Auto Penal 619/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 37/2025 de 20 de octubre del 2025

PRIMERO. -El procedimiento de extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos de América de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Constitución Española por:

- El Tratado de Extradición entre España y los Estados Unidos de América, firmado en Madrid el día 29 de mayo de 1970 (publicado en el BOE n.º 220, de 14 de septiembre de 1971).

- El Tratado Suplementario de Extradición entre España y los Estados Unidos de América, firmado en Madrid el 25 enero de 1975 (BOE n.º 152, de 25 de junio de 1978).

- El Segundo Tratado Suplementario de Extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, firmado en Madrid el 9 de febrero de 1988 (BOE n.º 156, de 1 de julio de 1993).

- El Tercer Tratado suplementario de extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el 12 de marzo de 1996 (BOE n.º 162, de 8 de julio de 1999).

- El Instrumento previsto en el artículo 3(2) del Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América de 25 de Junio de 2003 (en vigor desde el 1 de febrero de 2010, según Decisión 2009/933, de 30 de noviembre, del Consejo y Decisión 2009/820, de 23 de octubre, del Consejo), para la aplicación del Tratado de Extradición entre España y EEUU de 29 de mayo de 1970 y Tratados Suplementarios de Extradición de 25 de enero de 1975, 9 de febrero de 1988 y 12 de marzo de 1996, hecho ad referéndum en Madrid el 17 de diciembre de 2004 (BOE n.º 22, de 26 de enero de 2010).

- Y, subsidiariamente, por la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva.

SEGUNDO. -No existe debate acerca de la identidad de la persona objeto de reclamación extradicional.

TERCERO. -Examinaremos, en primer lugar, la concurrencia de los principios de doble incriminación y de mínimo punitivo, y así, y conforme la legislación de los Estados Unidos los hechos con constitutivos de un delito de asociación ilícita para cometer soborno relacionado con programas federales, con infracción de la Sección 371 del Título 18 del Código de los EEUU; de soborno por un agente de una organización que recibe fondos federales, con infracción de las Secciones 666 (a) 1, B y 2 del título 18 del Código de los EEUU; de estafa electrónica en infracción delas secciones 1343, 1346 y 2 del Título 18 del Código de los EEUU y de asociación ilícita para cometer blanqueo de capitales, con infracción de la Sección 1956 (h) del Título 18 del Código de los EEUU.

Y de conformidad a la legislación española los hechos son constitutivos de un delito de cohecho, previsto y penado en el art. 419 del Código Penal, un delito de estafa por cooperación necesaria de los arts. 248 del mismo texto legal, así como de un delito de blanqueo de capitales del art. 301, 1º y 302 del C. Penal.

Respecto del delito de fraude electrónico, del que la defensa alega no concurrir el requisito de la doble incriminación, el mismo requiere, conforme a la documentación aportada, que se acredite: (1) que el acusado ideó o participó conscientemente en un plan para defraudar a las Naciones Unidas (ONU), a través del soborno, de su derecho a los servicios honestos de Felix; (2) que el acusado actuó con conocimiento e intención de defraudar; (3) que el plan o artificio para defraudar involucró una tergiversación, omisión, declaración falsa, falsa pretensión u ocultación de hechos material; y (4) que, al promover, facilitar o ejecutar el plan para defraudar, el acusado transmitió, o gestionó la transmisión de un escrito, una señal o un sonido mediante una comunicación electrónica interestatal o internacional.

Elementos que concurren respecto delito de estafa, al castigar el art. 248 del Cd. Penal a los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno, siendo así que en este caso el reclamado hizo uso de correos electrónicos (comunicación electrónica) para llevar a cabo la acción típica.

Y en ambas legislaciones la pena a imponer por los delitos es superior a un año de privación de libertad, por lo que se da cumplimiento a las exigencias previstas en el art. 2º del Tratado.

Respecto del resto de delitos a que se refieren los Cargos emitidos, procederemos a su examen más adelante.

CUARTO. -Se han cumplimentado debidamente los requisitos documentales a que se refieren los arts. 15 y 28 del Tratado de Extradición, al haberse presentado la correspondiente demanda extradicional mediante Nota Verbal nº 175, de la embajada de los Estos Unidos de América en Madrid, acompañada una descripción de la persona reclamada, una declaración sobre los hechos relativos al caso, los textos legales de la parte requirente aplicables al caso, una declaración de que la acción penal no ha prescrito y de la correspondiente orden de detención emitida por el Juzgado del del distrito Sur de Nueva York de fecha 13 de enero de 2025.

No habiendo prescrito los delitos conforme al derecho norteamericano, tal y como se certifica en la demanda extradicional, tampoco lo han hecho respecto al nuestro ordenamiento jurídico, si bien dicha comprobación no sería necesaria conforme a lo dispuesto en el artículo 2 bis del Tratado, el cual establece que: "Siempre que concurran los demás requisitos exigidos, la extradición será también concedida incluso si, con arreglo a la legislación de la Parte Requerida, la acción penal o la pena hubieran prescrito. La Parte Requerida quedará obligada a aceptar la declaración de la Parte Requirente de que, según la legislación de la Parte Requirente, la acción penal o la pena no han prescrito".

QUINTO. -Como primer motivo de oposición a la entrega extradicional de su representado, la defensa del reclamado esgrime la existencia del privilegio de la inmunidad respecto de su defendido, quien ejerció cargo como funcionario de las Naciones Unidas. Acude, para ello, a la normativa contemplada en el estatuto del Personal de las Naciones Unidas y a la de la Convención sobre Prerrogativas a Inmunidades de las Naciones Unidas, e indica que "el estatuto jurídico del extraditurus, como persona con vínculo contractual estable y permanente con Naciones Unidas, le confiere el carácter de funcionario de la organización con destino en una parte de la organización con sede fuera de los Estados Unidos de América".

A consecuencia de ello, la parte afirma que no es posible ejercer acción penal alguna en relación a ningún funcionario de las Naciones Unidas sin la previa autorización de su Secretario General, sin que conste tal autorización por los que los Estados Unidos carecen de jurisdicción, al existir un óbice procesal personal que lo limita, y añade que la inmunidad plena no es de por vida, solo durará mientras ocupan el cargo, y que después del mandato se conserva únicamente la inmunidad funcional, que cubre los actos realizados durante su gestión.

La normativa que viene a regular el régimen de privilegios e inmunidades del personal de las Naciones Unidas es el siguiente:

El artículo 105 de la Carta de Naciones Unidas dispone lo siguiente: "1. La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarias para la realización de sus propósitos.

2. Los representantes de los Miembros de la Organización y los funcionarios de ésta, gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarias para desempeñar con independencia sus funciones en relación con la Organización.

3. La Asamblea General podrá hacer recomendaciones con el objeto de determinar los pormenores de la aplicación de los párrafos 1 y 2 de este Artículo, o proponer convenciones a los Miembros de las Naciones Unidas con el mismo objeto."

Como se puede observar, el artículo 105 de la Carta dispone tanto la inmunidad de la Organización (párrafo 1) como también de sus representantes y funcionarios (párrafo 2). El tercer párrafo ofrece a la ONU y sus Estados miembros la posibilidad, a propuesta de la Asamblea General, de especificar estos privilegios mediante convenciones entre ellos.

Precisamente de esta manera lo hicieron valer la ONU y sus miembros en febrero de 1946, apenas medio año después de su fundación, a través de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas. Este acuerdo ha sido ratificado por 157 Estados miembros de la ONU; y su contenido goza de validez frente a todos los miembros de la ONU.

El artículo IV de la misma regula los privilegios e inmunidades de los representantes de los Estados Miembros, en tanto que el art. V lo hace respecto de los funcionarios de Naciones Unidas, y lo hace de la siguiente forma:

"Sección 18. Los funcionarios de la Organización;

(a) estarán inmunes contra todo proceso judicial respecto palabras escritas o habladas y a todos los actos ejecutados en su carácter oficial;

(b) estarán exentos de impuestos sobre los sueldos y emolumentos pagados por la Organización;

(c) estarán inmunes contra todo servicio de carácter nacional;

(d) estarán inmunes, tanto ellos como sus esposa e hijos menores de edad, de toda restricción de inmigración y de registro de extranjeros;

(e) se les acordará, por lo que respecta al movimiento internacional de fondos, franquicias iguales a las que disfrutan funcionarios de categoría equivalente pertenecientes a las misiones diplomáticas acreditadas ante el Gobierno en cuestión.

(f) se les dará a ellos, y a sus esposas e hijos menores de edad, las mismas facilidades de repatriación en época de crisis internacional, de que gozan los agentes diplomáticos.

(g) tendrán derecho a importar, libres de derechos, sus muebles y efectos en el momento en el que ocupen su cargo en el país en cuestión.

Sección 19. Además de las inmunidades y prerrogativas especificadas en la sección 18, se otorgarán al Secretario General y a todos los Subsecretarios Generales y a sus esposas e hijos menores de edad los prerrogativas e inmunidades, exenciones y facilidades que se otorgan a los enviados diplomáticos de acuerdo con el derecho internacional.

Sección 20. Las prerrogativas e inmunidades se otorgan a los funcionarios en interés de las Naciones Unidas y no en provecho de los propios individuos. El Secretario General tendrá el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de cualquier funcionario, en cualquier caso en que según su propio criterio, la inmunidad impida el curso de la justicia y pueda ser renunciada sin que se perjudiquen los intereses de las Naciones Unidas. En el caso del Secretario General, el Consejo de Seguridad tendrá el derecho de renunciar a la inmunidad.

Por su parte, el Estatuto del Personal de las Naciones Unidas, (Boletín del Secretario General ST/SGB/2023/1/Rev.1, de 1 de enero de 2023), dispone que: "Cláusula 1.1. f) Las prerrogativas e inmunidades de que disfrutan las Naciones Unidas en virtud del Artículo 105 de la Carta se confieren en beneficio de la Organización. Esas prerrogativas e inmunidades no eximen a los funcionarios de la observancia de las leyes y ordenanzas de policía del Estado en que se encuentren ni del cumplimiento de sus obligaciones como particulares. En todos los casos en que se plantee una cuestión relativa a la aplicación de esas prerrogativas e inmunidades, los funcionarios interesados deberán informar inmediatamente de ello al Secretario General, que es la única persona que podrá decidir si existen esas prerrogativas e inmunidadesy si procede renunciar a ellas de conformidad con los instrumentos pertinentes".

En el caso que nos ocupa, y si bien es cierto que, en el momento de comisión de los hechos, el reclamado ostentaba la condición de funcionario de las Naciones Unidas, es lo cierto que no se ha acreditado en el momento actual tenga la citada condición, ni que en el caso de ostentarla, el Secretario General de Naciones Unidas haya decidido si procede la aplicación de dichas prerrogativas e inmunidades, tal y como se expresa en el último párrafo del artículo anteriormente trascrito que, recordemos, impone al funcionario interesado la obligación de comunicar la cuestión sobre la aplicación de la inmunidad al Secretario General, lo que, en el presente caso, no consta que se haya hecho.

Este motivo está íntimamente ligado al siguiente, en el que la parte alude a que los Estados Unidos carecen de jurisdicción, precisamente debido al privilegio de inmunidad que la defensa pretende otorgar a su representado, inmunidad que, como ha quedado expuesto, no ha quedado acreditada, al no constar la condición actual de funcionario de la ONU del reclamado, ni que el Secretario General de dicho organismo haya reconocido la existencia de dicha inmunidad.

