Auto Penal 862/2025 Audiencia Provincial Penal de Murcia nº 3, Rec. 687/2025 de 25 de septiembre del 2025

PRIMERO.El procedimiento de diligencias previas 532/2019 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de Lorca se inició con base en la querella interpuesta por Iván contra Simón (alcalde de Águilas desde el año 2011 hasta 2015), contra Adela (alcaldesa de Águilas hasta el momento de interposición de la querella), Leoncio (antiguo secretario del Ayuntamiento de Águilas), Norberto (portavoz del Grupo Socialista, y antiguo teniente alcalde) y Gregorio (presidente de Cruz Roja Águilas), así como contra CRUZ ROJA ESPOÑOLA comité local en Águilas. En síntesis, la querella relata la supuesta ilegalidad de sucesivos convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de Águilas y la entidad Cruz Roja Española de Águilas, que se habrían empleado para eludir la aplicación de las prescripciones de la Ley de Contratos del Sector Público, con pleno conocimiento por parte de los querellados de la flagrante ilegalidad del procedimiento seguido.

Admitida a trámite la querella y practicadas diversas diligencias de investigación (entre otras, la declaración de los querellados), por auto de 26 de septiembre de 2023 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de Lorca se acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones. El auto parte de la consideración de que la prestación de los servicios de vigilancia y salvamento en las playas de Águilas, por su objeto, debería haberse llevado a cabo a través de un contrato administrativo, y no a través de la fórmula del convenio; de modo que constata la infracción de la legalidad administrativa. No obstante, atendiendo al bien jurídico tutelado por el delito de prevaricación (correcto ejercicio de la función pública de acuerdo con los parámetros constitucionales) sostiene el auto que para la apreciación del delito no basta con la mera ilegalidad, sino que, según reiterada jurisprudencia, se requiere una contradicción con el ordenamiento jurídico "patente y grosera", de modo que se trate de una resolución que desborde la legalidad "de modo evidente, flagrante y clamoroso", que no pueda explicarse con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable. Además, se destaca la necesidad del dolo directo, que vendría exigido por la expresión "a sabiendas". Pues bien, partiendo de lo expuesto, se considera que no concurren los elementos del tipo porque, por un lado, no se aprecia esa contradicción grosera y flagrante; ni, por otro, el conocimiento de la arbitrariedad de la resolución. En concreto, se emplean los siguientes argumentos:

Por el Secretario del Ayuntamiento e investigado Leoncio, precisamente se informó correctamente de que el tramite adecuado era la licitación según la LCSP y precisamente debido a dicho informe al que se acogieron Adela Y Norberto es que, precisamente se actuó de conforme a la legalidad en aquel momento (se inicia el expediente de contratación para 2018) y se sigue actuando conforme a la misma actualmente.

Que posteriormente se recomendara y así se efectuara por las Autoridades aquí querelladas el desistimiento de la licitación resulta razonable, por la concurrencia de las dos razones que se han aportado, el escaso tiempo para que la contratación pudiera estar cerrada a fecha de inicio de la temporada de verano y el hecho de que Cruz Roja quisiera hacer valer su Convenio que consideraba prorrogado. Sin que plazos de tres y cinco meses en el retraso del inicio de la tramitación administrativa, sean plazos de los que conforme a la actuación ordinaria de las Administraciones públicas puedan deducirse intencionalidad en los mismos.

Respecto a esto último, igualmente que por el técnico querellado se informara en el sentido de considerarse que el Convenio estaba prorrogado, lo que además indica es a efectos formales, no es para este instructor ningún acto ajeno a la legalidad, es una opinión fundada que puede o no ser compartida técnicamente, pero ni mucho menos resulta disparatada ni absolutamente ajena a la normativa, pues es evidente que el Convenio era necesario denunciarlo y ello requiere de unos trámites que efectivamente podría haber llevado a que se iniciase la temporada de verano sin ninguna entidad que prestase el servicio, con el enorme perjuicio para la ciudadanía que eso representaría, concretamente en cuanto a su seguridad.

Menos reprochable resulta al resto de querellados que actuasen conforme a dicho informe que contiene la argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable exigida para excluir el delito.

