Auto Penal 698/2024 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 9, Rec. 554/2024 de 26 de agosto del 2024

Primero.El auto recurrido acordó la prisión provisional del recurrente al apreciar indicios suficientes de la comisión de delitos de robo con violencia e intimidación y uso de arma o instrumento peligroso, lesiones, usurpación de funciones públicas, falsedad documental, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal; así como razones fundadas para atribuir su participación en ellos a D. Prudencio. En dicho auto se argumenta y justifica la existencia de los riesgos de fuga, reiteración delictiva y de destrucción de pruebas que justificarían legítimamente la adopción de la medida cautelar de prisión provisional al no poder justificar la aplicación de una medida menos gravosa para el recurrente, pero igualmente eficaz para prevenir dichos riesgos.

La parte recurrente, en primer lugar, expone que el auto de 18 de julio de 2024, que acordó la prisión provisional del recurrente sin comparecencia del art. 505 LECR, era nulo, por lo que se había producido una nulidad radical que afectaba igualmente al auto de 2 de agosto de 2024, respecto del que la primera resolución operaba como título habilitante. Señala que la ratificación de la situación del recurrente no se practicó conforme indica la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. Añadía, además, que el auto era nulo por falta de competencia territorial, dado que al recurrente únicamente se le imputaban los hechos cometidos en Tortosa. Subsidiariamente, expuso que los indicios que se esgrimían ante el imputado no son suficientes para fundamentar la adopción de una medida tan gravosa como la privación provisional de libertad, y el auto recurrido carecía de motivación en cuanto a la viabilidad de exponer medidas menos gravosas, así como tampoco compartía la existencia de riesgo de reiteración delictiva.

El Ministerio Fiscal se opuso al recurso y solicitó su desestimación, al considerar ajustada a Derecho la resolución combatida. En primer lugar, indicó que el dictado de una orden europea de detención y entrega exigía, en cualquier caso, el dictado previo de un auto de prisión. En segundo lugar, apreciaba la concurrencia de indicios racionales de la comisión por su parte de delitos de robo con violencia y uso de instrumento peligro, lesiones agravadas, falsedad en documento oficial, usurpación de funciones públicas, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Finalmente, ante los evidentes, según su opinión, riesgos de fuga y de reiteración delictiva, era procedente la prisión preventiva del recurrente ante la inexistencia de medidas menos gravosas pero igualmente eficaces para ello.

Segundo.Antes de analizar los motivos de impugnación esgrimidos contra el auto recurrido, la Sala debe realizar una breve exposición de los requisitos constitucional y legalmente exigibles para acordar la imposición de la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El derecho a la libertad personal reconocido en el art. 17 CE tiene la categoría de derecho fundamental universal, pues ha sido recogido por todas las declaraciones internacionales de derechos: así, los arts. 1 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el art. 5.1 del Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales; y el art. 9.3 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos enuncian que toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad y que la prisión preventiva de los sujetos al proceso penal no es la regla general, aunque su libertad podrá ser limitada o condicionada por garantías que aseguren su comparecencia en el juicio o en cualquier momento del proceso y, en cualquier caso, para la ejecución del fallo.

Como premisa, recuerda la sentencia del TC 14/2000, rec. 3265/1999, ECLI:ES:TC:2000:14, siguiendo una interpretación consolidada e iniciada desde la sentencia del TC 41/1982, cuya doctrina se recoge ampliamente en la exposición de motivos de la LO 13/2003, de 24 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en materia de prisión provisional, que la situación ordinaria del imputado en espera de juicio no es la de hallarse sometido a una medida cautelar. Así se deduce de la efectiva vigencia en nuestro ordenamiento jurídico de los derechos fundamentales: a) la libertad personal ( art. 17.1 CE) y, b) a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE) .

Sigue explicando el TC, que la prisión provisional se sitúa entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito, por un lado, y el deber estatal de asegurar la libertad del ciudadano por otra, y que el establecimiento de los principios que informan la institución de la prisión provisional asemejan a ésta con las auténticas penas privativas de libertad, cuyo contenido material coincide básicamente. Sin embargo, se diferencian en que, en el primer caso, el penado ha sido declarado culpable, mientras que, en el supuesto de la prisión provisional, el sujeto goza de la presunción de inocencia. Declara también el TC, que el derecho a la presunción de inocencia tiene una doble vertiente como regla de tratamiento y regla de juicio, refiriéndose la primera al derecho a recibir el trato de no autor y, la segunda a que la medida cautelar recaiga en supuestos donde la acusación tenga un fundamento razonable.

