Auto Penal 201/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 159/2026 de 27 de marzo del 2026

PRIMERO.-Con relación a la prisión provisional es preciso partir, porque nos encontramos en un sistema regido por el principio "pro libertate", de que se trata de una medida cautelar que solo puede adoptarse en aquellos supuestos en que existan indicios racionales de la comisión del presunto hecho delictivo; sin que la medida pueda tener un carácter retributivo, ni se utilice con la finalidad de impulsar la investigación del delito, obtener pruebas o declaraciones, etc., sino que la misma, para poder adoptarse, ha de responder a alguno de fines que constitucionalmente justifican la privación de libertad, que según STC 128/1995, 177/1998, 33/1999 y 14/2000, entre otras, son: evitar la obstrucción de la justicia penal, la sustracción a la acción de la administración de justicia o la reiteración delictiva, así como la protección de la víctima, tal y como viene recogido en los artículos 503 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SEGUNDO.-En el supuesto de autos, la prisión provisional del investigado, impugnada por su defensa, se mantiene en la resolución impugnada al constatarse por el Instructor, "..., puesto que la instrucción no ha concluido, quedan diligencias por practicar y será en el momento en que por la fuerza instructora se presente el informe final de imputaciones, cuando proceda. Por ello, procede mantener la resolución recurrida por sus propios fundamentos, ratificando además lo informado por el Ministerio Fiscal, significándose que las alegaciones efectuadas no desvirtúan lo acordado, habida cuenta -a los efectos de esta resolución- que existen motivos bastantes para creer responsable al investigado del delito, aconsejándose la medida a fin de evitar la sustracción a la acción de la justicia, da la posible pena a impones y ante una posible fuga del mismo, por el temor a su imposición."..

Y ello tras analizar que no se han modificado las circunstancias que motivaron la adopción de la medida privativa de libertad.

TERCERO. -El recurrente funda su recurso en los siguientes motivos:

I.- SOBRE LA INSUFICIENTE MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS. El presente recurso se dirige contra la resolución que desestima el recurso de reforma interpuesto frente al Auto de 13 de enero de 2026, resolución que se limita esencialmente a ratificar los argumentos previos sin efectuar un análisis real y actualizado de la situación personal del investigado ni de los hechos nuevos alegados por esta defensa. En efecto, el Auto que desestima la reforma sostiene que la instrucción no ha concluido y que existen motivos bastantes para creer responsable al investigado, manteniendo la medida por riesgo de fuga derivado de la posible pena, sin efectuar una valoración concreta, individualizada y actualizada de los presupuestos exigidos por la ley.

II. SOBRE EL CARÁCTER EXCEPCIONAL DE LA PRISIÓN PROVISIONAL

III. SOBRE LA INEXISTENCIA DE INDICIOS SUFICIENTES DE PARTICIPACIÓN DEL INVESTIGADO

La solicitud de libertad ya puso de manifiesto que la situación procesal del recurrente se ha construido fundamentalmente por su relación personal con otros investigados, sin atribución de hechos propios concretos que justifiquen la medida cautelar más gravosa del ordenamiento.

Del propio informe policial analizado en su momento se desprende que el investigado no tenía conocimiento del supuesto plan investigado, extremo reconocido expresamente en el propio documento, lo cual resulta incompatible con cualquier imputación por participación consciente o cooperación dolosa.

A continuación, realiza un análisis del contenido de dicho informe policial con arreglo al siguiente orden:

Falta de rigor probatorio y vulneración del principio de tipicidad

II. Errónea calificación de objetos como armas de fuego

III. Inexistencia de entrenamiento militar y atribución falsa de presencia

IV. Irrelevancia penal de material audiovisual y minoría de edad

V. Incorrecta atribución de dispositivos electrónicos

VI. Inexistencia de comunidad ideológica

VII. VII. Búsquedas en Internet carentes de relevancia penal

VIII. VIII. Incorrecta atribución de la libreta y ausencia de planificación grupal

IX. Errores de traducción y ausencia de contenido incriminatorio

X. Actividad académica legítima

XI. Interpretaciones ideológicas y culturales erróneas

XII. XII. Contradicciones internas del informe

IV. SOBRE LA EXISTENCIA DE HECHOS NUEVOS OMITIDOS EN LA VALORACIÓN JUDICIAL

Refiriéndose en este particular a:

las declaraciones prestadas por los investigados,

el análisis detallado del informe policial,

la constatación de la ausencia de conocimiento del plan investigado por parte del recurrente,

la incoación de un procedimiento de expulsión pese a ser beneficiario de protección internacional.

V. SOBRE LA INEXISTENCIA DE RIESGOS PROCESALES

No existe riesgo de fuga, pues el investigado cuenta con domicilio conocido, arraigo y voluntad de someterse al procedimiento, habiendo comparecido y declarado voluntariamente. No existe riesgo de reiteración delictiva, al carecer de antecedentes penales y no imputársele conducta violenta alguna. No existe riesgo de destrucción de pruebas, encontrándose las diligencias esenciales ya practicadas y los efectos intervenidos.

VI. SOBRE LA DESPROPORCIÓN DE LA MEDIDA

La prisión provisional resulta claramente desproporcionada, innecesaria y no subsidiaria, existiendo medidas cautelares menos gravosas que permitirían asegurar los fines del proceso, tales como: comparecencias periódicas, retirada de pasaporte, fianza, control telemático.

VIII. SOBRE LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN Y LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL VIGENTE. La incoación de un procedimiento de expulsión respecto de una persona beneficiaria de protección internacional en vigor resulta jurídicamente improcedente y revela una quiebra del principio de coherencia del Estado.

IX. SOBRE LA FALTA DE PROPORCIONALIDAD EN RELACIÓN CON LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES La jurisprudencia constitucional exige un análisis individualizado de las circunstancias personales del investigado, análisis que no ha sido realizado ni en el Auto inicial ni en los posteriores, limitándose las resoluciones a afirmaciones genéricas sobre la gravedad de los hechos o la posible pena.

IX. CONCLUSIÓN A la vista de todo lo expuesto: no existen indicios suficientes individualizados, no concurren riesgos procesales reales, no se ha efectuado una motivación reforzada, no se han valorado hechos nuevos, no se ha ponderado la proporcionalidad ni las medidas alternativas. En consecuencia, el mantenimiento de la prisión provisional resulta contrario al artículo 17 de la Constitución, a los artículos 502, 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la jurisprudencia constitucional y europea.

CUARTO.-Por lo que se refiere a la pretendida insuficiente motivación de la resolución recurrida, la misma no puede ser estimada.

A este respecto recuerda la Sentencia del T.S de 8-6-2001 que "La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales ( STC. 196/1988, de 24 de octubre) no supone que aquéllas hayan de ofrecer necesariamente una exhaustiva descripción del proceso intelectual que ha llevado a decidir en un determinado sentido, ni tampoco requiere un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado. Basta a los efectos de su control constitucional con que dicha motivación ponga de manifiesto que la decisión judicial adoptada responde a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajeno a toda arbitrariedad y permita la natural revisión jurisdiccional mediante los recursos legalmente establecidos. Es decir, es necesario, pero también suficiente, que se refleje la razón del discurso silogístico que toda resolución comporta de manera que se haga comprensible para el destinatario de la decisión que ésta es la consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad (en tal sentido las SSTC. de 16 de noviembre de 1992 ; 20 de mayo de 1993; y 27 de enero de 1994, entre otras).

