Auto Penal 20087/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 20775/2020 de 19 de enero del 2026

PRIMERO.-La legitimación constitucional de la prisión provisional en tanto que decisión limitativa del derecho a la libertad adoptada dentro de un proceso penal, exige como presupuesto la existencia de indicios racionales de la comisión de un delito, y como objetivo la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la misma (por todas SSTC 60/2001, de 26-2, F.J. 3; 138/2002, de 3-6, F.J. 4; 62/2005, de 14-3; 179/2005, de 4-7; 333/2006, de 20-11; y 35/2007, de 12-2); riesgo de fuga de obstrucción del normal desarrollo del proceso o de reiteración delictiva ( STC 149/2007, de 18-6), y como fundamento, la ponderación de las circunstancias concretas que, de acuerdo con el presupuesto legal y la finalidad constitucionalmente legítima permitan la adopción de la medida ( SSTC 62/1996, de 16-4, F.J. 5; 44/1997, de 10-4, F.J. 5; 66/1997, de 7-4; 33/1999, de 8-3, F.J. 3; y 14/2000, de 17-1, F.J. 4). Añade la STC 128/1995, de 26-7, que la prisión preventiva posee además y como objeto, que se la conciba, tanto en su adopción como en su mantenimiento, como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de los fines antedichos (en este sentido SSTC 35/2007, de 12-2; 149/2007, de 18-6).

Señala la STC 62/2025, de 14-3, que por lo que se refiere a los fines constitucionalmente legítimos de la prisión provisional, desde la STC 128/1995, el TC afirmando que están vinculados con la necesidad de garantizar el normal desarrollo del proceso penal en el que se adopta la medida, especialmente el de asegurar la presencia del imputado en el juicio y el de evitar posibles obstrucciones a su normal desarrollo ( STC 23/2002, de 28-1, F. 3 a).

En definitiva la prisión preventiva constituye una medida de carácter excepcional, pues limita de manera intensa el derecho a la libertad deambulatoria ( art. 17.1 CE) mediante el internamiento del investigado en un Centro Penitenciario con carácter previo a la imposición de una pena privativa de libertad contenida en una sentencia que declare la culpabilidad y, como consecuencia de ello, la medida afecta también a otro derecho constitucional, el derecho a la presunción de inocencia.

Precisamente, por eso, tanto la doctrina constitucional como la que emana de esta Sala Segunda, exigen para acordarla un deber reforzado de motivación del órgano judicial, esto es, una fundamentación suficiente y razonable que pondere las circunstancias concretas de acuerdo con el presupuesto legal y la finalidad constitucionalmente legítima perseguida con la medida.

Por ello el art. 503.1 LECrim establece como requisitos para adoptar la prisión provisional, la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión y motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión.

Además que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los fines previstos y, entre estos (art. 503.1 ap. 3º, a)), el de asegurar la presencia del investigado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.

Respecto de la existencia de graves delitos en la presente Causa Especial -organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación- el caudal de indicios no ha dejado de crecer con cada nueva información disponible, como son más sólidos los indicios que se refieren a la participación de Ángel Daniel en tales delitos.

En lo que atañe al riesgo de fuga, habrá que valorar aquellos factores externos que permitan apreciar racionalmente dicho riesgo. Los proporciona el mismo art. 503.1. 3º a): la naturaleza del hecho, la gravedad de la pena que pudiera imponérsele al investigado -hoy, ya acusado-, su situación familiar, laboral y económica y la inminencia de la celebración del juicio oral.

SEGUNDO.-Pues bien, en el caso que nos ocupa -tal como señala el Ministerio Fiscal en su escrito de 15-12-2025-, además del considerable caudal de indicios de criminalidad ya existentes en octubre de 2025, lo que ha determinado finalmente la adopción de la medida cautelar de prisión preventiva es, primero, que "la gravedad de la pena que pudiera imponérsele al investigado"ya no es una posibilidad más o menos cercana sino una realidad: existe una acusación por concretos delitos sustentados en un preciso relato de hechos por los que la Fiscalía, también las acusaciones populares, solicitan elevadas penas de prisión; y, segundo, que aparece como inminente la celebración del correspondiente juicio oral.

En definitiva, nos encontramos en una nueva fase de ese proceso penal escalonado -o de cristalización progresiva como lo denomina esta Sala Segunda-, en el que el material probatorio se va decantando a lo largo de sucesivas fases, cada vez más exigentes por lo que respecta a la solidez de los indicios de criminalidad necesarios para ir superándolas. El Magistrado Instructor ha dictado ya un Auto de incoación de procedimiento abreviado, de 3 de noviembre de 2025, en el que se detallan con precisión una serie de conductas delictivas y se fundamenta cada una de ellas sobre un significativo número de indicios que presentan singular relevancia respecto de Ángel Daniel. Consecuentemente, el 19 de noviembre próximo pasado la Fiscalía presentó el escrito de conclusiones provisionales, en el que se acusa a este de delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y revelación de información privilegiada y se solicitan para él penas de prisión por un total de veinticuatro años, además de otras penas de distinta naturaleza. Aunque se impusieran en el mínimo de la mitad inferior las penas de prisión (ex art. 66. 6ª CP), la suma total no podría ser inferior a doce años y medio. La potencia incriminatoria de los indicios que sustentan el relato de hechos que contienen tanto el auto de incoación de procedimiento abreviado, confirmado por el Auto de la Sala de Apelaciones de 10 de diciembre de 2025, como los escritos de acusación permite hacer un juicio positivo de prosperabilidad de una grave condena. A la probabilidad de una condena se suma la proximidad de la celebración del juicio oral ante esta Sala Segunda del Tribunal Supremo para acabar de dibujar un escenario en el que el riesgo de fuga es muy elevado.

Respecto a la proximidad de la celebración del juicio oral, señalan las SSTC 35/2007, de 12-2; 149, 150, 151 y 152/2007, de 18-6, como dato a partir del cual sustentar los riesgos que se pretenden evitar, que al tener un sentido ambivalente o no concluyente, dado que el avance del procede puede contribuir tanto a cimentar con mayor solidez la imputación, como a debilitar los indicios de culpabilidad del acusado, el órgano judicial debe concretar las circunstancias que avalan en el caso concreto una u otra hipótesis. En particular la STC 66/97, FJ. 6, sostiene que "el hecho de que la tramitación se halle avanzada y la vista próxima es en si mismo considerado un dato ambivalente a los efectos de nuestro enjuiciamiento, es cierto que el paso del tiempo, con el avance de la instrucción y de la probabilidad de una efectiva condena y con ello, el riesgo de fuga. Sin embargo no es menos cierto que en otras circunstancias el transcurso del tiempo puede producir efectos contrarios a los que acabamos de indicar, no solo porque el devenir del procedimiento penal puede debilitar los indicios que apuntan a la culpabilidad del acusado, sino también porque se razonó en la STC 128/1995, con amplia cita del TEDH: el argumento del peligro de fuga se debilita por el propio paso del tiempo y la consiguiente disminución de las consecuencias punitivas que sufrir el preso ( SSTEDH de 27-6-68, caso Winhoff; de 27-6-68, caso Neumeister; de 10-11-69, caso Matznetter)".

Esta ambivalencia es precisamente lo que obliga a que, cuando se alude a lo avanzado de la tramitación y el aseguramiento de la celebración del juicio oral -dato puramente objetivo- se concreten las circunstancias específicas derivadas de la tramitación que en cada caso abonen o no la hipótesis de que en el supuesto enjuiciado, el transcurso del tiempo puede llevar a la fuga del imputado."

De este modo, refiriéndose al fumus boni iurisen esta fase procesal y para esta medida cautelar, el Tribunal Constitucional ha expresado que «ha de consistir necesariamente en la existencia de razonables sospechas de la comisión de un delito por el eventual destinatario de la medida ( SSTC 108/1984, fundamento jurídico 3; 128/1995, fundamento jurídico 3)» ( STC 62/1992, FJ 5).

Y por más que la exigencia de solidez de la prueba es creciente a medida que avanza el procedimiento, su análisis no puede ser fragmentario. Cuando se analiza la capacidad indicativa o la fuerza incriminatoria que ofrece el material probatorio recogido en un procedimiento penal, los elementos indiciarios aportados por la investigación no pueden ponderase aisladamente y proclamar que cada indicio es autónomamente insuficiente sin atender simultáneamente a la lógica reflejada por todos ellos. No podemos concluir que no haya indicios sólidos sobre la responsabilidad de unos hechos, por la debilidad que cada indicio presenta frente a la plena acreditación de aquello que se indaga y afirmar, desde tales lagunas, que se ha lesionado el derecho del encausado a su libertad individual o a la presunción de inocencia. Del mismo modo que no puede proclamarse la ininteligibilidad de un escrito o de un diagnóstico a partir del análisis aislado de algunos extremos, tampoco puede hacerse un análisis despedazado del paisaje indiciario y negar su elocuencia desde el punto débil de cada uno de los síntomas, sin observar antes si la reunión de todos ellos, lejos de debilitar la imagen que ofrecen, permite una mejor percepción del conjunto.

TERCERO.-Sin olvidar, tal como se advierte en el auto impugnado, y a diferencia de lo que sucedería ante cualquier otro Tribunal, "una eventual sentencia condenatoria (o absolutoria) no resultaría susceptible de recurso ordinario o extraordinario alguno ante la jurisdicción ordinaria, dando lugar a una inmediata declaración de firmeza y al cumplimiento también inmediato de las penas eventualmente impuestas."

Siendo así cuestiona el recurrente los indicios racionales de criminalidad que atañen a Ángel Daniel y que se destacaron en el auto de 3-11-2025. Señala que dichos indicios "básicamente, consisten en un informe patrimonial contradictorio elaborado por la unidad actuante y en las declaraciones de un arrepentido, soportadas por una copia del BOE subrayada en colores chillones, unidos a datos que son una pura especulación de la fuerza investigadora" por lo que, en conclusión, "frente a vaguedades aderezadas de la correspondiente prosa jurídica, ofrecemos a la Sala toda una serie de datos que hacen inverosímil la existencia de indicios contundentes e incontestables de criminalidad, lo que hace desvanecerse el fumus boni iuris."

Sin entrar -como señala el Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación del recurso- "en el detalle de cada impugnación, sí merece la pena hacer un par de precisiones sobre la aportación del coacusado Oscar al relato de hechos que se contiene en el escrito de acusación del Fiscal. A su intervención procesal se refiere el ap. IX de la conclusión primera de dicho escrito, en tanto que el auto del pasado 3 de noviembre analiza sus declaraciones junto con el resto de los elementos que lo fundamentan. A estos pasajes nos remitimos en aras de la brevedad, pero sí es oportuno recordar que el relato acusatorio no se sustenta en la palabra de Oscar. Para empezar, nada tienen que ver sus declaraciones con el delito de malversación o tráfico de influencias de los que se acusa a Ángel Daniel, conductas en las que Oscar no interviene. Sí lo hace en el cohecho, delito del que se auto incrimina, reconociendo unos pagos a Fulgencio y a Ángel Daniel que han sido adverados por otros testimonios y documentos, recogidos con detalle en los informes de la unidad policial, esos informes que el recurrente descalifica como meras "cábalas", "suposiciones"y "elucubraciones",objeto -asegura- de no pocas tergiversaciones y manipulaciones de la realidad y sobre cuyo contenido podrá sin duda el apelante interrogar a sus autores en el juicio oral. En este punto, el del delito de cohecho, Oscar también ha proporcionado un muy relevante impulso a la investigación, pues la tabla de adjudicaciones de obras pendientes por él aportada y que aparece resaltada no por él- "en colores chillones"aparece anotada de su puño y letra por Fulgencio, tal y como aseguró Oscar. Esta tabla permitió abrir la vía de investigación que derivó en la pieza separada de adjudicaciones de obras a la que ya nos hemos referido.

Es legítimo y comprensible desde la perspectiva del derecho de defensa intentar desacreditar el testimonio de un coacusado, aunque paradójicamente el propio apelante recurra a las declaraciones judiciales prestadas por Oscar para fundamentar aquellas tesis que pudieran apoyar su estrategia de defensa. También resulta llamativa la insistencia, en este y en anteriores recursos de la actual defensa de Ángel Daniel, en calificar a Oscar de pentito,término que se emplea o se empleaba en Italia para designar a aquellos miembros de una organización criminal que se arrepienten y colaboran con la justicia proporcionando información incriminatoria de sus superiores y de la propia organización a cambio de beneficios. Se entiende que la defensa de Ángel Daniel utiliza este vocablo para desacreditar el testimonio de Oscar, pero implícitamente está admitiendo su común pertenencia a una organización criminal, precisamente uno de los delitos de los que se acusa a ambos: al pentitoy a su jefe."

CUARTO.-En cuanto a la ausencia del necesario "periculum in mora" que justifique la adopción de la medida acordada, dado el arraigo familiar, laboral y económico que tiene el recurrente en España. Respecto al vínculo laboral, queda desaparecido ante la existencia de una acusación tan grave como la que pesa sobre Ángel Daniel, los indicios sólidos que la sustentan y cercanía de la celebración del juicio oral.

Ello no implica que "se da por sentado que va a mediar una sentencia condenatoria" pero sí que el riesgo cierto y cercano de que se produzca una condena es elevado, y por consiguiente también lo es el de fuga. Por ello, en modo alguno esta finalidad de la prisión contemplada de forma expresa en el art. 503 LECrim, vulnera la presunción de inocencia como asegura el recurrente. El auto recurrido cuenta con una amplia motivación que ha valorado todas las circunstancias concurrentes en la situación del acusado, de acuerdo con la finalidad constitucionalmente legítima perseguida por la medida.

Lo mismo sucede con la situación familiar del recurrente: la inminencia de una eventual condena desvanece la fuerza del arraigo. Entre la alternativa de no ver o atender a la familia por hallarse en prisión y no poder hacerlo por encontrarse en el extranjero, el riesgo de que el acusado opte por lo segundo es elevado, máxime cuando nada impediría a los familiares de Ángel Daniel salir de España y reunirse con el mismo una vez lo haya hecho ya este.

Por otra parte, tal como destaca el auto recurrido al que nos remitimos, existen indicios de fuentes de financiación de Ángel Daniel en el extranjero. Y a la eventual huida al extranjero se refiere también la defensa recurriendo a un "ejemplo legendario" evocando la fuga de España de Heraclio, como muestra de que "el mundo se ha hecho muy pequeño" y que ya no sería posible esconderse en ningún lugar. El ejemplo es francamente desafortunado. En primer lugar, porque Heraclio estuvo en paradero desconocido, sustraído a la acción de la justicia durante diez meses. Antes de valorar la posibilidad de una eventual extradición, analizar los convenios con España y los países que la conceden o no, como cavila el recurrente, la primera dificultad estriba en encontrar al prófugo; al mencionado Heraclio se le buscó entonces infructuosamente (1994/1995) por más de una centena de policías en decenas de países en Europa, América, África... por todo ese mundo tan pequeño, aunque se encontraba oculto en París. En segundo lugar, el asunto no acabó, como erróneamente asegura el apelante, "con la entrega a nuestro país por parte de Laos, país que entonces, y ahora, carece de tratado de extradición con España." Laos no extraditó a Heraclio, país en el que nunca estuvo, ni existió proceso alguno de extradición por este prófugo ni con este ni con ningún otro país, de manera que no es acertado el "legendario" ejemplo que presenta el recurrente, a no ser que se emplee este adjetivo en su acepción de fantástico o irreal. En todo caso, no es necesario recurrir a este añejo caso de corrupción política para constatar la evidencia de que sí, también es posible hoy fugarse de España y sustraerse a la acción de nuestros Tribunales. Los numerosos prófugos de la justicia que se registran en múltiples procedimientos penales son buena muestra de ello.

QUINTO.-Argumenta también el recurrente que Ángel Daniel en ninguna ocasión ha dejado de cumplir todas las exigencias formuladas por el Magistrado Instructor en lo relativo a presentaciones, retirada del pasaporte y prohibición de salida de España, incluso cuando estaba señalada comparecencia de prisión. Alegación inconsistente, la circunstancia, cierta, de que Ángel Daniel haya venido cumpliendo puntualmente con las obligaciones que le fueron impuestas cautelarmente no es más que el natural resultado del preceptivo carácter de aquellas y de haberse incumplido habrían sido activadas las medidas que el ordenamiento jurídico prevé para estos casos, en concreto la prisión preventiva.

Y en lo atinente a que Ángel Daniel no hubiera sido detenido inmediatamente para acordar la prisión, el auto recurrido explica que si fue convocado con tiempo suficiente a la vista fue precisamente en atención a las medidas cautelares, siendo poco probable que dejara de hacerlo antes de conocer una decisión que, en contra de lo asegurado por el recurrente, no había sido anunciada, ni anticipada o sugerida en modo alguno por la Fiscalía.

SEXTO.-Respecto a la afectación de los derechos políticos del acusado que implica la medida acordada, dado que perturbaría también los derechos colectivos de los ciudadanos que lo eligieron, la condición de representante político integrado en un poder del Estado no otorga otro privilegio procesal distinto del aforamiento y de la consiguiente necesidad de solicitar el suplicatorio para investigarlo, lo que sin duda ha situado al Sr. Ángel Daniel en una posición de ventaja, pues eludió en el momento procesal en que hubieran sido eficaces, medidas de investigación que sí soportaron el resto de investigados.

No debemos olvidar que fue precisamente el cargo que ostentaba Ángel Daniel y su pertenencia a otro poder del Estado, el Ejecutivo, lo que propició y amparó la comisión de los graves delitos de los que se le acusa, por lo que no parece legítimo aducir esa pertenencia a éste u otro poder del Estado para ponerse fuera del alcance de las responsabilidades penales de que se le acusa y por ende, de las medidas cautelares personales necesarias para poder hacerlas efectivas.

SÉPTIMO.-Por último se refiere el recurrente, de forma desafortunada, a una supuesta utilización espuria de la prisión provisional, que habría sido acordada únicamente con el objetivo de "fomentar una declaración colaborativa al estilo de la del imputado Oscar tras su paso por Centro Penitenciario". El auto impugnado sale al paso de esta alegación, que solo por ilógica no resulta ofensiva, pues, aun al comienzo de la investigación, podría haberse especulado con esta motivación, necesariamente espuria o furtiva (por ilegal e inconstitucional) de la prisión, pero, concluida la instrucción y formulados los escritos de acusación, la alegación no se sostiene.

7.1.-En efecto, la doctrina de esta Sala (SSTS 708/2014, de 10-11; 167/2017, de 5-4; 44/2023, de 30-1; 1157/2024, de 18-12), ha puesto de relieve que la razón de la atenuante de confesión no estaba en el factor subjetivo de pesar y contrición, sino en el dato objetivo de la realización de actos de colaboración a la investigación del delito. Se destaca como elemento integrante de la atenuante, el cronológico, consistente en que el reconocimiento de los hechos se verifique antes de que el inculpado conozca que es investigado procesal o judicialmente por los mismos. En el concepto de procedimiento judicial se incluye la actuación policial ( SSTS. 21.3.97 y 22.6.2001), que no basta con que se haya abierto, como se decía en la regulación anterior, para impedir el efecto atenuatorio a la confesión, sino que la misma tendrá la virtualidad si aún no se había dirigido el procedimiento contra el culpable, lo que ha de entenderse en el sentido de que su identidad aún no se conociera. La razón de ser del requisito es que la confesión prestada, cuando ya la Autoridad conoce el delito y la intervención en el mismo del inculpado, carece de valor auxiliar a la investigación. Otro requisito de la atenuante es el de la veracidad sustancial de las manifestaciones del confesante, sólo puede verse favorecido con la atenuante la declaración sincera, ajustada a la realidad, sin desfiguraciones o falacias que perturben la investigación, rechazándose la atenuante cuando se ofrece una versión distinta de la luego comprobada y reflejada en el "factum", introduciendo elementos distorsionantes de lo realmente acaecido ( SSTS. 22.1.97, 31.1.2001). Tal exigencia de veracidad en nada contradice los derechos constitucionales "a no declarar contra sí mismo" y "a no confesarse culpable" puesto que ligar un efecto beneficioso o la confesión voluntariamente prestada, no es privar del derecho fundamental a no confesar si no se quiere ( STC. 75/87 de 25.5).

En la sentencia 25.1.2000, se hace una exposición minuciosa de los requisitos integrantes de la atenuante de confesión, que serían los siguientes: 1) Tendrá que haber un acto de confesión de la infracción; 2) El sujeto activo de la confesión habrá de ser el culpable; 3) la confesión habrá de ser veraz en lo sustancial; 4) La confesión habrá de mantenerse a lo largo de las diferentes manifestaciones realizadas en el proceso, también en lo sustancial; 5) La confesión habrá de hacerse ante Autoridad, Agente de la Autoridad o funcionario cualificado para recibirla; 6) Tendrá que concurrir el requisito cronológico, consistente en que la confesión tendrá que haberse hecho antes de conocer el confesante que el procedimiento se dirigía contra él, habiendo de entenderse que la iniciación de Diligencias Policiales ya integra procedimiento judicial, a los efectos de la atenuante. Por "procedimiento judicial" debe entenderse, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, las diligencias policiales que, como meras actuaciones de investigación necesariamente han de integrarse en un procedimiento judicial ( SSTS. 23.11.2005, 19.10.2005, 13.7.98, 27.9.96, 31.1.95).

7.2.-Expuestos estos requisitos necesarios en orden a la concurrencia de la atenuante 4 art. 21, para la estimación de la analogía 21.7, en relación a aquella, hemos de partir de que para que una atenuante pueda ser estimada como analógica de alguna de las expresamente recogidas en el texto del Código Penal, dice la Sentencia de esta Sala de 20 de diciembre de 2000, ha de atenderse a la existencia de una semejanza del sentido intrínseco entre la conducta apreciada y la definida en el texto legal, desdeñando a tal fin meras similitudes formales y utilizándolo como un instrumento para la individualización de las penas, acercándolas así al nivel de culpabilidad que en los delincuentes se aprecie, pero cuidando también de no abrir un indeseable portillo que permita, cuando falten requisitos básicos de una atenuante reconocida expresamente, la creación de atenuantes incompletas que no han merecido ser recogidas legalmente ( sentencias de 3 de febrero de 1996 y 6 de octubre de 1998).

Esta Sala considera que pueden ser apreciadas circunstancias atenuantes por analogía: a) en primer lugar, aquellas que guarden semejanza con la estructura y características de las cinco restantes del art. 21 del Código penal; b) en segundo lugar, aquellas que tengan relación con alguna circunstancia eximente y que no cuenten con los elementos necesarios para ser consideradas como eximentes incompletas; c) en un tercer apartado, las que guarden relación con circunstancias atenuantes no genéricas, sino específicamente descritas en los tipos penales; d) en cuarto lugar, las que se conecten con algún elemento esencial definidor del tipo penal, básico para la descripción e inclusión de la conducta en el Código penal, y que suponga la ratio de su incriminación o esté directamente relacionada con el bien jurídico protegido; e) por último, aquella analogía que esté directamente referida a la idea genérica que básicamente informan los demás supuestos del art. 21 del Código penal, lo que, en ocasiones, se ha traducido en la consideración de atenuante como efecto reparador de la vulneración de un derecho fundamental, singularmente el de proscripción o interdicción de dilaciones indebidas.

Ahora bien, la atenuante de análoga significación no puede alcanzar nunca al supuesto de que falten los requisitos básicos para ser estimada una concreta atenuante, porque lo equivaldría a crear atenuantes incompletas o a permitir la infracción de la norma, pero tampoco puede exigirse una similitud y una correspondencia absoluta entre la atenuante analógica y la que sirve de tipo, pues ello equivaldría a hacer inoperante el humanitario y plausible propósito de que hablaba la sentencia 28.1.80, ( SSTS. 27.3.83, 11.5.92, 159/95 de 3.2, lo mismo en SSTS. 5.1.99, 7.1.99, 27.1.2003, 2.4.2004).

Por ello reiteradamente se ha acogido por esta Sala (STS. 10.3.2004), como circunstancia analógica de confesión la realización de actos de colaboración con los fines de la justicia cuando ya se ha iniciado la investigación de los hechos con el acusado ( SSTS. 20.10.97, 30.11.96, 17.9.99). En efecto la aplicación de una atenuante por analogía debe inferirse del fundamento de la atenuante que se utilice como referencia para reconocer efectos atenuatorios a aquellos supuestos en los que concurra la misma razón atenuatoria. En las atenuantes "ex post facto" el fundamento de la atenuación se encuadra básicamente en consideraciones de política criminal, orientadas a impulsar la colaboración con la justicia en el concreto supuesto del art. 21.4 CP. pero en todo caso debe seguir exigiéndose una cooperación eficaz, seria y relevante aportando a la investigación datos "especialmente significativos para esclarecer la intervención de otros individuos en los hechos enjuiciados ( SSTS. 14.5.2001, 24.7.2002), que la confesión sea veraz, aunque no es necesario que coincida en todo ( SSTS. 136/2001 de 31.1, 51/97 de 22.1), no puede apreciarse atenuación alguna cuando es tendenciosa, equivoca y falsa, exigiéndose que no oculta elementos relevantes y que no añade falsamente otros diferentes, de manera que se ofrezca una versión irreal que demuestre la intención del acusado de eludir sus responsabilidades ( STS. 888/2006 de 20.9).

7.3.-En el caso que nos ocupa, tal como recuerda la STS 1063/2009, de 29-10, es posible la confesión cuando "aun extemporánea, facilite de forma singular el desenlace de una investigación ya iniciada", pero ni es razonable pensar que la prisión se acuerda ahora con aquel motivo de fomentar una declaración colaborativa -ilegal, se insiste, ex art. 503.1.3º b) párrafo 2º LECrim) ni, cerrada ya la instrucción y contando la acusación con un acerbo probatorio más que suficiente, resulta sencillo imaginar un acto de colaboración por parte de Ángel Daniel que presente la necesaria relevancia para activar una atenuante analógica que permita una rebaja sustancial de la penas solicitadas.

OCTAVO.-En definitiva, conforme a lo razonado, procede la desestimación del recurso de apelación y la confirmación del auto de 27-11-2025, que acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza de Ángel Daniel, por entender racionalmente adecuada para evitar el alto riesgo de que el mismo decida sustraerse a la acción de la justicia, que se deriva de la gravedad de las penas solicitadas, la solidez de los indicios que las sustentan, la proximidad de la celebración del juicio oral y sin descartar la existencia todavía, de otras graves conductas que se le imputan en la pieza separada abierta en esta misma Causa Especial.