Auto Penal Nº 20739/2022, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 20959/2022 de 30 de Noviembre de 2022

Encabezamiento

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Penal

Auto núm. 20.739/2022

Fecha del auto: 30/11/2022

Tipo de procedimiento: CAUSA ESPECIAL

Número del procedimiento: 20959/2022

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excmo. Sr. D. Leopoldo Puente Segura

Procedencia:

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Dolores De Haro Lopez-Villalta

Transcrito por: ASO

Nota:

CAUSA ESPECIAL núm.: 20959/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Leopoldo Puente Segura

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Dolores De Haro Lopez-Villalta

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Auto núm. 20739/2022

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Manuel Marchena Gómez, presidente

D. Andrés Palomo Del Arco

D.ª Ana María Ferrer García

D. Leopoldo Puente Segura

D. Javier Hernández García

En Madrid, a 30 de noviembre de 2022.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Leopoldo Puente Segura.

Antecedentes

PRIMERO.-El 2 de noviembre de 2022, tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo, escrito presentado por don Maximino en el que se interpone denuncia contra el Excmo. Sr. Don Obdulio, Presidente del Gobierno, por delitos de prevaricación administrativa del art. 404 del Código Penal y por un delito de lesiones imprudente, por lo se incoó la causa especial número 20959/2022.

SEGUNDO.-Por providencia de 3 de noviembre siguiente se da traslado al Ministerio Público quien, con fecha 17 de noviembre, informa que: [...] es competente esta Sala para el conocimiento de la presente causa, debiéndose acordar la inadmisión de la denuncia presentada pues no describe hechos que presenten caracteres de delito, por lo que procede el archivo de las diligencias.

TERCERO.-Por diligencia de ordenación de 21 de noviembre de 2022 se pasan las actuaciones al Magistrado ponente Excmo. Sr. don Leopoldo Puente Segura, a fin de que se resuelva lo que en Derecho corresponda.

Fundamentos

PRIMERO.-Formula denuncia don Maximino contra Don Obdulio, Presidente del Gobierno de España, por lo que no hay duda de la competencia de esta Sala Segunda para conocer de los hechos presuntamente atribuidos al referido, de conformidad con lo establecido en el art. 57.1.2º LOPJ.

Censura quien aquí denuncia que el Presidente del Gobierno no decretara una 'mínima orden de prevención' ante la alarma de propagación del virus (en referencia al informe de 2 de marzo del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que evaluaba el riesgo de propagación del mismo, --Covid-19-), en el marco de las indicaciones de la OMS y otros expertos. Así como que 'decidiera celebrar la manifestación' del 8 de marzo. 'a pesar de conocer las advertencias anteriormente descritas, en la que, el denunciante considerar fue una errónea aplicación de lo contenido en el artículo 21.2 de la Constitución española. Observa a este respecto que quien era entonces Delegado del Gobierno en Madrid 'permitió, bajo la supervisión' del ahora denunciado' la continuidad y celebración de todos los eventos a los que la denuncia se refiere, destacando que el entonces Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid se encuentra actualmente investigado en causa seguida ante el Juzgado de Instrucción número 51 de esta capital.

Dicha omisión constituiría, según el denunciante sostiene, un delito de prevaricación administrativa, con relación al desarrollo de los siguientes eventos:

- 6 días antes le la celebración de la manifestación del 8M, a pesar de la cantidad de información fehaciente que poseía el Presidente Obdulio, permitió que la misma tuviera lugar y que continuaran las aglomeraciones pasivas de personas en ESTADIOS DE FUTBOL, BALONCESTO, CINES, TEATROS, PARQUES DE ATRACCIONES, LAS FALLAS EN VALENCIA, ESTACIONES DE TREN, METRO, AEROPUERTOS, CENTRO COMERCIALES y concentraciones en eventos políticos como el acto de VOX en Vistalegre reuniendo a más de 9.000personas en Madrid, a pesar de ser conocedor el Gobierno dirigido por el aquí denunciado, de los32casos confirmados en la misma comunidad, más las personas que hayan podido contagiarse al estar en contacto directo y, sin olvidarnos de la espectacular concentración de 150.000 personas solo en Madrid celebrada el día 8 de Marzo.

- El 8 de Marzo de 2020, había contabilizado (porque el Gobierno seguía de cerca las estadísticas del contagio) 202 casos confirmados por COVID-19 solo en la Comunidad de Madrid y 8 fallecidos. Obdulio era conocedor que el virus era LETAL, por lo que al hacer caso omiso y ocultar 5 de 7 esta información permitiendo tales eventos públicos estaría sometiendo a ciudadanos a exponerse a un grave peligro, puesto que las consecuencias para los casos más graves, sería la muerte.

- Es evidente que los hechos ocurridos a día de hoy podían haber sido completamente distintos y con muchos menos contagiados y fallecidos, de haber aplicado correctamente el art. 21.2 de la Constitución Española, sobre el derecho de manifestación...

Todo ello para concluir tipificando los hechos como eventualmente constitutivos de sendos delitos de prevaricación administrativa del art. 404 CP, aunque también menciona el delito de lesiones imprudentes del art. 152 CP.

SEGUNDO.-Es necesario remitirnos a los argumentos ya expresados, dada la identidad sustancial de los hechos denunciados en otras querellas y denuncias acumuladas en la causa especial 20542/2020, a las consideraciones contenidas en el auto de esta Sala de fecha 18-12-2020, relacionadas todas con la crisis de la conocida como Covid 19.

En dicha causa, en la que recayó el auto referido, se examinaron también imputaciones dirigidas contra este mismo aforado. En concreto se examinaron denuncias contra, entre otros, el Presidente y demás miembros del Gobierno, por delitos similares, entre ellos, prevaricación administrativa y homicidio y lesiones imprudentes.

Por la absoluta identidad de la persona del denunciado y hechos que el denunciante le reprocha, igualmente debemos mencionar como relevante antecedente la causa especial 20673/2020 y el auto recaído en la misma de 3 de febrero de 2021, así como también a la resolución recaída en la causa especial núm. 20989/2020 (auto de fecha 23 de abril de 2021).

TERCERO.-Recuerda el auto de 18-12-2020 cómo, conforme a una jurisprudencia reiterada de esta Sala (cfr. por todos, ATS de 11 de junio de 2016, dictado en la causa especial núm. 20440/2016), ha de considerarse que los hechos no pueden ser considerados como constitutivos de delito, a los eectos que ahora importan, en aquellos casos en que:

a) Los hechos contenidos en el relato fáctico de la querella, tal y como ha sido redactada, no sean susceptibles de ser subsumidos en ningún precepto penal, según el criterio razonado del órgano jurisdiccional competente. En estos casos, carece de justificación alguna la apertura de un proceso penal para comprobar unos hechos que, de ser acreditados, en ningún modo serían constitutivos de delito.

b) Cuando, a pesar de la posible apariencia delictiva inicial de los hechos que se imputan en la querella, no se ofrezca en ésta ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad, limitándose el querellante a afirmar su existencia, sin ningún apoyo objetivo atinente a los propios hechos. En este segundo supuesto, una interpretación de la norma ajustada al canon que informa el sistema constitucional de derechos y libertades, conduce a excluir la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos de relevancia penal meramente sospechosa, es decir, una investigación prospectiva, que no aporte, a partir del conocimiento propio del querellante, un indicio objetivo de su realidad. De lo contrario, cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia.

De modo que la presentación de una querella no conduce de manera forzosa o ineludible a la incoación de un procedimiento penal, sino que se precisa la realización de una inicial valoración jurídica de la misma, de conformidad con las consideraciones expuestas, que puede conducir a su no admisión a trámite.

La simple interposición de una querella, --tampoco, evidentemente, de una denuncia--, no genera un derecho incondicional a la apertura de un procedimiento penal. Su viabilidad exige de esta Sala un doble ejercicio ponderativo. De una parte, un examen abstracto, hipotético, acerca de la posible tipicidad de los hechos imputados, para el caso de que éstos resultaran acreditados; de otra, un análisis indiciario de la responsabilidad que en su comisión podrían haber tenido las personas querelladas.

Y en ese esfuerzo de ponderación la Sala sólo cuenta con un instrumento de análisis, que no es otro que el Código Penal, interpretado conforme a los precedentes de nuestra jurisprudencia y a las categorías y principios dogmáticos que hacen legítima la imposición de una pena. Por consiguiente, quedan fuera de nuestro examen otro tipo de consideraciones cuya presencia enriquece el debate público pero que, al mismo tiempo, lo aleja del estricto análisis técnico-jurídico.

El punto de partida no es controvertido. Las autoridades gubernativas -ya sean de la Administración Central, ya de la Administración Autonómica- tienen el inexcusable deber de evitar la propagación de virus. Conforme a la estructura jurídico-administrativa que delimita sus respectivos campos de actuación, han de adoptar las medidas requeridas para preservar a los ciudadanos del riesgo de muerte o de padecer graves secuelas como consecuencia de la enfermedad. Ese deber es algo más que un deber testimonial. Tiene dimensión jurídica. Se deriva de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, de la LO 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en materia de Salud Pública, actualizada por el Real Decreto-Ley 6/2020, de 11 de marzo y del Real Decreto 463/2020, 14 de marzo, que acordó el estado de alarma.

Es cierto que, por la propia naturaleza del virus que está en el origen de la pandemia, el riesgo de contagio preexistía a cualquier decisión gubernamental. Pero también lo es que la intensificación de ese riesgo, cuando se vincula a acciones u omisiones político-administrativas, puede generar una responsabilidad jurídica, cuya determinación dependerá de un segundo nivel de análisis. No basta, pues, con afirmar que un daño es antijurídico para precipitar la apertura de un proceso penal. Para ello es necesario algo más.

No deja de ser una obviedad afirmar que la calificación jurídico-penal de un hecho no puede hacerse depender de la indignación colectiva por la tragedia en la que todavía nos encontramos inmersos, ni por el legítimo desacuerdo con decisiones de gobierno que pueden considerarse desacertadas o inoportunas. Son otros los escenarios en los que la exigencia de ese tipo de responsabilidades tiene que hacerse valer. Como en tantas ocasiones hemos puesto de manifiesto, una resolución de archivo acordada por esta Sala no santifica o respalda actuaciones erróneas y de graves consecuencias sociales, cuando las hubiere habido, aunque no tengan relevancia penal. Sólo nos corresponde examinar la posible existencia de responsabilidad criminal y determinar si las querellas formuladas, en este caso la denuncia, contienen elementos suficientes para concluir, al menos indiciariamente, que la persona aforada podría haber incurrido en alguna conducta tipificada en la ley como delito. Y, además, tratándose de un órgano que no es el llamado ordinariamente a investigar hechos penales, sino solo excepcionalmente, también estamos condicionados por la aparición de indicios cualificados contra personas aforadas, para no sustraer las investigaciones de su ámbito primario natural.

En esa tarea la Sala tiene que aferrarse a principios sin cuya aplicación el derecho penal se distancia de sus fuentes legitimadoras. El principio de legalidad y la consecuente exigencia de taxatividad en la definición de los tipos penales operan como límites infranqueables en la aplicación de la ley penal. No toda conducta socialmente reprobable tiene encaje en un precepto penal. Contemplar los tipos penales como contornos flexibles y adaptables coyunturalmente para dar respuesta a un sentir mayoritario supone traicionar las bases que definen el derecho penal propio de un sistema democrático.

Tampoco puede la Sala promover la exigencia de responsabilidades penales dando la espalda a otro de los principios sin cuya vigencia el derecho penal se convierte en un peligroso instrumento totalitario. Hablamos del principio de culpabilidad por el hecho propio. La responsabilidad penal es estrictamente personal. Cualquier juicio de autoría exige que la persona a la que se atribuye responsabilidad criminal haya ejecutado por sí la acción típica o, en supuestos de coautoría, tenga el dominio funcional del hecho. Esta imputación puede ser especialmente compleja cuando la acción delictiva tiene lugar en el marco de una organización o estructura compleja y jerarquizada. La división y delegación de funciones y, por tanto, de la capacidad de decisión -que puede recaer en un grupo diverso y múltiple de personas que ejercen algún tipo de mando y dirección dentro de la estructura- hace todavía más difícil la afirmación de la responsabilidad criminal. Y esto es lo que acontece en casos como el presente, en el que ostenta el denunciado la condición de Presidente del Gobierno de España. Esta complejidad no exime, desde luego, de realizar el juicio de autoría cuando así quede acreditado. Pero, en ningún caso, puede desembocar en atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea. De hacerlo así vulneraríamos de manera flagrante el principio de culpabilidad.

CUARTO.-Expuesto lo que antecede, la tipificación de los hechos denunciados en el delito de prevaricación administrativa del art. 404 CP, no se sostiene.

En efecto, la injusticia en la actuación política-administrativa del denunciado pretende justificarse mediante valoraciones subjetivas del denunciante. No se concretan elementos objetivos sobre qué resoluciones específicas dictadas por el aforado fueron no solo ilegales sino injustas y arbitrarias, como exige el art. 404 CP. Tampoco se analizan cuáles deberían haber sido dictadas por él y, al no hacerlo, permitieron la injusticia asociada a esa negativa. Ni se observa que las resoluciones que se aseguran genéricamente como omitidas aparecieran, en el caso, le resultaran impuestas por el ordenamiento jurídico.

Como ya se observaba en el tan citado auto de 18-12-2020, la discrepancia frente a determinadas actuaciones, frente a la oportunidad de ciertas decisiones o frente al momento temporal en el que debieron haberse adoptado, es desde luego legítima, pero no suficiente para cuestionar, no ya la legalidad, sino la ' injusticia' en términos jurídico-penales de estas acciones y/u omisiones.

No toda omisión o incumplimiento de un deber por parte de un funcionario puede catalogarse de prevaricación administrativa omisiva. Es preciso que sea imperativo para el funcionario en cuestión dictar una resolución y que su omisión sea equivalente a una resolución arbitraria expresa (Cfr. STS 58/2018, de 1 de febrero). Nada de ello se concreta en las imputaciones formuladas, más allá de expresar el momento en que determinadas resoluciones, a juicio del denunciante, debieron ser adoptadas, en lugar de hacerlo después.

Por otro lado, no basta a estos efectos la mera ilegalidad, que habrá de hacerse valer, en su caso, ante la jurisdicción administrativa. Ni siquiera la nulidad de una resolución o acto administrativo implica necesariamente su carácter prevaricador. El delito de prevaricación exige una actuación que se sitúe al margen del ordenamiento jurídico y que, como tal, no responda a los intereses generales de los ciudadanos.

El cuestionamiento de la actuación del Gobierno, --en particular en este caso de su Presidente--, en la gestión de la pandemia, aunque legítimo, no ampara el inicio de un proceso penal para investigar la posible comisión de un delito de prevaricación. No basta con afirmar, --se observaba también en el auto citado--, que los aforados elaboraran determinados ' protocolos imprudentes', que dictaran órdenes e instrucciones inadecuadas o que debieran haber actuado de una determinada manera. Es preciso aportar algún elemento, más allá de las apreciaciones de los propios querellantes, --ahora del denunciante--, que sustente que estos comportamientos fueron ajenos al ordenamiento jurídico. Y ello, como venimos razonando, no consta se produjera. No, desde luego, de manera dolosa. No existe en el ámbito judicial de la prevaricación administrativa -a diferencia de la judicial- una modalidad culposa de prevaricación.

QUINTO.-Y en cuanto a la imputación al denunciado de los delitos de lesiones imprudentes, art. 152 CP, en comisión por omisión, puesto que su inacción habría provocado lesiones a numerosas personas, en el mismo auto de 18-12-2020, decíamos:

'Una primera idea, que opera como irrenunciable presupuesto de cualquier análisis jurídico-penal, exige tener bien presente que la responsabilidad penal por las muertes acaecidas o por las graves lesiones sufridas por algunos de los enfermos impone demostrar que entre las acciones u omisiones -infracción del deber- y el resultado mortal o lesivo existió una concreta y precisa relación de causalidad. No es posible acusar a alguien de ser autor de un homicidio o unas lesiones graves si entre su acción u omisión y el resultado mortal o lesivo no puede afirmarse una inequívoca relación de causalidad. Pero esta relación de causalidad no puede construirse en términos genéricos, difusos, de suerte que el análisis individual y la prueba concreta de cada uno de los contagios se sustituya por una confusa referencia a fallecimientos acaecidos en grupos sociales o en colectivos de personas que, por una u otra circunstancia, estuvieron muy cerca de una acreditada fuente de contagio.

Dicho en otros términos: para considerar al aquí denunciado responsable de un delito de lesiones por imprudencia, no bastaría con acreditar que se ocultó información procedente de organismos internacionales y que esos informes técnico-sanitarios ya eran conocidos por el Gobierno y por la persona de su Presidente. Ni siquiera sería bastante con demostrar que la no adopción de medidas tendentes a evitar las aglomeraciones masivas pudo incrementar el número de contagios. Nuestro sistema no conoce un tipo penal en el que se castigue a la autoridad o funcionario público que, de forma intencionada o negligente, oculte información relevante para conocer el verdadero alcance de una pandemia que amenaza con causar un grave peligro para la sanidad colectiva. En ausencia de un delito de riesgo que criminalice la desinformación que pone en peligro la vida o la integridad física de las personas, sólo podría ser objeto de un proceso penal la investigación de esas conductas de ocultación si existe posibilidad de demostrar que entre esa desinformación y el resultado lesivo o mortal hubo una precisa relación de causalidad.

Y cualquier esfuerzo probatorio en esa línea resultaría baldío.

En el estado actual de la ciencia es imposible acreditar, con la certeza que exige un proceso penal, la formulación del juicio de autoría, que la persona que acudió a una de esas manifestaciones o aglomeraciones, carente de una información acerca de los peligros del COVID-19, se contagió en esa reunión multitudinaria. Es imposible demostrar, en fin, que su contagio no se produjo antes o después, en ese o en otro lugar, a los pocos días o después de algunas semanas. No es posible afirmar que el resultado de muerte o lesiones graves resulte imputable objetivamente a la estrategia de desinformación que se atribuye al denunciado, incluso, aunque ésta se diera por acreditada a los efectos que ahora importan.

La afirmación de que uno u otro miembro del Gobierno es autor de tantos delitos de homicidio o lesiones como víctimas se han producido en la pandemia, exigiría acreditar en términos médicos que el contagio que desencadenó el daño en todas y cada una de las víctimas tuvo su origen inmediato en decisiones u omisiones gubernamentales que precipitaron el fatal desenlace. Sin embargo, el estado actual de la medicina no permite proclamar ese enlace causal entre la acción u omisión del Gobierno, y/o de su Presidente, y el lugar o el momento de un contagio. Y, sobre todo, hacerlo de forma que se excluyan otras explicaciones alternativas con la certeza exigida para la afirmación de la autoría en derecho penal. El análisis de la relación de causalidad en términos de imputación objetiva, superados modelos históricos ya abandonados, exigiría demostrar que el denunciado creó o intensificó el riesgo de que el resultado mortal o lesivo que se cernía sobre las víctimas llegara a hacerse realidad. Pero ese incremento del riesgo -que puede apreciarse sin dificultad en términos genéricos- resulta de prueba imposible cuando de lo que se trata es de enlazar causalmente la muerte o lesiones graves de una persona con una concreta acción u omisión del ahora denunciado. Y es que -obligado resulta insistir en ello- el enlace causal no puede desnaturalizarse convirtiendo lo que tiene que ser una responsabilidad individual, respecto de la lesión de bienes jurídicos personales, en una responsabilidad grupal o corporativa, enlazada causalmente con un número indeterminado o difuso de fallecimientos o lesiones.

La autoría por omisión permite afirmar la responsabilidad criminal en aquellas ocasiones en las que la conducta omitida, es decir, la infracción del deber de actuar, es equiparable ontológicamente a la acción. A los casos de comisión por omisión se refiere el art. 11 del CP, según el cual ' Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción: a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente'.

El tipo objetivo de la comisión por omisión requiere, según la jurisprudencia de esta Sala (STS 464/2018, de 15 de octubre, entre otras) la producción de un resultado propio de un delito de acción; la posición de garante en el omitente; que la omisión equivalga en el caso a la producción del resultado; la capacidad del omitente para realizar la acción y un nexo causal, aún hipotético, entre ésta y el resultado producido. Tratándose de delitos impropios de omisión no es preciso una causalidad real entre la omisión y el resultado, pero sí ha de ser posible proclamar una causalidad potencial respecto a la acción que no se ha llevado a cabo ( STS 135/2018, de 21 de marzo).

Por consiguiente, para sostener la autoría del denunciado de las muertes o graves secuelas sufridas por las víctimas, sería indispensable acreditar que, de haberse ejecutado la acción omitida, se habrían evitado los resultados lesivos y mortales. En otras palabras, habría que demostrar que, si no se hubiera ocultado información o se hubiera anticipado la decisión política del confinamiento, se habrían impedido los daños. Y desde las categorías jurídico-penales que está obligada a ponderar esta Sala, no nos basta con constatar en términos empíricos que unas decisiones de esa naturaleza podrían haber reducido la dramática estadística que está definiendo la tragedia. La imputación de actos homicidas o lesivos no puede construirse en términos estadísticos, sino estrictamente probatorios, ligados a la muerte o a las lesiones padecidas por cada una de las víctimas.

En definitiva, como ya hemos observado hasta aquí,la ausencia en el Código Penal de un delito de riesgo que sancione la intencionada o negligente ocultación de la información científica precisa para conocer y paliar los efectos de una pandemia, generando así un grave riesgo para las personas, impide abrir un proceso penal para la investigación de una conducta que ya de antemano cabe reputar como atípica. Los delitos contra la seguridad colectiva -título XVII del libro II del CP- y de riesgo catastrófico -capítulo I, arts. 341 a 350- incluyen graves sanciones para conductas dolosas e imprudentes relacionadas con la liberación de energía nuclear y radiaciones ionizantes. También para los daños provocados por materiales explosivos, inflamables o sustancias corrosivas, tóxicas y asfixiantes. Pero no incorporan en la descripción de las conductas punibles las acciones u omisiones que el ahora denunciante atribuye al Presidente del Gobierno.

La Sala está encadenada al principio de legalidad. Las exigencias de lex certaderivadas de la regla de taxatividad que ha de inspirar la descripción de los tipos penales y su consecuente aplicación, cierran cualquier posibilidad de persecución de unos hechos que, por más que su realidad pudiera quedar acreditada en fase de investigación, carecerían, en sí mismos, de relevancia penal.

Como también hemos dejado dicho en las resoluciones citadas, resulta innecesario puntualizar que la Sala no puede quebrantar el ámbito funcional que le es propio. No abordamos otras formas de reparación al alcance de las víctimas en otros órdenes jurisdiccionales. Los daños ligados al funcionamiento anormal de un servicio público son directamente indemnizables en la jurisdicción contencioso-administrativa, sin otra exclusión que aquellos ocasionados por fuerza mayor (cfr. art. 106.2 de la CE y arts. 32 y ss de la Ley 40/2015, 1 de octubre del Régimen del Sector Público). Y el daño producido por acciones u omisiones en que haya intervenido culpa o negligencia es también reparable en vía civil ( art. 1902 del Código Civil).'

En base a lo expuesto, y vistos los preceptos citados y demás que resultaran de aplicación.

Fallo

LA SALA ACUERDA:

1º) Declarar la competencia de esta Sala para el conocimiento y decisión de la presente denuncia formulada por don Maximino contra el Excmo. Sr. don Obdulio, presidente del Gobierno.

2º) Inadmitir a trámite la denuncia por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno, con el consiguiente archivo de las actuaciones.

Contra esta resolución cabe recurso de súplica en el plazo de tres días ante la Sala.

Notifíquese la presente resolución al denunciante y al Ministerio Fiscal.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.