Esto nos lleva al cuarto de los requisitos expuestos, la exigencia de la injusticia de la resolución, el resultado materialmente injusto no se da en este caso, no se acredita en modo alguno que la oferta del querellante fuera más beneficiosa que la de Cruz Roja, no basta para ello la cuestión del precio, mínima además, no hay perjuicio alguno para la ciudadanía, todo lo contario, gracias a la actuación se logró salvar el servicio ese año.

Por último, el elemento subjetivo y el conocimiento de no actuar conforme a Derecho. De lo expuesto queda claro, que no considero contraria a Derecho la actuación del técnico, pero mucho menos la del resto de querellados, no puede exigirse a ninguna de las Autoridades querelladas, conocimiento sobre la ilegalidad del modelo de contratación, cuando se ha hecho así durante años y además se informa por los técnicos sobre el modo de actuar y se actúa conforme a ese modelo. Ni puede servir como base de la imputación los informes de un técnico, algunos hechos de motu propio y disconforme con la asignación de gasto para Protección Civil, funcionario del grupo C2 con titulación de Graduado escolar, que sin menosprecio de su labor en la parte técnica del asunto, es evidente no son informes a los que en principio deban seguirse jurídicamente. La presunción del querellante sobre que, el Secretario del Ayuntamiento informó con conocimiento en contra de la legalidad, para dar cobertura a su vez a una premeditada actuación ilegal del anterior Alcalde, la actual y el concejal, Simón, Adela Y Norberto no se sostiene sobre indicio alguno objetivo.

Excluida la concurrencia de los elementos típicos del delito de prevaricación, el auto recurrido excluye también el resto de los delitos a los que se refiere la querella. Así, expone lo siguiente:

Lo anterior resulta igualmente aplicable al delito de fraude a la Administración pus no se aprecia el concierto entre un funcionario público y un particular en el ámbito de la contratación administrativa, que necesariamente comportaba defraudar a la Administración, alentado por otra tercera persona.

Asimismo, respecto a la supuesta malversación, el dinero pagado a Cruz Roja organización sin ánimo de lucro, no se destinaron a un fin particular, sino a un fin de trascendencia o interés público, sin que se haya acreditado en modo alguno que el importe destinado a Cruz Roja sea algo más que la contraprestación por los servicios prestados, ni mucho menos que nadie se apropiara de dicho dinero.

Por último, en cuanto a la revelación de secretos, tampoco se aprecia, pues la información obtenida por Cruz Roja, lógicamente se debe a su propia participación en el proceso de licitación.

SEGUNDO.Contra dicho auto se interpuso recurso de reforma por la acusación particular. En síntesis, se defiende la concurrencia de indicios fundados de criminalidad que justifican la continuación de la causa. Se insiste en la flagrante ilegalidad de los convenios suscritos, y en el conocimiento de tal ilegalidad por parte de los querellados; especialmente a partir del año 2018, en que, tras decidir la licitación del servicio, ante el temor de tener que concederlo a una entidad distinta de Cruz Roja, se decide, sobre la base de un informe del secretario del Ayuntamiento, desistir de la tramitación de la licitación en curso y la prórroga del "convenio" que había sido suscrito para el año 2017.

La representación procesal de Simón se opuso al recurso y solicitó su desestimación. Afirma que el investigado fue alcalde de Águilas desde mayo de 2011 hasta mayo de 2015, y sostiene que todos los convenios suscritos durante su mandato se ajustaron a lo que venía haciéndose en el ayuntamiento, sin que nadie le advirtiera de la posible ilegalidad.

La representación procesal de Leoncio y Adela se opuso al recurso y solicitaron su desestimación. Los apelados, sin cuestionar la ilegalidad de los convenios, defendieron los argumentos del auto recurrido, en cuanto a la falta de una contradicción grosera con el ordenamiento jurídico, y del elemento subjetivo típico. En particular, se sostiene que el desistimiento de la licitación y la prórroga del convenio en el año 2018 fue una decisión jurídicamente defendible (por la coincidencia del objeto licitado con el convenio que debía entenderse tácitamente prorrogado), y que el desistimiento en el año 2019 vino impuesto por las demoras del expediente, que impidieron que pudiera estar terminado antes del día 1 de junio, en que debía comenzar la prestación del servicio.

El Ministerio fiscal se opuso al recurso y solicitó su desestimación, por los mismos argumentos del auto recurrido.

