Auto Penal 33/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 41/2024 de 14 de enero del 2025

PRIMERO. -La extradición entre el Reino de España y Estados Unidos de América se encuentra amparada, a tenor del art. 13.3 de la Constitución Española, por:

a) Tratado de extradición entre España y los EE. UU. de 29 de mayo de 1970, que entró en vigor el 16 de junio de 1971.

b) Primer Tratado suplementario de extradición entre España y los EE. UU. de 25 de enero de 1975.

c) Segundo Tratado suplementario de extradición entre España y los EE. UU. de 19 de febrero de 1988.

d) Tercer Tratado suplementario de extradición entre España y los EE. UU., de 12 de marzo de 1996.

e) Acuerdo de extradición entre los EE. UU. y la UNION EUROPEA de 25 de junio de 2003 (en vigor desde el 1 de febrero de 2010, según Decisión 2009/933, de 30 de noviembre, del Consejo y Decisión 2009/820, de 23 de octubre, del Consejo).

f) Instrumento previsto en el art 3 del Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América de 25 de Junio de 2003, para la aplicación del Tratado de Extradición entre España y EE. UU. de 29 de mayo de 1979 y Tratado Suplementario de Extradición de 25 de enero de 1975, 9 de febrero de 1988 y 12 de marzo de 1996, hecho ad-referéndum en Madrid el 17 de diciembre de 2004, de fecha 18 de enero de 2010 (BOE de 26 de enero de 2010).

g) Con carácter supletorio, por la ley de extradición pasiva de 21 de marzo de 1985.

SEGUNDO. -La identidad del reclamado no se discute, tratándose de Raimundo, nacido en Armenia (Rusia) el NUM000 de 1977.

TERCERO. -Se cumplen los presupuestos documentales a que se refiere el artículo el artículo X del citado Instrumento para la aplicación del Tratado de Extradición España-USA al haberse acompañado a la solicitud de extradición:

1. Una descripción de la persona reclamada;

2. Una declaración sobre los hechos relativos al caso;

3. Los textos legales de la Parte Requirente que sean aplicables incluyendo los preceptos que establecen el delito y la pena;

4. Una declaración de que la acción penal o la pena no han prescrito según la legislación de la Parte Requirente

CUARTO. -Examinada la Concurrencia de los principios de doble incriminación y mínimo punitivo del artículo II del citado Instrumento se aprecia que los hechos objeto de reclamación constituyen según la legislación de EEUU los siguientes delitos:

- Los cargos 1 a 3: Fraude por correo (Seccs. 1341 y 2 del Tít. 18 del Cód. de EE. UU.). La pena máxima por una contravención como la de cada uno de los delitos imputados en los Cargos Uno al Tres es 20 años de prisión; una multa de USD $250.000 o el doble de la ganancia bruta o de la pérdida bruta que resulte del delito, la suma que sea mayor; tres años de libertad supervisada y un gravamen especial obligatorio de USD $100.

- Los cargos 4 a 6: Fraude de atención médica (Seccs. 1347, 2 del Tít. 18 del Cód. de EE. UU.). La pena máxima por una contravención como la de cada uno de los delitos imputados en los Cargos Cuatro al Seis es 10 años de prisión; una multa de USD $250.000 o el doble de la ganancia bruta o de la pérdida bruta que resulte del delito, la suma que sea mayor; tres años de libertad supervisada y un gravamen especial obligatorio de USD $100.

- Los cargos 7 a 15: Transacciones monetarias con bienes derivados de actividades delictivas (Seccs. 1957, 2 del Tít. 18 del Cód. de EE. UU.). La pena máxima por una contravención como la de cada uno de los delitos imputados en los Cargos Siete al Quince es 10 años de prisión; una multa de USD $250.000 o el doble de la ganancia bruta o de la pérdida bruta que resulte del delito, la suma que sea mayor; tres años de libertad supervisada y un gravamen especial obligatorio de USD $100.

- Los cargos 19 y 20: Tentativa de evasión de avalúo de impuestos (Secc. 7201 del Tít. 26 del Cód. de EE. UU.). La pena máxima por una contravención como la de cada uno de los delitos imputados en los Cargos Diecinueve y Veinte es 5 años de prisión; una multa de USD $250.000 o el doble de la ganancia bruta o de la pérdida bruta que resulte del delito, la suma que sea mayor; tres años de libertad supervisada y un gravamen especial obligatorio de USD $100.

