Auto Penal 676/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 22/2025 de 20 de octubre del 2025

PRIMERO. -La normativa por la que se rige el presente procedimiento de extradición pasiva está constituido por: a) Convenio Europeo de Extradiciónde 13 de diciembre de 1957; b) Supletoriamente, la Ley de Extradición Pasivade 21 de marzo de 1985.

No existe ninguna duda acerca de la identidad del reclamado, ni se trata de un delito político, habiéndose acompañado con la demanda extradicional los documentos necesarios, exigidos legalmente. Los hechos por los que se pide la extradición, anteriormente descritos, podrían ser constitutivos de un delito de apropiación indebida del artículo 206.2 del Código Penal ucraniano; d que se correspondería con un delito de apropiación indebida del actual artículo 253 del Código Penal español.

Por el Ministerio Fiscalse solicita que se acuerde la entrega del reclamado a las autoridades Ucrania por entender que concurren todos los requisitos y formalidades legales para ello, y no existir causas que provoquen la denegación de la extradición.

Por su parte la defensa del reclamadose opone a la entrega en base a los siguientes motivos, que se deducen del escirro de alegaciones presentado, así como de los motivos expuestos en la vista extradicional celebrada al efecto. Los motivos, sucintamente, se refieren: 1) circunstancias personalesdel reclamado, el cual tiene la voluntad de solicitar protección internacional; 2) motivos relativos a los hechos que fundamentan la extradición.En Alemania existe un procedimiento por los mismos hechos; el reclamado es persona perteneciente en su momento al partido político OSNOVA"ORGANIZACIÓN REGIONAL DE JERSON PARTIDO POLÍTICO", añadiendo que dicha región ucraniana está en una situación de extrema inestabilidad política y militar, así como de persecución política de personas como el reclamado que han ostentado cargos políticos. La acusación que se hace al reclamado de la supuesta comisión de los hechos es vaga y ambigua presentando deficiencias notorias; 3) no está de acuerdo con la calificación jurídica de los hechos;entiende el reclamado que la reclamación extradicional bajo la acusación de haber cometido un delito patrimonial esconde una persecución política al reclamado; 4) fundamentos leales de la extradición;ha de tenerse en cuenta el PCVM/170/2022, de 9 de marzo que otorga protección temporala las personas implicadas y afectadas en la guerra de Ucrania. El reclamado y su familia han sufrido graves amenazasen las inmediaciones de su domicilio, lo que fue denunciado el día 3 de marzo de 2025 y riesgo de vulneración de derechos fundamentales; 5) el Fiscal del caso que sostenía la acusación contra el reclamado ha sido detenido por corrupción, así como miembros de la Policía.

SEGUNDO. -En relación con los motivos alegados esta Sala entiende que han de ser íntegramente rechazados. En lo que concierne a que existe un procedimiento sobre los mismos hechos que se sigue en Alemania,se afirma por la defensa del reclamado que se aportarán datos concretos acerca del mismo, pero lo cierto es que no se ha aportado nada al respecto y, en consecuencia, dicha manifestación no ha sido acreditada fehacientemente.

Por lo que se refiere a que ha solicitado asilo o protección internacionaly que está pendiente de la celebración de la "entrevista" en el organismo correspondiente, ello no e causa de denegación de la extradición, sino que, en su caso, habrá de analizarse la situación concreta del reclamado cuando se acuerde definitivamente, si procede, la materialización de la entrega a las autoridades de Ucrania. Tampoco lo es el que el reclamado pueda gozar de protección temporalen base a la resolución de 9 de marzo de 2022, pues no es equiparable a una concesión de asilo permanente, y dicha protección temporal tiene unos determinados efectos que no se extienden a que ello pueda genera la denegación de la entrega, tal y como ha dicho en diversas ocasiones el Pleno de esta Sala de lo Penal, entre otros en el Auto de fecha 7 de febrero de 2025 en que se realiza un estudio detallado y minucioso de la STS Sala de lo Contencioso Administrativo de fecha 13 de febrero de 2024, concluyendo el referido Auto en que "...el efecto no puede ser nunca la denegación de la extradición en vía jurisdiccional..."A( Autos del Pleno de 10-1-2025, 18-12-2024, entre otros ).Debe pues rechazarse también este motivo alegado por la defensa, y esperar, en su caso, a la resolución del órgano administrativo correspondiente.

