Auto Penal 642/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 531/2025 de 27 de octubre del 2025

PRIMERO.Interpone recurso de apelación la representación procesal de los investigados Eutimio y Leonor contra el pronunciamiento del auto de 22 de julio de 2025 que desestima el recurso de reforma interpuesto por los citados investigados contra el pronunciamiento del auto de 3 de junio de 2025 que acuerda la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado respecto de ellos.

Es de destacar que la parte apelante viene a realizar su propia interpretación de los resultados arrojados por las diligencias de investigación practicadas, atribuyendo al Ministerio Fiscal la realización meras imputaciones especulativas respecto de los citados investigados, por entender dicha parte que no existen indicios de responsabilidad penal que permitan sostenerlas, de tal manera que -sigue diciendo la parte apelante- lo procedente sería el sobreseimiento -libre o, subsidiariamente, provisional- de la causa respecto de los recurrentes, incluyendo además una pretensión subsidiaria respecto de Eutimio, consistente en solicitar que se le reciba declaración, así como que "se practiquen las diligencias de investigación pendientes respecto de hechos y personas aún no localizadas".

El Ministerio Fiscal se opone al recurso, por entender que de los resultados de las diligencias de instrucción practicadas se desprenden suficiente indicios de responsabilidad penal contra los investigados apelantes, viniendo a considerar que la interpretación de los hechos y de sus circunstancias que la parte apelante pretenden ofrecer no se corresponde con la realidad de lo acaecido y que las diligencias de investigación practicadas son suficientes en orden al dictado del auto de prosecución por los trámites del procedimiento abreviado, añadiendo, en lo que se refiere a la pretensión de que se reciba declaración como investigado a Eutimio, que ya se le ofreció en su día la posibilidad de prestar declaración, habiéndose acogido a su legítimo derecho a guardar silencio.

El recurso de apelación debe ser desestimado, por las razones que se van a exponer en la presente resolución, no sin antes destacar, para evitar cualquier equívoco al respecto, que procederemos a dar una respuesta sustancial al recurso, sin necesidad de dar respuesta a todas y cada una de las alegaciones que la parte apelante realiza, pues debe señalarse que los órganos judiciales no están en modo alguno constreñidos, ni desde el punto de vista constitucional ni desde el punto de vista de la legalidad ordinaria, a dar respuesta a todas y cada una de las alegaciones y cuestiones que las partes decidan realizar en el proceso y que, a juicio de dichos órganos, resulten intrascendentes para su resolución, en la medida en que la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE) , como es sabido, sólo exige dar una respuesta fundada en derecho a las pretensiones -que no alegaciones- de las partes, aunque tal respuesta pueda no ser de su agrado.

En este sentido, puede leerse en la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 8/2001, de 15 de enero, lo siguiente:

< STC 209/1993, de 28 de junio , FJ 1).>>.

SEGUNDO.Partiendo de lo que hemos dejado expuesto en el precedente ordinal, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Eutimio y Leonor y confirmar los pronunciamientos del auto apelado que a ellos van referidos, tomando en consideración los indicios existentes contra ambos, que han sido suficientemente expuestos tanto en el auto de prosecución como en el auto desestimatorio del recurso de reforma interpuesto, en línea con lo que también se recoge en el escrito por el que el Ministerio Fiscal procede a impugnar el recurso de apelación.

