Auto Penal 726/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 47/2025 de 06 de noviembre del 2025

PRIMERO. -La normativa por la que se rige el presente procedimiento de extradición pasiva está constituido por el Convenio Europeo de Extradición de fecha 13 de diciembre de 1957; y subsidiariamente por la Ley de Extradición Pasiva de 21 de marzo de 1985 y el Convenio de aplicación del Acuerdo de Shengen.

No se ha discutido en ningún momento la identidad del reclamado, no teniendo por objeto la presente extradición un delito de carácter político, concurriendo el principio de territorialidad al ser los órganos judiciales suizos los competentes para la ejecución de la sentencia dictada.

Suiza solicita la extradición del reclamado para el cumplimiento de una pena privativa de libertad de 42 meses por unos hechos que, según la legislación suiza constituyen: a) la infracción de los artículos 19, párrafo 1, letras b, c, d y g en anexo con artículo 19 párrafo 2, letras a y c) de la Ley de Estupefacientes; b) contravención prevista en el artículo 19, a), apartado 1 de la Ley de Estupefacientes; c) delito de conducción deliberada múltiple en estado incapaz de conducir, por embriaguez, previsto en el artículo 91, párrafo 1, inciso 2.a de la Ley de Tráfico; d) delito de conducción deliberada múltiple en estado incapaz de conducir por otros motivos a efectos del artículo 91, párrafo 2 a) de la Ley de Tráfico; e) delito de obstaculización de medidas para determinar la incapacidad para conducir previsto en el artículo 91 a, párrafo 1 a) de la Ley de Tráfico; f) delito de conducción deliberada sin permiso de conducir previsto en el artículo 95, apartado 1, párrafo 1 de la Ley de Tráfico; g) delito de instigación a la desorientación de la administración de justicia previsto en el artículo 24, párrafo primero del Código Penal suizo, en relación con el artículo 304, apartado 1, párrafo 2 del Código Penal; h) infracción deliberada de las normas de tráfico prevista en el artículo 90.1 en relación con el artículo 31, párrafo 1 a) de la Ley de Tráfico.

Las infracciones antes descritas se corresponderían en nuestra legislación penal (Código Penal) con los siguientes delitos: a) un delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud y notoria importancia de los artículos 368 y 369.1.5 del Código Penal; b) dos delitos contra la seguridad vial del artículo 379.2 inciso, inciso final del Código Penal; y, c) dos delitos contra la seguridad vial del artículo 384.1 del Código Penal.

La sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de circuito del cantón de Zúrich, en su parte dispositiva, condena al reclamado por las siguientes infracciones; 1) violación calificada contra la ley de estupefacientes; 2) violación múltiple de la ley de estupefacientes; 3) haber conducido múltiples veces premeditadamente en estado no apto para conducir bajo bebidas alcohólicas; 4) haber conducido múltiples veces premeditadamente en estado no apto por otros motivos; 5) desbaratamiento de medidas para establecer su incapacidad de conducir; 6) circular múltiples veces premeditadamente sin carnet de conducir; 7) incitar a llevar a las autoridades jurídicas al error en la identificación del conductor del vehículo; 8) violación internacional de las reglas de circulación. La condena al reclamado por todas estas infracciones es, como decimos, de 42 meses de prisión.

SEGUNDO.-Por lo que se refiere ya los motivos de oposición formulados o alegados por la defensa del reclamado en el acto de la vista, fueron dos fundamentalmente, uno, el hecho de que la solicitud de extradición no provenía de una autoridad competente y legítima,motivo que hay que rechazar por cuanto que si bien la solicitud se efectúa por la Fiscalía Federal de Suiza, nos encontramos con una extradición que tiene por finalidad el cumplimiento de una pena dictada por el Tribunal de Distrito del Cantón de Zúrich, confirmada por otra dictada por el Tribunal Superior del dicho Cantón de Zúrich, por lo que el titulo extradicional, en este caso, lo constituye la primera sentencia dictada al efecto dictada por una autoridad judicial plenamente legitimada para ello.

Aun así, la STC núm. 17/2024, de 31 de enero de 2024, en la que matizando la doctrina establecida en las SSTC 147/2020 y 147/2021, señala que debe distinguirse una garantía básica, consistente en que el órgano judicial verifique, al examinar la petición de extradición, la imparcialidad de la autoridad que la ha emitido, garantía inherente al deber de motivación reforzada de una decisión que ha de afectar necesariamente a la espera de la libertad personal del reclamado, y una garantía específica, consistente en que la solicitud venga refrendada por una autoridad judicial desde el país de origen, fundada en el art. 7.1.a) de la LEP, que es de directa aplicación en caso de ausencia de convenio extradicional con el Estado reclamante, que puede verse modulada en función de lo previsto en el convenio de extradición vigente entre las partes, en tanto fuente normativa de aplicación preferente en los términos del art. 1.1 LEP, de modo que, aun cuando sea una exigencia inherente a la tutela judicial efectiva del derecho a la libertad personal del extraditurus que nuestros tribunales verifiquen que la necesidad y proporcionalidad de la medida ha sido debidamente ponderada por un órgano judicial del país emisor, dicha intermediación judicial puede dispensarse excepcionalmente cuando se trate de un procedimiento de extradición regido por un convenio bilateral o multilateral que admita la posibilidad de que la petición de entrega pueda emanar de una autoridad no jurisdiccional, que esté facultada para emitir una solicitud de extradición en condiciones equivalentes a las de una autoridad judicial y que el contenido de la solicitud y de la documentación anexa proporcione a los órganos judiciales españoles la información suficiente para verificar que la misma resulta necesaria y proporcional (Auto del Pleno de 21 de febrero de 2025)

TERCERO. -Y el segundo motivo que se alega es la prescripción de los hechos,motivo que procede analizar detenidamente. No se trata de prescripción de los hechos, sino de prescripción de la pena, que en este caso sería de 42 meses de prisión, que habría que contar a partir de la sentencia firme ( artículo 134 del Código Penal español), esto es, a partir del 30 de enero de 2014. Conforme al artículo 133 del Código Penal, al tratarse de una pena menos grave (inferior a cinco años de prisión), el plazo de prescripción según el inciso primero sería de cinco años, plazo que en el presente caso ha transcurrido sobradamente.

La doctrina del Pleno establecida en el Auto de 26-1-2024,el cual se remite a otros anteriores, establece lo siguiente: "... en efecto en el Auto dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal de Audiencia Nacional, en el recurso de súplica núm.: 22 /2023 , Rollo de Sala núm. 85 /2022 de la Sección Primera , referente al procedimiento de extradición núm. 48 /2022 , haciendo referencia al criterio ya establecido en otro Pleno, recoge que "Este Pleno de la Sala de lo Penal en su auto 47/2002 (Súplica 27/02), de 13 de mayo de 2002, pronunciándose si era de aplicación el CEEx, cuyo art. 10 prevé la prescripción con arreglo a la legislación del Estado requirente y del Estado requerido, o el Convenio de Aplicación del acuerdo Schengen de 1990, en vigor en España desde el 5 de abril de 1994, y cuyo art. 62 dispone que "Por lo que se refiere a la interrupción de la prescripción, se aplicarán únicamente las disposiciones de la Parte contratante requirente", declara que: "el criterio del Pleno de la Sala de lo Penal respecto a la aplicación en el tiempo de las normas que se contienen en los tratados de extradición, ha sido siempre el de considerar que se trata de normas asimilables a las normas de carácter procesal, y, por consiguiente son aplicables en el momento en que se resuelve por el Tribunal, y ello con la única excepción de la cuestión relativa a la prescripción. En efecto, si la prescripción ya estaba ganada antes de la entrada en vigor del tratado, entonces se entiende por el Pleno de la Sala, como así se ha venido manifestando de forma reiterada, que la entrada en vigor de un nuevo tratado no puede perjudicar a una prescripción ya ganada".

En concreto, y en relación con Suiza el Auto del Pleno 22/23 de 14 de abril,establece lo siguiente: "...el Convenio establecido sobre la base del art. K.3 del Tratado de la Unión Europea , relativo a la extradición entre los Estados Miembros de la Unión Europea, hecho en Dublín el 27 de agosto de 1996 (en adelante Convenio de Dublín) incorporado a nuestro ordenamiento interno con aplicación provisional con Dinamarca desde el 9 de marzo de 1998 -BOE de 24 de febrero de 1998-, con Portugal -BOE de 22 de enero de 1999-, con Alemania -BOE de 8 de junio de 1999-, con Finlandia -BOE 28 de octubre de 1999-, con Países Bajos -BOE 14 de octubre de 2000-, con Austria -BOE de 22 de junio de 2001-, con Bélgica -BOE 23 de octubre de 2001-, con Luxemburgo -BOE de 28 de octubre de 2001-, con Suecia -BOE 1 de octubre de 2001 y con Reino Unido desde el 20 de marzo de 2002, y en vigor con carácter definitivo el 5 de noviembre de 2019 -BOE de 31 de octubre de 2019, debe ser aplicado en su integridad a la reclamación extradicional suiza de 22 de septiembre

de 2022, basada en la orden de detención de 29 de agosto de 2022, conforme a la Decisión del Consejo de la Unión Europea de 28 de enero de 2008 (Boletín Oficial de la Unión Europea de 27 de febrero de 2008), relativo a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo Schengen, hecho en Luxemburgo el 26 de octubre de 2004 y publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea de 27 de febrero de 2008.

Señala el auto recurrido que según el art. 1 del Acuerdo de asociación, "La Confederación Suiza ... estará asociada a las actividades de la Comunidad Europea y de la Unión Europea en los ámbitos a que se refieren las disposiciones citadas en los anexos A y B del presente Acuerdo y su futuro desarrollo"; que a tenor del art. 14.2 del Acuerdo el art. 1 se aplicará de forma provisional a partir del momento de la firma del presente Acuerdo, y que entre las disposiciones citadas en el Anexo B aparecen "Las disposiciones del Convenio de 1995 relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea (DOC 78 de 30.03.1995 p.2) y del Convenio de 1996 relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea (DOC 313 de 23.10.1996 p.12) reconocidos en la Decisión 2003/169/JAI del Consejo, de 27 de febrero de 2003, por la que se determinan las disposiciones del Convenio de 1995, relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea y del Convenio de 1996, relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, que constituyen un desarrollo del acervo Schengen con arreglo al Acuerdo sobre la asociación de la República de Islandia y del Reino de Noruega a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 67 de 12.03.2003, p.25). El art. 2 de esta Decisión 2003/169/JAI del Consejo dispone: "Los arts. 2, 6, 8, 9 y 13 del Convenio de extradición, así como su art. 1 en la medida de que sea pertinente para los otros artículos, constituyen un desarrollo de las disposiciones del acervo Schengen, y en particular del art. 61, en los apartados 1 y 2 del art. 62, y de los arts. 63 y 65 del Convenio de Schengen ".

En base a ello concluye la Sección que tras la adhesión de Suiza al acervo Schengen por la referida Decisión de 2008, las solicitudes de extradición han de realizarse sobre la base del Convenio de Extradición entre los Estados Miembros de la Unión Europea de 27 de septiembre de 1996, cuyo art. 8 dispone que "no se podrá denegar la extradición por el motivo de que la acción o la pena haya prescrito con arreglo a la legislación del Estado miembro requerido", precepto que llevarían a rechazar la causa de denegación de la extradición por prescripción del delito conforme a nuestro Código Penal que invocando el art. 10 del Convenio Europeo de Extradición (CEEx), hecho en París el 13 de diciembre de 1957, mantiene la defensa del reclamado, aduciendo ésta ya ante la Sección y ahora en la súplica, que el Convenio sobre la base del art. K.3 de Dublín no entró en vigor respecto a Suiza sino el 5 de noviembre de 2019, fecha desde la que alcanzó vigencia con carácter general, lo que determina que ganada con anterioridad a su vigencia la prescripción por el transcurso de cinco años, ya desde el último hecho - 06/04/2012-, ya computado desde el 11 de julio de 2013...., no es admisible la aplicación con carácter retroactivo el citado art. 8, que al referirse al instituto de la prescripción, no es de carácter objetivo o procesal, sino sustantivo y material...".

En el presente caso, la sentencia firme es de 30 de enero de 2014, el plazo de prescripción según la legislación española es de cinco años, por lo que, a la entrada en vigor del denominado Convenio de Dublín, 5 de noviembre de 2019, la prescripción habría sido ganada, por lo que debe estimarse esta causa como causa de denegación de la extradición.

CUARTO. -No obstante, lo anterior, sí es preciso hacer una serie de precisiones acerca del principio de doble incriminación,aunque no se haya alegado por la defensa del reclamado.

Y así, en cuanto al delito de tráfico de drogas,la sentencia de fecha 19 de junio de 2013, por una parte, la conducta del reclamado consistente en las adquisiciones de sustancia estupefaciente en distintas ocasiones, en 2010 y 2011 a Virgilio para distribuirla posteriormente y también para su consumo, lo cual constituiría un delito previsto en el artículo 368 y 369.1. 5ª de nuestro Código Penal. Sin embargo, a continuación, en la sentencia de instancia se le condena también por haber consumido dolosamente en múltiples ocasiones sustancias estupefacientes entre finales del año 2009 y noviembre de 2011, infracción esta que no está castigada como tal en nuestra legislación penal ya que la adquisición para el autoconsumo, ni por supuesto, el consumo propio están penados, por lo que no concurriría el principio de doble incriminación.