En la interpretación de la legalidad y necesidad de adoptar la medida, es sabido, por lo reiterado de la doctrina emanada del TC, (cabe citar entre otras la STC 128/1995, de 26 de julio, rec. 993/1995, ECLI:ES:TC:1995:128; STC 47/2000 de 17 de febrero, rec. 889/1996, ECLI:ES:TC:2000:47, la STC 29/2001 de 29 de enero, rec. 2504/2000, ECLI:ES:TC:2001:29, la STC 60/2001 de 26 de febrero, rec. 3583/1999, ECLI:ES:TC:2001:60, la STC 23/2002 de 28 de enero, rec. 581/2001, ECLI:ES:TC:2002:23 la 138/2002 de 3 de junio, rec. 1234/2000, ECLI:ES:TC:2002:138), que la prisión provisional es una medida cautelar, de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y justificada, por la necesidad de garantizar el normal desarrollo del proceso penal en el que se adopta la medida, especialmente el de asegurar la presencia del imputado en el juicio y, el de evitar posibles obstrucciones a su normal desarrollo.

Según el artículo 503 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECR) , la prisión provisional solo podrá ser decretada cuando concurran los siguientes requisitos:

"1. Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso.

Si fueran varios los hechos imputados se estará a lo previsto en las reglas especiales para la aplicación de las penas, conforme a lo dispuesto en la sección II del capítulo II del título III del libro I del Código Penal.

2. Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión.

3. Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:

a. Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al imputado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la inminencia de la celebración del juicio oral, en particular en aquellos supuestos en los que procede incoar el procedimiento para el enjuiciamiento rápido regulado en el título III del libro IV de esta Ley.

Procederá acordar por esta causa la prisión provisional de la persona imputada cuando, a la vista de los antecedentes que resulten de las actuaciones, hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias para su llamamiento y busca por cualquier órgano judicial en los dos años anteriores. En estos supuestos no será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1 de este apartado.

b. Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.

No procederá acordar la prisión provisional por esta causa cuando pretenda inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de falta de colaboración del imputado en el curso de la investigación.

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad del imputado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo.

c. Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal . En estos casos no será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1 de este apartado.

2. También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los requisitos establecidos en los ordinales 1 y 2 del apartado anterior, para evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos.

Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer.

Sólo podrá acordarse la prisión provisional por esta causa cuando el hecho delictivo imputado sea doloso. No obstante, el límite previsto en el ordinal 1 del apartado anterior no será aplicable cuando de los antecedentes del imputado y demás datos o circunstancias que aporte la Policía Judicial o resulten de las actuaciones, pueda racionalmente inferirse que el imputado viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades delictivas con habitualidad".

En cualquier caso, estos requisitos deben ser entendidos a la luz de la jurisprudencia constitucional, exigiendo en particular la presencia de un fin constitucionalmente legítimo para acordar la medida ( STC 47/2000 de 17 de febrero, rec. 889/1996, ECLI:ES:TC:2000:47), debiendo reputarse como tales, el evitar la sustracción del imputado a la acción de la Administración de Justicia, la obstrucción de la instrucción penal y, en un plano distinto, aunque íntimamente relacionado, la reiteración delictiva ( STC 128/1995, de 26 de julio, rec. 993/1995, ECLI:ES:TC:1995:128). Fines que se encuentran detallados en el artículo 503.1.3 LECr. Como toda restricción de un derecho fundamental, ha de estar presidida, en primer lugar, por un fin constitucionalmente legítimo que la justifique y, en segundo lugar, ha de cumplir el canon de proporcionalidad, cuya verificación exige la concurrencia sucesiva de tres requisitos: a) la medida debe ser idónea o adecuada para la consecución de los fines que persigue, es decir, instrumentalmente apta para la consecución de la finalidad perseguida y constitucionalmente legítima; b) la medida debe ser también necesaria, de tal manera que no resulte evidente la existencia de medidas menos restrictivas de los principios y derechos constitucionales que resultan limitados; y c) finalmente, la medida debe ser proporcionada en sentido estricto, de modo que no concurra un desequilibrio patente, excesivo o irrazonable entre el alcance de la restricción de los principios y derechos constitucionales que resultan afectados, de un lado, y el grado de satisfacción de los fines perseguidos con ella, de otro.

La adopción o el mantenimiento de la prisión provisional sólo puede acordarse de manera fundada, razonada, completa y acorde con sus finalidades, si la fundamentación de la decisión que la adopta es: a) suficiente en tanto se refiere a todos los extremos que autorizan y justifican la medida; b) razonada por expresar el proceso lógico que individualiza la aplicación de las exigencias constitucionales en el caso concreto; c) proporcionada, esto es, que haya ponderado los derechos e intereses en conflicto del modo menos gravoso para la libertad; y d) reforzada, por cuanto se refiere a la libertad personal ( SSTC 128/1995 y 204/2000).

Tercero.La parte recurrente postula, en primer lugar, la nulidad del auto recurrido por la infracción de las normas esenciales del procedimiento, en particular de los arts. 505 y 506 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECR) , al haberse adoptado la inicial prisión provisional sin celebración de comparecencia del art. 505 LECR en ausencia del recurrente, y ser ratificada mediante unas formalidades ajenas a la propia LECR. Con abstracción de la eventual emisión de una orden europea e internacional de detención y entrega del recurrente, el trasfondo del recurso exige examinar si es posible el dictado de un auto de prisión sin comparecencia del art. 505 LECR. Esa respuesta la obtenemos en el art. 539 LECR y es positiva, con independencia de que el Juzgado a quo haya tenido mayor o menor acuerdo en la cita de los preceptos legales, lo cierto es que la regulación procesal avala su proceder.

El art. 539 de la LECR señala que "los autos de prisión y libertad provisionales son reformables durante todo el curso de la causa",y que "si a juicio del juez o tribunal concurrieren los presupuestos del artículo 503 procederá a dictar auto de reforma de la medida cautelar, o incluso de prisión, si el imputado se encontrase en libertad, pero debiendo convocar, para dentro de las 72 horas siguientes, a la indicada comparecencia".Por su parte el art. 505.5 LECR indica que "Si por cualquier razón la audiencia no pudiere celebrarse, el juez o tribunal podrá acordar la prisión provisional, si concurrieren los presupuestos del artículo 503, o la libertad provisional con fianza. No obstante, dentro de las siguientes 72 horas, el juez o tribunal convocará una nueva audiencia, adoptando las medidas a que hubiere lugar por la falta de celebración de la primera audiencia".Pese a la mención de la comparecencia, debe entenderse que habrá que efectuarla dentro del plazo indicado cuando el imputado sea detenido y puesto a disposición del Juez o Tribunal que conozca de la causa.

El ATS, Sala 2ª, de 25 de julio de 2018 ( ROJ ATS 8673/2018), expresa que la LO 5/1995, del Tribunal del Jurado, introdujo una reforma de la LECR con el actual redactado del art. 505 LECR (antes 504.bis.2) bajo la premisa de "dos principios esenciales respecto de la adopción de medidas cautelares personales en el seno del proceso penal. De un lado, eliminar la capacidad que tenía entonces el Juez de instrucción de adoptar de oficio cualquier medida de aseguramiento de los encausados, a fin de que la restricción de sus derechos no quedara al margen de la consideración de las acusaciones, en quienes descansará finalmente el ejercicio de la acción penal. De otro lado, la exigencia de un espacio específico y obligado de contradicción, en el que se sometiera a consideración judicial todos los aspectos que las partes pudieran considerar de trascendencia para decidir sobre la restricción del derecho fundamental a la libertad de los sometidos al proceso penal o sobre la preeminencia en el caso concreto de los principios constitucionales que legitiman la prisión".

No obstante, la reforma introdujo también el actual 539 LECR que permite que el Juez, de oficio e inaudita parte,pueda acordar incluso la prisión provisional, lo cual, según el auto antes citado, "recogía de este modo lo ilógico que sería que el Ministerio Fiscal o cualquier autoridad policial pudiera proceder a la detención de oficio e inaudita parte de un individuo, y que la autoridad judicial quedara privada de esa facultad incluso cuando se apreciara que la demora en la actuación podía introducir graves perjuicios para el desarrollo del proceso y, consecuentemente, para el interés público de realización de la Justicia".

