Auto Penal 505/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 436/2024 de 06 de septiembre del 2024

PRIMERO. - El recurrente Jose Pablo se opone a la entrega referida en base a los argumentos siguientes:

El primero de ellos se sostiene sobre la base de deficiencias en el formulario remitido por las autoridades de Suecia, lo que supone una infracción del art 36 de la LRMRP, asi como la infracción de l art 47 de la misma ley.

La argumentación se contrae a que en el formulario no se concreta suficientemente la intervención de e Jose Pablo mediante una adecuada descripción de las circunstancias en se cometió el delito incluidos el momento y el lugar, no se concreta la relación que tiene el reclamado con los restantes investigados tampoco el acervo probatorio sobre el que se sustenta tal imputación; tampoco se incluyen la escala de penas que establece la legislación para ese delito, sino únicamente las penas máximas, con lo que se induce a error en la naturaleza y gravedad de los hechos, habida cuenta de que la infracción cometida que se imputa es según las autoridades suecas no supera la tentativas, la pena sería inferior a dos años. Lo mismo puede decirse respecto de la complicidad atribuida al reclamado en el delito de incendio, que conllevaría pena inferior a la del autor principal, encontrándonos ante un delito en tentativa, con lo que la pena a imponer nunca sería la máxima alegada en el formulario de prisión perpetua. Por lo que se entiende que no concurre el requisito penológico previsto ene l art 47.1 de la LRMRP, por lo que no procede la entrega.

En su segundo motivo del recurso, alega el arraigo del reclamado en España, aun en el caso de entrega a Suecia, se debe condicionar la entrega al cumplimiento en este país de la eventual condena al amparo del art 55.2 de la LRMRP.

Por su parte el Ministerio Fiscal se opone al recurso y solicita la confirmación de la resolución combatida en base a que el formulario enviado por las autoridades reclamantes no adolece de déficit alguno, sino que atribuye rotundamente unos hechos al reclamado que son susceptibles de entrega para enjuiciamiento y que están plenamente descritos. Concluye solicitando la desestimación del recurso.

SEGUNDO.- El recurso no puede ser estimado en ninguno de sus motivos.

El art 29 de la ley 23/2014 señala que "Únicamente podrá denegarse, de manera motivada, el reconocimiento o la ejecución de un instrumento de reconocimiento mutuo que haya sido transmitido correctamente por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea cuando concurra alguno de los motivos tasados previstos en esta Ley", los cuales vienen regulados respecto a los impedimentos obligatorios artículos 32.1, 33 y 48.1, y los facultativos artículos 32.2, 48.2 y 49. Pues bien, ninguno de estos motivos concurre.

Respecto al primer motivo del recuso, y el pretendido error factico de la OEDE, la Sala concluye en los mismos términos que el Juez a quo en su primer fundamento, que no es otro que el cumplimiento de los requisitos formales necesarios para acceder a la entrega ; los hechos están descritos en la orden de detención , de tales hechos se desprende la participación a título de presunto autor y complice del recurrente, los hechos son típicos, están expresamente recogidos en el art 20 de la Ley 23/14 castigados con penas privativas de libertad superiores a 2 años de prisión.

Se cumplen con creces los requisitos formales del art 36 de la citada ley de cooperación así como los art 35de la misma. La orden procede de mandato judicial y lo es a efectos de enjuiciamiento por los delitos de extorsión grave, e incendio.

Los hechos están descritos en el formulario, y no sujetos al examen de la doble incriminación art 20 de la referida ley, y se contraen a los siguientes:

"1. Tentativa de extorsión grave

Conjuntamente y de mutuo acuerdo con otras personas, en Estocolmo (Suecia) y otros lugares durante el periodo octubre de 2023 - abril de 2024, Jose Pablo intentó mediante coacción obligar a Pablo Jesús a transferir activos de aproximadamente 100 millones de SEK a los coautores del delito. La coacción consistió en que los autores materiales del hecho expresaron amenazas de muerte o lesiones contra Pablo Jesús y sus colegas Agapito, Alejandro y Alexis, así como sus familiares, amigos y viviendas, si no se cumplían las demandas. Si la extorsión se hubiera consumado, implicaría lucro para los autores del hecho y perjuicio para Pablo Jesús. Hubo un riesgo concreto de la realización del delito.

El delito formó parte de actividades criminales realizadas de forma organizada previa planificación especial. La extorsión se considera grave dado que se trata de un hecho de naturaleza grave que se ha llevado a cabo durante largo tiempo, se refirió a un considerable valor económico y ha sido realizado mediante la insinuación de gran capacidad de violencia, incluyendo una amenaza que fue reforzada mediante el uso de explosivos. Además, el delito fue de naturaleza particularmente brutal y peligrosa dado que también incluyó el hecho descrito en el apartado 2 (incendio provocado, delito grave).