La doctrina constitucional se ha encargado con reiteración de describir y fijar los límites del deber de motivación de las resoluciones judiciales ( art. 120.3 de la Constitución) integrándolo dentro del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva ( art. 24 de la Constitución), y en este afán de configurar aquella obligación judicial ha señalado que el deber de motivación de las resoluciones judiciales no impone una especial estructura en los razonamientos y una motivación escueta y sucinta no deja, por ello, de ser motivación, así como una fundamentación por remisión no deja tampoco de serlo, en otras palabras, la exigencia de motivación no excluye una economía de razonamientos, ni que éstos sean escuetos, sucintos o incluso expuestos de forma impresa o por referencia a los que constan en el proceso (Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 174/19987, de 3 de noviembre y la núm. 146/1990, de 1 de octubre).

Lo verdaderamente importante, dice la doctrina constitucional (entre otras las Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 184/1988, de 13 de octubre y núm. 25/1990, de 19 de febrero), es que los razonamientos judiciales guarden relación y sean proporcionados y congruentes con el problema que se resuelve y que, a través de los mismos, puedan las partes conocer el motivo de la decisión a efectos de su posible impugnación y permitan a los órganos judiciales superiores ejercer su función revisora que les corresponde.

Es de sobra conocido por todas las partes, y este Tribunal de apelación no va a reiterar, la jurisprudencia constitucional sobre la motivación de las resoluciones judiciales, mandato obligado por el art 120.3 de la CE, y su vinculación necesaria al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la CE, que halla su fundamento en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al dictado de una resolución judicial y de controlar la aplicación del Derecho realizada por los órganos judiciales (a través de los oportunos recursos), a la vez que permite contrastar la razonabilidad de aquella. Actúa, en definitiva, para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, quienes pueden conocer así los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial, y actúa también como elemento preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción.

Y no es obligado, como parece pretender el recurrente, una respuesta puntual a todas y cada una de las alegaciones que sostuvo en el escrito solicitando la libertad o en el recurso de reforma contra la denegación de la misma, sino de lo que se trata, como explica la jurisprudencia citada, es el de proporcionar al justiciable una respuesta razonada, que permita conocer los motivos de la decisión, en un razonamiento lógico que permite, efectivamente al destinatario de la medida, conocer las razones de la misma, lo que se plasma en la fundamentación de la resolución que hemos transcrito en los precedentes fundamentos jurídicos.

Tal fundamentación resulta suficiente, puesto que permite conocer al hoy apelante los motivos por los que no se estima la petición de modificación de la situación personal que se impugnada, con fundamento en la naturaleza de los hechos objeto de investigación como a las concretas circunstancias del apelante, y con remisión a los fundamentos que en su día sostuvieron la medida acordada, como a continuación analizaremos.

QUINTO.-Dicho lo cual, la Sala procederá al análisis de las alegaciones del recurrente, que hacen referencia a las dos cuestiones que deben ser valoradas en orden a decidir si procede o no la estimación del recurso. Dichos bloques son los atienden, respectivamente, a la existencia de un conjunto de indicios que permitan establecer de forma provisoria la participación del apelante en hechos constitutivos de infracción criminal, tal y como se afirma por el Instructor, y el segundo a la necesidad del mantenimiento de la medida cautelar, en orden a la finalidad que el Instructor recoge en sus resoluciones, de asegurar el buen fin del proceso, conjurando el riesgo de fuga que considera aún existente.

En cuanto al primero de los aludidos condicionantes, hemos de decir que la resolución recurrida justifica el mantenimiento de la medida en la concurrencia de indicios de la posible existencia de los delitos de terrorismo ( art. 573 y siguientes del Código Penal). y hace referencia al resultado de las investigaciones llevadas a cabo durante meses en el curso del procedimiento con autorización de este Juzgado.

En la resolución de 30 de abril de 2025 al que se remite la resolución impugnada, se recogía el resultado de las investigaciones realizadas desde mucho tiempo atrás, señalando que: "...Con las entradas y registros acordadas se ha encontrado material que confirmaría la radicalidad y disposición para cometer un acto terrorista. En concreto, se han encontrado evidencias objetivas sobre el preocupante estado de radicalidad y la amenaza real que suponen las personas investigadas, las cuales habrían iniciado la planificación de una acción terrorista, con arma blanca, sobre un objetivo de simbología cristiana, llegando a elaborar un testamento vital de carácter e inspiración yihadista.

(...) En el caso de Darío - indicios D16 y D7, bandera de Siria verde y negra con la imagen de un revolucionario, y un arma larga con mirador, que coinciden plenamente con las mostradas por Darío en la publicación realizada en sus RRSS, tal y como consta en su correspondiente análisis de perfil de redes sociales, en fecha 30 de enero de 2025, donde se observa una imagen en la que se podía ver una bandera de Siria con la imagen de Gregorio, un exfutbolista sirio que se convirtió en icono de la revolución en las movilizaciones previas a la destitución del presidente Constantino (INDICIO D16). En la misma imagen, encima de una silla, se puede observar también una escopeta tipo carabina, las características de la cual, como la boca de fuego en acabados metalizados o la forma y acabados de la culata, permiten identificar dicha arma como la intervenida durante el registro como INDICIO D7. Sobre el mismo INDICIO D7, el arma larga de balines con mirador coincide plenamente por sus características y particularidades con la mostrada por Remigio ( Remigio) en la publicación realizada en su perfil de la red social Instagram en fecha 4 de febrero de 2024, en la que aparecía él mismo sentado en un sofá junto a un arma larga a su derecha mientras porta una pistola en su mano izquierda."

La argumentación desarrollada en la resolución objeto de recurso recoge las investigaciones policiales realizadas sobre el recurrente y otras de las personas investigadas, para concluir la existencia de material indiciario bastante para sostener provisoriamente la imputación.

La Sala ha examinado el contenido de los datos incriminatorios descritos en la resolución impugnada, y de todo ello concluye la existencia de indicios bastantes de la implicación del apelante en los hechos objeto del presente procedimiento.

De lo que se trata en esta fase procesal es de afirmar la existencia de indicios de la existencia de un hecho delictivo y de la participación en la misma del afectado por la medida, y así entiende el Instructor al mantener la medida discutida, y también este Tribunal al revisarla, que, en el momento actual de la investigación, los indicios de la participación del apelante en la comisión de los delito que se le imputa, resultan suficientes para cumplir con los requisitos objetivos.

Frente a ello alega el recurrente la existencia de nuevos datos que no han sido valorados por el Instructor de la causa, tal y como hemos expuesto en los precedentes fundamentos jurídicos.

Lo cierto es que el fundamento de tales nuevos elementos es el informe policial de fecha 17/11/2025 en el cual se analiza la información recabada a partir del análisis de los efectos y dispositivos hallados en los registros autorizados por el Instructor, explicando tanto la relación entre los investigados como, concretamente respecto del hoy apelante, y a partir de la página 74 del Informe, cuales sean tales indicios y la valoración de los mismos.

