Auto Penal 619/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 99/2024 de 19 de septiembre del 2025

PRIMERO.-La extradición entre el Reino de España y la República de Albania se encuentra amparada por el Convenio Europeo de Extradición de 13/12/1957 (en adelante Convenio) y protocolos adicionales, el Acuerdo entre el Reino de España y la República de Albania complementario del Convenio Europeo de Extradición de 1957 hecho en Madrid el 4 de octubre de 2021 que entró en vigor el 16 de marzo de 2022 y la Ley de Extradición Pasiva de 21 de marzo de 1985.

SEGUNDO.-No se cuestiona la identidad de la persona reclamada, tratándose de la nacional Albanesa Yolanda, nacida en Bishnice, República de Albania, el NUM000 de 1983, con pasaporte albanés número NUM001.

TERCERO.-Se dan los presupuestos formales de carácter documental que establece el art. 12.1 del CEEx (art. 7 LEP) , vistos los documentos que, en idioma albanés y con traducción al inglés, se acompañan a la solicitud de extradición que cursa el Ministro de Justicia de la República de Albania al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión europea y Cooperación de España relacionados en el antecedente tercero.

Entre los documentos se encuentra la Resolución nº 116 del 12/07/2019 Juzgado del Distrito Judicial de Pogradec que impuso la medida de seguridad de "detención en prisión" a Yolanda por el delito de "Estafa" previsto en el Art. 143.3 del Código Penal de la República de Albania.

Es esta resolución judicial, en los términos a los que se refiere nuestro Tribunal Constitucional en SSTC 147/2020 y 147/2021, la que constituye el título extradicional que exige el art. 12.1 a) de CEEx (art. 7.1 a LEP) para la demanda de extradición.

CUARTO.-La defensa alega como motivo de oposición a la extradición que el perjudicado ha retirado la denuncia contra Yolanda.

De este hecho, que no tresulta acreditado, se desconoce cuales son sus consecuencias en el proceso penal seguido en Albania y no ha de implicar que las autoridades albanesas desistan de este procedimiento extradicional, cosa que no han comunicado hasta este momento, por lo tanto desestimamos este motivo de oposición.

QUINTO.-Concurren los principios de doble incriminación y mínimo punitivo (arts. 1 y 2 de CEEx y 2 LEP) .

La relación de hechos que se contiene en la solicitud extradicional es suficiente para que el tribunal español de la extradición pueda examinar si los mismos integrarían, al igual que lo son en la legislación albanesa, delito conforme a nuestro Código Penal.

En el sistema continental, al que se adscribe el CEEx, el órgano jurisdiccional del Estado requerido no es un tribunal sentenciador, sino que se limita a comprobar, a los efectos del principio de doble incriminación, si tal y como se describen los hechos en la solicitud pueden ser, a priori, subsumibles en algún tipo penal; ello sin que su labor suponga una calificación jurídica definitiva, ni su enjuiciamiento. Consecuentemente ha de estarse a los hechos dados por la autoridad judicial del Estado requirente. En este caso se da la tipificación como delito en ambas legislaciones.

Los hechos arriba relatados, constituyen conforme a la legislación de Albania un delito de estafa previsto en el art. 143.3 del Código Penal, cuya penalidad es de hasta diez años de prisión. Conforme a nuestro Código Penal, los hechos de la solicitud integrarían un delito de estafa del art. 248 del Código Penal castigado con pena de prisión de seis meses a tres años (art. 2 de CEEx y 2 LEP) , por lo que desestimamos los motivos de oposición alegados de falta de doble incriminación.

En la relación de hechos de la demanda extradicional se contienen los elementos del ánimo de lucro y engaño en la conducta de Yolanda que exige el delito de estafa, así como el desplazamiento patrimonial como consecuencia del engaño. En ellos se explica como en el año 2016 Yolanda dijo a Fructuoso que, a cambio de una suma total de 20.000 euros, le proporcionaría la documentación necesaria para trasladarse a Inglaterra donde había contactado con un abogado que les tramitaría la documentción y les estaría esperando. Sin embargo, tras entregar Fructuoso dicha cantidad a Yolanda, directamente y a través de terceros, viajaron a Noruega en vez de a Inglaterra, lo que Fructuoso no supo hasta que se encontró en Noruega donde Yolanda le abandonó, le dijo que el abogado la había mentido y que solicitase asilo político, siendo deportado a albania el 29.12.2016 sin que Yolanda le haya devuelto los 20.000 euros, pese a haberle dicho que lo haría.

Respecto al delito de estafa y su relación con los denominados negocios civiles criminalizados, la STS de fecha 07 de diciembre de 2022 señala que "(...)La jurisprudencia de esta Sala ha desarrollado ampliamente los elementos que configuran el delito objetivo del delito de estafa. La STS 763/20165, de 13 de octubre , precisa que el tipo parte del sujeto activo que provoque en otro un error que le induzca a realizar un acto de disposición patrimonial, que produzca un perjuicio, propio o de un tercero.