Por lo que respecta a las infracciones de la Ley de Tráficosegún la legislación suiza, la sentencia del Tribunal de Distrito del Cantó de Zúrich le condena, en primer lugar, por dos delitos contra la seguridad del tráfico (seguridad vial en nuestro Código Penal) por consumo deliberado de alcohol en múltiples ocasiones y por conducción deliberada en múltiples ocasiones sin estar en condiciones de hacerlo. Y así, se refiere a ello la conducta desarrollada el día 23 de julio de 2011 cuando conducía el vehículo bajo la influencia de alcohol y cocaína y sin permiso de conducir, habiendo abandonado el vehículo tras impactar con un semáforo y sabiendo que la Policía le iba a obligar a realizar la prueba de alcoholemia y una prueba de sangre y orina. Tras todo ello convenció a su padre para que se hiciera pasar por el conductor del vehículo, lo que hizo en el interrogatorio policial. Se le imputa una segunda conducta el día 30 de octubre de 2011 cuando el reclamado conducía un vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas y cocaína y sin permiso de conducir. También se le acusa de haber conducir en múltiples ocasiones sin el permiso correspondiente entre junio de 2008 y noviembre de 2011.

Igualmente se le condena al haber infringido la obligación de "...permanecer constantemente a los mandos del vehículo de modo que pueda cumplir así con su obligación de prudencia..." ( artículo 31 de la Ley de Tráfico suiza),debiendo rechazarse este hecho por cuanto que dicha conducta no está prevista como delito en nuestro Código Penal, sino como un deber general establecido en el artículo 13.1 y 2 y como infracción administrativa de carácter leve del artículo 75.b) ter (incumplir la obligación de estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículos) del Texto Refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

Tampoco concurriría el principio de doble incriminación la conducta consistente en convencer el reclamado a su padre para declarar ante la Policía que era el conductor el del vehículo, ( en Suiza se describe como delito de instigación o incitación a otro para engañar a la Policía induciéndola a error), pues esta actuación tampoco está prevista como delito en nuestra legislación penal dentro de los delitos contra la seguridad vial.

También había de rechazarse la extradición respecto a la condena por el delito del artículo 91 a) de la Ley de Tráfico suiza que castiga al que se oponga o sustraiga intencionadamente a un análisis de sangre, un test de alcoholemia u otro examen preliminar, pues la descripción que se hace en la sentencia de primera instancia revela que el reclamado una vez que impactó con el semáforo y aparcó el vehículo en una calle de Zúrich abandonó el lugar de los hechos, pues el correspondiente delito en España sería el delito de negativa a someterse a la prueba de alcoholemia previsto en el artículo 383 del Código Penal, que exige expresamente un requerimiento personal y presencial de la autoridad correspondiente para realizar la prueba de alcoholemia y la negativa concreta a practicarla. En el presente caso el reclamado abandonó el lugar de los hechos, pero la Policía o cualquier autoridad legitimada para ello nunca le requirió de la forma anteriormente descrita para realizar tal prueba, por lo que esa conducta no es típica desde el punto de vista penal en nuestra legislación penal.

Respecto al delito de conducción sin el correspondiente permiso o licencia para conducir, en nuestro derecho está previsto y penado en el artículo 384 del Código Penal, respecto del cual el Ministerio Fiscal ha solicitado la denegación de la entrega, lo que esta Sala no comparte, pues si lo es porque no alcanza el mínimo punitivo, ello no es así, pues el citado precepto penal prevé para esta infracción una pena de tres a seis meses de prisión o multa o trabajos en beneficio de la comunidad. El artículo 2 de la Ley de Extradición Pasiva exige, si la finalidad de la misma es el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, que la pena no sea inferior a cuatro meses de prisión, debiendo entenderse que lo es el máximo previsto para el delito de que se trate, aunque la pena mínima sea inferior a esos cuatro meses. Entendemos, pues que concurre el principio de doble incriminación y mínimo punitivo.

Y también concurren estos principios, por las mismas razones anteriormente señaladas respecto al delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas, artículo 379.2 del Código Penal, que se castiga con la pena de tres a seis meses de prisión o multa o trabajos en beneficio de la comunidad, si bien hay que discrepar con el Ministerio Fiscal en el sentido de que la descripción de los hechos que se hace en la sentencia suiza de primera instancia no serían constitutivos de un delito de conducción temeraria del artículo 380.1 y 2, pues no consta que se hubiera puesto en peligro concreto la vida o la integridad de alguna persona, tal y como exige el precepto, sino que tan solo impactó con un semáforo.

Por todo ello