Lo que se recoge en tales autos y en el referido escrito del Ministerio Fiscal, que aquí se tiene por íntegramente reproducido en evitación de innecesarias reiteraciones y como fundamento de la decisión que este Tribunal adopta en el presente auto, es más que suficiente para el rechazo de las pretensiones de la parte apelante, pues, en efecto, los resultados de las diligencias de investigación realizadas, con especial referencia a las declaraciones testificales a las que se alude expresamente en el auto de prosecución, permiten atribuir con claridad a Eutimio, en la forma meramente provisional o indiciaria que el propia de esta fase procesal, su intervención en el desarrollo de la cadena de conductas realizadas en el ámbito de las entidades "Pro Coaching FIF SLU" y "Generación Zoe en España", que habrían servido de base al engaño a los perjudicados para que estos últimos aportasen importantes cantidades de dinero a un negocio que se afirmaba próspero y rentable y que, en realidad, carecía por completo de un diseño económico sostenible, encubriendo lo que no era más que una estafa piramidal con múltiples perjudicados. En este sentido, son varias las referencias que se realizan en el auto de prosecución a concretas actuaciones realizadas por el citado investigado, que vienen avaladas por declaraciones testificales y que le sitúan en un papel relevante dentro de la trama engañosa, de tal manera que, cuando menos, cabe imputarle el delito de estafa que es objeto de la investigación y por el que ya ha formulado incluso escrito de acusación el Ministerio Fiscal, además de por los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

Por otra parte, en lo que se refiere a la intervención en los hechos de Leonor, debe señalarse que resulta indudable la procedencia de imputarle, al menos y también en la forma meramente provisional o indiciaria que es propia de esta fase procesal, un delito de blanqueo de capitales por la operación que también se describe en el auto de prosecución, consistente en la venta, en fecha 29 de noviembre de 2021, de una vivienda de su propiedad a una de las mercantiles de la trama -Pro coaching FIF S.L.- recibiendo desde la cuenta bancaria de dicha mercantil a su propia cuenta bancaria la cantidad de 28.535,78 € como supuesto precio de esa compraventa, procediendo la investigada, en fecha 30 de noviembre de 2021, a la cancelación notarial de la hipoteca que pesaba sobre dicha vivienda, existiendo indicios suficientes de que el dinero empleado en la operación procedía de las ilícitas ganancias obtenidas por medio del delito de estafa antes referido, en el que intervino su pareja y también investigado, Eutimio. Es decir, es razonable la imputación como delito de blanqueo de capitales de lo que la parte apelante pretende presentar como una neutra o inocente operación de compraventa, en la medida en que existen indicios suficientes para inferir que el dinero que se movió en la operación procedía de la actividad delictiva previa, intentando que ese dinero pudiera aflorar en el circuito económico reconvertido en un inmueble desprovisto de la carga real que pesaba sobre él y que, al parecer, continuó utilizando la investigada, habiendo formulado ya también el Ministerio Fiscal acusación contra esta última, por blanqueo de capitales, sobre la base de tal operación.

En este sentido, la presencia o ausencia del elemento subjetivo del referido tipo penal, cuya indiciaria presencia sí se vislumbra en este momento, podrá ser objeto de discusión en el plenario en base a la prueba que allí se practique.

En definitiva, la exposición de hechos, indicios y diligencias de las que derivan, en lo que se refiere a negocios realizados y dinámica delictiva, que se recoge en el auto de prosecución, a los que también hace referencia el Ministerio Fiscal en sus informes, permite albergar la razonable conclusión de que resulta probable que los hechos allí descritos no consistan en meras relaciones, actos y negocios jurídicos inocuos, sino que tengan el sentido o significado delictivo que el Ministerio Fiscal les atribuye, lo que es suficiente para el dictado del auto que ahora se recurre, no debiendo olvidarse que los indicios que son necesarios para dictar el denominado auto de prosecución o transformación de las diligencias previas no son equiparables a los que resultan exigibles para alcanzar la certeza que requiere el dictado de una sentencia condenatoria. Basta ahora con constatar que del resultado de las diligencias de investigación practicadas se desprende la razonable probabilidad de que los investigados aquí apelantes puedan haber cometido los hechos de significado delictivo que se les imputan y eso es ya suficiente para la continuación del procedimiento, sin que en esta fase procesal en que nos encontramos resulte procedente realizar un análisis en profundidad del resultado de las distintas diligencias de investigación practicadas, similar al análisis que realiza el órgano de enjuiciamiento de las pruebas que se practican a su presencia, y sin que tampoco resulte necesario en esta fase procesal, como ya se ha indicado, alcanzar la convicción de certeza que sería necesaria para el dictado de una sentencia condenatoria.

Deben rechazarse, pues, las alegaciones de los dos investigados aquí apelantes, con las que ambos vienen a pretender que se dicte una especie de sentencia absolutoria anticipada tomando como exclusiva base el material instructorio. En este sentido, parece oportuno destacar lo expuesto por el Tribunal Supremo en Auto de 23 de marzo de 2010 (rec. nº 20048/2009), en el que, entre otros extremos, se señala, textualmente, lo siguiente:

"Por lo tanto con la instrucción se trata de realizar las actuaciones necesarias para decidir, no si hay responsabilidad penal, sino si se debe o no abrir el Juicio Oral para decidir en él la posible responsabilidad de una persona determinada. De ahí que el grado de certeza en la fijación de los datos de hecho y el de valoración de la tipicidad penal hayan de ser los necesarios para garantizar la razonabilidad del enjuiciamiento, que no es el mismo que se necesita para decidir, ya en él, la condena del enjuiciado, o en su caso la absolución, teniendo en cuenta en este segundo supuesto el principio in dubio. [...].

Por consiguiente ni el plenario tiene por finalidad revisar la actuación del Instructor sino practicar las pruebas de acusación y defensa y el enjuiciamiento de fondo, ni el sumario constituye un enjuiciamiento anticipado de la acción del imputado, en el cual se haya de decidir el sobreseimiento por las razones que en el plenario llevan a la absolución, ni exigir para abrir el Juicio Oral lo mismo que sería en éste preciso para la condena. La duda que en el Juicio Oral conduce a la absolución justifica en el sumario la continuación del proceso, por lo mismo que el sobreseimiento del proceso exige la positiva estimación de que el hecho "no es constitutivo de delito" o no está justificada la perpetración del hecho, procediendo el provisional si aún estimando que el hecho "puede ser" constitutivo de delito no hay autor conocido.

En definitiva, en los procesos en que existen indicios de la comisión del hecho y su valoración como delito en términos de probabilidad razonable no procede el sobreseimiento y se justifica la continuación de la causa.".

En definitiva, de todo lo expuesto se desprende que no resulta procedente, en modo alguno acordar el sobreseimiento pretendido por la parte apelante -ni libre ni provisional-, al igual que tampoco resulta procedente acordar que se reciban nuevas declaraciones a los investigados, pues a ambos se les ofreció en su día la posibilidad de prestar declaración en relación con los hechos que se investigaban, habiendo tenido oportunidad, por tanto, de manifestar cuanto hubiesen estimado oportuno en su descargo, de tal manera que no cabe invocar ahora una inexistente situación de indefensión material sobre la base de un previo, libre y legítimo ejercicio del derecho a guardar silencio, sin que, una vez que ha concluido al fase de instrucción, con el dictado del auto de prosecución, pueda entrar en juego lo dispuesto en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Finalmente, debe agregarse a lo expuesto que tampoco cabe acoger la pretensión de la parte apelante en la que se limita a solicitar que "se practiquen las diligencias de investigación pendientes respecto de hechos y personas aún no localizadas",en la medida en que se trata de una pretensión genérica que no determina cuáles son las concretas diligencias de investigación que aún deberían, a su juicio, practicarse, ni se justifica, en modo alguno, la pertinencia, relevancia y necesidad de esa práctica.

TERCERO.Por todo lo expuesto en los precedentes ordinales y como ya se adelantó, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de los investigados Eutimio y Leonor contra el pronunciamiento del auto de 22 de julio de 2025 que desestima el recurso de reforma interpuesto por los citados investigados contra el pronunciamiento del auto de 3 de junio de 2025 que acuerda la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado respecto de ellos, a los que se ha hecho referencia en el antecedente de hecho primero de la presente resolución, declarando de oficio las costas de esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En atención a todo lo expuesto este Tribunal HA DECIDIDO: