Auto Penal Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 1737/2025 de 25 de septiembre del 2025

PRIMERO.-A) La parte recurrente alega, como primer motivo de recurso, "infracción de ley y precepto constitucional del artículo 24 de la CE por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías y errónea valoración de la prueba" (sic), al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.4 de la L.O.P.J. en relación con el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El recurrente sostiene que la prueba practicada en el juicio oral no resulta suficiente para destruir la presunción de inocencia del acusado.

Argumenta que solo acompañó de la mano a la menor, sin empleo de fuerza alguna. Estima que de la conducta mencionada no puede inferirse que tuviese intención de llevarse a la menor.

Añade que la minusvalía que sufre dio lugar a que fuese absuelto del delito de lesiones del que era igualmente acusado. Considera que la misma conclusión debe alcanzarse respecto del delito de detención ilegal en aplicación del principio de presunción de inocencia o del principio "in dubio pro reo".

Asimismo, indica que el testimonio de los denunciantes no goza de credibilidad, sino que persigue un beneficio económico. Sustenta su afirmación en la solicitud de una indemnización de 65.000 euros.

B) Como indica la STS 476/2017, de 26 de junio, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015, modificó sustancialmente el régimen impugnatorio de las sentencias de la jurisdicción penal, al generalizar la segunda instancia, bien ante la Audiencia Provincial o bien ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, y se prevé un régimen de casación con un contenido distinto, según los supuestos. Estas profundas modificaciones legales satisfacen una antigua exigencia del orden penal de la jurisdicción, la doble instancia. Ahora, una vez superada la necesidad de atender la revisión de las sentencias condenatorias exigidas por los Tratados Internacionales, la casación ha de ir dirigida a satisfacer las exigencias necesarias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, a través de la función nomofiláctica, esto es, fijar la interpretación de la ley para asegurar la observancia de ambos principios, propiciando que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos y que la aplicación de la norma penal sea previsible.

En la fijación del contenido de la nueva modalidad de la casación disponemos, por otro lado, de la experiencia adquirida por el conocimiento del recurso de casación contra sentencias dictadas en los procesos seguidos ante el Tribunal de Jurado respecto al que la ley reguladora prevé que el pronunciamiento del Tribunal del Jurado sea revisado a través de la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia y, en su caso, casación ante esta Sala.

En este marco, la sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte. En particular, respecto al ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Respecto al error de Derecho, función primordial de la nueva casación, deberá actuarse conforme a la consolidada jurisprudencia de esta Sala en torno a los dos apartados del artículo 885 de la ley procesal penal. Los quebrantamientos de forma, una vez que han sido planteados en la apelación y resueltos en forma negativa, pues de lo contrario la nulidad declarada no tiene acceso a la casación, la queja se contrae a la racionalidad y acierto de la resolución recurrida al resolver la cuestión planteada.

Estos elementos son el fundamento sobre los que debe operar la admisión del recurso de casación y cuya inobservancia puede conllevar la inadmisión del mismo, conforme a los artículos 884 y 885 LECRIM. Por otra parte, como dijimos en la STS 308/2017 es ajena a la función jurisdiccional una interpretación rígida de las causas de inadmisión, pero sería conveniente y deseable (a la vista de los actuales contornos de la casación derivados de la regulación de la Ley 41/2015) que la parte planteara adecuadamente las razones que sustentan la relevancia casacional de su recurso, bien en cuanto a los aspectos que sostienen su fundamento esencial o bien en relación con los aspectos novedosos que plantea su recurso ( números 1 y 2 del artículo 885 LECRIM, sensu contrario).Ello permitiría a esta Sala advertir y apreciar cuáles son las razones que prima faciepodrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones obtenidas en las dos instancias previas a la casación.

C) Los hechos probados de la sentencia afirman, en síntesis, que el acusado Carlos Jesús, con DNI NUM000, mayor de edad y con antecedentes penales no computables, sobre las 20:30 horas, del día 10 de julio de 2021, la menor de dos años y medio Encarna. que se encontraba jugando en la DIRECCION000 sita en la DIRECCION001 de esta capital, a la que había acudido con su padre y un amigo de éste que iba a su vez acompañado de sus dos hijos.

En un momento dado el padre de Encarna. se dirigió a un comercio cercano a comprar agua y helados para los menores, quedando momentáneamente Encarna. al cuidado de Juan Pablo.

Aprovechando un momento de distracción de Juan Pablo que no observó que la niña se alejaba del grupo, Carlos Jesús tomó a la niña de la mano con intención de llevársela del lugar obligándola con determinación a cruzar la plaza y encaminarse hacia la esquina con la DIRECCION002 situada a unos 70-75 metros de donde estaba la menor con su cuidador y amigos.

El factumconcluye con la afirmación de que, "tras ser alertado Juan Pablo por el hermano de Encarna. de que la niña no estaba comenzó a seguir el acusado, llamándole a voces, haciendo el acusado caso omiso, lográndole alcanzar junto en el momento que ya abandonaba la plaza.".

D) Antes de analizar las alegaciones del recurrente, debemos citar la jurisprudencia de esta Sala sobre la presunción de inocencia.

Hemos manifestado en la STS 622/2022, de 22 de junio, que «cuando se denuncia en casación la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, hemos dicho en sentencia SSTS 615/2016, de 8 de julio, 200/2017, de 27 de marzo, 376/2017 de 20 de mayo, que "ha de verificarse si la prueba de cargo en base a la cual el tribunal sentenciador dictó sentencia condenatoria fue obtenida con respeto a las garantías inherentes del proceso debido, y, por tanto:

En primer lugar, debe analizar el "juicio sobre la prueba", es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquélla que haya sido obtenida, con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que además, haya sido introducida en el plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen de contradicción, inmediación, publicidad e igualdad.

En segundo lugar, se ha de verificar "el juicio sobre la suficiencia", es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia.

En tercer lugar, debemos verificar "el juicio sobre la motivación y su razonabilidad", es decir, si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, o sea, si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia. Bien entendido, como establece la STS 1507/2005 de 9.12, "el único límite a esa función revisora lo constituye la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba practicada en el juicio oral. Lo que el testigo dice y que es oído por el tribunal, y cómo lo dice, esto es, las circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos. Esa limitación es común a todos los órganos de revisión de la prueba, salvo que se reitere ante ellos la prueba de carácter personal, y a ella se refieren los arts. 741 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primero cuando exige que la actividad probatoria a valorar sea la practicada "en el juicio". El segundo cuando exige una valoración racional de la prueba testifical. Ambos artículos delimitan claramente el ámbito de la valoración de la prueba diferenciando lo que es percepción sensorial, que sólo puede efectuar el órgano jurisdiccional presente en el juicio, de la valoración racional, que puede ser realizada tanto por el tribunal enjuiciador como el que desarrolla funciones de control".

Sobre esta cuestión del control casacional de la valoración probatoria hemos recordado en la sentencia 35/2020, de 6 de febrero, con citas de las SSTS 458/2009 de 13 de abril y 131/2010 de 18 de enero; reiterando la doctrina anterior que ni el objeto del control es directamente el resultado probatorio, ni se trata en casación de formar otra convicción valorativa ni dispone de la imprescindible inmediación que sólo tuvo el tribunal de instancia. El objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado de las pruebas que presenció. No procede ahora por tanto que el recurrente sugiera o proponga otra valoración distinta que desde un punto de vista se acomode mejor a su personal interés, sino que habrá de argumentar que es irracional o carente de lógica el juicio valorativo expresado por el tribunal de instancia.

Consecuentemente, el control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, por ello, la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, en sí misma considerada, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan exigir otras conclusiones, porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente si la decisión escogida por el tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena ( SSTC. 68/98, 117/2000, SSTS. 1171/2001, 220/2004, 711/2005, 866/2005, 476/2006, 548/2007, 1333/2009, 104/2010, 1071/2010, 365/2011, 1105/2011)».

Las alegaciones deben ser inadmitidas.

El Tribunal Superior de Justicia, asumiendo el planteamiento de la Audiencia Provincial, ratificó la existencia de prueba de cargo válida para enervar la presunción de inocencia, así como la suficiencia y racionalidad de la argumentación ofrecida para fundamentar el pronunciamiento condenatorio.

