Auto Penal 79/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 38/2025 de 02 de febrero del 2026

PRIMERO. -La extradición entre España y Ecuador está regulada, de acuerdo con el art. 13.3 de la Constitución Española, por el Tratado de Extradición, hecho en Madrid el 28 de junio de 1989, cuyo instrumento de ratificación fue publicado en España en el Boletín Oficial del Estado número 313, de fecha 31 de diciembre de 1997 y, supletoriamente a dicho tratado, por la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva.

SEGUNDO. -No se cuestiona la identidad de la persona reclamada, respecto de la que no se sigue procedimiento penal alguno en España.

Tal y como él mismo reconoce, la reclamada es Valle, de nacionalidad ecuatoriana, nacida en Manabí, Pichincha (Ecuador), el NUM001 de 1968.

TERCERO. -Se han cumplido las formalidades que establecen los arts. 5 y siguientes del Tratado de 28 de junio de 1989, dados los documentos remitidos vía diplomática por las autoridades del Estado requirente, que se han especificado en el antecedente de hecho n.º 5 de la presente resolución.

CUARTO. -El delito que motiva la solicitud de extradición es de naturaleza común y no política o militar; no está castigado con la pena de muerte, de reclusión perpetua o con penas o medidas de seguridad que atenten contra la integridad corporal o expongan a la persona reclamada a tratos inhumanos o degradantes; no está prescrito conforme a las legislaciones de los Estados requirente y requerido; no hay motivos para suponer que la solicitud de extradición se haya presentado con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas, o bien que la situación de aquella puede ser agravada por esos motivos; la persona reclamada no ha de ser juzgada por un tribunal de excepción o ad hoc;no ha sido juzgada en España o en un tercer Estado por el hecho que motiva la solicitud y es incuestionable, en virtud del principio de territorialidad, la jurisdicción de la República de Ecuador para el enjuiciamiento.

QUINTO. -Concurren los requisitos de doble incriminación y mínimo punitivo ( art. 2.1 del Tratado), por cuanto los hechos descritos en el antecedente de hecho número 6 de este auto son constitutivos de un delito de delincuencia organizada del art. 369 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, y, en nuestro Código Penal de un delito de organización criminal del art. 570 bis. En ambas legislaciones, las sanciones previstas incluyen una pena privativa de libertad cuya duración máxima no es inferior un año, según exige el citado artículo 2.1 del Tratado.

Debe desestimarse la causa de oposición a la extradición planteada por la defensa por falta de concurrencia del primero de dichos requisitos. Alega la defensa que no se cumplen las exigencias del tipo de delincuencia organizada del art. 369 del Código Integral Penal de Ecuador por las siguientes razones:

la relación de hechos no contiene ningún elemento del que pueda desprenderse que la reclamada tuviese la condición de dirigente o promotora de la organización criminal, pues estos papeles son atribuidos al parlamentario Florentino;

- se requiere que las acciones típicas de financiar, ejercer el mando o dirección o planificar actividades de la organización se realicen de forma permanente o reiterada, mientras que a la reclamada se le atribuyen actos aislados; los delitos para los que se constituye la organización han de estar castigadas con privación de libertad de más de cinco años, penalidad que ninguno de los delitos de cohecho, tráfico de influencias o prevaricato alcanza en el código de Ecuador;

- en este código, a diferencia de lo que ocurre con el español, no está tipificado el delito de prevaricato de funcionarios públicos, sino solo de jueces, árbitros y abogados.

- en relación con el requisito de la finalidad de obtención de beneficios económicos u otros de orden material, y a propósito de los cuatro millones de dólares señalados en la descripción de hechos, no se ha demostrado que la reclamada posea, ni directa ni indirectamente, dicho monto o cualquier ingreso derivado de actividades ilícitas.

A los anteriores argumentos, añade la defensa que el objeto de la solicitud de extradición es ambiguo e impreciso, pues no se especifican los delitos concretos que motivan la formación de la agrupación criminal y ello genera indefensión a la reclamada. Dice que el único hecho que puede identificarse en la narración fáctica la presunta acción de reemplazo del juez Juan Luis promocionando a su puesto al magistrado Leovigildo a cambio de una supuesta cantidad de dinero, y que son absolutamente generales las referencias a las acciones tendentes a eliminar sumarios, ya que no se especifica en qué consistieron aquellas, las resoluciones concretas objeto de manipulación, ni la participación de la reclamada en las campañas de promoción de jueces.

La respuesta a tales alegaciones ha de partir de las imputaciones que se efectúan en la narración fáctica incluida en la documentación extradicional. Se atribuye en ella a la reclamada el haber sido colaboradora, mientras ostentaba el cargo de Directora Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, de una organización delictiva encabezada por Florentino, asambleísta electo por la provincia del Guayas perteneciente al Partido Social Cristiano, Angelina, presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y Cayetano, juez de la Sala Penal de dicha Corte, cuya finalidad era la obtención de beneficios económicos, en condiciones de impunidad, a través del control del mencionado órgano judicial y de sus decisiones. La colaboración atribuida a la reclamada se concreta en: (1) haber acordado el traslado administrativo del juez Juan Luis, que ocupaba plaza en la Corte Provincial de Justicia del Guayas y formaba parte del tribunal que había de decidir sobre un recurso presentado por el Banco Pacífico contra una resolución de una jueza que desestimaba una demanda de dicha entidad por falsedad de instrumento privado contra Florentino y su esposa, y la puesta en su lugar del juez Leovigildo, con la finalidad de lograr que, como finalmente acabó ocurriendo, el recurso fuese desestimado por mayoría de dos miembros del tribunal de nueva composición, uno de ellos el incorporado por la reclamada, lo que finalmente supuso la obtención de la suma de cuatro millones de dólares por Florentino y su esposa, a pesar de que los documentos objeto del litigio eran falsos; (2) haber acordado el archivo de dos de los cuatro expedientes administrativos incoados en 2023 contra la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, y (3) haber gestionado por indicación de Florentino, como apoyo de la campaña del juez Miguel Ángel para suceder a Angelina en la presidencia de la Corte, la instalación de un sistema electrónico de control de horarios para todos los jueces de la Corte.

Estos hechos son calificados en la documentación extradicional como delito del primer inciso del artículo 369, en concordancia con lo previsto en el artículo 42 numeral 1 literal a), del Código Orgánico Integral Penal.

El referido artículo 369, transcrito en dicha documentación, dispone lo siguiente:

«Delincuencia Organizada.- La persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de tres o más personas que, de manera permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

La pena privativa de libertad será de diez a trece años si la delincuencia organizada tiene como propósito cometer delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, terrorismo, actividad ilícita de recursos mineros, sicariato, secuestro, trata de personas y tráfico de migrantes, pornográfica infantil, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas o lavado de activos. En este caso, los colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Por colaborador se entenderá a quien ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos, científicos u otros ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de la organización».

Y el art. 42:

«Autores.- Responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades:

1. Autoría directa:

a) Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata.

b) Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo.

2. Autoría mediata:

a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión.

b) Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto.

c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin.

d) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva.

3. Coautoría: Quienes coadyuven a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción».

Para la calificación de las conductas atribuidas a la reclamada con arreglo a estos preceptos del ordenamiento jurídico de Ecuador, necesariamente hemos de tener en cuenta la valoración ya efectuada por los órganos judiciales ecuatorianos, que son los que tienen competencia para aplicar los referidos artículos y conocen la interpretación jurisprudencial del alcance de cada uno de los elementos típicos e, incluso, la semántica de los términos que los describen en función de las peculiaridades que presenta el uso de la lengua española en cada país. En el caso que nos ocupa, la calificación anteriormente referida viene respaldada por las resoluciones recogidas en los apartados 1 y 2 del antecedente de hecho quinto, dictadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador (auto de fecha 2 de septiembre de 2024) y por el Juez de Garantías Penales de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia (auto de fecha 16 de agosto de 2024), así como en la audiencia de formulación de cargos y vinculación a la instrucción fiscal en el que este último asume idéntica calificación efectuada por el Ministerio público.

Si bien no parece que en las imputaciones efectuadas a la reclamada haya conductas de financiación, mando, dirección de la organización o de planificación de sus actividades, recogidas en el primer párrafo del artículo 369 del código ecuatoriano, no puede descartarse, por lo anteriormente expuesto, una interpretación del verbo formar, también incluido en el tipo, en el sentido de formar parte o integrar la organización, donde podrían encontrar acomodo las conductas imputadas a la reclamada. En todo caso, el mismo artículo abarca, como propias del delito de delincuencia organizada, colaboraciones que podrían acoger sin mayor esfuerzo aquellas conductas que, por otro lado -y esto responde a la alegación formulada por la defensa sobre el particular-, no necesitan reiteración ni permanencia. Y cabe resaltar que el art. 42 anteriormente transcrito admite, junto a la autoría directa, formas de autoría mediata y de cooperación necesaria - denominada coautoría en el precepto-, en las que puede encuadrarse manipulación de la composición del tribunal encargado de resolver el recurso del Banco del Pacífico en el litigio contra el matrimonio Florentino, como cooperación necesaria de un extraneus(en quien no concurre la condición de juez) en un delito de prevaricación judicial, en este supuesto, presuntamente cometido por los miembros del nuevo tribunal que desestimaron el referido recurso que, de haberse mantenido la composición inicial, habría sido estimado. Y también la imputación a título de colaboración cumple con los requisitos de doble incriminación y mínimo punitivo.

A propósito de lo alegado sobre la falta de especificación de los delitos concretos que motivan la formación de la agrupación criminal, debe decirse que el relato de hechos determina tanto los delitos ("tráficos de influencias, cohechos y prevaricatos"), como las conductas de los diversos integrantes y colaboradores de la organización que dan sustento a esas calificaciones. No se da, por lo tanto, la ambigüedad e imprecisión que la defensa apunta ni tampoco la denunciada indefensión de la reclamada. No resulta relevante a este respecto, la falta de especificación de los dos concretos expedientes abiertos a presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, presuntamente archivados por la reclamada para procurar inmunidad a la referida jueza. Se trata de una cuestión probatoria de fondo que ha de ser ventilada dentro del proceso penal ecuatoriano. Y lo mismo puede decirse de lo alegado sobre la falta de elementos probatorios de aprovechamiento por parte de la reclamada del beneficio presuntamente obtenido por parte del matrimonio Florentino como consecuencia de la desestimación del recurso anteriormente referido.

Respecto a lo señalado por la defensa acerca de que tales delitos no están castigados en la legislación penal ecuatoriana con penas privativas de libertad de más de cinco años, requisito exigido por el tipo ecuatoriano de delincuencia organizada, cabe decir que, en la audiencia de formulación de cargos y vinculación a la instrucción fiscal, transcrita en la documentación extradicional, consta que, en la fundamentación de la resolución relativa a las medidas cautelares personales adoptada en dicha audiencia por el Juez de Garantías Penales de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, señala que se han identificado varios elementos de criminalidad reforzada, que dan lugar a sostener de forma motivada, que existen delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal con penas mayores de cinco años de privación de libertad, entre ellos el cohecho, cohecho en su modalidad agravada (art. 282), tráfico de Influencias (art. 285), oferta de tráfico de influencias (art. 286), fraude procesal (art. 272), prevaricato (art. 268), sicariato (Art. 143), difusión de información de circulación restringida (art. 180), lavado de activos (art. 317) e ingreso de artículos prohibidos (art. 275).

En definitiva, podemos concluir que las conductas descritas en documentación extradicional son típicas en la legislación ecuatoriana y, aunque no haya sido cuestionado por la defensa, que también lo son en la española, lo que nos lleva a desestimar el motivo.

SEXTO. -Además de por las razones señaladas en el fundamento anterior, la defensa de la reclamada se opone a la extradición alegando que la persecución penal de esta por el Estado requirente tiene una motivación política. Afirma que el gobierno ecuatoriano del presidente Noboa ha asociado a la reclamada, sin fundamento alguno, con Florentino, político vinculado al Partido Social Cristiano de Ecuador. Dice que esta persona y el partido al que pertenece han sido objeto de persecución a través de procedimientos aparentemente dirigidos a erradicar la corrupción en la administración pública y el sistema judicial, pero utilizados para debilitar a los adversarios. Aporta un audio de los abogados Juan Francisco Fierro y Leonardo Toledo que, a su juicio, compromete de manera directa la credibilidad de la procesada Noelia en los casos denominados metástasis y purga y acredita la vinculación del gobierno de Noboa con pagos a abogados y fiscales a través del Banco del Pacífico, para la promoción de dichos casos y su orientación a favor de los intereses del gobierno mediante compra de declaraciones incriminatorias y silencio. Señala que la fiscalía realizó allanamientos en Guayaquil y Samborondón el 4 de julio de 2024, reteniendo a Juan Francisco Fierro y recopilando evidencias relacionadas con este esquema y que, a raíz de ello, el testimonio de Noelia, quien ha tratado de incriminar a la reclamada, está siendo evaluado en los referidos casos, donde su credibilidad es un factor determinante. Alega también que la reclamada, según se acredita documentalmente, fue nombrada en enero de 2024 miembro de la Comisión Ciudadana de Selección del proceso de Renovación Parcial del Consejo Nacional Electoral, organismo este último responsable de organización y supervisión de las elecciones en dicho país y que el gobierno de Ecuador ha tratado de obstaculizar su acceso a dicho puesto mediante los casos purga y metástasis, con el objetivo de manipular el proceso electoral, habiendo logrado que fuese destituida del cargo de directora del Guayas e inhabilitada para ejercer cargos públicos en vísperas de las elecciones del mes de febrero del 2025. Sostiene, además, que los traslados y nombramientos judiciales que se imputan a la reclamada fueron acordados en el marco de sus funciones y en ejercicio de sus competencias y que ella no intervino en las decisiones ni en los informes técnicos de los organismos que participan en los procesos de nombramiento y traslado, habiendo sido ratificadas las decisiones en vía judicial, tal y como se desprende de las sentencias aportadas. Refiere, por otro lado, que se ha documentado que la Sra. Valle, en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura, tomó medidas correctivas y actuó con firmeza para sancionar al juez Sixto, implicado en el traslado de Inocencio, conocido como " Cerilla", sin que quepa asociarla a ningún trato de favor a los jueces mencionados por las acusaciones. Finalmente, aduce que la reclamada efectuó la solicitud de implementación sistema electrónico de registro de asistencia personal y control de horarios de los funcionarios, por existir fallos recurrentes en los equipos de marcación, habiéndose realizado tal solicitud en marzo de 2023, antes de que se anunciara el inicio de procesos electorales, teniendo la solicitud el punto de partida, según se acredita documentalmente, en la Unidad Provincial de Talento Humano y siendo aquella remitida por la reclamada, para su aprobación, a las instancias superiores competentes.

Las anteriores alegaciones se refieren a cuestiones de fondo que habrán de ser abordadas, en su caso, en el proceso penal ecuatoriano y que desbordan el ámbito del proceso extradicional, limitado al examen de la concurrencia de los requisitos a los que el tratado bilateral supedita la entrega de la persona reclamada. La vinculación de esta con el parlamentario Sr. Florentino, los elementos que puedan poner en entredicho la credibilidad de otra procesada, la justificación en las necesidades del servicio de los traslados de jueces y de la instauración del sistema electrónico de control, en lugar de la imputada finalidad de cooperar con la organización delictiva, pueden ser objeto de la actividad probatoria a desarrollar en Ecuador, pero ni caben en este procedimiento ni acreditan la motivación política alegada. Por lo tanto, tampoco se ha probado la utilización del proceso ecuatoriano para lograr la destitución de la reclamada del cargo que ostentaba o el impedimento de la toma de posesión del cargo en el organismo electoral para el que había sido designada.

SÉPTIMO. -En el siguiente motivo de oposición, la defensa alega riesgo de tratos que atenten contra la integridad personal, inhumanos o degradantes, invocando los arts. 3.2.d) del Tratado y 4.6 de la Ley de Extradición Pasiva. Afirma que el equipo del Comité de Derechos Humanos (CDH) visitó los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas n.º 1 entre el 21 y 23 de enero del 2024 y confirmó la situación de tratos crueles e inhumanos hacia las familias de los privados de libertad, quienes enfrentaron una falta de información, espacios de contención emocional y represión por parte de las fuerzas policiales, y que constató que, desde el 17 de enero del 2024, la Penitenciaría del Litoral está bajo el control de las Fuerzas Armadas, sin la presencia de personal civil que pueda verificar las acciones realizadas en el interior. También que el CDH ha presentado tres demandas de habeas corpus relacionadas con las denuncias de tortura sufridas por los detenidos. Los informes obtenidos incluyen las siguientes prácticas de tortura y tratos crueles: golpes físicos con palos y cables eléctricos, restricción de alimentos por más de seis días, uso de gas pimienta, ahogo en tanques de agua y golpes en testículos con cables, insultos y deshumanización verbal, restricciones de acceso a atención médica, particularmente para personas con enfermedades crónicas como VIH y tuberculosis. La defensa aporta en este apartado copia del informe de Amnistía Internacional denunciando la situación actual de las cárceles de Ecuador, de 25-04-

2024; copia del informe de Human Rights Watch, denunciando la situación actual de las cárceles de Ecuador, de 25-04-2024; copia del reporte emitido por la Comisión de Derechos Humanos, sobre el trato cruel, inhumano y degradante en las cárceles de Ecuador y copia del informe/comunicado de prensa emitido por Naciones Unidas sobre la crisis penitenciaria de Ecuador.

Las repercusiones de la situación de las prisiones en Ecuador en las extradiciones solicitadas por este Estado han sido objeto diversas resoluciones del Pleno de la Sala de lo Penal. A este respecto, el auto del Pleno 75/2021, de 8 de noviembre, decía lo siguiente:

«Para el estudio de la alegación principal que efectúa el recurrente relativa de falta de garantías de preservación de su vida e integridad física en las prisiones de Ecuador, el Tribunal debe tener necesariamente en consideración los episodios de violencia extrema en las prisiones de Ecuador que relata y documenta el recurrente y otros posteriores producidos después del auto recurrido y de la interposición del recurso, ampliamente recogidos en la prensa internacional, que refiere instauración del estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano y la adopción de medidas extraordinarias en relación la situación de violencia endémica en sus cárceles, entre ellas el estado de emergencia para todo el sistema carcelario de Ecuador, lo que pone de manifiesto el reconocimiento de facto de una situación de grave crisis en el sistema penitenciario, ante la imposibilidad real de garantizar la vida y la integridad física de los internos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en tanto que observador privilegiado desde su posición institucional como órgano promotor y garante del respeto por parte de los Estados de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha mostrado a lo largo de 2021 en varias ocasiones a través de varios comunicados su preocupación por los graves sucesos carcelarios en Ecuador, señalando (Comunicado No. 218/21 23, de agosto de 2021) que, no obstante, las diversas acciones implementadas por el Estado ecuatoriano para responder a la crisis penitenciaria en el país, reitera que los Estados tienen el deber ineludible de adoptar medidas concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal y que, como parte de esta obligación, el Estado ecuatoriano debe tomar acciones efectivas para prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en los centros de detención. Estas acciones incluyen implementar protocolos para prevenir amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad; incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia; imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros objetos ilícitos, y prevenir el accionar de organizaciones delictivas con presencia en las cárceles. Adicionalmente, es también deber de los Estados garantizar la seguridad e integridad personal de los funcionarios que cumplen tareas en los centros de detención.

