Auto Penal 1453/2025 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 21, Rec. 409/2025 de 25 de agosto del 2025

Primero.El auto de 11 de agosto de 2025 que se recurre en apelación acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza de Armando en el marco de las Diligencias Urgentes 453/2025 por su presunta participación en unos presuntos delitos de robo con violencia, extorsión, coacciones, amenazas y lesiones cometidos presuntamente contra el denunciante, el Sr. Pedro Antonio. Dicha medida fue acordada tras la celebración de la comparecencia prevista en la LECr, en la que el Ministerio Fiscal solicitó la adopción de la medida. El auto recurrido considera que existen indicios fundados de la comisión de los delitos mencionados, derivados de los datos contenidos en el atestado policial, la declaración del denunciante, el parte médico de lesiones, capturas de pantalla de mensajes amenazantes, y conversaciones de WhatsApp que evidencian una dinámica de intimidación, violencia y exigencia de datos bancarios para la presunta comisión de estafas bancarias. Describe el auto recurrido que el investigado, junto con otros individuos, introdujo por la fuerza al denunciante en un vehículo, lo trasladó a una zona apartada, donde fue agredido físicamente y despojado de dinero y tarjetas de crédito. Posteriormente, el investigado lo habría obligado a subir a su domicilio para obtener más tarjetas, bajo amenazas de muerte dirigidas también a su familia. En cuanto a las finalidades perseguidas por la medida, el auto recurrido aprecia riesgo de fuga, reiteración delictiva y peligro para los bienes jurídicos de la víctima, en atención a la gravedad de los hechos, la reiteración de conductas similares, la existencia de antecedentes penales en Francia, y la falta de arraigo suficiente. Por ello, reputa que la medida de prisión provisional, comunicada y sin fianza es la medida idónea, necesaria y proporcionada para salvaguardar el buen fin del proceso, sin que otras menos lesivas puedan tener igual efectividad.

Segundo.La defensa del investigado ha interpuesto contra el anterior auto un recurso de apelación directo en el que alegó, en primer lugar, que no existían indicios racionales de criminalidad para la adopción de la medida. En efecto, afirma que los hechos descritos no permiten subsumir la conducta en los delitos de robo con violencia ni extorsión, y que únicamente podrían constituir un delito leve de lesiones, apoyado por el parte médico. Este motivo, en síntesis, denuncia que el auto se basa en meras sospechas, sin prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. En segundo lugar, sostiene el recurso que no existe riesgo de fuga, pues el el investigado tiene nacionalidad española, reside en Vic desde 2008 con su madre y hermanos, y tiene retirado el pasaporte, lo que excluye el riesgo de elusión de la acción de la justicia. En tercer lugar, no existe el riesgo de reiteración delictiva o de atentado contra los bienes jurídicos de la víctima, pues niega que existan amenazas hacia la familia del denunciante, y se destaca que este último ha manifestado su intención de residir fuera de España por motivos profesionales. Finalmente, denunció la vulneración del principio de proporcionalidad y subsidiariedad de la medida al no valorarse medidas alternativas menos gravosas, como la comparecencia periódica o la prestación de fianza, conforme al artículo 502.2 LECR.

El Ministerio Fiscal se ha opuesto al recurso y ha solicitado su desestimación, con la consiguiente confirmación de la resolución recurrida cuyos fundamentos estimaba totalmente ajustados a Derecho. En su opinión, existen fundados indicios racionales de criminalidad al considerar que el relato del denunciante, corroborado por el parte médico, los audios y mensajes de WhatsApp, y el contenido del atestado, permiten inferir la comisión de los delitos imputados, conforme al juicio indiciario exigido en fase inicial del procedimiento. Afirma que existe un riesgo de atentado contra bienes jurídicos de la víctima, al destacar a intensidad y reiteración de las amenazas, el hostigamiento continuado, y el impacto psicológico en el denunciante, que ha visto afectado su rendimiento profesional. También los hay de reiteración delictiva, pues el investigado presenta múltiples antecedentes por delitos contra el patrimonio, y que los hechos descritos evidencian una dinámica delictiva habitual, con captación de terceros para la comisión de estafas.

