Auto Penal 238/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 197/2025 de 03 de abril del 2025

PRIMERO. -La parte recurrente articula su recurso de apelación frente al auto que ordena la continuación de las presentes diligencias por los trámites del

Procedimiento Abreviado en base a cuatro motivos:

1. La absoluta falta de motivación del auto recurrido.

2. La inexistencia de actividad probatoria suficiente en fase de instrucción.

3. La ausencia de tipicidad penal, y

4. La eventual falta de competencia objetiva y territorial de la Audiencia Nacional.

SEGUNDO. -En su primer motivo de recurso, se alega que el auto que resuelve el recurso de reforma simplemente se dedica a seguir el dictado del Ministerio Fiscal, remitiéndose sin más a los argumentos, que hace suyos, del escrito de impugnación al recurso de reforma.

Sobre este particular, es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional ( SSTC 16/1993, 58/1993, 165/1993, 166/1993, 28/1994, 122/1994, 177/1994 y 153/1995, entre otras muchas), que puede resumirse en las siguientes declaraciones:

- La obligación de motivar las resoluciones judiciales que el art. 120.3 CE impone a los órganos judiciales, puesta en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE que comprende, entre otros, el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho de los Jueces y Tribunales, determina la necesidad de que las resoluciones judiciales (autos y sentencias) contengan una motivación suficiente, cuya carencia entraña la vulneración del art. 24.1 CE;

- El requisito de la motivación de las resoluciones judiciales halla su fundamento en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al fallo, y de controlar la aplicación del Derecho realizada por los órganos judiciales a través de los oportunos recursos, a la vez que permite contrastar la razonabilidad de las resoluciones judiciales. Actúa, en definitiva, para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, quienes pueden conocer así los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial, es decir, la "ratio decidendi" que ha determinado aquélla, y actúa también como elemento preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción;

- La suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, sino que requiere examinar el caso concreto para ver si, a la vista de las circunstancias concurrentes, se ha cumplido o no este requisito de las resoluciones judiciales. No exige que el órgano judicial se extienda pormenorizadamente sobre todos y cada uno de los argumentos y razones en que las partes fundan sus pretensiones, admitiéndose la validez constitucional de la motivación aunque sea escueta o se haga por remisión a la motivación de otra resolución anterior.

En definitiva, como se declara en la STC 91/1995, y en las que en ella se citan, "no puede entenderse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por el hecho de que el órgano judicial no dé respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones vertidas en el proceso, ese derecho puede satisfacerse, atendiendo a las circunstancias de cada caso, con una respuesta a las alegaciones de fondo que vertebran el razonamiento de las partes, aunque se dé una respuesta genérica o incluso aunque se omita esa respuesta respecto de alguna alegación secundaria".

Por otra parte, se ha de tener presente que es reiterada la doctrina que aclara que la Constitución no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir la ratio decidendi que ha determinado aquélla, y así, una motivación escueta no deja de ser suficiente siempre que suponga una aplicación razonable y reconocible del ordenamiento jurídico, incluso implícita, bastando, en todo caso, con que la motivación cumpla con la doble finalidad de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada, haciendo explícito que esta responde a una determinada interpretación y aplicación del Derecho y de permitir su eventual control jurisdiccional mediante el ejercicio de los recursos previstos por el Ordenamiento Jurídico, de forma que la motivación no está necesariamente reñida con la brevedad o el laconismo, y por esta razón, se ha reiterado que en los supuestos de incongruencia omisiva han de ponderarse las circunstancias concurrentes en el caso para determinar si el silencio de la resolución judicial constituye una lesión del art. 24.1 CE o si, por el contrario, puede razonablemente interpretarse como una desestimación tácita que satisfaga las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva, siendo de señalar, además, que también son copiosas las resoluciones del T.C. que pregonan que no toda ausencia de respuesta a las cuestiones planteadas por las partes produce una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, sino que para apreciar esa lesión constitucional debe distinguirse, en primer lugar, entre lo que son meras alegaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones y estas últimas en sí mismas consideradas, pues, si con respecto a las primeras puede no ser necesaria una respuesta explícita y pormenorizada de todas ellas, respecto de las segundas la exigencia de respuesta congruente se muestra con todo rigor, sin más posible excepción que la existencia de una desestimación tácita de la pretensión sobre la que se denuncia la omisión de respuesta explícita, siempre que la respuesta pueda deducirse del conjunto de los razonamientos de la decisión.

En el auto recurrido se realiza un razonamiento, por remisión, sí, pero razonamiento sobre los aspectos fundamentales que la parte recurrente planteó en su recurso, motivando por ello la causa de su desestimación, siendo suficiente para que la parte, tal y como ha hecho, pueda impugnar la misma, al conocer las razones de la desestimación de su recurso.

TERCERO. -Como segundo motivo de recurso se esgrime que la única y exigua vinculación que tiene el recurrente con la presente causa es en relación a un escrito presentado el 12 de diciembre de 2019 por D. Adrian, Secretario General de la Federación Española de Fútbol en el que se adjunta un escrito en el que se trasladan unos datos referidos a unas cuantas internas entre ambas entidades en relación a una devolución de fondos efectuada el 10 de junio de 2015. Afirma que dicho documento es tan solo una "mera comunicación de datos", sin repercusión para terceros. Añade que a la vista de dicho documento el Ministerio Público y la acusación proceden a realizar meras suposiciones o conjeturas, sin más.

Tras relatar las diligencias practicadas respecto de dicho documentos, y entiende que no se ha practicado ninguna diligencia complementaria relevante y tendente a la averiguación de los hechos, por lo que la parte recurrente entiende que lo que procede es el sobreseimiento, al estar conclusa la fase de instrucción, para lo que realiza un detallado análisis de las diligencias practicadas, y realiza su valoración, entendiendo que de las mismas no pueden derivarse indicios de criminalidad frente a su representado.

A la vista de las extensas y pormenorizadas alegaciones efectuadas por la parte recurrente, debemos recordar que en el curso del procedimiento penal se pasa por distintas fases o etapas, cada una de las cuales tiene características y fines propios. Así, la fase de instrucción estará encaminada a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, las personas responsables de los mismos y el órgano competente para el enjuiciamiento, mientras el plenario o juicio oral será el acto en el que, enjuiciándose la conducta de una persona frente a la que se haya formulado acusación, habrán de practicarse las pruebas tendentes a acreditar tanto los cargos imputados como la tesis de descargo. De ello se colige que en la fase de investigación tendrán cabida obligatoria únicamente las diligencias que sean necesarias para lo que constituye el fin propio de las denominadas diligencias previas, y encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, las personas responsables de los mismos y el órgano competente para el enjuiciamiento, tras lo cual dictará alguna de las resoluciones contempladas en el artículo 779 del mismo texto legal.

Así las cosas, puede que una determinada diligencia de prueba sea innecesaria en dicha fase y sin embargo sea pertinente en el juicio oral por guardar relación con los hechos a enjuiciar en el mismo, caso en el que el derecho a la prueba quedará salvaguardado, pues, como queda dicho, el plenario constituye el ámbito propio de la prueba.

Presupuesto lo anterior, sabido es que el auto que acuerda la transformación del procedimiento en abreviado cumple una triple función:

- concluye provisionalmente la instrucción de las diligencias previas;

- acuerda continuar el trámite a través del procedimiento abreviado, por estimar que el hecho constituye un delito de los comprendidos en el artículo 757 L.E.Crim. , desestimando implícitamente las otras posibilidades prevenidas en el art. 779 L.E.Crim. , y

- con efectos de mera ordenación del proceso, adopta la primera resolución que el ordenamiento prevé para la fase intermedia del procedimiento abreviado: dar inmediato traslado a las partes acusadoras, para que sean estas las que determinen si solicitan el sobreseimiento o formulan acusación o bien excepcionalmente interesan alguna diligencia complementaria.

En cuanto que constituye un auto de conclusión de la instrucción la resolución debe expresar sucintamente el criterio del Instructor en el sentido de que no se aprecia la necesidad de practicar otras diligencias adicionales, y únicamente en el caso de que exista pendiente alguna diligencia solicitada por las partes que no haya sido practicada ni rechazada motivadamente con anterioridad, deberá justificarse expresamente por qué no se estima procedente su práctica, razonando su impertinencia o inutilidad.

De esta forma, al acordar esta resolución, se está rechazando, implícitamente, el sobreseimiento de la causa, y así el art. 779.1.1ª establece claramente la aplicación del sobreseimiento libre cuando el hecho no es constitutivo de infracción penal y del sobreseimiento provisional en los casos en que no aparezca suficientemente justificado su perpetración o cuando no es conocido el autor de un hecho constitutivo de delito debe acordarse el archivo provisional. Por ello existe la posibilidad mediante la interposición de los recursos procedentes de oponerse ante el propio Juez instructor a la continuación del proceso y de alegar en él lo pertinente en orden a la procedencia del sobreseimiento.

De esta forma podemos llegar a la conclusión de que, en efecto, el auto de referencia, contiene un juicio provisional y anticipado sobre los hechos que posteriormente el Juez o Tribunal está llamado a sentenciar, juicio provisional que en caso alguno vincula a las partes, sí siéndolo los pronunciamientos de sobreseimiento cuando alcanzan firmeza.

Desde esta perspectiva, ha de tenerse en cuenta que no estamos en el momento de dictar sentencia, absolutoria o condenatoria, una vez practicadas todas las pruebas en un juicio oral y público, sino simplemente en la fase de decidir si existe base razonable suficiente para continuar el procedimiento abreviado, ante los indicios de comisión de un delito imputable a una persona o si, por el contrario, lo que procede es dictar alguna de las resoluciones alternativas, especialmente de archivo como interesa parte recurrente

La necesaria valoración de los indicios por exigencia del deber de motivación establecido en el artículo 120. 3º de la Constitución, no tiene por qué implicar un juicio sobre el fondo del asunto, que efectivamente sólo puede corresponder, en su caso, al órgano al que corresponda el enjuiciamiento. Basta pues que se concrete cual es el hecho imputado y quien o quienes son las personas contra quienes se dirige el proceso, de forma que quede suficientemente garantizado el derecho a conocer la imputación y a posibilitar, por ello, el derecho de defensa en lo que a ella se refiere, pues tampoco puede olvidarse que el conocimiento de la acusación, como antecedente lógico de la defensa que puede ejercerse frente a ella, ha de ponerse en relación con el grado de concreción de la acusación misma, la cual no queda definitivamente delimitada en esta resolución, sino que tal concreción definitiva se desarrollara de forma progresiva desde la imputación inicial hasta las conclusiones definitivas, si bien será en el escrito de conclusiones provisionales donde tendrá que efectuarse la calificación jurídica de los hechos imputados, con independencia de las manifestaciones que respecto a esta cuestión se hayan podido efectuar con anterioridad, siempre que exista una correspondencia con aquellos. No es, por tanto, una resolución definitiva en la que haya de evaluarse una prueba que, por definición, se practicará en su caso en el juicio oral, por lo que sólo ha de determinarse si una eventual acusación por unos hechos determinados sería o no sostenible.

Debiendo de tenerse en cuenta, que a diferencia de lo que prescribe el principio de presunción de inocencia para la valoración de la prueba, en esta fase inicial del procedimiento es suficiente con los indicios que establecen la probabilidad de la implicación, aunque no excluyan la posibilidad de que tal implicación no exista. Es así porque el llamado Auto de transformación del Procedimiento Abreviado, que fija la legitimación pasiva, no prejuzga la culpabilidad de un imputado, ni de ninguna forma excluye su inocencia, en tanto que el sobreseimiento de la causa, que hace cesar la persecución del delito, exige la completa falta de indicios de su perpetración; debiendo añadirse que, sensu contrario, cuando las diligencias de investigación permitan conformar un hecho que indiciariamente cumpla el tipo objetivo de una figura penal, el Juez a quo deberá dictar el auto de acomodación procedimental (que pone fin a la instrucción y acota los hechos y las personas que pueden ser objeto de acusación) y permitir a las acusaciones que, bien pidan el sobreseimiento, o bien formulen escrito de acusación, sin perjuicio de que, si dichos hechos (tal y como se relatan en la denuncia o querella) no constituyen delito, pueda el Instructor (ya en fase intermedia) acordar el sobreseimiento, debiendo en todo caso abrir Juicio Oral si existe duda en lo que al tipo subjetivo se refiere, puesto que, mientras que la duda sobre el dolo tras la prueba practicada en Juicio debe comportar la absolución, la duda sobre el mismo en fase instructora o intermedia debe despejarse en plenario mediante la práctica de la prueba.

Por ello, la decisión, de archivar la causa al amparo del artículo 779.1 regla primera, sólo podrá ser adoptada cuando las diligencias de prueba practicadas evidencien de forma objetiva y clara, sin necesidad de interpretaciones subjetivas, la inexistencia de los hechos objeto de la investigación o la atipicidad de los que se demuestren existentes, debiendo, en consecuencia, carecer dichos hechos extrínsecamente de apariencia delictiva, siendo bastante, en consecuencia, que no aparezca claramente descartada la existencia de la infracción penal para que el proceso deba continuar, sin perjuicio del posterior juicio completo sobre la fundabilidad de la acusación que debe realizar el Instructor -valorando la probabilidad de los hechos afirmados por los acusadores en su existencia objetiva, la probabilidad de la participación en los mismos de las personas a las que se quiere acusar y, respecto a esa atribución subjetiva y sus consecuencias, a verificar que la responsabilidad penal no resulte evidentemente excluida- en una fase procesal posterior ( art. 783 L.E.Crim. ).

Dicho de otro modo, no procede, en este momento procesal, la realización de un juicio definitivo sobre el fondo de la cuestión sino que basta con la realización de "un juicio valorativo provisional de que las diligencias practicadas y a los solos efectos de la correspondiente resolución, con un simple principio de probabilidad, que es el propio de este trámite procesal, donde no es pertinente hacer un juicio valorativo similar al que se hace en el momento de dictarse la sentencia, cuando el órgano judicial competente a la vista de las pruebas practicadas, debe formar un juicio definitivo, en términos ya de certeza y no de mera probabilidad, como por el contrario debe serlo el del Auto aquí recurrido" (Auto de transformación de las diligencias Previas en Procedimiento Abreviado) en el que practicadas las pruebas pertinentes se ha de optar por una de las opciones previstas en el artículo 779 de la L.E.Crim.

Por ello, en cuanto a la motivación de la indicada resolución judicial, la misma cumple su función relatando los hechos punibles que resultan de la instrucción, sin que sea preciso argumentar exhaustivamente acerca de los indicios de los que se extraen los hechos ni sobre la calificación jurídica de los mismos.

Dicho todo lo anterior, en el presente caso el auto de transformación a procedimiento abreviado cumple con todos y cada uno de los requisitos anteriormente examinados, imputándose al recurrente la elaboración, en su condición de Secretario General y Tesorero en funciones de la Federación Cántabra de Fútbol, de una certificación en la que se reflejaría que por dicha Federación se habría procedido a devolver a la Real Federación Española de Fútbol los fondos recibidos para la remodelación del campo de Tanos, documento que no se correspondería con la realidad y que se habría emitido a fin de ser presentada ante el Juzgado Central con el fin de obtener el sobreseimiento y archivo del procedimiento, y no será sino en el acto del juicio oral, en el que, con juego de los principios de igualdad, publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y defensa, quedará fijado el hecho y se producirá la convicción del Juzgador.

CUARTO. -Los hechos que se imputan al recurrente, y en la provisoria fase en que nos encontramos, podrían constituir un delito de falsedad y estafa procesal, por lo que no puede aceptarse, en este momento procesal que, como pretende el recurrente, los mismos sean atípicos. Se imputa al apelante la confección de un documento falso con el ánimo de presentarlo en juicio y de confundir al Juzgador a fin de obtener el archivo de una causa penal. De nuevo hemos de reconducir a la parte al juicio oral, en donde, podrá exponer su alegación, pero en el momento actual no puede predicarse, con la seguridad que para ello se requiere, la absoluta atipicidad de los hechos.

QUINTO. -Por último, se alega la falta de competencia objetiva de la Audiencia Nacional para el conocimiento de los hechos objeto de esta pieza separada. En este punto nos hemos de remitir a lo expuesto en nuestro Auto núm. 135/2025, de 25 de febrero (RAA 89/25), dictado en esta misma causa, y Enel que razonábamos que "la pretensión de nulidad no puede ser atendida por esta Sala: dl recurrente viene a plantear una cuestión de competencia que deberá ser objeto por el cauce apropiado de la declinatoria o inhibitoria de jurisdicción, pero no a través de este recurso de apelación frente al auto de procedimiento abreviado, auto en el que no existió pronunciamiento respecto a la competencia de los Tribunales para el enjuiciamiento de estos hechos, por lo que no puede ser objeto de revisión en este recurso, sin perjuicio de que la parte lo plantee ante el Juez de Instrucción"

SEXTO. -Se declaran de oficio las costas causadas en esta alzada.

En atención a lo expuesto.