El escenario descrito, evidencia sin duda alguna una situación gravemente deficitaria de garantías concretas para la vida e integridad personal de en general todas las personas reclusas en Ecuador, lo que impone un deber de acciones concretas por parte de las autoridades del Estado de Ecuador para resolverlo, tal como se le pide por los órganos regionales de protección de los derechos humanos, de ajustarse a los estándares internacionales de respeto de los derechos humanos más elementales de las personas privadas de libertad en sus centros penitenciarios».

El comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 14 de enero de 2025 (n.º 012/25) revela que la situación tomada en consideración en el auto del Pleno antes citado dista de estar solucionada. En ese comunicado se señala:

«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su preocupación ante la persistencia de graves hechos de violencia ocurridos en las cárceles de Ecuador y llama al Estado a adoptar medidas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas bajo su custodia, a investigar todos los hechos, a identificar y sancionar a los responsables y, a prevenir su repetición.

Del 1 de enero de 2020 al 4 de diciembre de 2024, la CIDH ha registrado al menos 591 muertes de personas privadas de libertad a causa de la violencia intracarcelaria, de las cuales 37 tuvieron lugar en 2024, y cientos de personas heridas, entre ellas, también agentes penitenciarios. A pesar de la disminución en la cantidad de incidentes y víctimas fatales en comparación con los años 2021 (316 fallecimientos) y 2022 (122 fallecimientos) producto de diversas medidas estatales, preocupa que estas muertes tuvieron lugar en un contexto de reiterados enfrentamientos a los que la CIDH viene dando seguimiento.

Los hechos más recientes ocurrieron en el Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1, también conocido como "Penitenciaría del Litoral". El 3 de diciembre, tres granadas explotaron en el comedor del Centro, provocando heridas en al menos nueve personas detenidas, un guardia y un militar; posteriormente se presentaron nuevos enfrentamientos que resultaron en una persona fallecida y siete heridas, según información pública. Anteriormente, en noviembre la CIDH condenó la muerte de al menos 15 personas encarceladas, y 14 personas heridas en el mismo centro.

Entre los factores que derivan en la violencia intracarcelaria en Ecuador, se encuentran la ausencia de control de los centros penitenciarios por parte del Estado, la existencia de sistemas de autogobierno, corrupción y la insuficiencia de personal de seguridad. En particular, las cárceles donde han ocurrido hechos violentos están dominadas por grupos del crimen organizado, quienes ejercen el control intramuros. Esto fue señalado por la CIDH en su informe sobre "Personas Privadas de Libertad en Ecuador".

La Comisión advierte que estos hechos de violencia intracarcelaria no son aislados, sino que se enmarcan en los desafíos que enfrenta el Estado ecuatoriano para garantizar la seguridad de sus habitantes ante el fortalecimiento y la escalada de violencia provocada por el crimen organizado. En esta línea, toma nota del Decreto No. 493 del 2 de enero de 2025, que declaró estado de excepción por 60 días en diversas provincias incluyendo Guayas, y sus centros de privación de la libertad, debido al incremento de violencia y la presencia prolongada de grupos armados organizados.

La CIDH ha reiterado su preocupación ante los hechos que atentan a la seguridad ciudadana en diversas oportunidades, incluyendo su comunicado de prensa del 17 de enero de 2024. Frente a ello, enfatiza en la importancia de contar con políticas públicas en materia de seguridad que incluyan un enfoque de derechos humanos.

En atención a lo anterior, la CIDH recuerda que los Estados deben adoptar medidas inmediatas para garantizar la vida e integridad de las personas bajo su custodia, conforme a los Principios y Buenas Prácticas de Protección de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.

La CIDH recuerda que el Estado de Ecuador está obligado a prevenir la violencia en los centros de detención y controlar el accionar de organizaciones delictivas. Igualmente, debe investigar de oficio, de forma seria, pronta e imparcial y con debida diligencia los hechos de violencia e, identificar y sancionar a los responsables.

Finalmente, la Comisión Interamericana reitera que continuará dando seguimiento, a través de sus distintos mecanismos, a la situación de las personas privadas de libertad en Ecuador, y reitera su disposición para brindar cooperación técnica al Estado en sus esfuerzos para superar la grave crisis penitenciaria e implementar políticas públicas y las recomendaciones formuladas en su informe sobre "Personas Privadas de Libertad en Ecuador"».

En consecuencia, es evidente la imposibilidad de garantizar los derechos humanos de las personas recluidas en los centros, reconocida de hecho por el Estado ecuatoriano, lo que lleva a concluir que no nos encontramos ante alegaciones de meros riesgos genéricos de violación de los derechos humanos de la reclamado, sino ante un peligro concreto cuya evitación requiere (como viene estableciendo el Pleno en el auto antes citado, así como en los autos 80/2021, de 21 de noviembre, 19/2022, de 25 de febrero, y 90/2024, de 28 de octubre) el condicionamiento de la entrega extradicional al otorgamiento por parte de Ecuador de garantías de haber adoptado las medidas concretas indicadas por la Comisión Interamericana para asegurar la protección de la vida e integridad de la reclamada.

OCTAVO. -El último motivo se basa en la alegación de circunstancias personales de la reclamada que, a juicio de la defensa, hacen la extradición incompatible con consideraciones de carácter humanitario y obligan a denegarla de conformidad con los arts. 3.2.e) del Tratado y 4, apartados 6 y 8, de la Ley de Extradición Pasiva. Dice la defensa que el 29 de febrero de 2024, dos personas intentaron secuestrar a la reclamada en su domicilio, motivo por el cual ella huyó a España y sus familiares denunciaron el hecho. Afirma también que, desde el inicio de las acusaciones, la reclamada ha sido víctima de un constante hostigamiento, mediante amenazas en su propia casa, por parte de personas vinculadas a intereses políticos y del gobierno, lo que le ha llevado a experimentar serios problemas emocionales y de salud, de los que se aporta documentación médica, como estrés crónico, ansiedad severa, neoplasia lipomatosa benigna, hipertensión, insomnio e infecciones recurrentes.

El precepto de la norma convencional que regula la presente extradición invocado por la defensa establece que podrá rechazarse la petición de extradición si, en casos excepcionales, el Estado requerido, habida consideración de la naturaleza del delito y los intereses del Estado requirente, estima que dadas las circunstancias personales del individuo buscado, la extradición sería totalmente incompatible con consideraciones de carácter humanitario. Lo alegado por la defensa no resulta suficiente, sin embargo, para acreditar que el hostigamiento al que se refiere la defensa haya sido realizado, ordenado o auspiciado por el gob ierno ecuatoriano, debiendo ser en el marco del procedimiento derivado de la denuncia presentada por los familiares de la reclamada o el que, en su caso, pueda instar esta última en Ecuador, donde se persigan los hechos a los que se refiere el presente motivo que, consecuentemente, ha de ser desestimado.

Por cuanto antecede,

PRIMERO. -La extradición entre España y Ecuador está regulada, de acuerdo con el art. 13.3 de la Constitución Española, por el Tratado de Extradición, hecho en Madrid el 28 de junio de 1989, cuyo instrumento de ratificación fue publicado en España en el Boletín Oficial del Estado número 313, de fecha 31 de diciembre de 1997 y, supletoriamente a dicho tratado, por la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva.

SEGUNDO. -No se cuestiona la identidad de la persona reclamada, respecto de la que no se sigue procedimiento penal alguno en España.

Tal y como él mismo reconoce, la reclamada es Valle, de nacionalidad ecuatoriana, nacida en Manabí, Pichincha (Ecuador), el NUM001 de 1968.

TERCERO. -Se han cumplido las formalidades que establecen los arts. 5 y siguientes del Tratado de 28 de junio de 1989, dados los documentos remitidos vía diplomática por las autoridades del Estado requirente, que se han especificado en el antecedente de hecho n.º 5 de la presente resolución.

CUARTO. -El delito que motiva la solicitud de extradición es de naturaleza común y no política o militar; no está castigado con la pena de muerte, de reclusión perpetua o con penas o medidas de seguridad que atenten contra la integridad corporal o expongan a la persona reclamada a tratos inhumanos o degradantes; no está prescrito conforme a las legislaciones de los Estados requirente y requerido; no hay motivos para suponer que la solicitud de extradición se haya presentado con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas, o bien que la situación de aquella puede ser agravada por esos motivos; la persona reclamada no ha de ser juzgada por un tribunal de excepción o ad hoc;no ha sido juzgada en España o en un tercer Estado por el hecho que motiva la solicitud y es incuestionable, en virtud del principio de territorialidad, la jurisdicción de la República de Ecuador para el enjuiciamiento.

QUINTO. -Concurren los requisitos de doble incriminación y mínimo punitivo ( art. 2.1 del Tratado), por cuanto los hechos descritos en el antecedente de hecho número 6 de este auto son constitutivos de un delito de delincuencia organizada del art. 369 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, y, en nuestro Código Penal de un delito de organización criminal del art. 570 bis. En ambas legislaciones, las sanciones previstas incluyen una pena privativa de libertad cuya duración máxima no es inferior un año, según exige el citado artículo 2.1 del Tratado.

Debe desestimarse la causa de oposición a la extradición planteada por la defensa por falta de concurrencia del primero de dichos requisitos. Alega la defensa que no se cumplen las exigencias del tipo de delincuencia organizada del art. 369 del Código Integral Penal de Ecuador por las siguientes razones:

la relación de hechos no contiene ningún elemento del que pueda desprenderse que la reclamada tuviese la condición de dirigente o promotora de la organización criminal, pues estos papeles son atribuidos al parlamentario Florentino;

- se requiere que las acciones típicas de financiar, ejercer el mando o dirección o planificar actividades de la organización se realicen de forma permanente o reiterada, mientras que a la reclamada se le atribuyen actos aislados; los delitos para los que se constituye la organización han de estar castigadas con privación de libertad de más de cinco años, penalidad que ninguno de los delitos de cohecho, tráfico de influencias o prevaricato alcanza en el código de Ecuador;

- en este código, a diferencia de lo que ocurre con el español, no está tipificado el delito de prevaricato de funcionarios públicos, sino solo de jueces, árbitros y abogados.

- en relación con el requisito de la finalidad de obtención de beneficios económicos u otros de orden material, y a propósito de los cuatro millones de dólares señalados en la descripción de hechos, no se ha demostrado que la reclamada posea, ni directa ni indirectamente, dicho monto o cualquier ingreso derivado de actividades ilícitas.

A los anteriores argumentos, añade la defensa que el objeto de la solicitud de extradición es ambiguo e impreciso, pues no se especifican los delitos concretos que motivan la formación de la agrupación criminal y ello genera indefensión a la reclamada. Dice que el único hecho que puede identificarse en la narración fáctica la presunta acción de reemplazo del juez Juan Luis promocionando a su puesto al magistrado Leovigildo a cambio de una supuesta cantidad de dinero, y que son absolutamente generales las referencias a las acciones tendentes a eliminar sumarios, ya que no se especifica en qué consistieron aquellas, las resoluciones concretas objeto de manipulación, ni la participación de la reclamada en las campañas de promoción de jueces.

La respuesta a tales alegaciones ha de partir de las imputaciones que se efectúan en la narración fáctica incluida en la documentación extradicional. Se atribuye en ella a la reclamada el haber sido colaboradora, mientras ostentaba el cargo de Directora Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, de una organización delictiva encabezada por Florentino, asambleísta electo por la provincia del Guayas perteneciente al Partido Social Cristiano, Angelina, presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y Cayetano, juez de la Sala Penal de dicha Corte, cuya finalidad era la obtención de beneficios económicos, en condiciones de impunidad, a través del control del mencionado órgano judicial y de sus decisiones. La colaboración atribuida a la reclamada se concreta en: (1) haber acordado el traslado administrativo del juez Juan Luis, que ocupaba plaza en la Corte Provincial de Justicia del Guayas y formaba parte del tribunal que había de decidir sobre un recurso presentado por el Banco Pacífico contra una resolución de una jueza que desestimaba una demanda de dicha entidad por falsedad de instrumento privado contra Florentino y su esposa, y la puesta en su lugar del juez Leovigildo, con la finalidad de lograr que, como finalmente acabó ocurriendo, el recurso fuese desestimado por mayoría de dos miembros del tribunal de nueva composición, uno de ellos el incorporado por la reclamada, lo que finalmente supuso la obtención de la suma de cuatro millones de dólares por Florentino y su esposa, a pesar de que los documentos objeto del litigio eran falsos; (2) haber acordado el archivo de dos de los cuatro expedientes administrativos incoados en 2023 contra la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, y (3) haber gestionado por indicación de Florentino, como apoyo de la campaña del juez Miguel Ángel para suceder a Angelina en la presidencia de la Corte, la instalación de un sistema electrónico de control de horarios para todos los jueces de la Corte.

Estos hechos son calificados en la documentación extradicional como delito del primer inciso del artículo 369, en concordancia con lo previsto en el artículo 42 numeral 1 literal a), del Código Orgánico Integral Penal.

El referido artículo 369, transcrito en dicha documentación, dispone lo siguiente:

«Delincuencia Organizada.- La persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de tres o más personas que, de manera permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

La pena privativa de libertad será de diez a trece años si la delincuencia organizada tiene como propósito cometer delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, terrorismo, actividad ilícita de recursos mineros, sicariato, secuestro, trata de personas y tráfico de migrantes, pornográfica infantil, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas o lavado de activos. En este caso, los colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Por colaborador se entenderá a quien ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos, científicos u otros ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de la organización».

Y el art. 42:

«Autores.- Responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades:

1. Autoría directa:

a) Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata.

b) Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo.

2. Autoría mediata:

a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión.

b) Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto.

c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin.

d) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva.

3. Coautoría: Quienes coadyuven a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción».

Para la calificación de las conductas atribuidas a la reclamada con arreglo a estos preceptos del ordenamiento jurídico de Ecuador, necesariamente hemos de tener en cuenta la valoración ya efectuada por los órganos judiciales ecuatorianos, que son los que tienen competencia para aplicar los referidos artículos y conocen la interpretación jurisprudencial del alcance de cada uno de los elementos típicos e, incluso, la semántica de los términos que los describen en función de las peculiaridades que presenta el uso de la lengua española en cada país. En el caso que nos ocupa, la calificación anteriormente referida viene respaldada por las resoluciones recogidas en los apartados 1 y 2 del antecedente de hecho quinto, dictadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador (auto de fecha 2 de septiembre de 2024) y por el Juez de Garantías Penales de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia (auto de fecha 16 de agosto de 2024), así como en la audiencia de formulación de cargos y vinculación a la instrucción fiscal en el que este último asume idéntica calificación efectuada por el Ministerio público.

Si bien no parece que en las imputaciones efectuadas a la reclamada haya conductas de financiación, mando, dirección de la organización o de planificación de sus actividades, recogidas en el primer párrafo del artículo 369 del código ecuatoriano, no puede descartarse, por lo anteriormente expuesto, una interpretación del verbo formar, también incluido en el tipo, en el sentido de formar parte o integrar la organización, donde podrían encontrar acomodo las conductas imputadas a la reclamada. En todo caso, el mismo artículo abarca, como propias del delito de delincuencia organizada, colaboraciones que podrían acoger sin mayor esfuerzo aquellas conductas que, por otro lado -y esto responde a la alegación formulada por la defensa sobre el particular-, no necesitan reiteración ni permanencia. Y cabe resaltar que el art. 42 anteriormente transcrito admite, junto a la autoría directa, formas de autoría mediata y de cooperación necesaria - denominada coautoría en el precepto-, en las que puede encuadrarse manipulación de la composición del tribunal encargado de resolver el recurso del Banco del Pacífico en el litigio contra el matrimonio Florentino, como cooperación necesaria de un extraneus(en quien no concurre la condición de juez) en un delito de prevaricación judicial, en este supuesto, presuntamente cometido por los miembros del nuevo tribunal que desestimaron el referido recurso que, de haberse mantenido la composición inicial, habría sido estimado. Y también la imputación a título de colaboración cumple con los requisitos de doble incriminación y mínimo punitivo.

A propósito de lo alegado sobre la falta de especificación de los delitos concretos que motivan la formación de la agrupación criminal, debe decirse que el relato de hechos determina tanto los delitos ("tráficos de influencias, cohechos y prevaricatos"), como las conductas de los diversos integrantes y colaboradores de la organización que dan sustento a esas calificaciones. No se da, por lo tanto, la ambigüedad e imprecisión que la defensa apunta ni tampoco la denunciada indefensión de la reclamada. No resulta relevante a este respecto, la falta de especificación de los dos concretos expedientes abiertos a presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, presuntamente archivados por la reclamada para procurar inmunidad a la referida jueza. Se trata de una cuestión probatoria de fondo que ha de ser ventilada dentro del proceso penal ecuatoriano. Y lo mismo puede decirse de lo alegado sobre la falta de elementos probatorios de aprovechamiento por parte de la reclamada del beneficio presuntamente obtenido por parte del matrimonio Florentino como consecuencia de la desestimación del recurso anteriormente referido.

Respecto a lo señalado por la defensa acerca de que tales delitos no están castigados en la legislación penal ecuatoriana con penas privativas de libertad de más de cinco años, requisito exigido por el tipo ecuatoriano de delincuencia organizada, cabe decir que, en la audiencia de formulación de cargos y vinculación a la instrucción fiscal, transcrita en la documentación extradicional, consta que, en la fundamentación de la resolución relativa a las medidas cautelares personales adoptada en dicha audiencia por el Juez de Garantías Penales de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, señala que se han identificado varios elementos de criminalidad reforzada, que dan lugar a sostener de forma motivada, que existen delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal con penas mayores de cinco años de privación de libertad, entre ellos el cohecho, cohecho en su modalidad agravada (art. 282), tráfico de Influencias (art. 285), oferta de tráfico de influencias (art. 286), fraude procesal (art. 272), prevaricato (art. 268), sicariato (Art. 143), difusión de información de circulación restringida (art. 180), lavado de activos (art. 317) e ingreso de artículos prohibidos (art. 275).

En definitiva, podemos concluir que las conductas descritas en documentación extradicional son típicas en la legislación ecuatoriana y, aunque no haya sido cuestionado por la defensa, que también lo son en la española, lo que nos lleva a desestimar el motivo.

