que "el procedimiento de extradición ... exige una cuidadosa labor de verificación por el órgano judicial en relación con las circunstancias alegadas por el reclamado, con el fin de evitar que, en caso de accederse a la extradición, se pudiera convertir en autor de una lesión contra los derechos del extraditado, bien porque hubiera contribuido a que la lesión de un derecho ya acaecida en el extranjero no fuera restablecida, o a que no se impidiera que de la misma se derivaran consecuencias perjudiciales para el reclamado, bien porque, existiendo un temor racional y fundado de que tales lesiones se produzcan en el futuro, éstas resulten favorecidas por la actuación de los órganos judiciales españoles al no haberlas evitado con los medios de que, mientras el reclamado se encuentra sometido a su jurisdicción, disponen, de modo que la actuación del Juez español produzca un riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado ( SSTC 13/1994, de 17 de enero , FJ 4, 141/1998, de 29 de junio, FJ 1 , y 91/2000, de 30 de marzo , FJ 6) ( ...)". Tal jurisprudencia hay que cohonestarla con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en Sentencia 132/2020, de 23 de septiembre de 2020 sobre reclamación en extradición de personas condenadas en juicios celebrados en su ausencia, que señala que " (...) la jurisprudencia de este tribunal sobre la eventual constitucionalidad de la entrega a un tercer país a efectos de cumplimiento de una pena impuesta en un juicio celebrado en ausencia y, por lo que respecta únicamente a la exigencia de conocimiento y emplazamiento del condenado, puede concretarse en los siguientes aspectos relevantes: (i) la regla general desde la perspectiva del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE) es que las personas condenadas en ausencia tienen derecho a que un tribunal se pronuncie de nuevo sobre el fondo del asunto tras ser oídas; (ii) sólo por vía de excepción se reconoce que no será necesario garantizar ese derecho de revisión cuando se constate que la persona condenada ha sido debidamente emplazada y ha decidido libremente renunciar a su presencia en el juicio, siempre que cuente durante el mismo con la asistencia de abogado para la defensa de sus intereses; (iii) el debido emplazamiento exige que el acusado, con la suficiente antelación, haya sido informado en persona de la fecha y el lugar del juicio o pueda establecerse por otros medios que sin lugar a dudas ha tenido un conocimiento efectivo de esos aspectos; y (iv) la renuncia a estar presente en el acto de juicio debe de constar de manera inequívoca mediante una expresión de voluntad expresa o tácita (...)".

En el caso que nos ocupa de la documentación extradicional , pág. 11 y ss sentencia del Tribunal de Tirana, se infiere, porque así lo expresa la sentencia, que el juicio fue celebrado en ausencia y que fue designada abogada para su defensa, dice la sentencia, y todo ello al amparo del art 352.1 y 2 del Código procesal, cuyo contenido lo ha facilitado la defensa del reclamado, en el que se expresa: "1. Cuando el acusado se encuentre en libertad, a pesar de todos los registros, según Artículos 140 -142 de este Código, no comparece a la audiencia y da lugar a que no recibió personalmente la notificación del juicio, el tribunal decide lo suspende y ordena a la policía judicial continuar la búsqueda del acusado. Después de un año desde la fecha de suspensión del juicio, así como en cualquier momento en que exista información sobre el paradero del acusado, el tribunal reanuda el juicio, ordenando la repetición de la notificación. Cuando aún después de la investigación realizada recientemente no se encuentra al acusado, el tribunal declara la ausencia. En este el juicio se desarrolla en presencia del abogado defensor.

2. Cuando se pruebe que el acusado se encuentra prófugo, el tribunal declara ausencia. En este caso, el juicio se lleva a cabo en presencia de defensores".

Y así la aplicación de tal artículo es recogida por la sentencia , que expresa : "En el marco de este procedimiento, el tribunal de primera instancia de Tirana ha determinado en rebeldía la medida de seguridad de "arresto en prisión", medida que no ha sido ejecutada, por lo que el mismo tribunal ha decidido también declarar su fuga y nombrarle un abogado de oficio, a través del cual también se ha llevado a cabo el procedimiento para anunciar el fin de las investigaciones.

El juzgado, tras comprobar que en los actos del procedimiento penal, las diligencias de investigación para el imputado Candido se practicaron en rebeldía, con la medida de seguridad de "arresto en prisión", ordenó que su notificación se llevara a cabo a través de la Dirección Local de Tirana, así como su notificación mediante anuncio público según la dirección que el órgano fiscal ha puesto a su disposición.

Al no ser posible su localización y notificación por los órganos policiales mencionados, el Tribunal, con base en el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal el 10.10.2018 , decidió suspender el juicio de la causa por el plazo de un año, ordenando su búsqueda a través de la Dirección General de la Policía Estatal de Tirana, a efectos de la notificación al acusado Candido, durante dicho plazo de un año, ya que este ciudadano, aun siendo extranjero, había declarado su domicilio como lugar de residencia, en Albania.

Dado que durante este período de un año de suspensión de la causa, para el acusado Candido, no fue posible encontrarlo y notificarlo, el Tribunal ordenó nuevamente su buŽsqueda y notificación a través de la Dirección Local de Tirana, así como la notificación por anuncio público de acuerdo con la dirección que el tribunal dictaminó y de acuerdo con las respuestas de las comisarías de policía de esta dirección, nuevamente no fue posible encontrarlo y notificarlo.

Por todo lo anterior, dado que el acusado se esconde de la justicia, el Tribunal, basándose en el artículo 352 parr.2 del Código Penal , continuó el juicio en ausencia del acusado Candido, nombrando como letrada a la abogada Nevila Pushi, miembro del Colegio de Abogados de Tirana."

Por lo expuesto este Tribunal no puede a entrar a valorar las alegaciones que la defensa del reclamado expuesto en su escrito, y que fue ratificado en el acto de la vista, pero si constatar la celebración del juicio en ausencia con la asistencia de abogado para su defensa por designación expresa del Tribunal, al amparo de su regulación procesal sobre el juicio en ausencia, y que por ello la entrega , que entiende procede, deberá quedar condicionada en fase judicial de la extradición, en línea con los razonamientos expuestos en la presente resolución, a la prestación por las autoridades competentes del estado requirente, en el plazo de dos meses desde que la comunicación de la condición tenga entrada en la Embajada de Albania en España, de GARANTÍAS de que el requerido tendrá derecho a la celebración de un nuevo juicio para el que será informado con antelación suficiente acerca de su fecha y lugar de celebración, en persona o de modo que pueda establecerse por otros medios que sin lugar a dudas ha tenido un conocimiento efectivo de esos aspectos y que tendrá la posibilidad de asistir al mismo y de designar, si así lo estima procedente, letrado de su libre elección.

2- El segundo motivo de oposición lo fundamenta el recurrente en el precario estado de salud del reclamado,para lo que aporta documentación médica que acreditaría entre otras, un cuadro diagnosticado de tromboembolismo pulmonar y de hipertensión arterial, así como el correspondiente control médico por el servicio de cardiología y la prescripción de pruebas por ello, entre las que se encuentra la futura implantación de un marca pasos, según documentación medica que ha aportado el día de hoy..

Sin embargo la precaria salud del reclamado, a pesar de su importancia, no se erige en motivo o causa de denegación de la extradición; ninguna documentación de las examinada por este Tribunal es concluyente de una patología que exija una atención medica hospitalaria diaria y continua en este momento, basta ver que la posible implantación de un marcapasos según el hospital Can Misses de Islas Baleares, no está prevista con fecha en este momento, sin perjuicio de que si la salud se viera quebrantada en el momento de materializar al entrega, hasta el punto de que requiriera soporte o asistencia vital en ese tiempo vinculada a la dolencia cardíaca, se adoptarían la medidas oportunas entre las que se incluye la suspensión de la ejecución de la entrega, hasta su recuperación.

3- El tercer motivo de oposición hace referencia a la precariedad de las prisiones en Albania, y el trato inhumano y degradante al que se encuentran sometidos los presos en las prisiones albanesas; así como a los malos tratos que reciben por parte de las autoridades policiales.Aporta en particular el Resumen Ejecutivo emitido por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (en adelante, "CPT") en el año 2024 tras su visita en el mes de mayo de 2023 a las cárceles albanesas, en las que constata tal situación.