TERCERO. -Como segundo motivo de oposición se alega la vulneración del artículo 3º ) del Tratado de Extradición, que establece:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 1 del párrafo A) del artículo 5, cuando el delito que motiva la extradición haya sido cometido fuera del territorio de la Parte requirente, la otra Parte podrá acceder a la solicitud siempre que se trate de un delito que sus leyes someten a la jurisdicción de sus tribunales cuando se cometan en similares circunstancias y el responsable no esté reclamado por otro Estado cuya jurisdicción sea preferente por razones territoriales y respecto al cual existe igualmente la posibilidad de acceder a la extradición."

No encontramos, como es de ver, ante una cláusula facultativa de denegación "podrá acceder",si bien en el presente caso en ningún caso podría ser de aplicación dicha causa de denegación, desde el momento en que el delito objeto de la presente reclamación se cometió, también, en el territorio de los Estados Unidos. De esta forma, en la contestación remitida por el Estado requirente a la solicitud de información complementaria instada por esta Sala, se indican los actos que tuvieron lugar en los Estados Unidos, y así:

a. El 15 de septiembre de 2016, UNOPS organizó el Evento de septiembre de 2016 en el 119 East 17th Street, Nueva York, NY 10003, para destacar los avances de UNOPS en la inversión de impacto social. Felix, quien estaba presente en los Estados Unidos, utilizó el Evento de septiembre de 2016 para promover la asociación entre UNOPS y DIRECCION000.

b. El 3 de septiembre de 2021, Gabino permitió que Felix realizara cargos en su tarjeta de crédito en relación con una estancia en el InterContinental Barclay Hotel en Manhattan, Nueva York.

c. El 26 de febrero de 2018, el 10 de octubre de 2018, el 16 de enero de 2019, el 31 de mayo de 2019, el 24 de septiembre de 2019, el 21 de enero de 2020 y el 5 de agosto de 2020, se enviaron transferencias electrónicas por un total de aproximadamente $465,962 a una cuenta bancaria en los Estados Unidos asociada con un miembro de la familia de Felix y procesadas a través de cuentas bancarias corresponsales en Manhattan, ubicadas en Bank of America, Nueva York, Nueva York; Barclays Bank, PLC, Nueva York, Nueva York; Wells Fargo NY Intl, Nueva York, Nueva York; Citibank, NA, Nueva York, Nueva York; y Deutsche Bank Trust Co. Americas, Nueva York, Nueva York.

d. El 3 de septiembre de 2019, se realizó una transferencia electrónica de aproximadamente $2,835 desde una cuenta bancaria fuera de los Estados Unidos a una cuenta bancaria dentro de los Estados Unidos asociada con una empresa ubicada en Mamaroneck, Nueva York, para cubrir el costo de reparaciones en la casa de Felix en el condado de Westchester, Nueva York, ubicada en DIRECCION005, Nueva York NUM003.

e. Desde el 7 de julio de 2020 hasta el 25 de marzo de 2022, Felix realizó cargos en la tarjeta de crédito de Gabino por casi aproximadamente $24,000 a Singer Energy Group, operando como Robison Oil, ubicada en el condado de Westchester, Nueva York

Y a la vista de tales datos objetivos cabe concluir que las autoridades de los Estados Unidos de América ostentan jurisdicción para el conocimiento de los hechos objeto de la presente demanda, por cuanto algunos de ellos, como los movimiento de dinero, ocurrieron en su territorio, siendo por ello de aplicación del principio de la ubicuidad, conforme al cual cuando la acción y el resultado no tengan lugar dentro de una misma jurisdicción, el delito se reputará cometido tanto en una como en otra. El Acuerdo de Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005 dispone, en este sentido, que el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo y, por tanto, en el caso que nos ocupa cabe dictaminar que el delito se cometió, también, en los Estados Unidos, sin que sea necesario, para su persecución por parte de dicho país, que sus intereses económicos se hayan visto perjudicados por los hechos objeto de persecución, al tratarse de un delito público y perseguible de oficio por la justicia norteamericana.

CUARTO. -Se hace referencia por la defensa del reclamado a la existencia de un procedimiento disciplinario en el seno de las Naciones Unidas, que impide la concurrencia del procedimiento penal que la justicia norteamericana ha incoado frente a su representado. Dicho motivo debe decaer, por cuanto debe ser frente al órgano judicial requirente de la presente extradición ante quien debería hacerse valer ese supuesto "non bis in idem", si bien la alegación referida parece ser prematura por cuanto, según se desprende de las alegaciones efectuadas, no ha recaído sanción alguna, hasta el momento en ese procedimiento administrativo. En cualquier caso, dicha cuestión deberá ser resuelta por el órgano estadounidense encargado del enjuiciamiento, por cuanto la existencia de un procedimiento administrativo sancionador en curso por los mismos que el judicial por el que se solicita la extradición no puede operar como causa de denegación a la entrega, y así el art. 5 del Tratado prescribe como única causa de denegación a la entrega en hecho de que " la persona reclamada haya sido juzgada y absuelta en un tercer Estado por el delito por el cual se solicita la extradición o haya cumplido la correspondiente pena."

Dicho precepto es igualmente predicable respecto de aquellos procedimientos que la defensa del reclamado dice tener abiertos en otras jurisdicciones (Dinamarca, Finlandia, según se manifiesta por la defensa del reclamado), y ello por cuanto, de existir los mismos, en ningún caso se ha acreditado que en los mismos haya recaído resolución definitiva, ya sea condenatoria, ya sea absolutoria.

QUINTO. -En el siguiente motivo de oposición se alega la existencia de una división artificiosa de la imputación, con vulneración del principio de proporcionalidad. Se afirma sobre este particular que en la acusación formulada se acuerda un troceamiento artificial de un hecho que debía tener un tratamiento único según la norma penal, de forma que, indica la parte, el hecho imputado por el Gran Jurado no es sino la ideación, ejecución y agotamiento de una sola acción, un presunto cohecho y, en su caso, una malversación. Y prosigue incidiendo sobre esta alegación acudiendo al principio non bis in idem, ya que entiende que se pretende juzgar a su representado dos veces por el mismo hecho, y por ello entiende que la Sala debe rechazar la entrega por todos los cargos que suponen una reduplicación valorativa de los hechos.

El examen de los cargos por los que se dirige la acusación para con el reclamado nos lleva a desestimar dicha causa de oposición, los hechos presuntamente delictivos por los que se dirige la acusación están perfectamente individualizados, sin que exista una duplicidad en los mismos, habiéndose indicado de forma pormenorizada las fecha y lugares en que tuvieron lugar los mismos, así como el grado de participación del reclamado en los mismos, no siendo objeto del presente procedimiento el determinar si los mismos deben tratarse como concurso real o concurso ideal de delitos, cuestión esta que transciende a la labor del Tribunal de la extradición.

SEXTO. -Se opone la defensa del reclamado a que la entrega comprenda el delito de asociación ilícita o de organización criminal, al entender que no se da el principio de doble incriminación respecto del mismo, dado que tan solo se describe la actividad de dos acusados, siendo así que los arts. 570 bis y ter exigen la concurrencia de más de dos personas para poder aplicar la figura de la organización o del grupo criminal. En el relato de hechos se refiere expresamente que el reclamado Felix, junto a Gabino "y otros conocidos y desconocidos, voluntaria y conscientemente se combinaron, se unieron en conspiración, se confederaron y acordaron juntos entre sí..."para cometer el delito.

Conforma a la documentación remitida, "Los Cargos uno, cuatro y seis de la acusación formal imputan a Felix el delito de conspiración. Según la legislación de los Estados Unidos, una conspiración es un acuerdo para cometer uno o más delitos penales. El acuerdo en el que se basa la conspiración no necesita estar expresado por escrito ni en palabras, sino que puede consistir simplemente en un entendimiento tácito o no expresado entre dos o más personas para hacer algo ilícito. La conspiración no requiere un acuerdo o plan formal en el que todos los involucrados se hayan reunido para acordar cada detalle. Los conspiradores forman una asociación con un propósito delictivo, en la cual cada miembro o participante se convierte en socio o agente de todos los demás miembros. Una persona puede convertirse en miembro de una conspiración sin conocer todos los detalles del plan ilícito ni las identidades de todos los demás miembros de la conspiración. Si una persona comprende la naturaleza ilícita del plan y, de manera consciente y deliberada, acuerda participar en él, uniéndose al plan, es culpable de conspiración aunque no haya participado anteriormente y aunque su papel sea menor. Un conspirador puede ser considerado penalmente responsable de todas las acciones razonablemente previsibles llevadas a cabo por otros conspiradores en apoyo de la asociación delictuosa. Además, debido a esta asociación, las declaraciones hechas por un conspirador, durante el transcurso de la conspiración y mientras sea miembro de la misma, son admisibles como prueba no solo contra ese conspirador, sino también contra todos los demás miembros de la conspiración. Esto es así porque, como se indicó anteriormente, un conspirador actúa como agente o representante de los demás conspiradores cuando actúa en apoyo del plan ilícito. Por lo tanto, las declaraciones de los conspiradores hechas en apoyo de la conspiración pueden considerarse como declaraciones de todos los conspiradores.

El delito de conspiración es un delito independiente, separado y distinto de la comisión de cualquier "delito material" específico. En consecuencia, un conspirador puede ser declarado culpable de conspiración para cometer un delito incluso cuando no se haya cometido el delito material que constituía el propósito de la conspiración. El Congreso de los Estados Unidos ha considerado apropiado tipificar la conspiración, por sí sola, como un delito independiente, aun cuando la conspiración no tenga éxito, porque la planificación delictiva colectiva representa una amenaza mayor para la seguridad y el bienestar públicos que la conducta individual, y aumenta la probabilidad de éxito de una empresa delictiva determinada.

El Cargo uno de la acusación formal imputa a Felix el delito de conspiración para cometer soborno relacionado con programas federales, en violación de la sección 371 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Para condenar a Felix por el Cargo uno de la acusación formal, el gobierno debe probar más allá de toda duda razonable cada uno de los siguientes elementos: (1) la existencia de un acuerdo entre dos o más personas para cometer un delito contra los Estados Unidos, (2) la participación deliberada del acusado en la conspiración, y (3) la comisión de un acto manifiesto en apoyo de la conspiración por lo menos por uno de los coconspiradores.

El Cargo cuatro imputa a Felix el delito de conspiración para cometer fraude electrónico mediante servicios honestos, en violación de la sección 1349 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Para cumplir con su carga probatoria y condenar a Felix por el Cargo cuatro de la acusación formal, el gobierno debe probar más allá de toda duda razonable cada uno de los siguientes elementos: (1) que existía un acuerdo entre dos o más personas para cometer fraude electrónico, y (2) que el acusado conocía el propósito ilícito del plan y se unió a él voluntariamente. A diferencia de la conspiración imputada en el Cargo uno, la conspiración para cometer fraude electrónico mediante servicios honestos no requiere la realización de un acto manifiesto.

El Cargo seis imputa a Felix el delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales, en violación de la sección 1956(h) del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Para cumplir con su carga probatoria y condenar a Felix por el Cargo seis de la acusación formal, el gobierno debe probar más allá de toda duda razonable cada uno de los siguientes elementos: (1) que existía un acuerdo entre dos o más personas para cometer blanqueo de capitales, y (2) que el acusado conocía el propósito ilícito del plan y se unió a él voluntariamente. Al igual que la conspiración para cometer fraude electrónico imputada en el Cargo cuatro, la conspiración para cometer blanqueo de capitales no requiere la realización de un acto manifiesto.

Conforme a lo anteriormente expuesto, el delito de conspiración objeto de la presente reclamación extradicional estaría tipificado en nuestro ordenamiento jurídico penal como delito de pertenencia o integración a organización o a grupo criminal, previsto y penado en los arts. 570 bis y 570 ter del Código Penal.