SEXTO. -Además de por las razones señaladas en el fundamento anterior, la defensa de la reclamada se opone a la extradición alegando que la persecución penal de esta por el Estado requirente tiene una motivación política. Afirma que el gobierno ecuatoriano del presidente Noboa ha asociado a la reclamada, sin fundamento alguno, con Florentino, político vinculado al Partido Social Cristiano de Ecuador. Dice que esta persona y el partido al que pertenece han sido objeto de persecución a través de procedimientos aparentemente dirigidos a erradicar la corrupción en la administración pública y el sistema judicial, pero utilizados para debilitar a los adversarios. Aporta un audio de los abogados Juan Francisco Fierro y Leonardo Toledo que, a su juicio, compromete de manera directa la credibilidad de la procesada Noelia en los casos denominados metástasis y purga y acredita la vinculación del gobierno de Noboa con pagos a abogados y fiscales a través del Banco del Pacífico, para la promoción de dichos casos y su orientación a favor de los intereses del gobierno mediante compra de declaraciones incriminatorias y silencio. Señala que la fiscalía realizó allanamientos en Guayaquil y Samborondón el 4 de julio de 2024, reteniendo a Juan Francisco Fierro y recopilando evidencias relacionadas con este esquema y que, a raíz de ello, el testimonio de Noelia, quien ha tratado de incriminar a la reclamada, está siendo evaluado en los referidos casos, donde su credibilidad es un factor determinante. Alega también que la reclamada, según se acredita documentalmente, fue nombrada en enero de 2024 miembro de la Comisión Ciudadana de Selección del proceso de Renovación Parcial del Consejo Nacional Electoral, organismo este último responsable de organización y supervisión de las elecciones en dicho país y que el gobierno de Ecuador ha tratado de obstaculizar su acceso a dicho puesto mediante los casos purga y metástasis, con el objetivo de manipular el proceso electoral, habiendo logrado que fuese destituida del cargo de directora del Guayas e inhabilitada para ejercer cargos públicos en vísperas de las elecciones del mes de febrero del 2025. Sostiene, además, que los traslados y nombramientos judiciales que se imputan a la reclamada fueron acordados en el marco de sus funciones y en ejercicio de sus competencias y que ella no intervino en las decisiones ni en los informes técnicos de los organismos que participan en los procesos de nombramiento y traslado, habiendo sido ratificadas las decisiones en vía judicial, tal y como se desprende de las sentencias aportadas. Refiere, por otro lado, que se ha documentado que la Sra. Valle, en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura, tomó medidas correctivas y actuó con firmeza para sancionar al juez Sixto, implicado en el traslado de Inocencio, conocido como " Cerilla", sin que quepa asociarla a ningún trato de favor a los jueces mencionados por las acusaciones. Finalmente, aduce que la reclamada efectuó la solicitud de implementación sistema electrónico de registro de asistencia personal y control de horarios de los funcionarios, por existir fallos recurrentes en los equipos de marcación, habiéndose realizado tal solicitud en marzo de 2023, antes de que se anunciara el inicio de procesos electorales, teniendo la solicitud el punto de partida, según se acredita documentalmente, en la Unidad Provincial de Talento Humano y siendo aquella remitida por la reclamada, para su aprobación, a las instancias superiores competentes.

Las anteriores alegaciones se refieren a cuestiones de fondo que habrán de ser abordadas, en su caso, en el proceso penal ecuatoriano y que desbordan el ámbito del proceso extradicional, limitado al examen de la concurrencia de los requisitos a los que el tratado bilateral supedita la entrega de la persona reclamada. La vinculación de esta con el parlamentario Sr. Florentino, los elementos que puedan poner en entredicho la credibilidad de otra procesada, la justificación en las necesidades del servicio de los traslados de jueces y de la instauración del sistema electrónico de control, en lugar de la imputada finalidad de cooperar con la organización delictiva, pueden ser objeto de la actividad probatoria a desarrollar en Ecuador, pero ni caben en este procedimiento ni acreditan la motivación política alegada. Por lo tanto, tampoco se ha probado la utilización del proceso ecuatoriano para lograr la destitución de la reclamada del cargo que ostentaba o el impedimento de la toma de posesión del cargo en el organismo electoral para el que había sido designada.

SÉPTIMO. -En el siguiente motivo de oposición, la defensa alega riesgo de tratos que atenten contra la integridad personal, inhumanos o degradantes, invocando los arts. 3.2.d) del Tratado y 4.6 de la Ley de Extradición Pasiva. Afirma que el equipo del Comité de Derechos Humanos (CDH) visitó los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas n.º 1 entre el 21 y 23 de enero del 2024 y confirmó la situación de tratos crueles e inhumanos hacia las familias de los privados de libertad, quienes enfrentaron una falta de información, espacios de contención emocional y represión por parte de las fuerzas policiales, y que constató que, desde el 17 de enero del 2024, la Penitenciaría del Litoral está bajo el control de las Fuerzas Armadas, sin la presencia de personal civil que pueda verificar las acciones realizadas en el interior. También que el CDH ha presentado tres demandas de habeas corpus relacionadas con las denuncias de tortura sufridas por los detenidos. Los informes obtenidos incluyen las siguientes prácticas de tortura y tratos crueles: golpes físicos con palos y cables eléctricos, restricción de alimentos por más de seis días, uso de gas pimienta, ahogo en tanques de agua y golpes en testículos con cables, insultos y deshumanización verbal, restricciones de acceso a atención médica, particularmente para personas con enfermedades crónicas como VIH y tuberculosis. La defensa aporta en este apartado copia del informe de Amnistía Internacional denunciando la situación actual de las cárceles de Ecuador, de 25-04-

2024; copia del informe de Human Rights Watch, denunciando la situación actual de las cárceles de Ecuador, de 25-04-2024; copia del reporte emitido por la Comisión de Derechos Humanos, sobre el trato cruel, inhumano y degradante en las cárceles de Ecuador y copia del informe/comunicado de prensa emitido por Naciones Unidas sobre la crisis penitenciaria de Ecuador.

Las repercusiones de la situación de las prisiones en Ecuador en las extradiciones solicitadas por este Estado han sido objeto diversas resoluciones del Pleno de la Sala de lo Penal. A este respecto, el auto del Pleno 75/2021, de 8 de noviembre, decía lo siguiente:

«Para el estudio de la alegación principal que efectúa el recurrente relativa de falta de garantías de preservación de su vida e integridad física en las prisiones de Ecuador, el Tribunal debe tener necesariamente en consideración los episodios de violencia extrema en las prisiones de Ecuador que relata y documenta el recurrente y otros posteriores producidos después del auto recurrido y de la interposición del recurso, ampliamente recogidos en la prensa internacional, que refiere instauración del estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano y la adopción de medidas extraordinarias en relación la situación de violencia endémica en sus cárceles, entre ellas el estado de emergencia para todo el sistema carcelario de Ecuador, lo que pone de manifiesto el reconocimiento de facto de una situación de grave crisis en el sistema penitenciario, ante la imposibilidad real de garantizar la vida y la integridad física de los internos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en tanto que observador privilegiado desde su posición institucional como órgano promotor y garante del respeto por parte de los Estados de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha mostrado a lo largo de 2021 en varias ocasiones a través de varios comunicados su preocupación por los graves sucesos carcelarios en Ecuador, señalando (Comunicado No. 218/21 23, de agosto de 2021) que, no obstante, las diversas acciones implementadas por el Estado ecuatoriano para responder a la crisis penitenciaria en el país, reitera que los Estados tienen el deber ineludible de adoptar medidas concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal y que, como parte de esta obligación, el Estado ecuatoriano debe tomar acciones efectivas para prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en los centros de detención. Estas acciones incluyen implementar protocolos para prevenir amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad; incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia; imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros objetos ilícitos, y prevenir el accionar de organizaciones delictivas con presencia en las cárceles. Adicionalmente, es también deber de los Estados garantizar la seguridad e integridad personal de los funcionarios que cumplen tareas en los centros de detención.

El escenario descrito, evidencia sin duda alguna una situación gravemente deficitaria de garantías concretas para la vida e integridad personal de en general todas las personas reclusas en Ecuador, lo que impone un deber de acciones concretas por parte de las autoridades del Estado de Ecuador para resolverlo, tal como se le pide por los órganos regionales de protección de los derechos humanos, de ajustarse a los estándares internacionales de respeto de los derechos humanos más elementales de las personas privadas de libertad en sus centros penitenciarios».

El comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 14 de enero de 2025 (n.º 012/25) revela que la situación tomada en consideración en el auto del Pleno antes citado dista de estar solucionada. En ese comunicado se señala:

«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su preocupación ante la persistencia de graves hechos de violencia ocurridos en las cárceles de Ecuador y llama al Estado a adoptar medidas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas bajo su custodia, a investigar todos los hechos, a identificar y sancionar a los responsables y, a prevenir su repetición.

Del 1 de enero de 2020 al 4 de diciembre de 2024, la CIDH ha registrado al menos 591 muertes de personas privadas de libertad a causa de la violencia intracarcelaria, de las cuales 37 tuvieron lugar en 2024, y cientos de personas heridas, entre ellas, también agentes penitenciarios. A pesar de la disminución en la cantidad de incidentes y víctimas fatales en comparación con los años 2021 (316 fallecimientos) y 2022 (122 fallecimientos) producto de diversas medidas estatales, preocupa que estas muertes tuvieron lugar en un contexto de reiterados enfrentamientos a los que la CIDH viene dando seguimiento.

Los hechos más recientes ocurrieron en el Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1, también conocido como "Penitenciaría del Litoral". El 3 de diciembre, tres granadas explotaron en el comedor del Centro, provocando heridas en al menos nueve personas detenidas, un guardia y un militar; posteriormente se presentaron nuevos enfrentamientos que resultaron en una persona fallecida y siete heridas, según información pública. Anteriormente, en noviembre la CIDH condenó la muerte de al menos 15 personas encarceladas, y 14 personas heridas en el mismo centro.

Entre los factores que derivan en la violencia intracarcelaria en Ecuador, se encuentran la ausencia de control de los centros penitenciarios por parte del Estado, la existencia de sistemas de autogobierno, corrupción y la insuficiencia de personal de seguridad. En particular, las cárceles donde han ocurrido hechos violentos están dominadas por grupos del crimen organizado, quienes ejercen el control intramuros. Esto fue señalado por la CIDH en su informe sobre "Personas Privadas de Libertad en Ecuador".

La Comisión advierte que estos hechos de violencia intracarcelaria no son aislados, sino que se enmarcan en los desafíos que enfrenta el Estado ecuatoriano para garantizar la seguridad de sus habitantes ante el fortalecimiento y la escalada de violencia provocada por el crimen organizado. En esta línea, toma nota del Decreto No. 493 del 2 de enero de 2025, que declaró estado de excepción por 60 días en diversas provincias incluyendo Guayas, y sus centros de privación de la libertad, debido al incremento de violencia y la presencia prolongada de grupos armados organizados.

La CIDH ha reiterado su preocupación ante los hechos que atentan a la seguridad ciudadana en diversas oportunidades, incluyendo su comunicado de prensa del 17 de enero de 2024. Frente a ello, enfatiza en la importancia de contar con políticas públicas en materia de seguridad que incluyan un enfoque de derechos humanos.

En atención a lo anterior, la CIDH recuerda que los Estados deben adoptar medidas inmediatas para garantizar la vida e integridad de las personas bajo su custodia, conforme a los Principios y Buenas Prácticas de Protección de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.

La CIDH recuerda que el Estado de Ecuador está obligado a prevenir la violencia en los centros de detención y controlar el accionar de organizaciones delictivas. Igualmente, debe investigar de oficio, de forma seria, pronta e imparcial y con debida diligencia los hechos de violencia e, identificar y sancionar a los responsables.

Finalmente, la Comisión Interamericana reitera que continuará dando seguimiento, a través de sus distintos mecanismos, a la situación de las personas privadas de libertad en Ecuador, y reitera su disposición para brindar cooperación técnica al Estado en sus esfuerzos para superar la grave crisis penitenciaria e implementar políticas públicas y las recomendaciones formuladas en su informe sobre "Personas Privadas de Libertad en Ecuador"».

En consecuencia, es evidente la imposibilidad de garantizar los derechos humanos de las personas recluidas en los centros, reconocida de hecho por el Estado ecuatoriano, lo que lleva a concluir que no nos encontramos ante alegaciones de meros riesgos genéricos de violación de los derechos humanos de la reclamado, sino ante un peligro concreto cuya evitación requiere (como viene estableciendo el Pleno en el auto antes citado, así como en los autos 80/2021, de 21 de noviembre, 19/2022, de 25 de febrero, y 90/2024, de 28 de octubre) el condicionamiento de la entrega extradicional al otorgamiento por parte de Ecuador de garantías de haber adoptado las medidas concretas indicadas por la Comisión Interamericana para asegurar la protección de la vida e integridad de la reclamada.

OCTAVO. -El último motivo se basa en la alegación de circunstancias personales de la reclamada que, a juicio de la defensa, hacen la extradición incompatible con consideraciones de carácter humanitario y obligan a denegarla de conformidad con los arts. 3.2.e) del Tratado y 4, apartados 6 y 8, de la Ley de Extradición Pasiva. Dice la defensa que el 29 de febrero de 2024, dos personas intentaron secuestrar a la reclamada en su domicilio, motivo por el cual ella huyó a España y sus familiares denunciaron el hecho. Afirma también que, desde el inicio de las acusaciones, la reclamada ha sido víctima de un constante hostigamiento, mediante amenazas en su propia casa, por parte de personas vinculadas a intereses políticos y del gobierno, lo que le ha llevado a experimentar serios problemas emocionales y de salud, de los que se aporta documentación médica, como estrés crónico, ansiedad severa, neoplasia lipomatosa benigna, hipertensión, insomnio e infecciones recurrentes.

El precepto de la norma convencional que regula la presente extradición invocado por la defensa establece que podrá rechazarse la petición de extradición si, en casos excepcionales, el Estado requerido, habida consideración de la naturaleza del delito y los intereses del Estado requirente, estima que dadas las circunstancias personales del individuo buscado, la extradición sería totalmente incompatible con consideraciones de carácter humanitario. Lo alegado por la defensa no resulta suficiente, sin embargo, para acreditar que el hostigamiento al que se refiere la defensa haya sido realizado, ordenado o auspiciado por el gob ierno ecuatoriano, debiendo ser en el marco del procedimiento derivado de la denuncia presentada por los familiares de la reclamada o el que, en su caso, pueda instar esta última en Ecuador, donde se persigan los hechos a los que se refiere el presente motivo que, consecuentemente, ha de ser desestimado.

Por cuanto antecede,

PRIMERO. -La extradición entre España y Ecuador está regulada, de acuerdo con el art. 13.3 de la Constitución Española, por el Tratado de Extradición, hecho en Madrid el 28 de junio de 1989, cuyo instrumento de ratificación fue publicado en España en el Boletín Oficial del Estado número 313, de fecha 31 de diciembre de 1997 y, supletoriamente a dicho tratado, por la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva.

SEGUNDO. -No se cuestiona la identidad de la persona reclamada, respecto de la que no se sigue procedimiento penal alguno en España.

Tal y como él mismo reconoce, la reclamada es Valle, de nacionalidad ecuatoriana, nacida en Manabí, Pichincha (Ecuador), el NUM001 de 1968.

TERCERO. -Se han cumplido las formalidades que establecen los arts. 5 y siguientes del Tratado de 28 de junio de 1989, dados los documentos remitidos vía diplomática por las autoridades del Estado requirente, que se han especificado en el antecedente de hecho n.º 5 de la presente resolución.

CUARTO. -El delito que motiva la solicitud de extradición es de naturaleza común y no política o militar; no está castigado con la pena de muerte, de reclusión perpetua o con penas o medidas de seguridad que atenten contra la integridad corporal o expongan a la persona reclamada a tratos inhumanos o degradantes; no está prescrito conforme a las legislaciones de los Estados requirente y requerido; no hay motivos para suponer que la solicitud de extradición se haya presentado con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas, o bien que la situación de aquella puede ser agravada por esos motivos; la persona reclamada no ha de ser juzgada por un tribunal de excepción o ad hoc;no ha sido juzgada en España o en un tercer Estado por el hecho que motiva la solicitud y es incuestionable, en virtud del principio de territorialidad, la jurisdicción de la República de Ecuador para el enjuiciamiento.

QUINTO. -Concurren los requisitos de doble incriminación y mínimo punitivo ( art. 2.1 del Tratado), por cuanto los hechos descritos en el antecedente de hecho número 6 de este auto son constitutivos de un delito de delincuencia organizada del art. 369 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, y, en nuestro Código Penal de un delito de organización criminal del art. 570 bis. En ambas legislaciones, las sanciones previstas incluyen una pena privativa de libertad cuya duración máxima no es inferior un año, según exige el citado artículo 2.1 del Tratado.

Debe desestimarse la causa de oposición a la extradición planteada por la defensa por falta de concurrencia del primero de dichos requisitos. Alega la defensa que no se cumplen las exigencias del tipo de delincuencia organizada del art. 369 del Código Integral Penal de Ecuador por las siguientes razones:

la relación de hechos no contiene ningún elemento del que pueda desprenderse que la reclamada tuviese la condición de dirigente o promotora de la organización criminal, pues estos papeles son atribuidos al parlamentario Florentino;

- se requiere que las acciones típicas de financiar, ejercer el mando o dirección o planificar actividades de la organización se realicen de forma permanente o reiterada, mientras que a la reclamada se le atribuyen actos aislados; los delitos para los que se constituye la organización han de estar castigadas con privación de libertad de más de cinco años, penalidad que ninguno de los delitos de cohecho, tráfico de influencias o prevaricato alcanza en el código de Ecuador;

- en este código, a diferencia de lo que ocurre con el español, no está tipificado el delito de prevaricato de funcionarios públicos, sino solo de jueces, árbitros y abogados.

- en relación con el requisito de la finalidad de obtención de beneficios económicos u otros de orden material, y a propósito de los cuatro millones de dólares señalados en la descripción de hechos, no se ha demostrado que la reclamada posea, ni directa ni indirectamente, dicho monto o cualquier ingreso derivado de actividades ilícitas.

A los anteriores argumentos, añade la defensa que el objeto de la solicitud de extradición es ambiguo e impreciso, pues no se especifican los delitos concretos que motivan la formación de la agrupación criminal y ello genera indefensión a la reclamada. Dice que el único hecho que puede identificarse en la narración fáctica la presunta acción de reemplazo del juez Juan Luis promocionando a su puesto al magistrado Leovigildo a cambio de una supuesta cantidad de dinero, y que son absolutamente generales las referencias a las acciones tendentes a eliminar sumarios, ya que no se especifica en qué consistieron aquellas, las resoluciones concretas objeto de manipulación, ni la participación de la reclamada en las campañas de promoción de jueces.

La respuesta a tales alegaciones ha de partir de las imputaciones que se efectúan en la narración fáctica incluida en la documentación extradicional. Se atribuye en ella a la reclamada el haber sido colaboradora, mientras ostentaba el cargo de Directora Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, de una organización delictiva encabezada por Florentino, asambleísta electo por la provincia del Guayas perteneciente al Partido Social Cristiano, Angelina, presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y Cayetano, juez de la Sala Penal de dicha Corte, cuya finalidad era la obtención de beneficios económicos, en condiciones de impunidad, a través del control del mencionado órgano judicial y de sus decisiones. La colaboración atribuida a la reclamada se concreta en: (1) haber acordado el traslado administrativo del juez Juan Luis, que ocupaba plaza en la Corte Provincial de Justicia del Guayas y formaba parte del tribunal que había de decidir sobre un recurso presentado por el Banco Pacífico contra una resolución de una jueza que desestimaba una demanda de dicha entidad por falsedad de instrumento privado contra Florentino y su esposa, y la puesta en su lugar del juez Leovigildo, con la finalidad de lograr que, como finalmente acabó ocurriendo, el recurso fuese desestimado por mayoría de dos miembros del tribunal de nueva composición, uno de ellos el incorporado por la reclamada, lo que finalmente supuso la obtención de la suma de cuatro millones de dólares por Florentino y su esposa, a pesar de que los documentos objeto del litigio eran falsos; (2) haber acordado el archivo de dos de los cuatro expedientes administrativos incoados en 2023 contra la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, y (3) haber gestionado por indicación de Florentino, como apoyo de la campaña del juez Miguel Ángel para suceder a Angelina en la presidencia de la Corte, la instalación de un sistema electrónico de control de horarios para todos los jueces de la Corte.

Estos hechos son calificados en la documentación extradicional como delito del primer inciso del artículo 369, en concordancia con lo previsto en el artículo 42 numeral 1 literal a), del Código Orgánico Integral Penal.

El referido artículo 369, transcrito en dicha documentación, dispone lo siguiente:

«Delincuencia Organizada.- La persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de tres o más personas que, de manera permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

La pena privativa de libertad será de diez a trece años si la delincuencia organizada tiene como propósito cometer delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, terrorismo, actividad ilícita de recursos mineros, sicariato, secuestro, trata de personas y tráfico de migrantes, pornográfica infantil, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas o lavado de activos. En este caso, los colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Por colaborador se entenderá a quien ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos, científicos u otros ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de la organización».

Y el art. 42:

«Autores.- Responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades:

1. Autoría directa:

a) Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata.

b) Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo.

2. Autoría mediata:

a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión.

b) Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto.

c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin.

d) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva.

3. Coautoría: Quienes coadyuven a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción».

Para la calificación de las conductas atribuidas a la reclamada con arreglo a estos preceptos del ordenamiento jurídico de Ecuador, necesariamente hemos de tener en cuenta la valoración ya efectuada por los órganos judiciales ecuatorianos, que son los que tienen competencia para aplicar los referidos artículos y conocen la interpretación jurisprudencial del alcance de cada uno de los elementos típicos e, incluso, la semántica de los términos que los describen en función de las peculiaridades que presenta el uso de la lengua española en cada país. En el caso que nos ocupa, la calificación anteriormente referida viene respaldada por las resoluciones recogidas en los apartados 1 y 2 del antecedente de hecho quinto, dictadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador (auto de fecha 2 de septiembre de 2024) y por el Juez de Garantías Penales de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia (auto de fecha 16 de agosto de 2024), así como en la audiencia de formulación de cargos y vinculación a la instrucción fiscal en el que este último asume idéntica calificación efectuada por el Ministerio público.

Si bien no parece que en las imputaciones efectuadas a la reclamada haya conductas de financiación, mando, dirección de la organización o de planificación de sus actividades, recogidas en el primer párrafo del artículo 369 del código ecuatoriano, no puede descartarse, por lo anteriormente expuesto, una interpretación del verbo formar, también incluido en el tipo, en el sentido de formar parte o integrar la organización, donde podrían encontrar acomodo las conductas imputadas a la reclamada. En todo caso, el mismo artículo abarca, como propias del delito de delincuencia organizada, colaboraciones que podrían acoger sin mayor esfuerzo aquellas conductas que, por otro lado -y esto responde a la alegación formulada por la defensa sobre el particular-, no necesitan reiteración ni permanencia. Y cabe resaltar que el art. 42 anteriormente transcrito admite, junto a la autoría directa, formas de autoría mediata y de cooperación necesaria - denominada coautoría en el precepto-, en las que puede encuadrarse manipulación de la composición del tribunal encargado de resolver el recurso del Banco del Pacífico en el litigio contra el matrimonio Florentino, como cooperación necesaria de un extraneus(en quien no concurre la condición de juez) en un delito de prevaricación judicial, en este supuesto, presuntamente cometido por los miembros del nuevo tribunal que desestimaron el referido recurso que, de haberse mantenido la composición inicial, habría sido estimado. Y también la imputación a título de colaboración cumple con los requisitos de doble incriminación y mínimo punitivo.

A propósito de lo alegado sobre la falta de especificación de los delitos concretos que motivan la formación de la agrupación criminal, debe decirse que el relato de hechos determina tanto los delitos ("tráficos de influencias, cohechos y prevaricatos"), como las conductas de los diversos integrantes y colaboradores de la organización que dan sustento a esas calificaciones. No se da, por lo tanto, la ambigüedad e imprecisión que la defensa apunta ni tampoco la denunciada indefensión de la reclamada. No resulta relevante a este respecto, la falta de especificación de los dos concretos expedientes abiertos a presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, presuntamente archivados por la reclamada para procurar inmunidad a la referida jueza. Se trata de una cuestión probatoria de fondo que ha de ser ventilada dentro del proceso penal ecuatoriano. Y lo mismo puede decirse de lo alegado sobre la falta de elementos probatorios de aprovechamiento por parte de la reclamada del beneficio presuntamente obtenido por parte del matrimonio Florentino como consecuencia de la desestimación del recurso anteriormente referido.

Respecto a lo señalado por la defensa acerca de que tales delitos no están castigados en la legislación penal ecuatoriana con penas privativas de libertad de más de cinco años, requisito exigido por el tipo ecuatoriano de delincuencia organizada, cabe decir que, en la audiencia de formulación de cargos y vinculación a la instrucción fiscal, transcrita en la documentación extradicional, consta que, en la fundamentación de la resolución relativa a las medidas cautelares personales adoptada en dicha audiencia por el Juez de Garantías Penales de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, señala que se han identificado varios elementos de criminalidad reforzada, que dan lugar a sostener de forma motivada, que existen delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal con penas mayores de cinco años de privación de libertad, entre ellos el cohecho, cohecho en su modalidad agravada (art. 282), tráfico de Influencias (art. 285), oferta de tráfico de influencias (art. 286), fraude procesal (art. 272), prevaricato (art. 268), sicariato (Art. 143), difusión de información de circulación restringida (art. 180), lavado de activos (art. 317) e ingreso de artículos prohibidos (art. 275).

En definitiva, podemos concluir que las conductas descritas en documentación extradicional son típicas en la legislación ecuatoriana y, aunque no haya sido cuestionado por la defensa, que también lo son en la española, lo que nos lleva a desestimar el motivo.

SEXTO. -Además de por las razones señaladas en el fundamento anterior, la defensa de la reclamada se opone a la extradición alegando que la persecución penal de esta por el Estado requirente tiene una motivación política. Afirma que el gobierno ecuatoriano del presidente Noboa ha asociado a la reclamada, sin fundamento alguno, con Florentino, político vinculado al Partido Social Cristiano de Ecuador. Dice que esta persona y el partido al que pertenece han sido objeto de persecución a través de procedimientos aparentemente dirigidos a erradicar la corrupción en la administración pública y el sistema judicial, pero utilizados para debilitar a los adversarios. Aporta un audio de los abogados Juan Francisco Fierro y Leonardo Toledo que, a su juicio, compromete de manera directa la credibilidad de la procesada Noelia en los casos denominados metástasis y purga y acredita la vinculación del gobierno de Noboa con pagos a abogados y fiscales a través del Banco del Pacífico, para la promoción de dichos casos y su orientación a favor de los intereses del gobierno mediante compra de declaraciones incriminatorias y silencio. Señala que la fiscalía realizó allanamientos en Guayaquil y Samborondón el 4 de julio de 2024, reteniendo a Juan Francisco Fierro y recopilando evidencias relacionadas con este esquema y que, a raíz de ello, el testimonio de Noelia, quien ha tratado de incriminar a la reclamada, está siendo evaluado en los referidos casos, donde su credibilidad es un factor determinante. Alega también que la reclamada, según se acredita documentalmente, fue nombrada en enero de 2024 miembro de la Comisión Ciudadana de Selección del proceso de Renovación Parcial del Consejo Nacional Electoral, organismo este último responsable de organización y supervisión de las elecciones en dicho país y que el gobierno de Ecuador ha tratado de obstaculizar su acceso a dicho puesto mediante los casos purga y metástasis, con el objetivo de manipular el proceso electoral, habiendo logrado que fuese destituida del cargo de directora del Guayas e inhabilitada para ejercer cargos públicos en vísperas de las elecciones del mes de febrero del 2025. Sostiene, además, que los traslados y nombramientos judiciales que se imputan a la reclamada fueron acordados en el marco de sus funciones y en ejercicio de sus competencias y que ella no intervino en las decisiones ni en los informes técnicos de los organismos que participan en los procesos de nombramiento y traslado, habiendo sido ratificadas las decisiones en vía judicial, tal y como se desprende de las sentencias aportadas. Refiere, por otro lado, que se ha documentado que la Sra. Valle, en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura, tomó medidas correctivas y actuó con firmeza para sancionar al juez Sixto, implicado en el traslado de Inocencio, conocido como " Cerilla", sin que quepa asociarla a ningún trato de favor a los jueces mencionados por las acusaciones. Finalmente, aduce que la reclamada efectuó la solicitud de implementación sistema electrónico de registro de asistencia personal y control de horarios de los funcionarios, por existir fallos recurrentes en los equipos de marcación, habiéndose realizado tal solicitud en marzo de 2023, antes de que se anunciara el inicio de procesos electorales, teniendo la solicitud el punto de partida, según se acredita documentalmente, en la Unidad Provincial de Talento Humano y siendo aquella remitida por la reclamada, para su aprobación, a las instancias superiores competentes.

Las anteriores alegaciones se refieren a cuestiones de fondo que habrán de ser abordadas, en su caso, en el proceso penal ecuatoriano y que desbordan el ámbito del proceso extradicional, limitado al examen de la concurrencia de los requisitos a los que el tratado bilateral supedita la entrega de la persona reclamada. La vinculación de esta con el parlamentario Sr. Florentino, los elementos que puedan poner en entredicho la credibilidad de otra procesada, la justificación en las necesidades del servicio de los traslados de jueces y de la instauración del sistema electrónico de control, en lugar de la imputada finalidad de cooperar con la organización delictiva, pueden ser objeto de la actividad probatoria a desarrollar en Ecuador, pero ni caben en este procedimiento ni acreditan la motivación política alegada. Por lo tanto, tampoco se ha probado la utilización del proceso ecuatoriano para lograr la destitución de la reclamada del cargo que ostentaba o el impedimento de la toma de posesión del cargo en el organismo electoral para el que había sido designada.