La representación procesal del Ayuntamiento de Águilas se opuso igualmente al recurso y solicitó su desestimación, por entender que los mismos argumentos del auto recurrido.

El recurso de reforma fue desestimado por auto de 19 de junio de 2024, por los mismos argumentos del previo auto de sobreseimiento.

Con motivo del traslado conferido al apelante, se reproducen los argumentos del previo recurso de reforma.

El Ministerio Fiscal, así como las representaciones procesales de Simón, y la de Leoncio y de Adela se opusieron al recurso y solicitaron su desestimación.

CUARTO.El auto de sobreseimiento provisional expone, in extenso,y acertadamente, los elementos del delito de prevaricación administrativa. A dicho auto hemos de remitirnos con el fin de evitar repeticiones inútiles.

Además, el auto apelado constata la concurrencia, en los hechos objeto del presente procedimiento, de varios de los elementos del delito de prevaricación; en concreto, el dictado de resoluciones administrativas por parte de autoridades o funcionarios públicos contrarias al ordenamiento jurídico. A saber, diversos convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de Lorca y Cruz Roja, así como diversas resoluciones administrativas en procedimientos de contratación en curso, durante los años 2018 y 2019, para el servicio de vigilancia y seguridad de playas. Y sucede que todas las partes, incluidos los investigados, admiten la ilegalidad de los citados convenios, por entender que, a la vista de su objeto, las correspondientes prestaciones o servicios debieron ser objeto de contrato administrativo, a través del correspondiente procedimiento de contratación

La cuestión que se suscita con motivo del recurso es si, por un lado, nos encontramos -o no- ante resoluciones administrativas que hayan supuesto una contradicción con el ordenamiento jurídico grosera y clamorosa, carente de una explicación jurídica razonable. Y, por otro, si los investigados eran conocedores de tal flagrante ilegalidad.

Ahora bien, para responder a tales preguntas debemos partir del momento en el que el proceso se encuentra, y el estándar probatorio exigible para ordenar la continuación del procedimiento (como exige el recurrente). Como hemos dicho en innumerables ocasiones, cuando se trata de decidir cuál de las resoluciones previstas en el artículo 779 de la LECrim ha de adoptarse, debe partirse de la consideración de que el auto de incoación de procedimiento abreviado solo requiere indicios que pronostiquen cierto éxito en la acción penal; no cabe el debate de todo el material probatorio acumulado, ni de las exigencias últimas de los tipos penales de eventual acusación. Como señala nuestra jurisprudencia (por todas, auto de la Sala II del TS de 31 de julio de 2013, ponente Excmo. Sr. Del Moral) la cota indiciaria exigible para la decisión de continuación del procedimiento por los trámites del abreviado es equiparable a los indicios racionales de criminalidad exigidos por el artículo 384 LECrim para el procesamiento en el procedimiento ordinario. No pueden extremarse en esta fase procesal las exigencias, anticipando valoraciones o conclusiones que solo procederían tras examinar la prueba practicada en el juicio oral. Será en este dónde, en su caso, se dilucidaría, con la aportación de los medios de prueba correspondientes y el análisis completo y combinado de todos ellos, bajo los principios que rigen la vista oral, si esos indicios transformados en pruebas adquieren o no la suficiente capacidad convictiva para fundar o no una condena y de qué tipo.

Proyectando las anteriores consideraciones al delito de prevaricación, debemos señalar que, desde luego, la mera constatación indiciaria de una ilegalidad administrativa no permitiría la prosecución del proceso penal. Pero, en sentido contrario, tampoco puede exigirse para el dictado el auto previsto en el artículo 779.1.4ª de la LECrim, un análisis, hasta sus últimas consecuencias, del nivel de contradicción de la resolución con el ordenamiento administrativo, y la exigencia de que tal contradicción sea de la más alta intensidad; ni la certeza de que los investigados tenían pleno conocimiento de tal contradicción.

Podría decirse que, para ordenar la prosecución del procedimiento, bastaría la constatación, indiciaria, de una infracción grave de la legalidad, que revista una cierta entidad y envergadura; y la apreciación, también indiciaria, de que el sujeto activo pudo haber actuado a sabiendas de tal infracción.

A continuación, examinaremos tales cuestiones que son las únicas que se debaten en el recurso. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, aunque la querella se presenta por hechos que se califican como posiblemente constitutivos de múltiples delitos (prevaricación, fraude en la contratación, malversación y relevación de secretos) los argumentos del recurso se centran en la concurrencia de los elementos del delito de prevaricación, sin rebatir los argumentos del auto recurrido en cuanto a la falta de concurrencia de los elementos de los demás delitos. De modo que, por exigencia del principio de congruencia, limitaremos nuestro análisis a la concurrencia de los elementos del delito de prevaricación administrativa.

QUINTO.A la vista de lo expuesto hasta ahora, estimamos que asiste la razón en parte al recurrente. A título meramente indiciario, consideramos que las diligencias de investigación practicadas permiten sostener que la prórroga del convenio entre el Ayuntamiento de Lorca y Cruz Roja para la prestación de los servicios vigilancia y salvamento en las playas de Lorca acordado en el año 2018, así como el convenio suscrito en el año 2019, previo desistimiento, en ambos casos, de los procedimientos de contratación en curso, pudieron constituir, a título indiciario, actuaciones que supondrían una grave infracción del ordenamiento jurídico-administrativo, y que podrían calificarse como algo más que una mera ilegalidad. Y, además, también a título indiciario, existen motivos para suponer que los investigados pudieran ser perfectamente conocedores de la flagrante ilegalidad en la que incurrían.

Cierto es que hasta el año 2017 (incluido) el servicio de vigilancia y salvamento en las playas de Águilas venía siendo prestado por Cruz Roja, en virtud de convenios de colaboración.

La situación cambia en el año 2018. En fecha 28 de febrero de 2018, el teniente-alcalde ( Norberto) propone a la Alcaldía (como órgano de contratación) el inicio de expediente de contratación, mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto (acontecimiento 100) para el servicio de vigilancia y salvamento. Iniciado el expediente, se elabora el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se prevé como duración del contrato, el de "presencia física en las playas que será del 16 de juliode 2018 al 9 de septiembre de 2018, ambos inclusive" (acontecimiento 102). Publicada en el BORM la convocatoria del procedimiento, y el plazo para la presentación de ofertas, consta que se presentaron ofertas por "Cruz Roja Española" y por "Ambulancias de Lorca y Vigilancia y Rescate. UTE" (acontecimiento 103). El día 13 de abril de 2018 se reúne la mesa de contratación permanente, bajo la presidencia delegada de Norberto (teniente alcalde) para examinar las dos ofertas presentadas, y se concluye solicitando de la Coordinación-Jefatura del Servicio de Emergencia Municipal y Protección Civil la emisión de informe técnico de valoración de las ofertas presentadas en el plazo máximo de diez días hábiles (acontecimiento 104).

Una vez abiertos los sobres, y pendiente la emisión de informe técnico de valoración, se presenta escrito por el representante de Cruz Roja, en fecha 24 de abril de 2018, en el que solicita pronunciamiento sobre la vigencia del convenio de colaboración del año 2017. A la vista de dicho escrito, por la Alcaldía se interesa informe del secretario general del Ayuntamiento de Águilas. Este se emite en fecha 18 de mayo de 2018 (acontecimiento 106), y en él se concluye que el convenio, a falta de acuerdo y de denuncia, debe entenderse prorrogado tácitamente, salvo que se proceda a su revisión de oficio "al haberse seguido prestando los servicios objeto del convenio desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha"; además, en dicho informe se concluye, tajantemente, que "no existe posibilidad de acudir a la figura de convenio en los casos de relaciones de carácter y contenido contractual", como el servicio de vigilancia y salvamento, por lo que se sugiere la denuncia del mismo para evitar la prórroga en el ejercicio 2019, pero, al considerase como instrumento en vigor, y coincidir con el objeto del contrato cuyo expediente está en curso, teniendo en cuenta además la cercanía de las fecha en que debe iniciarse la prestación y las posibles implicaciones presupuestarias, propone desistir de la tramitación del expediente administrativo en curso.

Acogiendo dichos argumentos, por resolución del teniente alcalde firmada el 18 de mayo de 2018 se renuncia a la celebración del contrato y se desiste del procedimiento de adjudicación.