La participación de Jose Pablo en el hecho consistió en tomar decisiones y dar instrucciones sobre el delito y la realización del mismo y en formular exigencias y amenazas por escrito las cuales fueron enviadas a Pablo Jesús. Recibió y retransmitió información importante para la realización del plan delictivo a los autores materiales del hecho y proporcionó información sobre los presuntos motivos detrás de las exigencias. "

De donde se desprende la clara incriminación que se atribuye al reclamado y su participación tanto en las amenazas, en su contenido, y en el medio utilizado para ello

En cuanto a la descripción del segundo hecho:

" 2. Complicidad en incendio provocado, delito grave

Jose Pablo participó en el incendio provocado por otras personas en la vivienda de la familia Agapito en la dirección DIRECCION000 de DIRECCION001 (Suecia) el 17 de noviembre de 2023, lo cual implicó peligro para la vida y salud de otros y peligro de amplia destrucción de bienes ajenos.

El delito es considerado grave dado que el incendio fue provocado en una zona urbana donde fácilmente podría haberse extendido y así podría haber implicado un peligro para más personas.

Además, se considera grave dado que formó parte de un delito de extorsión particularmente grave (apartado 1).

La participación de Jose Pablo consistió en dar instrucciones sobre el delito y la realización del mismo. Recibió y retransmitió información importante para la realización del plan delictivo a los autores materiales del hecho."

Por lo expuesto el motivo primero debe ser desestimado íntegramente.

En cuanto al segundo motivo, referido a la falta de concreción de la escala de la pena legalmente impuesta para los delitos, toda vez que solo se refiere a la pena máxima de un delito consumado, y nos encontramos ante un delito de extorsión grave en grado de tentativa, y otro , el delito de incendio, con estatus de complicidad, que implicaría necesariamente pena inferior a la mínima para los delitos consumados e imputados a título de autor, y nos conduciría a una pena inferior a dos años, lo que concluye en un déficit en el formulario referido al requisito penológico para el reconocimiento de la OEDE, no puede ser estimado.

La pena máxima que nos refiere el formulario respecto del delito de tentativa de extorsión grave, es de ocho años, y en el caso del incendio es cadena perpetua, según se describe en la letra c del formulario remitido, y a ello debemos atenernos, cualquiera que sea la pena que en caso de condena le sea impuesta finalmente, con lo que se cumple el requisito penológico del art 47 de la Ley 24/14 que exige que la pena máxima susceptible de imponer sea superior a tres años; no pudiendo asumir las consideraciones del recurso, toda vez que nos vincula la entrega por ser dos tipificaciones expresadas en el art 20 de la Ley 23/14 , y en cualquier caso la propia OEDE, determina las penas según la legislación de Suecia, con lo que le está vedado a este Tribunal la aplicación del derecho español en función de la consumación o no del delito.

El motivo segundo, subsidiario, del recurso gira en torno a la potestad de que la entrega esté condicionada a que en caso de condena esta pudiera cumplirse en España por ser residente en nuestro país, situación asimilable al nacional.

El auto recurrido expresa un pronunciamiento abstracto respecto de esta petición, sin analizar las circunstancias personales y familiares del recurrente al respecto.

Así la residencia debe interpretarse como la existencia de vínculos suficientes en el Estado de ejecución desde le punto de vista, social, económico, familiar ( STC 50/2014 de 7 de abril); esta integración implica que no puede equipararse a residencia legal, o permisos administrativos, sino que debe ser una posición global mucho mas amplia en la que que valoran todas las circunstancias vitales antes señaladas; en este sentido se ha pronunciado la STJUE de 6 de junio de 2023, caso O.G: "el Tribunal de Justicia ya ha declarado que una persona buscada «reside» en el Estado miembro de ejecución cuando ha establecido su residencia real en este Estado y «habita» en él cuando, a raíz de una permanencia estable de cierta duración en ese Estado miembro, ha creado vínculos con dicho Estado que tengan fuerza similar a los resultantes de una residencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de septiembre de 2012, Lopes Da Silva Jorge, C 42/11 , EU:C:2012:517 , apartado 43 y jurisprudencia citada, y de 13 de diciembre de 2018, Sut, C 514/17 , EU:C:2018:1016 , apartado 34 y jurisprudencia citada). De ello se deduce que, a la luz de este primer requisito, un nacional de un tercer Estado que sea objeto de una orden de detención europea y habite o resida en el Estado miembro de ejecución se encuentra en una situación comparable a la de un nacional de ese Estado miembro o a la de un nacional de otro Estado miembro que habite o resida en dicho Estado miembro y que sea objeto de tal orden".

Como puede observarse, la causa de denegación no es preceptiva o automática sino facultativa, resulta de aplicación en aquellos supuestos en los que exista un arraigo prolongado personal y familiar, analizado bajo parámetros de racionalidad y proporcionalidad apreciables judicialmente para determinar cuándo a un residente se le debe dar igual trato que a un nacional, (Caso Kozlowski C 66/08 de 17 de julio de 2008, Caso Wolzenburg C 123/08 de 6 de octubre de 2009, Caso Lopes da Silva C42/11 de 5 de septiembre de 2011); debiendo examinar la duración, naturaleza y condiciones de permanencia en España del reclamado, y sus lazos familiares y económicos, así como si existe un interés legítimo que justifique el cumplimiento en España.

En este caso, al recurrente aporta documentos con su recurso, para acreditar su residencia en España, que acreditan que vive desde hace al menos 5 años, en España junto con su esposa y que tiene dos hijos menores nacidos en España, tales circunstancias implican en este caso una vinculación intensa con nuestro país, así como la relación de su núcleo familiar, esposa e hijos, con el mismo, que justifica que la entrega resulte condicionada a que la posible condena pueda ser cumplida en España, estimandose este segundo motivo subsidiario del recurso.

Por ultimo en cuanto al tercer motivo del recurso, referido al régimen penitenciario sueco, y las condiciones inhumanas a las que se someten a los presos preventivos y la aplicación desproporcionada de la prisión preventiva como causa de denegación de la entrega no puede ser acogido.

Para sostener tal pretensión argumenta una genérica vulneración de derechos fundamentales en el trato penitenciario que se dispensa a los presos; hemos de señalar que el procedimiento de extradición, y en este caso entrega a través de la OEDE, exige una cuidadosa labor de verificación por el órgano judicial en relación con las circunstancias alegadas por el reclamado, con el fin de evitar que, en caso de accederse a la extradición, se pudiera convertir en autor de una lesión contra los derechos del extraditado; . al respecto la jurisprudencia del TC se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los deberes de protección de los derechos fundamentales del extraditurus por parte de los órganos judiciales españoles ( STC 82/2006, de 13 de marzo, citando resoluciones anteriores ( SSTC 91/2000, de 30 de marzo, 13/1994, de 17 de enero). En este sentido,

En la STC 181/2004 , se reseña que si bien es preciso que "el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado", debiendo el reclamado poder efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos y sin que sea suficiente la formulación de alusiones o alegaciones "genéricas" sobre la situación del país ( STC 148/2004, de 13 de septiembre , FJ 8), "lo anterior no conlleva la exigencia de que la `persona acredite de modo pleno y absoluto la vulneración de sus derechos en el extranjero, de la que van a derivarse consecuencias perjudiciales para la misma, o que esa vulneración va a tener lugar en el futuro, toda vez que ello ... supondría normalmente una carga exorbitante para el afectado? ( STC 32/2003, de 13 de febrero , FJ 3). Así, hemos reiterado en dicha STC 32/2003 (FJ 3), tan citada, que la protección del derecho alegado por el reclamado habría de otorgarse en el caso de que existiera un temor racional y fundado de que el mismo habría de ser vulnerado ( STC 13/1994, de 17 de enero , FJ 5), y en la STC 91/2000, de 30 de marzo (FJ 6), aludimos al riesgo relevante de vulneración de los derechos por parte de los órganos de un Estado extranjero, o a las consecuencias previsibles que una extradición entraña fuera de la jurisdicción del Estado, insistiéndose en el ATC 23/1997, de 27 de enero (FJ 1), en la necesidad de excluir la entrega de sujetos que, presumiblemente, con cierto grado de seguridad, puedan sufrir vulneraciones relevantes, por existir al respecto un temor racional y fundado".

Pues bien en este caso no existe ningún fundamento racional de tal temor, éste no viene referido a ninguna circunstancia concreta del recurrente que hiciera suponer que la entrega va a conllevar necesariamente el sometimiento a tratos inhumanos y degradantes, sin perjuicio del régimen que respecto de la prisión provisional se regule en Suecia, país que pertenece a nuestro mismo marco jurídico, y el excesivo rigor que alega el recurrente; por ello tal argumento genérico se entiende que carece de base real y no puede acogerse.

Por todo lo expuesto debe desestimarse el recurso formulado contra el auto de fecha 21 de agosto de 2024 , que se confirma íntegramente, excepto en la petición subsidiaria del cumplimiento de la condena en España en caso de condena, en caso de que se acceda a la entrega.

TERCERO. - No apreciándose temeridad o mala fe en la interposición del recurso, procede declarar de oficio las costas de esta segunda instancia.

Fallo