SÉPTIMO. -En el siguiente motivo de oposición, la defensa alega riesgo de tratos que atenten contra la integridad personal, inhumanos o degradantes, invocando los arts. 3.2.d) del Tratado y 4.6 de la Ley de Extradición Pasiva. Afirma que el equipo del Comité de Derechos Humanos (CDH) visitó los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas n.º 1 entre el 21 y 23 de enero del 2024 y confirmó la situación de tratos crueles e inhumanos hacia las familias de los privados de libertad, quienes enfrentaron una falta de información, espacios de contención emocional y represión por parte de las fuerzas policiales, y que constató que, desde el 17 de enero del 2024, la Penitenciaría del Litoral está bajo el control de las Fuerzas Armadas, sin la presencia de personal civil que pueda verificar las acciones realizadas en el interior. También que el CDH ha presentado tres demandas de habeas corpus relacionadas con las denuncias de tortura sufridas por los detenidos. Los informes obtenidos incluyen las siguientes prácticas de tortura y tratos crueles: golpes físicos con palos y cables eléctricos, restricción de alimentos por más de seis días, uso de gas pimienta, ahogo en tanques de agua y golpes en testículos con cables, insultos y deshumanización verbal, restricciones de acceso a atención médica, particularmente para personas con enfermedades crónicas como VIH y tuberculosis. La defensa aporta en este apartado copia del informe de Amnistía Internacional denunciando la situación actual de las cárceles de Ecuador, de 25-04-

2024; copia del informe de Human Rights Watch, denunciando la situación actual de las cárceles de Ecuador, de 25-04-2024; copia del reporte emitido por la Comisión de Derechos Humanos, sobre el trato cruel, inhumano y degradante en las cárceles de Ecuador y copia del informe/comunicado de prensa emitido por Naciones Unidas sobre la crisis penitenciaria de Ecuador.

Las repercusiones de la situación de las prisiones en Ecuador en las extradiciones solicitadas por este Estado han sido objeto diversas resoluciones del Pleno de la Sala de lo Penal. A este respecto, el auto del Pleno 75/2021, de 8 de noviembre, decía lo siguiente:

«Para el estudio de la alegación principal que efectúa el recurrente relativa de falta de garantías de preservación de su vida e integridad física en las prisiones de Ecuador, el Tribunal debe tener necesariamente en consideración los episodios de violencia extrema en las prisiones de Ecuador que relata y documenta el recurrente y otros posteriores producidos después del auto recurrido y de la interposición del recurso, ampliamente recogidos en la prensa internacional, que refiere instauración del estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano y la adopción de medidas extraordinarias en relación la situación de violencia endémica en sus cárceles, entre ellas el estado de emergencia para todo el sistema carcelario de Ecuador, lo que pone de manifiesto el reconocimiento de facto de una situación de grave crisis en el sistema penitenciario, ante la imposibilidad real de garantizar la vida y la integridad física de los internos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en tanto que observador privilegiado desde su posición institucional como órgano promotor y garante del respeto por parte de los Estados de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha mostrado a lo largo de 2021 en varias ocasiones a través de varios comunicados su preocupación por los graves sucesos carcelarios en Ecuador, señalando (Comunicado No. 218/21 23, de agosto de 2021) que, no obstante, las diversas acciones implementadas por el Estado ecuatoriano para responder a la crisis penitenciaria en el país, reitera que los Estados tienen el deber ineludible de adoptar medidas concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal y que, como parte de esta obligación, el Estado ecuatoriano debe tomar acciones efectivas para prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en los centros de detención. Estas acciones incluyen implementar protocolos para prevenir amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad; incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia; imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros objetos ilícitos, y prevenir el accionar de organizaciones delictivas con presencia en las cárceles. Adicionalmente, es también deber de los Estados garantizar la seguridad e integridad personal de los funcionarios que cumplen tareas en los centros de detención.

El escenario descrito, evidencia sin duda alguna una situación gravemente deficitaria de garantías concretas para la vida e integridad personal de en general todas las personas reclusas en Ecuador, lo que impone un deber de acciones concretas por parte de las autoridades del Estado de Ecuador para resolverlo, tal como se le pide por los órganos regionales de protección de los derechos humanos, de ajustarse a los estándares internacionales de respeto de los derechos humanos más elementales de las personas privadas de libertad en sus centros penitenciarios».

El comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 14 de enero de 2025 (n.º 012/25) revela que la situación tomada en consideración en el auto del Pleno antes citado dista de estar solucionada. En ese comunicado se señala:

«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su preocupación ante la persistencia de graves hechos de violencia ocurridos en las cárceles de Ecuador y llama al Estado a adoptar medidas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas bajo su custodia, a investigar todos los hechos, a identificar y sancionar a los responsables y, a prevenir su repetición.

Del 1 de enero de 2020 al 4 de diciembre de 2024, la CIDH ha registrado al menos 591 muertes de personas privadas de libertad a causa de la violencia intracarcelaria, de las cuales 37 tuvieron lugar en 2024, y cientos de personas heridas, entre ellas, también agentes penitenciarios. A pesar de la disminución en la cantidad de incidentes y víctimas fatales en comparación con los años 2021 (316 fallecimientos) y 2022 (122 fallecimientos) producto de diversas medidas estatales, preocupa que estas muertes tuvieron lugar en un contexto de reiterados enfrentamientos a los que la CIDH viene dando seguimiento.

Los hechos más recientes ocurrieron en el Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1, también conocido como "Penitenciaría del Litoral". El 3 de diciembre, tres granadas explotaron en el comedor del Centro, provocando heridas en al menos nueve personas detenidas, un guardia y un militar; posteriormente se presentaron nuevos enfrentamientos que resultaron en una persona fallecida y siete heridas, según información pública. Anteriormente, en noviembre la CIDH condenó la muerte de al menos 15 personas encarceladas, y 14 personas heridas en el mismo centro.

Entre los factores que derivan en la violencia intracarcelaria en Ecuador, se encuentran la ausencia de control de los centros penitenciarios por parte del Estado, la existencia de sistemas de autogobierno, corrupción y la insuficiencia de personal de seguridad. En particular, las cárceles donde han ocurrido hechos violentos están dominadas por grupos del crimen organizado, quienes ejercen el control intramuros. Esto fue señalado por la CIDH en su informe sobre "Personas Privadas de Libertad en Ecuador".

La Comisión advierte que estos hechos de violencia intracarcelaria no son aislados, sino que se enmarcan en los desafíos que enfrenta el Estado ecuatoriano para garantizar la seguridad de sus habitantes ante el fortalecimiento y la escalada de violencia provocada por el crimen organizado. En esta línea, toma nota del Decreto No. 493 del 2 de enero de 2025, que declaró estado de excepción por 60 días en diversas provincias incluyendo Guayas, y sus centros de privación de la libertad, debido al incremento de violencia y la presencia prolongada de grupos armados organizados.

La CIDH ha reiterado su preocupación ante los hechos que atentan a la seguridad ciudadana en diversas oportunidades, incluyendo su comunicado de prensa del 17 de enero de 2024. Frente a ello, enfatiza en la importancia de contar con políticas públicas en materia de seguridad que incluyan un enfoque de derechos humanos.

En atención a lo anterior, la CIDH recuerda que los Estados deben adoptar medidas inmediatas para garantizar la vida e integridad de las personas bajo su custodia, conforme a los Principios y Buenas Prácticas de Protección de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.

La CIDH recuerda que el Estado de Ecuador está obligado a prevenir la violencia en los centros de detención y controlar el accionar de organizaciones delictivas. Igualmente, debe investigar de oficio, de forma seria, pronta e imparcial y con debida diligencia los hechos de violencia e, identificar y sancionar a los responsables.

Finalmente, la Comisión Interamericana reitera que continuará dando seguimiento, a través de sus distintos mecanismos, a la situación de las personas privadas de libertad en Ecuador, y reitera su disposición para brindar cooperación técnica al Estado en sus esfuerzos para superar la grave crisis penitenciaria e implementar políticas públicas y las recomendaciones formuladas en su informe sobre "Personas Privadas de Libertad en Ecuador"».

En consecuencia, es evidente la imposibilidad de garantizar los derechos humanos de las personas recluidas en los centros, reconocida de hecho por el Estado ecuatoriano, lo que lleva a concluir que no nos encontramos ante alegaciones de meros riesgos genéricos de violación de los derechos humanos de la reclamado, sino ante un peligro concreto cuya evitación requiere (como viene estableciendo el Pleno en el auto antes citado, así como en los autos 80/2021, de 21 de noviembre, 19/2022, de 25 de febrero, y 90/2024, de 28 de octubre) el condicionamiento de la entrega extradicional al otorgamiento por parte de Ecuador de garantías de haber adoptado las medidas concretas indicadas por la Comisión Interamericana para asegurar la protección de la vida e integridad de la reclamada.

OCTAVO. -El último motivo se basa en la alegación de circunstancias personales de la reclamada que, a juicio de la defensa, hacen la extradición incompatible con consideraciones de carácter humanitario y obligan a denegarla de conformidad con los arts. 3.2.e) del Tratado y 4, apartados 6 y 8, de la Ley de Extradición Pasiva. Dice la defensa que el 29 de febrero de 2024, dos personas intentaron secuestrar a la reclamada en su domicilio, motivo por el cual ella huyó a España y sus familiares denunciaron el hecho. Afirma también que, desde el inicio de las acusaciones, la reclamada ha sido víctima de un constante hostigamiento, mediante amenazas en su propia casa, por parte de personas vinculadas a intereses políticos y del gobierno, lo que le ha llevado a experimentar serios problemas emocionales y de salud, de los que se aporta documentación médica, como estrés crónico, ansiedad severa, neoplasia lipomatosa benigna, hipertensión, insomnio e infecciones recurrentes.

El precepto de la norma convencional que regula la presente extradición invocado por la defensa establece que podrá rechazarse la petición de extradición si, en casos excepcionales, el Estado requerido, habida consideración de la naturaleza del delito y los intereses del Estado requirente, estima que dadas las circunstancias personales del individuo buscado, la extradición sería totalmente incompatible con consideraciones de carácter humanitario. Lo alegado por la defensa no resulta suficiente, sin embargo, para acreditar que el hostigamiento al que se refiere la defensa haya sido realizado, ordenado o auspiciado por el gob ierno ecuatoriano, debiendo ser en el marco del procedimiento derivado de la denuncia presentada por los familiares de la reclamada o el que, en su caso, pueda instar esta última en Ecuador, donde se persigan los hechos a los que se refiere el presente motivo que, consecuentemente, ha de ser desestimado.

Por cuanto antecede,