Auto Penal Nº 254/2003, Audiencia Provincial de Soria, Sección 1, Rec 157/2003 de 03 de Diciembre de 2003

Encabezamiento

AUTO

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

SORIA

AUTO: 00254/2003

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SORIA

Sección nº 001

Rollo : 0000157/2003

Ó3rgano Procedencia: JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 2 de SORIA

Proc. Origen: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO nº 0000817/2003

AUTO PENAL NUM. 254/03 (dil. Previas)

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSE MIGUEL GARCIA MORENO

MAGISTRADOS

D. RAFAEL MARIA CARNICERO GIMENEZ DE AZCARATE

D. RAFAEL FERNANDEZ MARTINEZ (Suplente)

========================================

En Soria, a 3 de Diciembre de 2003.

La Ilma. Audiencia Provincial de Soria, compuesta por los Magistrados reseñados al margen, ha visto en segunda instancia el recurso de apelación núm. 157/03, interpuesto contra el Auto dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Soria en las Diligencias Previas núm. 817/03.

Han sido partes:

Apelante: Gaspar , defendido por la Letrada Sra. Martínez Escolar.

Apelado: MINISTERIO FISCAL, en la representación que le es propia.

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAFAEL MARIA CARNICERO GIMENEZ DE AZCARATE.

Antecedentes

PRIMERO.- En el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Soria se dictó Auto con fecha 11 de Noviembre de 2003 que desestima el recurso de reforma interpuesto por Gaspar contra el auto de 31 de Octubre de 2003 que decretaba la prisión provisional, comunicada y sin finanza de Gaspar . Por la representación arriba expresada de Gaspar se interpuso recurso de apelación contra el citado auto, dándose traslado del mismo a las demás partes personadas, impugnándose el mismo por parte del Ministerio Fiscal, remitiéndose las actuaciones a esta Audiencia Provincial de Soria.

SEGUNDO.- Una vez recibidos los autos en esta Audiencia Provincial, se formó el Rollo Penal núm. 157/03, pasando los autos a La Sala para resolver.

Fundamentos

PRIMERO .- Por la representación procesal de D. Gaspar se ha interpuesto recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Soria en fecha 11 de noviembre de 2.003, por el que se acordó desestimar el previo recurso de reforma contra el auto del citado Juzgado de 31 de octubre de 2.003, que decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza del citado imputado.

Al no haberse designado particular alguno por la parte recurrente, pese al tenor del art. 766.3 L.E.Crim. en su redacción vigente, la Sala ha hecho uso de la facultad excepcional prevista en el nº 3 in fine del citado precepto de la Ley Procesal Penal, a fin de tener acceso al escrito de interposición del recurso devolutivo y tomar conocimiento de los argumentos en los que se funda dicho recurso devolutivo. Sostiene la parte recurrente en apelación que no concurre ninguno de los presupuestos que, de conformidad con lo previsto en el art. 503 L.E.Crim., permitirían la adopción de la medida cautelar de naturaleza personal acordada por el Juez de Instrucción.

SEGUNDO .- La legitimidad constitucional de la prisión provisional exige -de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional- que su configuración y su aplicación tengan como presupuesto inexcusable la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, y además como objetivo la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida, por lo que ha de ser concebida, tanto en el momento de su adopción como en su mantenimiento ulterior, como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de los fines antedichos. La constatación de razonables sospechas de responsabilidad criminal opera como "conditio sine qua non" de la adopción y mantenimiento de tan drástica medida cautelar de naturaleza personal, pero además la aplicación de esta medida sólo resulta legítima si se supedita a una estricta necesidad y subsidiariedad vinculadas al fin que justifica su adopción desde la perspectiva constitucional, y que no es otro que la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso y, en su caso, para la ejecución del fallo, que parten del imputado, a saber: su sustracción de la acción de la Administración de la Justicia, la obstrucción de la instrucción penal, y, en un plano distinto aunque íntimamente relacionado con los anteriores, la reiteración delictiva, tal como se desprende del tenor del art. 503.1.3º y 2 L.E.Crim. en su redacción vigente (sentencias 40/1.987, 8/1.990, 9 y 13/1.994, 66/1.997, 33/1.999 y 47/2.000, entre otras).

En el caso presente, las resoluciones objeto del recurso de apelación expresan detalladamente las razones que han llevado al Juez de Instrucción a acordar la medida cautelar de prisión provisional del imputado Sr. Gaspar al amparo del art. 503 L.E.Crim. y demás preceptos concordantes, pese al carácter excepcional de dicha medida, y lo cierto es que la detallada fundamentación de los referidos autos lleva a rechazar la argumentación desarrollada en el escrito de interposición del recurso de apelación en el sentido de que no concurrirían en el presente caso los presupuestos habilitantes para la adopción de la prisión provisional incondicional del recurrente. De las diligencias de instrucción sumarial practicadas hasta el momento presente resultan indicios racionales de criminalidad en contra del imputado Sr. Gaspar como supuesto autor de un delito contra la salud pública de los arts. 368 y 369.3º C.Penal vigente, al haber sido aprehendida una cantidad relativamente importante de drogas tóxicas (presumiblemente "speed" o anfetamina) en poder del citado imputado, quien ha reconocido en sus declaraciones a presencia policial y judicial que transportaba la sustancia tóxica en el vehículo Volkswagen Golf matrícula ....FFF propiedad de su madre, y que la bolsa con droga había sido introducida entre la rueda delantera izquierda y el faro del vehículo, con el consentimiento del Sr. Gaspar . La relativa importancia de la cantidad de droga tóxica incautada que se transportaba en el vehículo conducido por el imputado con su consentimiento (del orden de 315,5 grms.), permite inferir razonablemente que dicha sustancia estaba destinada a ser entregada o vendida a terceras personas, e incluso podría llevar a la aplicación del subtipo agravado del nº 3º del art. 369 C.Penal, toda vez que el acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2.001 y las sentencias de dicha Sala que aplican este acuerdo (por ejemplo, sentencias de 23-4, 22-7 y 30- 10-2.002) han venido considerando cantidad de notoria importancia a partir de 30 grms. de d- metanfetamina o "speed" puro ó 90 grms. de sulfato de anfetamina, lo que determinaría un marco punitivo entre nueve y trece años y seis meses de prisión. Sin ánimo de prejuzgar el resultado del juicio oral que pudiese llegar a celebrarse en su día resulta difícilmente cuestionable que estos indicios de criminalidad en contra del imputado recurrente implican la concurrencia del primero de los presupuestos habilitantes para acordar la prisión provisional de éste al amparo del art. 503.1.1º y 2º L.E.Crim. en su redacción vigente, y ello sin perjuicio, claro está, de que en el caso de que se confirmase, en atención al grado de pureza de la droga tóxica intervenida, que la cantidad de la sustancia aprehendida no llega al tope definido jurisprudencialmente como notoria importancia, pudiese revisarse la situación personal del imputado por el Juzgado de Instrucción.

Además del presupuesto básico para la adopción de la medida cautelar concurren otras circunstancias que hacen necesaria y legítima ésta desde la perspectiva constitucional, en atención a la finalidad que la misma está llamada a cumplir, y en este sentido han de tenerse presente que la pena señalada en términos abstractos al delito imputable al Sr. Gaspar (que, conforme a lo razonado, podría llegar hasta trece años y seis meses de privación de libertad) hace que el presente caso sea subsumible en el supuesto de hecho del art. 503.1.3º a) L.E.Crim. en su redacción vigente, dado que la entidad de la pena que podría llegar a imponerse al recurrente es un factor que permite suponer, en principio, la existencia de un elevado riesgo de fuga, máxime si se tiene presente que no resulta probado de las actuaciones testimoniadas y remitidas a esta Sala por el Juzgado de Instrucción que las circunstancias personales, familiares o laborales del Sr. Gaspar sean determinantes de una situación de fuerte arraigo en España en virtud de la cual cupiera excluir o limitar el elevado riesgo de fuga que se deriva de la entidad de la pena privativa de libertad con la que podrían llegar a sancionarse los hechos.

Por todo lo expuesto, resulta procedente mantener por ahora la prisión provisional del Sr. Gaspar , y ello sin perjuicio, claro está, de la posible modificación de la medida cautelar más adelante en el curso de la instrucción sumarial y a la vista del resultado de las diligencias de investigación que se vienen practicando en el Juzgado de Instrucción.

TERCERO .- Por no apreciarse la concurrencia de méritos que justifiquen otra decisión han de ser declaradas de oficio las costas de esta alzada (art. 240.1º L.E.Crim.).

En atención a lo expuesto,

Fallo

LA SALA ACUERDA:

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la letrada Sra. Martínez Escolar en nombre y representación de D. Gaspar contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Soria el día 11 de noviembre de 2.003 en las Diligencias Previas nº 817/2.003 de ese Juzgado, que confirmó el previo auto de 31 de octubre de 2.003, ratificando en su integridad las expresadas resoluciones; con declaración de oficio de las costas de esta alzada.

Así por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. de La Sala, de todo lo que doy fe.

PUBLICACIÓN : En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA : Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.