Auto Penal Nº 282/2012, Audiencia Provincial de Jaen, Sección 3, Rec 278/2012 de 31 de Octubre de 2012

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN TERCERA JAÉN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE JAÉN PROCEDIMIENTO ABREVIADO NÚM. 65/2012 ROLLO DE APELACIÓN PENAL NÚM. 278/2012 A U T O NÚM. 282/12 ILTMOS. SRES.: PRESIDENTE: D. JOSÉ CÁLIZ COVALEDA MAGISTRADOS: D. JESÚS Mª PASSOLAS MORALES D. SATURNINO REGIDOR MARTÍNEZ En la ciudad de Jaén a treinta y uno de octubre de dos mil doce.

Antecedentes

PRIMERO.- En el Procedimiento Abreviado número 65 de 2.012, seguidos por el delito de Malos Tratos, por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén, en fecha 18 de mayo de 2.012 se dictó Auto por el que se acordaba la tramitación de las presentes Diligencias Previas por los trámites del Procedimiento Abreviado.

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución y por el Procurador Sr. D. Rafael Romero Vela en nombre y representación de D. Emilio , se interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación, reforma estimada parcialmente, interponiéndose recurso de apelación que fue admitido en virtud del Auto de fecha 17 de julio de 2.012 .

TERCERO.- Puestas las actuaciones de manifiesto a las partes por término legal, presentaron escritos de alegaciones, remitiéndose las Diligencias a esta Audiencia, donde se acordó formar rollo, turnar de ponente a Iltmo. Sr. D. JESÚS Mª PASSOLAS MORALES, y una vez que se llevó a cabo la votación y fallo, quedaron las actuaciones pendientes de resolución.

Fundamentos

PRIMERO .- Interpone Recurso de Apelación, el Sr. Procurador de los Tribunales D. Rafael Romero Vela, en nombre y representación de D. Emilio en sede a no estar probados los hechos denunciados, y ni siquiera los indicios son de tal cargo que permita enjuiciar la causa, vulnerándose el principio de presunción de inocencia, solicitando el archivo de la causa.

Por la Sra. Procuradora de los Tribunales, Dª. María Victoria Pulido García-Escribano, actuando en nombre y representación de Dª. María Virtudes , se impugna el recurso de apelación, solicitando la desestimación del recurso de apelación, por quedar suficientemente acreditados los hechos imputados al Sr. Emilio .

Por el Ministerio Fiscal ' se opone al recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado contra el auto de fecha 17-7-12 , de ampliación del auto de procedimiento abreviado, ya que en el mismo se señala que no existe prueba en contra de su defendido, no siendo ésta la fase procesal oportuna para realizar dichas alegaciones, ya que ha de ser en el acto del Juicio Oral donde se practique y valore la prueba existente en contra del imputado, por lo que se interesa la confirmación del auto recurrido '.

Pues bien, ha de comenzarse el examen del recurso de apelación, significándose que con fecha 18 de mayo de 2.012, fue dictado Auto por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén , acordando la tramitación de las diligencias previas, por los trámites del procedimiento abreviado. Siendo dicho Auto, recurrido en reforma, por el Procurador Sr. Romero Vela, por falta de relato fáctico, ni siquiera sucintamente a los hechos que se han tenido en cuenta por el juzgador que fundamenta el Auto recurrido. Impugnándose dicho recurso por la Procuradora Sra. Pulido García-Escribano y adhiriéndose al recurso de reforma y subsidiario de apelación el Ministerio Fiscal, ello con fecha 25 de junio de 2.012.

Seguidamente (véase folio 209), por el Juzgado Instructor ya citado 'ut supra', con fecha 17 de julio de 2012, se dicta Auto en Reforma, estimando éste último parcialmente, completando el inicial Auto, significando expresamente en su parte dispositiva, los hechos indiciarios acreditados.

Contra dicho Auto interpuso el Procurador Sr. Romero Vela, Recurso de Apelación, radicado en no estar acreditados los hechos denunciados solicitando el archivo de la causa.

Pues bien, dicho lo anterior, y como se afirma en STS de 13-12-2007 (EDJ. 2007/243085), el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que: Practicadas sin demora las diligencias pertinentes, el Juez adoptará mediante auto alguna de las siguientes resoluciones: (...) 4ª. Si el hecho constituyera delito comprendido en el artículo 757 (en el que se delimita el ámbito del procedimiento abreviado), seguirá el procedimiento ordenado en el capítulo siguiente. Esta decisión, que contendrá la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan, no podrá adoptarse sin haber tomado declaración a aquélla en los términos previstos en el artículo 775.

La propia Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que si, de acuerdo con el artículo citado, el Juez de Instrucción ordenare la prosecución del procedimiento por los trámites del Capítulo IV (Libro IV, Título II LECrim.), en la misma resolución ordenará que se de traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las actuaciones personadas, para que 'soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias' ( artículo 780.1 LECrim .). 'Solicitada la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, el Juez de Instrucción la acordará, salvo que estimare que concurre el supuesto del número 2 del artículo 637 o que no existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado, en cuyo caso acordará el sobreseimiento que corresponda ...' ( artículo 783.1 LECrim .). 'Contra el auto que acuerde la apertura del juicio oral no se dará recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal, pudiendo el acusado reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas' ( artículo 783.3 LECrim .).

La determinación del objeto del proceso constituye, sin la menor duda, una cuestión esencial del mismo. De ahí la importancia que, en el presente caso, ha de reconocerse a la interpretación de los artículos anteriormente citados, de modo especial al artículo 779.1.4ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , en cuanto en el mismo se dispone que la correspondiente decisión del Juez de Instrucción deberá contener 'la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputa'. Para ello, es fundamental examinar dichos preceptos en su contexto natural, que no es otro que el relativo a la regulación del procedimiento abreviado dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dado, pues, que el artículo 779 pertenece a la fase de instrucción del proceso, a la que viene a dar término, parece oportuno poner de relieve que una de las funciones esenciales de dicha fase es la de determinar la legitimación pasiva en el proceso que debe llevarse a cabo mediante la previa imputación judicial (v. arts. 118 y 775 LECrim .); pues, desde la perspectiva del derecho fundamental de defensa, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto la necesidad de que, para que pueda acusarse a una persona en el proceso penal abreviado, es preciso que previamente, en la fase de instrucción, haya sido declarada judicialmente imputada, otorgándosele la posibilidad de participar en la fase instructora, 'de tal forma que la instrucción judicial ha de seguir asumiendo su clásica función de determinar la legitimación pasiva en el proceso penal ( artículo 299 LECrim .)', y que, 'como consecuencia de lo anterior, nadie puede ser acusado por unos determinados hechos, sin haber sido oído previamente sobre ellos por el Juez de Instrucción con anterioridad a la conclusión de las denominadas diligencias previas' (v. SSTC. 135/1989 , 186/1990 y 128/1993 ).

En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo ha declarado que 'la información al sujeto pasivo del procedimiento penal acerca del objeto del mismo, en lo que pueda afectarle, constituye un elemento esencial para el ejercicio del derecho de defensa, tanto durante la instrucción como en el juicio, pero precisamente por ello tiene sus propios momentos y trámites procesales que no hacen recaer dicha función esencial sobre la resolución que acuerda la conclusión de la instrucción y apertura de la fase intermedia.

Dichos momentos son: 1º) En fase de instrucción, el traslado judicial de la imputación a la persona afectada, antes o en el momento de recibirle declaración como imputado, instruyéndole de sus derechos y facultándole para intervenir en la instrucción, pudiendo formular las alegaciones que estime oportunas para su defensa y solicitar cuantas diligencias estime pertinentes ( artículos 118 y 789.4º LECrim .). Con ello se posibilita el ejercicio pleno del derecho de defensa, respecto de los hechos que han sido objeto de imputación judicial durante la instrucción del procedimiento.

2º) En la fase intermedia -ya en calidad de acusado y no de mero imputado- cuando se le da traslado de la acusación ( artículo 790.6º LECrim .), una vez que ha sido formulada ésta por quien debe hacerlo (las partes acusadoras y no el Juez de Instrucción), información que le faculta para ejercitar con plenitud su derecho de defensa cara al juicio oral, formulando su calificación alternativa y planteando los medios de prueba que estime pertinentes (v., por todas, STS de 9 de octubre de 2000 ).

De cuanto queda expuesto, se desprende la necesidad de examinar tanto la naturaleza como la finalidad del auto que, en su caso, debe dictar el Juez de Instrucción, una vez practicadas las diligencias propias de la fase de instrucción, a tenor de lo especialmente dispuesto en el artículo 779.4ª de la LECrim . Y, a este respecto, debemos poner de manifiesto que dicha resolución constituye solamente la 'expresión de un juicio de inculpación formal efectuado por el Juez de Instrucción, exteriorizador de un juicio de probabilidad de una posible responsabilidad penal' (v. STS de 10 de noviembre de 1999 ), por lo que su finalidad 'no es la de suplantar la función acusatoria del Ministerio Fiscal, anticipando el contenido fáctico y jurídico de la calificación acusatoria, sino únicamente conferir el oportuno traslado procesal para que ésta pueda verificarse, así como para expresar el doble pronunciamiento de conclusión de la instrucción y de prosecución del procedimiento abreviado en la fase intermedia' (v. STS de 2 de julio de 1999 ).

