Auto Penal Nº 1093/2019, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 27, Rec 1212/2019 de 18 de Junio de 2019

Encabezamiento

Sección nº 27 de la Audiencia Provincial de Madrid
C/ de Santiago de Compostela, 96 , Planta 10 - 28035
Teléfono: 914934469,4470,4471
Fax: 914934472
NEG. 5 / JU 5
37051030
N.I.G.: 28.079.00.1-2019/0071265
Apelación Autos Violencia sobre la Mujer 1212/2019
Origen:Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 03 de DIRECCION000
Juicio Rápido 11/2019
Apelante: D./Dña. Guadalupe
Letrado D./Dña. BLANCA ESTHER BUTRAGUEÑO MORALES
Apelado: D./Dña. Carlos Miguel y D./Dña. MINISTERIO FISCAL
Letrado D./Dña. MARTA MATARREDONA RIOS
AUTO Nº 1093/2019
Ilmos/as Sres/as Magistrados/as:
Dª. CONSUELO ROMERA VAQUERO (Presidenta)
D. JAVIER MARÍA CALDERÓN GONZÁLEZ (Ponente)
Dª. ANA MARÍA PÉREZ MARUGÁN
En Madrid, a dieciocho de junio de dos mil diecinueve.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la representación de Dª. Guadalupe se interpuso recurso de apelación contra el auto núm. 16/2019, de fecha 8/01, dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de DIRECCION000 , en sus DUD.

núm. 11/2019, por el que se decretó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones en relación a las amenazas en el ámbito familiar denunciadas, y por el que reputó como delito leve de vejaciones injustas los hechos supuestamente acaecidos el día 5/01/2019, recurso que fue impugnado por el Ministerio Fiscal.



SEGUNDO.- Admitido a trámite el recurso de apelación, se remitió a este Tribunal, con emplazamiento de las partes, y el día 13/06/2019 se celebró la correspondiente deliberación, quedando entonces el recurso pendiente de resolución, siendo previamente designado como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JAVIER MARÍA CALDERÓN GONZÁLEZ, quien expresa el parecer unánime de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- Por la representación de Dª. Guadalupe se interpuso recurso de apelación contra el auto núm. 16/2019, de fecha 8/01, dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de DIRECCION000 , en sus DUD.

núm. 11/2019, por el que se decretó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones en relación a las amenazas en el ámbito familiar denunciadas, y por el que se reputó, como delito leve de vejaciones injustas, los hechos supuestamente acaecidos el día 5/01/2019 -aunque este último pronunciamiento no es objeto de recurso- en el que se vino a señalar, en su escrito de fecha 16/01/2019, que de las manifestaciones de su patrocinada si concurrían suficientes indicios racionales de criminalidad respecto de la comisión de un delito de amenazas en el ámbito familiar, al haber mantenido la denunciante, junto al incidente del día 6/01/2019, que era habitual que el investigado la amenazase de muerte tanto a ella como a sus hijos, y que guardaba una navaja multiusos en el dormitorio, llegando incluso a tener que encerrarse en el cuarto de baño, y ello aunque la testigo señalase que no había testigos presenciales. Y con cita de la doctrina atinente a los requisitos valorativos que han de ser atendidos en el análisis de las manifestaciones de todo testigo, se dijo que su mandante no había querido instrumentalizar este procedimiento penal, ni conseguir a través del mismo ventajas por la denuncia interpuesta; que había sido veraz en sus manifestaciones; que las mismas se habían mantenido persistentes en sede de instrucción y policial; que no existen móviles espurios en este testimonio, y que la Juzgadora si había tenido en cuenta las afirmaciones de la testigo para decretar la incoación de un juicio por delito leve por el art. 173.4 CP., y todo ello, aunque el investigado negase los mismos, por lo que se entendió que la valoración de todo este elemento probatorio debía ser objeto de enjuiciamiento ante el Tribunal sentenciador, y no en fase de instrucción. Y según el concreto suplico del recurso interpuesto, se interesó que se revocase parcialmente el auto recurrido, y que se decretase la apertura de juicio oral contra el investigado, por la comisión de un presunto delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género.

Por el Ministerio Fiscal, en su escrito de impugnación de fecha 16/04/2019, se entendió que el auto recurrido debía ser confirmado por sus propios fundamentos, ratificándose igualmente en sus argumentaciones efectuadas en las comparecencias celebradas los días 7 y 8/01/2019, respectivamente.

No constan alegaciones a este recurso formuladas por la representación de D. Carlos Miguel , aunque sí respecto a la apelación interpuesta contra el auto desestimatorio de la orden de protección.

Por la Magistrada-Juez a quo, en su auto de fecha 8/01/2019, se entendió que las diligencias practicadas no permitían considerar suficientemente justificada la comisión por el investigado de las amenazas denunciadas por Dª. Guadalupe . Tras analizar las manifestaciones de la propia testigo, hoy Recurrente, y del investigado, se entendió que existían versiones contradictorias, sin que concurriese dato objetivo alguno que otorgase mayor credibilidad a una u otra, dado que la propia denunciante reconoció que no existían testigos de tales hechos. En cuanto al suceso presuntamente ocurrido el pasado día 5/01/2019, en el que, según la denunciante, su pareja le escupió, se consideró que podría ser constitutivo de un delito leve de vejaciones injustas tipificado en el art. 173.4 CP., debiendo, en consecuencia, ser enjuiciado en el procedimiento correspondiente. Se decretó el sobreseimiento provisional de la causa, respecto a las amenazas denunciadas, por vía del art. 641.1 LECRIM, y se reputaron los hechos, como delito leve de vejaciones injustas, en relación a los presuntamente ocurridos el pasado día 5/01/2019.



SEGUNDO.- Centrada así la cuestión, y atendiendo al concreto suplico del recurso interpuesto, y conforme dispone el art. 777 LECRIM., cabe afirmar que en el ámbito de las diligencias previas de procedimiento abreviado, lo que es extrapolable al ámbito de las diligencias urgentes de juicio rápido, por vía de lo dispuesto en los arts. 795 y 796 LECRIM., se han de practicar las actuaciones necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, la persona o personas responsables de los mismos y el órgano competente para el enjuiciamiento, dictándose una vez realizadas sin demorar las diligencias pertinentes cualquiera de las resoluciones a que se refiere el art. 779 LECRIM., entre las que se encuentra el sobreseimiento de las actuaciones conforme al art. 641 de igual Ley Rituaria, si no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a las actuaciones.

La fase instructora del procedimiento penal, a tenor de los arts. 299, 777.1 y 795 de la LECRIM., está dirigida al esclarecimiento de hechos en apariencia delictivos y de las circunstancias que puedan influir en su calificación, así como a la identificación de las personas que pudieran haber participado en aquellos, de forma que si tras esa indagación se advirtieren indicios racionales de criminalidad, esto es, datos objetivos derivados de la investigación penal de los que quepa deducir razonablemente un juicio provisional de responsabilidad penal respecto de persona concreta, estará justificada la continuación del procedimiento por los trámites que corresponda; pero si tras la investigación que se desarrolla bajo la dirección del Juez de Instrucción, las diligencias practicadas no aportan esos indicios, debe procederse al sobreseimiento de las actuaciones. En este sentido, la doctrina ( ATS de 31/07/2013) señala como ante unos hechos, que de ser ciertos, tendrían relevancia penal, 'habrá que acordar la continuación del procedimiento ( art. 780.1) salvo que no aparezca 'suficientemente justificada su perpetración' en la fórmula del art. 779.1.1ª y 798 LECRIM., en cuyo caso habrá que decretar 'el sobreseimiento que corresponda', que será el previsto, bien en el art. 637.1º, bien el contemplado por el art. 641.1º, supuestos ambos de fronteras poco nítidas y de eficacia muy dispar (el primero lleva aparejado el efecto de cosa juzgada del que carece el segundo). Parece que la terminología del art. 779.1.1ª evoca el art. 641.1º, aunque no puede rechazarse en este momento la adopción de la otra resolución: no sería lógico vedar al Instructor ese tipo de decisión en este instante, y autorizárselo en un momento inmediatamente posterior (art. 783.1), además, también en discrepancia con la petición de apertura de juicio oral de alguna acusación'.

La posibilidad del Instructor (sigue diciendo dicha resolución), de decretar el sobreseimiento asume el papel del juicio de acusación en este modelo procesal: para entrar en el acto del juicio oral no basta con una parte legitimada dispuesta a sostener la acusación (art. 782.2). Es necesario, además, que un órgano con funciones jurisdiccionales considere 'razonable' esa acusación, lo que en el procedimiento abreviado se lleva a cabo, eventualmente, en un doble momento: al elegir por alguna de las opciones legales en el trámite del art. 779; o, en su caso, una vez que las acusaciones han exteriorizado su pretensión, al decretar la apertura del juicio oral (art. 783.1). El canon de 'suficiencia' de los indicios no es diverso en cada uno de esos momentos. Por eso algunos han criticado esa duplicidad. No tendría sentido mantener en manos del Instructor las llaves para cerrar el trámite procesal por razones que ya descartó al adoptar la resolución prevista en el art. 779.1.4ª. No obstante, ese filtro duplicado no solo se explica por vicisitudes legislativas: tiene su razón de ser. La acusación puede hacer pivotar su pretensión en extremos diferentes de los valorados por el Instructor, o puede aportar datos que permitan aquilatar la decisión anterior. En consecuencia, pueden surgir razones antes no evaluadas para denegar la apertura del juicio oral, pese a las gotas de contradicción que eso puede comportar con la decisión, que ha de ser motivada, casi inmediatamente anterior, de continuar el trámite de preparación del juicio oral ( arts. 780 y ss. LECRIM).

Interesa este discurso para destacar que, si se considera procedente cualquier género de sobreseimiento, éste es momento apto y procedente para acordarlo, sin que sea ni necesario, ni siquiera procesalmente lo más correcto, aguardar a que las acusaciones hayan fijado posición exteriorizando una pretensión formal acusatoria. La reforma de 2002, en sintonía con lo que ya había ensayado la jurisprudencia constitucional ( STC núm. 186/1990, de 15/11) ha resaltado esa función de la resolución del art. 775.1.4 y, por contraste, de su reverso -el sobreseimiento-. Solo procede aquélla si ' está justificada de forma suficiente' la comisión del delito. Y es que la fase preliminar de investigación en el proceso penal sirve no solo para preparar el juicio oral sino también para evitar la apertura de juicios innecesarios. La decisión del art. 779.1.4 es mucho más que un acto de trámite'.

Así mismo, respecto a qué significa 'justificación suficiente' de la perpetración del delito, dicha Sala, señala que 'esta decisión despliega en el procedimiento abreviado una función paralela a la del procesamiento en el procedimiento ordinario. Por tanto, la cota indiciaria exigible es equiparable a los 'indicios racionales de criminalidad' mencionados en el art. 384 LECRIM. Son algo más que la mera posibilidad o sospecha más o menos fundada. Es necesaria la probabilidad. Solo ese nivel justifica la apertura del plenario que, indudablemente, encierra también cierto contenido aflictivo para el acusado, aunque sea difuso. La probabilidad de comisión del delito, se traduce en negativo, expuesto de forma poco matizada, en la racional posibilidad de que recaiga una condena. No pueden extremarse las exigencias en esta fase anticipando valoraciones que solo procederían tras examinar la prueba practicada en el juicio oral. Pero sí ha de cancelarse el proceso cuando racionalmente quepa hacer un pronóstico fundado de inviabilidad de la condena por insuficiencia del material probatorio con que se cuenta. Si tal bagaje se revela desde este momento como insuficiente para derrotar a la presunción de inocencia y, con igual juicio hipotético, no pueden imaginarse ni variaciones significativas ni introducción de nuevos materiales, procederá abortar ya el procedimiento en aras de esa finalidad complementaria de la preparatoria del juicio oral: evitar la celebración de juicios innecesarios que, entre otras cosas, supondrían la afectación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, también el de las partes acusadoras que verían inútilmente postergada en el tiempo la decisión final ya pronosticable, y dilapidadas energías no solo procesales sino también económicas y personales cuando se trata de parte no institucional. El procesamiento exige que la hipótesis de la comisión del delito y la participación en él del inculpado sea al menos tan posible o fuerte como la contraria. Estamos en un escalón superior al necesario para tomar declaración como imputado y por supuesto, muy por encima de la verosimilitud que justifica la incoación de unas diligencias penales...'.



TERCERO.- Debe indicarse también, tal y como reseña una constante y reiterada doctrina (por todas, STC núm. 201/1989 y STS de 21/01/1988 y de 30/01/1999), que la sola declaración de la víctima puede gozar de virtualidad como prueba de cargo, pero para ello es necesario que en la misma concurran los requisitos de: A).- Ausencia de incredibilidad subjetiva, derivadas de las previas relaciones acusado-víctima que pongan de relieve un posible móvil espurio de resentimiento, venganza o enemistad, que pueda enturbiar la sinceridad del testimonio, generando un estado de incertidumbre incompatible con la formación de una convicción inculpatoria asentada en bases firmes; B).- Verosimilitud del testimonio, que ha estar rodeado de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo obrantes en el proceso; y C).- Persistencia en la incriminación, que debe ser prolongada en el tiempo, reiteradamente expresada y expuesta sin ambigüedades ni contradicciones, señalando la doctrina ( ATS 31/01/1996), que el testimonio de la víctima, aunque fuera único, es apto para enervar la presunción de inocencia, siempre y cuando no existan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones o provoquen en el juzgador alguna duda que impida u obstaculice formar su convicción.

En relación a la persistencia, también la jurisprudencia ( STS núm. 667/2008 de 5/11), afirma que supone: a).- Ausencia de modificaciones esenciales en las sucesivas declaraciones prestadas por la víctima sin contradecirse ni desdecirse. Se trata de una persistencia material en la incriminación, valorable 'no en un aspecto meramente formal de repetición de un disco o lección aprendida, sino en su constancia sustancial de las diversas declaraciones' ( STS de 18/06/1998); b).- Concreción en la declaración que ha de hacerse sin ambigüedades, generalidades o vaguedades. Es valorable que especifique y concrete con precisión los hechos narrándolos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar; c).- Coherencia o ausencia de contradicciones, manteniendo el relato la necesaria conexión lógica entre sus diversas partes.

Y en cuanto a la verosimilitud, el testimonio incriminatorio ha de ser lógico y estar en lo posible, rodeado de datos periféricos corroboradores de carácter objetivo, obrantes en el proceso, lo que supone, que el propio hecho de la existencia del delito, esté apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación subjetiva de la víctima.

Declaración, y requisitos, además, que procede interpretar a la luz de jurisprudencia reiterada ( STS núm. 3536/2010, de 21/05), que, entre otros extremos, afirma: '...existe cierta tendencia a postular para la declaración de la que aparece procesalmente como víctima un plus de credibilidad. Es decir, la aplicación de un estándar de prueba menos exigente. Pero sucede que el derecho a la presunción de inocencia es de carácter absoluto, lo que significa que, cualquiera que sea la imputación, debe estar bien acreditada en todos sus elementos centrales, para que resulte justificada una sentencia condenatoria. Y el supuesto argumento - de frecuente presencia, sobre todo implícita- de la necesidad de evitar la impunidad de acciones producidas sin la concurrencia de testigos, privilegiando para ello alguna clase de prueba, no se sostiene. Pues nuestro sistema punitivo conoce una sola forma de dar respuesta constitucionalmente válida a los actos penalmente relevantes: la fundada en el respeto de la presunción de inocencia como regla de juicio. Y ésta exige que cualquier condena tenga como soporte una convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable, racionalmente formada y argumentada de manera convincente a partir de datos probatorios bien adquiridos.

Tal es el contexto en el que hay que tratar del valor que cabe dar a los indicadores jurisprudenciales de 'verosimilitud', 'ausencia de incredibilidad subjetiva' y 'persistencia en la incriminación', de los que la sala de instancia hace uso en la sentencia, en la apreciación de la testifical de cargo. Estas pautas, tomadas a veces indebidamente con cierto automatismo, cual si se tratase de criterios de prueba legal, tienen sólo un valor muy relativo. En efecto, su incumplimiento podrá servir -en negativo- para desestimar el testimonio en sí mismo inverosímil, el auto-contradictorio y el dictado por móviles espurios. Pero es obvio que el relato de una situación imaginaria, bien construido y hábilmente expuesto, podría perfectamente ser presentado como veraz y pasar por tal, después de haber sido mantenido sin alteración en los distintos momentos del trámite. Y se sabe asimismo por experiencia (clínica y también judicial) que hay personas que atribuyen a otro la realización de una conducta punible nunca ejecutada por él, sin propósito de perjudicarle, sólo como consecuencia de un error de percepción, debido al padecimiento de algún tipo de trastorno o por otras razones, no necesariamente conscientes. Y, además, podría darse igualmente la circunstancia de que alguien, aun odiando, dijera realmente la verdad al imputar la realización de una conducta punible. En consecuencia, el contenido de una testifical que supere ese triple filtro no debe ser tenido como válidamente inculpatorio. Lo único que cabe sostener es que un testimonio que no lo hiciera tendría que ser desestimado 'ad limine' como medio de prueba; mientras que, en el caso contrario, resultará en principio atendible, y, por tanto, cabrá pasar, en un segundo momento, a confrontar sus aportaciones con las de otra procedencia, para confirmar la calidad de los datos'; añadiendo también la doctrina ( STS de 21/05/2010), que 'puesto que nuestro sistema punitivo conoce una sola forma de dar respuesta constitucionalmente válida a los actos penalmente relevantes: la fundada en el respeto de la presunción de inocencia como regla de juicio. Y esto exige que cualquier condena tenga como soporte una convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable, racionalmente formada y argumentada de manera convincente a partir de datos probatorios bien adquiridos'.



CUARTO.- Partiendo de tales criterios interpretativos, y centrada la cuestión sobre los hechos penalmente relevantes, objeto de denuncia, cabe ratificar, como mantuvo la Juzgadora de Instancia, que existen versiones plenamente contrapuestas entre las manifestaciones de la testigo Dª. Guadalupe (folios 79 y 80), y las del investigado, D. Carlos Miguel (folio 91 y 92), en relación a los hechos denunciados, que según los términos de la prueba documental consistente en el atestado núm. NUM000 del Puesto de la Guardia Civil de DIRECCION000 , de fecha 6/01/2019, consistieron en la inicial discusión mantenida entre Carlos Miguel y los hijos de Guadalupe , llamados Dª. Trinidad y D. Ernesto , por el mando de la televisión, para seguidamente acudir el investigado al dormitorio donde Guadalupe estaba acostada, y escupirla en la cara, llegando Guadalupe a impactar con su mano contra la cara de Carlos Miguel , causándole lesiones, siendo en esos instantes cuando la testigo comenzó a señalar las constantes amenazas de muerte que el denunciado le profería con una especie de navaja multiusos que guardaba en esa dependencia, a la par, de afirmar la mala relación mantenida entre ambos desde hacía años, con un continuo consumo de bebidas alcohólicas por parte del denunciado.

La testigo, Dª. Guadalupe , en relación a este concreto hecho denunciado, en sede de instrucción manifestó la inexistencia de testigos de esas amenazas de muerte, además de añadir que el investigado la trataba con desprecio, que la relación de éste con sus hijos es también mala, y que ese dia le escupió 5 o 6 veces en la cara, aclarando que existió una orden de alejamiento por término de tres años, que el investigado la cumplió y después retomaron la relación, así como que Carlos Miguel consumía bebidas alcohólicas de forma habitual.

Frente a ello, el investigado, D. Carlos Miguel en sede de instrucción, negó haber escupido a Guadalupe , o haberle amenazado de muerte a su pareja, a la par, de indicar los problemas familiares existentes, al sentirse desplazado por los hijos de su pareja, señalando que la hija de ésta, le escupió a el mismo, que tal hija le pegó con un rascador en la nariz varias veces, y que tuvo un enfrentamiento verbal con el hijo de aquélla.

Constan las testificales de los hijos de la denunciante, Dª. Trinidad (folios 99 y 100), y D. Ernesto (folios 94 y 95), quienes afirmaron la mala relación existente con el investigado, refiriendo hechos ajenos a las presentes actuaciones, por lo que este Tribunal ad quem considera que, de tales manifestaciones- pruebas que no han sido si quiera puestas de manifiesto en el recurso interpuesto- no factible inferir una mínima corroboración periférica para que adverar los supuestos actos amenazantes que podrían acontecer en la habitación de su madre y de Carlos Miguel , al no estar ellos presentes, reiterando, a la par, que sus afirmaciones aluden a supuestos sucesos que son extraños a la presentes actuaciones.

Y obra el informe médico-forense, de fecha 7/01/2019, en el que tras hacer referencia al informe del Hospital Universitario Infanta Elena de fecha 6/01/2019 (folio 49 a 51), indicó por referencia del explorado, que éste había sido golpeado con un objeto de plástico duro, especie de calzador, determinando que Carlos Miguel presentaba pequeño edema en raíz nasal, nerviosismo y labilidad emocional, de lo que tardaría en curar, tras una única asistencia facultativa, 4 o 5 días, ninguno impeditivo y sin secuelas (folio 77).

No existen otros elementos probatorios, en el testimonio remitida a esta alzada.



QUINTO.- En consecuencia, como se afirmó por la Juzgadora a quo, no existe elemento periférico alguno que advere el concreto hecho denunciado, consistente en esas supuestas amenazas de muerte, con exhibición de un arma blanca, de ignoradas características, en el dormitorio de la vivienda habitual, compartida por el investigado, por la denunciante, y por los dos hijos de ésta, antes expresamente referidas, y por ende, circunstancia objetiva que permita acreditar la realidad de las supuestas expresiones amenazantes, al concurrir versiones plenamente contrapuestas entre la denunciante y el investigado sobre este concreto suceso.

En consecuencia, y conforme a la doctrina antes aludida, a la testifical de la denunciante no se le puede atribuir la condición de verosimilitud, al no estar adverada sus manifestaciones a este respecto por otros elementos periféricos, y todo ello, sin necesidad de entrar en el de ausencia de incredibilidad subjetiva, dado el evidente conflicto personal y familiar existente entre las Partes, y entre los hijos de la denunciante con el propio investigado.

No procede hacer expresa referencia a la incoación de juicio por delito leve, por los supuestos actos vejatorios denunciados acaecidos el día 5/01/2019, al no haber sido objeto de apelación este concreto pronunciamiento jurisdiccional, según los exactos términos del recurso interpuesto.

Destacar, igualmente, que los testimonios contradictorios si bien no suponen, ni conllevan, su neutralización, deberán ser valorados por el Órgano de instancia en lo referido a su veracidad y credibilidad, bajo los principios de contradicción y de inmediación, lo que así ha acaecido en el presente caso, y con la debida motivación, pues la Juez de Instancia, desde su posición privilegiada que le concede el principio de inmediación, no ha concedido el suficiente valor probatorio a la testifical de la denunciante frente a la declaración del investigado, quien, a su vez, goza de la protección del principio de presunción de inocencia, como se indicó por el Ministerio Fiscal, en su escrito impugnatorio.

En base a todo lo expuesto, habiéndose acordado, al amparo de los arts. 779.1.1º, 798.3 y 641.1º LECRIM., tras la práctica de las diligencias que se consideraron esenciales, el sobreseimiento provisional, que no libre, en exposición razonada y razonable, el auto recurrido debe ser mantenido, no habiéndose alegado ni hechos, ni argumentos, que desvirtúen los que fueran tenidos en cuenta por la Magistrada de Instancia al tiempo de su dictado.



SEXTO.- Reiterar, por último, que corresponde al Juzgador a quo la pertinencia en la fase instructora de la valoración de la prueba indiciaria de cargo, a efectos de determinar si procede o no la continuación de la tramitación de las actuaciones o el sobreseimiento de las mismas, pudiendo hacerse mención en este punto a la doctrina constitucional ( STC de 22/04/1997, y núm. 186/1990), según la cual, 'la Ley concede al Juez de Instrucción -no al Órgano de Enjuiciamiento- la facultad de controlar la consistencia o solidez de la acusación que se formula, pues la LECRIM., tras enunciar la regla general de la vinculación del Instructor con la petición de apertura del juicio, permite al Juez denegar la apertura del juicio en dos supuestos, a saber: cuando el hecho no sea constitutivo de delito, o ante la inexistencia de indicios racionales de criminalidad contra el acusado, en cuyo caso acordará el sobreseimiento que corresponda. Pero este juicio acerca de la improcedencia de abrir el juicio oral -en definitiva, de la improcedencia de la acusación formulada- de existir, es un juicio negativo en virtud del cual el Juez cumple funciones de garantía jurisdiccional', añadiéndose, además, en tal doctrina que 'el ofendido por el delito no ostenta ni un derecho absoluto a la tramitación de toda la instrucción penal, ni un derecho a la práctica de todas las pruebas que las partes soliciten. Tampoco se tutela constitucionalmente un derecho incondicionado a la apertura del juicio oral - como pretende la Parte Recurrente-. Este Tribunal tiene declarada la conformidad con los principios y normas del Ordenamiento Constitucional, tanto de los autos de inadmisión de la 'notitia criminis', los cuales pueden dictarse 'inaudita parte', como los de sobreseimiento, pues el derecho de querella no conlleva el de la obtención de una sentencia favorable a la pretensión penal ( SSTC núm. 203/1989, núm. 191/1992, y núm. 37/1993, entre otras)'.

Es por todo ello, por lo que no puede afirmarse en esta alzada que el juicio de razonabilidad sobre los hechos objeto de investigación, objeto del actual recurso, conforme los citados elementos probatorios, y según la doctrina antes aludida, pueda entenderse que impliquen o conlleven una valoración ilógica, irracional, o carente de fundamento por parte de la Magistrada de Instancia, en los términos antes referidos, y ello aunque la Parte Recurrente, en su legítimo derecho a la defensa, no comporta aquéllos.

SÉPTIMO.- No se encuentran motivos para imponer a la parte apelante, por temeridad o mala fe, las costas de esta instancia, que se declaran de oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 240.1 LECRIM.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

Fallo

LA SALA ACUERDA: que, con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dª. Guadalupe contra el auto núm. 16/2019, de fecha 8/01, dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de DIRECCION000 , en sus DUD. núm. 11/2019, por el que se decretó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones en relación a las amenazas en el ámbito familiar denunciadas, y por el que reputó como delito leve de vejaciones injustas los hechos supuestamente acaecidos el día 5/01/2019, debemos confirmar y confirmamos la resolución recurrida, declarando de oficio las costas de esta instancia.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes personadas.

Remítase testimonio de este auto junto con la causa al Juzgado de Instrucción para su conocimiento y efectos pertinentes.

Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno.

ASI lo acordaron, y firman las/los Ilmas. /os. Sras. /es. Magistradas/os integrantes de la Sala.

Diligencia.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.