El recurrente analiza dicha información, refutándola en muchos de sus puntos, considerando que la información recopilada no acreditada la implicación del recurrente en los hechos delictivos que son objeto de imputación.

Sin perjuicio de su desacuerdo, lo cierto es que el informe recoge indicios que aparecen suficientes en principio para mantener la provisoria imputación, sin perjuicio de que, tal y como afirma el Magistrado, y el Ministerio Fiscal, en su informe de oposición al recurso, que habrá de estarse al informe final que se ha recabado de la fuerza actuante, momento en el cual podrá adoptarse la resolución procedente sobre la situación personal de las personas investigadas.

Los desacuerdos y errores que señala el recurrente respecto al contenido del informe no son por sí solos aptos para desvirtuar los contenidos del mismo, sino son la expresión de su desacuerdo que, como señala el Fiscal, podrán evidenciarse en el acto del juicio oral, si la causa llegara a tal estado.

SEXTO.-Frente a ello el resto de las alegaciones del recurrente hacen referencia a diversos motivos, de los cuales los más relevantes, en los que se hace mayor hincapié por el recurrente son los que hacen referencia al tiempo transcurrido desde que se acordó la medida cautelar, el desarrollo de la investigación, que a su entender permite cuestionar los iniciales indicios y la situación personal de arraigo personal, familiar y laboral del recurrente.

Debemos tener en cuenta, en primer lugar, que, efectivamente, la situación de prisión provisional, es, por su propia naturaleza, una situación interina, que debe durar el tiempo estrictamente necesario, sin que quepa acordar su prolongación sin causa justificada.

Sin embargo el mero transcurso del tiempo no implica la cesación de las medidas cautelares impuestos, cuando, por el Instructor, con apoyo en la tesis del Ministerio Fiscal, se considere necesario el mantenimiento de la medida acordada, sin perjuicio, eso sí, de que deban adoptarse las medidas necesarias para evitar la prolongación indebida de la privación de libertad del investigado, o aún, cuando pueda considerarse justificada, que ella no se prolongue indebidamente, de forma que se vulnere el principio de proporcionalidad.

El hecho del transcurso del tiempo no implica la necesaria modificación de la situación de prisión provisional cuando, como ocurre en el caso presente, la instrucción de la causa ha continuado avanzando, aun cuando se hace necesario tomar las medidas necesarias para la pronta terminación de la instrucción.

Por ello el cambio de circunstancias que se produce por el inexorable paso del tiempo no puede considerarse que suponga en el presente caso, por sí sólo argumento bastante para la modificación de la situación personal, puesto que, ni se han alcanzado los límites previstos en la Ley de enjuiciamiento criminal, que permite incluso su prórroga concurriendo determinadas condiciones, ni puede afirmase que suponga por sí sólo la eliminación de las circunstancias que en su día se tuvieron en cuenta para acordar la prisión.

Aun cuando el recurrente afirme contar con domicilio conocido, ello no implica la eliminación del riesgo de fuga a que se refiere el Instructor en la resolución impugnada, habida cuenta la grave penalidad asignada a los delitos inicialmente objeto de la imputación provisional, lo que pudiera mover la voluntad del apelante a colocarse fuera de la acción de la justicia, máxime cuando nos encontramos, como es el caso presente, en una fase avanzada de la investigación criminal, por lo que el horizonte apunta a una próxima celebración del juicio oral.

Los hechos imputados son graves, y también la penalidad a ellos asignada, y es indudable que la puesta en libertad del recurrente supondría la creación de un riesgo de elusión del proceso por parte del recurrente, quien ningún obstáculo tendría para colocarse fuera de la acción de la justicia, siendo así que la estancia en territorio español que se alega, y los vínculos familiares y sociales con este país no suponen un insalvable obstáculo para la huida que se pretende evitar con la medida impugnada, sin que las medidas de menor entidad propuestas se consideren suficientes para conjurar el aludido riesgo de fuga.

Y por todo ello la Sala no considera garantía bastante las medidas de menor intensidad propuestas por el recurrente, habida cuenta las circunstancias expuestas, y las circunstancias del iter delictivo que se investiga en la presente causa , y que viene detallado en las resoluciones precedentes, revelando el desarrollo de la acción imputada.

En consecuencia consideramos que la decisión de mantenimiento de la prisión acordada resulte proporcional a la gravedad de los hechos investigados, y a las circunstancias del recurrente, no existiendo por ello motivo para su rectificación en esta alzada.

SEPTIMO.-Por lo que se refiere al Expediente administrativo de expulsión, no consta el dictado en la presente causa de resolución alguna al respecto, siendo la autoridad administrativa competente para la incoación del Procedimiento, sin que ello vincule a la tramitación del presente procedimiento.

OCTAVO.-Se declaran de oficio las costas devengadas en esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

PRIMERO.-Con relación a la prisión provisional es preciso partir, porque nos encontramos en un sistema regido por el principio "pro libertate", de que se trata de una medida cautelar que solo puede adoptarse en aquellos supuestos en que existan indicios racionales de la comisión del presunto hecho delictivo; sin que la medida pueda tener un carácter retributivo, ni se utilice con la finalidad de impulsar la investigación del delito, obtener pruebas o declaraciones, etc., sino que la misma, para poder adoptarse, ha de responder a alguno de fines que constitucionalmente justifican la privación de libertad, que según STC 128/1995, 177/1998, 33/1999 y 14/2000, entre otras, son: evitar la obstrucción de la justicia penal, la sustracción a la acción de la administración de justicia o la reiteración delictiva, así como la protección de la víctima, tal y como viene recogido en los artículos 503 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SEGUNDO.-En el supuesto de autos, la prisión provisional del investigado, impugnada por su defensa, se mantiene en la resolución impugnada al constatarse por el Instructor, "..., puesto que la instrucción no ha concluido, quedan diligencias por practicar y será en el momento en que por la fuerza instructora se presente el informe final de imputaciones, cuando proceda. Por ello, procede mantener la resolución recurrida por sus propios fundamentos, ratificando además lo informado por el Ministerio Fiscal, significándose que las alegaciones efectuadas no desvirtúan lo acordado, habida cuenta -a los efectos de esta resolución- que existen motivos bastantes para creer responsable al investigado del delito, aconsejándose la medida a fin de evitar la sustracción a la acción de la justicia, da la posible pena a impones y ante una posible fuga del mismo, por el temor a su imposición."..

Y ello tras analizar que no se han modificado las circunstancias que motivaron la adopción de la medida privativa de libertad.

TERCERO. -El recurrente funda su recurso en los siguientes motivos:

I.- SOBRE LA INSUFICIENTE MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS. El presente recurso se dirige contra la resolución que desestima el recurso de reforma interpuesto frente al Auto de 13 de enero de 2026, resolución que se limita esencialmente a ratificar los argumentos previos sin efectuar un análisis real y actualizado de la situación personal del investigado ni de los hechos nuevos alegados por esta defensa. En efecto, el Auto que desestima la reforma sostiene que la instrucción no ha concluido y que existen motivos bastantes para creer responsable al investigado, manteniendo la medida por riesgo de fuga derivado de la posible pena, sin efectuar una valoración concreta, individualizada y actualizada de los presupuestos exigidos por la ley.