No obstante, esta actuación tiene las limitaciones obvias que expone el precepto, pues queda restringida a la concurrencia de las circunstancias previstas en el art. 503 LECR y a una posterior intervención contradictoria de las partes en el perentorio plazo de 72 horas (no superior a una detención ordinaria), en la cual se podrán realizar las alegaciones y practicar la prueba que permita dar una respuesta judicial motivada a las objeciones introducidas por las partes contradictoriamente.

Por lo tanto, el precepto que se invoca permite acordar la medida cautelar de prisión provisional si concurren los requisitos que enuncian los arts. 503 y 539 LECR, quedando supeditada la decisión a la celebración posterior de la comparecencia del art. 505 LECR una vez el afectado por la medida sea detenido y puesto a disposición judicial.

En el caso que nos ocupa, el inicial auto apreció la existencia de indicios de la comisión de delitos de robo con violencia y uso de arma o instrumento peligroso, lesiones agravadas, usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial, contra la salud pública e integración en grupo criminal imputables al recurrente en paradero desconocido, lo que suponía la plena concurrencia de los presupuestos del art. 503 LECR. Posteriormente, cuando fue hallado el recurrente y antes de las 72 horas siguientes, se celebró una comparecencia oral en con un contenido sustancialmente idéntico a la propia del art. 505 donde ratificó la prisión dictada con anterioridad. Es decir, el proceder procesal del Juzgado a quofue escrupuloso en lo material en el cumplimiento de las prescripciones de la LECR . Por tanto, esta petición de nulidad ha de ser desechada, como lo ha de ser la de la falta de competencia territorial, en tanto el art. 238 LOPJ no señala que la falta de competencia territorial sea causa de nulidad de actuaciones; el art. 25 LECR ordena la práctica de las diligencias esenciales, como son las relativas a la situación personal de los investigados, en los supuestos de disputa de competencia territorial; y existen serios indicios de competencia a favor del Juzgado a quoal tratarse los hechos de Tortosa de unos hechos conexos conforme a los arts. 17.1 y 17.2.2 LECR, pues la existencia de un grupo criminal que se concierta para la realización de sucesivos hechos delictivos justifica procesalmente una conexidad delictiva que modifica las normas ordinarias de competencia territorial ( art. 18 LECR) .

Cuarto.La prisión provisional, en primer lugar, parte de una situación en la que existe una incertidumbre sobre la responsabilidad de la persona cuya privación de libertad se discute, en tanto todavía se encuentra vigente su derecho fundamental a la presunción de inocencia. En tales casos, la legitimación de la privación preventiva de la libertad exige que tal drástica medida sólo pueda acordarse en aquellos supuestos en los que la pretensión acusatoria tenga fundamentos razonables, es decir, que concurran indicios racionales de criminalidad y que proyecten sospechas razonables de responsabilidad criminal sobre el afectado por la medida ( SSTC 35/2007 y 128/1995). Se trata de un juicio de probabilidad de responsabilidad penal que no necesariamente ha de sustentarse sobre los elementos de prueba disponibles para el enjuiciamiento de la causa. En la doctrina procesalista, este requisito recibe el nombre de apariencia de buen derecho (fumus boni iuris)que justificaría la posible adopción de la medida cautelar si se cumplen los requisitos previstos en el art. 503.1 LECR, esto es, a) la existencia de indicios de la comisión de un delito castigado con una pena máxima superior a dos años de prisión, o inferior si el investigado tuviera antecedentes penales por delito doloso no cancelados o susceptibles de cancelación y b) que existan motivos o razones suficientes en los términos antes impuestos para considerar criminalmente responsable al investigado.

La Sala desea destacar que, pese a las alegaciones genéricas que se vierten en el recurso, lo cierto es que el auto recurrido contiene una argumentación suficiente y detallada sobre la concurrencia de indicios racionales de criminalidad y las razones fundadas de la imputación indiciaria de los hechos, con un detallado análisis de las diligencias de instrucción practicadas, los indicios que de ellas se derivan, la descripción suficiente de los hechos investigados que se imputan al recurrente, y la mención de los fines perseguidos por la prisión provisional, así como la constatación de la imposibilidad de acordar una medida cautelar menos gravosa para los derechos fundamentales del recurrente, pero igualmente eficaz para prevenir los riesgos advertidos.

De las diligencias policiales y judiciales de investigación practicadas se evidencia, en primer lugar, la existencia de un entramado o grupo organizado precisamente a las órdenes del investigado D. Jose Miguel, pues, especialmente el análisis de las llamadas efectuadas entre diversos miembros, se revela que es la persona que dirige la actuación del grupo, qué concretos hechos se realizarían y qué personas trabajarían con él, entre ellos el recurrente. Las diligencias evidencian que el Sr. Jose Miguel -hasta 2018 miembro de la Policía Nacional y adscrito a la Sección de Estupefacientes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Barcelona, momento en el que fue privado de su condición por una condena por la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos- ha desarrollado como modo de vida diario organizar un entramado destinado a la obtención de un beneficio patrimonial ilícito mediante la realización coordinada, profesionalizada y reiterada de asaltos (conocidos en el argot policial como «vuelcos») a personas respecto de las que, por su vinculación con el presunto tráfico de estupefacientes, se sospecharía que estarían en posesión de dinero en efectivo o de drogas.

Con los conocimientos adquiridos durante la carrera policial, se efectuaban los asaltos mientras se hacían pasar por funcionarios de la Policía Nacional al exhibir las identificaciones propias de la misma en ejecución de diligencias de detención, incautación, o entrada y registro hacia las víctimas. Estas llegaban a pensar que se encontraban ante policías de verdad, pues utilizaban vestimenta, armas y útiles policiales de todo tipo, especialmente con la utilización en los vehículos empleados de matrículas dobladas cuya numeración pertenecía a unidades legítimas de la Policía Nacional.

Esta actividad criminal se habría manifestado en concreto en los siguientes hechos:

1.- El día 8 de julio de 2023, en las inmediaciones del núm. 55 de la calle Baix Llobregat de Cornellà de Llobregat, el Sr. Jose Miguel, junto con otros investigados en la causa, intervinieron con simulación de ser agentes policiales con un grupo de cinco personas ante las que llegaron a exhibir armas de fuego y hacer uso de bastones extensibles. Precisamente fue el Sr. Jose Miguel quien se identificó como inspector de policía y exhibió un arma de fuego. Como consecuencia de este hecho hicieron suyos cinco teléfonos móviles, dinero en efectivo (al menos 17.700 euros procedentes de diversas víctimas). Ejecutaron presentándose como agentes policiales, pues al ejecutarse los hechos en público atrajeron la presencia de agentes de la Guardia Urbana de Cornellà (ante quienes el recurrente se presentó como inspector de la Policía Nacional en detención de un investigado por tráfico de drogas) y de funcionarios de otros cuerpos policiales fuera de servicio. Precisamente por ello, con la finalidad de continuar con esta simulación de actuación policial, el recurrente y los otros investigados introdujeron a una de las víctimas en el vehículo empleado -que llevaba placas dobladas referidas a un vehículo legítimo de la Policía Nacional-, le amedrentaron con un bastón extensible y lo llevaron desde el lugar de los hechos hasta las inmediaciones del Centro Comercial Gran Vía 2, de Hospitalet de Llobregat, donde le dejaron salir del coche mientras le decían que le habían perdonado la vida.

2.- El día 14 de noviembre de 2023, en Cerdanyola del Vallès alrededor de las 20:00 horas, dos investigados en la causa y un tercero desconocido habrían interceptado a Dª. Diana cuando esta conducía su vehículo. Se identificaron ante ella como Policías y le exigieron con cierto componente amedrentador que trabajara para ellos como confidente con la finalidad de obtener datos de su pareja, de quien sospechaban que estaba involucrado en delitos de tráfico de drogas.

3.- Sobre las 13:00 horas del día 23 de enero de 2024, dos investigados y un tercer individuo sin identificar acudieron al domicilio sito en la calle Muntaner, núm. 38 de Llicà d'Amunt, a bordo de un vehículo con una matrícula doblada. En tal lugar, simularon una entrada y registro como si fueran agentes policiales, con chalecos identificados mientras uno de ellos portaba un arma de fuego, y se identificaron como policías ante una dotación de la policía local y de los Mossos d'Esquadra. Finalmente, marcharon del lugar tras sustraer joyas de oro y causar desperfectos en la vivienda.

4.- Durante la noche del día 25 de mayo de 2024, en la localidad de Tortosa, el recurrente junto con Jose Miguel, Roman y Ovidio, con el mismo modus operandi,intentaron entrar en otro domicilio y llegaron incluso a disparar a uno de sus ocupantes causándole lesiones en el cuello y la mano. Huyeron del domicilio y, en el lugar, dejaron abandonados los vehículos con los que habían llegado al lugar de los hechos.

Posteriormente, el grupo continuó con la preparación de futuros hechos delictivos, como un «vuelco» que iba a ejecutarse en la localidad de Palau-Solità i Plegamans, que se abortó porque la persona víctima de los hechos no se encontraba en el lugar. Del mismo modo, las diligencias de instrucción evidencian que el grupo también utilizar las sustancias aprehendidas como botín podrían ser utilizadas o enajenadas en beneficio de la propia organización.

Cabe destacar, igualmente, que las diligencias practicadas ponen de manifiesto que las entradas y registro practicadas en el domicilio del Sr. Jose Miguel se hallaron nueve mil euros en efectivo, efectos policiales (emisora de radio, focos led), una tarjeta de BITCOIN, infinidad de llaves y de mandos, siete acreditaciones de pertenencia a la Policía Nacional, placa con emblema policial sin número, guía de pertenencia de una pistola de calibre 9mm a su nombre, portadefensas, doce divisas del CNP y tres escudos del CNP, diversa documentación mercantil y numerosos teléfonos móviles. En otros locales utilizados por el grupo criminal, se han encontrado siete matrículas dobladas, una de ellas la utilizada en los hechos de 23 de enero de 2024, chalecos reflectantes del CNP y la Guardia Civil, grilletes, rotativo azul, walkies, conos, cinta policial, máquina de contar billetes, báscula de pesaje y cuatro bolsas con una sustancia desconocida pendiente de análisis. En otro local se halló facturas y documentación mercantil a nombre del recurrente, terminales móviles, prismáticos y cámaras fotográficas.

Estos indicios se deducen con claridad de las declaraciones de testigos y perjudicados practicadas hasta la fecha, los posicionamientos de los vehículos utilizados -muchos alquilados mediante terceras personas interpuestas- y balizados por autorización judicial, reconocimientos fotográficos, las imágenes registradas y las conversaciones interceptadas. Igualmente, permiten realizar fundadamente un juicio indiciario de atribución de los hechos contra el recurrente, de modo que estimamos plenamente justificada la concurrencia del requisito de la apariencia de buen derecho en lo que se refiere al delito del art. 570.ter, y los que se derivan de los hechos de la localidad de Tortosa y constitutivos de delito de robo con violencia y uso de arma en concurso con un delito agravado de lesiones ( arts. 237, 242.1, 147.1 y 148.1 CP) , que implican penas de hasta cinco años de prisión, además de delitos de usurpación de funciones públicas y de falsedad en documento oficial. Se cumplen plenamente los requisitos de la apariencia de buen derecho para la adopción de la medida.

Quinto.Fijada la existencia de la apariencia de buen derecho como presupuesto que legitima la posible adopción de la medida cautelar, es preciso determinar, en segundo lugar, si concurre el denominado peligro por la mora procesal (periculum in mora),esto es, si la pendencia del procedimiento pone en riesgo determinados fines previstos por la norma y cuya evitación exige la adopción de la medida procesal como única medida idónea, necesaria y conducente, y proporcionada.

Específicamente a los efectos de valorar la concurrencia o no de riesgo de fuga, la citada STC 128/1995, de 26 de julio, ha precisado que el mismo puede venir determinado en primer lugar por la gravedad de la pena que pueda imponerse en el caso de que se dicte sentencia condenatoria, puesto que a mayor gravedad de la pena más intensa cabe presumir la tentación de la huida, y mayor será el perjuicio que sufrirían los fines perseguidos por la Justicia; pero que han de tenerse en cuenta igualmente las circunstancias personales del inculpado y las que concurren en el caso enjuiciado. Por ello, el TC ha considerado que no son ajenos a la motivación para la consecución de los fines de la prisión provisional, especialmente para el riesgo de fuga, datos objetivos como la gravedad del delito imputado y el estado de tramitación de la causa, sin olvidar que es preciso distinguir dos momentos procesales diferentes en cuanto a la ponderación de estas circunstancias: a) por un lado, el momento inicial en que se adopta la medida y, b) por otro, los eventuales pronunciamientos sobre su mantenimiento o prórroga, una vez transcurrido el tiempo. Si en un principio cabe admitir una motivación basada únicamente en datos objetivos como la gravedad del delito y de la posible pena, el transcurso del tiempo en la aplicación de la medida exige que se ponderen de modo más individualizado las circunstancias personales del investigado y las del caso concreto. No obstante, lo que en ningún caso puede perseguirse con la prisión provisional son fines punitivos o de anticipación de la pena, o fines de impulso de la instrucción sumarial para propiciar la obtención de pruebas consistentes en la declaración de imputados ( STC 140/2012 de 2 de julio, rec. 3464/2009, ECLI:ES:TC:2012:140), o la existencia de alarma social ( STC 47/2000 de 17 de febrero, rec. 889/1996, ECLI:ES:TC:2000:47)

La STC 47/2000, de 17 de febrero, determina que "es preciso que la resolución judicial limitativa de la libertad personal exprese no sólo el fin perseguido con la misma sino también la relación existente entre la medida cautelar adoptada y el fin perseguido, es decir, ha de expresar hasta qué punto la misma es útil a los fines perseguidos en el caso concreto"(Fundamento Jurídico 8º). Por el otro lado, el Tribunal Constitucional ha precisado también que la prisión provisional tiene carácter excepcional ( SSTC 9/1994, de 17 de enero y 305/2000, de 11 de diciembre), lo que implica que "queda supeditada en su aplicación a una estricta necesidad y subsidiariedad que se traduce tanto en la eficacia de la medida como en la ineficacia de otras de menor intensidad coactiva"( STC 128/1995, de 26 de julio). En definitiva, deben ponderarse las circunstancias personales del imputado, las que concurren en el hecho, las finalidades pretendidas por la prisión provisional y los principios de necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad y utilidad que son aplicables, según reiteradísima doctrina del Tribunal Constitucional, a todas las medidas que restrinjan derechos fundamentales.

Son varias las finalidades que persigue prevenir el auto recurrido mediante la imposición de la libertad provisional. En el caso que nos ocupa, el primero de ellos es el riesgo de fuga. Estamos en una fase embrionaria del proceso que ya ha determinado la existencia de indicios suficientes de la comisión de hechos que podría conllevar importantes penas. Es decir, se infiere un riesgo de fuga que ha de entenderse no meramente como la huida del país, sino como el simple hecho de ponerse en paradero desconocido para evitar la prosecución del proceso, deseo o propósito que es más factible en tanto mayor sea la pena con cuya imposición se amenaza, algo que no resulta imposible de imaginar ante la existencia de una estructura organizativa que dispone de medios económicos y de la posibilidad de ocultar efectos o vehículos utilizados en ella, de modo que no es descabellado suponer que también podrían ocultar personas.

No se observa, por otro lado, ningún tipo de arraigo que contrarreste este riesgo de fuga. El arraigo en este sentido jurídico ha de ser entendido no sólo como la existencia de un domicilio conocido o la acreditación de un cierto parentesco existente, sino por la existencia de alguna relación, situación o vínculo de naturaleza jurídica, familiar, social o laboral que genera obligaciones para el recurrente, ya sea jurídicas o simplemente morales, cuyo mantenimiento es preferible a su quebrantamiento por ponerse en una situación de clandestinidad. Hablamos, en definitiva, de una situación personal que implica una situación jurídica o de hecho con relaciones efectivas y reales que podrían verse perjudicadas por el paso a la clandestinidad y que suponen un efectivo contrapeso que neutraliza total o parcialmente el riesgo de fuga.

Es cierto que el recurrente posee un arraigo geográfico y familiar, pero desconocemos un contenido efectivo y concreto de estas relaciones familiares que permita decrecer el riesgo de fuga, máxime cuando se encontraba en situación de paradero desconocido cuando se dictó el primer auto. Concluimos que el recurrente carece de arraigo suficiente que contrarreste el riesgo de fuga que objetivamente se aprecia por la entidad de la pena a imponer.

Del mismo modo, aunque el recurso hable de la carencia de antecedentes del recurrente, apreciamos también la existencia de un riesgo de reiteración delictiva. Esta finalidad tiene un delicado encaje constitucional, especialmente en relación con la presunción de inocencia proclamada en el art. 24.2 CE. En cualquier caso, de la STEDH 12718/87 de 12 de diciembre de 1991, caso Clooth vs. Bélgica, ya señaló que la privación provisional por el peligro de repetición de infracciones penales exige no sólo un pronóstico de probabilidad futura de comisión de nuevos hechos delictivos, sino que ha de tratarse de infracciones comparables por naturaleza y gravedad. En el caso que nos ocupa, ya observamos que en la instrucción se están investigando múltiples hechos de naturaleza y gravedad similares, cometidos en el marco de una organización que continuaba efectuando vigilancias y actos preparatorios aun después de los sucesos acaecidos en Tortosa.

Ciertamente, hemos de ser particularmente cuidadosos en la valoración de la concurrencia de este riesgo, pero ello no implica necesariamente que deban valorarse sólo la concurrencia de sentencias condenatorias firmes porque el propio art. 503 LECR no lo exige expresamente. En nuestra opinión, es suficiente la concurrencia de indicios bastantes y con la relevancia suficiente que permitan realizar un juicio pronóstico con un grado de certeza rayano en la probabilidad sobre la futura comisión de hechos delictivos, juicio de probabilidad de similar naturaleza que la existencia de un riesgo objetivo del art. 544.bis LECR. La existencia de un grupo estable dedicado a la comisión de hechos ilícitos, pone de manifiesto es la existencia de un modus vivendisustentado en la comisión los llamados «vuelcos». La existencia de una investigación por hechos similares cometidos en un corto espacio de tiempo, permite sostener la concurrencia de este riesgo y la necesidad de prevenirlo.

La concurrencia de ambos riesgos de fuga y de reiteración delictiva, junto con la ausencia de arraigo familiar, laboral o social de la suficiente entidad permiten considerar a la medida acordada como necesaria, idónea y proporcionada, sin que otra medida cautelar sea capaz de prevenir simultáneamente las dos finalidades que pretendemos salvaguardar con la misma eficacia, pero menor lesividad para los derechos fundamentales del recurrente. Deseamos aclarar, a la vista de las alegaciones del recurso, que la posibilidad de pulsera telemática a la que se refiere se contempla únicamente en el ordenamiento jurídico para los supuestos de ejecución de las penas impuestas en sentencia firme, sin que la LECR establezca la posibilidad de limitar los derechos fundamentales del recurrente mediante su imposición como medida cautelar- Debemos recordar que es doctrina constitucional reiterada la de que las medidas cautelares limitativas de derechos están sujetas al requisito de previsión legal, por lo que difícilmente podría concederla este Tribunal al recurrente (STC núm. 169/2001, de 16 de julio, rec. 3284/1999, ELCI:ES:TC:2001:169). En consecuencia, encontramos ajustada a Derecho la resolución recurrida, que confirmaremos con desestimación del recurso de apelación interpuesto.

Todo lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de poderse reproducir la petición de libertad en cualquier momento para que pueda ser valorada con total libertad de criterio por el instructor o el juzgador en función de posibles elementos distintos de los que se han tenido en cuenta en el momento actual, tales como si el avance de la causa sufre dilaciones no justificadas, o se aportan elementos nuevos en la valoración de los elementos de arraigo o de reiteración delictiva, en tanto la medida cautelar de prisión provisional durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines previstos en el artículo anterior y en tanto subsistan los motivos que justificaron su adopción, y podrá ser reformada en cualquier estado de tramitación de la causa ( arts. 504.1 y 539 LECR) .

Sexto.De conformidad con los arts. 239 y 240 LECR, han de declararse de oficio las costas generadas por la tramitación del recurso de apelación en tanto no se aprecia mala fe o temeridad en su interposición.

Vistos los preceptos legales citados, y por las razones expuestas, nos corresponde adoptar la siguiente decisión