La sentencia sustenta su criterio en los elementos probatorios siguientes:

(i) El propio recurrente en el plenario reconoció que se encontraba en el parque en el que sucedieron los hechos, sentado junto al padre de la menor, el testigo Juan Pablo, y los hijos de ambos. Refirió que la niña tenía sed y le cogió de la mano.

(ii) El testigo presencial, Juan Pablo, refirió que el acusado mostraba una actitud amigable con los niños y que, poco después, el hijo de Lucio le dijo que su hermana estaba con ese señor. Vio a la niña llorando y gritó al acusado "para, para", si bien él siguió caminando a unos 150 metros.

(iii) El padre de la menor, Lucio, refirió que fue a comprar agua y unas bebidas, y poco después recibió una llamada de Juan Pablo, muy nervioso, que le pidió que fuese rápidamente. Al llegar al parque estaba la policía y Juan Pablo tenía a su hija en brazos que lloraba y gritaba.

(iv) La declaración de los dos agentes de Policía que fueron requeridos porque un varón se llevaba a una niña en la DIRECCION002. A su llegada al lugar vieron a la menor llorando y se entrevistaron con los testigos del hecho quienes coincidieron en que el acusado llevaba a la niña de la mano y que iba llorando.

(v) El testimonio de Ofelia que vio al acusado llevar de la mano a la menor mientras que otro le gritaba que la dejase, sin que le hiciese caso, hasta que consiguió quitársela.

No asiste, por tanto, la razón al recurrente dado que el Tribunal Superior de Justicia ha ratificado, de forma razonable y motivada, el juicio sobre la suficiencia de la prueba de cargo al considerar que la Audiencia Provincial había valorado los medios de prueba practicados en la instancia de acuerdo con las reglas de la lógica, la razón y las máximas de la experiencia.

En efecto, hemos manifestado en la STS 24/2025, de 17 de enero, que si «el tribunal sentenciador ha dado una explicación razonable y motivada de su conclusión probatoria, como así ha sucedido en el caso que nos ocupa, más cuando ha superado el juico de racionalidad que pasa tras su revisión por parte del tribunal de apelación, no es procedente que este Tribunal entre a examinar otras posibles alternativas, a no ser que considerásemos irracional su discurso, y ello porque, en todo caso, cuando se pone en cuestión la presunción de inocencia, en ese cometido de control casacional, lo que nos corresponde es valorar la racionalidad de la valoración hecha por los tribunales que nos preceden, y así lo venimos manteniendo en una reiterada jurisprudencia, de la que es muestra lo que decíamos en STS 593/2024, de 13 de junio de 2024, en la que, con cita de otras, se puede leer:

"El control casacional se orienta a verificar estos extremos, validez y suficiencia de la prueba y racionalidad en su valoración, sin que suponga una nueva oportunidad para proceder de nuevo a la valoración del material probatorio, de manera que no es posible que el Tribunal de casación, que no ha presenciado las pruebas personales practicadas en el plenario, sustituya la realizada por el Tribunal de instancia ante el cual se practicaron. No se trata, por lo tanto, de comparar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de comprobar, de un lado, la regularidad de la prueba utilizada, es decir, su ajuste a la Constitución y a la ley, y, de otro lado, la racionalidad del proceso argumentativo. Esta forma de proceder en el control de la racionalidad del proceso valorativo no implica que el Tribunal que resuelve el recurso pueda realizar una nueva valoración de las pruebas cuya práctica no ha presenciado, especialmente las de carácter personal. Se trata, solamente, de comprobar que el Tribunal de instancia se ha ajustado a las reglas de la lógica, no ha desconocido injustificadamente las máximas de experiencia y no ha ignorado los conocimientos científicos, y que, por lo tanto, su valoración de las pruebas no ha sido manifiestamente errónea, absurda, caprichosa o absolutamente inconsistente"».

En esta misma línea, hemos expresado en la STS 960/2024, de 6 de noviembre, que «salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, este cauce casacional no está en condiciones de suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de esta Sala, siempre que el Tribunal de Instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente, como ocurre en este caso, en el que la valoración probatoria tiene suficiente contenido incriminatorio, es bastante y aparece razonablemente valorada, en definitiva, idónea para desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba al acusado».

En definitiva, el convencimiento de la Audiencia Provincial se asentaba en prueba personal suficiente y racionalmente valorada, como evidenció el Tribunal Superior de Justicia, sin que tales razonamientos puedan ser calificados de absurdos o arbitrarios y sin que, por ello, puedan ser objeto de censura en esta sede casacional.

Por todo lo expuesto, procede la inadmisión del motivo, de conformidad con lo que determina el artículo 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SEGUNDO.-A) El recurrente alega, como segundo motivo del recurso, infracción de ley "al no aplicar en la pena la circunstancia atenuante del artículo 21.7 del CP en relación con el artículo 21.1 y 20.1 del mismo texto legal como circunstancia atenuante muy cualificada" (sic), al amparo de lo dispuesto en el artículo 849 primero y segundo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Considera que, al ocurrir los hechos, además de otros padecimientos, tales como consumo abusivo de alcohol, trastorno de ansiedad, trastorno esquizoide de la personalidad y debilidad mental, el recurrente se encontraba afectado por la minusvalía psíquica del 65% que influía en su comportamiento de modo relevante y mermaba su capacidad de comprensión.

Por ello, solicita que se aprecie la circunstancia atenuante de alteración psíquica analógica del artículo 21.7, en relación con los artículos 21.1 y 20.1 del Código Penal, como muy cualificada, con rebaja en dos grados de la sanción impuesta e imposición de la pena de nueve meses de prisión.

B) Hemos mantenido en la STS 522/2024, de 3 de junio, que «el artículo 20.1 CP reconoce como circunstancia eximente "el que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a dicha comprensión".

Para determinar su aplicabilidad esta Sala viene aplicando un criterio mixto biológico-psicológico, de modo que se precisa no sólo constatar la existencia de una patología determinada sino también su incidencia en la capacidad de comprensión de la ilicitud y de la capacidad de actuar de acuerdo con aquella comprensión.

Por tanto, en esta circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal hay dos elementos: a) la afectación o limitación severa de alguna de las facultades psíquicas del sujeto, es decir, la cognoscitiva o de conocimiento por el individuo del alcance de la ilicitud de su conducta y la volitiva o de libre voluntad para acomodar su comportamiento a ese previo conocimiento de la ilicitud del acto que llevaba a cabo; y b) la "relación de sentido" entre la enfermedad y sus consecuencias en lo psíquico con el delito efectivamente ejecutado.

De modo que una base patológica, acreditada, que en realidad no supusiera condicionamiento para las referidas facultades psicológicas o que careciera de vinculación con el concreto campo de la conducta humana a la que el hecho típico se refería, no podía ser tenida en cuenta desde el punto de vista de la consideración de la imputabilidad».

C) Las alegaciones deben ser inadmitidas.

La lectura de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia permite comprobar que fue estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el condenado contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, de modo que fue apreciada en grado de apelación la circunstancia atenuante simple aludida.

Asimismo, la sentencia evidencia la ausencia de elementos de convicción suficientes para apreciar la atenuante muy cualificada de anomalía psíquica.

La resolución recurrida expresa de modo suficiente los siguientes elementos de convicción que sustentan la apreciación de la atenuante analógica simple de anomalía psíquica:

(i) El Dictamen Técnico Facultativo expedido en 1997 en el Expediente NUM001 apreció en el recurrente un trastorno mental, y le reconoció una minusvalía del 65%.

(ii) El informe de urgencias de 8 de enero de 2024 que valora como antecedentes médicos consumo abusivo de alcohol, trastorno de ansiedad, trastorno esquizoide de la personalidad y debilidad mental.

(iii) El informe de la clínica médico forense que refiere un posible funcionamiento intelectual límite.

No asiste, por tanto, la razón al recurrente dado que sus alegaciones contradicen el relato de hechos probados. En efecto, para la apreciación de la atenuante muy cualificada se requiere una notable limitación de sus facultades psíquicas ( STS 66/2024, de 24 de enero); extremo que, en el presente caso, no concurre.

Por todo lo expuesto, procede la inadmisión del motivo, de conformidad con lo que determina el artículo 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En consecuencia, se dicta la siguiente: