Auto 9/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Especial de LOPJ articulo nº 61, Rec. 18/2024 de 12 de febrero del 2025

PRIMERO.- Relación circunstanciada de hechos de la querella y calificación de los hechos imputados

Al margen de las reiteradas descalificaciones dirigidas a los querellados, al sistema judicial y a la integrante del Ministerio Fiscal que firmó el informe de inadmisión, la querella se apoya, en síntesis, en los siguientes hechos susceptibles de ser constitutivos de los delitos imputados:

La Sala Especial del art. 61 LOPJ acordó inadmitir la querella formulada contra los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo -que habían denegado la autorización solicitada para interponer recurso extraordinario de revisión- entrando en el fondo del asunto planteado en el recurso de revisión, lo que supuso saltarse toda la normativa procesal en materia criminal, ya que la inadmisión de una querella no puede acordarse abordando el fondo del asunto.

Esta decisión constituye una prevaricación dolosa, ya que el argumento de inadmisión de la querella utilizado por los hoy querellados se basó en justificar y hacer suya la decisión de fondo adoptada previamente por los magistrados de la Sala Segunda en el previo recurso extraordinario de revisión, a sabiendas de que, conforme a la ley, no podían inadmitir la querella entrando en el fondo del recurso de revisión.

En definitiva, el auto inadmitió la querella por motivos de fondo, prejuzgando el caso, sin que exista norma en la que pueda ampararse la no investigación de los delitos tipificados, por lo que, a juicio del querellante, existiendo solo opción de admisión, forzar una inadmisión formal constituye una conducta prevaricadora.

Sin embargo, en varios pasajes de la querella considera el querellante que sí era importante que en el procedimiento en el que se le juzgó y en el que fue condenado existieran documentos de fechas distintas a las que figuraban en el relato de hechos probados de la sentencia condenatoria -apartado V, sexto del escrito de querella-, insistiendo en la injusticia de su condena y en la necesidad de revisar la sentencia condenatoria - apartado V, octavo del escrito de querella-, porque «la aplicación literal del artículo 954.1d de la LEcrim es un fraude de ley.»

En la fundamentación jurídica del escrito de querella, además de tildarse de prevaricadora la conducta de los querellados, se hace referencia a los arts. 408 LOPJ y 408 LECRIM -sic-y se considera que el tribunal o magistrado que archiva o inadmite una querella cuando tiene obligación de perseguir los delitos imputados en ella, incurre en la comisión del delito principal denunciado, en su categoría de cómplice, cooperante necesario o encubridor.

SEGUNDO.- Informe del Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal solicita la inadmisión de la querella, en síntesis, por las siguientes consideraciones:

Aun cuando en un principio parecía imputarse un delito de pertenencia a organización criminal, en la querella nada se aduce ni en cuanto a los hechos ni en cuanto a su subsunción en dicho tipo delictivo, que la querella se limita a enunciar.

La decisión que se tilda de prevaricadora es el auto 10/2023, de 25 de abril, dictado por la Sala Especial del art. 61 LOPJ y, si se quiere, el auto de 2 de octubre de 2023, del mismo órgano judicial, que desestima el recurso de súplica interpuesto contra el anterior -aunque respecto de este último auto nada se aduce, más allá de haber desestimado el recurso de súplica-. En todo caso, en la querella se designan como querellados magistrados que no formaron parte de la Sala Especial del art. 61 LOPJ que acordó el archivo de la querella.

La imputación de prevaricación se hace radicar en que el auto 10/2023, al examinar la resolución que era tildada de prevaricadora para ver si se trataba de una resolución injusta, había examinado y había resuelto sobre aquello que dicha resolución trataba.

Por otro lado, la imputación de prevaricación se hace radicar en que, formalizada una querella imputando una conducta delictiva, la sala estaba obligada a incoar el procedimiento.

Ninguna de ambas razones es compartida, porque la sala, al examinar la resolución adjetivada de prevaricadora para comprobar si era injusta, carece de toda competencia para resolver sobre lo que la resolución presuntamente prevaricadora había resuelto previamente -en el presente caso, la autorización para interponer un recurso de revisión-, lo que ya había sido examinado por otro órgano judicial con su propio recorrido procesal, sin que la querella pueda considerarse una nueva fase procesal de la pretensión de autorización de revisión.

Por otro lado, el archivo liminar de la querella por no ser los hechos constitutivos de delito es una decisión que está establecida en la legislación procesal para estos supuestos en el art. 313 LECRIM, por lo que la aplicación de dicho precepto y el pertinente archivo de la querella no puede constituir ninguna vulneración del derecho procesal, al no existir norma alguna que obligue a la admisión a trámite de las querellas.

Aunque con error de cita, parece también imputarse en la querella a los querellados un delito de los previstos en el art. 408 CP, esto es, de omisión del delito -sic-de perseguir delitos, al afirmarse que el archivo de la querella determina que los magistrados que lo acuerdan incurren en la comisión del delito imputado -en la misma con la condición de autor, en su categoría de cómplice o cooperante necesario, para tapar lo que es un encubrimiento básico-. Sin embargo, como se recuerda en el auto 1/2023 de esta sala, dictar una resolución archivando una causa penal no puede ser tenido como un acto de encubrimiento de los hechos denunciados, al no actuarse sobre los mismos, lo que, con mayor motivo, no puede reputarse como acto de cooperación o complicidad en esos hechos.

El delito contemplado en el art. 408 CP nada tiene que ver con lo sostenido en la querella, de forma que los magistrados que, tras los trámites pertinentes, deciden el archivo de las causas penales no cometen dicha infracción.

TERCERO.- Sobre la competencia de la sala

Esta sala es competente para el conocimiento de la causa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 61.1. 4.º LOPJ.

CUARTO.- Posible archivo liminar de las actuaciones

En primer lugar, debe recordarse que el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción y a obtener respuesta motivada sobre el fondo, conforme a la constante doctrina del Tribunal Constitucional plasmada desde su ya temprana STC 19/1981 y reiterada en muchas ocasiones -por todas, en la STC 6/2018, FJ 3-, se sintetiza en los siguientes puntos:

- El derecho de acceso a la jurisdicción no es absoluto e incondicionado, sino que ha de someterse, en cuanto derecho de configuración legal, al cumplimiento de los presupuestos y requisitos establecidos por el legislador en cada caso. Por ello, queda también satisfecho a través de un pronunciamiento de inadmisión que aprecie razonada y razonablemente la concurrencia de una causa expresamente establecida en la ley - SSTC 311/2000, FJ 3, 124/2002, FJ 3, 327/2005, FJ 3 y 231/2012, FJ 2-.

- Aunque opera en él en toda su intensidad el principio pro actione,ello no exige la selección forzosa de la solución interpretativa favorable a la admisión ni puede conducir a que se prescinda de los requisitos establecidos por las leyes que ordenan el proceso en garantía de los derechos de todas las partes - STC 83/2016, FJ 5-.

- Lo que este derecho impide es que se clausure un procedimiento por defectos que puedan ser subsanados, de modo que, para que las decisiones de inadmisión por incumplimiento de los requisitos procesales sean acordes con él, es preciso que el requisito incumplido sea insubsanable o que no haya sido corregido por el actor cuando el órgano judicial le haya otorgado tal posibilidad - SSTC 147/1997, FJ 4, 122/1999, FJ 2, 153/2002, FJ 2-.

Conforme señalan los AATS, Sala Especial art. 61 LOPJ, núm. 13/2024, de 18 de noviembre (rec. 13/2024), 6/2024, de 24 de junio (rec. 11/2023), 5/2024, de 30 de abril (rec. 6/2024), 4/ 2024, de 7 de marzo (rec. 4/2024), 3/2024, de 26 de febrero (rec. 14/2023), 1/2024, de 29 de enero (rec. 13/2023), 16/2023, de 7 de julio (rec. 3/2023), 14/2023, de 28 de junio (rec. 5/2023), 5/2023, de 7 de marzo (rec. 14/2022), 3/2023, de 6 de marzo (rec. 11/2022), 2/2023, de 21 de febrero (rec. 1/2022), 12/2022, de 29 de noviembre (rec. 5/2022), 7/2022, de 4 de julio (rec. 4/2022), 4/2022, de 5 de julio (rec. 3/2022), 1/2022, de 2 de marzo (rec. 23/2021), 5/2021, de 8 de febrero (rec. 7/2020) y 6/2020, de 30 de septiembre (rec. 10/2019) -con cita de otros anteriores de la misma sala, AATS de 21 de febrero de 2019, de 31 de octubre de 2018, de 16 de junio de 2014 y de 16 de julio de 2012-, el art. 313 LECRIM ordena al juez el rechazo de la querella no solo cuando no sea competente, sino cuando los hechos no sean constitutivos de delito, previsión formulada de forma negativa, de manera que se dispone la inadmisión de la querella cuando, tras su examen, pueda excluirse el carácter delictivo de la conducta imputada al querellado.

Por otra parte, debe tenerse presente que la valoración de la significación penal de los hechos no puede hacerse sino en función de la descripción que de los mismos se haga en la querella, y no de los que pudieran ser acreditados a resultas de su tramitación. Es decir, que la presentación de una querella no conduce de manera forzosa o ineludible a la incoación de un procedimiento penal, sino que es precisa una inicial valoración jurídica de la misma que debe hacerse en función de sus propios términos, de manera que si los hechos contenidos en ella, tal y como se describen o afirman, no son delictivos, procede su inadmisión a trámite sin más, sin que tal inadmisión vulnere la tutela judicial efectiva del querellante en su vertiente de acceso a la jurisdicción, dado que es doctrina constitucional consolidada que el ejercicio de la acción penal no comporta un derecho incondicionado a la apertura y plena sustanciación del proceso, sino solamente a un pronunciamiento judicial motivado sobre la calificación jurídica que merecen los hechos, expresando, en su caso, las razones por las que se inadmite su tramitación - STC 31/1996, que se hace eco de las SSTC 111/1995, 157/1990, 148/1987 y 108/1983-.

QUINTO.- Decisión de la sala. Inadmisión y archivo de la causa

Para analizar si la relación circunstanciada de hechos de la querella puede incardinarse en los delitos imputados, deben examinarse cada uno de ellos.

1.Como señala el Ministerio Fiscal, la referencia que se hace en la querella al delito de pertenencia a organización criminal previsto y penado en el art. 270.1 CP es meramente nominativa, pues a lo largo del texto de la querella no se describen hechos concretos que puedan incardinarse en el referido tipo penal.

2.En cuanto al delito contemplado en el art. 408 CP, debe tenerse presente, como considera el Ministerio Fiscal, que la decisión de inadmisión y archivo adoptada por los querellados mediante una resolución dictada con posterioridad a la fecha de los hechos a que se contraía la querella no puede ser considerada como actuación necesaria o auxiliar de aquella otra realizada por quienes, a juicio del querellante, habían incurrido con su proceder en una conducta tipificada penalmente. Tampoco el archivo de una causa penal puede ser considerado un acto de auxilio en beneficio de los autores o cómplices del delito para que se beneficien de su producto, para impedir su descubrimiento o para ayudar a los responsables a eludir la investigación de los hechos delictivos.

Es, además, de común conocimiento que una única actividad no puede ser considerada como cooperadora necesaria, como cómplice o como encubridora, dada la naturaleza diversa de dichas formas de participación delictiva, lo que impide que se lleven a cabo de manera simultánea.

3.Por lo que se refiere al delito de prevaricación judicial dolosa previsto y penado en el art. 446.3 CP, debe recordarse que con el mismo se castiga al juez o magistrado que dictara, a sabiendas, una sentencia o resolución injusta. Sobre este tipo penal deben realizarse las siguientes consideraciones:

El elemento nuclear del tipo objetivo es el dictado de una «resolución» que pueda ser calificada de «injusta» en sentido jurídico penal.

Pero, este elemento objetivo consistente en la injusticia de la resolución no se aprecia cuando se produce una mera contradicción con el derecho. La ley admite en numerosas ocasiones interpretaciones divergentes, por lo que es lícito que el juez pueda optar, en atención a las particularidades del caso, por una u otra interpretación sin incurrir en delito, aunque su decisión pudiera ser revocada en vía de recurso.

Por ello, la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha objetivado progresivamente el elemento de la «injusticia» de la resolución a efectos del delito del art. 446 CP -especialmente a través de las SSTS núm. 2/1999, de 15 de octubre, 2338/2001, de 11 de diciembre, 359/2002, de 26 de febrero, 806/2004, de 28 de junio, y de 3 de febrero de 2009-, de modo que la determinación de la injusticia ha de concurrir en clave estrictamente «objetiva», en el sentido de que la decisión se haya apartado de la función judicial propia del Estado de derecho, desconociendo los métodos de interpretación admisibles en derecho, de manera que solo quepa atribuirla a la voluntad de quien la dicta, que se sitúa por encima de la ley.

Por lo tanto, la acción propia del delito de prevaricación judicial no puede identificarse con el hecho de negar la razón a alguna de las partes. La injusticia de una resolución tampoco puede predicarse de la frustración de las expectativas de tutela que, en cada caso, asistan a la parte - ATS, Sala Segunda, de 28 de julio de 2020 (causa especial 20201/2020)-.

En cuanto al elemento subjetivo del tipo, concretado en la expresión «a sabiendas», consiste en que el juez tenga conciencia de que incurre en un total apartamiento de la legalidad y de las interpretaciones usuales y admisibles en la hermenéutica jurídica, lo que debe ser valorado desde su condición de técnico en derecho y, por lo tanto, de conocedor del mismo. Dicho de otro modo, el elemento subjetivo se cumple cuando el juez sabe que su resolución no es conforme a derecho y se aparta de los métodos usuales de interpretación, de forma que su voluntad es la única explicación posible de su decisión.

Por otra parte, como ha señalado la Sala Segunda del Tribunal Supremo: «el legítimo debate procesal no puede degenerar en una querella, reconduciendo tal debate al terreno de la prevaricación» -ATS de 15 de julio de 2015 (causa especial 20413/2015)-, pues «el ordenamiento brinda a las partes para canalizar esas diferencias un sistema de recursos. No es lógico apartarse [...] de ese itinerario natural y reaccionar con una infundada querella por prevaricación» (ATS de 7 de mayo de 2015 (causa especial 20738/2014)-.

Aunque sea sobradamente conocido, es preciso reiterar, además, que esta sala especial no es una instancia revisora de la actividad de las otras salas del Tribunal Supremo, ni por medio de recurso ni, menos aún, mediante la presentación de querellas frente a los magistrados que hubieran intervenido en los asuntos judiciales relacionados con el querellante, intentando mantener viva la discusión sobre las cuestiones debatidas mediante la interposición de querellas en las que se añadan nuevas alegaciones o se agreguen nuevos argumentos -ATS, Sala art. 61 LOPJ, núm. 2/2018, de 14 de marzo-.

4.Sobre las anteriores premisas, y analizando el contenido de la querella, procede declarar su inadmisión a trámite y el archivo de las actuaciones, por aplicación de lo dispuesto en el art. 313 LECRIM, ya que de su relación circunstanciada de hechos no se desprende indicio de que los magistrados querellados cometieran la prevaricación que se les imputa:

a) Como se ha señalado, el relato de hechos de la querella se concreta en el dictado de un auto por el que los magistrados querellados decidieron inadmitir una previa querella formulada contra los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que habían acordado no autorizar al querellante a interponer recurso extraordinario de revisión de una sentencia condenatoria firme.

Entiende el querellante, por una parte, que la resolución por la que se acordó inadmitir su previa querella entró en el fondo del asunto planteado en el recurso extraordinario de revisión promovido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo que, a su juicio, infringe la normativa procesal que impide la inadmisión de las querellas por motivos de fondo, ya que ello implica prejuzgar el asunto sin haber llevado a efecto investigación alguna en averiguación de los delitos imputados en la querella.

Por otra parte, insiste el querellante en la injusticia de su condena y en la necesidad de revisar la sentencia por la que fue condenado, ya que la interpretación literal del art. 954.1.d) LECRIM que hizo la Sala Segunda del Tribunal Supremo es un fraude de ley.

b) Ninguna razón asiste al querellante.

i. En cuanto a la primera de sus quejas, no puede olvidarse el contenido del art. 313 LECRIM a que se viene haciendo continua referencia en la presente resolución, que impone al tribunal que realice un análisis sobre si los hechos a que se contrae la querella son o no constitutivos de delito, y ello, partiendo exclusivamente de sus propios términos, sin la práctica de diligencia de investigación alguna -que solo procede en caso de que los indicios aportados en la querella permitieran su admisión a trámite-.

Dado que el delito imputado en la querella inadmitida por esta sala era un delito de prevaricación judicial dolosa, se hacía necesario analizar el contenido de la decisión previamente adoptada por los magistrados de la Sala Segunda querellados para dilucidar si, a través de su resolución, habían incurrido o no en el referido delito.

Por eso, el FJ 7 del auto núm. 10/2023 recuerda los requisitos que, conforme a la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, son necesarios para que proceda la revisión de sentencias penales condenatorias firmes, para acabar concluyendo que la decisión adoptada por los entonces querellados -al acomodarse a dicha doctrina- no podía ser tildada de prevaricadora. Así se deduce de los estrictos términos del referido FJ:

«[...] El análisis de la descrita fundamentación pone de manifiesto que la decisión de rechazar la solicitud de autorización para interponer recurso extraordinario de revisión frente a sentencia condenatoria firme no solo se mueve dentro de admisibles criterios hermenéuticos situados dentro de la lógica jurídica, sino que se ajusta plenamente a la doctrina aplicable en la materia. Así:

- Conforme a la invariable doctrina emanada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, todas las tasadas causas en las que ha de fundamentarse el recurso extraordinario de revisión -contempladas en el artículo 954 de la LECRIM- tienen un denominador común, consistente en que han de basarse en hechos, datos o circunstancias aparecidos con posterioridad a la condena, ya que este proceso autónomo "no se articula para rectificar decisiones ya tomadas por circunstancias que ya constaban o podían haber sido indagadas", sino para quebrar la firmeza de una sentencia por haber aflorado hechos o elementos de prueba nuevos que ni figuraban en el proceso ni pudieron ser llevados a él, por ser desconocidos y que hacen palmario el error cometido.

-Esta invariable doctrina fue incluida en el auto de 11 de noviembre de 2019 que se tilda de prevaricador, mediante la cita parcial que hizo del auto de 8 de febrero de 2018 (revisión 20629/2018).

- La ratio decidendide la resolución adoptada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo se basa, precisamente, en esta doctrina. En efecto, argumenta la Sala que la fecha en la que el lesionado recibió la atención hospitalaria que dio lugar a la emisión del parte de lesiones ya fue objeto de controversia y prueba en el acto del juicio, pues ya entonces el hoy querellante mantenía que las lesiones padecidas por el peatón se habían producido el día anterior al accidente.

- En definitiva, la circunstancia que se intentaba demostrar a través del documento en el que se apoyaba la solicitud de autorización para interponer el recurso extraordinario de revisión -la fecha en la que tuvieron lugar las lesiones- ya constaba en el proceso inicial y en él pudo ser indagada. Esta sola razón es argumento suficiente para rechazar la solicitud articulada.

De todo ello se deduce que no puede entenderse que en los hechos imputados a los magistrados querellados concurra el elemento objetivo del tipo de la prevaricación judicial, consistente en la "injusticia" de la resolución. No puede entenderse que la decisión del tribunal fuese ajena al Derecho ni que se basase en la sola voluntad de quienes la adoptaron, por lo que la misma no puede ser calificada de "injusta" en sentido jurídico penal.»

De todo ello se deduce que, a través del auto 10/2023, los querellados no dictaron ninguna resolución «injusta» en sentido jurídico penal. No concurriendo el elemento objetivo del tipo, no cabe hablar del subjetivo.

ii. En cuanto a la alegación relativa a la injusticia de la condena y a la necesidad de revisar la sentencia por la que fue condenado, el querellante, con un manifiesto desenfoque procesal, insiste en la pretensión inicialmente articulada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como si la interposición de sucesivas querellas por prevaricación contra los magistrados que han adoptado decisiones sobre pretensiones anteriores permitiera «resucitar» las controversias ya definitivamente resueltas.

5.En definitiva, y con independencia de la valoración del querellante sobre el contenido de la decisión adoptada por los magistrados de la Sala Especial del art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo ahora querellados, del examen de tal resolución no se aprecia, siquiera de forma indiciaria, la concurrencia de los elementos de los tipos delictivos imputados, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 313 LECRIM, procede la inadmisión de la querella y el archivo de las actuaciones.