Importa recordar, finalmente, que lo verdaderamente relevante sobre este auto y sobre el desenvolvimiento ulterior del proceso, desde el punto de vista del derecho de defensa del inculpado, es que, como ya hemos dicho, en la fase de instrucción que dicha resolución viene a concluir, se cumpla la exigencia, destacada por el Tribunal Constitucional, de que la persona acusada haya sido previamente inculpada en la fase de instrucción, dándole la posibilidad de personarse e intervenir en ella en el ejercicio de su derecho de defensa, pues nadie puede ser acusado de unos determinados hechos sin haber sido oído previamente sobre ellos por el Juez de Instrucción, con anterioridad a la conclusión de las denominadas diligencias previas.

Hemos de concluir, por tanto, que cuando el Juez de Instrucción acuerda la conclusión de las diligencias previas y su transformación en procedimiento abreviado, conforme a lo previsto en el artículo 779.1.4ª de la LECrim ., lo hace en función de los hechos que han sido objeto de imputación, es decir, sobre los que ha girado la instrucción de las diligencias previas, por lo que los mismos son perfectamente conocidos por el inculpado.

Cuanto antecede deberá completarse, como se afirma en Sentencia de la A. Provincial de La Rioja de 14 de septiembre de 2.009 , recordando que la Sentencia del Tribunal Constitucional 186/90, de 15 de noviembre , establece que '... la resolución prevista en la regla cuarta del artículo 789.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , (hoy artículo 779.1.4ª) en virtud de la cual se ordena seguir el procedimiento abreviado previsto en el capítulo segundo (del Título III, Libro IV) esto es, la fase de preparación del procedimiento abreviado, contiene un doble pronunciamiento: de una parte, la conclusión de la instrucción, y, de otra, la prosecución del procedimiento abreviado por otra fase por no concurrir ninguno de los supuestos que hacen imposible su continuación (los previstos en las reglas primera, segunda y tercera del mismo artículo 789.5), (actualmente reglas primera, segunda y tercera del actual artículo 779), de modo que '... cuando el instructor adopta la decisión de seguir el proceso como procedimiento abreviado, no se limita a constatar la inexistencia de otras diligencias irrelevante para la instrucción, sino que realiza una valoración jurídica tanto de los hechos como sobre la imputación subjetiva de los mismos'. Como expresaba esta Sala en Auto de 24 de junio de 2008 , 'Nos encontramos con una resolución en la que, a través de la necesaria motivación, en la que se establezca una descripción de los hechos que se reputan punibles y se formule una calificación jurídica, con expresa determinación de las personas eventualmente responsables, por primera vez el Juez, mediante un control de la legalidad, valora el contenido y relevancia penal de la instrucción realizada y hace implícitamente, desde la perspectiva judicial, una imputación formal a la persona determinada que constituye el sujeto pasivo del procedimiento. No se limita el Juez a dar traslado de una imputación de parte, sino que, apreciando la existencia de indicios racionales de criminalidad y la suficiencia de lo actuado para formular acusación, acuerda dirigir el procedimiento que ha de conducir al juicio oral contra quien pasa a tener la condición de imputado judicialmente'.

Debe de tenerse en cuenta, finalmente, que a diferencia de lo que prescribe el principio de presunción de inocencia para la valoración de la prueba, en esta fase inicial del procedimiento es suficiente con los indicios que establecen la probabilidad de la implicación, aunque no excluyan la posibilidad de que tal implicación no exista. Es así porque el llamado Auto de transformación del Procedimiento Abreviado, que fija la legitimación pasiva, no prejuzga la culpabilidad de un imputado, ni de ninguna forma excluye su inocencia, en tanto que el sobreseimiento de la causa, que hace cesar la persecución del delito, exige la completa falta de indicios de su perpetración; debiendo añadirse que, sensu contrario, cuando las diligencias de investigación permitan conformar un hecho que indiciariamente cumpla el tipo objetivo de una figura penal, el Juez a quo deberá dictar el auto de acomodación procedimental (que pone fin a la instrucción y acota los hechos y las personas que pueden ser objeto de acusación) y permitir a las acusaciones que, bien pidan el sobreseimiento, o bien formulen escrito de acusación, sin perjuicio de que, si dichos hechos (tal y como se relatan en la denuncia o querella) no constituyen delito, pueda el Instructor (ya en fase intermedia) acordar el sobreseimiento libre al amparo de lo establecido en el artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ; debiendo en todo caso abrir Juicio Oral si existe duda en lo que al tipo subjetivo se refiere, puesto que, mientras que la duda sobre el dolo tras la prueba practicada en juicio debe comportar la absolución, la duda sobre el mismo en fase instructoria o intermedia debe despejarse en plenario mediante la práctica de la prueba. Fuera de dicho supuesto, en el trámite del artículo 779.1.1º, sólo podrá acordarse el sobreseimiento provisional por 'no existir autor conocido', bajo la cobertura del artículo 641.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , cuando acreditado un hecho que indiciariamente cumpla el tipo objetivo de una figura legal, no existe sin embargo autor conocido en el sentido de que no exista persona alguna a la que indiciariamente pueda atribuirse la intervención penalmente relevante en dicho hecho; cabiendo finalmente el sobreseimiento provisional al amparo de lo previsto en el artículo 641.1º cuando 'no aparezca suficientemente justificada su perpetración', lo que consideramos se conecta en el precepto a la no justificación de la perpetración del hecho, lo que comporta, a efectos interpretativos, que al término hecho constitutivo de delito al que alude el artículo 779 y al que se refiere también el artículo 641.1 de la Ley procesal , debe dotársele del mismo significado que el que aquella otorga al hecho que dio motivo a la incoación de la causa del apartado 1º del artículo 637, esto es, hecho que indiciariamente cumple la parte objetiva de un tipo penal.

Proyectando lo que antecede al caso que se examina, y como ya se ha significado más arriba, no pueden confundirse las diligencias con resultado indiciario, con el principio de presunción de inocencia, estando dirigido el mismo, como criterio informador del ordenamiento jurídico ( artículo 24.2 de la Constitución Española ) al estudio de una mínima actividad probatoria a realizarse en el Juicio Oral con todas las garantías, no quebrándose dicho principio ( STS de 27-12-2004, número 1539/2009 ) alcanza solamente a la totalidad de ausencia de prueba y no a aquellos casos en que en los autos se haya reflejado una actividad probatoria de cargo, suficientemente, razonable suficiente y producida, como ya se ha dicho en el acto del Juicio Oral, constituyese el muy citado principio, como de orden procesal, y no pudiendo ser confundido con el principio, también procesal de ' in dubio pro reo' dirigido al Tribunal que enjuicia los hechos, ni con el de libre valoración de la prueba ( artículo 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ) que supone que tras examinarse la prueba en el acto del juicio oral, el Tribunal, deberá confrontarla con los tipos penales que el legislador ha determinado en el texto sustantivo, con la especial meticulosidad de comprobar que entre el hecho probado y el tipo penal, se relacionan todos y cada uno de los elementos, normativos, subjetivos y objetivos del tipo del injusto, bien en su categoría de delito, o en su caso, de falta.

SEGUNDO.- En consecuencia, la alegación del recurrente en cuanto a vulneración del principio de presunción de inocencia, impide a este Tribunal, realizar una valoración de medios probatorios a practicarse en el Juicio Oral tras su proposición, una vez practicada la fase de instrucción y fase intermedia que corresponde al Juzgado de Instrucción, sin posibilidad pues de pronunciamiento alguno por esta Sección de realizar 'per saltum', el acto del juicio oral, que en su caso, correspondería al Juzgado de lo Penal, en función de la pena solicitada, o la Audiencia Provincial.

TERCERO.- Por lo tanto, habrá de desestimarse el Recurso, declarándose de oficio las costas de la alzada.

Vistos, además de los citados los artículos de general y pertinente aplicación

Fallo

LA SECCIÓN TERCERA DE ESTA AUDIENCIA PROVINCIAL ACUERDA: Que desestimándose el Recurso de Apelación interpuesto contra le Auto de fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén , en Autos de Diligencias Previas, seguidos en dicho Juzgado con el número 253 de 2.011, y transformado en Procedimiento Abreviado con el número 65 de 2.012, completado en Reforma por Auto de fecha diecisiete de julio de dos mil doce , debemos confirmar y confirmamos, íntegramente dicha Resolución declarándose de oficio las costas de esta alzada.

Con testimonio del presente, previa notificación, remítanse los originales al Juzgado de donde proceden a los efectos legales oportunos.

La presente resolución es firme y contra la misma no cabe la interposición de recurso ordinario alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firma Sus Señorías; doy fe.