TERCERO. -En lo que respecta al motivo alegado por al defensa consistente en que los hechos carecen de concreción, adolecen de vaguedad y tiene deficiencias notorias,escondiendo, en realidad, a través de un procedimiento penal de carácter patrimonial, una persecución política, disintiendo de la calificación jurídica de los mismos y vulnerando el principio de especialidad y doble incriminación,también hemos de descartarlo y rechazarlo. Como es sabido, el procedimiento de extradición no tiene como finalidad el enjuiciamiento de los hechos que se imputan al reclamado, y el análisis de los indicios o de las pruebas existentes en el procedimiento que se sigue en el país requirente, sino el analizar si la descripción de los hechos tiene una correspondencia como infracción penal en nuestro derecho, ni siquiera el que exista una correspondencia en cuanto a la calificación jurídica de los mismos (nomen iuris). Es doctrina consolidada del Pleno expresada en numerosas resoluciones, entre otras en el Auto de fecha 2 de marzo de 2022 cuando afrimA que "...no cabe duda que uno de los principios esenciales por los cuales se rige el procedimiento de extradición es el de la concurrencia del principio de doble incriminación, esto es, que los hechos objeto de la demanda de extradición sean también constitutivos de delito en nuestra legislación española, Código Penal o Leyes especiales. Es una garantía que afecta de lleno a la propia extradición desde el momento en el que su vulneración afectaría gravemente al principio de legalidad penal. La Ley de Extradición pasiva lo recoge en su artículo segundo , y el Tribunal Constitucional así lo ha señalado en diversas resoluciones, como, por ejemplo, la STC 141/1998 , cuando señala que se trata de"...una garantía adicional en el procedimiento de extradición...se exige que el mismo hecho por el que se solicita la entrega sea constitutivo de delito según la legislación penal del estado requerido, lo que representa una concesión o reconocimiento de la soberanía de este...". Materialmente y de forma concreta, el principio de doble incriminación ha de hacerse partiendo de los hechos descritos en la demanda de extradición y ver si tales hechos se adecuan a la legislación penal del estado requerido. Este examen no ha de hacerse a partir de una comparación en abstracto entre ambas legislaciones, no se trata de que exista "...una identidad literal de tipos..." (Auto del Pleno de 3 de junio de 1999), sino que ha de hacerse a partir de la subsunción de los hechos descritos en la demanda de extradición en la normativa del estado requerido, de acuerdo con su propia doctrina y jurisprudencia. Dicha subsunción ha de hacerse por la autoridades judicial del Estado requerido, tal y como señala la STJUE de 11 de enero de 2017, cuando afirma que "...incumbe a la autoridad competente del Estado de ejecución, a la hora de apreciar la doble tipificación, comprobar si los hechos que dan lugar a la infracción, tal y como fueron plasmados en la sentencia dictada por la autoridad del Estado competente de emisión, también estrían sujetos, en cuanto tales, a una sanción penal en el Estado de ejecución, si se hubiera producido en dicho territorio...".

Las consideraciones anteriores nos llevan a concluir que es requisito imprescindible que ha de contener la demanda extradicional, que los hechos han de describirse de una forma concreta, han de contener una mínima concreción, en cuanto al sujeto o sujetos respecto de los que se solicita la extradición, fecha y lugar donde ocurrieron, circunstancias, y especialmente, la actuación concreta que se le imputa en el país requirente, requisito de la concreción que es indispensable so pena de que pueda constituir una causa de denegación de la entrega. Requisito que se deriva, por otro lado, de las exigencias que impone el artículo 7 de la Ley de Extradición Pasiva respecto a los documentos que han de acompañarse con la demanda de extradición cuando habla de "...expresión sumaria de los hechos, lugar y fecha en que fueron realizados...", tal y como señaló el Auto de la Sección Tercera 1/2019, de 14 de enero cuando decía que "...los datos que deben acompañarse con la solicitud de extradición...son indicativos de la finalidad que persigue la aportación de estos datos: comprobar que los actos u omisiones supuestamente delictivos atribuidos al reclamado son, prima facie, susceptibles de integrar alguno de los delitos descritos en las disposiciones legales transcritas en la solicitud de extradición y en la legislación española...". Esta exigencia de concreción es puesta de manifiesto en el Auto de fecha 24 de mayo de 2018 de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional cuando afirma que no puede accederse a la demanda de extradición "...puesto que los términos genéricos establecidos en la redacción de los hechos...no constituyen en España infracción penal alguna...cuando se trata de describir la específica participación del reclamado en actos tan graves como los establecidos en los tipos penales aplicables, se efectúa con un cúmulo de imprecisiones y generalidades, que originan la ausencia de relación del reclamado con dichos hechos. Son desde luego exiguos e irrelevantes desde la perspectiva de la legislación penal española los datos ofrecidos sobre el supuesto protagonismo del reclamado...". Tal imprecisión es también puesta de manifiesto en el Auto de 29 de junio de 2008 de la Sección Segunda que igualmente da lugar a la denegación de la extradición...".

En el caso que nos ocupa entiende esta Sala que existe una descripción de los hechos bastante concreta y con datos suficientes de los que se puede deducir que el reclamado ha podido cometer, supuestamente un delito de estafa o de apropiación indebida en concurso con un delito de falsedad documental, según nuestro derecho penal. De la documentación extradicional se deduje que el reclamado junto con otras personas acordaron con un tercero el integrarse como socios en una cooperativa de producción para apropiarse de los derechos corporativos y de los bienes muebles e inmuebles de dicha cooperativa, para lo cual falsificó el acta de la Junta donde se les tenía por socios, ya que la misma nunca se celebró, ni depositaron fondos en la cuenta corriente de la cooperativa. Como decimos, en los hechos se hace mención a determinadas personas, a fechas concretas y a actuaciones determinadas que, supuestamente cometió el reclamado, y que de ser así podrían integrar las infracciones penales por las que se le reclama por parte de Ucrania. En consecuencia, entendemos que no existe ninguna ambigüedad y que el relato de los hechos contiene suficientes datos como para entender cumplido el principio de doble incriminación. El hecho de que la defensa del reclamado manifieste su disconformidad con la calificación jurídica de los hechos, o que alegue que su defendido nunca los ha cometido, o que existan deficiencias en cuanto a la documentación aportada a la extradición en este aspecto, son cuestiones que este Tribunal no debe resolver puesto que pertenecen al fondo del asunto, al cual le está vedado entrar en su análisis, debiendo ser las autoridades ucranianas las que decidan al respecto en el procedimiento que se sigue al efecto, y por lo tanto, son alegaciones que no constituyen ni tienen la entidad suficiente como para ser una causa de denegación de la extradición.

CUARTO. -Por lo que se refiere a los motivos atinentes a las circunstancias políticas de Ucrania y a las circunstancias personales del reclamado relativas a su afiliación política y al grave riesgo que ello supone de persecución política y del riesgo grave que puede existir contra su vida e integridad físicasi es entregado a Ucrania, entendemos que también han de ser desestimados.

Una primera cuestión relativa a la situación existente de guerra en Ucrania ha sido tratada ya por el Pleno de la Sala de lo penal habiéndose dictado varias resoluciones al efecto, entre las que hemos de citar el Auto del Pleno de fecha 7 de febrero de 2025 en que aborda esta cuestión en la que se planteaba la misma cuestión, si bien respecto a otra región de Ucrania diciendo, Auto que se remite a otras resoluciones anteriores del Pleno y señala que "...el Pleno de la Sala de lo Penal, ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones al considerar que en vía jurisdiccional, no puede ser apreciada como causa de denegación a la entrega si se cumplen todos los requisitos para acceder a la misma, sin perjuicio de que en vía gubernativa el Gobierno de la Nación decida hacer uso de la facultad de no entrega por razones de seguridad u orden público, conforme al art. 6.2 de la Ley de Extradición Pasiva ( AAN nº9 de 20 de febrero de 2024 (RSU 7/2024), que remitía al Auto nº34/2023, de 22 de mayo, Auto 84/2022, de 13 de octubre, y Auto 34/2022, de 11 de abril). Asimismo, el posterior Auto de Pleno nº69/2024 de 4 de octubre, ratificó dicho criterio, todo ello sin perjuicio de lo que luego se dirá al analizar el segundo de los motivos.

Es sabido, asimismo que este Pleno, ha rechazado de forma reiterada las alegaciones genéricas e imprecisas sobre hipotéticas vulneraciones de los derechos humanos alegadas como causa de denegación de la extradición sobre la base del art.4.6 de la Ley de Extradición Pasiva , siguiendo los criterios marcados por la jurisprudencia. Así, STEDH de 9 de abril de 2018 considera que "es el demandante el que debe justificar la existencia del riesgo, no bastando las meras manifestaciones". La STEDH de 9 de septiembre de 2013 señala también que "la referencia a un problema general relativo a la observancia de los derechos humanos en un país determinado no puede solo servir como base para la denegación de la extradición. La descripción de una situación general, las alegaciones específicas del demandante en un caso particular requieren corroboración por otras pruebas, con referencia a las circunstancias individuales que fundamenten sus temores de malos tratos".