En nuestra legislación, los hechos objeto de reclamación serían constitutivos de los siguientes delitos:

- Los hechos incluidos en los cargos 1 a 6, un delito de continuado de estafa agravada, previsto penado en los arts. 248 y 250.1.5 del Código Penal, al que está señalada una pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses; penas que podrían ser de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses cuando el valor de la defraudación supere los 250.000 euros.

- Los hechos incluidos en los cargos 7 a 15, sin embargo, no pueden considerarse constitutivos de un delito de banqueo de capitales. Recogen esos cargos la sola realización de transacciones monetarias de un valor superior a 10.000,00 dólares realizados a través de instituciones financieras, con la emisión de varios cheques que se depositaron en la cuenta en el banco Wells Fargo que terminaba en NUM001; cuenta que la abrió para gr8sleep.com el 14 de noviembre de 2014 Raimundo como "Dueño con el control de la entidad", y que el 2 de octubre de 2015, se cambió el nombre de esta cuenta a "Las Vegas Sleep Lab", siendo Raimundo el único signatario autorizado de esta cuenta bancaria, citándose también varios pagos realizados a Equity Title de Nevada, Fletcher Jones Imports, Bank of the West, Hipotecas del Hogar de Wells Fargo o a otras personas, incluido el propio reclamado. Ahora bien, esas transacciones del dinero procedente de las conductas que aparecen como constitutivas de delito de estafa no figuran como mecanismos para ocultar el origen ilícito de esas ganancias, sino que parecen únicamente utilización de los productos del delito. Como tiene declarado con reiteración el Tribunal Supremo (entre otras muchas, en sentencia de 24 de junio de 2021 ( Roj: STS 2841/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2841) el delito de blanqueo de capitales consiste en incorporar al tráfico legal los bienes, dinero y ganancias, obtenidos en la realización de actividades delictivas. Pero tal delito no consiste en el simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios provenientes de una actividad delictiva sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos para ocultar o encubrir su origen ilícito-vid. SSTS 265/2015, de 29 de abril ; 362/2017, de 19 de mayo. Por tanto, sin perjuicio de que las ganancias obtenidas puedan ser objeto de decomiso al proceder de un delito de estafa, no se cumple el requisito de la doble incriminación respecto de los hechos determinantes de estos cargos 7 a 15.

- Los hechos incluidos en los cargos 20: delitos contra la Hacienda Pública, del artículo 305 del Código Penal, que contempla en abstracto una penalidad de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. Contrariamente a lo expresado por la defensa del reclamado en la vista de extradición, en la documentación extradicional se concreta la cuantía de lo defraudado: 293.048 dólares en el 2016. Estos hechos relatan la elusión del pago de impuestos por el reclamado en esos períodos. Aunque la normativa de EE.U. lo considere como tentativa, tal calificación no vincula a la hora de establecer la calificación jurídica según las normas españolas, según las cuales la elusión del pago de impuestos constituye por sí esa infracción penal. Dispone así el art. 305 del Código Penal: El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo.

No alcanzando, sin embargo, los 90.106 dólares defraudados en el año 2015, a los que se refiere el cargo 19, la cuantía de la defraudación que establece el citado art. 305, respecto de ellos no puede considerarse que concurra en requisito de la doble incriminación, por lo que debe denegarse la extradición en cuanto a ellos.

Conforme al artículo II antes citado:

A. Un delito dará lugar a extradición si fuere punible, de acuerdo con las leyes de ambas Partes Contratantes, con una pena de más de un año de privación de libertad o con una pena superior o, en el caso de que la persona hubiera sido ya condenada, si la pena impuesta fuera superior a cuatro meses.

B. La extradición será también concedida por la participación en cualquiera de estos delitos, no solo como autor o cómplice, sino también como encubridor, así como por la tentativa o conspiración para cometerlos, siempre que resulte punible por ambas legislaciones con una privación de libertad superior a un año.

C. A los efectos de este Artículo un delito dará lugar a extradición aunque no esté tipificado en las leyes de ambas Partes en la misma categoría de delitos o no sea descrito el delito con la misma terminología.

D. Si la extradición se concede por un delito de los que dan lugar a extradición, deberá también ser concedida por cualquier otro delito especificado en la solicitud incluso si éste último delito es punible con una pena privativa de libertad inferior a un año, siempre que concurran los demás requisitos exigidos para la extradición.

E. También se concederá la extradición por estos delitos, aun cuando, para el reconocimiento de la competencia de un tribunal federal, se hayan tenido en cuenta circunstancias tales como el transporte de un Estado a otro que puedan ser elementos del delito.

QUINTO.-Se cumplen, por otra parte, el resto de los requisitos del Convenio de

Extradición: se trata delitos comunes, no se advierte motivación espuria en la reclamación, los delitos no han prescrito y así expresamente lo consignan las autoridades de EE.UU en la documentación remitida, conforme ya se recoge en el antecedente de hecho cuarto de la presente resolución, ni concurren circunstancias que determinen extinción de responsabilidad y no cabe discutir la jurisdicción de las autoridades judiciales de EE.UU. atendido el principio de territorialidad, al haberse cometido los hechos en el citado país ( artículos 8.1 CC y 23.1 LOPJ) .

Fuera de la consideración de no cumplirse el requisito de la doble incriminación en los hechos de los cargos 7 a 15 y 19, lo que no impedirá el eventual decomiso de las cantidades derivadas de las estafas, no pueden aceptarse el resto de los motivos de oposición alegados por la defensa del reclamado.

- La intensidad en la respuesta punitiva del país de emisión, aunque no coincida con la penalidad establecida en la normativa española, no es motivo de denegación de la extradición. Como se dijo en el auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 18 de diciembre de 2020 (Recurso de Súplica 78/2020, aun siendo diferente la respuesta penológica, su desproporción en nada afecta al cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a la extradición. Ni el Tratado de extradición aplicable ni la Ley de Extradición pasiva condicionan la aceptación de la extradición a la semejanza de las penas imponibles en uno y otro ordenamiento. El Tratado solo exige una penalidad mínima de más de un año de privación de libertad (art. II ) y que, cuando el delito por el que se solicita la extradición pueda ser castigado con la pena de muerte según la legislación de la Parte Requirente, y no sea punible con la pena de muerte con arreglo a la de la Parte Requerida, la Parte Requerida podrá conceder la extradición con la condición de que no se imponga la pena de muerte a la persona en cuestión, o, si por motivos de procedimiento de la Parte Requirente esto no pueda hacerse, con la condición de que, de imponerse la pena de muerte, la misma no se ejecutará (art. VII). Y la LEP exige una duración mínima de la pena imponible de un año de privación de libertad (art 2) y establece que no se concederá la extradición cuando el Estado requirente no diera la garantía de que la persona reclamada de extradición no será ejecutada o que no será sometida a penas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes (art. 4 nº 6º). Ningún apoyo normativo tiene, pues, exigir una proporcionalidad penológica en las legislaciones de los Estados requirente y requerido. Por ese motivo, en dicha resolución del Pleno de 15 de enero de 2016, respecto de la alegada desproporcionalidad de la pena, indicamos que la diferente respuesta punitiva prevista en la ley no es argumento que obstaculice la entrega y que en materia extradicional el principio de proporcionalidad referido al máximo punitivo opera en relación a la pena de muerte y a la de reclusión perpetua. Incluso en este caso se autoriza la extradición siempre que el Estado de emisión garantice que se impondrá una pena que no signifique necesaria e indefectiblemente privación de libertad de por vida; concluyendo que la pena prevista en abstracto no permite considerar que atenta contra el principio de proporcionalidad. Y, en el mismo sentido, entre otros, el auto de Pleno de esta Sala 81/2019 de 22 noviembre aclara que la diferencia penológica no afecta a los principios de doble incriminación y mínimo punitivo y no puede obstar a la entrega, salvo que la pena prevista fuera inhumana o degradante y contraviniera los principios establecidos en los artículos 15 y 25 de la Constitución Española . Además de todo ello, en modo alguno, como se dijo en el auto del Pleno de 16 de octubre de 2020 (Recurso de Súplica 58/2020) esa previsión máxima puede considerarse como la imposición de penas que atenten a la integridad corporal del reclamado o que puedan suponer someterle a tratos inhumanos o degradantes, que es lo que determina según el art. 4 en su nº 6º de la Ley de Extradición Pasiva la concurrencia de una causa para denegar la extradición. En ningún dato de la solicitud de extradición indica que vaya a optarse en este caso por la imposición de esa penalidad máxima, seguramente reservada para casos de extrema gravedad... Y, como hemos apreciado en otras solicitudes de extradición procedentes de EEUU, seguramente la posible imposición de penas cuando se trata de múltiples cargos similares determinaría la imposición de penas de cumplimiento concurrente, no sucesivo, por lo que no puede aventurarse en absoluto que las penas susceptibles de ser impuestas llegaran a la cifra desorbitada que señala la defensa del recurrente al sumar las máximas penas imponibles.

Así, aunque en la técnica jurídica aplicable en Estados Unidos de América se dividan las diversas acciones delictivas calificándolas como infracciones independientes, ni tal disgregación augura necesariamente la imposición de penas concurrentes producto de la suma de todas las impuestas ni puede considerarse que tal previsión legislativa permie la denegación de la extradición o la limitación del enjuiciamiento a un delito de estafa como propugna la defensa del reclamado.

- El anterior razonamiento sirve también para rechazar el segundo motivo de oposición a la extradición basado en la infracción del principio ne bis in idem. La técnica legislativa a la hora de tipificar los hechos delictivos es irrelevante a los efectos de la extradición, al establecerse en el apartado C del artículo II del Instrumento previsto en el artículo 3(2) del Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América de 25 de Junio de 2003 que a los efectos de este Artículo un delito dará lugar a extradición aunque no esté tipificado en las leyes de ambas Partes en la misma categoría de delitos o no sea descrito el delito con la misma terminología.

- La causa de oposición relativa a la inexistencia subjetiva del hecho respecto de los cargos 12 y 14 no merece ser examinada al considerar que respecto de estos dos cargos no es procedente la extradición al no concurrir el requisito de la doble incriminación.

- Y finalmente, la garantía que propone la defensa del reclamado, para caso de inefectividad del decomiso, de que no pueda seguirse nuevo proceso ni imponerse nueva pena derivada de ello, no es procedente su imposición. La sentencia que cita del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de abril de 2012 ( ROJ: STEDH 1252/2012 - ECLI:CE:ECHR:2012:0410JUD002801910) llega a la conclusión de que no se produjo en ese caso del art. 5.1 del Convenio Europeo al considerar que la conclusión de que la condena en rebeldía era parte integrante de la resolución de decomiso, que a su vez formaba parte de la sentencia original, no parece irrazonable ni arbitraria, y remite a este respecto a su propia conclusión en el caso Crowther, antes citado, en el sentido de que la ejecución de una resolución de decomiso mediante la imposición de la pena de prisión en rebeldía no implicaba la imposición de una pena de prisión en rebeldía. cualquier nueva "acusación penal" a los efectos del artículo 6 § 1 (véase § 25 de la sentencia del Tribunal).

Por tanto, las consecuencias que puedan derivarse en este caso de la inefectividad del decomiso que pueda declararse si el reclamado fuera finalmente condenado en EE.UU formarían parte, según esa sentencia del TEDH de la propia sentencia condenatoria que se dictara, sin afectar por ello al principio de especialidad.

Además en la normativa estadounidense aportada con la solicitud de extradición no se contempla la imposición de pena de prisión alguna en tales casos. Tras recogerse en esa legislación que al acusado en la presente, la Fiscalía de los Estados Unidos le decomisará todo bien, inmueble y mueble, involucrado en las contravenciones de lo dispuesto en la sección 1957 del Título 18 del Código de los Estados Unidos o cualquier bien que se pueda rastrear a tales bienes,especificando los bienes concretos afectados, añade seguidamente:

Si algún bien sujeto a decomiso conforme a lo dispuesto en la sección 981(a)(1)(A) del Título 18 del Código de los Estados Unidos, juntamente con la sección 2461(c) del Título 28 del Código de los Estados Unidos y la sección 982(a)(1) del Título 18 del Código de los Estados Unidos, como resultado de alguna acción u omisión del acusado:

a. no se puede localizar luego de realizar la diligencia debida;

b. se ha transferido o vendido o depositado con un tercero;

c. se ha colocado fuera de la jurisdicción del tribunal;

d. se ha reducido sustancialmente de valor; o

e. se ha mezclado con otros bienes de los que no se puede dividir sin dificultad;

La Fiscalía de los Estados Unidos de América, conforme a lo dispuesto en la sección 853(p) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, tiene la intención de procurar el decomiso de cualesquier bienes del acusado para el fallo monetario de decomiso por causa penal in personam, incluyendo, sin limitación, al menos la suma de USD $1.260.539,85.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación