Auto Penal 20395/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 21883/2024 de 04 de marzo del 2025

PRIMERO.-1. La "querellante", el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, presenta un inicial escrito, donde afirma en relación al objeto de la querella:

La presente querella criminal se amplía (sic) contra Marco Antonio, Presidente del Gobierno de España, y otros altos cargos y figuras mencionadas, por su presunta participación en delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, fraude fiscal, traición a la patria, y violación del principio de igualdad, según los hechos desvelados por informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, grabaciones filtradas, y publicaciones de medios de comunicación nacionales e internacionales. En esta querella también se incluyen a Vicente, Fidel, Jesús María, Zulima, Abel, Roman, Cirilo y otros, por su presunta participación en una red internacional de corrupción que afecta tanto a España como a Venezuela.

Dado que los hechos aquí expuestos tienen una implicación directa con la causa conocida como Delcygate, actualmente en tramitación en la Audiencia Nacional, solicitamos, además, la inhibición de dicho procedimiento a favor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y la acumulación de las actuaciones.

En cuanto a los hechos los enumera en cinco apartados con específica expresión de la fuente de su conocimiento:

1. El rescate de Air Europa y la implicación directa de Marco Antonio (publicaciones de El mundo y El Confidencial)

2. El Delcygate: la entrada ilegal de Antonieta en España (publicaciones de ABC y Vox Populi)

3. Contratos millonarios durante la pandemia y la implicación de Abel (publicaciones de El País y La Vanguardia)

4. La red de blanqueo de capitales liderada por Fidel (publicaciones de The Guardian y BBC Mundo)

5. Negociaciones secretas con Eusebio (publicaciones de Le Monde y La Razón)

2. Obra un segundo escrito, donde expresa:

La presente ampliación de querella criminal tiene como propósito sumar a la causa abierta contra Marco Antonio, Vicente y Abel los nuevos hechos que han sido desvelados por la exposición razonada emitida por el magistrado Ismael Moreno Chamarro en el marco de las diligencias previas 65/2023. Los hechos que se describen en este auto ponen de manifiesto la existencia de una organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y otras irregularidades graves en la adjudicación de contratos durante la pandemia del COVID-19.

Donde presenta como hechos relevantes:

1. Organización Criminal y Adjudicaciones Irregulares

El auto emitido por el juez Ismael Moreno revela la existencia de una organización criminal que operaba bajo el auspicio de Abel, en colaboración con Vicente, quien, en su calidad de ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, facilitó la adjudicación irregular de contratos de emergencia relacionados con la pandemia del COVID-19 a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL. Dicha empresa, sin experiencia real en el sector de los equipos de protección individual, fue seleccionada antes incluso de la publicación oficial de las necesidades del MITMA, gracias a la influencia de Roman, consejero de RENFE y colaborador cercano de Vicente.

En total, Soluciones de Gestión recibió adjudicaciones por un valor cercano a los 54 millones de euros para el suministro de mascarillas y otros materiales sanitarios. Estas adjudicaciones fueron realizadas bajo el procedimiento de negociado sin publicidad y con carácter de emergencia. Además, el análisis fiscal de la ONIF reveló que Soluciones de Gestión no contaba con solvencia ni experiencia previa en este tipo de suministros.

2. Implicación Personal de Vicente

El juez Moreno señala que la implicación de Vicente en la adjudicación de contratos a Soluciones de Gestión fue decisiva. Según la cronología establecida en la investigación, Vicente firmó la orden que permitió el proceso de adquisición de mascarillas, y un día después, Soluciones de Gestión fue seleccionada como adjudicataria. Abel, quien había tenido conocimiento anticipado de esta adjudicación a través de contactos dentro del MITMA, se benefició económicamente, obteniendo una ganancia de 6,6 millones de euros.

Los indicios recabados incluyen intervenciones telefónicas y correos electrónicos en los que se demuestra que Vicente gestionó directamente la adjudicación, modificando el objeto del contrato para ajustarse a la oferta presentada por Soluciones de Gestión. El entramado revela que esta adjudicación fue coordinada por altos cargos del MITMA, actuando siempre con la supervisión y el aval de Vicente.

3. Compensaciones a Vicente y Enriquecimiento Personal

El auto del juez Moreno detalla que Vicente recibió beneficios personales como compensación por su participación en este esquema de corrupción. En concreto, se le facilitó la compra de un chalet en la DIRECCION000, en Cádiz, así como el disfrute de un piso en Madrid cuyo alquiler fue pagado por personas cercanas a Abel.

El juez documenta cómo Abel, a través de sus socios y testaferros, financió estos beneficios para mantener la influencia de Vicente y asegurar la continuidad de las adjudicaciones fraudulentas. El uso y disfrute de la casa de DIRECCION000 por parte de Vicente, así como la participación en otras operaciones inmobiliarias, fueron compensaciones directas por su intervención en las adjudicaciones de contratos.

4. Tráfico de Influencias en el Rescate de Air Europa

Otro de los hechos relevantes es la participación de Vicente en el rescate de Air Europa por parte del Gobierno español, por un valor de 475 millones de euros. Abel, quien ocupaba el cargo de consejero en dicha aerolínea, utilizó su relación con Vicente para influir en la concesión del rescate. El juez Moreno detalla cómo Abel, en diversas conversaciones interceptadas, mencionaba la participación de Vicente y su intervención directa ante el Gobierno para garantizar la concesión de este rescate.

Además, las investigaciones revelan que parte de los beneficios obtenidos por Soluciones de Gestión en los contratos de mascarillas fueron utilizados para operaciones vinculadas a la adquisición de bienes inmuebles en Brasil y otros países, ocultando así los ingresos y dificultando su rastreo.

3. E incluso un tercero, donde anuncia que la presente ampliación de querella reúne y expone los elementos de una trama profundamente arraigada en el poder político y económico de España, conectando a líderes políticos, funcionarios públicos, empresarios y asesores en un esquema de corrupción, fraude fiscal y abuso de poder. Los hechos aquí narrados, respaldados por testimonios, pruebas documentales e investigaciones judiciales en curso, se presentan de forma individualizada para cada uno de los querellados:

1. Marco Antonio: El Epicentro Político

El presidente del Gobierno, Don Marco Antonio, aparece como figura clave en el entramado de corrupción y encubrimiento revelado por las investigaciones. Según los testimonios de Abelardo y las pruebas recabadas por los jueces Santiago Pedraz, Ismael Moreno y Juan Carlos Peinado, Marco Antonio no solo conocía las actividades ilícitas de su entorno, sino que participó activamente en reuniones estratégicas en Moncloa.

En estas reuniones se diseñaron los mecanismos para proteger a los implicados en el Caso Roman y en el fraude de hidrocarburos, garantizando la continuidad de los pagos ilícitos y asegurando la manipulación de contratos públicos. Abelardo declaró haber entregado 15.000 euros en efectivo al secretario de Organización del PSOE, Ceferino, y 50.000 euros al ministro de Política Territorial, Paulino, pagos realizados con la aprobación de Marco Antonio.

Además, Abel relató en entrevistas públicas, como las concedidas a Gumersindo en la Cadena COPE, que recibió amenazas durante su estancia en prisión para garantizar su silencio, responsabilizando directamente al entorno de Marco Antonio de cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia.

2. Zulima: El Beneficio Personal Desde la Sombra

Doña Zulima, esposa del presidente, está implicada en actividades de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Las investigaciones del juez Juan Carlos Peinado han revelado que Zulima utilizó su posición para registrar la marca TSC Transformación Social Competitiva, desarrollada con recursos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Este registro le permitió beneficiarse personalmente de un software destinado a pymes en sostenibilidad, financiado con fondos públicos.

Por otro lado, como directora del IE África Center, Zulima firmó convenios con empresas que realizaron pagos desproporcionados y mantuvo vínculos con fondos de inversión internacionales utilizados como vehículos de blanqueo de capitales. Empresas como Air Europa aparecen en contratos y acuerdos cuyo objetivo final era su propio beneficio.

3 Vicente: Corrupción y Contratos Inflados

El exministro de Transportes, Don Vicente, está señalado como receptor de comisiones ilegales en el Caso Roman. Según las declaraciones de Abel, Vicente recibió 250.000 euros a cambio de asegurar contratos inflados relacionados con material sanitario durante la pandemia.

El material adquirido, en muchos casos defectuoso, fue suministrado a precios desproporcionados, causando un daño económico al erario público y poniendo en peligro la salud de los ciudadanos. Las investigaciones también han revelado su participación en reuniones con empresarios y funcionarios donde se discutieron los términos para mantener operativa la red de corrupción.

4. Jacinto: El Fiscal General y el Encubrimiento

El Fiscal General del Estado, Don Jacinto, ha sido señalado por su participación activa en el encubrimiento de los delitos de la trama. Según pruebas obtenidas, Jacinto utilizó su posición para frenar investigaciones relacionadas con el Caso Roman y el fraude de hidrocarburos, así como para desviar la atención de los implicados principales.

Correos electrónicos revelan instrucciones directas de Jacinto para obstaculizar la entrega de información clave a los jueces instructores y para proteger a colaboradores cercanos de Marco Antonio, como Petra.

5. Ceferino y Paulino: Receptores de Sobornos

Tanto Ceferino, secretario de Organización del PSOE, como Paulino, ministro de Política Territorial, aparecen en las declaraciones de Abelardo como receptores de pagos ilícitos. Ceferino recibió 15.000 euros en efectivo, mientras que Paulino obtuvo 50.000 euros, ambos en reuniones donde se discutieron estrategias para asegurar la adjudicación de contratos y el silencio de los implicados.

6. Petra: La Filtración de Información Confidencial

Petra, jefa de gabinete del jefe de gabinete de Moncloa, está acusada de filtrar información confidencial sobre Cipriano, pareja de Daniela, a Abilio. Esta información, utilizada con fines políticos, forma parte de un patrón de abuso de poder diseñado para proteger a los responsables de la trama y desviar la atención hacia adversarios políticos.

7. Roman: El Facilitador

Roman, asesor del Ministerio de Transportes, fue el intermediario principal en el pago de comisiones ilegales. Recibió 100.000 euros de Abel a cambio de facilitar contratos durante la pandemia, operando como enlace entre los empresarios y los altos cargos del Gobierno.

E insta a que esta Sala acumule en una causa única las diligencias previas seguidas por los jueces Santiago Pedraz, Ismael Moreno y Juan Carlos Peinado, dada la conexidad de los hechos y la participación de los implicados.

4. Aportaría también un cuarto escrito de ampliación, expresamente contra:

i) Marco Antonio (Presidente del Gobierno), que tenía conocimiento de las operaciones fraudulentas y participó en reuniones para adjudicar contratos públicos de forma irregular. Según Abel, Marco Antonio autorizó pagos ilícitos y agradeció personalmente a Abel su colaboración en eventos del PSOE.

ii) Zulima (esposa del Presidente), por utilizar su posición para firmar convenios con empresas y fondos de inversión internacionales que beneficiaron sus intereses personales. Registró la marca TSC con recursos de la UCM.

iii) Jesús María (Ministro del Interior), que facilitó la entrada de Antonieta en Barajas, en violación de sanciones de la Unión

Europea, y gestionó adjudicaciones irregulares para beneficiar a su entorno.

iv) Vicente (exministro de Transportes), por recibir comisiones de 250.000 euros por adjudicaciones infladas durante la pandemia y beneficiarse del uso de un chalet en DIRECCION000, propiedad de Abel.

v) Maribel (Ministra para la Transición Ecológica), por facilitar contratos vinculados a la transición ecológica, beneficiando a empresas específicas en perjuicio del interés público.

vi) Ceferino (Secretario de Organización del PSOE), por recibir pagos en efectivo por adjudicar contratos a favor de la red investigada.

vii) Alejandro, por participar en operaciones fraudulentas vinculadas al sector de hidrocarburos y blanqueó capitales para financiar actividades ilícitas.

A la vez que insta la acumulación de diversas causas seguidas en Juzgados de Instrucción, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

5. E incluso un quinto, donde expone que la ampliación de querella responde a los hechos y pruebas revelados en las investigaciones judiciales en curso, las cuales involucran a una organización criminal integrada por altos funcionarios públicos, empresarios y asesores que, de manera sistemática, habrían cometido delitos de corrupción, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y malversación. Los hechos se relacionan con contratos públicos fraudulentos y actividades ilícitas durante la emergencia sanitaria por COVID-19, entre otros contextos; donde los implicados principales, contra los que se dirige la querella, son: Don Marco Antonio, Presidente del Gobierno; Doña Zulima, su esposa; Don Vicente, exministro de Transportes; Don Jesús María, Ministro del Interior; Don Ceferino, Secretario de Organización del PSOE; y "otros implicados, según detallado en las declaraciones de Abel y documentos aportados".

SEGUNDO.-Anunciamos desde un principio, que a los anteriores escritos, no se les dará trámite dado el manifiesto fraude de ley que su presentación ante esta Sala Segunda, conlleva.

Por una parte, la mera remisión de recortes o enlaces de prensa, ni integran denuncia, ni con el carácter general que se aportan, constituyen indicios cualificados suficientes para aperturar diligencias contra personas aforadas ante esta Sala; ni tampoco nos incumbe bucear dentro de la noticia para averiguar que apartado o qué conducta concreta resulta reprochable a la concreta sensibilidad del querellante, más allá de las legítimas discrepancias que mantenga, para entender subsumibles en un específico tipo penal.

En las ampliaciones igualmente, se da noticia de diversos procedimientos que se siguen por diversos órganos judiciales y del (parco, fragmentario y siempre incompleto) conocimiento que trasciende externamente de su decurso y en cualquier caso prescindiendo del criterio del Juez, Magistrado o Tribunal cuya investigación o enjuiciamiento (incluso ya producido como el caso del Sr. Cirilo), se pretende que, con claro quebranto de la normativa establecida para su cuidada remisión a esta Sala cuando a algún aforado afecte, recabemos la competencia de los mismos, algunos notoriamente ya instruyéndose por Magistrado de esta Sala Segunda.

Debe estarse a la decisión de estos Jueces y Magistrados resuelvan o sea corregido por vía de recurso; y sólo si ya es parte o le es admitida la personación en esos procesos, propugnar en su seno los ámbitos de investigación que fueren; no es dable acudir en la forma y circunstancias en que se efectúa, directamente ante esta Sala, para lograr ser parte en la investigación de esos diversos hechos, o para evitar el criterio de Juez que conoce el asunto.

Fallo