Auto Penal 455/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 6/2025 de 09 de julio del 2025

PRIMERO.- Normativa aplicable:

a) el Tratado de Extradición entre el Reino de España y la Republica de El Salvador hecho en Madrid el 10 de marzo de 1998, publicado en el BOE de 13 de febrero de 1998 (TEEES).

b) Con carácter supletorio, la Ley de Extradición Pasiva 4/ 1985 de 21 de marzo de 1985.

SEGUNDO.- Identidad del reclamado.No existe debate sobre la identidad de la persona objeto de la reclamación extradición, su identidad consta fehacientemente en el atestado confeccionado con motivo de su detención, así como en la documentación extradicional remitida y en la Notificación Roja de Interpol.

TERCERO.-Cumplimiento de las formalidades.

Concurren las previsiones del art 9. 3 de la LEP, en la orden emitida por las autoridades de la República del Salvador con respecto a la oportuna documentación extradicional:

Resolución de Suplicatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia número 20- S-2025 emitida en fecha 15 de marzo de 2025.

Solicitud de extradición formalizada por el Fiscal General de la República de El Salvador en fecha 10 de febrero de 2025.Se adjunta a la solicitud la siguiente documentación: escrito de acusación del Fiscal de fecha 25 .10.24 , auto de 16 de mayo de 2024, por el que ordena la continuación del proceso contra Camilo y se acuerda la medida cautelar de prisión provisional del juzgado de Paz de Salvador y la Orden de Busca y Captura en contra del reclamado, auto judicial de 9 .10.24 del Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador por el que ordena libar oficio a interpol para difundir la detención internacional y Denuncia de la victima. Y los textos legales aplicables asi como la declaración de no prescriptibilidad de la condena.

CUARTO.-Prescripción. No concurre causa de prescripción o cosa juzgada, que determinara la denegación de la entrega, ni en la Republica de El Salvador ni en España.

QUINTO.- No concurren causas extintivas de la responsabilidad penal, ni tampoco se alegan.

SEXTO.-Principio de doble incriminación y mínimo punitivo. Los hechos que se imputan al reclamado consisten en :

El día 24-12-2023, la víctima Modesta., de 12 años de edad, se encontraba en casa de sus abuelos ubicada en la colonia DIRECCION000, San Salvador, también se encontraban su tía junto a su esposo (el reclamado), quienes habían llegado de visita desde España a pasar la navidad en familia. El reclamado llamó a la víctima a la sala de la casa pidiéndole que se sentara junto a él, cuando se iba a sentar el reclamado rozó su mano a la altura de sus glúteos, durante la noche el reclamado continuó llamando a la víctima pidiéndole que le acompañara mientras le enseñaba fotos, le contaba chistes, adivinanzas, mientras le hacía caricias en su cara y cada vez que se sentaba a su lado le tocaba sus glúteos. El 28-12-2023 la víctima se encontraba en su casa de DIRECCION001, entre los invitados se encontraba el reclamado quien de nuevo la llamó para enseñarla fotos, contarla chistes, mientras le tocaba la cara, le besaba cerca de la boca, le abrazaba y realizaba nuevos tocamientos en sus glúteos aproximadamente unas veinte veces.

El 06-01-2024, en la celebración del cumpleaños de la víctima en casa de sus abuelos, al momento de despedirse el reclamado buscó a la víctima para despedirse abrazándola e introduciéndole el dedo en el ano, por encima de la ropa, esta situación se repitió varias veces, hasta que un familiar se les quedó viendo. Posteriormente, la víctima se lo contó a sus padres quienes interpusieron una denuncia.

Los hechos descritos soportan el juicio de tipicidad;desde la perspectiva del derecho penal consisten en el delito de agresión sexual a menor o incapaz del art 161 del Código penal de la Republica de El Salvador, y esta sancionado con pena de prisión de ocho a doce años, es un delito grave; y en nuestro derechos penal, los hechos serían constitutivos de un delito de agresión sexual a menor de edad del art 181. 4 del Código Penal en relación con el art 178.2 y 3 del Código Penal castigado con penas de ocho a quince años.

SEPTIMO.-Observancia del principio de especialidad.

Se satisface en principio de especialidad en tanto que la solicitud de refiere a los hechos concretos que han quedado descritos, sin que la solicitud de entrega haga referencia alguna a infracciones penales que pudiera cometer el reclamado en el futuro.

Requisitos relativos a cuestiones procesales .

No concurre ninguna de las restantes causas de denegación de la entrega contempladas en el TEEES.

En efecto:

1. Los hechos han tenido lugar íntegramente en territorio de El Salvador, por lo que no resulta de aplicación el articulo 7.1 a) y e) del TEEES, por lo que sus tribunales son competentes para su enjuiciamiento.

2. No se trata de un delito de carácter político sino una infracción penal contra la libertad sexual. No resulta de aplicación, por tanto, lo dispuesto en el artículo 4 del TEEES.

3. No se trata de un delito de carácter militar, sino una infracción penal contra la libertad sexual., como ha quedado indicado. No resulta de aplicación, por tanto, lo dispuesto en el artículo 5.1 c) del TEEES

4. No es de aplicación el principio ne bis in idem, dado que no consta que el reclamado haya sido enjuiciado o condenado por los mismos hechos por tribunal diferente y en procedimiento distinto al que da lugar a la presente solicitud de extradición. No es de aplicación, por tanto, lo dispuesto en el artículo 5.1a) del TEEES.

5. La autoridad judicial que solicita la extradición del reclamado no constituye un Tribunal de excepción, sino un órgano judicial ordinario. No resulta de aplicación, por tanto, lo dispuesto en el artículo 5.1 d) del TEEES.

OCTAVO- 1-El reclamado se opone a su entrega fundamentando su argumentación en el estado de las cárceles del país y el Ministerio Fiscal informa en el mismo sentido haciendo uso de la clausula facultativa del art 6 del TEES que otorga la facultad potestativa de denegar la extradición de los nacionales, circunstancias que ocurren en el presente supuesto, en el que el reclamado es nacional español de origen. Sobre la base de que considera que resulta procedente la aplicación de la citada clausula potestativa en el sentido de no acceder a la entrega, conforme al principio de proporcionalidad, en atención a las razones que se indican a continuación: El reclamado carece de arraigo en El Salvador, y su entrega comportaría su ingreso en prisión en atención a la entidad de los hechos y la pena que se establece para los mismos (prisión de hasta 12 años). Ello obliga a considerar la situación de las prisiones en El Salvador, materia que ha sido abordada en diversas resoluciones de la Sala, con signo diverso, aun siempre referidas a entrega de ciudadanos salvadoreños, pero que parten todas ellas de una premisa común: el estado de las caŽrceles en el país reclamante puede comportar un riesgo de violación del derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes.

El Ministerio Fiscal hace referencia a varias resoluciones dictadas por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la interpretación que se da a la posibilidad de denegar la extradición de los nacionales, y argumenta de forma prolija la situación penitenciaria de los presos en las cárceles de la Republica del Salvador así como los reiterados informes de instituciones diversas de la comunidad internacional en los que se denuncia la sistematicidad en la vulneración de los derechos fundamentales que esta generando el régimen de excepción y concretamente los abusos e irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como las violaciones a los derechos de las personas detenidas y de los reclusos en las prisiones.

Frente a esta oposición a la entrega, el criterio de este Tribunal respecto de la cláusula facultativa de no entrega de los nacionales es un criterio presidido por la excepcionalidad.

Es doctrina de esta Sala que, para una adecuada ponderación de los intereses en juego, a la hora de adoptar la decisión de si procede hacer uso de la facultad de no entrega de los nacionales establecida en el art. 7 del Tratado, se debe tener en cuenta el lugar de los hechos, su gravedad, la accesibilidad a las pruebas, el grado de vinculación y el arraigo del reclamado en cada uno de los países, y en su caso, si así lo prevé la norma que regule la extradición, la posibilidad de enjuiciamiento por el Estado requerido.

En el caso que examinamos la penas que pudieran imponerse tanto en la Republica de El Salvador como en España son penas graves, y las pruebas del pretendido ilícito penal, tienen su alojo en aquel país, por ello este Tribunal entiende que la entrega debe ser respetuosa con el principio de proporcionalidad y con el principio de territorialidad o fuero preferente; y la nacionalidad española que ostenta, a juicio del Tribunal, no debería obstáculo para la entrega a la vista de que la cláusula que se invoca es una causa facultativa y no preceptiva; .ahora bien este Tribunal en sintonía con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, va a acceder a la no entrega, por una parre, haciendo uso de la referida clausula facultativa atendiendo a la valoración de una serie de circunstancias personales, edad arraigo en el estado reclamante que es ninguna, así como de la valoración de la viabilidad efectiva del enjuiciamiento de los hechos en nuestro país, ( determinado por el tipo de delito, la gravedad del mismo , las pruebas a practicar y la facilidad de la práctica de la prueba en caso de que se celebrase el juicio en España, si así lo solicitase el estado reclamante, está garantizado por el uso de los medios tecnológicos actuales).