La STJUE de 6 de septiembre de 2016 habla de "elementos que acrediten un riesgo real de que se inflija un trato inhumano o degradante a las personas en el Estado requirente", y que debe hacerse en base a fuentes fiables. Y la STJUE de 5 abril de 2016 exige "demostrar que existen razonables serias y fundadas para creer que la persona afectada correrá efectivamente tal riesgo debido a las condiciones de detención a las que habrá de ser sometidas".Y sigue diciendo el Auto citado que "... cabe señalar que, Ucrania es un Estado miembro del Consejo de Europa, que reconoce la jurisdicción del TEDH y se encuentra en el ámbito de aplicación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y así lo indican expresamente las autoridades ucranianas en su solicitud de extradición. Más concretamente, el AAN. Pleno 4/2025, de 10 de enero , que resolvía un recurso de súplica contra el auto nº685/2024, de 20 de noviembre, de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional , venía precisamente referidos a un ciudadano ucraniano natural de la región de Zaporizhzhia, desestimándose cualesquiera pretensiones de rechazar la entrega por dichos motivos. Y tampoco consta de manera fehaciente que el reclamado en caso de ser ingresado en un centro penitenciario, lo vaya a ser indefectiblemente en la región de Zaporizhzhia, además de haber ofrecido las autoridades ucranianas, en este caso concreto, garantías relacionadas con el normal funcionamiento de las instituciones penitenciarias y la seguridad de los condenados...".

Estos mismos argumentos se pueden hacer valer en el caso presente en el que la zona a la que se alude por el reclamado es la región de Jersón, la cual es suficientemente conocida como una región conflictiva de Ucrania debido a la guerra existente entre la Federación Rusa y Ucrania y, por lo tanto, la conclusión ha de ser la misma, es decir, que desde el punto de vista jurisdiccional ello no supone una causa de denegación de la extradición, sin perjuicio de que el Gobierno en la ulterior fase gobernativa pueda acordar los procedente teniendo en cuenta otra serie de criterios diferentes a los estrictamente jurisdiccionales, y todo ello sin perjuicio de que antes de la materialización de la entrega se pida al Estado de Ucrania garantías relacionadas con el normal funcionamiento de las instituciones penitenciarias y de la seguridad de los sometidos a una causa penal en dicho país.

El reclamado aporta diversa documentación al efecto que trata de acreditar este grave riesgo de persecución política y contra su viuda e integridad física, documentación consiste en una página de internet en la que figura el reclamado como "persona autorizada" de la organización política OSNOVA; un segundo documento de las empresas en las que figura como dueño, representante o administrador de las mismas; un tercer documento de un Bufete del Colegio Nacional de Abogados de Ucrania relativo a una causa penal seguida en dicho país en la que, al parecer , figura como sospechoso el reclamado en virtud de una investigación del Departamento Principal de la Policía Nacional de la región de Jerson; y por último, un conjunto de noticias de prensa acerca del partido OSNOVA y sus representantes, el asesinato de un colaborador ruso, del vicegobernador de la región de Jerson en un accidente de tráfico, el asesinato de un "bloguero" al que tachaban de prorruso, el cual, al parecer, se postulaba al Parlamento como candidato independiente; un supuesto "escándalo" sobre las elecciones en la aldea de Antonovsky e iniciación de un proceso penal, noticia en la que, por primera vez aparece el nombre del reclamado como colaborador del jefe de dicha aldea (Semenchev), así como un artículo acerca de la biografía de Vladimir Saldo, gobernador de la región de Jerson, y, según el artículo aportado, hombre prorruso.

Pues bien, de toda esta documentación no se deduce claramente una actividad intensa y destacada en del reclamado en el partido político al que dice pertenecer, tan solo, como hemos dicho, aparece en unas elecciones locales y en una posible manipulación de las mismas. Tampoco se deduce de dicha documental que el reclamado esté perseguido políticamente o que su vida o integridad física aparezcan amenazadas por su actividad política en Jerson.

Entendemos pues, que dicho motivo ha de se desestimado de forma íntegra.

QUINTO. -Por último, y en relación al riesgo de que sufra tratos inhumanos o riesgo contra la vida o integridad física,el reclamado hace mención a que existe una persecución política contra él debido a su militancia en un partido político denominado OSNOVA- ORGNIZACIÓN REGIONAL DE JERSON habiendo recibido amenazas graves contra él y su familia, y añadiendo que el procedimiento penal existente al respecto y por el que se le reclama, es un procedimiento encubierto para perseguirle políticamente, y aportando diversa documentación al efecto. Es este motivo una alegación relacionada con las anteriores que ya han sido examinadas y a cuyos fundamentos nos remitimos. En cuanto a las amenazas recibidas se dice en el escrito de alegaciones que presentó denuncia en fecha 3 de marzo de 2025, no aportándose dicha denuncia ni con el escrito de alegaciones ni en l vista extradicional en la que se aporta una fotocopia no autorizada ni traducida legalmente y debida forma de una sentencia por extorsión de empelado del Departamento Principal de la Policía Nacional de Jerson y la Fiscalía de esa región, documental que no acredita fehacientemente que la causa penal seguida contra el reclamado sea una causa encubierta con fines de persecución política.

Por todo ello, entendemos que debe accederse a la entrega solicitada.

En atención a lo expuesto: