Auto Penal Nº 1277/2018, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 27, Rec 1871/2018 de 13 de Septiembre de 2018

Encabezamiento

Sección nº 27 de la Audiencia Provincial de Madrid
C/ de Santiago de Compostela, 96 , Planta 10 - 28035
Teléfono: 914934469,4470,4471
Fax: 914934472
NEG. 5 / JU 5
37051030
N.I.G.: 28.079.00.1-2015/0078027
Apelación Autos Violencia sobre la Mujer 1871/2018
Origen:Juzgado de lo Penal nº 32 de Madrid. Ejecutorias Violencia
Ejecutoria Penal/Expediente de ejecución 476/2017
Apelante: D./Dña. Prudencio
Procurador D./Dña. JOSE MIGUEL MARTINEZ-FRESNEDA GAMBRA
Letrado D./Dña. MARIA MILAGROS VERGARA MEDINA
Apelado: D./Dña. MINISTERIO FISCAL
AUTO Nº 1277/2018
Ilmos./as Sres./as Magistrados/as:
Dª. CONSUELO ROMERA VAQUERO (Presidenta)
D. MIGUEL FERNÁNDEZ DE MARCOS Y MORALES
D. JAVIER MARÍA CALDERÓN GONZÁLEZ (Ponente)
En Madrid, a trece de septiembre de dos mil dieciocho.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la representación de D. Prudencio se interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de fecha 22/06/2018, dictado por el Juzgado de lo Penal nº 32 de Madrid, de Ejecuciones de Violencia, en su Ejecutoria nº 476/2017, por el que se denegó la concesión al penado de los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, siendo impugnado por el Ministerio Fiscal.

La previa reforma fue desestimada por auto de fecha 30/07/2018.



SEGUNDO.- El recurso subsidiario de apelación interpuesto, se elevó a esta Audiencia Provincial de Madrid, y admitido a trámite, se señaló día para la deliberación y votación del citado recurso, acto que tuvo lugar el día 13/09/2018, designándose previamente como Ponente al Ilustrísimo Sr. Magistrado D. JAVIER MARÍA CALDERÓN GONZÁLEZ, que manifiesta el unánime parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- Por la representación de D. Prudencio se interpuso recurso subsidiario de apelación contra el auto de fecha 22/06/2018, dictado por el Juzgado de lo Penal nº 32 de Madrid, de Ejecuciones de Violencia, en su Ejecutoria nº 476/2017, por el que se denegó la concesión al penado de los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, viniendo a alegar, en su escrito de fecha 28/06/2018 que, de forma subsidiaria, se solicitaba la suspensión de la pena privativa de libertad impuesta, condicionada a lo establecido en los arts. 80.3 en relación con lo dispuesto en los arts. 83 y 84 C.P., interesándose el pago de multa, más que la imposición de trabajos en beneficio de la comunidad. Se alegó que su patrocinado se encontraba totalmente arrepentido de su censurable conducta, habiendo prometido no volver a delinquir, además de tener a su cargo tres hijos menores de edad, cuyas necesidades se satisfacen a través de su trabajo como vendedor de vehículos, por lo que de ingresar en prisión, conllevaría la ruina de ese hogar familiar. Y se aludió, con cita del art. 25.2 C.E., que de procederse a ese ingreso penitenciario, haría difícil su reinserción social, por los efectos negativos que ello supondría. Se instó, en consecuencia, que se revoque el auto recurrido, y que se conceda la suspensión de la pena privativa de libertad, condicionada a lo dispuesto en los at. 83 y 84 C.P.

Por el Ministerio Fiscal, en su informe de fecha 24/08/2018, reiterando sus previos informes de fechas 27/02 y 16/07/2018, se opuso a la subsidiaria apelación interpuesta, al entender que en el penado no concurrían las circunstancias previstas para la concesión de ese beneficio, por cuanto que el Recurrente había sido condenado por delitos de violencia de género y de quebrantamiento de condena/medida cautelar, lo que ponía de manifiesto un desprecio absoluto al cumplimiento de las resoluciones judiciales, así como un pronóstico futuro que revelaba una alta probabilidad de que pudiese cometer hechos semejantes o de mayor gravedad, siendo el criterio de la peligrosidad determinante en la denegación del expresado beneficio.

La Magistrada a quo en el auto objeto de recurso, de fecha 22/06/2018, tras analizar el régimen jurídico aplicable a este beneficio, entendió que tales requisitos no concurrían en su totalidad por cuanto que a la vista de su hoja histórico-penal, constaban sentencias condenatorias por delitos de violencia de género y de quebrantamiento de condena/medida cautelar, siendo el criterio de la peligrosidad determinante a la hora de la denegación de la concesión del citado beneficio. Y en el auto resolutorio de la previa reforma interpuesta, de fecha 30/07/2018, tras reiterar los requisitos exigidos en el art. 81 C.P., que necesariamente ha de referirse al art. 80 de igual Texto Legal, se afirmó que el penado, según la certificación del Registro Central de Penados, había sido condenado previamente a la comisión de los hechos de esta causa, según sentencias de fechas 17/07/2013 y 9/05/2015, por sendos delitos de conducción sin permiso, incumpliendo con ello el presupuesto del art. 80.2.1º C.P.,. Se señaló, a la par, y a los efectos de la primariedad delictiva, que convenía también poner de manifiesto que Prudencio había sido condenado, tras esa sentencia cuyo beneficio instaba, hasta en seis ocasiones, según sentencias de fechas 27/01/2017 (delito de ocupación), de 6/02/2017 (delito de conducción sin permiso), de 29/12/2017 (delito de extorsión), de 27/03/2017 (delito de extorsión), de 6/06/2017 (delito de resistencia), y de 18/10/2017 dictada en este caso por el Juzgado de lo Penal nº 34 de Madrid, según sentencia firme, por la comisión de un delito de lesiones/maltrato en el ámbito familiar, a la pena de prisión de cuatro meses y quince días.

Conviene, en todo caso, indicar que el penado, y hoy Recurrente, fue condenado en el Juicio Oral núm.

27/2016 por sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 34 de Madrid, de fecha 2/12/2016, posteriormente confirmada por esta misma Sección en el Rollo de Apelación nº 170/2017, sentencia núm. 105/2017, de 14/02, y firme ese mismo día, por hechos acaecidos el día 12/07/2015, como autor criminalmente responsable de un delito de quebrantamiento de condena/medida cautelar, previsto y penado, en el art. 468.2 a la pena de prisión de siete meses.



SEGUNDO.- Centrada así la cuestión, tras la modificación introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30/03, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23/11, del Código Penal, en vigor desde el 1/07/2015, el art. 80 C.P., establece respecto de la ejecución de la suspensión de las penas privativas de libertad que: 1.- Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas. 2.- Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena, las siguientes: 1.ª Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136. Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros. 2.ª Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa. 3.ª Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127. Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. El juez o tribunal, en atención al alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su cumplimiento. 3. Excepcionalmente, aunque no concurran las condiciones 1.ª y 2.ª del apartado anterior, y siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen. En estos casos, la suspensión se condicionará siempre a la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio causado conforme a sus posibilidades físicas y económicas, o al cumplimiento del acuerdo a que se refiere la medida 1ª. del artículo 84. Asimismo, se impondrá siempre una de las medidas a que se refieren los numerales 2ª o 3ª del mismo precepto, con una extensión que no podrá ser inferior a la que resulte de aplicar los criterios de conversión fijados en el mismo sobre un quinto de la pena impuesta. 4. Los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.

5. Aun cuando no concurran las condiciones 1.ª y 2.ª previstas en el apartado 2 de este artículo, el juez o tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a cinco años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el numeral 2.º del artículo 20, siempre que se certifique suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión. El juez o tribunal podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos. En el caso de que el condenado se halle sometido a tratamiento de deshabituación, también se condicionará la suspensión de la ejecución de la pena a que no abandone el tratamiento hasta su finalización.

No se entenderán abandono las recaídas en el tratamiento si estas no evidencian un abandono definitivo del tratamiento de deshabituación. 6. En los delitos que sólo pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a éste y, en su caso, a quien le represente, antes de conceder los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena.



TERCERO.- La nueva regulación, en consecuencia, tiene como finalidad esencial dotar de una mayor flexibilidad y facilitar una tramitación más rápida de esta fase inicial de la ejecución de las penas de prisión.

A los efectos que aquí interesan, hemos de señalar también que en la reforma examinada se ha establecido una regulación unitaria de la suspensión y la sustitución, resultando esta última una modalidad de la primera, tal como se señala en la Exposición de Motivos de la referida LO 1/2015, que expresaba que con la modificación 'se pone fin a la situación actual en la que la existencia de una triple regulación de la suspensión (suspensión ordinaria, suspensión para el caso de delincuentes drogodependientes y sustitución de la pena) da lugar, en muchas ocasiones, a tres decisiones sucesivas que son objeto de reiterados recursos. Se mantienen los diversos supuestos de suspensión y sustitución de la pena, pero como alternativas u opciones posibles que ofrece el régimen único de suspensión. De este modo se asegura que Jueces y Tribunales resuelvan sobre si la pena de prisión debe ser ejecutada o no una sola vez, lo que debe redundar en una mayor celeridad y eficacia en la ejecución de las penas'.

De ahí que, el art. 84 C.P., tras la modificación, contenga la siguiente redacción: '1. El Juez o Tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas: 1º. El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación; 2º. El pago de una multa, cuya extensión determinarán el juez o tribunal en atención a las circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la que resultase de aplicar dos cuotas de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su duración. 3º. La realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando resulte adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor. La duración de esta prestación de trabajos se determinará por el juez o tribunal en atención a las circunstancias del caso, sin que pueda exceder de la que resulte de computar un día de trabajos por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su duración'.

Se trata, por tanto, de una facultad discrecional de Jueces y Tribunales que, en su caso, se acordará una vez se compruebe la concurrencia de dos grupos de requisitos. Alguno de esos requisitos versan sobre la no habitualidad (con remisión a lo establecido en el art. 94 C.P.) y otros a la naturaleza de la pena (de prisión hasta dos años), funcionan en todo caso, como criterios objetivamente establecidos por la Ley. Otros -ya presentes en la anterior regulación con respecto al beneficio de la sustitución de la pena de prisión, exclusivamente, en el desaparecido art. 88 C.P., sin contenido tras la modificación que examinamos- se refieren a las circunstancias personales del penado, en cuyo caso la posibilidad de suspensión atiende a los fines de prevención y reinserción social (circunstancias personales del reo, naturaleza del hecho, conducta de aquél y, en particular, el esfuerzo realizado para reparar el daño causado). Ciertamente, la peligrosidad criminal del penado, no aparece explícitamente recogida en el art. 80 C.P., vigente -como antes no lo estaba en el art. 88 que regulaba el beneficio de la sustitución de forma específica-, pero es evidente la vinculación existente entre las circunstancias personales del autor, su conducta o la naturaleza del hecho que son también elementos de valoración de la mayor o menor probabilidad de que el sujeto cometa un nuevo delito.

Objetivo directo y fundamental de la suspensión de la pena referido en el primer párrafo del vigente art. 80 C.P., como hemos enunciado expresamente, es que se faculta a Jueces y Tribunales para adoptar tal decisión 'cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos'. Circunstancia también referida en la Exposición de Motivos cuando, al justificar la nueva regulación, señala que 'la experiencia venía poniendo de manifiesto que la existencia de antecedentes penales no justificaba en todos los casos la denegación de la suspensión, y que era por ello preferible la introducción de un régimen que permitiera a los jueces y tribunales valorar si los antecedentes penales del condenado tienen, por su naturaleza y circunstancias, relevancia para valorar su posible peligrosidad y, en consecuencia, si puede concedérsele o no el beneficio de la suspensión'.



CUARTO.- A los efectos que aquí interesan, debe precisarse igualmente que el concepto de delincuente primario no es un concepto coincidente con la circunstancia agravante de reincidencia, pues si bien es cierto que participan de una nota común -la realización anterior de uno o varios delitos que condicionan la concesión del beneficio o la apreciación de la agravación- no es menos cierto que mientras el art. 22.8 C.P., establece que no la realización de cualquier delito comporta la concurrencia de reincidencia - sólo los comprendidos en el mismo Título de imputación y que participen de la misma naturaleza - en cambio el concepto de delincuente primario viene determinado por la realización indistinta de cualquier delito siempre que éste sea doloso. Así, la diversa función del concepto de delincuente primario, y la eficacia de la reincidencia, ha sido puesta de manifiesto por la doctrina ( STS de 2/04/1992), que establece que: '...La omisión de los antecedentes penales que por no ser computables a efectos agravatorios de la responsabilidad... no es óbice para que sean tomados en consideración por el Tribunal sentenciador como antecedentes del reo, no equivalente a reincidencia, pero si con posibilidad de apreciarse por aquél para hacer uso de la facultad que le otorga la Ley, en orden a la concesión o denegación del beneficio', de donde resulta que la hipotética no concesión del beneficio de la suspensión de la ejecución de las penas de prisión impuestas 'no vulneraría de ninguna manera los artículos 6_0028art>18 LOPJ., y 24 C.E., pues la eventual declaración en los Hechos Probados de una sentencia en el sentido de la inexistencia de antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, sólo tiene relevancia a la hora de calificar los hechos enjuiciados e individualizar las penas a imponer por los delitos cometidos, pudiendo el Juzgado o Tribunal sentenciador valorar los antecedentes penales omitidos para hacer uso de la facultad que le otorga la Ley, en orden a la concesión o denegación del beneficio, como queda dicho'.

En consecuencia, no son coincidentes los conceptos de reincidencia y de primariedad delictiva ( AAP Valladolid, Sección 2ª, núm. 285/2004, de 1/09), de modo que, para que el condenado 'no haya delinquido por primera vez' debe existir una sentencia condenatoria firme ( STS 1567/2004, de 27-12 y 1196/2000 , de 17/07; AAP, Castellón, Sección 2ª, 138/2005, de 28/04 y Jaén, Sección 3ª, 50/2005, 21/04), no bastando con que en el momento de cometer el delito por el que se le impuso la pena que se pretende suspender, el condenado haya realizado un hecho que pueda ser delictivo, sino que es necesario que en esa fecha exista una condena anterior por delito impuesta en sentencia firme (AAP, Castellón 326/2002, 15/11 y Barcelona, Sección 3ª, de 8/06/1999). Por ello se establece que el verbo delinquir va referido, no a la fecha de la comisión de los hechos, sino a la fecha de la firmeza de la sentencia, que así lo declara probado (AAP Gerona Sección 3º, 170/2002, 15/04). Esto es, para considerar que una persona no es delincuente primario a los efectos suspensivos ( art.

80.2.1º C.P.), no basta con el dato que en el momento de cometer el delito por el que se le impuso la pena que se trata de ejecutar haya realizado un hecho que pudiera ser delictivo, sino que es necesario que en esa fecha, exista una condena anterior por delito impuesta por sentencia firme ( STS núm. 2134/1994 de 7/12).

Este mismo criterio ha sido adoptado en el Acuerdo de Unificación de doctrina de las Secciones Penales de esta Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 6/06/2012, al señalar que 'el momento en el que se debe valorar la existencia y vigencia de antecedentes penales previos a los efectos de conceder la suspensión de condena, es al propio momento de la concesión o denegación de la suspensión'.



QUINTO.- En el presente caso, y con dichos antecedentes, si bien es cierto que la extensión de la pena que se pretende suspender (prisión de siete meses) se incluye dentro de las posibilidades legales de suspensión, art. 80.2.1º C.P., y sin perjuicio de las alegaciones formuladas por la Representación del hoy Recurrente, solo cabe afirmar que el penado no puede conceptuarse de delincuente primario, no concurriendo tampoco ninguna de las circunstancias excepcionales que pueden conllevar la aplicación del párrafo tercero del aquél precepto, en relación con los arts. 83 y 84 de igual Texto Legal.

En efecto, para ello debemos atender, por un lado, a la propia naturaleza del hecho analizado, esto es, el delito de quebrantamiento de condena/medida cautelar, previsto y penado, en el art. 468.2 C.P., sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, según consta en la certificación del Registro Central de Penados.

Y consta, según esa misma certificación, que el hoy penado había sido previamente condenado por sentencias de fechas 17/07/2013 y de 9/05/2015, por delitos contra la seguridad vial, en su modalidad de conducción sin permiso, aunque estas condenas no tengan relación con los ilícitos de género, respectivamente, además de haber sido posteriormente condenado por la sentencia que se pretende suspender, por las indicadas sentencias de fechas 27/01/2017 (por un delito de ocupación a pena de multa de tres meses, que consta cumplida en fecha 27/07/2017), por la de 6/02/2017 (por un delito de conducción sin permiso, a pena de cinco meses de multa, que no consta cumplida), por la de 29/12/2017 (por un delito de extorsión, a la pena de prisión de un año, que tampoco consta cumplida, además de a las penas de prohibición de comunicación y acercamiento respecto a una tercera persona, por término de dos años, que no constan cumplidas), por la de 27/03/2017 (por delito de extorsión en grado de tentativa, a la pena de un año de prisión y multa de seis meses, la cual consta sustituida, sin obrar cumplida la primera penalidad), por la de 6/06/2017 (por un delito de resistencia, a la multa de tres meses, que igualmente pende de cumplimiento), y por la sentencia firme de fecha 18/10/2017 dictada en este caso por el Juzgado de lo Penal nº 34 de Madrid, por la comisión de un delito de lesiones/maltrato en el ámbito familiar, a la pena de prisión de cuatro meses y quince días, además de las preceptivas penas de prohibición de acercamiento y de comunicación, por término de un año, cuatro meses y quince días, que se encuentran cumplidas en fecha 14/02/2018, asi como libertad vigilada por tratamiento médico externo por plazo de nueve meses y un día, que tampoco consta en esa certificación se halle cumplida.

De todo ello, debe entenderse, coincidiendo con la Juzgadora a quo que el hoy Recurrente no sólo no ostenta la condición de delincuente primario, a los efectos del art. 80.2.1º C.P., sino que además, conforme a ese historial delictual, ha de inferirse de una forma lógica y racional que no existe una mínima voluntad de reinserción por parte de D. Prudencio , sin que tampoco concurran circunstancias personales excepcionales de las que pueda sustentarse que procede acordar la suspensión por vía del art. 80.3 C.P., al haberse únicamente alegado, que no probado - aunque está cumpliendo actualmente condena - que el hoy Recurrente estaba integrado en la sociedad y que su peligrosidad social era nula, lo que adolece de toda virtualidad en relación a los extremos pretendidos, y que, en modo alguno, no se compadece con la aludida certificación del Registro Central de Penados.

Por todo ello, y según la hoja histórico-penal del hoy Recurrente, se constata que D. Prudencio ha sido condenado, sucesiva y reiteradamente, según las resoluciones ya indicadas, y de ello solo cabe afirmar que los antecedentes reseñados reflejan una reiteración delictiva del penado, de lo que se deriva necesariamente que el hoy Recurrente no es merecedor del beneficio pretendido, ni por vía del art. 80.3 C.P., como señala el auto recurrido, ya que los mismos antecedentes apuntan y denotan su peligrosidad, no pudiéndose entender razonable esperar que la ejecución de la actual pena no sea necesaria para evitar futuros ilícitos, apareciendo razonable y razonada, la denegación efectuada en la resolución impugnada, cuyas consideraciones comparte esta Sala de Apelación, debiendo, por todo ello, desestimar el recurso interpuesto.

Indicar, a la par, que las aludidas circunstancias personales, familiares y sociales invocadas en aras a la aplicación del beneficio de suspensión, a través de esa vía excepcional, carecen de toda justificación probatoria, debiendo incardinarse en el legítimo ejercicio al derecho a la defensa las alegaciones vertidas a este respecto.

Por último, señalar que el auto recurrido, a criterio de esta Sala, observa y cumple la doctrina constitucional relativa a la motivación de las resoluciones que se refieran a la concesión o denegación de ese beneficio ( SSTC 24/1990, de 16 de febrero, F. 4; 108/2001, de 23 de abril, F. 2; 35/2002, de 11 de febrero, F.

3, 215/1998, de 11 de noviembre, F. 3; 68/2002, de 21 de marzo, F. 4; 128/2002, de 3 de junio, F. 4), habiendo tenido pleno conocimiento el Recurrente de la 'ratio decidendi' determinante de la causa de tal desestimación, como puede apreciarse de la propia literalidad del recurso interpuesto.



SEXTO.- No se encuentran motivos para imponer a la parte apelante, por temeridad o mala fe, las costas de esta instancia, que se declaran de oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 240.1 LECRIM.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

Fallo

LA SALA ACUERDA: que, con desestimación del recurso subsidiario de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Prudencio contra el auto de fecha 22/06/2018, dictado por el Juzgado de lo Penal nº 32 de Madrid, de Ejecuciones de Violencia, en su Ejecutoria nº 476/2017, por el que se denegó la concesión al penado de los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, debemos confirmar y confirmamos la resolución recurrida, declarando de oficio las costas de esta instancia. Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes personadas. Remítase testimonio de este auto junto con la causa al Juzgado de lo Penal para su conocimiento y efectos pertinentes.

Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno.

ASI lo acordaron y firman las/los Ilmas./os. Sras./es. Integrantes de la Sala.

Diligencia.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.