Auto Penal Nº 410/2007, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 463/2007 de 18 de Octubre de 2007

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

PONTEVEDRA

AUTO: 00410/2007

AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Sección núm. 002

Rolo: 0000463 /2007 I

Procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.2 de MARIN

Proc. de orixe: SUMARIO (PROC.ORDINARIO) nº 0000001 /2005

Maxistrados

Don José Juan Ramón Barreiro Prado, Presidente

Dona Mª Mercedes Pérez Martín Esperanza

Don Celso Joaquín Montenegro Vieitez

AUTO NÚM. 410

Pontevedra, dezaoito de outubro de dous mil sete

Antecedentes

Primeiro. Na causa arriba mencionada o Xulgado de Instrución núm. 2 de Marín ditou o auto do 10 de agosto de 2007 no que se acordaba a desestimación da petición de liberdade e o mantenemento da prisión provisional comunicada e sen fianza acordada por auto do 2 de xaneiro de 2006 de Eva María .

Segundo. Contra o dito auto o procurador Senen Soto Santiago, na representación de Eva María , formulou recurso de apelación, e admitido a trámite, remitíronse a este Tribunal para resolución do mesmo.

Expón o parecer da Sala o maxistrado relator don José Juan Ramón Barreiro Prado.

Fundamentos

ÚNICO.- Lembra a recente STC 149/2007, do 18 de xuño , a súa doutrina a partires da STC 128/1995, do 26 de xuño , no atinxente á revisión das resolucións xudiciais a través das cales se decreta a prisión provisional.

"A prisión provisional es una medida cautelar cuya legitimidad constitucional, en tanto que limitativa del derecho a la libertad personal ( art. 17.1 CE ) de quien aún goza del derecho a la presunción de inocencia, exige como presupuesto la existencia de indicios racionales de la comisión de un delito por parte del sujeto pasivo; como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida (riesgo de fuga, de obstrucción del normal desarrollo del proceso o de reiteración delictiva); y, como objeto, que se la conciba tanto en su adopción como en su mantenimiento como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de dichos fines (por todas, SSTC 128/1995, de 26 de julio [RTC 1995, 128], FF. 3 y 4; 66/1997, de 7 de abril [RTC 1997, 66], F. 4; 33/1999, de 8 de marzo [RTC 1999, 33], F. 3; 47/2000, de 17 de febrero [RTC 2000, 47], F. 3 ; o más recientemente STC 35/2007, de 12 de febrero [RTC 2007, 35], F. 2 ). Las decisiones relativas a la adopción y mantenimiento de prisión provisional han de expresarse a través de una resolución judicial motivada, motivación que ha de ser «suficiente y razonable», entendiendo por tal no la que colma meramente las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que respeta el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la libertad afectado, ponderando adecuadamente los intereses en juego y la libertad de la persona cuya inocencia se presume, por un lado; la realización de la administración de la justicia penal, en atención a los fines que hemos reseñado, por otro, a partir de toda la información disponible en el momento de adoptar la decisión y del entendimiento de la prisión provisional como una medida excepcional, subsidiaria y provisional. Para ello, obviamente, la resolución judicial ha de expresar cuál es el presupuesto de la medida y el fin constitucionalmente legítimo perseguido. Y, en relación con la constatación del peligro de fuga, hemos destacado que deberán tomarse en consideración «además de las características y la gravedad del delito imputado y de la pena con que se le amenaza, las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado», matizando, que si bien en un primer momento la necesidad de preservar los fines constitucionalmente legítimos de la prisión provisional pueden justificar que se adopte atendiendo sólo a circunstancias objetivas, como el tipo de delito y la gravedad de la pena, el transcurso del tiempo modifica el valor de este dato en la ponderación y obliga a ponderar las circunstancias personales del sujeto privado de libertad y los datos del caso concreto (por todas, SSTC 128/1995, de 26 de julio, F. 4; 66/1997, de 7 de abril, F. 4; 47/2000, de 17 de febrero, F. 3; 35/2007, de 12 de febrero, F. 2 ). Por otra parte, respecto a la proximidad de la celebración del juicio oral como dato a partir del cual sustentar los riesgos que se pretenden evitar, este Tribunal ha sostenido que, al tener un sentido ambivalente o no concluyente, dado que el avance del proceso puede contribuir tanto a cimentar con mayor solidez la imputación como a debilitar los indicios de culpabilidad del acusado, el órgano judicial debe concretar las circunstancias que avalan en el caso concreto una u otra hipótesis (por todas, SSTC 128/1995, de 26 de julio, F. 3; 66/1997, de 7 de abril, F. 6; 146/1997, de 15 de septiembre, F. 5; 33/1999, 8 de marzo, F. 6; 35/2007, de 12 de febrero, F. 2 ). En particular, en el fundamento jurídico 6 de la STC 66/1997 , invocada por el demandante, sostuvimos que «el hecho de que la tramitación se halle avanzada y la vista próxima es en sí mismo considerado un dato ambivalente a los efectos de nuestro enjuiciamiento: es cierto que el paso del tiempo, con el avance de la instrucción y la perfilación de la imputación, puede ir dotando de solidez a ésta, lo que podría a su vez incrementar la probabilidad de una efectiva condena y, con ello, el riesgo de fuga. Sin embargo, no es menos cierto que en otras circunstancias el transcurso del tiempo puede producir efectos contrarios a los que acabamos de indicar, no sólo porque el devenir del procedimiento puede debilitar los indicios que apuntan a la culpabilidad del acusado, sino también porque, como se razonó en la STC 128/1995 con amplia cita de Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el argumento del peligro de fuga "se debilita por el propio paso del tiempo y la consiguiente disminución de las consecuencias punitivas que puede sufrir el preso ( Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 27 de junio de 1968 [TEDH 1968, 1 ], caso Wemhoff; de 27 de junio de 1968 [TEDH 1968, 2 ], caso Neumeister; de 10 de noviembre de 1969 [TEDH 1969, 2 ], caso Matznetter)" [fundamento jurídico 4 b)]. Esta ambivalencia es precisamente la que obliga a que, cuando se alude a lo avanzado de la tramitación y al aseguramiento de la celebración del juicio oral, dato puramente objetivo, se concreten las circunstancias específicas derivadas de la tramitación que en cada caso abonan o no la hipótesis de que, en el supuesto enjuiciado, el transcurso del tiempo puede llevar a la fuga del imputado. La simple referencia a lo avanzado de la tramitación carece como tal de fuerza argumentativa para afirmar la posibilidad de que el imputado huya".

