Auto Penal Nº 677/2018, Audiencia Provincial de Burgos, Sección 1, Rec 186/2018 de 04 de Septiembre de 2018

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
BURGOS
ROLLO DE APELACIÓN NÚM. 186/18.
EXPEDIENTE NÚM. 272/18.
RECURSO PERMISO DE SALIDA.
JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA NÚM. 2.
CASTILLA Y LEÓN CON SEDE EN BURGOS.
ILMOS. SRS:
D. FRANCISCO MANUEL MARÍN IBÁÑEZ.
D. ROGER REDONDO ARGÜELLES.
DÑA. MARÍA DOLORES FRESCO RODRÍGUEZ.
A U T O NUM. 00677/2018
En Burgos, a cuatro de Septiembre de dos mil dieciocho.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la Letrada Dña. Marta Rosa Olalla Arribas, en nombre y representación de Nicolas , se interpuso recurso de apelación contra el auto nº. 1444/18 de 27 de Junio que desestimaba la queja interpuesta contra el Acuerdo de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Burgos de 10 de Mayo de 2.018 denegatorio, por unanimidad de sus miembros, del permiso de salida solicitado por el ahora recurrente, resoluciones dictadas todas ellas en el Expediente nº. 272/18 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº. 2 de Castilla y León con sede en Burgos, alegando en el escrito de interposición cuantas razones estimó necesarias como fundamento de su pretensión.



SEGUNDO.- Admitido el recurso de apelación, se dio traslado del mismo al Ministerio Fiscal, alegando lo que a su derecho convino, y remitidas, vía expediente digital, las actuaciones para resolución a esta Sección Primera de la Audiencia Provincial, habiéndose designado como ponente al Ilmo. Sr. Magistrado D. FRANCISCO MANUEL MARÍN IBÁÑEZ, quedaron las actuaciones pendientes para dictar la resolución oportuna en fecha 3 de Septiembre de 2.018.

Fundamentos

PRIMERO.- La parte recurrente en apelación indica en su recurso que concurren en el interno Nicolas los requisitos objetivos legalmente establecidos para la concesión de permisos penitenciarios (haber cumplido la # parte de su condena, estar clasificado en segundo grado de tratamiento penitenciario y no observar mala conducta), no considerando suficientes los argumentos sostenidos para la denegación del permiso reclamado.

Una vez más debe indicar esta Sala, como ya lo ha realizado en múltiples resoluciones anteriores, que nuestro Tribunal Constitucional, entre otras en sentencia de 11 de Noviembre de 1.997, establece que la concesión de los permisos de salida no es automática, una vez constatados los requisitos objetivos previstos en la Ley, no bastando con que concurran estas, sino que, además, no han de darse otras circunstancias que aconsejen su denegación a la vista de la perturbación que puedan ocasionar en relación con la reeducación y reinserción social del interno, y cuya apreciación corresponde a las autoridades penitenciarias y en último término a los órganos judiciales encargados de la fiscalización de estas decisiones. Así pues, la concesión de permisos de salida no tiene la consideración de beneficios penitenciarios o recompensas por buen comportamiento, sino que constituye un elemento integrante del tratamiento penitenciario como preparación para la vida en libertad. En consecuencia, el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 154 del Reglamento Penitenciario sobre el cumplimiento de la cuarta parte de la condena, no observar mala conducta y estar clasificado dentro del segundo grado penitenciario no suponen «per se» el otorgamiento del permiso siendo determinante el criterio de oportunidad de su concesión dentro del programa de tratamiento.

El disfrute de permisos penitenciarios no constituye un derecho absoluto e incondicionado del interno, sino que está sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos objetivos y subjetivos. Tanto unos como otros son necesarios para que proceda la concesión, de modo que, si falta alguno, la decisión deberá ser denegatoria del permiso. Entre los primeros destaca la clasificación del interno en segundo o tercer grado, la extinción de una cuarta parte de la condena y la exigencia de buena conducta penitenciaria, requisitos estos que cumple el recurrente. Como requisitos subjetivos hay que reservar la improbabilidad de que el interno quebrante la condena, la inexistencia de riesgo en orden a la comisión de nuevos delitos, y la falta de repercusión negativa de la salida como preparatoria para la vida en libertad o programa de tratamiento.