La esencia de la estafa es el engaño, o sea, cualquier ardid, argucia o treta que utiliza el autor para inducir a error al sujeto pasivo, provocando con ello un conocimiento inexacto o deformado de la realidad operante en la voluntad y en su conocimiento, y le determina a realizar una entrega de cosa, dinero o realización de prestación, que de otra manera no hubiera realizado ( SSTS 79/2000 , 2 de 27 de enero ; 479/2008, de 16 julio ).

En lo concerniente al elemento del engaño, éste ha de ser antecedentes, causante y bastante, entendido este último en sentido subjetivo como suficiente para viciar el consentimiento del sujeto pasivo ( SSTS 11169/1999, de 15-7 ; 1083/2002, de 11-6 ) o, como dice la STS 1227/1998, DE 17-12 , que las falsas maquinaciones "sean suficientes e idóneas para engañar a cualquier persona medianamente avisada". Puede admitirse como idóneo y de normal eficacia cualquier engaño que consista en la falsa expresión de hechos condiciones que se presenten a la generalidad de las personas como plausibles, razonables y creíbles ( SSTS 52/2002, de 21-1 ; 172/2004, de 12-2 ); sin perjuicio de que es igualmente es un criterio profusamente usado por la jurisprudencia el de que si el engaño surtió efecto es que, en principio, estaba revestido de credibilidad o virtualidad necesaria para alcanzar el fin de propuesto de encubrir o deformar la realidad, confundiendo al destinatario de la falacia" ( STS 80/2007, de 7-2 ).

Los argumentos expuestos por la defensa de la reclamada en el sentido de que se trata de un incumplimiento en el marco de una relación personal contractual incardinable en el ámbito civil, no desvirtúan la concurrencia de los elementos que integran el delito por el que Yolanda es reclamada y nada apunta a que nos encontremos ante un mero incumplimiento civil, ya que, el negocio jurídico descrito, en el que con ánimo de lucro se ha logrado mediante engaño una disposición patrimonial de sujeto pasivo, integra el delito de estafa.

El ATS de 2 de marzo de 2023, por lo que se refiere a la distinción entre el dolo civil y el dolo penal, afirma que "...En relación a la distinción entre dolo civil y el dolo penal, hemos dicho en nuestra sentencia 434/2014, de 3 de junio , que "la línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra el patrimonio, se sitúa la tipicidad, de modo que únicamente si la conducta del agente se incardina en el precepto penal tipificado del delito de estafa o apropiación indebida es punible la acción, no suponiendo ello criminalizar todo incumplimiento contractual, porque el ordenamiento jurídico establece remedios para restablecer el imperio del Derecho cuando es conculcado por vicios puramente civiles".

En el proceso en vía judicial de la extradición no se decide acerca de la hipotética culpabilidad o inocencia del sujeto reclamado, ni se realiza un pronunciamiento condenatorio, sino simplemente se verifica el cumplimiento de los requisitos y garantías previstos en las normas para acordar la entrega del sujeto afectado, de manera que no cabe alegar en el mismo insuficiencia del material probatorio aportado para acreditar la participación de la persona reclamada en el delito por el que se pide la extradición ( ATC 138/2001 de 1 de junio). En parecidos términos, los AATC 23/1997 de 27 enero y 274/1987 del 4 marzo declaran que la determinación de la participación delictiva son materias que corresponden al órgano judicial que los enjuicia, no al órgano que sólo ha de velar por el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos para la concesión de la extradición señalando, en cuanto al fondo del asunto, que no es competencia de los tribunales del Estado requerido, pues el procedimiento de extradición no supone un reexamen del enjuiciamiento de los hechos objeto de investigación en otro país, sino que se limita a ser un instrumento de colaboración entre Estados, cuyo origen se encuentra en el proceso penal abierto en aquel, en este caso en trámite y pendiente de la entrega de la reclamada para su prosecución y posterior enjuiciamiento, por lo tanto las alegaciones de la reclamada explicando la actuación que se la imputa, habra de hacerlas ante los tribunales nacionales de Albania.

SEXTO.-Alega la defensa como motivo de oposición a la extradición que el delito estaría prescrito.

No acogemos este motivo de oposición. De acuerdo con la legislación albanesa, el delito por el que es perseguida la reclamada prescribe a los diez años (art. 66.c CP albanés) que no han trascurrido, dado que el delito provisoriamente imputado habría ocurrido en el año 2016. En la legislación española precribiría el delito a los cinco años ( art. 131 CP) , pero desde que ocurrieron hasta el día 09.10.2024 en que fue detenida en españa Yolanda a resultas de este procedimiento extradicional se han producido actos interruptivos de la prescripcion, como son la denuncia que Fructuoso formuló contra la reclamada el 09.01.2019; la Resolución nº 116 del 12/07/2019 Juzgado del Distrito Judicial de Pogradec que impuso la medida de seguridad de "detención en prisión" a Yolanda; la resolución nº 80-10 de 24/01/2020 resolviendo que Yolanda, era responsable penal del delito de "estafa"; Resolución nº 41-2024-1657(241) de 09/05/2024, del distrito judicial de primera instancia jurisdicción de Korça que anuló la Resolución Nº (80)-10 de 24/01/2020 Tribunal de Distrito Judicial de Pogradec y declaró que la acusada Yolanda era culpable de cometer el delito de "estafa" y la condeno a la pena de 4 (cuatro) años y 8 (ocho) meses de prisión, así como la solicitud nº 498/11 Prot./G.G [sic] del 31.01.2024 de la Fiscalía para la extradición de Yolanda.

SÉPTIMO.-Alega la defensa que por parte de las autoridades de Albania no se han dado garantias de que respetarán el principio de especialidad ni se acredita que respetarán los derechos fundamentales de Yolanda ni su derecho a un juicio justo, pues existen informes internacionales que alertan sobre las deficiencias del sistema judicial albanés.

No acogemos estos motivos de oposición.

La obligación de respetar el principio de espcialidad se contempla en el art. 14 del CEEx y no hay razones que indiquen que la República de Albania se proponga incumplir dicho Convenio.

Sobre el papel que tienen los órganos judiciales españoles de garantes de que los derechos fundamentales de la persona reclamada se respeten en el estado reclamante, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado reiteradamente señalando que el procedimiento de extradición " exige una cuidadosa labor de verificación por el órgano judicial en relación con las circunstancias alegadas por el reclamado, con el fin de evitar que, en caso de accederse a la extradición, se pudiera convertir en autor de una lesión contra los derechos del extraditado, bien porque hubiera contribuido a que la lesión de un derecho ya acaecida en el extranjero no fuera restablecida, o a que no se impidiera que de la misma se derivaran consecuencias perjudiciales para el reclamado, bien porque, existiendo un temor racional y fundado de que tales lesiones se produzcan en el futuro, éstas resulten favorecidas por la actuación de los órganos judiciales españoles al no haberlas evitado con los medios de que, mientras el reclamado se encuentra sometido a su jurisdicción, disponen, de modo que la actuación del Juez español produzca un riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado" (por muchas SSTC 13/1994, de 17 de enero; 91/2000, de 30 de marzo; 148/2004; 32/2003 de 5 de marzo; 32/2003, de 13 de febrero; 148/2004, de 13 de septiembre; 140/2007, de 4 de junio y ATC de 29.01.2019).

Así pués, para que pueda denegarse por el órgano judicial español competente de la entrega de quien es reclamado en virtud de un procedimiento extradicional, es preciso que el reclamado haya aportado determinados y concretos elementos que sirvan de apoyo razonable a su argumentación, lo que implica que el temor o riesgo aducido han de ser fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado, a quien incumbe efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos, y sin que sea suficiente la formulación de alusiones o alegaciones genéricas sobre la situación del territorio, que es lo que hace la defensa de la reclamada en este caso. A mayor abundamiento, de las explicaciones que se dan en la demanda extradicinal de todo el proceso judicial seguido en Albania contra Yolanda, se desprende que se han garantizado todos sus derechos procesales sin que exista atisbo del riesgo de potencial vulneración de derechos fundamentales genericamente aludido por la defensa, por lo que desestimamos estos motivos de oposición.

OCTAVO.-No se aprecia motivación espúria en la reclamación y es incuestionable la jurisdicción de Albania para el enjuiciamiento de los hechos al haber ocurrido algunos de ellos en su territorio, como los movimientos de dinero, y así se desprende de la información proporcionada por Tirana Financial Union [Sindicato Financiero de Tirana]. Con arreglo al principio de ubicuidad, cuando la acción y el resultado del delito no tengan lugar dentro de una misma jurisdicción, el delito se reputa cometido tanto en una como en otra. El Acuerdo del Tribunal Supremo de 03.02.05 señala, en este sentido, que el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo.

NOVENO.-Los motivos humanitarios alegados por la defensa en el sentido de que tiene la reclamada varios hijos menores de edad a su cargo no son causa de denegación de la extradición, podrán tenerse en cuenta en su caso en el momento de materilizar la entrega, pero lo que se desprende de las actuaciones es que los hijos de la reclamada no se encuentran bajo su cuidado, sino de instituciones públicas que podrían continuar haciendose cargo de los mismos en el caso de que se materializara la entraga o articular los medios necesarios para la protección de estos menores.

Vistos los artículos citados y demás preceptos de aplicación,