II. SOBRE EL CARÁCTER EXCEPCIONAL DE LA PRISIÓN PROVISIONAL

III. SOBRE LA INEXISTENCIA DE INDICIOS SUFICIENTES DE PARTICIPACIÓN DEL INVESTIGADO

La solicitud de libertad ya puso de manifiesto que la situación procesal del recurrente se ha construido fundamentalmente por su relación personal con otros investigados, sin atribución de hechos propios concretos que justifiquen la medida cautelar más gravosa del ordenamiento.

Del propio informe policial analizado en su momento se desprende que el investigado no tenía conocimiento del supuesto plan investigado, extremo reconocido expresamente en el propio documento, lo cual resulta incompatible con cualquier imputación por participación consciente o cooperación dolosa.

A continuación, realiza un análisis del contenido de dicho informe policial con arreglo al siguiente orden:

Falta de rigor probatorio y vulneración del principio de tipicidad

II. Errónea calificación de objetos como armas de fuego

III. Inexistencia de entrenamiento militar y atribución falsa de presencia

IV. Irrelevancia penal de material audiovisual y minoría de edad

V. Incorrecta atribución de dispositivos electrónicos

VI. Inexistencia de comunidad ideológica

VII. VII. Búsquedas en Internet carentes de relevancia penal

VIII. VIII. Incorrecta atribución de la libreta y ausencia de planificación grupal

IX. Errores de traducción y ausencia de contenido incriminatorio

X. Actividad académica legítima

XI. Interpretaciones ideológicas y culturales erróneas

XII. XII. Contradicciones internas del informe

IV. SOBRE LA EXISTENCIA DE HECHOS NUEVOS OMITIDOS EN LA VALORACIÓN JUDICIAL

Refiriéndose en este particular a:

las declaraciones prestadas por los investigados,

el análisis detallado del informe policial,

la constatación de la ausencia de conocimiento del plan investigado por parte del recurrente,

la incoación de un procedimiento de expulsión pese a ser beneficiario de protección internacional.

V. SOBRE LA INEXISTENCIA DE RIESGOS PROCESALES

No existe riesgo de fuga, pues el investigado cuenta con domicilio conocido, arraigo y voluntad de someterse al procedimiento, habiendo comparecido y declarado voluntariamente. No existe riesgo de reiteración delictiva, al carecer de antecedentes penales y no imputársele conducta violenta alguna. No existe riesgo de destrucción de pruebas, encontrándose las diligencias esenciales ya practicadas y los efectos intervenidos.

VI. SOBRE LA DESPROPORCIÓN DE LA MEDIDA

La prisión provisional resulta claramente desproporcionada, innecesaria y no subsidiaria, existiendo medidas cautelares menos gravosas que permitirían asegurar los fines del proceso, tales como: comparecencias periódicas, retirada de pasaporte, fianza, control telemático.

VIII. SOBRE LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN Y LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL VIGENTE. La incoación de un procedimiento de expulsión respecto de una persona beneficiaria de protección internacional en vigor resulta jurídicamente improcedente y revela una quiebra del principio de coherencia del Estado.

IX. SOBRE LA FALTA DE PROPORCIONALIDAD EN RELACIÓN CON LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES La jurisprudencia constitucional exige un análisis individualizado de las circunstancias personales del investigado, análisis que no ha sido realizado ni en el Auto inicial ni en los posteriores, limitándose las resoluciones a afirmaciones genéricas sobre la gravedad de los hechos o la posible pena.

IX. CONCLUSIÓN A la vista de todo lo expuesto: no existen indicios suficientes individualizados, no concurren riesgos procesales reales, no se ha efectuado una motivación reforzada, no se han valorado hechos nuevos, no se ha ponderado la proporcionalidad ni las medidas alternativas. En consecuencia, el mantenimiento de la prisión provisional resulta contrario al artículo 17 de la Constitución, a los artículos 502, 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la jurisprudencia constitucional y europea.

CUARTO.-Por lo que se refiere a la pretendida insuficiente motivación de la resolución recurrida, la misma no puede ser estimada.

A este respecto recuerda la Sentencia del T.S de 8-6-2001 que "La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales ( STC. 196/1988, de 24 de octubre) no supone que aquéllas hayan de ofrecer necesariamente una exhaustiva descripción del proceso intelectual que ha llevado a decidir en un determinado sentido, ni tampoco requiere un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado. Basta a los efectos de su control constitucional con que dicha motivación ponga de manifiesto que la decisión judicial adoptada responde a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajeno a toda arbitrariedad y permita la natural revisión jurisdiccional mediante los recursos legalmente establecidos. Es decir, es necesario, pero también suficiente, que se refleje la razón del discurso silogístico que toda resolución comporta de manera que se haga comprensible para el destinatario de la decisión que ésta es la consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad (en tal sentido las SSTC. de 16 de noviembre de 1992 ; 20 de mayo de 1993; y 27 de enero de 1994, entre otras).

La doctrina constitucional se ha encargado con reiteración de describir y fijar los límites del deber de motivación de las resoluciones judiciales ( art. 120.3 de la Constitución) integrándolo dentro del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva ( art. 24 de la Constitución), y en este afán de configurar aquella obligación judicial ha señalado que el deber de motivación de las resoluciones judiciales no impone una especial estructura en los razonamientos y una motivación escueta y sucinta no deja, por ello, de ser motivación, así como una fundamentación por remisión no deja tampoco de serlo, en otras palabras, la exigencia de motivación no excluye una economía de razonamientos, ni que éstos sean escuetos, sucintos o incluso expuestos de forma impresa o por referencia a los que constan en el proceso (Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 174/19987, de 3 de noviembre y la núm. 146/1990, de 1 de octubre).

Lo verdaderamente importante, dice la doctrina constitucional (entre otras las Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 184/1988, de 13 de octubre y núm. 25/1990, de 19 de febrero), es que los razonamientos judiciales guarden relación y sean proporcionados y congruentes con el problema que se resuelve y que, a través de los mismos, puedan las partes conocer el motivo de la decisión a efectos de su posible impugnación y permitan a los órganos judiciales superiores ejercer su función revisora que les corresponde.

Es de sobra conocido por todas las partes, y este Tribunal de apelación no va a reiterar, la jurisprudencia constitucional sobre la motivación de las resoluciones judiciales, mandato obligado por el art 120.3 de la CE, y su vinculación necesaria al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la CE, que halla su fundamento en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al dictado de una resolución judicial y de controlar la aplicación del Derecho realizada por los órganos judiciales (a través de los oportunos recursos), a la vez que permite contrastar la razonabilidad de aquella. Actúa, en definitiva, para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, quienes pueden conocer así los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial, y actúa también como elemento preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción.

Y no es obligado, como parece pretender el recurrente, una respuesta puntual a todas y cada una de las alegaciones que sostuvo en el escrito solicitando la libertad o en el recurso de reforma contra la denegación de la misma, sino de lo que se trata, como explica la jurisprudencia citada, es el de proporcionar al justiciable una respuesta razonada, que permita conocer los motivos de la decisión, en un razonamiento lógico que permite, efectivamente al destinatario de la medida, conocer las razones de la misma, lo que se plasma en la fundamentación de la resolución que hemos transcrito en los precedentes fundamentos jurídicos.

Tal fundamentación resulta suficiente, puesto que permite conocer al hoy apelante los motivos por los que no se estima la petición de modificación de la situación personal que se impugnada, con fundamento en la naturaleza de los hechos objeto de investigación como a las concretas circunstancias del apelante, y con remisión a los fundamentos que en su día sostuvieron la medida acordada, como a continuación analizaremos.

QUINTO.-Dicho lo cual, la Sala procederá al análisis de las alegaciones del recurrente, que hacen referencia a las dos cuestiones que deben ser valoradas en orden a decidir si procede o no la estimación del recurso. Dichos bloques son los atienden, respectivamente, a la existencia de un conjunto de indicios que permitan establecer de forma provisoria la participación del apelante en hechos constitutivos de infracción criminal, tal y como se afirma por el Instructor, y el segundo a la necesidad del mantenimiento de la medida cautelar, en orden a la finalidad que el Instructor recoge en sus resoluciones, de asegurar el buen fin del proceso, conjurando el riesgo de fuga que considera aún existente.

En cuanto al primero de los aludidos condicionantes, hemos de decir que la resolución recurrida justifica el mantenimiento de la medida en la concurrencia de indicios de la posible existencia de los delitos de terrorismo ( art. 573 y siguientes del Código Penal). y hace referencia al resultado de las investigaciones llevadas a cabo durante meses en el curso del procedimiento con autorización de este Juzgado.

En la resolución de 30 de abril de 2025 al que se remite la resolución impugnada, se recogía el resultado de las investigaciones realizadas desde mucho tiempo atrás, señalando que: "...Con las entradas y registros acordadas se ha encontrado material que confirmaría la radicalidad y disposición para cometer un acto terrorista. En concreto, se han encontrado evidencias objetivas sobre el preocupante estado de radicalidad y la amenaza real que suponen las personas investigadas, las cuales habrían iniciado la planificación de una acción terrorista, con arma blanca, sobre un objetivo de simbología cristiana, llegando a elaborar un testamento vital de carácter e inspiración yihadista.

(...) En el caso de Darío - indicios D16 y D7, bandera de Siria verde y negra con la imagen de un revolucionario, y un arma larga con mirador, que coinciden plenamente con las mostradas por Darío en la publicación realizada en sus RRSS, tal y como consta en su correspondiente análisis de perfil de redes sociales, en fecha 30 de enero de 2025, donde se observa una imagen en la que se podía ver una bandera de Siria con la imagen de Gregorio, un exfutbolista sirio que se convirtió en icono de la revolución en las movilizaciones previas a la destitución del presidente Constantino (INDICIO D16). En la misma imagen, encima de una silla, se puede observar también una escopeta tipo carabina, las características de la cual, como la boca de fuego en acabados metalizados o la forma y acabados de la culata, permiten identificar dicha arma como la intervenida durante el registro como INDICIO D7. Sobre el mismo INDICIO D7, el arma larga de balines con mirador coincide plenamente por sus características y particularidades con la mostrada por Remigio ( Remigio) en la publicación realizada en su perfil de la red social Instagram en fecha 4 de febrero de 2024, en la que aparecía él mismo sentado en un sofá junto a un arma larga a su derecha mientras porta una pistola en su mano izquierda."

La argumentación desarrollada en la resolución objeto de recurso recoge las investigaciones policiales realizadas sobre el recurrente y otras de las personas investigadas, para concluir la existencia de material indiciario bastante para sostener provisoriamente la imputación.

La Sala ha examinado el contenido de los datos incriminatorios descritos en la resolución impugnada, y de todo ello concluye la existencia de indicios bastantes de la implicación del apelante en los hechos objeto del presente procedimiento.

De lo que se trata en esta fase procesal es de afirmar la existencia de indicios de la existencia de un hecho delictivo y de la participación en la misma del afectado por la medida, y así entiende el Instructor al mantener la medida discutida, y también este Tribunal al revisarla, que, en el momento actual de la investigación, los indicios de la participación del apelante en la comisión de los delito que se le imputa, resultan suficientes para cumplir con los requisitos objetivos.

Frente a ello alega el recurrente la existencia de nuevos datos que no han sido valorados por el Instructor de la causa, tal y como hemos expuesto en los precedentes fundamentos jurídicos.

Lo cierto es que el fundamento de tales nuevos elementos es el informe policial de fecha 17/11/2025 en el cual se analiza la información recabada a partir del análisis de los efectos y dispositivos hallados en los registros autorizados por el Instructor, explicando tanto la relación entre los investigados como, concretamente respecto del hoy apelante, y a partir de la página 74 del Informe, cuales sean tales indicios y la valoración de los mismos.

El recurrente analiza dicha información, refutándola en muchos de sus puntos, considerando que la información recopilada no acreditada la implicación del recurrente en los hechos delictivos que son objeto de imputación.

Sin perjuicio de su desacuerdo, lo cierto es que el informe recoge indicios que aparecen suficientes en principio para mantener la provisoria imputación, sin perjuicio de que, tal y como afirma el Magistrado, y el Ministerio Fiscal, en su informe de oposición al recurso, que habrá de estarse al informe final que se ha recabado de la fuerza actuante, momento en el cual podrá adoptarse la resolución procedente sobre la situación personal de las personas investigadas.

Los desacuerdos y errores que señala el recurrente respecto al contenido del informe no son por sí solos aptos para desvirtuar los contenidos del mismo, sino son la expresión de su desacuerdo que, como señala el Fiscal, podrán evidenciarse en el acto del juicio oral, si la causa llegara a tal estado.

SEXTO.-Frente a ello el resto de las alegaciones del recurrente hacen referencia a diversos motivos, de los cuales los más relevantes, en los que se hace mayor hincapié por el recurrente son los que hacen referencia al tiempo transcurrido desde que se acordó la medida cautelar, el desarrollo de la investigación, que a su entender permite cuestionar los iniciales indicios y la situación personal de arraigo personal, familiar y laboral del recurrente.

Debemos tener en cuenta, en primer lugar, que, efectivamente, la situación de prisión provisional, es, por su propia naturaleza, una situación interina, que debe durar el tiempo estrictamente necesario, sin que quepa acordar su prolongación sin causa justificada.

Sin embargo el mero transcurso del tiempo no implica la cesación de las medidas cautelares impuestos, cuando, por el Instructor, con apoyo en la tesis del Ministerio Fiscal, se considere necesario el mantenimiento de la medida acordada, sin perjuicio, eso sí, de que deban adoptarse las medidas necesarias para evitar la prolongación indebida de la privación de libertad del investigado, o aún, cuando pueda considerarse justificada, que ella no se prolongue indebidamente, de forma que se vulnere el principio de proporcionalidad.

El hecho del transcurso del tiempo no implica la necesaria modificación de la situación de prisión provisional cuando, como ocurre en el caso presente, la instrucción de la causa ha continuado avanzando, aun cuando se hace necesario tomar las medidas necesarias para la pronta terminación de la instrucción.

Por ello el cambio de circunstancias que se produce por el inexorable paso del tiempo no puede considerarse que suponga en el presente caso, por sí sólo argumento bastante para la modificación de la situación personal, puesto que, ni se han alcanzado los límites previstos en la Ley de enjuiciamiento criminal, que permite incluso su prórroga concurriendo determinadas condiciones, ni puede afirmase que suponga por sí sólo la eliminación de las circunstancias que en su día se tuvieron en cuenta para acordar la prisión.

Aun cuando el recurrente afirme contar con domicilio conocido, ello no implica la eliminación del riesgo de fuga a que se refiere el Instructor en la resolución impugnada, habida cuenta la grave penalidad asignada a los delitos inicialmente objeto de la imputación provisional, lo que pudiera mover la voluntad del apelante a colocarse fuera de la acción de la justicia, máxime cuando nos encontramos, como es el caso presente, en una fase avanzada de la investigación criminal, por lo que el horizonte apunta a una próxima celebración del juicio oral.

Los hechos imputados son graves, y también la penalidad a ellos asignada, y es indudable que la puesta en libertad del recurrente supondría la creación de un riesgo de elusión del proceso por parte del recurrente, quien ningún obstáculo tendría para colocarse fuera de la acción de la justicia, siendo así que la estancia en territorio español que se alega, y los vínculos familiares y sociales con este país no suponen un insalvable obstáculo para la huida que se pretende evitar con la medida impugnada, sin que las medidas de menor entidad propuestas se consideren suficientes para conjurar el aludido riesgo de fuga.

Y por todo ello la Sala no considera garantía bastante las medidas de menor intensidad propuestas por el recurrente, habida cuenta las circunstancias expuestas, y las circunstancias del iter delictivo que se investiga en la presente causa , y que viene detallado en las resoluciones precedentes, revelando el desarrollo de la acción imputada.

En consecuencia consideramos que la decisión de mantenimiento de la prisión acordada resulte proporcional a la gravedad de los hechos investigados, y a las circunstancias del recurrente, no existiendo por ello motivo para su rectificación en esta alzada.

SEPTIMO.-Por lo que se refiere al Expediente administrativo de expulsión, no consta el dictado en la presente causa de resolución alguna al respecto, siendo la autoridad administrativa competente para la incoación del Procedimiento, sin que ello vincule a la tramitación del presente procedimiento.

OCTAVO.-Se declaran de oficio las costas devengadas en esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

PRIMERO.-Con relación a la prisión provisional es preciso partir, porque nos encontramos en un sistema regido por el principio "pro libertate", de que se trata de una medida cautelar que solo puede adoptarse en aquellos supuestos en que existan indicios racionales de la comisión del presunto hecho delictivo; sin que la medida pueda tener un carácter retributivo, ni se utilice con la finalidad de impulsar la investigación del delito, obtener pruebas o declaraciones, etc., sino que la misma, para poder adoptarse, ha de responder a alguno de fines que constitucionalmente justifican la privación de libertad, que según STC 128/1995, 177/1998, 33/1999 y 14/2000, entre otras, son: evitar la obstrucción de la justicia penal, la sustracción a la acción de la administración de justicia o la reiteración delictiva, así como la protección de la víctima, tal y como viene recogido en los artículos 503 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SEGUNDO.-En el supuesto de autos, la prisión provisional del investigado, impugnada por su defensa, se mantiene en la resolución impugnada al constatarse por el Instructor, "..., puesto que la instrucción no ha concluido, quedan diligencias por practicar y será en el momento en que por la fuerza instructora se presente el informe final de imputaciones, cuando proceda. Por ello, procede mantener la resolución recurrida por sus propios fundamentos, ratificando además lo informado por el Ministerio Fiscal, significándose que las alegaciones efectuadas no desvirtúan lo acordado, habida cuenta -a los efectos de esta resolución- que existen motivos bastantes para creer responsable al investigado del delito, aconsejándose la medida a fin de evitar la sustracción a la acción de la justicia, da la posible pena a impones y ante una posible fuga del mismo, por el temor a su imposición."..

Y ello tras analizar que no se han modificado las circunstancias que motivaron la adopción de la medida privativa de libertad.

TERCERO. -El recurrente funda su recurso en los siguientes motivos:

I.- SOBRE LA INSUFICIENTE MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS. El presente recurso se dirige contra la resolución que desestima el recurso de reforma interpuesto frente al Auto de 13 de enero de 2026, resolución que se limita esencialmente a ratificar los argumentos previos sin efectuar un análisis real y actualizado de la situación personal del investigado ni de los hechos nuevos alegados por esta defensa. En efecto, el Auto que desestima la reforma sostiene que la instrucción no ha concluido y que existen motivos bastantes para creer responsable al investigado, manteniendo la medida por riesgo de fuga derivado de la posible pena, sin efectuar una valoración concreta, individualizada y actualizada de los presupuestos exigidos por la ley.

II. SOBRE EL CARÁCTER EXCEPCIONAL DE LA PRISIÓN PROVISIONAL

III. SOBRE LA INEXISTENCIA DE INDICIOS SUFICIENTES DE PARTICIPACIÓN DEL INVESTIGADO

La solicitud de libertad ya puso de manifiesto que la situación procesal del recurrente se ha construido fundamentalmente por su relación personal con otros investigados, sin atribución de hechos propios concretos que justifiquen la medida cautelar más gravosa del ordenamiento.

Del propio informe policial analizado en su momento se desprende que el investigado no tenía conocimiento del supuesto plan investigado, extremo reconocido expresamente en el propio documento, lo cual resulta incompatible con cualquier imputación por participación consciente o cooperación dolosa.

A continuación, realiza un análisis del contenido de dicho informe policial con arreglo al siguiente orden:

Falta de rigor probatorio y vulneración del principio de tipicidad

II. Errónea calificación de objetos como armas de fuego

III. Inexistencia de entrenamiento militar y atribución falsa de presencia

IV. Irrelevancia penal de material audiovisual y minoría de edad

V. Incorrecta atribución de dispositivos electrónicos

VI. Inexistencia de comunidad ideológica

VII. VII. Búsquedas en Internet carentes de relevancia penal

VIII. VIII. Incorrecta atribución de la libreta y ausencia de planificación grupal

IX. Errores de traducción y ausencia de contenido incriminatorio

X. Actividad académica legítima

XI. Interpretaciones ideológicas y culturales erróneas

XII. XII. Contradicciones internas del informe

IV. SOBRE LA EXISTENCIA DE HECHOS NUEVOS OMITIDOS EN LA VALORACIÓN JUDICIAL

Refiriéndose en este particular a:

las declaraciones prestadas por los investigados,

el análisis detallado del informe policial,

la constatación de la ausencia de conocimiento del plan investigado por parte del recurrente,

la incoación de un procedimiento de expulsión pese a ser beneficiario de protección internacional.

V. SOBRE LA INEXISTENCIA DE RIESGOS PROCESALES

No existe riesgo de fuga, pues el investigado cuenta con domicilio conocido, arraigo y voluntad de someterse al procedimiento, habiendo comparecido y declarado voluntariamente. No existe riesgo de reiteración delictiva, al carecer de antecedentes penales y no imputársele conducta violenta alguna. No existe riesgo de destrucción de pruebas, encontrándose las diligencias esenciales ya practicadas y los efectos intervenidos.

VI. SOBRE LA DESPROPORCIÓN DE LA MEDIDA

La prisión provisional resulta claramente desproporcionada, innecesaria y no subsidiaria, existiendo medidas cautelares menos gravosas que permitirían asegurar los fines del proceso, tales como: comparecencias periódicas, retirada de pasaporte, fianza, control telemático.

VIII. SOBRE LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN Y LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL VIGENTE. La incoación de un procedimiento de expulsión respecto de una persona beneficiaria de protección internacional en vigor resulta jurídicamente improcedente y revela una quiebra del principio de coherencia del Estado.

IX. SOBRE LA FALTA DE PROPORCIONALIDAD EN RELACIÓN CON LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES La jurisprudencia constitucional exige un análisis individualizado de las circunstancias personales del investigado, análisis que no ha sido realizado ni en el Auto inicial ni en los posteriores, limitándose las resoluciones a afirmaciones genéricas sobre la gravedad de los hechos o la posible pena.

IX. CONCLUSIÓN A la vista de todo lo expuesto: no existen indicios suficientes individualizados, no concurren riesgos procesales reales, no se ha efectuado una motivación reforzada, no se han valorado hechos nuevos, no se ha ponderado la proporcionalidad ni las medidas alternativas. En consecuencia, el mantenimiento de la prisión provisional resulta contrario al artículo 17 de la Constitución, a los artículos 502, 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la jurisprudencia constitucional y europea.

CUARTO.-Por lo que se refiere a la pretendida insuficiente motivación de la resolución recurrida, la misma no puede ser estimada.

A este respecto recuerda la Sentencia del T.S de 8-6-2001 que "La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales ( STC. 196/1988, de 24 de octubre) no supone que aquéllas hayan de ofrecer necesariamente una exhaustiva descripción del proceso intelectual que ha llevado a decidir en un determinado sentido, ni tampoco requiere un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado. Basta a los efectos de su control constitucional con que dicha motivación ponga de manifiesto que la decisión judicial adoptada responde a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajeno a toda arbitrariedad y permita la natural revisión jurisdiccional mediante los recursos legalmente establecidos. Es decir, es necesario, pero también suficiente, que se refleje la razón del discurso silogístico que toda resolución comporta de manera que se haga comprensible para el destinatario de la decisión que ésta es la consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad (en tal sentido las SSTC. de 16 de noviembre de 1992 ; 20 de mayo de 1993; y 27 de enero de 1994, entre otras).

La doctrina constitucional se ha encargado con reiteración de describir y fijar los límites del deber de motivación de las resoluciones judiciales ( art. 120.3 de la Constitución) integrándolo dentro del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva ( art. 24 de la Constitución), y en este afán de configurar aquella obligación judicial ha señalado que el deber de motivación de las resoluciones judiciales no impone una especial estructura en los razonamientos y una motivación escueta y sucinta no deja, por ello, de ser motivación, así como una fundamentación por remisión no deja tampoco de serlo, en otras palabras, la exigencia de motivación no excluye una economía de razonamientos, ni que éstos sean escuetos, sucintos o incluso expuestos de forma impresa o por referencia a los que constan en el proceso (Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 174/19987, de 3 de noviembre y la núm. 146/1990, de 1 de octubre).

Lo verdaderamente importante, dice la doctrina constitucional (entre otras las Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 184/1988, de 13 de octubre y núm. 25/1990, de 19 de febrero), es que los razonamientos judiciales guarden relación y sean proporcionados y congruentes con el problema que se resuelve y que, a través de los mismos, puedan las partes conocer el motivo de la decisión a efectos de su posible impugnación y permitan a los órganos judiciales superiores ejercer su función revisora que les corresponde.

Es de sobra conocido por todas las partes, y este Tribunal de apelación no va a reiterar, la jurisprudencia constitucional sobre la motivación de las resoluciones judiciales, mandato obligado por el art 120.3 de la CE, y su vinculación necesaria al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la CE, que halla su fundamento en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al dictado de una resolución judicial y de controlar la aplicación del Derecho realizada por los órganos judiciales (a través de los oportunos recursos), a la vez que permite contrastar la razonabilidad de aquella. Actúa, en definitiva, para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, quienes pueden conocer así los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial, y actúa también como elemento preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción.

Y no es obligado, como parece pretender el recurrente, una respuesta puntual a todas y cada una de las alegaciones que sostuvo en el escrito solicitando la libertad o en el recurso de reforma contra la denegación de la misma, sino de lo que se trata, como explica la jurisprudencia citada, es el de proporcionar al justiciable una respuesta razonada, que permita conocer los motivos de la decisión, en un razonamiento lógico que permite, efectivamente al destinatario de la medida, conocer las razones de la misma, lo que se plasma en la fundamentación de la resolución que hemos transcrito en los precedentes fundamentos jurídicos.

Tal fundamentación resulta suficiente, puesto que permite conocer al hoy apelante los motivos por los que no se estima la petición de modificación de la situación personal que se impugnada, con fundamento en la naturaleza de los hechos objeto de investigación como a las concretas circunstancias del apelante, y con remisión a los fundamentos que en su día sostuvieron la medida acordada, como a continuación analizaremos.

QUINTO.-Dicho lo cual, la Sala procederá al análisis de las alegaciones del recurrente, que hacen referencia a las dos cuestiones que deben ser valoradas en orden a decidir si procede o no la estimación del recurso. Dichos bloques son los atienden, respectivamente, a la existencia de un conjunto de indicios que permitan establecer de forma provisoria la participación del apelante en hechos constitutivos de infracción criminal, tal y como se afirma por el Instructor, y el segundo a la necesidad del mantenimiento de la medida cautelar, en orden a la finalidad que el Instructor recoge en sus resoluciones, de asegurar el buen fin del proceso, conjurando el riesgo de fuga que considera aún existente.

En cuanto al primero de los aludidos condicionantes, hemos de decir que la resolución recurrida justifica el mantenimiento de la medida en la concurrencia de indicios de la posible existencia de los delitos de terrorismo ( art. 573 y siguientes del Código Penal). y hace referencia al resultado de las investigaciones llevadas a cabo durante meses en el curso del procedimiento con autorización de este Juzgado.

En la resolución de 30 de abril de 2025 al que se remite la resolución impugnada, se recogía el resultado de las investigaciones realizadas desde mucho tiempo atrás, señalando que: "...Con las entradas y registros acordadas se ha encontrado material que confirmaría la radicalidad y disposición para cometer un acto terrorista. En concreto, se han encontrado evidencias objetivas sobre el preocupante estado de radicalidad y la amenaza real que suponen las personas investigadas, las cuales habrían iniciado la planificación de una acción terrorista, con arma blanca, sobre un objetivo de simbología cristiana, llegando a elaborar un testamento vital de carácter e inspiración yihadista.

(...) En el caso de Darío - indicios D16 y D7, bandera de Siria verde y negra con la imagen de un revolucionario, y un arma larga con mirador, que coinciden plenamente con las mostradas por Darío en la publicación realizada en sus RRSS, tal y como consta en su correspondiente análisis de perfil de redes sociales, en fecha 30 de enero de 2025, donde se observa una imagen en la que se podía ver una bandera de Siria con la imagen de Gregorio, un exfutbolista sirio que se convirtió en icono de la revolución en las movilizaciones previas a la destitución del presidente Constantino (INDICIO D16). En la misma imagen, encima de una silla, se puede observar también una escopeta tipo carabina, las características de la cual, como la boca de fuego en acabados metalizados o la forma y acabados de la culata, permiten identificar dicha arma como la intervenida durante el registro como INDICIO D7. Sobre el mismo INDICIO D7, el arma larga de balines con mirador coincide plenamente por sus características y particularidades con la mostrada por Remigio ( Remigio) en la publicación realizada en su perfil de la red social Instagram en fecha 4 de febrero de 2024, en la que aparecía él mismo sentado en un sofá junto a un arma larga a su derecha mientras porta una pistola en su mano izquierda."

La argumentación desarrollada en la resolución objeto de recurso recoge las investigaciones policiales realizadas sobre el recurrente y otras de las personas investigadas, para concluir la existencia de material indiciario bastante para sostener provisoriamente la imputación.

La Sala ha examinado el contenido de los datos incriminatorios descritos en la resolución impugnada, y de todo ello concluye la existencia de indicios bastantes de la implicación del apelante en los hechos objeto del presente procedimiento.

De lo que se trata en esta fase procesal es de afirmar la existencia de indicios de la existencia de un hecho delictivo y de la participación en la misma del afectado por la medida, y así entiende el Instructor al mantener la medida discutida, y también este Tribunal al revisarla, que, en el momento actual de la investigación, los indicios de la participación del apelante en la comisión de los delito que se le imputa, resultan suficientes para cumplir con los requisitos objetivos.

Frente a ello alega el recurrente la existencia de nuevos datos que no han sido valorados por el Instructor de la causa, tal y como hemos expuesto en los precedentes fundamentos jurídicos.

Lo cierto es que el fundamento de tales nuevos elementos es el informe policial de fecha 17/11/2025 en el cual se analiza la información recabada a partir del análisis de los efectos y dispositivos hallados en los registros autorizados por el Instructor, explicando tanto la relación entre los investigados como, concretamente respecto del hoy apelante, y a partir de la página 74 del Informe, cuales sean tales indicios y la valoración de los mismos.

El recurrente analiza dicha información, refutándola en muchos de sus puntos, considerando que la información recopilada no acreditada la implicación del recurrente en los hechos delictivos que son objeto de imputación.

Sin perjuicio de su desacuerdo, lo cierto es que el informe recoge indicios que aparecen suficientes en principio para mantener la provisoria imputación, sin perjuicio de que, tal y como afirma el Magistrado, y el Ministerio Fiscal, en su informe de oposición al recurso, que habrá de estarse al informe final que se ha recabado de la fuerza actuante, momento en el cual podrá adoptarse la resolución procedente sobre la situación personal de las personas investigadas.

Los desacuerdos y errores que señala el recurrente respecto al contenido del informe no son por sí solos aptos para desvirtuar los contenidos del mismo, sino son la expresión de su desacuerdo que, como señala el Fiscal, podrán evidenciarse en el acto del juicio oral, si la causa llegara a tal estado.

SEXTO.-Frente a ello el resto de las alegaciones del recurrente hacen referencia a diversos motivos, de los cuales los más relevantes, en los que se hace mayor hincapié por el recurrente son los que hacen referencia al tiempo transcurrido desde que se acordó la medida cautelar, el desarrollo de la investigación, que a su entender permite cuestionar los iniciales indicios y la situación personal de arraigo personal, familiar y laboral del recurrente.

Debemos tener en cuenta, en primer lugar, que, efectivamente, la situación de prisión provisional, es, por su propia naturaleza, una situación interina, que debe durar el tiempo estrictamente necesario, sin que quepa acordar su prolongación sin causa justificada.

Sin embargo el mero transcurso del tiempo no implica la cesación de las medidas cautelares impuestos, cuando, por el Instructor, con apoyo en la tesis del Ministerio Fiscal, se considere necesario el mantenimiento de la medida acordada, sin perjuicio, eso sí, de que deban adoptarse las medidas necesarias para evitar la prolongación indebida de la privación de libertad del investigado, o aún, cuando pueda considerarse justificada, que ella no se prolongue indebidamente, de forma que se vulnere el principio de proporcionalidad.

El hecho del transcurso del tiempo no implica la necesaria modificación de la situación de prisión provisional cuando, como ocurre en el caso presente, la instrucción de la causa ha continuado avanzando, aun cuando se hace necesario tomar las medidas necesarias para la pronta terminación de la instrucción.

Por ello el cambio de circunstancias que se produce por el inexorable paso del tiempo no puede considerarse que suponga en el presente caso, por sí sólo argumento bastante para la modificación de la situación personal, puesto que, ni se han alcanzado los límites previstos en la Ley de enjuiciamiento criminal, que permite incluso su prórroga concurriendo determinadas condiciones, ni puede afirmase que suponga por sí sólo la eliminación de las circunstancias que en su día se tuvieron en cuenta para acordar la prisión.

Aun cuando el recurrente afirme contar con domicilio conocido, ello no implica la eliminación del riesgo de fuga a que se refiere el Instructor en la resolución impugnada, habida cuenta la grave penalidad asignada a los delitos inicialmente objeto de la imputación provisional, lo que pudiera mover la voluntad del apelante a colocarse fuera de la acción de la justicia, máxime cuando nos encontramos, como es el caso presente, en una fase avanzada de la investigación criminal, por lo que el horizonte apunta a una próxima celebración del juicio oral.

Los hechos imputados son graves, y también la penalidad a ellos asignada, y es indudable que la puesta en libertad del recurrente supondría la creación de un riesgo de elusión del proceso por parte del recurrente, quien ningún obstáculo tendría para colocarse fuera de la acción de la justicia, siendo así que la estancia en territorio español que se alega, y los vínculos familiares y sociales con este país no suponen un insalvable obstáculo para la huida que se pretende evitar con la medida impugnada, sin que las medidas de menor entidad propuestas se consideren suficientes para conjurar el aludido riesgo de fuga.

Y por todo ello la Sala no considera garantía bastante las medidas de menor intensidad propuestas por el recurrente, habida cuenta las circunstancias expuestas, y las circunstancias del iter delictivo que se investiga en la presente causa , y que viene detallado en las resoluciones precedentes, revelando el desarrollo de la acción imputada.

En consecuencia consideramos que la decisión de mantenimiento de la prisión acordada resulte proporcional a la gravedad de los hechos investigados, y a las circunstancias del recurrente, no existiendo por ello motivo para su rectificación en esta alzada.

SEPTIMO.-Por lo que se refiere al Expediente administrativo de expulsión, no consta el dictado en la presente causa de resolución alguna al respecto, siendo la autoridad administrativa competente para la incoación del Procedimiento, sin que ello vincule a la tramitación del presente procedimiento.

OCTAVO.-Se declaran de oficio las costas devengadas en esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.