Este motivo tampoco puede ser estimado. La jurisprudencia sobre esta causa de denegación es reiterada en el sentido de no admitir las alegaciones genéricas y sin pruebas, al exigirse la aportación por el reclamado de motivos serios y fundados.

Entre los autos más recientes, en el Auto de 10 junio de 2022 (RSU 43/2022)se declaró que:

"Es preciso que el temor o riesgo aducidos contra la vida, su integridad física o a sufrir tratos inhumanos y degradantes por cualquier motivo o circunstancia, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado, no bastando alusiones o alegaciones genéricas sobre la eventual violación de los Derechos Humanos, ni su hipotética vulneración del derecho de defensa con base en el sistema jurídico penal, o de su sistema penitenciario, sino que la persona reclamada ha de efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos (STC148/2004, de 13 de septiembre).

Por lo demás, se precisa la existencia de fuentes fiables que pongan de manifiesto prácticas de las autoridades - o toleradas por éstas- manifiestamente contrarias a los principios del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así, la reciprocidad jurídica, la única que compete examinar a este Tribunal, no abarca el examen de la existencia en el Estado reclamante de los mismos niveles de respeto a los derechos humanos y de garantía formal de las libertades públicas y privadas similares a las del Estado requerido, sino que esta misión corresponde al Gobierno. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, al exponer que: "el procedimiento de extradición exige una cuidadosa labor de verificación por el órgano judicial en relación con las circunstancias alegadas por el reclamado, con el fin de evitar que, en caso de accederse a la extradición, se pudiera convertir en autor de una lesión contra los derechos del extraditado, bien porque hubiera contribuido a que la lesión de un derecho ya acaecida en el extranjero no fuera restablecida o a que no se impidiera que de la misma se derivaran consecuencias perjudiciales para el reclamado, bien porque, existiendo un temor racional y fundado de que tales lesiones se produzcan en el futuro, éstas resulten favorecidas por la actuación de los órganos judiciales españoles al no haberlas evitado con los medios de que, mientras el reclamado se encuentra sometido a su jurisdicción, disponen, de modo que la actuación del Juez español produzca un riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado"(...) "para activar este específico deber de tutela que corresponde a los órganos judiciales competentes en materia de extradición, no basta con alegar la existencia de un riesgo, sino que es preciso que 'el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado' y, ademaŽs, no bastan alusiones o alegaciones "genéricas" sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones con relación a su persona y derechos ( SSTC 181/2004, de 2 de noviembre; y 351/2006, de 11 de diciembre). La mencionada exigencia de concreción se desprende asimismo de la jurisprudencia del TEDH ( STEDH de 5 de julio de 2016. Caso Bastovoy c. Moldavia )que reitera la necesidad de detallar y concretar el riesgo de vulneración respecto de la situación una determinada prisión, cómo le afectaría personalmente al reclamado y el modo en que puede hacerlo".

Asimismo, los AAN Pleno 54/2021, de 17 de septiembre y 62/2021, de 22 de septiembre ,afirmaban que "la Sala no tiene la obligación de desarrollar una actividad encaminada a obtener datos precisos para adoptar adecuadamente su decisión cuando lo único que existe es una alegación genérica y no concretada sobre la situación del Estado de Derecho en el Estado reclamante y cuando el recurrente no ha cumplido el deber mínimo de diligencia probatoria que le es exigible".

En el presente caso, la alegación de la posible vulneración de los derechos humanos del reclamado se centra en las condiciones en las que se encuentran los presos en las cárceles de la Republica de Albania, situación constatada por el informe del CPT del año 2024, sobre las visitas giradas en el año 2023; el reclamado viene a sostener las condiciones inadecuadas en las que se encuentran los presos en algunas cárceles de Albania; no obstante sin perjuicio de ello no existe una concreción de que el reclamado vaya a sufrir tratos inhumanos o degradantes o su vida corra un peligro concreto en alguna de las prisiones a las que vaya a trasladado para el cumplimiento de la condena, por ello tales alegaciones generales centradas en una situación sistémica del país, no pueden erigirse en motivo de oposición a la entrega.

Por todo lo expuesto procede acceder a la entrega del reclamado al Estado requirente.

No apreciándose temeridad o mala fe, procede declarar de oficio las costas de la impugnación.

Por cuanto antecede,