Tercero.Antes de analizar los motivos de impugnación presentados contra el auto recurrido, resulta necesario que esta Sala exponga de manera concisa los requisitos constitucionales y legales que deben cumplirse para decretar la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Española (CE), posee la naturaleza de derecho fundamental universal, al estar reconocido en diversas declaraciones internacionales de derechos. Ejemplos de ello son los artículos 1 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 5.1 del Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estas disposiciones establecen que toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad, y que la prisión preventiva de los sujetos sometidos a proceso penal no debe ser la norma general. Sin embargo, su libertad puede ser limitada o condicionada mediante garantías que aseguren su comparecencia en el juicio o en cualquier momento del proceso, y siempre para la ejecución de la sentencia.

Partiendo de la premisa establecida en la sentencia del Tribunal Constitucional ( TC) 14/2000, rec. 3265/1999, ECLI:ES:TC:2000:14, basada en una interpretación consolidada desde el fallo del TC 41/1982, y cuya doctrina se recoge en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, es importante recordar que la situación ordinaria del imputado en espera de juicio no implica la aplicación automática de una medida cautelar. Esto se desprende de la plena vigencia en nuestro ordenamiento de dos derechos fundamentales: el derecho a la libertad personal ( artículo 17.1 CE) y el derecho a la presunción de inocencia ( artículo 24.2 CE) .

El Tribunal Constitucional explica además que la prisión provisional se encuentra en un equilibrio entre el deber del Estado de perseguir eficazmente los delitos y el deber de garantizar la libertad de los ciudadanos. Aunque comparte similitudes con las penas privativas de libertad en cuanto a principios que las rigen, como los aspectos materiales, se distinguen por la falta de condena en el caso de la prisión provisional. El sujeto sometido a ella mantiene la presunción de inocencia. El TC también subraya que el derecho a la presunción de inocencia tiene una doble dimensión: como regla de trato y como regla de juicio. La primera garantiza un tratamiento igual al de cualquier no condenado, mientras que la segunda se relaciona con la aplicación de la medida cautelar en situaciones donde la acusación tenga un fundamento razonable.

En la interpretación de la legalidad y la necesidad para adoptar la medida de prisión provisional, conforme a la jurisprudencia reiterada del TC (cabe citar, entre otras, las sentencias STC 128/1995, STC 47/2000, STC 29/2001, STC 60/2001, STC 23/2002, STC 138/2002), se establece que la prisión provisional es una medida cautelar de carácter excepcional, subsidiaria, provisional y debidamente justificada. Su adopción se basa en la necesidad de asegurar el correcto desarrollo del proceso penal en el que se implanta la medida, con un énfasis especial en garantizar la comparecencia del imputado en el juicio y prevenir cualquier intento de obstrucción a su curso normal.

La medida cautelar de prisión provisional, por su carácter excepcional y restrictivo de derechos fundamentales, únicamente puede acordarse cuando concurren los presupuestos establecidos en el artículo 503 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECR) , que exige su aplicación con sujeción a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En síntesis, de conformidad con dicho precepto (cuya extensión no aconseja su mera transcripción) para que proceda su adopción deben concurrir cumulativamente los siguientes requisitos:

1.- La gravedad suficiente del delito investigado, que debe estar castigado con pena privativa de libertad cuyo máximo sea igual o superior a dos años. No obstante, la pena podrá ser de inferior duración si el investigado tiene antecedentes penales no cancelados por delito doloso, aun cuando la pena prevista sea inferior.

2.- La existencia de indicios racionales de criminalidad, es decir, que de las diligencias practicadas se desprendan motivos bastantes para considerar al investigado como probable autor o partícipe del delito.

3.- La finalidad constitucionalmente legítima de la medida cautelar, que debe estar orientada a: a) asegurar la presencia del investigado en el proceso ante riesgo de fuga; b) evitar la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba relevantes; c) prevenir que el investigado actúe contra bienes jurídicos de la víctima; o d) impedir la reiteración delictiva, cuando existan antecedentes o circunstancias que lo justifiquen.

En cualquier caso, estos requisitos deben ser entendidos a la luz de la jurisprudencia constitucional, exigiendo en particular la presencia de un fin constitucionalmente legítimo para acordar la medida ( STC 47/2000 de 17 de febrero, rec. 889/1996, ECLI:ES:TC:2000:47). Tales fines deben considerarse aquellos que buscan evitar la sustracción del imputado a la acción de la Administración de Justicia, la obstrucción de la instrucción penal y, en un plano distinto pero relacionado, la reiteración delictiva ( STC 128/1995, de 26 de julio, rec. 993/1995, ECLI:ES:TC:1995:128). Estos fines están detallados en el artículo 503.1.3 LECr. Como toda restricción de un derecho fundamental, la medida debe estar respaldada en primer lugar por un fin constitucionalmente legítimo y, en segundo lugar, debe cumplir el canon de proporcionalidad. Este último requisito implica la verificación sucesiva de tres aspectos: a) que la medida sea idónea o adecuada para alcanzar los fines perseguidos; b) que sea necesaria, es decir, que no existan medidas menos restrictivas para los principios y derechos constitucionales en juego; y c) que sea proporcionada en sentido estricto, evitando desequilibrios excesivos entre la restricción y la satisfacción de los fines buscados.

La adopción o el mantenimiento de la prisión provisional solo debe realizarse con fundamentación sólida, razonada, completa y en consonancia con sus objetivos. En este sentido, la decisión que la adopta debe cumplir con los siguientes aspectos: a) ser suficiente en cuanto abarque todos los aspectos que respaldan y justifican la medida; b) ser razonada al expresar el proceso lógico que justifica la aplicación de las exigencias constitucionales en el caso específico; c) ser proporcionada, es decir, debe haber sopesado los derechos e intereses en conflicto de manera menos gravosa para la libertad; y d) ser reforzada, especialmente en lo que respecta a la libertad personal ( SSTC 128/1995 y 204/2000).

Cuarto.La prisión provisional se origina en un contexto donde la responsabilidad de la persona bajo debate aún se encuentra incierta, y su derecho fundamental a la presunción de inocencia permanece intacto. En este contexto, para justificar la privación preventiva de la libertad, es esencial que se sustente en fundamentos razonables, es decir, en la presencia de indicios racionales de criminalidad que generen sospechas plausibles de responsabilidad criminal en la persona afectada por la medida ( SSTC 35/2007 y 128/1995). Esto implica realizar una evaluación de la probabilidad de responsabilidad penal que no necesariamente depende de las pruebas disponibles para el juicio. En términos procesales, se conoce como "apariencia de buen derecho" (fumus boni iuris), que justificaría la adopción de la medida cautelar si se cumplen los requisitos establecidos en el art. 503.1 LECR: a) indicios de la comisión de un delito sancionado con una pena máxima superior a dos años de prisión, o inferior si el investigado tiene antecedentes penales por delito doloso no cancelados o susceptibles de cancelación; y b) motivos o razones suficientes, tal como se han descrito previamente, para considerar al investigado responsable desde el punto de vista penal.

En principio, como nos recuerdan la STC 9/1994, de 17 de enero, rec. 2011/1992, ECLI:ES:TC:1994:9 y STS, Sala 2ª, 947/2012, de 28 de enero, rec. 1402/2012, ECLI:ES:TS:2012:8039 ha de seguirse un concepto restrictivo en lo relativo al concepto de pena en abstracto imponible como límite de la prisión preventiva, de modo que lo que prime sea una interpretación en beneficio del reo, en tanto estamos ante una restricción de un derecho fundamental. Por tanto, el concepto de pena abstracta aplicable como límite para acordar la prisión preventiva se refiere al marco punitivo genérico susceptible de ser aplicado al investigado en función de los indicios existentes, es decir, debe tenerse en cuenta la pena máxima que podría imponerse y, en ello, es trascendental apreciar el grado de participación y de ejecución. No obstante, esta regla general cederá, según el propio art. 503 LECR, a) cuando el investigado posea un antecedente penal no cancelado ni cancelable por delito doloso; b) cuando hayan sido dictadas al menos dos requisitorias para su llamamiento y busca por cualquier órgano judicial en los dos años anteriores; c) cuando la prisión se acuerde para evitar que el investigado pueda actuar contra?bienes jurídicos de la víctima, especialmente si esta es alguna de las personas citadas en el art. 173.2 CP; y d) en caso de riesgo de reiteración delictiva, cuando de los antecedentes del investigado y demás datos o circunstancias que aporte la policía judicial o que resulten de las actuaciones, pueda racionalmente inferirse que aquel viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades delictivas con habitualidad.

En el caso que nos ocupa, tras revisar las diligencias practicadas y el testimonio de particulares elevados para la resolución del recurso, consideramos que se desprenden indicios racionales de criminalidad que permiten atribuir provisionalmente al recurrente su participación en hechos que podrían ser subsumibles en delitos de robo con violencia ( artículos 237 y 242.1 CP) , extorsión ( 243 CP) , coacciones ( artículos 172 CP) , amenazas ( artículo 169 CP) , y lesiones ( artículo 147 CP) . Estos se indicios racionales se infieren, fundamentalmente, de la declaración del denunciante quien relató que el día 9 de agosto de 2025 fue introducido por la fuerza en un vehículo por el investigado y otros individuos por su anterior negativa a participar en un hecho delictivo que se planeaba cometer en una joyería, razón por la que habría recibido mensajes amenazantes del tenor de: «te voy a reventar niñato de mierda, te voy a follar, vas a llorar pidiendo piedad». Posteriormente, fue trasladado a una zona apartada y agredido físicamente mediante puntapiés y golpes con una llave inglesa, lugar donde se le sustrajo dinero en efectivo y tarjetas de crédito, amedrentado por expresiones del tenor de «ara faràs el que et diem, dóna'm el teu accés bancari i les targetes de crèdit». Después, fue obligado a subir a su domicilio para entregar más tarjetas bancarias pues el investigado y sus acompañantes le dijeron «que nosaltres manem aquí fill de puta, ¿et penses que t'escaparàs de mi? Apunyalarem a la teva mare i a la teva germana petita».

Esta narración de los hechos se ve corroborada por el parte médico de lesiones (f. 31) y el informe médico-forense obrante en autos (sin foliar, antes del atestado policial), que evidencian unas lesiones (hematoma a la altura temporo-parietal izquierda con laceración no sangrante, y dolor a la palpación en el hombro izquierdo, sin deformidad) compatibles con el relato de los hechos. Consta, igualmente, capturas de pantallas de mensajes del sistema de mensajería Whatsapp (f. 36-70) en los que se aprecia cómo el investigado habría proferido amenazas graves contra el denunciante y su familia, y da instrucciones para realizar operaciones bancarias presuntamente fraudulentas. Este último extremo se engarza con las manifestaciones del denunciante sobre hechos anteriores, en los que habría sido coaccionado para facilitar datos bancarios propios y de terceros, con el fin de cometer estafas, lo que se ve corroborado por el contenido de las conversaciones aportadas. Obra en el atestado, además, el informe policial del día de los hechos que dieron lugar a la formación de las diligencias, en las que los agentes actuantes pudieron escuchar las amenazas proferidas por el investigado contra el denunciante mientras era atendido en el servicio de urgencias el día 9 de agosto de 2025 y tuvo que ser escondido dentro de un box por el servicio de seguridad ante la presencia de personas que pretendían agredirlo (f. 12). Esas expresiones intimidatorias fueron «dónde estás? Espabila que te esperamos», «tampoco te hemos hecho tanto, o vienes o pincharemos a tu hermana y a tu madre».

Estos elementos permiten inferir, conforme al juicio indiciario provisional exigido en fase inicial del procedimiento, la existencia de una dinámica delictiva continuada, con empleo de violencia e intimidación, y con afectación directa al patrimonio y a la integridad física y moral de la víctima, con una certeza que alcanza el grado de verosimilitud, de modo que no nos hallamos ante meras sospechas o conjeturas. La concreta calificación jurídico penal de los hechos está pendiente de determinarse, la concurrencia de los indicios racionales de criminalidad por la comisión del supuesto delito de robo con violencia de los artículos 237 y 242.1 CP castigado con penas de prisión que alcanzan los cinco años, permiten tener por satisfecho el requisito de la apariencia de buen derecho.

Quinto.Una vez establecida la presencia de la "apariencia de buen derecho" como requisito que autoriza la adopción de la medida cautelar, es crucial determinar si existe el denominado "peligro por la mora procesal" (periculum in mora). Este concepto se refiere a si la demora en el procedimiento podría poner en riesgo ciertos fines establecidos por la normativa, cuya prevención requiere la implementación de la medida procesal como la única medida adecuada, necesaria y proporcionada. La prisión provisional nunca debe perseguir fines punitivos, anticipar la pena, impulsar la instrucción sumarial o generar alarma social. El TC ha señalado que la resolución judicial que limita la libertad debe expresar no solo el objetivo de la medida, sino también la relación entre la medida cautelar y dicho objetivo. Además, la prisión provisional tiene carácter excepcional y debe someterse a estrictos criterios de necesidad y subsidiariedad, lo que implica que debe ser la medida más eficaz y que no haya otras de menor intensidad coactiva disponibles. En última instancia, es necesario sopesar las circunstancias personales del imputado, las del caso, los objetivos de la prisión provisional y los principios de necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad y utilidad que son aplicables a todas las medidas que limitan derechos fundamentales.

El auto recurrido alude a la concurrencia de un riesgo de fuga, que debemos entender como la probabilidad razonable y fundada de que el investigado o acusado en situación de libertad eluda la acción de la justicia y no comparezca al proceso penal en el que figura como parte pasiva. No se trata simplemente de advertir la posibilidad de que el investigado pueda huir del territorio español a la vista de las circunstancias concurrentes, sino también de que exista una posibilidad razonable de que el investigado se ponga en una situación de paradero desconocido o de clandestinidad, de modo que se cause la crisis del proceso penal e imposibilitar su avance ante la incomparecencia del mismo cuando esta es requerida. Específicamente a los efectos de valorar la concurrencia o no de riesgo de fuga, la citada STC 128/1995, de 26 de julio, ha precisado que el mismo puede venir determinado en primer lugar por la gravedad de la pena que pueda imponerse en el caso de que se dicte sentencia condenatoria, puesto que a mayor gravedad de la pena más intensa cabe presumir la tentación de la huida, y mayor será el perjuicio que sufrirían los fines perseguidos por la Justicia; pero que han de tenerse en cuenta igualmente las circunstancias personales del inculpado y las que concurren en el caso enjuiciado. Por ello, el TC ha considerado que no son ajenos a la motivación para la consecución de los fines de la prisión provisional, especialmente para el riesgo de fuga, datos objetivos como la gravedad del delito imputado y el estado de tramitación de la causa, sin olvidar que es preciso distinguir dos momentos procesales diferentes en cuanto a la ponderación de estas circunstancias: a) por un lado, el momento inicial en que se adopta la medida y, b) por otro, los eventuales pronunciamientos sobre su mantenimiento o prórroga, una vez transcurrido el tiempo. Si en un principio cabe admitir una motivación basada únicamente en datos objetivos como la gravedad del delito y de la posible pena, el transcurso del tiempo en la aplicación de la medida exige que se ponderen de modo más individualizado las circunstancias personales del investigado y las del caso concreto. No obstante, lo que en ningún caso puede perseguirse con la prisión provisional son fines punitivos o de anticipación de la pena, o fines de impulso de la instrucción sumarial para propiciar la obtención de pruebas consistentes en la declaración de imputados ( STC 140/2012 de 2 de julio, rec. 3464/2009, ECLI:ES:TC:2012:140), o la existencia de alarma social ( STC 47/2000 de 17 de febrero, rec. 889/1996, ECLI:ES:TC:2000:47)

La STC 47/2000, de 17 de febrero, determina que "es preciso que la resolución judicial limitativa de la libertad personal exprese no sólo el fin perseguido con la misma sino también la relación existente entre la medida cautelar adoptada y el fin perseguido, es decir, ha de expresar hasta qué punto la misma es útil a los fines perseguidos en el caso concreto"(Fundamento Jurídico 8º). Por el otro lado, el Tribunal Constitucional ha precisado también que la prisión provisional tiene carácter excepcional ( SSTC 9/1994, de 17 de enero y 305/2000, de 11 de diciembre), lo que implica que "queda supeditada en su aplicación a una estricta necesidad y subsidiariedad que se traduce tanto en la eficacia de la medida como en la ineficacia de otras de menor intensidad coactiva"( STC 128/1995, de 26 de julio). En definitiva, deben ponderarse las circunstancias personales del imputado, las que concurren en el hecho, las finalidades pretendidas por la prisión provisional y los principios de necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad y utilidad que son aplicables, según reiteradísima doctrina del Tribunal Constitucional, a todas las medidas que restrinjan derechos fundamentales.

Uno de los criterios fundamentales para valorar el riesgo de fuga a la hora de decidir sobre la adopción o el mantenimiento de la prisión provisional es el arraigo personal, familiar, social o laboral. Este supone la existencia de un grado de vinculación intenso, estable, real y efectivo que la persona mantiene con su entorno social, familiar o laboral inmediatos, que se infiere de elementos objetivos que pueden ser introducidos en el juicio de ponderación del riesgo de fuga, de modo que disminuyen las probabilidades de que el investigado eluda la acción de la Justicia, lo que convertiría en la medida cautelar de la prisión provisional como innecesaria y desproporcionada.

Se trata de un criterio de apreciación casuística, que depende ineludiblemente de las circunstancias concretas y específicas de cada investigado, que se concreta en diversos factores y tipos de arraigo, pero que debidamente valorado en atención a las particularidades del caso, permite entender que genera nexos, obligaciones jurídicas o situaciones de hecho de tal intensidad que su mantenimiento mediante la presencia del investigado es preferible a su quebrantamiento por el pase voluntario a una situación de clandestinidad, o bien por una fuga materialmente ejecutada. El arraigo ha de ser valorado en su conjunto y no de modo aislado, de modo que no será suficiente con que el investigado tenga una residencia fija o trabajo estable, si, además, concurren otros factores que incrementen el riesgo de fuga. La valoración del arraigo como elemento neutralizador del riesgo de fuga ha de ser global y ponderada, considerando tanto la gravedad de las penas a imponer y del delito investigado, como las demás circunstancias puestas de manifiesto mediante elementos objetivos.

Así, el arraigo personal y familiar se pondrá de manifiesto por la existencia de una residencia estable y conocida, especialmente si es compartida con familiares directos, siempre que se trate de relaciones reales, efectivas y con un genuino contenido de asistencia emocional o económico, lo que supondrá que existen familiares cercanos que dependen emocional, asistencial o económicamente del investigado. La existencia de una residencia fija es un indicio de arraigo, pero, por sí solo, no resulta concluyente si no se añaden otras circunstancias como la existencia de familiares o personas cercanas dependientes del investigado. No obstante, el arraigo familiar puede ser insuficiente si concurren otras circunstancias, como antecedentes previos de fuga, quebrantamiento o desobediencia de órdenes judiciales (comparecencias periódicas, prohibiciones de salida del territorio nacional, prohibiciones de aproximación o comunicación...), así como la presencia de medios económicos o una estructura organizativa que permitan fácilmente la elusión de la acción de la Justicia.

El arraigo laboral se podrá inferir de la existencia de una relación laboral estable, real, prolongada, formal, y con cumplimiento de sus formalidades legales. Un empleo indefinido suscrito contractualmente, con la existencia de un pago de retribuciones real y efectivo, dado de alta en el régimen correspondiente, y con el pago de los impuestos y cotizaciones legalmente procedentes, reduce de modo significativo el riesgo de fuga, de un modo mucho mayor cuando el contrato tiene cierta antigüedad que si nos hallamos ante trabajos precarios o al margen del mercado laboral ordinario.

Finalmente, el arraigo social, que incluye la pertenencia a una comunidad, redes sociales o actividades culturales o deportivas, puede reforzar los vínculos del investigado con el entorno que le rodea, y rebajar el riesgo de fuga que se aprecie. No obstante, entendemos que este criterio de arraigo es complementario a los anteriores para reforzarlos.

En el caso que nos ocupa, la defensa ha invocado el arraigo del recurrente, que reside en Vic desde el año 2008 junto a su familia. Sin embargo, como correctamente aprecia el auto recurrido, se constata un riesgo de fuga que, en este momento procesal, se infiere, en primer lugar, de las elevadas penas de prisión que podrían imponerse al recurrente, que suponen hasta cinco años de prisión sólo por el delito de robo con violencia y sin perjuicio de la calificación del resto de los hechos investigados ( art. 242.1 CP) , sin que conste ningún tipo de arraigo u otra circunstancia personal que minore tal riesgo. El recurrente tiene de residencia legal en España, pero, a pesar de tener un domicilio conocido, carece de arraigo en tanto no se ha acreditado ocupación laboral o académica, o que sus familiares dependan de su presencia física, de modo que el arraigo familiar sirva como un efectivo contrapeso a la tentación de fuga que se infiere de la gravedad de las penas que pudieran imponerse, máxime cuando el enjuiciamiento de la causa está próximo a la vista de su tramitación como diligencias urgentes.

La posibilidad de fuga, que ha de entenderse referida a la posibilidad de ponerse voluntariamente en situación de clandestinidad, ya sea en territorio español o en cualquier otro lado, no resulta inverosímil ante situaciones como la que nos ocupa al no existir ningún tipo de arraigo que sirva para neutralizar el riesgo de fuga que objetivamente apreciamos por la entidad de la pena a imponer, así como por la existencia de antecedentes penales en vigor por la comisión de un delito de tráfico de drogas en Francia, lo que evidencia movilidad internacional y posibilidad de sustraerse a la acción de la Justicia.

Se aprecia, igualmente, que concurre la finalidad de evitar el riesgo de reiteración delictiva y de protección de la víctima. Esta finalidad tiene un delicado encaje constitucional, especialmente en relación con la presunción de inocencia proclamada en el art. 24.2 CE. En cualquier caso, de la STEDH 12718/87 de 12 de diciembre de 1991, caso Clooth vs. Bélgica, ya señaló que la privación provisional por el peligro de repetición de infracciones penales exige no sólo un pronóstico de probabilidad futura de comisión de nuevos hechos delictivos, sino que ha de tratarse de infracciones comparables por naturaleza y gravedad. En concreto, el riesgo de reiteración delictiva ha de ser concreto y fundado en hechos objetivos, sin que podamos dar cabida a meras suposiciones o valoraciones abstractas. Por ello, han de existir datos claros y específicos de la existencia de una alta probabilidad de delinquir, de modo que el investigado supone un peligro real y actual para la sociedad o las víctimas del delito investigado. De esta manera, en los delitos violentos o de especial peligrosidad, podemos inferior el riesgo de reiteración si existen antecedentes previos, o bien señales de persistencia en la conducta delictiva, mientras que, en los delitos económicos, podemos valorar la necesidad de reiteración que se vincula a la obtención de beneficios económicos.

Para ello, examinaremos la existencia de antecedentes penales previos como indicios muy relevantes, así como la conducta del investigado puesta de manifiesto en antecedentes policiales, porque una actividad ordinaria decrece una posibilidad de reiteración que, sin embargo, se aumenta en los casos de carencia de medio lícito de vida. Resulta especialmente relevante la conducta durante el propio proceso, así como el grado concreto de planificación del delito investigado y la posible pertenencia a un grupo organizado, que incrementa la probabilidad de reiteración. En cualquier caso, cuando existe una víctima identificada, el riesgo de reiteración delictiva se vincula también con el riesgo para la integridad de la víctima.

Ciertamente, hemos de ser particularmente cuidadosos en la valoración de la concurrencia de este riesgo, pero ello no implica necesariamente que deban valorarse sólo la concurrencia de sentencias condenatorias firmes porque el propio art. 503 LECR no lo exige expresamente. En nuestra opinión, es suficiente la concurrencia de indicios bastantes y con la relevancia suficiente que permitan realizar un juicio pronóstico con un grado de certeza rayano en la probabilidad sobre la futura comisión de hechos delictivos, juicio de probabilidad de similar naturaleza que la existencia de un riesgo objetivo del art. 544.bis LECR. El art. 503.2 indica expresamente que para valorar «la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer»,así como que no se aplica el límite del art. 503.1.1º «cuando de los antecedentes del investigado o encausado y demás datos o circunstancias que aporte la Policía Judicial o resulten de las actuaciones, pueda racionalmente inferirse que el investigado o encausado [...] realiza sus actividades delictivas con habitualidad».

En el caso que nos ocupa, este juicio es positivo. El recurrente tiene nueve antecedentes policiales entre el 12 de febrero de 2024 y el 22 de julio de 2025 por delitos de robo con fuerza, atentado, resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, robo o hurto de uso de vehículo, allanamiento de morada, violencia física o psíquica habitual en el ámbito familiar, lesiones, conducción temeraria, falsedad documental, y estafas con tarjetas bancarias. En su hoja histórico penal obran antecedentes penales firmes por un delito de tráfico de drogas cometido en Francia el 19 de marzo de 2024 y figura como investigado por delitos de conducción temeraria, robo con fuerza en las cosas, falsedad documental y resistencia o desobediencia a la autoridad y sus agentes. Consta acreditada indiciariamente la comisión de hechos delictivos similares con habitualidad, por lo que podemos sostener la concurrencia de este riesgo, especialmente cuando se objetiva que el modus vivendidel recurrente es la comisión de ilícitos patrimoniales ante la carencia de un modo de vida lícito conocido y la situación irregular del recurrente, que le impide el acceso al mercado laboral.

Además, las actuaciones ponen de relieve una conducta de hostigamiento continuado, con amenazas explícitas y reiteradas, y una dinámica delictiva que se extiende desde junio hasta agosto de 2025, lo que permite apreciar un riesgo relevante de reiteración delictiva y de represalias contra la víctima que hacen necesaria su protección.

La concurrencia de este riesgo de fuga con la ausencia de cualquier tipo arraigo familiar, laboral o social de la suficiente entidad, junto el riesgo de reiteración delictiva y la necesidad de proteger a la víctima, permiten considerar a la medida acordada como necesaria, idónea y proporcionada, sin que otra medida cautelar sea capaz de prevenir simultáneamente las tres finalidades que pretendemos salvaguardar con la misma eficacia, pero menor lesividad para los derechos fundamentales del recurrente. En particular, resulta ilusorio pretender asegurar todas ellas con las medidas propuestas, especialmente la protección de la víctima por la intensidad de la conducta imputada, la reiteración de la misma, la afectación directa e indirecta (familiares a la víctima) y por la concreción de las amenazas en agresiones físicas como la padecida el día 9 de agosto de 2025, e, incluso, el seguimiento hasta las mismas Urgencias del Hospital de Vic que hizo necesario proteger al denunciante dentro de un box para evitar males mayores. Por ello se desestimará el recurso interpuesto, con la consiguiente confirmación de la resolución recurrida.

Toda esta consideración previa no excluye la posibilidad de presentar nuevamente la solicitud de libertad en cualquier momento. Esto permitirá que dicha petición pueda ser evaluada con total independencia por parte del instructor, considerando elementos que podrían diferir de los que se tomaron en cuenta en la situación actual. Estos factores adicionales podrían incluir, por ejemplo, el nivel de avance de la investigación, su conclusión o la eventual demora injustificada en el proceso, así como la presentación de nuevos elementos para evaluar tanto el arraigo como la posibilidad de reiteración delictiva.

Es importante tener en cuenta que la medida cautelar de prisión provisional se mantendrá por el tiempo necesario para alcanzar cualquiera de los fines contemplados en el artículo mencionado anteriormente. Asimismo, esta medida continuará en vigor mientras persistan los motivos que originaron su adopción. Además, es relevante señalar que esta medida puede ser modificada en cualquier fase del procedimiento (de acuerdo con los artículos 504.1 y 539 de la LECR) , lo que significa que puede ser ajustada o alterada a medida que se desarrolla la causa.

Sexto.De conformidad con los arts. 239 y 240 LECR, han de declararse de oficio las costas generadas por la tramitación del recurso de apelación en tanto no se aprecia mala fe o temeridad en su interposición.

Vistos los preceptos legales citados, y por las razones expuestas, nos corresponde dictar la siguiente decisión