Así el artículo 47.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el artículo 154 del Reglamento antes citado regulan los permisos ordinarios cuando establecen que: igualmente se podrán conceder permisos de salida hasta de siete días como preparación para la vida en libertad, previo informe del equipo técnico, hasta un total de treinta y seis o cuarenta y ocho días por año a los condenados de segundo o tercer grado, respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena y no observen mala conducta.

Del anterior precepto legal se concluye que los requisitos que debe cumplir un interno clasificado en segundo grado para disfrutar de permisos ordinarios son: a) haber extinguido la cuarta parte de su condena, b) no observar mala conducta y c) la finalidad del permiso debe ser preparar la vida en libertad.

Como vemos, los permisos ordinarios están sujetos en todo caso al previo cumplimiento por el penado de determinados requisitos sin los cuales ni siquiera se puede entrar a considerar la posible concesión de tal beneficio, dependiente, en todo caso, como decimos, de la discrecionalidad, como se evidencia con la expresión 'se podrán conceder'.

Mientras que el juicio de verificación de la concurrencia de los requisitos objetivos, por la naturaleza propia de éstos, no ofrece problemas, la comprobación de los requisitos subjetivos, por referirse a un comportamiento futuro, solo puede ser deducida mediante un juicio de pronóstico, que tenga en cuenta las circunstancias personales y psicológicas del interno, el tiempo que lleva en prisión, el que le queda para alcanzar la libertad condicional, etc.

Concurrentes los requisitos formales u objetivos es objeto de controversia la concurrencia en el penado del requisito finalista o teleológico de que el permiso contribuya a preparar la vida en libertad, preparación que se debe interpretar como preparación de la vida honrada en libertad; por este motivo el artículo 156.1 del Reglamento Penitenciario aprobado por R.D. 190/1.996 de 9 de Febrero prevé que el informe preceptivo del Equipo Técnico será desfavorable cuando, por la peculiar trayectoria delictiva, la personalidad anómala del interno o por la existencia de variables cualitativas desfavorables, resulte probable el quebrantamiento de la condena, la comisión de nuevos delitos o una repercusión negativa de la salida sobre el interno desde la perspectiva de su preparación para la vida en libertad o de su programa individualizado de tratamiento, supuesto que es el contemplado en el presente recurso, en el que debemos insistir, una vez más, que con la observancia de los requisitos exigidos por los citados preceptos no se adquiere un derecho incondicional al disfrute del permiso, sino que se está en condiciones para su otorgamiento, pudiendo ser negativa la propuesta de los Equipos o el Acuerdo de la Junta de Tratamiento y la resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

En el presente caso, la Junta de Tratamiento Penitenciario acuerda el 10 de Mayo de 2.018, por unanimidad de sus miembros, denegar el permiso solicitado por el interno Nicolas , sosteniendo como fundamento de dicha denegación 'gravedad de la actividad delictiva, lejanía de la fecha de cumplimiento de los tres cuartos de condena y falta objetiva de suficientes garantías de hacer buen uso del permiso', apreciándose, además, un riesgo de quebrantamiento de condena o de comisión de nuevos delitos del 85 %, riesgo considerado muy elevado en la Tabla de Variables de Riesgo.

El Ministerio Fiscal, en su informe de 21 de Junio de 2.018, se opone a la estimación de la queja previamente presentad e indica que la concesión del permiso 'carece de razón si la fecha de cumplimiento es todavía lejana, siendo así que el en el caso que nos ocupa el interno cumple las # partes de la condena en Noviembre de 2.022, no habiendo cumplido aún la mitad de la condena'.

La Magistrada- Juez de Vigilancia Penitenciaria, en su auto nº. 1444/18 de 27 de Junio por el que desestima la queja interpuesta, reconoce que concurren en Nicolas los requisitos objetivos para el disfrute del permiso, pero añade a reglón seguido que 'no obstante, hay que considerar otras variables desfavorables como son: 1º) el interno se encuentra en la fase inicial de cumplimiento; y 2º) la naturaleza del delito por el que cumple condena, homicidio, factor valorable por este Juzgado en cuanto que resulta revelador de la personalidad del interno. Concluye la Magistrada-Juez de instancia diciendo que 'el análisis conjunto de las anteriores variables desfavorables permite concluir que el recurso presentado no puede prosperar'.



SEGUNDO.- No es la primera oportunidad que este Tribunal de Apelación tiene de pronunciarse sobre la concesión o denegación de permisos penitenciarios al interno Nicolas . Así, recientemente, se ha emitido auto de 5 de Marzo de 2.018 (Rollo de Apelación nº. 42/18, dimanante del Expediente nº. 580/17 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº. 2 de Castilla y León con sede en Burgos) en el que, desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la denegación de permiso penitenciario al citado interno, decíamos que 'queda acreditado por prueba documental que: 1.- El penado Nicolas , cumple una condena por delito de Homicidio, en virtud de sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya (causa PN 4 33/2015), en la que se le impuso un total de cumplimiento de 12 años y 6 meses de Prisión; 2.- Dicho interno es clasificado en segundo grado penitenciario con efectos desde el 30 de Agosto de 2.017; y 3.- Se fija como fecha de cumplimiento de la # parte de su condena la de 14/08/2.016; la # la cumplirá el 28/09/19; y de las # partes la de 11/11/2.022, dejando totalmente extinguida la pena en fecha 25/12/2.025.

Ello determina el cumplimiento de los requisitos objetivos mínimos e indispensables establecidos por la Ley y el Reglamento General Penitenciario para la concesión del permiso solicitado.

Sin embargo dichos requisitos objetivos son los mínimos exigibles, ya que de no concurrir nunca se podría acceder a la concesión de permisos penitenciarios (son requisitos 'sine qua non'), pero la mera concurrencia de los mismos no es bastante para la concesión del permiso reclamado, debiendo de ser éste examinado como medio de preparación de vida futura en libertad o semilibertad, habiendo mantenido esta Sala de Apelación, de forma reiterada y pacífica que es cierto que la legislación penitenciaria exige el cumplimiento de la # parte de la condena y no una mayor extinción, pero no es menos cierto que la concesión de dichos permisos tienen como finalidad la preparación de la vida en libertad y facilitar la reinserción del interno en la sociedad, finalidad que se desvirtúa en la concesión de permisos carcelarios excesivamente anticipados cuando la extinción de la condena se difiere en un largo lapso de tiempo.

Esta tesis es sostenida de forma unánime por las resoluciones de las distintas Audiencias Provinciales de la Comunidad de Castilla y León ( Audiencia Provincial de León de fecha 25 de Febrero de 2.004 y 14 de Febrero de 2.005, Audiencia Provincial de Valladolid de 19 de Enero de 2.004), siguiendo la doctrina sustentada por nuestro Tribunal Constitucional entre las que cabe señalar la sentencia de fecha 8 de Noviembre de 1.999 al indicar que 'concretamente, la lejanía de la fecha en la que se cumplen las tres cuartas partes de la condena, que en los autos se utiliza, junto a otros motivos para justificar la denegación, según ha reiterado este Tribunal, puede ser legítimamente aducida ya que cuando más alejado esté el cumplimiento de la condena menor necesidad existirá de aplicar una medida que tiene como finalidad primordial constitucionalmente legítima, aunque la única, 'la preparación para la vida en libertad' ( sentencias del Tribunal Constitucional 2/1997, 81/1997, 193/1997, 88/1998)'.

Y basta, por último, con comprobar que las razones empleadas para fundamentar el rechazo de la pretensión del recurrente no se encuentran desconectadas con los fines de la institución, que, como ya se ha señalado, son los de preparación del interno para la vida en libertad. En efecto, las resoluciones impugnadas no subordinan la obtención del permiso al cuasi cumplimiento del requisito para acceder a la libertad condicional, añadiendo un requisito no previsto legalmente, sino que se limitan a apreciar que en el caso presente dicha fecha se encuentra, como es manifiesto, todavía lejana, en lo que 'resulta ser la ponderación de una circunstancia que evidentemente guarda conexión con los fines de la institución' ( sentencia del Tribunal Constitucional 81/1997), y que, por supuesto, no impide la reiteración de la solicitud y la obtención del permiso en un momento posterior. Todo ello, además, desde unas condiciones de inmediación para la valoración de las circunstancias concretas del caso de las que este Tribunal no goza ( sentencia del Tribunal Constitucional 2/1997 y Auto del Tribunal Constitucional 311/1997)'.

Es decir, como señala el auto de la Audiencia Provincial de León de fecha 14 de febrero de 2.005, 'entre las variables negativas y desfavorables a la concesión de permisos, ha de incluirse, ciertamente, el hecho o circunstancia de la lejanía en el tiempo del cumplimiento de la condena, pues tal lejanía se encuentra en íntima relación con la función de la preparación de la vida en libertad. Y cuanto más alejado esté el cumplimiento de la condena, menos necesidad existirá, en principio, de aplicar una medida que como finalidad primordial es la de preparación para la vida en libertad, conforme se considera en las sentencias del Tribunal Constitucional 2/97, 81/97, 193/97, 88/98 y 204/99; y Autos de esta Sala 21/2.004, Rollo Penal 225/03; 51/2.004, Rollo Penal 237/03; 90/2.004, Rollo Penal 77/04 y 108/2.004, Rollo Penal 102/04.

De tal forma, que la lejanía de la fecha para el cumplimiento de la pena sí viene a constituir un factor a valorar en orden a la concesión o denegación de un permiso. Careciendo de sentido el otorgarse el permiso para ir preparando el interno su vida en libertad, cuando se presenta lejana dicha vida en libertad y no viene a existir una pronta expectativa de vida en libertad que justifique la preparación de esta a la que el permiso tiende ( Autos de las Audiencias Provinciales de Valladolid, Sección. 4ª, de 19 de enero de 2.004 y de León, Sección 2ª de 25 de febrero de 2.004, así como de esta propia Sala, que ya se ha pronunciado sobre la misma petición planteada por el ahora recurrente, de fechas 16 de febrero de 2.004, 8 de Junio de 2.004 y 17 de Noviembre de 2.004)'.

En la misma línea se manifiestan otras Audiencias Provinciales como las de Álava en auto de fecha 5 de Octubre de 2.004 'si bien cumple los requisitos de haber cumplido una cuarta parte de la condena y estar clasificado en segundo grado, como establece el artículo 154 del Reglamento Penitenciario, 'no concurren las demás circunstancias que el art. 156 del citado cuerpo legal exige para la concesión del permiso de salida solicitado', la lejanía de la fecha del cumplimiento de las 3/4 partes de la condena, Junio de 2009, lo cual indica un factor de riesgo de no reingreso en el Centro Penitenciario muy elevado y que le sitúan en un momento no idóneo para la progresiva preparación para la vida en libertad conforme el propio espíritu y finalidad de la reinserción'.

E igualmente, la Audiencia Provincial de Cádiz, en Auto de 26 de Febrero de 2.004, al señalar que 'la interpretación realizada por el órgano jurisdiccional de la normativa aplicable a los permisos de salida en relación con la finalidad constitucionalmente legítima de que serían para preparar al interno en la vida en libertad, no puede ser considerada como arbitraria o irrazonable, sin que se haya subordinado exclusivamente la decisión al cumplimiento de las 3/4 partes de la condena, introduciendo así un requisito no previsto legalmente, sin olvidar que la función de preparación de la vida en libertad está relacionada con la lejanía del tiempo de cumplimiento preciso para obtener la libertad condicional, argumentación que el propio T.C.

(sentencias 81/97 y 204/99) admite, y que no excluye ni impide la reiteración de la solicitud y la obtención de permisos en un momento posterior'.

También la Audiencia Provincial de Castellón, en Auto de 6 de Julio de 2.002 al señalar que 'en el presente caso es de ver, primero, que el informe de la Junta de Tratamiento del CP de Castellón es por unanimidad contrario al permiso, por arrojar un resultado baremizado de un 50% de riesgo de quebrantamiento, y segundo que el penado debe extinguir varias condenas por delitos graves, que finalizaría en Febrero de 2012 (las 3/4 partes de la condena total se cumpliría el 18 de Noviembre de 2005), o sea dentro de mucho tiempo. No cabe olvidar que la función de preparación de la vida en libertad de los permisos está relacionada con la lejanía del tiempo de cumplimiento preciso para obtener la libertad condicional, y la preparación para una situación de libertad relativamente próxima, argumentación que el Tribunal Constitucional ha declarado expresamente compatible con los fines de la institución, sentencias del Tribunal Constitucional 81/1.997, 204/1.999 y 109/2.000.', etc.

En el presente caso, queda acreditado que el ahora recurrente cumplirá la # de la condena el 28/09/19; y de las # partes la de 11/11/2.022, dejando totalmente extinguida la pena en fecha 25/12/2.025.

Ello hace muy prematura la preparación de esa vida en libertad mediante la concesión de permisos, no habiendo desplegado todavía la pena su finalidad retributiva y de prevención especial.

A lo que cabe añadir que, en el informe de seguimiento del interno, el educador señala que el informado debe consolidar factores positivos, antes de disfrutar de permisos, en concreto señala que 'debe continuar su actividad participativa'.

En el informe social se señala que su esposa es quien acepta el compromiso en relación con el apoyo y compromiso necesarios a tal fin.

En base a ello, consta haberse emitido por la Junta de Tratamiento, al amparo de lo previsto en el artículo 161.1 del Reglamento Penitenciario, en fecha de 9 de Noviembre de 2.017, informe desfavorable a la concesión del permiso, por unanimidad, teniendo en cuenta 'la gravedad de la actividad delictiva, la lejanía en la fecha de cumplimiento de los tres cuartos de condena y la falta objetiva de suficientes garantías de hacer buen uso del permiso; y ello, teniendo en cuenta que existe un 85 % de riesgo muy elevado de quebrantamiento de condena, en razón de su condición de extranjero, así como la drogodependencia y la ausencia de permisos.

Todas estas circunstancias aconsejan a este Tribunal de Apelación a suscribir la resolución emitida por mayoría de sus miembros por la Junta de Tratamiento, el informe del Ministerio Fiscal oponiéndose a la estimación de la queja previa y del actual recurso de apelación, así como el auto de la Magistrada-Juez de Vigilancia Penitenciaria desestimatorio de la queja mencionada, en atención a la fecha inicial de cumplimiento en que se encuentra el interno, así como a la insuficiente consolidación de factores positivos en este momento y a la falta de garantías de hacer buen uso del permiso.

Todo ello, sin perjuicio de que el mismo pueda solicitar nuevos permisos cuando este razonablemente próximo el comienzo de una vida en libertad o semilibertad, y de seguir una trayectoria favorable, periodo que puede fijarse en el comprendido entre el año y año y seis meses inmediatos y anteriores a la extinción de las # partes de la condena y, en todo caso, haber cumplido la # de la condena impuesta, que no es el caso, pues cumplirá este tramo de la condena el 28/09/19.

En consecuencia, por las mismas razones aludidas por la juzgadora de instancia, se estima que la resolución de la Junta de Tratamiento y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria son plenamente ajustadas a derecho, por lo que procede desestimar el recurso de apelación ahora examinado, confirmando íntegramente la resolución recurrida'.

Los mismos pronunciamientos son ahora reproducibles y reproducidos al no haberse variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta para la anterior desestimación. Así nos encontramos ante un nacional rumano que presenta en la Tabla de Variables un riesgo de quebrantamiento de condena o de comisión de nuevo delito que llega a alcanzar un porcentaje del 85 %. Dicho interno, Nicolas , sigue encontrándose en la fase inicial de su cumplimiento, no habiendo cumplido tan siquiera la # de su condena (extingue dicha # el 28 de Septiembre de 2.019), estando todavía muy lejano el inicio de su vida en libertad o semilibertad (cumple las # partes el 11 de Noviembre de 2.022 y deja totalmente extinguida la pena el 25 de Diciembre de 2.025). Ello hace que la pena impuesta no haya logrado todavía las finalidades retributiva y de prevención especial que con su imposición se busca, tal y como se acredita por el informe psicológico incorporado al expediente y en el que se dice que, asumiendo su responsabilidad en el delito cometido, lo justifica por la pérdida de control por consumo abusivo de alcohol.

Por todo lo indicado, procede la desestimación del recurso de apelación interpuesto y ahora objeto de examen.



TERCERO.- Procediendo la desestimación del recurso interpuesto por Nicolas , se deben imponer al recurrente las costas procesales devengadas en la presente apelación, si las hubiere, en virtud de lo previsto en los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del criterio objetivo del vencimiento que rige nuestro derecho procesal penal en materia de costas procesales cuando de interposición de recursos se trate ( artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Por lo expuesto, este Tribunal acuerda:

Fallo

Que DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por Nicolas contra el auto nº. 1444/18 de 27 de Junio que desestimaba la queja interpuesta contra el Acuerdo de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Burgos de 10 de Mayo de 2.018 denegatorio, por unanimidad de sus miembros, del permiso de salida solicitado por el ahora recurrente, resoluciones dictadas todas ellas en el Expediente nº. 272/18 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº. 2 de Castilla y León con sede en Burgos, y ratificar las referidas resoluciones en todos sus pronunciamientos, todo ello con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en la presente apelación.

Así por este auto contra el que no cabe recurso alguno y del que se unirá testimonio al rollo de Sala y se remitirá otro al Juzgado de Vigilancia, el que acusará recibo para constancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/ DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.