Y por otra porque debemos tener en cuenta la situación del sistema penitenciario en El Salvador actualmente, que podría vulnerar los derechos fundamentales del reclamado como su integridad física, lo que contravendría lo dispuesto en el art 4.6 de la LEP .6 LEP, según el cual no se concederá la extradición cuando el Estado requirente no diera la garantía de que la persona reclamada de extradición no será ejecutada o que no será sometida a penas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes.

Hay que recordar que este Pleno ha rechazado de forma reiterada las alegaciones genéricas e imprecisas sobre hipotéticas vulneraciones de los derechos humanos alegadas como causa de denegación de la extradición sobre la base del art.4.6 de la Ley de Extradición Pasiva, siguiendo los criterios marcados por la jurisprudencia. Así, STEDH de 9 de abril de 2018 considera que" es el demandante el que debe justificar la existencia del riesgo, no bastando las meras manifestaciones".La STEDH de 9 de septiembre de 2013 señala también que "la referencia a un problema general relativo a la observancia de los derechos humanos en un país determinado no puede solo servir como base para la denegación de la extradición. La descripción de una situación general, las alegaciones específicas del demandante en un caso particular, requieren corroboración por otras pruebas, con referencia a las circunstancias individuales que fundamenten sus temores de malos tratos".

La STJUE de 6 de septiembre de 2016 habla de "elementos que acrediten un riesgo real de que se inflija un trato inhumano o degradante a las personas en el Estado requirente",y que debe hacerse en base a fuentes fiables. Y la STJUE de 5 abril de 2016 exige "demostrar que existen razonables serias y fundadas para creer que la persona afectada correrá efectivamente tal riesgo debido a las condiciones de detención a las que habrá de ser sometidas".La única excepción serían los casos de extradición a países que se hallan en conflicto armado o guerra, como indica la STJUE de 17 de febrero de 2009.

De igual forma, la STC 199/2009, de 28 de septiembre, entiende que, para que el órgano judicial español competente pueda denegar la entrega del reclamado en virtud del procedimiento extradicional o de una orden europea de detención y entrega con fundamento en la existencia de un riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado a la vida o la integridad física y moral ( art. 15 CE) , es preciso que el reclamado haya aportado determinados y concretos elementos que sirvan de apoyo razonable a su argumentación, lo que implica que el temor o riesgos aducidos han de ser fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado, debiendo efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos, y sin que sea suficiente la formulación de alusiones o alegaciones genéricas sobre la situación del país (entre otras, STC 91/2000, de 30 de marzo, FJ8; 32/2003, de 13 de febrero, FJ7 148/2004 de 13 de septiembre, FJ8; y 140/2007 de 4 de junio, FJ2).

Sin embargo en el caso de El Salvador, en palabras del auto auto 78/2025 R. SUPLICA 68/25 del Pleno, " existe el riesgo grave para los derechos humanos fundamentales, que se está produciendo como consecuencia de las situaciones de déficits sistémicos en el respeto de derechos humanos fundamentales en general para el conjunto de la ciudadanía y específicamente en los centros de detención y penitenciarios de El Salvador, anteriores y posteriores al 27 de marzo de 2022, en que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, por Decreto N° 333, un estado de excepción, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Constitución de la República, que se ha extendido por el momento por tres años, y que suspende garantías básicas constitucionales y tiene graves implicaciones en el régimen de privación de libertad y penitenciario. Al respecto, deben recogerse, además del contenido de informes de Organizaciones de Derechos humanos internacionalmente acreditadas, dedicadas temáticamente a la rigurosa observación del respeto de los derechos humanos, accesibles en fuentes abiertas, pero especialmente los informes institucionales en el mismo sentido que los anteriores realizados por Organizaciones internacionales, en el mandato ordinario que tienen encomendado de monitoreo de los derechos humanos, en concreto nos referimos a los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre el "Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador 2024". Este informe en el capítulo referente a "la situación de personas privadas de libertad" pone de relieve los graves déficits actuales del sistema penitenciario de El Salvador "

Por ello conjugando tal situación sistema de riesgo par la integridad del reclamado y que es español, se concluye que no debe accederse a la entrega.

No apreciándose temeridad o mala fe, procede declarar de oficio las costas de la impugnación.

Por cuanto antecede,