A aplicación da anterior reiterada e consolidada doutrina ao caso que nos ocupa, inexorablemente aboca á desestimación da impugnación deducida contra a resolución da instancia.

Tal e como xa igualmente reflectía un anterior auto desta mesma Audiencia Provincial (de data 14 de setembro de 2006, da sección 4ª ) na causa existen feitos que presentan caracteres delictuais sancionados con penas de abondo ben superiores aos dous anos de prisión e, singular e presuntivamente, constitutivos do delito continuado de agresión sexual previsto nos artigos 179 e 180.1.4º, en relación co artigo 74, todos do Código Penal , así como dos delitos de quebrantamento de medida cautelar do artigo 468 do Código Penal , e de obstrucción á xustiza do artigo 464 do mesmo texto legal . Na causa aparecen motivos bastantes para crer responsable criminalmente de tales presuntos delitos ao agora apelante e, sobre todo, debido ás testemuñais prestadas en tal sentido. Mentres que, acreditados así os requisitos do artigo 503.1.1º e 2º da Lei de Axuizamento Criminal , a finalidade que se esixe no seguinte nº 3º do mesmo precepto legal para adoptar a medida cautelar persoal da prisión provisional, aparece fundada e sustentada no aseguramento da presenza do imputado no proceso, dada a natureza dos feitos, a gravidade das penas que se tiran dos preceptos do Código Penal mencionados, a inexistenza dun traballo estable, e a que se presenta próxima celebración da vista oral; asemade que, dada a naturez dos feitos e o seus suxeitos activo e pasivos, coa privación de liberdade tamén se intenta conxurar todo posible intento de actuación do apelante contra bens xurídicos da vítima, como mesmo se pode colixir da posible tifipificación delitual a teor dos dous derradeiros preceptos do Código Penal máis enriba referidos.

Velaí polo que procede rexeitar o recurso de apelación formulado e confirmar a resolución xudicial apelada.

Vistos os artigos de xeral e pertinente aplicación.

Fallo

DESESTIMAR o recurso de apelación formulado pola representación procesual de Eva María , e CONFIRMAR o auto do 10 de agosto de 2007, ditado polo Xulgado de Instrucción núm. 2 de Marín, no procedemento ordinario núm. 1/05.

Devólvanselle as actuacións ó xulgado de procedencia xunto cun testemuño da presente resolución, contra a que non cabe ningún recurso, para a súa notificación e cumprimento.

Únase un testemuño desta resolución ós autos correspondentes e ó rolo de Sala.

Así, por medio deste auto, o acordamos, mandamos e asinamos.