Pues bien, expuestos los acontecimientos (que se deducen de los documentos obrantes en las actuaciones), consideramos que existen indicios fundados de flagrante ilegalidad, que no pudo pasar desapercibida para los intervinientes. Entendemos que la decisión de considerar tácitamente prorrogado el convenio del año 2017, cuya ilegalidad ya era conocida, podría constituir una flagrante infracción del ordenamiento jurídico, y pudo obedecer al propósito, inconfesable, de influir en el resultado de la licitación en curso, cuyas propuestas, por cierto, ya eran conocidas.

Resulta extraordinariamente llamativo que, iniciado el expediente de contratación, por el representante de Cruz Roja no solo no se planteara objeción alguna, por el hecho de estar ejecutándose prestaciones desde el 1 de enero derivadas de un convenio prorrogado; sino que, muy al contrario, se decidiera participar en el proceso, presentando la oportuna propuesta para obtener la adjudicación del contrato. Resulta contrario a las reglas de la lógica y de la experiencia pensar que el representante de Cruz Roja, de estimar que estaba en vigor el convenio de colaboración por haberse prorrogado (y que se estaban ejecutando prestaciones), decidiera participar en un expediente de contratación con idéntico objeto, sin efectuar alegación al respecto. ¿Acaso esa participación no supone indicio más que robusto de que se daba por concluido el convenio de colaboración? Por ello, causa perplejidad que dicho representante viniera a solicitar información sobre la vigencia del convenio (con objeto coincidente con el contrato en cuya licitación había participado) solamente después de conocer que se había presentado otra oferta, que, además, ya había sido examinada por la mesa de contratación.

Pero es que igualmente insólito sería pensar que la Administración hubiera iniciado un expediente de contratación para un servicio coincidente con el que era objeto de un convenio del año anterior, si no es porque dicho convenio se consideraba agotado y no prorrogado. Y resultaría insólito que ninguna objeción se hubiera planteado por el secretario general para el inicio del expediente de contratación.

De modo que, a título meramente indiciario, nos parece más que evidente (notorio para cualquiera, aún sin tener elevados conocimientos jurídicos), que el hecho de que en el año 2018 se iniciara un expediente de contratación por parte del Ayuntamiento, y que concurriera sin objeción la entidad Cruz Roja, es revelador de que para ambas partes (tanto Ayuntamiento como Cruz Roja)el convenio suscrito en el año 2017 no se había prorrogado. Máxime si tenemos en cuenta (y esto es lo más llamativo), que el propio convenio del año 2017 solo prevé la prórroga "previo acuerdo de las partes" (cláusula decimocuarta). No consta que existiera acuerdo entre las partes para la prórroga del convenio con anterioridad al inicio del expediente de contratación, de modo que difícilmente puede considerarse que este se prorrogaba. De hecho, resulta sumamente llamativo el informe del secretario del ayuntamiento que sirve de soporte para la resolución de desistimiento; puesto que, si bien constata que no ha habido acuerdo, da por prorrogado el convenio. El argumento para la prórroga resulta, igualmente, insólito; a saber, la prestación de servicios de vigilancia y salvamento desde el 1 de enero de 2018. Decimos que es insólito porque el convenio solo preveía prestaciones entre los meses de junio y diciembre de 2017, de modo que ninguna actuación se habría podido desarrollar, con base en ese convenio, desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha en la que se emite el informe. Encontramos, también, un claro indicio de la posible conciencia de la ilegalidad en el certificado emitido por el mismo secretario general (acontecimiento 76) relativo a la prórroga del convenio al amparo de la cláusula decimocuarta, la cual cita, pero silenciando la parte que no interesa, atribuyéndole un sentido claramente contrario al que tiene. En efecto, señala el certificado que la cláusula indica, respecto de la duración del convenio, que el mismo tiene una duración de un año natural, "prorrogable por idéntico periodo, salvo que cualquiera de las partes lo denuncie con una antelación mínima de tres meses", dando a entender que se había pactado una prórroga automática salvo denuncia, lo que no es cierto. En realidad, la cláusula indica que el convenio es "prorrogable, previo acuerdo entre las partes, por idéntico periodo, salvo que cualquiera de las partes lo denuncie con una antelación mínima de tres meses"; nótese que, indiciariamente, se ha suprimido convenientemente la expresión "previo acuerdo entre las partes".

Por lo demás, no puede desconocerse que tanto por la alcaldesa como por el teniente alcalde ya se tenía conocimiento de la ilegalidad del convenio suscrito en el año 2017 (porque así se destacaba en el informe del secretario general), de modo que la decisión suponía la prórroga de un convenio ilegal. Tampoco puede acogerse el argumento de la proximidad del inicio de la fecha en que debía comenzar el servicio, dado lo avanzado que se encontraba el expediente de contratación.

Igualmente, se detectan actuaciones administrativas que podrían resultar manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico en el año 2019. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de septiembre de 2018 se denuncia el convenio de colaboración con Cruz Roja (acontecimiento 111), al existir ya la convicción de que dicha fórmula era ilegal. Por resolución de Alcaldía firmada el 28 de febrero de 2018 se aprueba la tramitación de expediente de contratación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para el servicio de vigilancia y salvamente en playas la temporada 2019. Mediante resolución de la Alcaldía firmada en fecha 7 de junio se desiste del procedimiento por entender que la publicación del anuncio de licitación tuvo lugar el 24 de mayo de 2019, finalizando el 11 de junio de 2019, por lo que las prestaciones objeto del contrato no podrían iniciarse en la fecha de 1 de junio. El Pleno de la Corporación Municipal de Águilas, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de julio de 2019, aprobó la celebración de un convenio entre el Ayuntamiento y Cruz Roja para el servido de vigilancia y rescate en playas.

Ciertamente, con conocimiento de lo que había sucedido el año anterior; y con conocimiento, también, de que la fórmula del convenio de colaboración era ilegal para la prestación del servicio de vigilancia y salvamento en las playas, resulta inadmisible que por parte de los responsables de la Administración se haya omitido la diligencia necesaria para la tramitación del correspondiente expediente de contratación con tiempo suficiente para la prestación del servicio. Actuación que, ya de por sí, podría arrojar dudas sobre una posible prevaricación por omisión. Pero es que, además, lo que resulta insólito es que, ya con pleno conocimiento de que la fórmula jamás podría ser la de un convenio de colaboración, sino la de un contrato administrativo, cuando se advirtió la dificultad para concluir el expediente dentro del plazo necesario, no se acudiera a la tramitación urgente; o, incluso, a la tramitación de emergencia para suplir la prestación durante el tiempo imprescindible para concluir el expediente de contratación. Sino que se optara por un nuevo convenio de colaboración con Cruz Roja, a sabiendas de ilegalidad que ello suponía.

Será en el eventual juicio oral donde hayan de quedar cumplidamente acreditados los elementos del delito de prevaricación; también el perjuicio al interés público, que, en casos como este, deriva de la eliminación de la concurrencia, que permite obtener la prestación de los servicios en las mejores condiciones para la ciudadanía. Pero, a título indiciario, como se ha expuesto, entendemos que la actuación sí podría ser constitutiva de, al menos, el delito de prevaricación administrativa.

SEXTO.Hemos dicho que las alegaciones del recurrente habían de ser parcialmente acogidas; y nos hemos referido a las actuaciones administrativas aparentemente ilegales realizadas durante los años 2018 y 2019.

En relación con los convenios de colaboración suscritos con anterioridad, estimamos que existe infracción de las normas administrativas sobre contratación, por cuanto las prestaciones que constituían su objeto (al menos en lo que se refiere al servicio de vigilancia y salvamento marítimo) debían concertarse a través del contrato administrativo, garantizando la posible concurrencia de entidades interesadas. Ahora bien, en línea con lo que exponíamos al inicio, no advertimos actos que constituyan infracciones del ordenamiento jurídico groseras, flagrantes y clamorosas, como sí sucede con las resoluciones administrativas que acuerdan el desistimiento de expedientes de contratación en trámite para acudir, a sabiendas de su ilegalidad (y con variados argumentos no atendibles) a la fórmula del convenio de colaboración. Tampoco existe constancia, indiciaria, de que en el momento de la suscripción de tales convenios existiera, por parte del responsable de la administración, conciencia plena de ilegalidad; al contrario de lo que sucedía a partir del informe del secretario del Ayuntamiento del año 2018.

En consecuencia, dado que no consta que Simón (alcalde de Águilas entre 2011 y 2015) hubiera tenido participación alguna relevante en los hechos ocurridos en 2018 y 2019, no procede revocar el sobreseimiento acordado respecto de él.

Se declaran de oficio las costas de esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.