Auto Penal 341/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 92/2024 de 29 de mayo del 2024

PRIMERO.- En la querella origen del presente procedimiento se formula la misma en representación de 15 personas, más las reseñadas en el escrito de ampliación de querella presentado, contra las personas que luego se dirán cifrando el importe del fraude en 20 millones de euros atendiendo al capital invertido y con relación a los Bitcoins, se cifra una cantidad defraudada que asciende a 192,012 Bitcoins, calificando los hechos como constitutivos de delito continuado de apropiación indebida y delito continuado de estafa, contra los siguientes QUERELLADOS:

1. D. Humberto, con pasaporte NUM000,, siendo participante responsable de las siguientes empresas, contra las que también se la presente querella: a) BITEQ LTD, con número de identificación NUM001 en el Reino Unido de Gran Bretaña, con domicilio en, DIRECCION000, Londres, Reino Unido. b) BITEQ HOLDING LTD, con domicilio en 6 Sutton Street, E1 0BB, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña. BITEQ CONUM JSC (Crypto Service Provider), Avtomsenebeli Street 88, Hualing Kutaisi Free Industrial Zone 4600 Kutaisi. Republic of Georgia. Comp. ID No. 4021637. c) MEXXEM GROUP LTD, ID No. domiciliada en Gran Bretaña del Reino Unido, PO Box E1 0BB, 4-8 Sutton Street 4-8, Sutton Street, London, United Kingdom,0BB. d) CAVEUM LTD, número 8778179, en el Reino Unido de Gran Bretaña, con domicilio en 36 Saxon Road Wheathampstead / St. Albans / Hertfordshire / UNITED KINGDOM / AL4 8NZ. Cambiado el nombre a BEBA ENERGY SPAIN LTD, y posteriormente a BEBA ENERGY SPAIN LTD, y posteriormente a BEBA GLOBAL ENERGY LTD, todas conservando el mismo número de empresa, 8778179 en el Reino Unido de Gran Bretaña, y que finalmente acaban llamándose UNIVERS LTD con número de registro 8802607.

2. Marco Antonio, de nacionalidad Alemania, con identidad desconocida, y domicilio en Torrevieja (Alicante), DIRECCION001. El chaparral.

3. Caridad, de nacionalidad Alemania, identidad desconocida, y domicilio en Torrevieja (Alicante), DIRECCION001. El chaparral. 4. Clara, de nacionalidad e identidad desconocida, con domicilio en Torrevieja (Alicante), DIRECCION001. 5. Blas, de nacionalidad argentino, con domicilio en Centro Comercial DIRECCION002 Torrevieja (Alicante)del que se desconoce su número de pasaporte. 6. Emiliano, ciudadano español, con Pasaporte NUM002, "Documento número 210", nacido en BADALONA (BARCELONA), con domicilio conocido en la población de BENCARRON (UTRERA), provincia de 41710 - SEVILLA, teléfono NUM003. Responsable de las siguientes empresas vinculantes: a) CONTROL GRUPO ABY SL, con CIF B90458647, domicilio en Avenida Menéndez Pelayo, n º 50 - 1. Oficina 3. SEVILLA 41003. y empresas vinculadas al grupo. 7.- UNIFIED FIELD LTD, con registro n º 12960842, en Londres (Reino Unido), con domicilio en "UNIT 3 1ST FLOOR 6/7 ST. MARY AT HILL -LONDON- ENGLAND EC3R 8EE. (Empresa formada en Sociedad con Prudencio), también mencionado como QUERELLADO. 8.- Rogelio, de origen alemán, con nacimiento en NUM004 de 1956, desconociéndose el domicilio de residencia y número de pasaporte o identidad. 9.- Sergio, nacionalidad alemana, con identidad, NUM005, nacido el NUM006/1985, en DERBACH (WESTERLAND), residencia desconocida. 10.- Santos, con identidad desconocida, nacido en la República Dominicana. 11.- Benigno, de identidad y domicilio desconocidos, responsable de las siguientes entidades mercantiles, contra las que también se interpone la presente querella: a) PERIVEX PRIVATE EQUITY FX SL, con CIF B67080911, domiciliada en Calle Sant Miquel, 119 - ESC A, de Masnou (08320) - BARCELONA - (ESPAÑA), través de su Administrador el señor, de nacionalidad e identidad desconocidas. 12.- Blas, de nacionalidad argentino, de identidad desconocida, domiciliado en Centro Comercial DIRECCION002 Torrevieja, Alicante (ESPAÑA). Documento núm. 13.- Prudencio, nacionalidad española, documento nacional de identidad, NUM007, con domicilio en la DIRECCION003 Jaén (ESPAÑA), y la empresa que Administra, contra la que también se interpone la presente querella: a) CAMPO UNIFICADO SLU, con CIF B23810310, en el mismo domicilio, en calle Antonio Romero, núm. 26 de Jaén, CP 23009.

Tras incoar diligencias previas y dar traslado al Ministerio Fiscal, el Instructor dictó la resolución impugnada por entender que "1.- En las diligencias previas 71/2021 por Auto de 26 de abril de 2.022 se acordó no admitir la competencia de la denuncia presentada por D. Antonio Porta García, quien representaba a 76 perjudicados contra las siguientes personas físicas: Humberto, Marco Antonio, Blas, Santos, Fabio, Felix, Florian, Gabino, Prudencio y Higinio, y las siguientes personas jurídicas: Biteq Conum JSC, Biteq Ltd, Grupo Control ABY SL, y BEBA Energía España, por 76 delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación en documento privado, intrusismo profesional, blanqueo de capitales, delito societario y pertenencia a organización o grupo criminal.

(...) Los hechos descritos constituyen, en principio, un delito de estafa continuadade los art. 248, 249, 250.5 del CP, por lo que en principio este requisito se vería cumplido.

(...)La exigencia de que las defraudaciones produzcan o puedan producir una grave repercusión en la economía nacional, en la seguridad del tráfico mercantil o que afecte n a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia, como se deduce de la conjunción utilizada en el texto legal son meramente disyuntivas: de ahí que sea suficiente la concurrencia de uno solo detales presupuestos para que deba reconocerse la competencia de la Audiencia Nacional, y consiguientemente de los Juzgados Centrales de Instrucción".

Concluye el Instructor que no concurre ninguna de las circunstancias exigidas por el precepto legal, lo que le conduce a dictar la resolución que se impugna. ".

SEGUNDO.- Se alza la representación del apelante contra la resolución del Instructor acordando la inadmisión, alegando los siguientes motivos:

Primera.- En el Auto impugnado se hace referencia a las resoluciones del Tribunal Supremo en relación al número de afectados e incluso al concepto de lo que se considera grave repercusión para la economía nacional. En relación a los requisitos establecidos por la LOPJ para la atribución de la competencia a la Audiencia Nacional, son requisitos disyuntivos, esto es, no tienen que darse todos a la vez, por lo que será competencia de la Audiencia Nacional cuando, sin existir "grandes defraudaciones", si se produce un perjuicio patrimonial en una generalidad de personas que residan en el territorio de más de una Audiencia, la complejidad no viene dada tanto por el montante de lo defraudado sino por la existencia de numerosos perjudicados que se han visto afectados en diversos territorios lo que daría lugar a una compleja investigación, lo que aconseja que su conocimiento se centralice en un solo órgano, Resolución ATS 13/01/1997.

SEGUNDA.- La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en reunión de 30 de abril de 1999, examinó el alcance de "generalidad de personas" y acordó que "la exigencia de generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia ha de ser interpretada finalísimamente, en función de posibilidad de instrucción, valorando la trascendencia económica, así como la necesidad de una jurisdicción única sobre todo el territorio servirá para evitar dilaciones indebidas". El Ministerio Fiscal se ha opuesto a la estimación del recurso por los argumentos que constan en su escrito de alegaciones.

TERCERA.- En la querella se denuncian hechos que afectan a 246 personas, totalmente documentados, y que ha supuesto una defraudación de las cantidades invertidas por los querellantes que, como ya se puso de manifiesto en nuestro escrito de fecha 22 de febrero de 2023, asciende a: Para Moneda Bitcoin: - Inversiones 170,402 BTC - Abonado por BITEQ 20,612 BTC - Diferencia 158,789 BTC Para Euros - Inversiones 1.378.897.-€. - Abonado por BITEQ 201.691.-€ - Diferencia 1.177.206.-€.

CUARTO.- Los querellantes tienen su domicilio en más de una audiencia, en tanto que las relaciones entre BITEQ y los querellantes se produce por internet o telefónicamente, por lo que se cumpliría con lo establecido por el propio Tribunal Supremo.

QUINTO.- no cabe duda alguna es que se cumple ese requisito exigido por el Tribunal en el sentido de que se valore la necesidad de una jurisdicción única para el enjuiciamiento de los hechos a fin de evitar dilaciones indebidas. Jurisdicción Única que vendría avalada, no solo por la dificultad de una instrucción en el territorio donde se cometió el delito y su posibilidad de generar una lesión al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva por las posibles dilaciones indebidas que se produzcan en el procedimiento por la concurrencia de factores acreditados como son: a) el hecho de que el domicilio fiscal de BITEQ es desconocido, siendo distinto al de las personas físicas y jurídicas que han sido denunciadas, baste ver la relación de querellados que se documenta en el Auto de fecha 18 de octubre, en el que se reseñan los domicilios de los querellados, que radican en Londres, en República de Georgia, en Reino Unidos, Alemania, Alicante, Torrevieja, Barcelona, Sevilla, Republica Dominicana....; b) además las transacciones se realizan a entidades bancarias que tampoco tienen su sede fiscal en España, tal y como se acredita con el Documento Nueve, donde se pueden ver las cuentas bancarias desde las que se realizan las intercesiones y las cuentas receptoras del dinero, que radican en países como Alemania, Georgia, Reino Unido, Lituania, Bélgica, Malta (páginas 36 y siguientes de la querella en relación con los documentos que acompañan la ampliación de la querella de 22 de febrero de 2023) además de cuentas aperturadas en España. C) Ello sin olvidarnos que el importe más elevado de las transacciones lo son en BTC, mediante transacciones a través de las wallets o billeteras cuya identificación y localización supone una complejidad añadida y buscada de propósito por los querellados, habiendo requerido para ello la necesidad de colaboración con Entidades Financieras que manejan moneda "fiat" y cuya localización está radicada en el extranjero, como pueden ser BINANCE, BITPANDA, CEX-IO LTD, CEX.IO LTD VAT, POLONIEX LLC, COINVASE, KRAKEN PAYWARD LTD, entre otras.

SEXTO.- Se denuncia una defraudación económica pero con una complejidad añadida que es la defraudación de criptomonedas, un elemento nuevo, oscuro y con deficiente regulación jurídica, lo que supone un aliciente para los defraudadores por la dificultad añadida de la trazabilidad de las inversiones, investigación en muy compleja, con intervención necesaria de distintos países, entre otros aquellos donde se han radicado las sociedades de inversión, aquellos donde fueron transferidos fondos a través de cuentas bancarias, cuando se trata de monedas en euro, o las billeteras y las entidades que trabajan con este tipo de monedas, que como ya se ha dicho, casi todas radican en el extranjero, el domicilio de la empresa en España, es fraudulento, en la propia querella se explica y documenta como existe un entramado de mercantiles, radicadas principalmente en Reino Unido, que van modificándose de forma rápida y conforme a los intereses de los administradores para convertir en opacas las inversiones, apropiarse del dinero y de las criptomonedas cortocircuitando cualquier medida por parte de los propios inversores.

SEPTIMO.- Sobre la cuantía de la defraudación, debemos tener presentes los DOCUMENTOS 5.04 y 5.05 en los que se desglosan las cantidades invertidas en criptomonedas (Bitcoins) y en moneda fiduciaria (euros). Pues bien, se sitúa el importe del primer concepto en 1.528.596 € y el segundo en 192,012 Bitcoins, que equivalen a 7.680.464 €, lo que arroja una suma de 9.209.060 €.

TERCERO.- Con carácter previo, y hemos de recordar que el Pleno del Tribunal Constitucional en Auto 80/2021 de 15 de septiembre de 2021 dictado en recurso 5781/2018 proclama que "El derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción mediante el ejercicio de la acción penal, se configura como un ius ut procedatur, y su examen constitucional opera desde la perspectiva del art. 24.1CE , siéndole asimismo aplicables las garantías del art. 24.2CE ( STC 87/2020, de 20 de julio , FJ 3). Desde esta aproximación "[e]l querellante o denunciante ostenta, como titular del ius ut procedatur, el derecho a poner en marcha un proceso penal, a que el mismo se sustancie de conformidad con las reglas del proceso justo y a obtener en él una respuesta razonable y fundada en derecho ( SSTC 120/2000, de 10 de mayo, FJ 4 , o 12/2006, de 16 de enero , FJ 2), pero no incluye el derecho material a obtener una condena y a la imposición de una pena, pues el ius puniendi es de naturaleza exclusivamente pública y su titularidad corresponde al Estado" ( STC 87/2020 , FJ 3, de nuevo con ulteriores referencias). Adicionalmente, "quien ejercita la acción en forma de querella no tiene, en el marco del art. 24.1 de la Constitución , un derecho incondicionado a la apertura y plena sustanciación del proceso penal, sino sólo a un pronunciamiento motivado del Juez en la fase instructora sobre la calificación jurídica que le merecen los hechos, expresando, en su caso, las razones por las que inadmite su tramitación" ( STC 129/2001, de 4 de junio , FJ 2, con ulteriores referencias).

Por lo tanto, las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva se verán satisfechas por la resolución de inadmisión a trámite si se fundamenta de forma razonable en la exclusión ab initio del carácter delictivo de los hechos imputados - art. 313 LECrim - ( SSTC 148/1987, de 28 de septiembre, FJ 2 ; 111/1995, de 4 de julio, FJ 3 ; 94/2001, de 2de abril, FJ 2 ; 129/2001, de 4 de junio, FJ 2 ; 26/2018 , de 5de marzo, FJ 3).".

La doctrina del Tribunal Constitucional derivada de sus sentencias números 148/1987, 33/1989, 175/1989, 203/1989, 212/1991, 138/1997, 162/1999 y 129/2001, proclama que el ejercicio de la acción penal mediante querella no es un derecho incondicionado a la plena sustanciación del proceso, sino que es compatible con un pronunciamiento motivado del Juez de Instrucción por el que, en aplicación del art. 313 dela Ley de Enjuiciamiento Criminal , desestime o inadmita a trámite la querella; debiéndose tener en cuenta que la resolución de inadmisión o desestimación de la querella en aplicación del citado art. 313 no es contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva siempre que el órgano judicial razone de forma suficiente la inadmisión.

El art. 313 Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que el juez "Desestimará en la misma forma la querella cuando los hechos en que se funde no constituyan delito, o cuando no se considere competente para instruir el sumario objeto de la misma.."

El artículo el art. 269 de la referida Ley Procesal Penal establece que "formalizada que sea la denuncia, se procederá o mandará proceder inmediatamente por el Juez o funcionario a quien se hiciese a la comprobación del hecho denunciado, salvo que éste no revista carácter de delito o que la denuncia fuera manifiestamente falsa".

CUARTO.- Respecto a la competencia de esta Audiencia Nacional, dispone el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que:

"La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá:

1.º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos:

c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".

Para el correcto entendimiento del contenido de la norma competencial, la Sala ha recurrido a la Jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, para concluir la adecuación del criterio seguido por el Instructor.

De los datos aportados resulta efectivamente que los hechos objeto de la querella pudieran ser constitutivos de los delitos de estafa o apropiación indebida.

En la reciente resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del 24 de marzo de 2023, se analiza la cuestión relativa a la interpretación del referido precepto, y se señala que:

"Conforme al art.65.1.c) de la LOPJ , corresponde a los Juzgados Centrales de instrucción las defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.

El precepto establece dos requisitos para que pueda atribuirse la competencia a la Audiencia Nacional:

1.- Que se trate de un delito de "defraudaciones" o de "maquinaciones para alterar el precio de las cosas".

2.- Que se produzca o pueda producir uno solo de los tres resultados siguientes:

a. Grave repercusión para seguridad del tráfico mercantil.

b. Grave repercusión en la economía nacional.

c. Perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia.

En el caso que nos ocupa los hechos investigados constituyen un delito de estafa de los arts. 248 y 249, por lo que en principio el requisito que exige que se trate de una defraudación se vería cumplido.

En relación con el segundo requisito, la exigencia de que las defraudaciones produzcan o puedan producir una grave repercusión en la economía nacional, en la seguridad del tráfico mercantil o que afecten a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia, como se deduce de la conjunción utilizada en el texto legal son meramente disyuntivas: de ahí que sea suficiente la concurrencia de uno solo de tales presupuestos para que deba reconocerse la competencia de la Audiencia Nacional, y consiguientemente de los Juzgados centrales de Instrucción. Así la competencia viene señalada por una doble vía: en primer lugar las grandes defraudaciones que, sin tener en cuenta diseminación por el territorio nacional, producen una grave incidencia sobre seguridad del tráfico y un perjuicio de entidad en la economía nacional. Una segunda vía es la que establece alternativamente el mencionado precepto al atribuir la competencia a los órganos de Instrucción Centrales cuando, sin tener en cuenta las circunstancias que anteceden se produce un perjuicio patrimonial en una generalidad de personas que residan en el territorio de más de una Audiencia. En este último caso la complejidad del litigio viene determinada no por la entidad de lo defraudado sino por la existencia de numerosos perjudicados que se han visto afectados en diversos territorios, lo que daría lugar a una compleja investigación, previa la acumulación correspondiente de las causas incoadas, lo que aconseja que su conocimiento se centralice en un solo órgano como son los Juzgados integrados en la Audiencia Nacional.

En el caso que nos ocupa no se han contabilizado los perjudicados en territorio de varias audiencias, sólo ocurren los hechos en Madrid y Móstoles, que pertenecen a la Audiencia de Madrid. La cuantía del perjuicio no consta, además, no existe un criterio general de aplicación para interpretar este concepto, se acude en cada caso y en atención a la cuantía de lo defraudado a estimar si concurre o no este requisito y aunque los criterios que venimos señalando sobre diversas cuantías no son en ocasiones coincidentes, que ni siquiera se mencionan en el auto de inhibición. En definitiva, no se cumplen los presupuestos del art. 65 LOPJ por ello la competencia corresponde al Juzgado de Instrucción nº 1 de Navalcarnero".

En el mismo sentido, el Auto del mismo Alto Tribunal del 22 de marzo de 2023 , se señala que:

"El criterio de esta Sala, expresado en los autos de 15 de julio de 1987 , 11 de abril de 1988 , 27 de septiembre de 1990 , 25 y 26 de marzo de 1996 , y 16 de abril de 1999 , entre otros, es el de que, a estos efectos de competencia, debe interpretarse la expresión "generalidad de personas" en el sentido de pluralidad importante de sujetos pasivos, que cuando se encuentran dispersos por el territorio de varias Audiencias, justifican la aplicación de la norma especial de competencia.

"La exigencia de generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia ha de ser interpretada finalísimamente, en función de posibilidad de instrucción, valorando la transcendencia económica así como si la necesidad de una jurisdicción única sobre todo el territorio servirá para evitar dilaciones indebidas".

Por ello, partiendo de la excepcionalidad del ámbito competencial que la LOPJ reserva a la Audiencia Nacional que sugiere un criterio restrictivo como norma general, debe tenerse presente en el caso concreto que: el hecho de que en Internet las posibles víctimas sean indeterminadas y que las mismas se encuentren situadas en distintas provincias no es un dato que determine la competencia de la Audiencia Nacional. Atendiendo a lo expresado anteriormente, será necesario que el número de perjudicados sea elevado y que los hechos hayan tenido una transcendencia económica de cierta entidad.

Así se pronunció el ATS 23 de noviembre de 2022 (Cc20445/2022 ), en el caso de una supuesta estafa piramidal en masa con perjudicados en distintas provincias españolas e investigada también en el extranjero y con un perjuicio económico estimado por el momento en 848.000 euros. Este auto a su vez aludía a otros como al ATS de 12 de mayo de 2102 , que desestimó la competencia del Juzgado Central en un supuesto con 66 perjudicados identificados y posibilidad de llegar a afectar la estafa a 600 personas residentes a lo largo del territorio nacional, si bien, cuanto el valor defraudado en cada caso, no era relevante; y a la Cc, 20632/2019, resuelta por Auto de 24 de octubre de 2019, que igualmente negó la competencia del Juzgado Central en una defraudación de seis millones de euros (no alcanzan la dimensión de grave daño a la economía nacional o a la seguridad mercantil ) y con 11 perjudicados (no afectan a una generalidad de personas), aunque medie la captación en páginas webs de inversiones extranjeras; y en la Cc 20388/2018, de 21 de septiembre que entendió que en aquel caso, tampoco la cuantía resultaba determinante cuando sin mucha precisión se aludía en la exposición razonada a unos 28 millones de euros, para afirmar grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, o en la economía nacional.

En el caso que ahora nos ocupa, aunque el número de perjudicados es elevado, la cuantía económica que se sugiere defraudada, aun cuando atendiéramos al mayor de los importes reseñados, no puede entenderse susceptible de poner en riesgo la economía nacional ni afectar gravemente al tráfico mercantil. Se encuentra muy lejos de los 7.000.000 euros que ha fijado tradicionalmente esta Sala como criterio orientativo".

En ambas resoluciones se define con bastante precisión los términos de los criterios de atribución de competencia en el presente caso a la Audiencia Nacional, sin que pueda entenderse cumplido ninguno de los criterios que de forma disyuntiva se contemplan en la norma, no pudiendo equipararse el número de perjudicados, al concepto "generalidad de personas", expresado en el precepto y analizado de la forma descrita.

A "sensu contrario", citamos otra resolución de la misma Sala, de fecha 25 de enero del presente año en la que sí se decide la competencia de la Audiencia Nacional para el conocimiento de los hechos, para poner de manifiesto las diferencias respecto del supuesto de hecho que hoy nos ocupa.

"Aunque, ciertamente, las normas que atribuyen la competencia a la Audiencia Nacional deben interpretarse en sentido restrictivo, consideramos que la investigación de los hechos denunciados reviste la suficiente complejidad como para atribuir dicha competencia al Juzgado Central; para ello atendemos al número de perjudicados, que el propio Juzgado Central admite que podrían rondar 124, en su mayor parte de nacionalidad extranjera y residentes en EEUU, sin que quepa descartar que, en atención al tipo de actividad delictiva, ese número aumente; o tenemos en cuenta que los encausados en el Juzgado de Instrucción son 18 personas de distintas nacionalidades, sin descartar tampoco que pueda ser mayor, hasta el punto de que se habla de una actividad cometida por una organización criminal en la que habría unos 80 miembros, y se hace constar por el Juzgado madrileño que los dos investigados principales no fueron puestos a su disposición, sino de la Audiencia Nacional; la documentación es copiosa; la actividad delictiva se ha desplegado no solo por distintas provincias españolas, sino también en EEUU, Portugal y algún otro país europeo, con lo que la cooperación internacional parece necesaria, circunstancias todas éstas que, sin duda, dificultan y pueden dilatar la tramitación de la causa, así como suponen una superación del principio de territorialidad, criterio fundamental a la hora de determinar la competencia, todo ello determinante de una complejidad en la investigación, que resulta más acorde con la función encomendada a este órgano centralizado, especializado".

Y en igual sentido la resolución de fecha 13 de diciembre de 2022 "Por ello, la jurisprudencia de esta Sala -por todos AATS 3-6-2021 , 21-7-2021 y 15-12-2021 , tiene declarado que la competencia de la Audiencia Nacional viene señalada por una doble vía: en primer lugar, las grandes defraudaciones que, sin tener en cuenta su diseminación por el territorio nacional, producen una grave incidencia sobre la seguridad del tráfico y un perjuicio de entidad en la economía nacional. Una segunda vía es la que establece alternativamente el mencionado precepto al atribuir la competencia a los órganos de Instrucción Centrales cuando, sin tener en cuenta las circunstancias que anteceden, si se produce un perjuicio patrimonial en una generalidad de personas que residan en el territorio de más de una Audiencia. En este último caso la complejidad del litigio viene determinada no por la entidad de lo defraudado sino por la existencia de numerosos perjudicados que se han visto afectados en diversos territorios lo que daría lugar a una compleja investigación, previa la acumulación correspondiente de las causas incoadas, lo que aconseja que su conocimiento se centralice en un solo órgano como son los Juzgados integrados en la Audiencia Nacional (en este sentido ATS 13/01/1997 ). Aunque la competencia de los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional, abstracción hecha en los tipos penales específicos, ha de ser interpretada de forma restrictiva en función de la excepcionalidad de la norma competencial en detrimento del principio general de territorialidad. Por ello esta Sala ha declarado que los criterios de atribución contenidos en el art. 65.1 c) y d) han de ser interpretados en función de la dificultad de una instrucción el territorio donde se cometió el delito y su posibilidad de generar una lesión al derecho fundamental a las dilaciones indebidas.

- En el caso que nos ocupa, además de que se investiga la existencia de una organización y/o grupo criminal, nos encontramos ante una presunta estafa de inversiones en bitcoins que se tramita en el Juzgado de Alicante contra Eliseo, sobre el que se ha decretado prisión provisional, y al que se imputa el utilizar documentos falsos en las inversiones prometidas, que afectan a múltiples perjudicados -por ahora 150-, en más de una Audiencia del territorio nacional, en concreto, Alicante, Murcia, Madrid, Málaga, Barcelona, La Rioja, La Coruña, Lérida, Ibiza, Albacete y Orense, además de cuatro países extranjeros, en los que también aparecen perjudicados como son Uruguay, Chile, USA, Noruega y Portugal, la cuantía de lo defraudado 546,97 bitcoins (entre 33.750.000 y 40.500.000 €) y la complejidad de la investigación -en la fecha de la exposición razonada, 24-5-2022, la instrucción de la causa estaba pendiente, tras meses de elaboración, de un informe pericial encomendado a Catedra de Blanc (Departamento adscrito a la Universidad Politécnica de Valencia) en orden a la determinación de la posible trazabilidad de los fondos que se hayan podido mover entre las wallets de los supuestos implicados, tanto de los perjudicados como de los investigados para poder, en su caso, determinar la ubicación de tales fondos, no siendo descartable que se encuentre en lugares fuera del territorio nacional- resulta evidente.

Estos hechos tienen una significación suficiente para determinar la competencia de la Audiencia Nacional y la instrucción de los Juzgados Centrales, conforme al art. 65. 1 c ) y 88 LOPJ ".

A la vista de lo cual, la Sala considera acertado el criterio del Instructor, secundado por el Ministerio Fiscal en sus informes de oposición, ya que, de los datos aportados sólo se concluye la existencia de un número de perjudicados inferior a 300 personas, constando sólo como dato cierto el del domicilio del denunciante, lugar donde se ha consumado la disposición de efectivo en la que señala el apelante el fundamento de la naturaleza delictiva de las inversiones efectuadas. En este sentido, en el reciente Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 13 de marzo de 2024, resolviendo cuestión de competencia respecto a una presunta estafa cometida a través de Internet, recoge la doctrina reiterada de la Sala al respecto, señalando que: "Son numerosos los pronunciamientos de esta Sala en supuestos similares (por todos, auto de 5/7/17 Cuestión de Competencia 20349/17 y auto de 25/5/18 Cuestión de Competencia 20201/18 entre otros). El delito de estafa se comete en todos los lugares en que se desarrollan las acciones que integran la tipicidad ya procedan del sujeto activo (engaño) ya del sujeto pasivo (desplazamiento patrimonial) así como en el lugar en el que se hace efectivo el perjuicio patrimonial. El Pleno no jurisdiccional de esta Sala de fecha 3 de febrero de 2005 asumió ese criterio: "El delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo, en consecuencia, el Juez de cualquiera de ellas que primero haya iniciado las actuaciones procesales, será en principio competente para la instrucción de la causa".

Ello no obstante, en el caso sometido a consideración, nos encontramos previsiblemente ante la comisión de un delito de estafa informática, respecto al que, reiterada doctrina de esta Sala ha consolidado un nuevo criterio que complementa la teoría de la ubicuidad, y éste es el de la eficacia. De tal forma que, la competencia vendrá determinada por el lugar donde la investigación policial puede tener algún éxito, donde se hayan realizado elementos del delito, donde puede operarse sobre los ordenadores informáticos y donde la instrucción puede ser eficaz (ver autos Sala 21 de octubre 2015, 3/7/2015; 8 de mayo de 2015; 28 de junio de 2018; 24 de octubre de 2019; el de 15 de octubre de 2019). Este criterio de la mayor facilidad y conveniencia en la investigación también es el mantenido por el Convenio sobre el Cibercrimen, suscrito en Budapest el 23 de noviembre de 2001, ratificado por España el 27 de septiembre de 2010, que determina que será competente el Estado "que esté en mejores condiciones para ejercer la persecución del delito".

No puede estimarse a la vista de los hechos expuestos por el recurrente que los mismos supongan una puesta en peligro para la economía nacional ni que afecten a una generalidad de personas.

Ha de tenerse en cuenta además que, tal y como consigna el Instructor en su Auto y el Ministerio Fiscal en sus informes de oposición, la cuestión ya había obtenido una previa respuesta judicial de inadmisión en las diligencias previas seguidas ante ese mismo Juzgado de Instrucción:

"Tal y como se afirmó en la resolución dictada en las diligencias previas 71/2021 antecitada, doctrina que es aplicable a la presente querella, "De los hechos expuestos se deduce claramente la competencia del Juzgado con competencia territorial por aplicación de los criterios contenidos en los art. 15 de la LECRIM. El art. Artículo 65 de la LOPJ establece: "La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá: 1. Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos: ... c. Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia." El precepto establece dos requisitos para que pueda atribuirse la competencia a la Audiencia Nacional: 1º. Que se trate de un delito de "defraudaciones" o de "maquinaciones para alterar el precio de las cosas". 2º. Que se produzca o pueda producir uno solo de los tres resultados siguientes: a) Grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil. b) Grave repercusión en la economía nacional. c) Perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia".

Y tras analizar los datos allí expuestos concurre la falta de competencia de esta audiencia Nacional.

No constituyen criterios de atribución competencial los mencionados por el recurrente en las alegaciones expuestas, descartados los mencionados de generalidad de personas o la afectación a la seguridad de la economía nacional, ya que la utilización de criptomonedas como instrumento para verificar la estafa, o el ignorado domicilio de alguno o algunos de los implicados, o que estos estuvieran radicados en el extranjero, puesto que, como ya hemos apuntado, la estafa se verifica en el lugar donde se realiza el desplazamiento patrimonial, con independencia del domicilio del denunciado, por lo que resultan de aplicación los criterios generales de atribución de la competencia territorial, lo que conduce a la desestimación del recurso..

QUINTO.- No existen motivos para imponer las costas al recurrente pese a la desestimación del recurso

Vistos los artículos mencionados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,