El primero de ellos define a organización criminal como "la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos",y el segundo entiende que nos encontramos ante un grupo criminal en el caso de "la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos."

Por lo tanto, y para que, conforme a nuestra legislación, podamos hablar de grupo o de organización criminal, nos hemos de encontrar ante una agrupación de más de dos personas, lo que en el presente caso no ocurre por cuanto en todo el relato fáctico remitidos por la autoridad requirente se refiere a la actividad de tan solo dos personas: Felix y Gabino, sin que pueda tenerse en cuenta, a efectos de la apreciación de este tipo delictivo, la genérica e indeterminada alusión a "otros conocidos y desconocidos",por lo que y en lo que se refiere al delito de conspiración, no puede accederse a la entrega al no concurrir el principio de doble incriminación.

SÉPTIMO. -En el siguiente motivo de oposición se alega la imposibilidad de perseguir por fraude federal, por cuanto no hay tal. Se entiende que en ningún momento se han visto comprometidos fondos del presupuesto federal del Estado requirente, sino de las Naciones Unidas, sin que el hecho de que los Estados Unidos sean contribuyentes de la O.N.U. otorgue legitimación al Estado requirente para la persecución de los hechos que nos ocupan.

El principio de la doble incriminación, que es, en definitiva, el que entiende la parte vulnerado, se incluye en el derecho fundamental a la legalidad penal, consiste en que el hecho por el que se pide la extradición sea delictivo y esté sancionado con una determinada penalidad en las legislaciones punitivas del Estado requirente y del Estado requerido, pero no exige identidad de las normas penales de los Estados concernidos, ni la identidad de penas en ambas legislaciones, sino que basta con que se cumplan los mínimos penales previstos en las normas aplicables, STS 102/1997 de 20 mayo, que cita AATC 23/1997, 753/1985 y 499/1988. Igualmente, AATC 121/2000 de 16 mayo, 95/1999 de 14 abril y 49/1999 de 4 marzo y Auto 23/1997 de 27 enero, que aclaró que el principio en cuestión no exige una misma denominación del delito en ambas legislaciones, ni tampoco que las normas penales respectivas sean idénticas. Por su parte el ATC 412/2004 de 2 noviembre, recalcó que la doble incriminación en los Estados requirente y requerido no exige que los tipos delictivos que sancionan la conducta perseguida tengan la misma estructura y naturaleza, sino tan sólo que la misma conducta sea objeto de sanción penal en ambos Estados; añadiendo que, dado que el proceso extradicional limita su naturaleza a la de ser un simple acto de auxilio judicial internacional, el alcance de dicho principio es únicamente el expresado; procediendo exclusivamente la comprobación de las condiciones específicamente recogidas en las Leyes y convenios que la regulan, ATC 558/1985 y STC 229/2003; y asó el art. 2 c) del Tratado establece que: "A los efectos de este artículo un delito dará lugar a extradición aunque no esté tipificado en las leyes de ambas Partes en la misma categoría de delitos o no sea descrito el delito con la misma terminología".En el presente caso, y como quedó anteriormente constatado, los hechos referidos en el escrito de acusación formal, serían en España constitutivos de los delitos de estafa y/o de malversación de caudales públicos, así como de delito de cohecho, los cuales, y como quedó anteriormente expuesto, se habría cometido, también, en territorio de los Estados Unidos.

La defensa del reclamado tampoco considera cometido el delito de blanqueo de capitales, al fijar su atención en los pagos efectuados a favor de los familiares del reclamado que consideran no fueron simulados ni encubiertos. Sin embargo, la autoridad requirente explicita, en el punto 20 de la narración de los hechos que " Felix y Gabino, los acusados, adoptaron medidas para ocultar los pagos de sobornos. Por ejemplo, en un correo electrónico del 29 de marzo de 2020 en el que hablaban del patrocinio de tenis para el Miembro de la Familia Felix-1, Felix aconsejó a Gabino que evitara que una empresa específica propiedad de Gabino -la matriz de la Entidad de DIRECCION003- firmara el acuerdo de patrocinio, ya que esa entidad era "demasiado visible" y en su lugar, Felix instruyó a Gabino a utilizar una "entidad con sede en España". El contrato de patrocinio fue finalmente firmado por una entidad con sede en España vinculada a Gabino. Además, como se ha explicado, aproximadamente $465,962 dólares estadounidenses en pagos de sobornos fueron transferidos a través de nueve transferencias electrónicas de fondos a la cuenta del Miembro de la Familia Felix-3 entre alrededor de febrero de 2018 y alrededor de agosto de 2020.

Felix posteriormente gestionó para que el Miembro de la Familia Felix-3 pagara periódicamente las tarjetas de crédito emitidas a su nombre, utilizando la misma cuenta bancaria que había recibido los pagos de sobornos de Felix", describiéndose así, a grandes rasgos, los mecanismos de ocultación de las cantidades de dinero procedentes de los pagos ilegales realizados hacia el reclamado

SÉPTIMO. -Se opone la defensa del reclamado a la entrega de su representado alegando que la presente reclamación tiene una motivación política, por lo que teme por su seguridad en caso de procederse a la entrega y a no ser sometido a un judicio justo. Manifiesta que su defendido, por motivo de su trabajo en Naciones Unidas, tuvo conocimiento de asuntos declarados secretos en países conflictivos y que, al haber escrito un libro sobre los mismos, y de la vinculación de políticos americanos, los Estados Unidos pretenden juzgarle y así acallar su voz, añadiendo que se le vincula como partidario del presidente Imanol.

En esta materia el Pleno de esta Sala ha reiterado, entre otros muchos, en autos de fechas 5 de marzo de 2019, 28 de diciembre de 2018 , 12 de enero de 2018, 19 de septiembre de 2019, 7 de diciembre de 2016 y 15 de septiembre de 2016, que citan el anterior auto de 28/2009 de 2 de junio, que no bastan las alegaciones genéricas sobre la situación de los Derechos Humanos y del sistema jurídico penal y carcelario del Estado reclamante, si la parte no hace alegación alguna concreta en relación con la persona o derechos del reclamado.

Como recuerda la STC 49/2006, de 13 de febrero , FJ 3: "el procedimiento de extradición exige una cuidadosa labor de verificación por el órgano judicial en relación con las circunstancias alegadas por el reclamado, con el fin de evitar que, en caso de accederse a la extradición, se pudiera convertir en autor de una lesión contra los derechos del extraditado, bien porque hubiera contribuido a que la lesión de un derecho ya acaecida en el extranjero no fuera restablecida o a que no se impidiera que de la misma se derivaran consecuencias perjudiciales para el reclamado, bien porque, existiendo un temor racional y fundado de que tales lesiones se produzcan en el futuro, éstas resulten favorecidas por la actuación de los órganos judiciales españoles al no haberlas evitado con los medios de que, mientras el reclamado se encuentra sometido a su jurisdicción, disponen, de modo que la actuación del Juez español produzca un riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado"... "para activar este específico deber de tutela que corresponde a los órganos judiciales competentes en materia de extradición, no basta con alegar la existencia de un riesgo, sino que es preciso que "el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado' y, además, no bastan alusiones o alegaciones 'genéricas' sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones con relación a su persona y derechos ( STC 148/2004, de 13 de septiembre , FJ 8 y STC 181/2004, de 2 de noviembre , FJ 14)".

En el caso, la alegación de motivos políticos carece de la mínima base objetiva, al no contar con el adecuado respaldo probatorio, ni siquiera indiciario, por lo que no puede servir para la denegación de la entrega, puesto que de lo actuado en la causa no existe indicio alguno que permita, siquiera intuir, una posible instrumentalización del proceso penal como medio de represalia institucional.

En atención a lo expuesto, y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO. -El procedimiento de extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos de América de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Constitución Española por:

- El Tratado de Extradición entre España y los Estados Unidos de América, firmado en Madrid el día 29 de mayo de 1970 (publicado en el BOE n.º 220, de 14 de septiembre de 1971).

- El Tratado Suplementario de Extradición entre España y los Estados Unidos de América, firmado en Madrid el 25 enero de 1975 (BOE n.º 152, de 25 de junio de 1978).

- El Segundo Tratado Suplementario de Extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, firmado en Madrid el 9 de febrero de 1988 (BOE n.º 156, de 1 de julio de 1993).

- El Tercer Tratado suplementario de extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el 12 de marzo de 1996 (BOE n.º 162, de 8 de julio de 1999).

- El Instrumento previsto en el artículo 3(2) del Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América de 25 de Junio de 2003 (en vigor desde el 1 de febrero de 2010, según Decisión 2009/933, de 30 de noviembre, del Consejo y Decisión 2009/820, de 23 de octubre, del Consejo), para la aplicación del Tratado de Extradición entre España y EEUU de 29 de mayo de 1970 y Tratados Suplementarios de Extradición de 25 de enero de 1975, 9 de febrero de 1988 y 12 de marzo de 1996, hecho ad referéndum en Madrid el 17 de diciembre de 2004 (BOE n.º 22, de 26 de enero de 2010).

- Y, subsidiariamente, por la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva.

SEGUNDO. -No existe debate acerca de la identidad de la persona objeto de reclamación extradicional.

TERCERO. -Examinaremos, en primer lugar, la concurrencia de los principios de doble incriminación y de mínimo punitivo, y así, y conforme la legislación de los Estados Unidos los hechos con constitutivos de un delito de asociación ilícita para cometer soborno relacionado con programas federales, con infracción de la Sección 371 del Título 18 del Código de los EEUU; de soborno por un agente de una organización que recibe fondos federales, con infracción de las Secciones 666 (a) 1, B y 2 del título 18 del Código de los EEUU; de estafa electrónica en infracción delas secciones 1343, 1346 y 2 del Título 18 del Código de los EEUU y de asociación ilícita para cometer blanqueo de capitales, con infracción de la Sección 1956 (h) del Título 18 del Código de los EEUU.

Y de conformidad a la legislación española los hechos son constitutivos de un delito de cohecho, previsto y penado en el art. 419 del Código Penal, un delito de estafa por cooperación necesaria de los arts. 248 del mismo texto legal, así como de un delito de blanqueo de capitales del art. 301, 1º y 302 del C. Penal.

Respecto del delito de fraude electrónico, del que la defensa alega no concurrir el requisito de la doble incriminación, el mismo requiere, conforme a la documentación aportada, que se acredite: (1) que el acusado ideó o participó conscientemente en un plan para defraudar a las Naciones Unidas (ONU), a través del soborno, de su derecho a los servicios honestos de Felix; (2) que el acusado actuó con conocimiento e intención de defraudar; (3) que el plan o artificio para defraudar involucró una tergiversación, omisión, declaración falsa, falsa pretensión u ocultación de hechos material; y (4) que, al promover, facilitar o ejecutar el plan para defraudar, el acusado transmitió, o gestionó la transmisión de un escrito, una señal o un sonido mediante una comunicación electrónica interestatal o internacional.

Elementos que concurren respecto delito de estafa, al castigar el art. 248 del Cd. Penal a los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno, siendo así que en este caso el reclamado hizo uso de correos electrónicos (comunicación electrónica) para llevar a cabo la acción típica.

Y en ambas legislaciones la pena a imponer por los delitos es superior a un año de privación de libertad, por lo que se da cumplimiento a las exigencias previstas en el art. 2º del Tratado.

Respecto del resto de delitos a que se refieren los Cargos emitidos, procederemos a su examen más adelante.

CUARTO. -Se han cumplimentado debidamente los requisitos documentales a que se refieren los arts. 15 y 28 del Tratado de Extradición, al haberse presentado la correspondiente demanda extradicional mediante Nota Verbal nº 175, de la embajada de los Estos Unidos de América en Madrid, acompañada una descripción de la persona reclamada, una declaración sobre los hechos relativos al caso, los textos legales de la parte requirente aplicables al caso, una declaración de que la acción penal no ha prescrito y de la correspondiente orden de detención emitida por el Juzgado del del distrito Sur de Nueva York de fecha 13 de enero de 2025.

No habiendo prescrito los delitos conforme al derecho norteamericano, tal y como se certifica en la demanda extradicional, tampoco lo han hecho respecto al nuestro ordenamiento jurídico, si bien dicha comprobación no sería necesaria conforme a lo dispuesto en el artículo 2 bis del Tratado, el cual establece que: "Siempre que concurran los demás requisitos exigidos, la extradición será también concedida incluso si, con arreglo a la legislación de la Parte Requerida, la acción penal o la pena hubieran prescrito. La Parte Requerida quedará obligada a aceptar la declaración de la Parte Requirente de que, según la legislación de la Parte Requirente, la acción penal o la pena no han prescrito".

QUINTO. -Como primer motivo de oposición a la entrega extradicional de su representado, la defensa del reclamado esgrime la existencia del privilegio de la inmunidad respecto de su defendido, quien ejerció cargo como funcionario de las Naciones Unidas. Acude, para ello, a la normativa contemplada en el estatuto del Personal de las Naciones Unidas y a la de la Convención sobre Prerrogativas a Inmunidades de las Naciones Unidas, e indica que "el estatuto jurídico del extraditurus, como persona con vínculo contractual estable y permanente con Naciones Unidas, le confiere el carácter de funcionario de la organización con destino en una parte de la organización con sede fuera de los Estados Unidos de América".

A consecuencia de ello, la parte afirma que no es posible ejercer acción penal alguna en relación a ningún funcionario de las Naciones Unidas sin la previa autorización de su Secretario General, sin que conste tal autorización por los que los Estados Unidos carecen de jurisdicción, al existir un óbice procesal personal que lo limita, y añade que la inmunidad plena no es de por vida, solo durará mientras ocupan el cargo, y que después del mandato se conserva únicamente la inmunidad funcional, que cubre los actos realizados durante su gestión.

La normativa que viene a regular el régimen de privilegios e inmunidades del personal de las Naciones Unidas es el siguiente:

El artículo 105 de la Carta de Naciones Unidas dispone lo siguiente: "1. La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarias para la realización de sus propósitos.

2. Los representantes de los Miembros de la Organización y los funcionarios de ésta, gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarias para desempeñar con independencia sus funciones en relación con la Organización.

3. La Asamblea General podrá hacer recomendaciones con el objeto de determinar los pormenores de la aplicación de los párrafos 1 y 2 de este Artículo, o proponer convenciones a los Miembros de las Naciones Unidas con el mismo objeto."

Como se puede observar, el artículo 105 de la Carta dispone tanto la inmunidad de la Organización (párrafo 1) como también de sus representantes y funcionarios (párrafo 2). El tercer párrafo ofrece a la ONU y sus Estados miembros la posibilidad, a propuesta de la Asamblea General, de especificar estos privilegios mediante convenciones entre ellos.

Precisamente de esta manera lo hicieron valer la ONU y sus miembros en febrero de 1946, apenas medio año después de su fundación, a través de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas. Este acuerdo ha sido ratificado por 157 Estados miembros de la ONU; y su contenido goza de validez frente a todos los miembros de la ONU.

El artículo IV de la misma regula los privilegios e inmunidades de los representantes de los Estados Miembros, en tanto que el art. V lo hace respecto de los funcionarios de Naciones Unidas, y lo hace de la siguiente forma:

"Sección 18. Los funcionarios de la Organización;

(a) estarán inmunes contra todo proceso judicial respecto palabras escritas o habladas y a todos los actos ejecutados en su carácter oficial;

(b) estarán exentos de impuestos sobre los sueldos y emolumentos pagados por la Organización;

(c) estarán inmunes contra todo servicio de carácter nacional;

(d) estarán inmunes, tanto ellos como sus esposa e hijos menores de edad, de toda restricción de inmigración y de registro de extranjeros;

(e) se les acordará, por lo que respecta al movimiento internacional de fondos, franquicias iguales a las que disfrutan funcionarios de categoría equivalente pertenecientes a las misiones diplomáticas acreditadas ante el Gobierno en cuestión.

(f) se les dará a ellos, y a sus esposas e hijos menores de edad, las mismas facilidades de repatriación en época de crisis internacional, de que gozan los agentes diplomáticos.

(g) tendrán derecho a importar, libres de derechos, sus muebles y efectos en el momento en el que ocupen su cargo en el país en cuestión.

Sección 19. Además de las inmunidades y prerrogativas especificadas en la sección 18, se otorgarán al Secretario General y a todos los Subsecretarios Generales y a sus esposas e hijos menores de edad los prerrogativas e inmunidades, exenciones y facilidades que se otorgan a los enviados diplomáticos de acuerdo con el derecho internacional.

Sección 20. Las prerrogativas e inmunidades se otorgan a los funcionarios en interés de las Naciones Unidas y no en provecho de los propios individuos. El Secretario General tendrá el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de cualquier funcionario, en cualquier caso en que según su propio criterio, la inmunidad impida el curso de la justicia y pueda ser renunciada sin que se perjudiquen los intereses de las Naciones Unidas. En el caso del Secretario General, el Consejo de Seguridad tendrá el derecho de renunciar a la inmunidad.

Por su parte, el Estatuto del Personal de las Naciones Unidas, (Boletín del Secretario General ST/SGB/2023/1/Rev.1, de 1 de enero de 2023), dispone que: "Cláusula 1.1. f) Las prerrogativas e inmunidades de que disfrutan las Naciones Unidas en virtud del Artículo 105 de la Carta se confieren en beneficio de la Organización. Esas prerrogativas e inmunidades no eximen a los funcionarios de la observancia de las leyes y ordenanzas de policía del Estado en que se encuentren ni del cumplimiento de sus obligaciones como particulares. En todos los casos en que se plantee una cuestión relativa a la aplicación de esas prerrogativas e inmunidades, los funcionarios interesados deberán informar inmediatamente de ello al Secretario General, que es la única persona que podrá decidir si existen esas prerrogativas e inmunidadesy si procede renunciar a ellas de conformidad con los instrumentos pertinentes".

En el caso que nos ocupa, y si bien es cierto que, en el momento de comisión de los hechos, el reclamado ostentaba la condición de funcionario de las Naciones Unidas, es lo cierto que no se ha acreditado en el momento actual tenga la citada condición, ni que en el caso de ostentarla, el Secretario General de Naciones Unidas haya decidido si procede la aplicación de dichas prerrogativas e inmunidades, tal y como se expresa en el último párrafo del artículo anteriormente trascrito que, recordemos, impone al funcionario interesado la obligación de comunicar la cuestión sobre la aplicación de la inmunidad al Secretario General, lo que, en el presente caso, no consta que se haya hecho.

Este motivo está íntimamente ligado al siguiente, en el que la parte alude a que los Estados Unidos carecen de jurisdicción, precisamente debido al privilegio de inmunidad que la defensa pretende otorgar a su representado, inmunidad que, como ha quedado expuesto, no ha quedado acreditada, al no constar la condición actual de funcionario de la ONU del reclamado, ni que el Secretario General de dicho organismo haya reconocido la existencia de dicha inmunidad.

TERCERO. -Como segundo motivo de oposición se alega la vulneración del artículo 3º ) del Tratado de Extradición, que establece:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 1 del párrafo A) del artículo 5, cuando el delito que motiva la extradición haya sido cometido fuera del territorio de la Parte requirente, la otra Parte podrá acceder a la solicitud siempre que se trate de un delito que sus leyes someten a la jurisdicción de sus tribunales cuando se cometan en similares circunstancias y el responsable no esté reclamado por otro Estado cuya jurisdicción sea preferente por razones territoriales y respecto al cual existe igualmente la posibilidad de acceder a la extradición."

No encontramos, como es de ver, ante una cláusula facultativa de denegación "podrá acceder",si bien en el presente caso en ningún caso podría ser de aplicación dicha causa de denegación, desde el momento en que el delito objeto de la presente reclamación se cometió, también, en el territorio de los Estados Unidos. De esta forma, en la contestación remitida por el Estado requirente a la solicitud de información complementaria instada por esta Sala, se indican los actos que tuvieron lugar en los Estados Unidos, y así:

a. El 15 de septiembre de 2016, UNOPS organizó el Evento de septiembre de 2016 en el 119 East 17th Street, Nueva York, NY 10003, para destacar los avances de UNOPS en la inversión de impacto social. Felix, quien estaba presente en los Estados Unidos, utilizó el Evento de septiembre de 2016 para promover la asociación entre UNOPS y DIRECCION000.

b. El 3 de septiembre de 2021, Gabino permitió que Felix realizara cargos en su tarjeta de crédito en relación con una estancia en el InterContinental Barclay Hotel en Manhattan, Nueva York.

c. El 26 de febrero de 2018, el 10 de octubre de 2018, el 16 de enero de 2019, el 31 de mayo de 2019, el 24 de septiembre de 2019, el 21 de enero de 2020 y el 5 de agosto de 2020, se enviaron transferencias electrónicas por un total de aproximadamente $465,962 a una cuenta bancaria en los Estados Unidos asociada con un miembro de la familia de Felix y procesadas a través de cuentas bancarias corresponsales en Manhattan, ubicadas en Bank of America, Nueva York, Nueva York; Barclays Bank, PLC, Nueva York, Nueva York; Wells Fargo NY Intl, Nueva York, Nueva York; Citibank, NA, Nueva York, Nueva York; y Deutsche Bank Trust Co. Americas, Nueva York, Nueva York.

d. El 3 de septiembre de 2019, se realizó una transferencia electrónica de aproximadamente $2,835 desde una cuenta bancaria fuera de los Estados Unidos a una cuenta bancaria dentro de los Estados Unidos asociada con una empresa ubicada en Mamaroneck, Nueva York, para cubrir el costo de reparaciones en la casa de Felix en el condado de Westchester, Nueva York, ubicada en DIRECCION005, Nueva York NUM003.

e. Desde el 7 de julio de 2020 hasta el 25 de marzo de 2022, Felix realizó cargos en la tarjeta de crédito de Gabino por casi aproximadamente $24,000 a Singer Energy Group, operando como Robison Oil, ubicada en el condado de Westchester, Nueva York

Y a la vista de tales datos objetivos cabe concluir que las autoridades de los Estados Unidos de América ostentan jurisdicción para el conocimiento de los hechos objeto de la presente demanda, por cuanto algunos de ellos, como los movimiento de dinero, ocurrieron en su territorio, siendo por ello de aplicación del principio de la ubicuidad, conforme al cual cuando la acción y el resultado no tengan lugar dentro de una misma jurisdicción, el delito se reputará cometido tanto en una como en otra. El Acuerdo de Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005 dispone, en este sentido, que el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo y, por tanto, en el caso que nos ocupa cabe dictaminar que el delito se cometió, también, en los Estados Unidos, sin que sea necesario, para su persecución por parte de dicho país, que sus intereses económicos se hayan visto perjudicados por los hechos objeto de persecución, al tratarse de un delito público y perseguible de oficio por la justicia norteamericana.

CUARTO. -Se hace referencia por la defensa del reclamado a la existencia de un procedimiento disciplinario en el seno de las Naciones Unidas, que impide la concurrencia del procedimiento penal que la justicia norteamericana ha incoado frente a su representado. Dicho motivo debe decaer, por cuanto debe ser frente al órgano judicial requirente de la presente extradición ante quien debería hacerse valer ese supuesto "non bis in idem", si bien la alegación referida parece ser prematura por cuanto, según se desprende de las alegaciones efectuadas, no ha recaído sanción alguna, hasta el momento en ese procedimiento administrativo. En cualquier caso, dicha cuestión deberá ser resuelta por el órgano estadounidense encargado del enjuiciamiento, por cuanto la existencia de un procedimiento administrativo sancionador en curso por los mismos que el judicial por el que se solicita la extradición no puede operar como causa de denegación a la entrega, y así el art. 5 del Tratado prescribe como única causa de denegación a la entrega en hecho de que " la persona reclamada haya sido juzgada y absuelta en un tercer Estado por el delito por el cual se solicita la extradición o haya cumplido la correspondiente pena."

Dicho precepto es igualmente predicable respecto de aquellos procedimientos que la defensa del reclamado dice tener abiertos en otras jurisdicciones (Dinamarca, Finlandia, según se manifiesta por la defensa del reclamado), y ello por cuanto, de existir los mismos, en ningún caso se ha acreditado que en los mismos haya recaído resolución definitiva, ya sea condenatoria, ya sea absolutoria.

QUINTO. -En el siguiente motivo de oposición se alega la existencia de una división artificiosa de la imputación, con vulneración del principio de proporcionalidad. Se afirma sobre este particular que en la acusación formulada se acuerda un troceamiento artificial de un hecho que debía tener un tratamiento único según la norma penal, de forma que, indica la parte, el hecho imputado por el Gran Jurado no es sino la ideación, ejecución y agotamiento de una sola acción, un presunto cohecho y, en su caso, una malversación. Y prosigue incidiendo sobre esta alegación acudiendo al principio non bis in idem, ya que entiende que se pretende juzgar a su representado dos veces por el mismo hecho, y por ello entiende que la Sala debe rechazar la entrega por todos los cargos que suponen una reduplicación valorativa de los hechos.

El examen de los cargos por los que se dirige la acusación para con el reclamado nos lleva a desestimar dicha causa de oposición, los hechos presuntamente delictivos por los que se dirige la acusación están perfectamente individualizados, sin que exista una duplicidad en los mismos, habiéndose indicado de forma pormenorizada las fecha y lugares en que tuvieron lugar los mismos, así como el grado de participación del reclamado en los mismos, no siendo objeto del presente procedimiento el determinar si los mismos deben tratarse como concurso real o concurso ideal de delitos, cuestión esta que transciende a la labor del Tribunal de la extradición.

SEXTO. -Se opone la defensa del reclamado a que la entrega comprenda el delito de asociación ilícita o de organización criminal, al entender que no se da el principio de doble incriminación respecto del mismo, dado que tan solo se describe la actividad de dos acusados, siendo así que los arts. 570 bis y ter exigen la concurrencia de más de dos personas para poder aplicar la figura de la organización o del grupo criminal. En el relato de hechos se refiere expresamente que el reclamado Felix, junto a Gabino "y otros conocidos y desconocidos, voluntaria y conscientemente se combinaron, se unieron en conspiración, se confederaron y acordaron juntos entre sí..."para cometer el delito.

Conforma a la documentación remitida, "Los Cargos uno, cuatro y seis de la acusación formal imputan a Felix el delito de conspiración. Según la legislación de los Estados Unidos, una conspiración es un acuerdo para cometer uno o más delitos penales. El acuerdo en el que se basa la conspiración no necesita estar expresado por escrito ni en palabras, sino que puede consistir simplemente en un entendimiento tácito o no expresado entre dos o más personas para hacer algo ilícito. La conspiración no requiere un acuerdo o plan formal en el que todos los involucrados se hayan reunido para acordar cada detalle. Los conspiradores forman una asociación con un propósito delictivo, en la cual cada miembro o participante se convierte en socio o agente de todos los demás miembros. Una persona puede convertirse en miembro de una conspiración sin conocer todos los detalles del plan ilícito ni las identidades de todos los demás miembros de la conspiración. Si una persona comprende la naturaleza ilícita del plan y, de manera consciente y deliberada, acuerda participar en él, uniéndose al plan, es culpable de conspiración aunque no haya participado anteriormente y aunque su papel sea menor. Un conspirador puede ser considerado penalmente responsable de todas las acciones razonablemente previsibles llevadas a cabo por otros conspiradores en apoyo de la asociación delictuosa. Además, debido a esta asociación, las declaraciones hechas por un conspirador, durante el transcurso de la conspiración y mientras sea miembro de la misma, son admisibles como prueba no solo contra ese conspirador, sino también contra todos los demás miembros de la conspiración. Esto es así porque, como se indicó anteriormente, un conspirador actúa como agente o representante de los demás conspiradores cuando actúa en apoyo del plan ilícito. Por lo tanto, las declaraciones de los conspiradores hechas en apoyo de la conspiración pueden considerarse como declaraciones de todos los conspiradores.

El delito de conspiración es un delito independiente, separado y distinto de la comisión de cualquier "delito material" específico. En consecuencia, un conspirador puede ser declarado culpable de conspiración para cometer un delito incluso cuando no se haya cometido el delito material que constituía el propósito de la conspiración. El Congreso de los Estados Unidos ha considerado apropiado tipificar la conspiración, por sí sola, como un delito independiente, aun cuando la conspiración no tenga éxito, porque la planificación delictiva colectiva representa una amenaza mayor para la seguridad y el bienestar públicos que la conducta individual, y aumenta la probabilidad de éxito de una empresa delictiva determinada.

El Cargo uno de la acusación formal imputa a Felix el delito de conspiración para cometer soborno relacionado con programas federales, en violación de la sección 371 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Para condenar a Felix por el Cargo uno de la acusación formal, el gobierno debe probar más allá de toda duda razonable cada uno de los siguientes elementos: (1) la existencia de un acuerdo entre dos o más personas para cometer un delito contra los Estados Unidos, (2) la participación deliberada del acusado en la conspiración, y (3) la comisión de un acto manifiesto en apoyo de la conspiración por lo menos por uno de los coconspiradores.

El Cargo cuatro imputa a Felix el delito de conspiración para cometer fraude electrónico mediante servicios honestos, en violación de la sección 1349 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Para cumplir con su carga probatoria y condenar a Felix por el Cargo cuatro de la acusación formal, el gobierno debe probar más allá de toda duda razonable cada uno de los siguientes elementos: (1) que existía un acuerdo entre dos o más personas para cometer fraude electrónico, y (2) que el acusado conocía el propósito ilícito del plan y se unió a él voluntariamente. A diferencia de la conspiración imputada en el Cargo uno, la conspiración para cometer fraude electrónico mediante servicios honestos no requiere la realización de un acto manifiesto.

El Cargo seis imputa a Felix el delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales, en violación de la sección 1956(h) del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Para cumplir con su carga probatoria y condenar a Felix por el Cargo seis de la acusación formal, el gobierno debe probar más allá de toda duda razonable cada uno de los siguientes elementos: (1) que existía un acuerdo entre dos o más personas para cometer blanqueo de capitales, y (2) que el acusado conocía el propósito ilícito del plan y se unió a él voluntariamente. Al igual que la conspiración para cometer fraude electrónico imputada en el Cargo cuatro, la conspiración para cometer blanqueo de capitales no requiere la realización de un acto manifiesto.

Conforme a lo anteriormente expuesto, el delito de conspiración objeto de la presente reclamación extradicional estaría tipificado en nuestro ordenamiento jurídico penal como delito de pertenencia o integración a organización o a grupo criminal, previsto y penado en los arts. 570 bis y 570 ter del Código Penal.

El primero de ellos define a organización criminal como "la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos",y el segundo entiende que nos encontramos ante un grupo criminal en el caso de "la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos."

Por lo tanto, y para que, conforme a nuestra legislación, podamos hablar de grupo o de organización criminal, nos hemos de encontrar ante una agrupación de más de dos personas, lo que en el presente caso no ocurre por cuanto en todo el relato fáctico remitidos por la autoridad requirente se refiere a la actividad de tan solo dos personas: Felix y Gabino, sin que pueda tenerse en cuenta, a efectos de la apreciación de este tipo delictivo, la genérica e indeterminada alusión a "otros conocidos y desconocidos",por lo que y en lo que se refiere al delito de conspiración, no puede accederse a la entrega al no concurrir el principio de doble incriminación.

SÉPTIMO. -En el siguiente motivo de oposición se alega la imposibilidad de perseguir por fraude federal, por cuanto no hay tal. Se entiende que en ningún momento se han visto comprometidos fondos del presupuesto federal del Estado requirente, sino de las Naciones Unidas, sin que el hecho de que los Estados Unidos sean contribuyentes de la O.N.U. otorgue legitimación al Estado requirente para la persecución de los hechos que nos ocupan.

El principio de la doble incriminación, que es, en definitiva, el que entiende la parte vulnerado, se incluye en el derecho fundamental a la legalidad penal, consiste en que el hecho por el que se pide la extradición sea delictivo y esté sancionado con una determinada penalidad en las legislaciones punitivas del Estado requirente y del Estado requerido, pero no exige identidad de las normas penales de los Estados concernidos, ni la identidad de penas en ambas legislaciones, sino que basta con que se cumplan los mínimos penales previstos en las normas aplicables, STS 102/1997 de 20 mayo, que cita AATC 23/1997, 753/1985 y 499/1988. Igualmente, AATC 121/2000 de 16 mayo, 95/1999 de 14 abril y 49/1999 de 4 marzo y Auto 23/1997 de 27 enero, que aclaró que el principio en cuestión no exige una misma denominación del delito en ambas legislaciones, ni tampoco que las normas penales respectivas sean idénticas. Por su parte el ATC 412/2004 de 2 noviembre, recalcó que la doble incriminación en los Estados requirente y requerido no exige que los tipos delictivos que sancionan la conducta perseguida tengan la misma estructura y naturaleza, sino tan sólo que la misma conducta sea objeto de sanción penal en ambos Estados; añadiendo que, dado que el proceso extradicional limita su naturaleza a la de ser un simple acto de auxilio judicial internacional, el alcance de dicho principio es únicamente el expresado; procediendo exclusivamente la comprobación de las condiciones específicamente recogidas en las Leyes y convenios que la regulan, ATC 558/1985 y STC 229/2003; y asó el art. 2 c) del Tratado establece que: "A los efectos de este artículo un delito dará lugar a extradición aunque no esté tipificado en las leyes de ambas Partes en la misma categoría de delitos o no sea descrito el delito con la misma terminología".En el presente caso, y como quedó anteriormente constatado, los hechos referidos en el escrito de acusación formal, serían en España constitutivos de los delitos de estafa y/o de malversación de caudales públicos, así como de delito de cohecho, los cuales, y como quedó anteriormente expuesto, se habría cometido, también, en territorio de los Estados Unidos.

La defensa del reclamado tampoco considera cometido el delito de blanqueo de capitales, al fijar su atención en los pagos efectuados a favor de los familiares del reclamado que consideran no fueron simulados ni encubiertos. Sin embargo, la autoridad requirente explicita, en el punto 20 de la narración de los hechos que " Felix y Gabino, los acusados, adoptaron medidas para ocultar los pagos de sobornos. Por ejemplo, en un correo electrónico del 29 de marzo de 2020 en el que hablaban del patrocinio de tenis para el Miembro de la Familia Felix-1, Felix aconsejó a Gabino que evitara que una empresa específica propiedad de Gabino -la matriz de la Entidad de DIRECCION003- firmara el acuerdo de patrocinio, ya que esa entidad era "demasiado visible" y en su lugar, Felix instruyó a Gabino a utilizar una "entidad con sede en España". El contrato de patrocinio fue finalmente firmado por una entidad con sede en España vinculada a Gabino. Además, como se ha explicado, aproximadamente $465,962 dólares estadounidenses en pagos de sobornos fueron transferidos a través de nueve transferencias electrónicas de fondos a la cuenta del Miembro de la Familia Felix-3 entre alrededor de febrero de 2018 y alrededor de agosto de 2020.

Felix posteriormente gestionó para que el Miembro de la Familia Felix-3 pagara periódicamente las tarjetas de crédito emitidas a su nombre, utilizando la misma cuenta bancaria que había recibido los pagos de sobornos de Felix", describiéndose así, a grandes rasgos, los mecanismos de ocultación de las cantidades de dinero procedentes de los pagos ilegales realizados hacia el reclamado

SÉPTIMO. -Se opone la defensa del reclamado a la entrega de su representado alegando que la presente reclamación tiene una motivación política, por lo que teme por su seguridad en caso de procederse a la entrega y a no ser sometido a un judicio justo. Manifiesta que su defendido, por motivo de su trabajo en Naciones Unidas, tuvo conocimiento de asuntos declarados secretos en países conflictivos y que, al haber escrito un libro sobre los mismos, y de la vinculación de políticos americanos, los Estados Unidos pretenden juzgarle y así acallar su voz, añadiendo que se le vincula como partidario del presidente Imanol.

En esta materia el Pleno de esta Sala ha reiterado, entre otros muchos, en autos de fechas 5 de marzo de 2019, 28 de diciembre de 2018 , 12 de enero de 2018, 19 de septiembre de 2019, 7 de diciembre de 2016 y 15 de septiembre de 2016, que citan el anterior auto de 28/2009 de 2 de junio, que no bastan las alegaciones genéricas sobre la situación de los Derechos Humanos y del sistema jurídico penal y carcelario del Estado reclamante, si la parte no hace alegación alguna concreta en relación con la persona o derechos del reclamado.

Como recuerda la STC 49/2006, de 13 de febrero , FJ 3: "el procedimiento de extradición exige una cuidadosa labor de verificación por el órgano judicial en relación con las circunstancias alegadas por el reclamado, con el fin de evitar que, en caso de accederse a la extradición, se pudiera convertir en autor de una lesión contra los derechos del extraditado, bien porque hubiera contribuido a que la lesión de un derecho ya acaecida en el extranjero no fuera restablecida o a que no se impidiera que de la misma se derivaran consecuencias perjudiciales para el reclamado, bien porque, existiendo un temor racional y fundado de que tales lesiones se produzcan en el futuro, éstas resulten favorecidas por la actuación de los órganos judiciales españoles al no haberlas evitado con los medios de que, mientras el reclamado se encuentra sometido a su jurisdicción, disponen, de modo que la actuación del Juez español produzca un riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado"... "para activar este específico deber de tutela que corresponde a los órganos judiciales competentes en materia de extradición, no basta con alegar la existencia de un riesgo, sino que es preciso que "el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado' y, además, no bastan alusiones o alegaciones 'genéricas' sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones con relación a su persona y derechos ( STC 148/2004, de 13 de septiembre , FJ 8 y STC 181/2004, de 2 de noviembre , FJ 14)".

En el caso, la alegación de motivos políticos carece de la mínima base objetiva, al no contar con el adecuado respaldo probatorio, ni siquiera indiciario, por lo que no puede servir para la denegación de la entrega, puesto que de lo actuado en la causa no existe indicio alguno que permita, siquiera intuir, una posible instrumentalización del proceso penal como medio de represalia institucional.

En atención a lo expuesto, y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO. -El procedimiento de extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos de América de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Constitución Española por:

- El Tratado de Extradición entre España y los Estados Unidos de América, firmado en Madrid el día 29 de mayo de 1970 (publicado en el BOE n.º 220, de 14 de septiembre de 1971).

- El Tratado Suplementario de Extradición entre España y los Estados Unidos de América, firmado en Madrid el 25 enero de 1975 (BOE n.º 152, de 25 de junio de 1978).

- El Segundo Tratado Suplementario de Extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, firmado en Madrid el 9 de febrero de 1988 (BOE n.º 156, de 1 de julio de 1993).

- El Tercer Tratado suplementario de extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el 12 de marzo de 1996 (BOE n.º 162, de 8 de julio de 1999).

- El Instrumento previsto en el artículo 3(2) del Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América de 25 de Junio de 2003 (en vigor desde el 1 de febrero de 2010, según Decisión 2009/933, de 30 de noviembre, del Consejo y Decisión 2009/820, de 23 de octubre, del Consejo), para la aplicación del Tratado de Extradición entre España y EEUU de 29 de mayo de 1970 y Tratados Suplementarios de Extradición de 25 de enero de 1975, 9 de febrero de 1988 y 12 de marzo de 1996, hecho ad referéndum en Madrid el 17 de diciembre de 2004 (BOE n.º 22, de 26 de enero de 2010).

- Y, subsidiariamente, por la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva.

SEGUNDO. -No existe debate acerca de la identidad de la persona objeto de reclamación extradicional.

TERCERO. -Examinaremos, en primer lugar, la concurrencia de los principios de doble incriminación y de mínimo punitivo, y así, y conforme la legislación de los Estados Unidos los hechos con constitutivos de un delito de asociación ilícita para cometer soborno relacionado con programas federales, con infracción de la Sección 371 del Título 18 del Código de los EEUU; de soborno por un agente de una organización que recibe fondos federales, con infracción de las Secciones 666 (a) 1, B y 2 del título 18 del Código de los EEUU; de estafa electrónica en infracción delas secciones 1343, 1346 y 2 del Título 18 del Código de los EEUU y de asociación ilícita para cometer blanqueo de capitales, con infracción de la Sección 1956 (h) del Título 18 del Código de los EEUU.

Y de conformidad a la legislación española los hechos son constitutivos de un delito de cohecho, previsto y penado en el art. 419 del Código Penal, un delito de estafa por cooperación necesaria de los arts. 248 del mismo texto legal, así como de un delito de blanqueo de capitales del art. 301, 1º y 302 del C. Penal.

Respecto del delito de fraude electrónico, del que la defensa alega no concurrir el requisito de la doble incriminación, el mismo requiere, conforme a la documentación aportada, que se acredite: (1) que el acusado ideó o participó conscientemente en un plan para defraudar a las Naciones Unidas (ONU), a través del soborno, de su derecho a los servicios honestos de Felix; (2) que el acusado actuó con conocimiento e intención de defraudar; (3) que el plan o artificio para defraudar involucró una tergiversación, omisión, declaración falsa, falsa pretensión u ocultación de hechos material; y (4) que, al promover, facilitar o ejecutar el plan para defraudar, el acusado transmitió, o gestionó la transmisión de un escrito, una señal o un sonido mediante una comunicación electrónica interestatal o internacional.

Elementos que concurren respecto delito de estafa, al castigar el art. 248 del Cd. Penal a los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno, siendo así que en este caso el reclamado hizo uso de correos electrónicos (comunicación electrónica) para llevar a cabo la acción típica.

Y en ambas legislaciones la pena a imponer por los delitos es superior a un año de privación de libertad, por lo que se da cumplimiento a las exigencias previstas en el art. 2º del Tratado.

Respecto del resto de delitos a que se refieren los Cargos emitidos, procederemos a su examen más adelante.

CUARTO. -Se han cumplimentado debidamente los requisitos documentales a que se refieren los arts. 15 y 28 del Tratado de Extradición, al haberse presentado la correspondiente demanda extradicional mediante Nota Verbal nº 175, de la embajada de los Estos Unidos de América en Madrid, acompañada una descripción de la persona reclamada, una declaración sobre los hechos relativos al caso, los textos legales de la parte requirente aplicables al caso, una declaración de que la acción penal no ha prescrito y de la correspondiente orden de detención emitida por el Juzgado del del distrito Sur de Nueva York de fecha 13 de enero de 2025.

No habiendo prescrito los delitos conforme al derecho norteamericano, tal y como se certifica en la demanda extradicional, tampoco lo han hecho respecto al nuestro ordenamiento jurídico, si bien dicha comprobación no sería necesaria conforme a lo dispuesto en el artículo 2 bis del Tratado, el cual establece que: "Siempre que concurran los demás requisitos exigidos, la extradición será también concedida incluso si, con arreglo a la legislación de la Parte Requerida, la acción penal o la pena hubieran prescrito. La Parte Requerida quedará obligada a aceptar la declaración de la Parte Requirente de que, según la legislación de la Parte Requirente, la acción penal o la pena no han prescrito".

QUINTO. -Como primer motivo de oposición a la entrega extradicional de su representado, la defensa del reclamado esgrime la existencia del privilegio de la inmunidad respecto de su defendido, quien ejerció cargo como funcionario de las Naciones Unidas. Acude, para ello, a la normativa contemplada en el estatuto del Personal de las Naciones Unidas y a la de la Convención sobre Prerrogativas a Inmunidades de las Naciones Unidas, e indica que "el estatuto jurídico del extraditurus, como persona con vínculo contractual estable y permanente con Naciones Unidas, le confiere el carácter de funcionario de la organización con destino en una parte de la organización con sede fuera de los Estados Unidos de América".

A consecuencia de ello, la parte afirma que no es posible ejercer acción penal alguna en relación a ningún funcionario de las Naciones Unidas sin la previa autorización de su Secretario General, sin que conste tal autorización por los que los Estados Unidos carecen de jurisdicción, al existir un óbice procesal personal que lo limita, y añade que la inmunidad plena no es de por vida, solo durará mientras ocupan el cargo, y que después del mandato se conserva únicamente la inmunidad funcional, que cubre los actos realizados durante su gestión.

La normativa que viene a regular el régimen de privilegios e inmunidades del personal de las Naciones Unidas es el siguiente:

El artículo 105 de la Carta de Naciones Unidas dispone lo siguiente: "1. La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarias para la realización de sus propósitos.

2. Los representantes de los Miembros de la Organización y los funcionarios de ésta, gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarias para desempeñar con independencia sus funciones en relación con la Organización.

3. La Asamblea General podrá hacer recomendaciones con el objeto de determinar los pormenores de la aplicación de los párrafos 1 y 2 de este Artículo, o proponer convenciones a los Miembros de las Naciones Unidas con el mismo objeto."

Como se puede observar, el artículo 105 de la Carta dispone tanto la inmunidad de la Organización (párrafo 1) como también de sus representantes y funcionarios (párrafo 2). El tercer párrafo ofrece a la ONU y sus Estados miembros la posibilidad, a propuesta de la Asamblea General, de especificar estos privilegios mediante convenciones entre ellos.

Precisamente de esta manera lo hicieron valer la ONU y sus miembros en febrero de 1946, apenas medio año después de su fundación, a través de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas. Este acuerdo ha sido ratificado por 157 Estados miembros de la ONU; y su contenido goza de validez frente a todos los miembros de la ONU.

El artículo IV de la misma regula los privilegios e inmunidades de los representantes de los Estados Miembros, en tanto que el art. V lo hace respecto de los funcionarios de Naciones Unidas, y lo hace de la siguiente forma:

"Sección 18. Los funcionarios de la Organización;

(a) estarán inmunes contra todo proceso judicial respecto palabras escritas o habladas y a todos los actos ejecutados en su carácter oficial;

(b) estarán exentos de impuestos sobre los sueldos y emolumentos pagados por la Organización;

(c) estarán inmunes contra todo servicio de carácter nacional;

(d) estarán inmunes, tanto ellos como sus esposa e hijos menores de edad, de toda restricción de inmigración y de registro de extranjeros;

(e) se les acordará, por lo que respecta al movimiento internacional de fondos, franquicias iguales a las que disfrutan funcionarios de categoría equivalente pertenecientes a las misiones diplomáticas acreditadas ante el Gobierno en cuestión.

(f) se les dará a ellos, y a sus esposas e hijos menores de edad, las mismas facilidades de repatriación en época de crisis internacional, de que gozan los agentes diplomáticos.

(g) tendrán derecho a importar, libres de derechos, sus muebles y efectos en el momento en el que ocupen su cargo en el país en cuestión.

Sección 19. Además de las inmunidades y prerrogativas especificadas en la sección 18, se otorgarán al Secretario General y a todos los Subsecretarios Generales y a sus esposas e hijos menores de edad los prerrogativas e inmunidades, exenciones y facilidades que se otorgan a los enviados diplomáticos de acuerdo con el derecho internacional.

Sección 20. Las prerrogativas e inmunidades se otorgan a los funcionarios en interés de las Naciones Unidas y no en provecho de los propios individuos. El Secretario General tendrá el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de cualquier funcionario, en cualquier caso en que según su propio criterio, la inmunidad impida el curso de la justicia y pueda ser renunciada sin que se perjudiquen los intereses de las Naciones Unidas. En el caso del Secretario General, el Consejo de Seguridad tendrá el derecho de renunciar a la inmunidad.

Por su parte, el Estatuto del Personal de las Naciones Unidas, (Boletín del Secretario General ST/SGB/2023/1/Rev.1, de 1 de enero de 2023), dispone que: "Cláusula 1.1. f) Las prerrogativas e inmunidades de que disfrutan las Naciones Unidas en virtud del Artículo 105 de la Carta se confieren en beneficio de la Organización. Esas prerrogativas e inmunidades no eximen a los funcionarios de la observancia de las leyes y ordenanzas de policía del Estado en que se encuentren ni del cumplimiento de sus obligaciones como particulares. En todos los casos en que se plantee una cuestión relativa a la aplicación de esas prerrogativas e inmunidades, los funcionarios interesados deberán informar inmediatamente de ello al Secretario General, que es la única persona que podrá decidir si existen esas prerrogativas e inmunidadesy si procede renunciar a ellas de conformidad con los instrumentos pertinentes".

En el caso que nos ocupa, y si bien es cierto que, en el momento de comisión de los hechos, el reclamado ostentaba la condición de funcionario de las Naciones Unidas, es lo cierto que no se ha acreditado en el momento actual tenga la citada condición, ni que en el caso de ostentarla, el Secretario General de Naciones Unidas haya decidido si procede la aplicación de dichas prerrogativas e inmunidades, tal y como se expresa en el último párrafo del artículo anteriormente trascrito que, recordemos, impone al funcionario interesado la obligación de comunicar la cuestión sobre la aplicación de la inmunidad al Secretario General, lo que, en el presente caso, no consta que se haya hecho.

Este motivo está íntimamente ligado al siguiente, en el que la parte alude a que los Estados Unidos carecen de jurisdicción, precisamente debido al privilegio de inmunidad que la defensa pretende otorgar a su representado, inmunidad que, como ha quedado expuesto, no ha quedado acreditada, al no constar la condición actual de funcionario de la ONU del reclamado, ni que el Secretario General de dicho organismo haya reconocido la existencia de dicha inmunidad.

TERCERO. -Como segundo motivo de oposición se alega la vulneración del artículo 3º ) del Tratado de Extradición, que establece:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 1 del párrafo A) del artículo 5, cuando el delito que motiva la extradición haya sido cometido fuera del territorio de la Parte requirente, la otra Parte podrá acceder a la solicitud siempre que se trate de un delito que sus leyes someten a la jurisdicción de sus tribunales cuando se cometan en similares circunstancias y el responsable no esté reclamado por otro Estado cuya jurisdicción sea preferente por razones territoriales y respecto al cual existe igualmente la posibilidad de acceder a la extradición."

No encontramos, como es de ver, ante una cláusula facultativa de denegación "podrá acceder",si bien en el presente caso en ningún caso podría ser de aplicación dicha causa de denegación, desde el momento en que el delito objeto de la presente reclamación se cometió, también, en el territorio de los Estados Unidos. De esta forma, en la contestación remitida por el Estado requirente a la solicitud de información complementaria instada por esta Sala, se indican los actos que tuvieron lugar en los Estados Unidos, y así:

a. El 15 de septiembre de 2016, UNOPS organizó el Evento de septiembre de 2016 en el 119 East 17th Street, Nueva York, NY 10003, para destacar los avances de UNOPS en la inversión de impacto social. Felix, quien estaba presente en los Estados Unidos, utilizó el Evento de septiembre de 2016 para promover la asociación entre UNOPS y DIRECCION000.

b. El 3 de septiembre de 2021, Gabino permitió que Felix realizara cargos en su tarjeta de crédito en relación con una estancia en el InterContinental Barclay Hotel en Manhattan, Nueva York.

c. El 26 de febrero de 2018, el 10 de octubre de 2018, el 16 de enero de 2019, el 31 de mayo de 2019, el 24 de septiembre de 2019, el 21 de enero de 2020 y el 5 de agosto de 2020, se enviaron transferencias electrónicas por un total de aproximadamente $465,962 a una cuenta bancaria en los Estados Unidos asociada con un miembro de la familia de Felix y procesadas a través de cuentas bancarias corresponsales en Manhattan, ubicadas en Bank of America, Nueva York, Nueva York; Barclays Bank, PLC, Nueva York, Nueva York; Wells Fargo NY Intl, Nueva York, Nueva York; Citibank, NA, Nueva York, Nueva York; y Deutsche Bank Trust Co. Americas, Nueva York, Nueva York.

d. El 3 de septiembre de 2019, se realizó una transferencia electrónica de aproximadamente $2,835 desde una cuenta bancaria fuera de los Estados Unidos a una cuenta bancaria dentro de los Estados Unidos asociada con una empresa ubicada en Mamaroneck, Nueva York, para cubrir el costo de reparaciones en la casa de Felix en el condado de Westchester, Nueva York, ubicada en DIRECCION005, Nueva York NUM003.

e. Desde el 7 de julio de 2020 hasta el 25 de marzo de 2022, Felix realizó cargos en la tarjeta de crédito de Gabino por casi aproximadamente $24,000 a Singer Energy Group, operando como Robison Oil, ubicada en el condado de Westchester, Nueva York

Y a la vista de tales datos objetivos cabe concluir que las autoridades de los Estados Unidos de América ostentan jurisdicción para el conocimiento de los hechos objeto de la presente demanda, por cuanto algunos de ellos, como los movimiento de dinero, ocurrieron en su territorio, siendo por ello de aplicación del principio de la ubicuidad, conforme al cual cuando la acción y el resultado no tengan lugar dentro de una misma jurisdicción, el delito se reputará cometido tanto en una como en otra. El Acuerdo de Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005 dispone, en este sentido, que el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo y, por tanto, en el caso que nos ocupa cabe dictaminar que el delito se cometió, también, en los Estados Unidos, sin que sea necesario, para su persecución por parte de dicho país, que sus intereses económicos se hayan visto perjudicados por los hechos objeto de persecución, al tratarse de un delito público y perseguible de oficio por la justicia norteamericana.

CUARTO. -Se hace referencia por la defensa del reclamado a la existencia de un procedimiento disciplinario en el seno de las Naciones Unidas, que impide la concurrencia del procedimiento penal que la justicia norteamericana ha incoado frente a su representado. Dicho motivo debe decaer, por cuanto debe ser frente al órgano judicial requirente de la presente extradición ante quien debería hacerse valer ese supuesto "non bis in idem", si bien la alegación referida parece ser prematura por cuanto, según se desprende de las alegaciones efectuadas, no ha recaído sanción alguna, hasta el momento en ese procedimiento administrativo. En cualquier caso, dicha cuestión deberá ser resuelta por el órgano estadounidense encargado del enjuiciamiento, por cuanto la existencia de un procedimiento administrativo sancionador en curso por los mismos que el judicial por el que se solicita la extradición no puede operar como causa de denegación a la entrega, y así el art. 5 del Tratado prescribe como única causa de denegación a la entrega en hecho de que " la persona reclamada haya sido juzgada y absuelta en un tercer Estado por el delito por el cual se solicita la extradición o haya cumplido la correspondiente pena."

Dicho precepto es igualmente predicable respecto de aquellos procedimientos que la defensa del reclamado dice tener abiertos en otras jurisdicciones (Dinamarca, Finlandia, según se manifiesta por la defensa del reclamado), y ello por cuanto, de existir los mismos, en ningún caso se ha acreditado que en los mismos haya recaído resolución definitiva, ya sea condenatoria, ya sea absolutoria.

QUINTO. -En el siguiente motivo de oposición se alega la existencia de una división artificiosa de la imputación, con vulneración del principio de proporcionalidad. Se afirma sobre este particular que en la acusación formulada se acuerda un troceamiento artificial de un hecho que debía tener un tratamiento único según la norma penal, de forma que, indica la parte, el hecho imputado por el Gran Jurado no es sino la ideación, ejecución y agotamiento de una sola acción, un presunto cohecho y, en su caso, una malversación. Y prosigue incidiendo sobre esta alegación acudiendo al principio non bis in idem, ya que entiende que se pretende juzgar a su representado dos veces por el mismo hecho, y por ello entiende que la Sala debe rechazar la entrega por todos los cargos que suponen una reduplicación valorativa de los hechos.

El examen de los cargos por los que se dirige la acusación para con el reclamado nos lleva a desestimar dicha causa de oposición, los hechos presuntamente delictivos por los que se dirige la acusación están perfectamente individualizados, sin que exista una duplicidad en los mismos, habiéndose indicado de forma pormenorizada las fecha y lugares en que tuvieron lugar los mismos, así como el grado de participación del reclamado en los mismos, no siendo objeto del presente procedimiento el determinar si los mismos deben tratarse como concurso real o concurso ideal de delitos, cuestión esta que transciende a la labor del Tribunal de la extradición.

SEXTO. -Se opone la defensa del reclamado a que la entrega comprenda el delito de asociación ilícita o de organización criminal, al entender que no se da el principio de doble incriminación respecto del mismo, dado que tan solo se describe la actividad de dos acusados, siendo así que los arts. 570 bis y ter exigen la concurrencia de más de dos personas para poder aplicar la figura de la organización o del grupo criminal. En el relato de hechos se refiere expresamente que el reclamado Felix, junto a Gabino "y otros conocidos y desconocidos, voluntaria y conscientemente se combinaron, se unieron en conspiración, se confederaron y acordaron juntos entre sí..."para cometer el delito.

Conforma a la documentación remitida, "Los Cargos uno, cuatro y seis de la acusación formal imputan a Felix el delito de conspiración. Según la legislación de los Estados Unidos, una conspiración es un acuerdo para cometer uno o más delitos penales. El acuerdo en el que se basa la conspiración no necesita estar expresado por escrito ni en palabras, sino que puede consistir simplemente en un entendimiento tácito o no expresado entre dos o más personas para hacer algo ilícito. La conspiración no requiere un acuerdo o plan formal en el que todos los involucrados se hayan reunido para acordar cada detalle. Los conspiradores forman una asociación con un propósito delictivo, en la cual cada miembro o participante se convierte en socio o agente de todos los demás miembros. Una persona puede convertirse en miembro de una conspiración sin conocer todos los detalles del plan ilícito ni las identidades de todos los demás miembros de la conspiración. Si una persona comprende la naturaleza ilícita del plan y, de manera consciente y deliberada, acuerda participar en él, uniéndose al plan, es culpable de conspiración aunque no haya participado anteriormente y aunque su papel sea menor. Un conspirador puede ser considerado penalmente responsable de todas las acciones razonablemente previsibles llevadas a cabo por otros conspiradores en apoyo de la asociación delictuosa. Además, debido a esta asociación, las declaraciones hechas por un conspirador, durante el transcurso de la conspiración y mientras sea miembro de la misma, son admisibles como prueba no solo contra ese conspirador, sino también contra todos los demás miembros de la conspiración. Esto es así porque, como se indicó anteriormente, un conspirador actúa como agente o representante de los demás conspiradores cuando actúa en apoyo del plan ilícito. Por lo tanto, las declaraciones de los conspiradores hechas en apoyo de la conspiración pueden considerarse como declaraciones de todos los conspiradores.

El delito de conspiración es un delito independiente, separado y distinto de la comisión de cualquier "delito material" específico. En consecuencia, un conspirador puede ser declarado culpable de conspiración para cometer un delito incluso cuando no se haya cometido el delito material que constituía el propósito de la conspiración. El Congreso de los Estados Unidos ha considerado apropiado tipificar la conspiración, por sí sola, como un delito independiente, aun cuando la conspiración no tenga éxito, porque la planificación delictiva colectiva representa una amenaza mayor para la seguridad y el bienestar públicos que la conducta individual, y aumenta la probabilidad de éxito de una empresa delictiva determinada.

El Cargo uno de la acusación formal imputa a Felix el delito de conspiración para cometer soborno relacionado con programas federales, en violación de la sección 371 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Para condenar a Felix por el Cargo uno de la acusación formal, el gobierno debe probar más allá de toda duda razonable cada uno de los siguientes elementos: (1) la existencia de un acuerdo entre dos o más personas para cometer un delito contra los Estados Unidos, (2) la participación deliberada del acusado en la conspiración, y (3) la comisión de un acto manifiesto en apoyo de la conspiración por lo menos por uno de los coconspiradores.

El Cargo cuatro imputa a Felix el delito de conspiración para cometer fraude electrónico mediante servicios honestos, en violación de la sección 1349 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Para cumplir con su carga probatoria y condenar a Felix por el Cargo cuatro de la acusación formal, el gobierno debe probar más allá de toda duda razonable cada uno de los siguientes elementos: (1) que existía un acuerdo entre dos o más personas para cometer fraude electrónico, y (2) que el acusado conocía el propósito ilícito del plan y se unió a él voluntariamente. A diferencia de la conspiración imputada en el Cargo uno, la conspiración para cometer fraude electrónico mediante servicios honestos no requiere la realización de un acto manifiesto.

El Cargo seis imputa a Felix el delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales, en violación de la sección 1956(h) del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Para cumplir con su carga probatoria y condenar a Felix por el Cargo seis de la acusación formal, el gobierno debe probar más allá de toda duda razonable cada uno de los siguientes elementos: (1) que existía un acuerdo entre dos o más personas para cometer blanqueo de capitales, y (2) que el acusado conocía el propósito ilícito del plan y se unió a él voluntariamente. Al igual que la conspiración para cometer fraude electrónico imputada en el Cargo cuatro, la conspiración para cometer blanqueo de capitales no requiere la realización de un acto manifiesto.

Conforme a lo anteriormente expuesto, el delito de conspiración objeto de la presente reclamación extradicional estaría tipificado en nuestro ordenamiento jurídico penal como delito de pertenencia o integración a organización o a grupo criminal, previsto y penado en los arts. 570 bis y 570 ter del Código Penal.

El primero de ellos define a organización criminal como "la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos",y el segundo entiende que nos encontramos ante un grupo criminal en el caso de "la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos."

Por lo tanto, y para que, conforme a nuestra legislación, podamos hablar de grupo o de organización criminal, nos hemos de encontrar ante una agrupación de más de dos personas, lo que en el presente caso no ocurre por cuanto en todo el relato fáctico remitidos por la autoridad requirente se refiere a la actividad de tan solo dos personas: Felix y Gabino, sin que pueda tenerse en cuenta, a efectos de la apreciación de este tipo delictivo, la genérica e indeterminada alusión a "otros conocidos y desconocidos",por lo que y en lo que se refiere al delito de conspiración, no puede accederse a la entrega al no concurrir el principio de doble incriminación.

SÉPTIMO. -En el siguiente motivo de oposición se alega la imposibilidad de perseguir por fraude federal, por cuanto no hay tal. Se entiende que en ningún momento se han visto comprometidos fondos del presupuesto federal del Estado requirente, sino de las Naciones Unidas, sin que el hecho de que los Estados Unidos sean contribuyentes de la O.N.U. otorgue legitimación al Estado requirente para la persecución de los hechos que nos ocupan.

El principio de la doble incriminación, que es, en definitiva, el que entiende la parte vulnerado, se incluye en el derecho fundamental a la legalidad penal, consiste en que el hecho por el que se pide la extradición sea delictivo y esté sancionado con una determinada penalidad en las legislaciones punitivas del Estado requirente y del Estado requerido, pero no exige identidad de las normas penales de los Estados concernidos, ni la identidad de penas en ambas legislaciones, sino que basta con que se cumplan los mínimos penales previstos en las normas aplicables, STS 102/1997 de 20 mayo, que cita AATC 23/1997, 753/1985 y 499/1988. Igualmente, AATC 121/2000 de 16 mayo, 95/1999 de 14 abril y 49/1999 de 4 marzo y Auto 23/1997 de 27 enero, que aclaró que el principio en cuestión no exige una misma denominación del delito en ambas legislaciones, ni tampoco que las normas penales respectivas sean idénticas. Por su parte el ATC 412/2004 de 2 noviembre, recalcó que la doble incriminación en los Estados requirente y requerido no exige que los tipos delictivos que sancionan la conducta perseguida tengan la misma estructura y naturaleza, sino tan sólo que la misma conducta sea objeto de sanción penal en ambos Estados; añadiendo que, dado que el proceso extradicional limita su naturaleza a la de ser un simple acto de auxilio judicial internacional, el alcance de dicho principio es únicamente el expresado; procediendo exclusivamente la comprobación de las condiciones específicamente recogidas en las Leyes y convenios que la regulan, ATC 558/1985 y STC 229/2003; y asó el art. 2 c) del Tratado establece que: "A los efectos de este artículo un delito dará lugar a extradición aunque no esté tipificado en las leyes de ambas Partes en la misma categoría de delitos o no sea descrito el delito con la misma terminología".En el presente caso, y como quedó anteriormente constatado, los hechos referidos en el escrito de acusación formal, serían en España constitutivos de los delitos de estafa y/o de malversación de caudales públicos, así como de delito de cohecho, los cuales, y como quedó anteriormente expuesto, se habría cometido, también, en territorio de los Estados Unidos.

La defensa del reclamado tampoco considera cometido el delito de blanqueo de capitales, al fijar su atención en los pagos efectuados a favor de los familiares del reclamado que consideran no fueron simulados ni encubiertos. Sin embargo, la autoridad requirente explicita, en el punto 20 de la narración de los hechos que " Felix y Gabino, los acusados, adoptaron medidas para ocultar los pagos de sobornos. Por ejemplo, en un correo electrónico del 29 de marzo de 2020 en el que hablaban del patrocinio de tenis para el Miembro de la Familia Felix-1, Felix aconsejó a Gabino que evitara que una empresa específica propiedad de Gabino -la matriz de la Entidad de DIRECCION003- firmara el acuerdo de patrocinio, ya que esa entidad era "demasiado visible" y en su lugar, Felix instruyó a Gabino a utilizar una "entidad con sede en España". El contrato de patrocinio fue finalmente firmado por una entidad con sede en España vinculada a Gabino. Además, como se ha explicado, aproximadamente $465,962 dólares estadounidenses en pagos de sobornos fueron transferidos a través de nueve transferencias electrónicas de fondos a la cuenta del Miembro de la Familia Felix-3 entre alrededor de febrero de 2018 y alrededor de agosto de 2020.

Felix posteriormente gestionó para que el Miembro de la Familia Felix-3 pagara periódicamente las tarjetas de crédito emitidas a su nombre, utilizando la misma cuenta bancaria que había recibido los pagos de sobornos de Felix", describiéndose así, a grandes rasgos, los mecanismos de ocultación de las cantidades de dinero procedentes de los pagos ilegales realizados hacia el reclamado

SÉPTIMO. -Se opone la defensa del reclamado a la entrega de su representado alegando que la presente reclamación tiene una motivación política, por lo que teme por su seguridad en caso de procederse a la entrega y a no ser sometido a un judicio justo. Manifiesta que su defendido, por motivo de su trabajo en Naciones Unidas, tuvo conocimiento de asuntos declarados secretos en países conflictivos y que, al haber escrito un libro sobre los mismos, y de la vinculación de políticos americanos, los Estados Unidos pretenden juzgarle y así acallar su voz, añadiendo que se le vincula como partidario del presidente Imanol.

En esta materia el Pleno de esta Sala ha reiterado, entre otros muchos, en autos de fechas 5 de marzo de 2019, 28 de diciembre de 2018 , 12 de enero de 2018, 19 de septiembre de 2019, 7 de diciembre de 2016 y 15 de septiembre de 2016, que citan el anterior auto de 28/2009 de 2 de junio, que no bastan las alegaciones genéricas sobre la situación de los Derechos Humanos y del sistema jurídico penal y carcelario del Estado reclamante, si la parte no hace alegación alguna concreta en relación con la persona o derechos del reclamado.

Como recuerda la STC 49/2006, de 13 de febrero , FJ 3: "el procedimiento de extradición exige una cuidadosa labor de verificación por el órgano judicial en relación con las circunstancias alegadas por el reclamado, con el fin de evitar que, en caso de accederse a la extradición, se pudiera convertir en autor de una lesión contra los derechos del extraditado, bien porque hubiera contribuido a que la lesión de un derecho ya acaecida en el extranjero no fuera restablecida o a que no se impidiera que de la misma se derivaran consecuencias perjudiciales para el reclamado, bien porque, existiendo un temor racional y fundado de que tales lesiones se produzcan en el futuro, éstas resulten favorecidas por la actuación de los órganos judiciales españoles al no haberlas evitado con los medios de que, mientras el reclamado se encuentra sometido a su jurisdicción, disponen, de modo que la actuación del Juez español produzca un riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado"... "para activar este específico deber de tutela que corresponde a los órganos judiciales competentes en materia de extradición, no basta con alegar la existencia de un riesgo, sino que es preciso que "el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado' y, además, no bastan alusiones o alegaciones 'genéricas' sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones con relación a su persona y derechos ( STC 148/2004, de 13 de septiembre , FJ 8 y STC 181/2004, de 2 de noviembre , FJ 14)".

En el caso, la alegación de motivos políticos carece de la mínima base objetiva, al no contar con el adecuado respaldo probatorio, ni siquiera indiciario, por lo que no puede servir para la denegación de la entrega, puesto que de lo actuado en la causa no existe indicio alguno que permita, siquiera intuir, una posible instrumentalización del proceso penal como medio de represalia institucional.

En atención a lo expuesto, y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.