Auto Penal Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 21883/2024 de 05 de mayo del 2025

PRIMERO.-Recurre la representación del Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, la decisión de esta Sala Segunda (Auto 20395/2025 de 3 de marzo) de no tramitar el escrito presentado bajo la denominación de querella el pasado 23 de octubre ni sus sucesivas ampliaciones, por estar incursos en fraude de ley.

Expone que en sus escritos, se trataba de una querella ampliada contra diversas figuras públicas de alto perfil, entre ellas D. Sergio, Presidente del Gobierno, D. Marco Antonio, D. Fermín, D. Fidel, y otros, por delitos graves como prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, fraude fiscal, traición a la patria, violación del principio de igualdad y organización criminal; y que los hechos se fundamentan en pruebas como informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, grabaciones telefónicas filtradas, correos electrónicos, declaraciones testificales (como las de Argimiro) y publicaciones en medios nacionales e internacionales, además de referencias a diligencias judiciales dirigidas por jueces como Eugenio, Jesús María y Abel.

Alega en primer lugar que incurre en una vulneración directa del artículo 24.1 de la Constitución Española, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva y al juez predeterminado por la ley. Cita con frecuencia un 757 LECrim, cuyo contenido en nada es atinente a la cuestión; afirma la competencia de esta Sala Segunda para determinados aforados, asevera que la resolución recurrida, podría constituir una denegación de justicia al dejar sin investigar hechos graves que involucran a personas aforadas, pues no todos los querellados están siendo investigados en otras causas, ni todos los delitos denunciados -como la organización criminal- forman parte de diligencias abiertas en otros tribunales; alude a un fraude de ley inverso; reitera que actúa adecuadamente formulando querella directa ante la Sala Segunda; vuelve a reseñar la existencia de indicios; y expresa su consideración de la necesidad de acumulación de causas.

Y tras ello, realiza unas consideraciones adicionales, redactadas en tercera persona, donde la redacción no se entiende, pues en vez de aludir a la Sala, usa expresiones como "Usted sugiere...", que en referencia a la resolución recurrida y otras de esta misma Sala, con similar fundamentación, expresa que los magistrados firmantes podían incurrir en prevaricación si ignoran pruebas válidas como el informe de la UCO; o que en caso de que el Tribunal Supremo no admita los escritos o la querella, "usted menciona" la posibilidad de acudir a la justicia europea.

Obviamente, la resolución recurrida nada "sugiere" ni nada "menciona", sobre prevaricación propia ni remisión al Tribunal de Estrasburgo; pareciera que el recurrente ha solicitado un dictamen y ha sido traspasado al recurso sin depurar su redacción.

Y finaliza con la siguiente conclusión, que igualmente evidencia la transcripción de un dictamen recibido por el recurrente, e impropio en la formulación del recurso:

En resumen, el informe de la UCO que vincula a D. Marco Antonio con D. Sergio y otros ministros, si es auténtico y proviene de procedimientos judiciales legítimos, podría ser una pieza clave en su querella. La posible prevaricación de los jueces del Supremo, la ausencia de fraude de ley y la amenaza de extender el proceso a otros actores judiciales son puntos que refuerzan su planteamiento, pero todos ellos deben estar respaldados por pruebas concretas y presentados conforme a la legalidad. Si el Supremo no admite la querella, acudir a la justicia europea es una vía viable, siempre que se cumplan los requisitos procesales. Le recomendamos encarecidamente que consulte a un abogado especializado en derecho penal y procesal para estructurar adecuadamente su defensa y valorar las opciones disponibles.

SEGUNDO.-El recurso no revela sino la forma defraudatoria en que la parte recurrente intenta instrumentalizar esta Sala Segunda. Ningún argumento específicamente dirigido a la argumentación de la resolución recurrida y gratuitas consideraciones delictivas sobre terceros, redactadas en tercera persona.

Valga precisar previamente que el art. 757 reiteradamente invocado en la redacción inicial de la LECrim, era la norma inicial del Título dedicado a la regulación del antejuicio necesario para exigir la responsabilidad criminal a los Jueces y Magistrados; antejuicio suprimido por la DA Primera de la LO 5/1995 que lo deja sin contenido; y desde la Ley 38/2002, hasta la actualidad, únicamente hace referencia al procedimiento abreviado, con este tenor: Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.

Sí establece el art. 57.2 LOPJ, la competencia de esta Sala Segunda, para la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, etc...

Y efectivamente el art. 4 de la vigente Ley de 9 de febrero de 1912 declarando los Tribunales que han de entender en el conocimiento de las causas contra Senadores y Diputados, establece que Las denuncias o querellas contra Senadores o Diputados, se formularán ante el Tribunal Supremo..., observándose lo dispuesto en las leyes y disposiciones de procedimiento.

Pero no es el caso. Las fuentes que describe, aunque las diversifica: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, grabaciones telefónicas filtradas, correos electrónicos, declaraciones testificales (como las de Argimiro) y publicaciones en medios nacionales e internacionales, además de referencias a diligencias judiciales dirigidas por jueces como Eugenio, Jesús María y Abel, tiene siempre su origen en procedimientos judiciales en curso, salvó lógicamente, las publicaciones de los medios que igualmente se refieren a dichas investigaciones judiciales. En cuya consecuencia el artículo preponderante es el art. 2 de esa Ley de 9 de febrero de 1912: Si incoado un sumario por un Juez de Instrucción..., ya de oficio, ya por denuncia o querella, apareciesen indicios de responsabilidad contra algún Senador o Diputado, tan pronto como fuesen practicadas las medidas necesarias para evitar la ocultación del delito o la fuga del delincuente, se remitirán las diligencias en el plazo más breve posible al Tribunal Supremo.

En cuya reiterada interpretación, esta Sala, como muestra el Auto de 1 de julio de 2014, en la causa especial 20225/2014, precisa que cuando se trata de aforados, el Tribunal Supremo ha analizado el alcance de la expresión "indicios de responsabilidad" del artículo 2º de la Ley 09/02/1912 , todavía en vigor, aplicable a Diputados y Senadores y por extensión a los demás aforados, y en reiteradas resoluciones hemos afirmado el carácter excepcional que tienen las normas de la Constitución Española y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como de los Estatutos Autonómicos que contienen disposiciones al respecto, por las que se atribuye la competencia a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para instruir y enjuiciar las causas contra determinadas personas por razón de los relevantes cargos que ejercen, añadiendo que tal carácter excepcional justifica la interpretación restrictiva que ha de hacerse de las mismas de modo que solo se inician en el Tribunal Supremo tales procedimientos penales contra aforados cuando haya quedado individualizada la actividad delictiva concreta de la persona de que se trate y, además, exista algún indicio o principio de prueba que pudiera servir razonablemente de base para la imputación criminal que de esa conducta individualizada pudiera derivarse, siendo ello consecuencia, por un lado, de la propia naturaleza de la función que desempeña el Tribunal Supremo, y, por otro, de la necesidad de preservar la función pública que desempeña el aforado frente a denuncias o querellas no debidamente fundadas, de forma que en estos supuestos debe tramitarse el proceso penal ante el órgano judicial que sea competente conforme a las normas generales de nuestras leyes procesales y, si este órgano entendiera que hay indicios de responsabilidad criminal contra algún aforado, agotada la investigación en todo lo que fuere posible, sin dirigir el procedimiento contra éste, procederá a remitir a esta Sala 1ª correspondiente exposición para que podamos resolver aquí conforme a lo dispuesto en los artículos correspondientes AATS 07/04/2009, 11/05/2006 , 04/01/2002 o 12/01/2000 , dictados en causas especiales por razón de aforamiento).

También el Tribunal Constitucional ( SSTC 68 y 69/2001, de 17/03 ), recogiendo esta doctrina, con cita de nuestros Autos, sienta (FJ 2º, c)) en primer lugar que "la aplicación e interpretación de la normativa procesal reguladora de la prerrogativa de aforamiento de Diputados y Senadores es una cuestión de legalidad que incide, sin embargo, en el contenido de un precepto constitucional, el artículo 71.3 CE , así como en el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley"; para seguidamente razonar que "la determinación concreta del momento preciso en el que la instrucción de la causa ha de elevarse a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por poder resultar implicado en la misma un miembro de las Cortes Generales no ha sido establecida por el legislador postconstitucional, recogiéndose como único criterio en la normativa reguladora de la garantía de aforamiento prevista en el art. 71.3 CE para Diputados y Senadores la genérica referencia del art. 2 de la Ley de 9 de febrero de 1912 a la aparición "de indicios de responsabilidad contra algún Senador o Diputado". La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su función de intérprete de la preconstitucional Ley de 9 de febrero de 1912 (STC 22/1997, F. 8), viene entendiendo, en una consolidada línea jurisprudencial que se inicia, al menos, con el ATS de 28 de abril de 1993 , y que constituye hoy un consolidado cuerpo doctrinal (...), que no basta para la operatividad de la prerrogativa de aforamiento del art. 71.3 CE la mera imputación personal, sin datos o circunstancias que la corroboren, a un aforado, requiriéndose la existencia de indicios fundados de responsabilidad contra él, dado que los aforamientos personales constituyen normas procesales de carácter excepcional que, por tal circunstancia, deben ser interpretadas y aplicadas restrictivamente. Pues bien, esta doctrina jurisprudencial y, por consiguiente, la exigencia de que existan indicios o sospechas fundados con una mínima verosimilitud o solidez sobre la participación de un Diputado o Senador en los hechos objeto de investigación penal para que entre en juego la garantía de aforamiento especial prevista en el art. 71.3 CE, no pueden ser en modo alguno calificadas de irrazonables o arbitrarias, ni tildadas de contrarias o desconocedoras de la finalidad a la que sirve dicha garantía, ni del contenido absolutamente indisponible de ésta establecido en el art. 71.3 CE "; añadiendo que "... sólo entonces, y no antes, por poder afectar realmente a un aforado, se justifica la cognición de la causa por el Tribunal Supremo y la misma puede dirigirse contra él"; incluso el Tribunal Constitucional entiende que la mera imputación personal a un aforado, sin necesidad de la existencia de otros datos o circunstancias que la corroborasen, "no dejaría de implicar, especialmente ante denuncias, querellas o imputaciones insidiosas o interesadas, una desproporcionada e innecesaria alteración del régimen común del proceso penal".

En todo caso, como también hemos señalado en nuestro Auto de 07/04/2009, siguiendo la doctrina de la SSTC 123 y 124/2001, de 04/06, lo que sí está vedado al Juez ordinario es la realización de actos procesales que en sí mismos determinen ya la sujeción de un parlamentario (u otro aforado) a un procedimiento penal, ya sea la expresión de un juicio formal de inculpación, según se trate de procedimiento abreviado o sumario, o incluso a través de la práctica de otras diligencias que materialmente tengan el mismo significado, como la adopción de medidas cautelares, siendo en todo caso el órgano competente para ello el Tribunal Supremo, que en el caso de los Diputados o Senadores es el único facultado para pedir la autorización al Senado o Congreso.

Consecuentemente, pretender que con noticias de otros procesos, es decir, de elementos ya conocidos por el Juez que instruye, acudir ante esta Sala y de ese modo, anticipar y prescindir del criterio del instructor, juez predeterminado por la Ley en ese caso (art. 4 referido) y duplicar gratuitamente el procedimiento, no debe ser aceptado. Una vez surgido el nombre de un aforado, el Instructor respectivo, debe acomodar su investigación a los anteriores criterios.

Utilizar una norma competencial, que cuando se aplica sobre hechos conocidos por una causa en trámite, viene diferida, concorde la interpretación postconstitucional de la norma, al momento de la remisión de la memoria razonada, integran una primera manifestación del fraude del ley afirmado.

Ni siquiera resulta procedente la remisión a los respectivos juzgados que instruyen, cuando se trata de elementos que provienen de esos mismos juzgados.

TERCERO.-Afirma la recurrente, que ahora añade un delito nuevo, no investigado, cual es de organización criminal. La primera vez que en sus escritos alude a este delito lo refiere "a Marco Antonio, Ángel Daniel y otros implicados formaron parte de una estructura organizada con el fin de obtener adjudicaciones ilícitas de contratos públicos durante la pandemia"; pero en los sucesivos escritos que afirma de ampliación, sólo lo atribuye al presidente del Gobierno, Don Sergio, como figura clave en el entramado de corrupción y encubrimiento revelado por las investigaciones. Aunque no se explicita, parece deducirse que se deriva de que en las causas mencionadas indican los escritos de la parte recurrente como investigados o meramente mencionados a familiares, miembros de su gobierno o miembros de su partido.

Pero el ex Ministro Don Marco Antonio, como el propio recurrente reconoce, ya está siendo investigado en el Tribunal Supremo; y en cuanto al presidente del Gobierno, Don Sergio, en el indicio de entidad que ahora proclama, el "informe" de la UCO (en un primer momento sólo aludía al testimonio del investigado D. Argimiro, sobre participación activa "en reuniones estratégicas en Moncloa"); dirigido precisamente al Juez Instructor que en su debido momento remitió a esta Sala Segunda la causa razonada contra el ex Ministro, únicamente se alude a él en conversaciones de Argimiro (donde afirmaba su influencia con Darío y Marco Antonio) con terceros interesados, expectantes sobre la posición que adoptase en decisiones del Consejo de Ministros; y en relación con la visita de Vanesa, Vicepresidenta de Venezuela, donde igualmente en conversaciones de Argimiro, afirma como fuente al ex Ministro, para indicarle el malestar del Presidente con el asunto de su "visita".

En el escrito de recurso, cuando en el apartado titulado "Análisis detallado de los hechos denunciados", el subapartado dedicado a "Estructura de la Organización Criminal", expone:

El informe de la UCO (Documento nº 1) revela una organización criminal liderada por Argimiro, con la acción permanente de Darío como intermediador, que tenía un nivel de acceso prácticamente ilimitado en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Esta organización criminal, a través de Argimiro, aprovechaba su influencia para obtener contratos públicos y realizar actividades ilícitas, como:

- Adjudicación irregular de contratos de material sanitario: SOLUCIONES DE GESTIÓN, una empresa vinculada a Argimiro, fue seleccionada como adjudicataria de contratos de material sanitario sin un proceso de licitación transparente.

- Manipulación de contratos públicos: Se han documentado reuniones y comunicaciones entre Argimiro, Marco Antonio y Darío para manipular contratos públicos y garantizar beneficios ilegales.

- Pagos ilícitos: Argimiro y Darío recibían pagos en efectivo de terceros para influir en decisiones gubernamentales y ministeriales.

Y en el subapartado siguiente como evidencias específicas:

- Informe de la UCO: Detalla la relación entre Argimiro y Marco Antonio, incluyendo reuniones y comunicaciones que evidencian la influencia y los pagos ilícitos.

- Grabaciones telefónicas: Capturan conversaciones entre Argimiro, Darío y otros implicados, confirmando la existencia de una red de corrupción.

- Correos electrónicos: Revelan instrucciones y acuerdos entre los implicados para manipular contratos y ocultar ingresos ilícitos.

- Declaraciones testificales: Testimonios de testigos, como Argimiro, que confirman la participación de Marco Antonio y otros ministros en actividades ilícitas.

- Publicaciones en medios nacionales e internacionales: Refuerzan la verosimilitud de los hechos denunciados.

Es decir, no menciona al Presidente de Gobierno, pero en las conclusiones redactadas de esa extraña manera impersonal, se parte del informe de la UCO que vincula a D. Marco Antonio con D. Sergio. Sucede, empero, que lógicamente describe la actividad de aquel cuando formaba parte de su Gobierno, hechos que ya están siendo investigados por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero en ese informe ninguna conclusión se contiene como indicativa de delito por parte de Sergio; es más, ninguna conducta se describe del mismo, salvo conversaciones de terceros, sobre si ha mantenido conversaciones con el entonces Ministro, pero el recurrente, aparte de constarle e incluso constar en sus escritos, esa investigación judicial aperturada en esta Sala contra el Ministro Marco Antonio, reprocha falta de investigación e invoca dicho informe como justificativo de una organización criminal, en la que Sergio es la figura clave: segunda manifestación del fraude del ley afirmado.

Cabe añadir, que el delito de participación en organización criminal, no se conforma con una participación plural en una comisión delictiva, sino que la trasciende o supera, mientras que en los escritos de la recurrente, ni siquiera expresa cuál esa conducta participativa del Presidente de Gobierno.

CUARTO.-Afirmamos con frecuencia (baste ahora la cita del ATS 21484/2024,de 20 de diciembre CE núm20558/2024 o del ATS de 11 de junio de 2021, CE núm. 20292/2021), que el carácter excepcional de las normas que atribuyen la competencia al Tribunal Supremo para conocer de las causas criminales contra las personas aforadas por razón de los cargos que desempeñan «justifica el que esta Sala venga exigiendo, cuando se imputan actuaciones criminales a una persona que tiene el carácter de aforado, no solo que se individualice la conducta concreta que respecto a ese aforado pudiera ser constitutiva de delito, sino también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación»

En autos, ninguna individualización de conducta se produce, al menos en relación con los delitos que se afirman producidos, que no son objeto de investigación judicial; que únicamente además se concreta en la participación en grupo criminal, actividad típica que trasciende cualquier forma de participación, que tampoco se concreta, salvo, con independencia de su adecuada o inadecuada calificación, del ex Ministro Marco Antonio con terceras personas que no gozan de aforamiento.

No cabe en modo alguno, atribuir responsabilidad a persona alguna por razón de su cargo, sin describir cuál ha sido la conducta realizada u omitida que es susceptible de subsumirse en un tipo penal. Sólo con esa descripción podemos concluir si reviste el carácter de delito y si los indicios de su perpetración por el aforado existen.

Como hemos expresado varias veces, Es necesario imputar un hecho, no bastando declarar una imputación por un determinado "status" de Gobierno.

El principio de culpabilidad por el hecho propio debe ser observado. La responsabilidad penal es estrictamente personal. Cualquier juicio de autoría exige que la persona a la que se atribuye responsabilidad criminal haya ejecutado por sí la acción típica o, en supuestos de coautoría, tenga el dominio funcional del hecho. Esta imputación puede ser especialmente compleja cuando la acción delictiva tiene lugar en el marco de una organización o estructura compleja y jerarquizada. La división y delegación de funciones y, por tanto, de la capacidad de decisión - que puede recaer en un grupo diverso y múltiple de personas que ejercen algún tipo de mando y dirección dentro de la estructura- hace todavía más difícil la afirmación de la responsabilidad criminal.

Ciertamente, esta complejidad no exime, desde luego, de realizar el juicio de autoría cuando así quede acreditado. Pero, en ningún caso, puede desembocar en atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea. De hacerlo así vulneraríamos de manera flagrante el principio de culpabilidad.

Y tampoco se compadece con la función de esta Sala, recibir un conjunto documental de diversas fuentes, como supuesto contenedor de indicios delictivos, pero sin especificar cual fuere la conducta concreta delictiva con la mayor precisión posible en cada caso (harto diversa de la calificación anticipada huérfana de relato histórico) que se pretende denunciar o perseguir. No corresponde a esta Sala, sin esa especificación previa, iniciar a ciegas una expedición de pesca en aras de encontrar aquello que la parte denunciante o querellante ha entendido conforme a su entender y sensibilidad merecedor de reproche penal, pero que no ha concretado.

QUINTO.-Además, una vez que exista esa concreción fáctica, como ya anticipamos, es exigible la existencia de indicios cualificados.

Así, la STS 277/2015, de 3 de junio, socráticamente se pregunta ¿Qué grado de verosimilitud o de fundamento se exige a los indicios que señalen al aforado para que entre en juego el fuero especial? Y responde: Se podría pensar que desde el momento en que exista la más nimia alusión frente a un aforado que no haya sido rechazada frontalmente por los motivos previstos en el art. 269 LECrim (no ser los hechos constitutivos de delito o resultar manifiestamente falsos), el fuero deberá operar, sin perjuicio de que en caso de un eventual archivo o sobreseimiento respecto del aforado las actuaciones sean devueltas al juez o tribunal ordinarios. Los arts. 272.2º LECrim y 132 CP alentarían esa interpretación. Muy distinta es la tónica que se ha impuesto en la jurisprudencia y que ha contagiado al legislador ( art. 118 bis LECrim introducido por Ley Orgánica 7/2002, de 5 de julio).

La jurisprudencia ha evolucionado hacia un nivel de indicios cualificado. Se opta por un criterio restrictivo a la hora de aceptar la competencia por implicación de un aforado especialmente cuando se trata de causas seguidas también contra no aforados. No se fija la competencia de la Sala Segunda más que cuando se comprueba que existen indicios sólidos de responsabilidad frente a un aforado. No basta cualquier sospecha o conjetura. No son suficientes las posibilidades, más o menos cercanas, o las alusiones indirectas. Y a su vez indica que, en esta línea varias resoluciones, han insistido y se insiste cada vez con más énfasis en esa interpretación restrictiva, hablándose de la necesidad de indicios fundados o serios ( AATS 14 de noviembre de 1996 o de 15 de febrero de 2002, dictado éste en la causa especial 3880/2000); o de una imputación clara y concreta ( AATS 15 de septiembre de 1999 -causa especial 2310/1999- o 3 de noviembre de 1999 -causa especial 2670/1999-); o de apoyo probatorio ( ATS de 16 de marzo de 1998).

De igual modo, ante denuncia o querella directamente presentada, sin procedimiento previo, ante esta Sala Segunda. Así el ATS 20974/2024, de 1 de agosto de 2024, -causa especial 21196/2024- indica: Según consolidada jurisprudencia, en materia de fueros no puede fijarse la competencia de esta Sala más que cuando se compruebe que existen indicios fundados de responsabilidad frente al aforado. No basta cualquier sospecha o conjetura. No son suficientes las posibilidades, más o menos cercanas, o las alusiones indirectas La STC 68/2001, de 17 de marzo en su fundamento jurídico 2, se hace eco de esa línea jurisprudencial, dándola por correcta desde el punto de vista constitucional.

SEXTO.-En definitiva, el recurso debe ser desestimado; en primer lugar, no cabe alterar la competencia, ni hurtar la decisión al Juez inicialmente predeterminado para remitir actuaciones a esta Sala Segunda; en segundo lugar en modo alguno se justifica mínimamente, no ya la necesidad, sino ni siquiera la necesidad de la acumulación que se pretende; de otra parte, la redacción actual del art. 17 LECrim, aboga tanto en su criterio general como en la contraexcepción prevista, la tramitación separada: Cada delito dará lugar a la formación de una única causa. No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso;la existencia de delitos no investigados en los procedimientos ya en curso, no se justifica; sólo se menciona la participación en organización criminal y el papel relevante del Presidente de Gobierno, pero sin concretar la conducta que posibilite tal calificación, ni especificar el más mínimo indicio de ello.

El recurso, se desestima.